Por: Katerin Erazo, Periodista Según Daniela Garzón, investigadora nacional de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (PARES), la violencia política es un mecanismo de competencia electoral que aún sigue siendo utilizado por múltiples actores en las regiones con el fin de intimidar y violar los derechos políticos. Durante este año, la violencia política aumentó especialmente contra personas que apoyaron y coordinaron la campaña del presidente Gustavo Petro y del Pacto Histórico, pues hubo un incremento paulatino de ataques contra estas personas conforme llegaron las fechas de las elecciones a Congreso, en marzo pasado. Un caso reciente es el asesinato de Juan Gabriel Rueda, ocurrido el pasado 02 de octubre, quien era conocido como el líder de la campaña de Gustavo Petro en el municipio de Salgar en el suroeste antioqueño. Los hechos ocurrieron en zona rural del municipio, donde pistoleros llegaron a quitarle la vida a este líder social. La senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, advirtió que el activista político había denunciado amenazas. Zuleta le dijo a Pares que la violencia política ha sido históricamente mucho más grave que la misma violencia del conflicto armado y que no se ha denunciado con la suficiente contundencia, “nosotros hemos sufrido la violencia política, cada vez que manifestamos nuestras posturas en defensa de líderes, en defensa a la naturaleza, nuestras posturas de oposición a la política minero energética”. También relató que Juan Gabriel Rueda acompañó en la oposición en el suroeste antioqueño a la minería, en la defensa de las montañas y de los ecosistemas. La senadora dijo que la violencia política es también clasista. “Este país ha considerado que quienes hacen política son aquellos que tienen acceso a recursos económicos y que tienen una posición dominante en el país”, dijo. Juan Gabriel Rueda además de las amenazas que recibió también fue discriminado por el hecho de ser un líder social, un líder político y al mismo tiempo un campesino. “Una persona que con sus botas empantanadas iba a la Registraduría a apoyar todo el proceso electoral (…) las personas humildes podemos hacer y debemos hacer política en este país y hacer parte de las decisiones”, expresó Zuleta. Ante este crimen, el presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Defensa, Iván Velásquez, ofrecer una alta recompensa a quien dé información que permita hallar a los involucrados en el asesinato del coordinador político del Pacto Histórico y asimismo informó que a la Fiscalía General de la Nación le corresponde realizar las respectivas investigaciones. Lo que hizo que la Fiscalía se pronunciara al respecto y anunciara el proceso de investigación que permita identificar a los presuntos responsables del homicidio. De acuerdo a la información recolectada por la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, luego de que se formara la coalición del Pacto Histórico se registraron 18 amenazas contra miembros de esta colectividad, la mayoría de ellas por medio de panfletos y amenazas, además, durante la campaña se registraron tres hechos contra las sedes, que incluyeron artefactos explosivos falsos o que no detonaron gracias a que fueron hallados antes. Daniela Garzón de Pares mencionó que los miembros del Pacto Histórico fueron los que más recibieron agresiones, incluyendo a militantes de la Colombia Humana. Isabel Zuleta también le confirmó a Pares esto, mencionó que, durante el periodo de la campaña, expusieron las amenazas en el departamento de Antioquia y las presiones que recibieron, tanto colectivas como individuales, “situaciones muy duras de amenazas a todo el que le hiciera campaña a Gustavo Petro, a todo el que le hiciera campaña al Pacto Histórico. En el bajo cauca recibimos denuncias de cómo fuimos declarados objetivos militares”. Zuleta también afirmó que han sido reiterativos los ataques en contra de los sindicalistas del país, debido a sus posturas políticas, por ser líderes o lideresas del Pacto Histórico y de la campaña Petro presidente. Según un informe realizado por la Línea Democracia y Gobernabilidad, se registraron 222 víctimas de violencia electoral en 179 hechos asociados, contando el pasado 13 de marzo de 2021, hasta el 13 de mayo de 2022. En Colombia la violencia electoral no solo está atada a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En materia económica, Colombia y el mundo se encuentran al borde de un abismo y su población en alto riesgo de caer en él. Las cifras más representativas de la economía así lo evidencian: la mayoría de países sufren de una desaceleración generalizada de la producción –estancamiento–, un incremento desbocado de los precios en los bienes y servicios –inflación–, unas tasas de desempleo altas –paro– y un deterioro del bienestar de los hogares –pobreza–. A esta situación llegamos luego de pasar por tres años de pandemia por el Covid-19 y sufrir sus efectos, que han dejado a casi todos los estados endeudados y con grandes huecos fiscales. Además, una grave crisis inflacionaria causada por el rompimiento de las cadenas de insumos y suministros. Y una guerra dañina entre Rusia y Ucrania, que presiona aún más la situación con el desabastecimiento de combustibles e insumos, y nos pone más cerca de una situación de estanflación mundial. De allí que digamos que en términos económicos estamos en una situación similar a la que se encontraría un grupo de personas que, acorraladas y cerca de un precipicio, ven cómo bajo sus pies comienza a desbarrancarse el piso. Una situación que, como dije, no es exclusiva de Colombia, la mayoría de países de la región y del mundo se encuentran en situaciones similares. Economías –en otrora fuertes y poderosas como Brasil o Inglaterra– ven cómo sus indicadores se desploman en el aire y van rumbo al hueco de la depresión, como si se reviviera y repitiera la pesadilla de la década perdida de 1980. Siendo nuestros vecinos latinoamericanos –según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)– los más afectados luego de la crisis sanitaria de la pandemia. La población en extrema pobreza en la región supera los 86 millones de personas. Y todos los países se encuentran con tasas de crecimientos proyectadas para este año inferiores a la nuestra, que ronda los cinco puntos porcentuales. Pero, como la preocupación mayor es por nosotros, hablemos de Colombia. En nuestro país la situación es crítica, la tasa de inflación anual para agosto, según el DANE, se ubica en 10.84% y se espera que supere los 11 puntos en septiembre, la más alta de este siglo, cuyos productos que más suben de precio son los alimentos, los arriendos y los servicios públicos domiciliarios. La tasa de desempleo está rodeando el 11%, muy por encima de lo que estaba antes de la pandemia, cuando en 2018 estaba en 9.7%. Y el crecimiento de la economía, como se dijo, baja sus expectativas cada día. Mientras tanto, las organizaciones encargadas de velar por nuestra seguridad económica toman decisiones cuyos efectos no se reflejan en el corto plazo. El Banco de la República viene aplicando medidas monetarias contractivas para evitar que aumenten los créditos y el consumo, y con ello intenta infructuosamente que la inflación siga subiendo y la caída al precipicio se atrase y sea menos fuerte. De allí que, al finalizar septiembre, tomó la decisión de subir las tasas de interés a 10%, la más alta en 14 años. También el Gobierno Nacional hace lo propio. Con acciones fiscales y de intervención regulatorias intenta sobre guardar los derechos de la ciudadanía. Ha propuesto varias reformas que deben pasar por el Congreso de la República para enfrentar la calamidad pública –como la agraria y la