Por: Katerin Erazo, Periodista Alrededor de las 8:30 a.m. en la Cámara de Representantes, en Comisión Segunda, se dio inicio al penúltimo debate de ratificación del acuerdo de Escazú en Colombia, el cual fue aprobado con 14 votos a favor y 3 en contra. Así, este proyecto pasará a un último debate en plenaria de esa corporación. Según Camilo Díaz, investigador nacional de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), para ratificar el acuerdo, este debe pasar por cuatro debates, dos en Senado y dos en Cámara, debiéndose dar un debate en Comisión Segunda y otra en plenaria de cada corporación. Si el Acuerdo de Escazú es finalmente ratificado, Colombia se convertiría en el país número 14 en ratificarlo, y uno de los más importantes para la región. En horas de la mañana de este miércoles 28 de septiembre, también fue convocada una movilización frente al Capitolio Nacional con el fin de hacer presión para la ratificación de Escazú. El acuerdo de Escazú es un tratado entre los países de América Latina y el Caribe para salvaguardar los derechos ambientales y proteger a las personas que los defienden. 24 países lo firmaron, entre ellos Colombia, el 11 de diciembre de 2019, bajo el mandato del expresidente Iván Duque. Sin embargo, el Congreso aún no lo ha ratificado porque los proponentes han enfrentado un proceso tortuoso por el consenso en el Legislativo. Según Camilo Díaz Suárez, para el año 2021, exactamente el 20 de julio, el Acuerdo de Escazú se presentó en las discusiones de las comisiones segundas del Congreso con una dilación por parte de los partidos del gobierno, lo cual llevó a que ese día se denunciara una presunta artimaña de Paola Holguín y Juan David Vélez, congresistas del Centro Democrático, quienes extendieron sus intervenciones en el debate para que la sesión terminara sin alcanzar a llegar a la votación y, así, terminara el periodo legislativo 2020-2021 sin ratificar el Acuerdo. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, mostró su apoyo frente a esta ratificación: Andrés Calle, representante a la Cámara por el partido Liberal, convocó en horas de la mañana un twitteratón para el apoyo de esta ratificación: El pasado 18 de abril, el Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) había expresado su preocupación frente al aumento de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, Perú y Venezuela, especialmente, en contra de los líderes y lideresas que defienden el medioambiente y el territorio. Es por esto que el Acuerdo de Escazú es importante, debido que obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro y propicio en el que organizaciones defensoras del ambiente puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Catalina Lema, asistente de investigación de la línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, dijo que las afectaciones que ha tenido y tiene el no ratificar el Acuerdo son principalmente dos: la primera es que continúan las limitaciones para la participación ciudadana para la gobernanza ambiental, pues la toma de decisiones sobre el uso del patrimonio natural y el ordenamiento territorial se mantiene capturada por algunos sectores del Estado y de las empresas del sector privado con intereses económicos, es decir, se mantiene la estructura de gobernanza que ha habido siempre y que ha permitido que se desarrollen actividades económicas con impactos socioambientales muy graves. La segunda afectación es de tipo financiero; al no ratificar el Acuerdo, las iniciativas para fortalecer el acceso a la información y a la justicia ambiental (pilares del Acuerdo de Escazú), no pueden acceder al respaldo económico que la banca internacional ya le dio al Acuerdo. Estas iniciativas existen en Colombia y han sido la lucha de asociaciones campesinas, organizaciones territoriales de base y movimientos ambientalistas.