tributaria–. Además, ha tomado la decisión de intervenir algunos mercados, como el de la energía eléctrica, para bajarle la presión a los golpeados ingresos de los hogares, que en territorios como la Costa Atlántica han visto incrementos en las tarifas hasta de un 50%. Igualmente, intenta frenar el creciente déficit fiscal, la deuda colectiva que todos debemos pagar. Y que, según cálculos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), se ubica hoy en un 7.3% con relación al PIB. Cifra que de nuevo nos recuerda que estamos en un hueco aún más profundo que el que se vivió a finales del siglo pasado, cuando el déficit público estaba en 1998 en 7%. Y que nos alerta sobre la nueva situación. De allí que todos debamos estar implicados en esta situación crítica. Por supuesto, los mayores responsables son los que dirigen la economía, que son las autoridades monetarias, las que vigilan los mercados y el Gobierno. Este es un momento para que organizaciones como la Superintendencias Financiera estén atentas para que las empresas no abusen del consumidor y se afecte el historial de crédito de los usuarios; o para que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) le ponga cuidado a las tarifas exageradas en los servicios públicos domiciliarios, afectando el bienestar de los consumidores. También los empresarios y dueños del capital deben contribuir, como una forma de ejercer una responsabilidad social o de pensar en la sostenibilidad de sus negocios. Existe una resistencia muy fuerte de este sector para meterse la mano al bolsillo en estos momentos de crisis; quieren seguir ganando y se resisten a las propuestas de reforma. Empresarios como los generadores de energía desean seguir disfrutando de los grandes beneficios que hoy ofrece el mercado y el sistema tarifario que los premia. Ellos se encuentran en tierra firme y con menos angustias que los que están al otro lado del inmenso cúmulo de colombianas y colombianos que están viendo el precipicio. Finalmente estamos los consumidores. Como agentes racionales debemos atender el llamado que hacen las autoridades para controlar el consumo. El Banco Central nos está diciéndonos que no nos endeudemos más y que evitemos los gastos innecesarios como la compra de carros o viajes. Que asumir un crédito hoy es como aumentar nuestro propio peso y volumen, en una terreno seco y arenoso que pronto se derrumbará si no dejamos de cargar deudas y movernos financieramente. También debemos hacer caso al Gobierno: los ministros de Hacienda y Minas y Energía nos están diciendo que reduzcamos el consumo de energéticos, en especial de gasolina, cuyo consumo sigue presionando el aumento de la deuda pública, aunque a menor ritmo debido al incremento mínimo de 200 pesos mensuales de la gasolina que se aplicará en los próximos meses. Entender esto nos evitará también salir a las calles a protestar por una decisión que tarde o temprano debería de haber tomado el Gobierno. En síntesis, nos situamos en un momento difícil para la economía. Una situación en la que poco o nada podemos recurrir a nuestros países vecinos, pues ellos también están en una situación similar o aún peor y catastrófica. Un momento en el que es necesario pedir solidaridad a algunos –como los empresarios y ricos– y mesura a otros –como los consumidores–. Un momento en el que debemos estar pendientes del presente y del futuro; no podemos descuidarnos en una situación crítica como la actual. Movernos mal o de forma brusca podría empujar a otros al abismo o hacer caer a nuestros hogares en el hoyo de la estanflación. El cuidado del bienestar debe ser de todos y todas. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil La juventud será la punta de lanza del gobierno popular: participación vinculante, empleo, educación y derechos sociales” Gabriela Posso, Alta Consejera para las Juventudes El año 2021 fue un año paradójico para las juventudes colombianas, pues del mismo modo que salieron a marchar a las calles de las principales ciudades del país, a un costo altísimo de líderes muertos, otros judicializados y, los de menos, estigmatizados por los medios que no los bajaron de vándalos; también fueron protagonistas del remezón político, social y generacional que le dio un giro de 180 grados a la agenda nacional. Los motivos de los jóvenes para atestar las calles del país en una protesta histórica, quizá la más importante de principios de siglo y con resultados contundentes hoy en el rumbo del país, pasaban por las oportunidades de empleo, educación, respeto a la diversidad sexual, étnica y cultural, condiciones básicas garantizadas que permitan a esta nueva generación sostener y consolidar la nueva sociedad que requiere Colombia. De estos procesos de lucha, protesta, organización comunitaria, resistencia y resiliencia juvenil, viene Gabriela Posso Restrepo, designada en el mes de agosto por el presidente Gustavo Petro como alta consejera para las juventudes colombianas. Gabriela es una joven mujer de 26 años, administradora de empresas de la Universidad del Valle, ha sido lideresa juvenil y delegada estudiantil de la Univalle ante el comité dinamizador de la Unión Nacional de Estudiantes UNEES en 2018. El pasado 5 de diciembre fue elegida como consejera de juventudes por la lista Unidad Popular Cali en Resistencia, movimiento que aglutinó demandas del estallido social en la ciudad que se convirtió en símbolo de la gesta juvenil del año pasado. Es la presidente del consejo municipal juvenil en la actualidad. También fue coordinadora del voluntariado de la campaña de Gustavo Petro en 2022 en el Valle del Cauca, amplificando su accionar y alcance político. De ahí pasó a coordinar el empalme en la mesa interseccional de juventud para el periodo 2022-2026. Pasó por Ecopetrol entre 2020 y 2021 en el área de compras y logística, como practicante. En consecuencia, la Alta Consejería para las Juventudes acoge una líder de las entrañas del estallido social, que se diferencia de la gestión anterior, en manos de Juan Sebastián Arango, quien en varias ocasiones se levantó de las mesas de negociación con líderes del paro, como en Pereira, cuando se rompió aduciendo el argumento de que él no negociaba con encapuchados, entre otras actitudes en contra del movimiento. Arango deja una Consejería con un fuerte cuestionamiento a raíz de los escándalos del programa Sacúdete y su poco respaldo al estallido social juvenil de 2021. Le espera a la nueva consejera un reto amplio, recuperar la confianza de los jóvenes en la Consejería, apuntalar la defensa jurídica de los miembros de las primeras líneas judicializados en su mayoría sin pruebas y fortalecer la participación política juvenil. Esperamos pueda meterle el diente a la Ley 1623 Estatuto de ciudadanía juvenil, buscando darle mayor incidencia al organismo consejero de los jóvenes, trabajar de la mano con Gustavo Petro en la reforma profunda al ICETEX y garantizar el derecho a la protesta en Colombia, sin acción represiva de la fuerza pública. En este sentido, una de sus banderas de lucha ha de ser la abolición total del ESMAD y la conversión de este en una fuerza para la paz y la garantía constitucional de la movilización ciudadana. Para Gabriela, es fundamental el gobierno popular, sus orígenes como activista así lo demuestran. También ha sido una activista fuerte en la promoción de los Diálogos Regionales Vinculantes, tema de superlativo interés para el sector que representa y del que puede recoger insumos variados para darle norte a su gestión en la formulación del Plan de Desarrollo. Esperamos y auguramos a Gabriela Posso una excelente gestión, seguros de que su designación sabrá responder a las necesidades de nuestros jóvenes en todo el país.

Por: Francisco Daza, Investigador Nacional Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos La semana pasada, Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz, anunciaba que por lo menos 10 grupos armados habrían expresado su interés de realizar un cese unilateral al fuego, representando un paso tangible al llamado del gobierno de Gustavo Petro para hacer parte de la Paz Total. Los grupos que menciona Rueda tienen un amplio despliegue territorial en Colombia, entre ellos el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia); los Grupos Armados PosFarc (GAPF), mejor conocidos como disidencias, con sus dos líneas: la Segunda Marquetalia y aquella que lideraba alias “Gentil Duarte” y que ahora sigue las órdenes de alias “Iván Mordisco” y que se han autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EMC; y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (también conocidos como Los Pachenca). Este cese unilateral anunciado por el Alto Comisionado da cuenta de los avances que estaría teniendo en los diálogos con estos grupos armados, indicando también que están buscando respaldar con acciones las voluntades expuestas en videos y comunicados escritos en los que anunciaban su intención de participar en la Paz Total. Esto por supuesto puede representar un alivio humanitario para la población civil de los territorios mayormente afectados por la violencia de la guerra y/o donde estos grupos armados ejercen algún tipo de control social y/o territorial. Hasta acá parece que hay claridades sobre el paso a paso que está tomando el Gobierno para acercar a estos grupos al proyecto de Paz Total a través de un sometimiento a la justicia, en el entendido de que el único grupo armado con el cual se plantea hacer una negociación similar a la que se hizo con la antigua guerrilla de las FARC-EP, es el ELN. Sin embargo, también hay diversos grises que surgen desde el propio significado de un cese al fuego y qué tanto del mismo están dispuestos a mantener los grupos armados que lo manifestaron. El cese al fuego puede ser comprendido como la suspensión de hostilidades por parte de un grupo armado por un periodo de tiempo indeterminado sin que esto signifique que sea definitivo. Asimismo, en el cese al fuego no hay una entrega de armas, es decir que los grupos armados las mantienen en su poder. En este orden de ideas, también se debe señalar que el cese al fuego unilateral, tal como su nombre lo indica, lo realiza el grupo que lo expresa sin que esto sea un condicional para que otro grupo armado y con el cual tenga una relación de disputa haga lo mismo. También se encuentra el cese bilateral, expresado por alias “Iván Mordisco” (quien según el expresidente Iván Duque habría muerto en una operación de bombardeo) el pasado 22 de septiembre, quien expresó que detendría sus hostilidades contra las Fuerzas Militares, siempre y cuando ellos mismos no fueran atacados por estas, pero dando a entender de forma implícita que seguiría su accionar bélico contra otras agrupaciones con las cuales mantiene actualmente una disputa armada, como serían el ELN y la Segunda Marquetalia. Bajo este panorama se puede señalar que el cese al fuego manifestado por los grupos armados puede ser frágil por diversos motivos, iniciando por la voluntad real de realizarlo y mantenerlo, sobre todo en zonas de fuerte disputa armada en Colombia, como lo son los departamentos de Chocó (Clan del Golfo vs ELN), Cauca (EMC vs Segunda Marquetalia y ELN), Putumayo (EMC vs Segunda Marquetalia), Magdalena (Clan del Golfo vs Autodefensas Conquistadoras de la Sierra), Arauca (EMC vs ELN). A partir de esto, surgen interrogantes sobre el alcance del cese al fuego unilateral de estos grupos ya que como se señaló, varios de estos tiene una amplia influencia territorial, como es el caso del Clan del Golfo (241 municipios), EMC (119 municipios) y Segunda Marquetalia (61 municipios). Asimismo, otro componente a tener en cuenta y que aún es desconocido es el papel que tendrán las Fuerzas Militares en el marco de este cese al fuego. ¿Mantendrán sus operaciones contra los grupos armados que han manifestado a Danilo Rueda su voluntad de realizar un cese al fuego unilateral? Y en este orden de ideas, ¿cuál será la vara del gobierno para medir un cese al fuego efectivo por parte de estos grupos armados?, teniendo en cuenta que hay hostilidades permanentes en municipios como Medio San Juan (Chocó) o Argelia (Cauca) en las que se encuentran involucrados estos grupos. Ya se ha visto cómo grupos como la Columna Móvil Adán Izquierdo, que hace parte del Comando Coordinador de Occidente, quien a su vez integra al EMC, ya ha emitido un comunicado donde señala que buscan recuperar el municipio de Tuluá de grupos de delincuencia común, así como llamados de alerta por posibles enfrentamientos en Caldono (Cauca) entre disidencias y el ELN y ataques a la Fuerza Pública por parte del Clan del Golfo en el Carmen de Bolívar. Ante este panorama también queda otro interrogante y es si el ELN en el marco de la reanudación de negociaciones con el Gobierno Nacional también se sume al cese al fuego (sin saber de qué tipo) planteado por los otros grupos armados y con quienes mantienen una disputa armada en diferentes partes del país. Ante esto, se hace necesario que desde el Gobierno Nacional se tengan preparados diferentes métodos de verificación del cese al fuego por parte de grupos armados, ya que el mismo puede ser tanto la oportunidad como la antesala para poner en marcha los mecanismos que están siendo diseñados desde por el Gobierno para vincular a dichos grupos a la Paz Total.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en Leticia, municipio fronterizo capital del departamento del Amazonas, durante los días 01 y 02 de octubre. Principales puntos tratados durante el Diálogo Fortalecer la producción de productos alimenticios propios del Amazonas, salud para las comunidades de la región, transición energética, calidad de la educación para estudiantes rurales, visibilización de las comunidades indígenas, derechos de las mujeres, oferta académica, nutrición a la primera infancia y canasta familiar, fueron algunas de las propuestas que las comunidades expusieron durante este diálogo. La coordinadora de la Asociación Indígena Ascaita, Mary Luz Méndez, quien pertenece a la etnia güitoto o murui, durante su intervención le pidió al Gobierno tener en cuenta a la población étnica del Amazonas. “Estos diálogos permiten dejar todos nuestros pensamientos y propuestas en el Plan de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, para que nos tengan en cuenta. La parte indígena es muy importante para desarrollar el Plan” Foto: DNP Participantes El Centro de Integración de Leticia se convirtió en el escenario en el que más de 450 habitantes de 11 municipios del departamento entregaron sus propuestas e ideas. Los asistentes a la jornada estuvieron distribuidos en 16 salones. Este diálogo estuvo encabezado por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; el alcalde de Leticia, Jorge Luis Mendoza; el gobernador del Amazonas, Jesús Galdino; y representantes de los diferentes municipios del departamento. La ministra de Ambiente manifestó que la base y construcción del tejido social inicia de la mano de las comunidades a partir de la herencia y las costumbres territoriales. “En los Diálogos Vinculantes de Leticia escuchamos para la consolidación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”, dijo. Por su parte, Jesús Galdino, gobernador del Amazonas, resaltó la importancia del Diálogo: “aquí hay que recopilar iniciativas y posibilidades para que estas sean llevadas de forma prioritaria, para conformar un paquete importante que sea trasladado al Plan de Desarrollo. Estamos diferentes equipos para llevar esas iniciativas al Gobierno Central y entregar soluciones al Amazonas”. Foto: DNP Contexto de la subregión El sur de la Amazonía comprende los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, esta subregión tiene un área aproximada de 224.320 km2, correspondientes al 64,8% de la Amazonía colombiana, al 19,6% del territorio nacional y al 3,3% de la cuenca amazónica. En esta subregión confluyen y se cruzan el ordenamiento tradicional del territorio, contenido en las narraciones históricas de los pueblos indígenas, con los ejercicios de planificación y ordenamiento. Allí se ha vivido violencia y constantes amenazas a la población por parte de los grupos alzados en armas, también se ha evidenciado el reclutamiento forzado de menores y la fumigación de cultivos de uso ilícito. De acuerdo con información del Incora y el Incoder, a diciembre del año 2005 se ubicaban 133 resguardos indígenas para los diferentes pueblos. El director de Desarrollo Urbano del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Redy Adolfo López, mencionó que en esta ruta de diálogos entenderán todos estos problemas particulares y se determinarán las principales problemáticas de esta subregión. El pueblo del Amazonas espera que estos problemas que han tenido durante años, puedan ser resueltos por el Gobierno.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en Aguachica, municipio del departamento del Cesar, durante los días 26 y 27 de septiembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo Durante este diálogo algunos de los temas de mayor interés por parte de las comunidades fueron los relacionados con la transformación energética, la implementación de la política de seguridad alimentaria, la transformación productiva, la sustitución de cultivos ilícitos y la minería ilegal. El Plan Nacional de Desarrollo tiene tres principales pilares: justicia social, justicia ambiental y justicia económica, de estos se desprenden seis temas generales, que durante el espacio se tocaron con los habitantes: el ordenamiento territorial hacia la paz; la seguridad humana y la justicia social; la soberanía alimentaria; la transición energética y el crecimiento verde con justicia ambiental; convergencia social-regional; y la estabilidad macroeconómica. Uno de los habitantes que participó en estos diálogos fue William Meneses, quien expresó sus expectativas con estos espacios creados para ser escuchados: “la expectativa que tenemos es que nuestras necesidades y lo que se propuso sea tenido en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional”. Asimismo, Aníbal Díaz, participante del diálogo, agradeció al Gobierno de Gustavo Petro por tenerlos en cuenta para dichos espacios. Participantes Más de 1.800 personas participaron en este encuentro. En total, 29 delegaciones tuvieron la palabra al hacer parte de este Diálogo Regional Vinculante. Los municipios convocados fueron El Playón del departamento de Santander; Aguachica, Gamarra, La Gloria, Pelaya, Río de Oro, San Alberto, San Martín, Tamalameque y González del departamento del Cesar; y Arenal, Barranco de Loba, Cantagallo, El Peñón, Hatillo de Loba, Morales, Norosí, Pinillos, Regidor, Río Viejo, San Fernando, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Altos del Rosario del departamento de Bolívar. Este espacio contó también con la participación del director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González; el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Mauricio Lizcano; el asesor presidencial para Asuntos Económicos, César Ferrari; el gobernador del Cesar ,Andrés Meza; y 20 alcaldes, entre ellos Robinson Manosalva de Aguachica. Fuente: @LibardoCruz Durante el encuentro, Jorge Iván González, director del DNP, se dirigió a la comunidad y le dijo: “necesitamos que nos ayuden a priorizar, a jerarquizar, a definir grandes líneas estratégicas. Tratemos de pensar el desarrollo desde una perspectiva amplia. No nos quedemos en pequeños detalles, sino que pensemos en proyectos estratégicos”. También agregó que uno de los asuntos centrales para el Gobierno era la actualización del catastro, problema que todos los municipios tienen y mencionó que esto les permitirá mejorar no solamente el mercado del suelo, sino definir cómo está la estructura de propiedad. Contexto de la subregión El Magdalena Medio es una región con trayectoria en la construcción de paz desde procesos organizativos que involucran el diálogo y en la acción de múltiples actores sociales. Su principal fuente de ingresos es la explotación petrolera. Según un informe del  Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre el año 1981 y 2016, en el marco del conflicto armado colombiano, se registraron 175 personas víctimas en 39 municipios de la región, quienes sufrieron un total de 261 casos de violencia. Gran parte de estas personas eran homosexuales, pues uno de los mayores conflictos en esta región ha sido contra ellos. La directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón Cifuentes, en el año 2021, señaló que entre 1970 y 2016 al menos 2.500 personas fueron desaparecidas de manera forzada en el Magdalena Medio. En ese momento Monzón hizo un llamado a los grupos armados pidiéndoles permitir la búsqueda de estas personas. Al día de hoy magdalena medio ha sido un territorio en donde los habitantes piden ser escuchados y ayudados en todo este proceso de conflicto. El director del Dapre motivó a los participantes, pues durante su intervención dijo: “por primera vez en la historia se tomó la decisión de construir un Plan Nacional de Desarrollo con el pueblo, con la gente, escuchando a las diferentes regiones del país”.

Por: Katerin Erazo, Periodista El pasado domingo 02 de octubre la delegación de negociadores del Ejército de Liberación Nacional (ELN), liderada por Pablo Beltrán, que estaba en La Habana, Cuba, viajó a Venezuela para socializar con sus bases las opciones que tienen para desarrollar las negociaciones de paz con el Gobierno, interrumpidas en 2019 debido a que el expresidente Iván Duque decidió suspender los diálogos con este grupo. El viaje contó con el acompañamiento de representantes de Cuba, Noruega y Venezuela, países garantes del proceso de paz, que buscan facilitar el encuentro de los delegados del ELN, cumpliendo con el protocolo estipulado que dicta que los delegados no podían salir de Cuba sin acompañamiento. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, mencionó que el Gobierno venezolano dio la bienvenido a este grupo y ratificó el compromiso del país vecino con la paz de Colombia y de toda América. Según Luis Eduardo Celis, coordinador de la Línea Migración, Región y Frontera de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), durante las reuniones que posiblemente se den entre la delegación negociadora y los diferentes frentes guerrilleros, se hará un balance de lo que ha pasado durante los últimos años, la situación con el nuevo Gobierno y un ajustamiento de su estrategia de actuación frente al Estado Colombiano y hacia una futura mesa de diálogos, todo esto con el fin de definir si las conversaciones se mantienen como están o habrá cambios. Los últimos diálogos con el ELN comenzaron en febrero de 2017 en Quito, Ecuador, y al año siguiente fueron trasladados a La Habana. Los negociadores del ELN que permanecían en Cuba enfrentaban procesos judiciales y tenían órdenes de captura por asesinatos, masacres, terrorismo y rebelión. Sin embargo, para facilitar las negociaciones, el presidente Gustavo Petro suspendió dichas órdenes de captura y extradición en contra de ellos. Celis mencionó que a partir de las próximas semanas es posible que se realice la instalación formal de la mesa de diálogos entre el Gobierno de Petro y el ELN, y añadió que hay incertidumbres del lugar donde se instalaría la mesa, pero, dadas las circunstancias actuales, ve posible que sea en Venezuela. Por su parte, León Valencia, director de Pares, mencionó que el ELN podrían desarrollar el esquema de negociación que ya se tenía con el expresidente Juan Manuel Santos, es decir, negociar en sitios distintos, empezar, por ejemplo, en Noruega o en el mismo territorio venezolano y posteriormente en otros lugares diferentes. Valencia mencionó que esta delegación quiere incluir a Brasil, esperando que pasen las elecciones presidenciales para conocer el nuevo gobernante. Un buen panorama es lo que percibe el director de Pares entorno a las posibles negociaciones, pues, desde su punto de vista, hay mejor ambiente para llegar a un acuerdo de paz e incluso añadió que se ve mejor al que hubo con el gobierno de Santos, debido a que ya hay un cese bilateral. El ELN durante los últimos años ha ganado mayor fuerza, principalmente en la frontera colombo-venezolana. Estas estructuras tienen presencia en Arauca, Catatumbo y en el área metropolitana de Cúcuta, también en el Perijá, en el sur de Bolívar y en el Pacífico, tanto en Chocó como en Nariño. También hay subestructuras del ELN menos fuertes, pero que hacen presencia en el sur del Cesar, bajo Cauca y nordeste Antiqueño. Se espera que en estas zonas se disminuya el conflicto que se ha vivido durante años. El Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, dio un mensaje esperanzador por medio de un comunicado donde señaló que el Gobierno continúa cumpliendo con la aplicación de los protocolos acordados entre el Estado y el ELN.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Cumpliendo la promesa de campaña, y con la conducción del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el gobierno realizó durante los días 26 y 27 de septiembre el Diálogo Regional de Vinculante en Popayán, nuestra capital caucana. Más de tres mil personas de veintisiete municipios del sur, centro y oriente del departamento, nos dimos cita para plantear la problemática social, económica y política, de paz y de participación. Necesario recordar que el gobierno del Pacto Histórico se soporta en tres pilares: paz total, justicia social y paz ambiental. Paz total, mediante negociación política con unos actores armados, sometimiento a la justicia con otros y diálogos vinculantes con la sociedad civil; justicia social, con el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución del 91; y paz ambiental centrada en salvar la Amazonía y la transición gradual hacia energías limpias. Con el propósito de escuchar a sus gobernados y el slogan “tú tienes la palabra, el gobierno escucha”, se realizarán 51 diálogos en todo el territorio patrio. Tres en Cauca: uno, mal llamado Macizo Colombiano; otro, Norte del Cauca; y el tercero, Pacífico Medio (Guapi, López de Micay y Timbiquí, sede del mismo). En Cauca concertamos una metodología, pero adivinen: el centralismo llegó y traía consigo una metodología estándar a ser aplicada en todas partes, que obviamente no tiene en cuenta las diversidades regionales. La metodología indicaba: “defina tres problemas con sus soluciones”. Como si la problemática se pudiese encasillar en tres enunciados. Además, en nuestro caso, las tres prioridades tienen varias miradas, desde las diversas cosmovisiones indígenas, afro, del campesinado, de los sectores urbanos, en fin, desde las nuevas ciudadanías. Traer 70 funcionarios de apoyo desde Bogotá (100 según algunos) es desconocer la existencia en la región de mujeres y hombres calificados a quienes se podría capacitar en la metodología y realizar la labor. Esto es seguir planeando “2.600 metros más cerca de las estrellas” y más alejado de las realidades rurales y urbanas de departamentos como el Cauca, distantes de la capital del país. A las diez mesas de trabajo previstas (Ordenamiento Territorial y Paz Total; Seguridad Humana y Justicia Social; Derecho Humano a la Alimentación; Transformación Energética y Justicia Ambiental; Convergencia Social Regional; Mujeres; Jóvenes; Lgbtiq+; Campesinos; y Grupos Étnicos), las comunidades pidieron constituir dos más: Víctimas y Sector Cultural. El primer día la gente habló y el gobierno escuchó: eso es valioso. En la jornada del 27 se trató de concretar las propuestas con mayor rigurosidad. Del ejercicio saldrán cosas claras para el desarrollo, ojalá con enfoque diferencial. Después de este diálogo en Cauca se declaró un receso para evaluar la metodología. Quizás hacer matrices que condensen las propuestas construidas en diversos ejercicios de planeación: planes de desarrollo departamental y municipal; PDETs; documentos Conpes; planes de vida de los pueblos indígenas y afros; planes agroecológicos y agroambientales del campesinado; y las agendas de jóvenes, mujeres, población diversa. El carácter vinculante de lo decidido en los diálogos del Cauca es la reciprocidad de Petro con el departamento que le aportó quinientas quince mil esperanzas. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Desde 2012 se han registrado alrededor de 322 ambientalistas asesinados en Colombia. El año más dramático fue 2021, debido a que se registró la cifra más alta de asesinatos en el país contra estas personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, al menos 33 casos. Según el más reciente informe de la Organización internacional Global Witness, las disputas por la tierra entre organizaciones ilegales ha sido la fuerza impulsora de estos asesinatos de personas que trabajan en pro del medio ambiente. “Hasta la fecha, la implementación del Acuerdo de Paz no ha sido suficiente: la paz sigue siendo una perspectiva lejana para muchos y muchas colombianas. Las consecuencias de la violencia actual las sienten particularmente los grupos más vulnerables, incluidos los pequeños agricultores y los pueblos indígenas”, subraya el informe denominado Una década de resistencia . Más de la mitad de los ataques a nivel mundial en la última década contra defensores y defensoras del medio ambiente se produjeron en países como Brasil, Colombia y Filipinas, según el informe. Brasil es considerado como el país con el mayor número de asesinatos documentados desde el año 2012, con 342 ataques letales en total, que fueron contra personas indígenas y afrodescendientes, registrados mayormente en la Amazonía brasileña. Global Witness posicionó a Colombia como el segundo país con mayor número de asesinatos contra esta población, a pesar de que el Gobierno se ha comprometido a garantizar la disminución de esta violencia, la organización internacional señala que “la realidad está demostrando lo contrario”. Tanto la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Red de la Sociedad Civil Colombiana Programa Somos Defensores, han expresado su preocupación por estas cifras altas de violencia que se registran en el país. Según Juan Camilo Rodríguez, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), uno de los puntos del Acuerdo de Paz establece medidas para salvaguardar la vida de los líderes y lideresas ambientales, la Comisión Integral de Garantías de Seguridad, la cual empezó a funcionar el año 2018, durante el último mandato del expresidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, el gobierno del expresidente Iván Duque, señaló que este plan no sirvió y es por ello que lanzó el Plan de Acción Oportuna (PAO), un mecanismo que se supone que salvaguardaría la vida de los líderes sociales, entre ellos ambientales, pero este plan tuvo luz hasta el año 2021, lo que demuestra el poco accionar por parte del Gobierno colombiano para proteger a estas personas. Según el informe, la desigualdad en la distribución de la tierra, el conflicto armado, la corrupción, la cultura de impunidad empresarial y la reducción del espacio cívico, son algunos de los efectos de estas amenazas y ataques contra las personas defensoras del medio ambiente. Juan Camilo Rodríguez de Pares explicó también que defender el medio ambiente “es irse en contra de muchas economías extractivistas que existen en los territorios, tanto legales como ilegales, uno de estos es la minería ilegal, los diferentes eslabones del narcotráfico, el carbón, el petróleo e incluso las energías renovables”. Estos líderes y lideresas suelen habitar lugares donde el Estado prioriza la protección de las economías legales e ilegales y no se establece un intermediario para mitigar el conflicto. Es decir, si hay un conflicto entre una petrolera y una organización ambiental, el Estado suele tomar un bando y es el de las empresas. Por esta razón, habría una estigmatización contra el liderazgo ambiental (tildándolos como guerrilleros o enemigos del desarrollo). Otra problemática es que tanto el Estado, como las empresas y los grupos armados, pueden ver a estos defensores ambientales como una amenaza o enemigos, dejando a estas personas en situación de vulnerabilidad. Actualmente, el gobierno de Gustavo Petro ha estado generando un plan de acción urgente contra líderes y lideresas, contemplando la creación de puestos de mando unificados. Con esto, se podría ver un interés por salvaguardar la vida de estos defensores y defensoras. Se esperan los nuevos pasos que tome la Comisión Integral de Garantías de Seguridad. Rodríguez menciona que “el Estado necesita dejar de tomar parte en los conflictos socioambientales y más bien ser un intermediario o un actor para la resolución de conflictos entre las comunidades que denuncian las afectaciones ambientales y las empresas o los grupos armados que estén generando los impactos a los ecosistemas”. Global Witness hizo un llamado a todos los gobiernos para que haya un compromiso e investiguen y denuncien estos asesinatos. Directamente al Gobierno colombiano le sugirió adoptar una hoja de ruta, la cual garantice un entorno seguro y favorable para estos defensores ambientales y que implemente los puntos del Acuerdo de Paz que establece la seguridad de ellos y ellas.

Por: Luis Eduardo Celis Méndez Es fácil hablar de lo que no se conoce. Y temerario. Y abusivo. La inmensa mayoría de la sociedad urbana colombiana no sabe, ni entiende, ni tiene empatía por lo que viven muchas comunidades rurales, indígenas y afrocolombianas desde hace muchas décadas en esa Colombia que nos provee de alimentos, agua y oxígeno. Debemos insistir en conocer ese mundo rural donde se ha librado y se siguen librando unas violencias que aniquilan la vida. El nuevo gobierno se ha propuesto trabajar por las transformaciones pendientes y postergadas por la sociedad colombiana, y una de ellas es construir unas fuerzas armadas y políticas de seguridad y defensa plenamente civilistas y totalmente encuadradas en nuestro ordenamiento constitucional. Esa tarea está pendiente y todos los gobiernos le han sacado el cuerpo al tema o, peor aún, han cohonestado con los graves problemas que tienen nuestras fuerzas armadas, que a mi juicio son dos y enormes: violan derechos humanos de manera sistemática y son corruptas. Desde el famoso discurso del expresidente Alberto Lleras Camargo en el Teatro Patria en 1958, se abrió un ciclo de relacionamiento entre los militares, la clase política y los gobiernos civiles que yo resumo así: los militares no se meten a dar golpes y los gobiernos y la clase política no nos metemos con ellos. Quizás es un análisis simplista, pero si se contrasta con la realidad de los últimos 64 años y los últimos 14 presidentes del país, desde Lleras Camargo en 1958 hasta Iván Duque en 2022, hay evidencia histórica de que esto ha sido así. Analicemos algunos ejemplos. Los militares torturaron miles de civiles durante el estatuto de seguridad y el Gobierno los dejó. Los militares se tomaron a sangre y fuego el Palacio de Justicia (este sí un golpe al poder civil) y el expresidente Betancur condescendió. Los militares han atropellado por décadas a muchas comunidades rurales y el poder civil no ha dicho nada de fondo, aunque la justicia en algunos casos ha actuado por la presión social de movimientos de derechos humanos y de la comunidad internacional. Así podría seguir enumerando casos en los que los militares se han ido contra las comunidades. Hay que reformar las fuerzas armadas y este gobierno ha mandado mensajes claros sobre ello: militares con algún cuestionamiento fueron retirados del servicio y no ascendieron a las cúpulas (puede que haya una que otra injusticia, no lo niego); ha asegurado que irá contra las violaciones a los derechos humanos y contra la corrupción al interior de las fuerzas; designó a Iván Velásquez como ministro de Defensa, un hombre que viene de la justicia y de los derechos humanos. El presidente Gustavo Petro ha sido claro: la seguridad en su gobierno es la seguridad humana, y esta seguridad está basada en el ejercicio de los derechos ciudadanos, de todos los derechos y para todas las personas y comunidades, enorme desafío sobre el cual deben trabajar no solo las instituciones de seguridad y defensa, sino todo el Estado colombiano y toda la sociedad en su diversidad y complejidad. Recuerdo la frase de Octavio Sarmiento, gran dirigente liberal araucano, asesinado por los paramilitares en Tame en el año 2000 y que me la mencionó Cayo Mario Sepúlveda, su gran amigo y coequipero: “cuando los perros ladran en el campo en la noche, el campesino y la campesina sienten miedo”. Eso no debe seguir pasando y desafortunadamente anoche en muchas comunidades campesinas, indígenas y de afros, los perros ladraron y hubo miedo en esas familias colombianas, algo inaceptable y que debe ser superado. Ante esta enorme tarea de reformar de manera democrática y civilista nuestras fuerzas armadas, requerimos muchos diálogos, investigación, propuestas. Por eso les invito a leer el último informe del Internacional Crisis Group, titulado Atrapados en el conflicto: reforma de la estrategia militar para salvar vidas en Colombia, publicado esta semana. Uno de los temas a resolver en la reforma de las fuerzas armadas y en el marco de superar todas las violencias organizadas que se ha propuesto la política de Paz Total de este gobierno, es brindar seguridad a las comunidades rurales y el informe del International Crisis Group, arriba referenciado, nos recuerda la pertinente propuesta del coronel del Ejército Carlos Alfonso Velázquez de constituir una Guardia Rural. Presidente Petro y ministro Velásquez: la tarea de la reforma del sector seguridad y defensa hay que hacerla y hay que hacerla en este gobierno en el que se pueden sentar bases importantes. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Información general Este Diálogo Regional Vinculante se realizó en Carmen de Bolívar, municipio del departamento de Bolívar, durante los días 27 y 28 de septiembre. Principales puntos tratados durante el Diálogo Durante este espacio los participantes estuvieron distribuidos en 27 salones desde los que se formularon propuestas como el ordenamiento territorial hacia la Paz Total, la seguridad humana y justicia social, el derecho humano a la alimentación, la transformación energética y el crecimiento verde con justicia ambiental, la convergencia social regional, temas de género, juventudes y campesinado. Uno de los representantes legales del corregimiento El Salitral, del municipio de Ovejas, Sucre, Manuel Mozo, mencionó que uno de los principales problemas que han tenido en su subregión son las vías, debido a que no pueden sacar sus productos para ser vendidos. “En este espacio nos estamos haciendo ver y nos están teniendo en cuenta", dijo. Así, uno de los temas principales de este Diálogo Regional fue el fomento de la productividad agropecuaria, la necesidad de vías terciarias para Sucre y Bolívar, la infraestructura para el campo y la propiedad de la tierra. Participantes A este encuentro asistieron cerca de 2.000 personas de nueve municipios de Sucre y Bolívar, también el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda; el subdirector general de prospectiva y desarrollo del DNP, Juan Miguel Gallego; y los secretarios de planeación de Bolívar y Sucre. Miguel Gallego del DNP dijo: "en una jornada bastante larga, logramos construir juntos insumos para las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Escuchamos cada una de las apuestas e identificamos los retos en los que debemos trabajar en los próximos años". Fuente: @JuanMGallego1 Por su parte, Danilo Rueda expresó la importancia que tuvo este diálogo, haciendo especial el reconocimiento al potencial de las mujeres, quienes manifestaron sus preocupaciones por el desplazamiento forzado y la vulnerabilidad de ellas y sus hijos. Rueda también manifestó que en esta región de los Montes de María no se deben seguir presentando asesinatos y sus palabras generaron expectativas en los campesinos. “Ese es el compromiso de quienes controlan este territorio de manera ilegal como son las AGC. A esos niños, jóvenes que están involucrados, les estamos diciendo: no maten a su propia gente, no generen más violencia contra sus hermanos, tíos, es un absurdo, están matando a su propia gente”. Contexto de la subregión La subregión de los Montes de María representa el 6 % del territorio nacional y agrupa nueve municipios de dos departamentos (Sucre y Bolívar). Estos son: El Carmen de Bolívar, Córdoba, San Jacinto, Zambrano, Chalán, Colosó, Los Palmitos, Morroa y Ovejas. Esta subregión ha sido un territorio de tradición agrícola y ganadera cuya ubicación geográfica lo consolidó como corredor que comunica a buena parte del país con la región Caribe y algunos de sus principales puertos. Por esta razón, campesinos han luchado por sus tierras debido a que diversos actores ilegales se han disputado estos terrenos. Allí se han presentado centenares de masacres y miles de personas han sido desplazadas y desaparecidas. Es por esto que Montes de María es uno de los puntos de la geografía nacional con mayores impactos en el marco del conflicto armado. De acuerdo con un informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 158 mil es el número de víctimas de desplazamiento forzado en esta zona durante los últimos 30 años y en el mismo periodo de tiempo, alrededor de 82 mil hectáreas de tierra fueron abandonadas. Entre 1985 y 2017 se registraron 117 masacres, 1.385 personas desaparecidas y 3.197 asesinatos selectivos, esto según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

By: Raúl Cubas, Coordinator Odevida Venezuela Translation by: María Victoria Ramírez Undoubtedly, the victory of Gustavo Petro and Francia Márquez in Colombia has raised up many expectations in Venezuela, and of course the social and human rights organizations that in recent years have been denouncing the consequences of the closing of the borders between our countries hope that our complaints and proposals are taken into account by them. Among the most dire consequences suffered by the populations located in the more than 2,200 kilometres of border, which artificially separate us like dots and lines, are: the increase in the cost of living caused by the smuggling of goods and gasoline; the submission of the population to the control and extortion of irregular groups of criminals and guerrillas, owners of the “trochas [1]” crossings with the complacency and consent of the immigration and military authorities; the increase in violence generated by the presence on both sides of the border of members of the National Liberation Army (Spanish: ELN Ejército de Liberación Nacional) and the so-called dissident groups of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (Spanish: FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), who are fighting among themselves and, lately, also with the Venezuelan military forces in the state of Apure; the ordeal suffered by Venezuelan migrants in their eagerness to cross to Colombia in search of staying or transiting to a third country that welcomes them; and also the helplessness in which Colombian residents or refugees live, as the consulates are closed for so long. The Colombian guerrilla presence in Venezuela is a judgment shared by Colombian and Venezuelan civil society organizations. The Observatory for the Defense of Life (Odevida), in a recent report entitled "Transiting and inhabiting the Colombian-Venezuelan border, a violent geography in Norte de Santander and Aragua", states that: "today the Colombia-Venezuela border is under the control of the ELN and other illegal armed structures, command more and more effectively than the state Armed Forces, there is ample evidence of this, which demonstrates the real control they have over the territory”[1]. In this sense, Alerta Venezuela[2] has specified that “the presence of the ELN on the Venezuelan side is long-standing. In the 1980s and 1990s, both the ELN and the FARC made frequent incursions into Venezuelan territory and raided military border posts to stock up on weapons. The border was used as a spillway and supply zone, but without a major permanent presence. As of the arrival of Hugo Chávez to power, the attacks on military posts by Colombian guerrilla groups ceased, which suggests that their supply and protection no longer had to be by force. Meanwhile, the Odevida Chapter Venezuela has documented that “since the start of operations of the Orinoco Mining Arc (Spanish: AMO Arco Minero del Orinoco), the alleged perpetrator of violence linked to mining in Bolívar and the state of Amazonas are the military or police forces of the State. Venezuelan by action or omission; criminal gangs called "sindicatos" or "pranatos"; illegal Brazilian garimpeiros[2] and members of the Colombian guerrillas, including the National Liberation Army (ELN) and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (Dissidents)”[3]. Faced with this reality, the environmental organization Clima 21 affirms that "the problem of violence, environmental destruction, corruption, looting and the destruction of indigenous cultures are not problems of a country, because criminals regardless of their supposed ideology they move freely throughout the region with extensive criminal routes. So it is a regional problem and must be faced by all countries if they want to have any success”[4]. Clearly, the situation is very complex, that diverse and even conflicting interests intervene in its development, which will influence the Colombian government to achieve the objective of Total Peace in Colombia. There are more than 60 years of internal armed conflict in which violence has reigned and has not yet been defeated. This new peace process has many powerful enemies within Colombia. According to Jorge Mantilla, director of the Conflict and Organized Violence area of ​​the Fundación Ideas para la Paz (FIP): “the issue of illegal mining, the issue of deforestation, the issue of extortion, on which we have very little information. As long as that is not on the table and there is the possibility of deactivating or containing these economies, well, what we are going to have is a recycling process […] it will be very difficult to deactivate, let's say, the phenomenon of organized crime” [5]. This situation is also recognized by the Peace & Reconciliation Foundation, which affirms in a recent work published by the Migration, Region and Border Line, that "Venezuela has also suffered our armed conflict and there are not a few military and guerrilla actions Colombian guerrillas in its territory and, like Colombia, the Venezuelan State has lost control over parts of its territory, where the Colombian guerrillas have taken root and today the ELN remains autonomous, in a framework of control of resources and capacity to subordinate corrupt officials or to impose themselves subtly and effectively”[6]. Given the recent proposal by President Gustavo Petro that Maduro be the guarantor of the peace negotiations that his government plans to resume in the coming weeks with the National Liberation Army (ELN), reasonable doubts arise on the Venezuelan side about its results. In order for Maduro to be a genuine and independent guarantor of the negotiations for Total Peace in Colombia, he should, in principle, publicly acknowledge the presence of the ELN in Venezuela and commit to evict the members of the Colombian guerrillas as part of the final agreement with the ELN. The Venezuelan human rights activist, Ligia Bolívar, general coordinator of Alerta Venezuela, highlights several aspects that concur with the previous approach to the proposal of the Colombian government: “first, that this opens an opportunity window from a Venezuelan perspective, meaning that President Nicolás Maduro could resume negotiations with the Venezuelan opposition in Mexico through his representatives; second, that the negotiation with the ELN must go through the determination of its presence in Venezuela, because it is a factor that affects the Venezuelan population; and third, that these negotiations should not only be based on an end to the conflict in the relationship with the Colombian State, but also on the consequences of ELN’s presence in Venezuela”[7]. This is the reality of the two countries’ border that the governments of Gustavo Petro and Nicolás Maduro must face and give an adequate response to. There is certainly an opportunity for Venezuela to contribute so that the Total Peace policy becomes an effective reality in Colombia and for Venezuela to benefit from an agreement for the definitive withdrawal of the Colombian guerrilla groups from the national territory, and we can also achieve peace in the territories where they are settled. Finally, for this proposal to be successful on both sides of the border, it is necessary that civil society organizations and human rights organizations from both countries and the international community be called to be observers and facilitators of the Total Peace process, in this way to support a process that ultimately benefits the indigenous, peasant and urban populations, who are and have been the victims of this long internal armed conflict. In other words, the “nobodies” on both sides of the border want to be part of this Total Peace process and that is why we are already working to build a Binational Agenda that contributes by giving victims a voice. References [1] Odevida/Pares: “Transitar y habitar la frontera colombo-venezolana, una geografía violenta en Norte de Santander y Aragua”, Colombia. 30.08.2022. Pág. 3. https://e7c20b27-21c2-4f2b-9c38-a1a16422794e.usrfiles.com/ugd/e7c20b_50dfccc8a3bc417cb40ddacb8da7c9a9.pdf. Consulta el 14.09.2022. [2] Alerta Venezuela: equipo de análisis e incidencia internacional en derechos humanos, registrado como asociación sin ánimo de lucro ante la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia, el 24 de mayo de 2022. [3] Odevida, Capítulo Venezuela: Ecocidio y violencia: panorama del extractivismo en Venezuela. Pág. 25. https://provea.org/wp-content/uploads/2021/12//odevida-informe-ambiente-colombia-y-venezuela.pdf. Accessed 15.09.2022. [4] Entrevista telefónica realizada el 11.09.2022. [5] Insight Crime/ Juan Diego Posada: La arriesgada apuesta de Colombia por la 'Paz Total'. Bogotá, Colombia, 13.09.2022. https://es.insightcrime.org/noticias/arriesgada-apuesta-colombia-paz-total/. Accessed 15.09.2022. [6] Fundación Paz & Reconciliación (Pares): La paz total y los desafíos en la frontera Colombia-Venezuela. Pág. 1. Bogotá, Colombia.https://www.pares.com.co/post/venezuela-es-socio-para-una-colombia-en-paz. Accessed 17.09.2022. [7] Fundación Paz & Reconciliación: Venezuela será país garante del proceso de paz con ELN. Pág. 1. Bogotá, Colombia. https://www.pares.com.co/post/venezuela-ser%C3%A1-pa%C3%ADs-garante-del-proceso-de-paz-con-eln.Accessed 17.09.2022. [1] Illegal crossing paths on the border. [2] Garimpeiro​ (voice of Portuguese origin) is an illegal seeker of precious stones in garimpos, manual or mechanized exploitations in distant places.