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda De todos los miedos que la derecha construyó para poner a los electores en contra del candidato del Pacto Histórico, el más fuerte y falaz fue la amenaza de que Colombia se convertiría en una Venezuela, visualizando que el tradicional modelo de gobierno existente en Colombia –fortín atroz de liberales y conservadores–, de llegar Gustavo Petro al poder, sería cambiado, tal y como ocurrió en Venezuela con la llegada al poder de Hugo Chávez y Nicolás Maduro; desarraigándose de las fuerzas políticas tradicionales. En esa tarea de oposición política inescrupulosa, los contrarios al Pacto Histórico, al margen de las ya restablecidas relaciones económicas y sociales con nuestros hermanos vecinos, han seguido refiriéndose a la república bolivariana semejándola a un infierno social y tildando a su actual modelo de gobierno de fracasado y déspota; pero lo hacen sin explicar las verdaderas razones de esas dos aseveraciones, o mejor, lo hacen prendidos al corriente vicio humano de “mirar la paja en el ojo ajeno, antes que la viga en los propios”. En efecto, los contradictores del gobierno Petro no han demostrado que la degradación social en Venezuela sea peor que la de nuestro país. En cuanto al número de exiliados –que mide la hostilidad de un gobierno contra su propia población– los cientos de miles de venezolanos que se han marchado de su país para no padecer hambre y falta de libertades, son pocos comparados con los colombianos forzados al exilio y son menos que el número de quienes han sido asesinados por sus ideas y propósitos políticos en favor de los pobres. Tampoco tienen pruebas fehacientes para aseverar que los programas políticos de los gobiernos colombianos hayan sido mejores que los programas políticos de los venezolanos. Si comparamos los gobiernos de Chávez y Maduro con algunos gobiernos de Colombia, digamos con los correspondientes al llamado Frente Nacional y con los que siguieron hasta llegar al gobierno Duque, encontraremos que, si bien en Venezuela le han agostado seriamente los derechos políticos a la oposición, ésta todavía cuenta con el derecho a la participación en las elecciones. Cosa distinta ocurrió en nuestro país durante la dictadura bipartidista del Frente Nacional, que duró 16 años prohibiéndole la participación electoral a los partidos de oposición. Si comparamos el gobierno de Turbay Ayala con los de Chávez y Maduro, el resultado es bastante semejante. En Venezuela, por ejemplo, les quitaron el control de las elecciones sindicales a los sindicalistas, como venían teniéndolo con razonabilidad, y se lo entregaron al CNE que, por estar bajo el control del gobierno, le restó efectividad y lo minimizó en sus funciones, que son básicas para la democracia. Por nuestra parte, durante el mandato del presidente Julio César Turbay Ayala, fue creado un mecanismo legal para reprimir, no a las elecciones de los sindicatos, sino directamente a los mismos sindicalistas. Los registros de prensa y las denuncias penales dan cuenta de los múltiples allanamientos, de las detenciones arbitrarias y de las torturas a miembros de sindicatos tanto como a opositores ideológicos del gobierno. Si pensamos en Belisario Betancourt, tampoco cambia la balanza. Recordemos su silencio desleal con el país al negarse hasta el día de su muerte –por pura sumisión a los altos mandos militares– a decir la verdad de lo ocurrido durante la toma del Palacio de Justicia. En contraste, Chávez y Maduro, siendo responsables directos de la crisis de Venezuela, no se mostraron débiles ante los militares; no lo hizo Chávez cuando gobernó, ni ahora lo está haciendo Maduro. En cuanto a una comparación con el presidente Pastrana, quizás valga una sola: ni en el gobierno de Chávez, ni ahora en el de Maduro, se ha perdido un solo metro de territorio; mientras que “gracias a la mala actuación de Pastrana –así lo dijo Horacio Serpa en una entrevista para El Espectador– los colombianos terminamos perdiendo 75 mil kilómetros de mar territorial". Al régimen de Chávez y Maduro se le acusa de haber asesinado a más de 8.000 oponentes políticos durante sus cuatro gobiernos; pero en Colombia –descontando a los numerosos oponentes políticos asesinados– en un solo gobierno, con financiación, logística y armas del Estado, asesinaron a 6.402 jóvenes ajenos al conflicto armado y ajenos a la actividad política, y para colmo pretenden hacernos creer que de eso no se enteraron ni el expresidente Uribe ni sus ministros de Defensa. De manera que si aplicamos a nuestra reflexión el simple examen de la comparación, que precisa semejanzas y diferencias sin emitir o sugerir juicios, encontraremos para sorpresa de quienes no hayan vivido o estudiado los hechos a contrastar, que es mejor –como lo señala el principio de la autodeterminación de los pueblos– no meter las narices en los asuntos de otros países y dedicarnos mejor a resolver los propios. Lo cierto es que, pese a los recientes rompimientos de las relaciones gubernamentales entre los dos países, y si entendemos los conflictos en su acepción filosófica como contradicciones en los principios y las actitudes, comprobaremos entonces que sus pueblos nunca los han tenido, porque los venezolanos y los colombianos compartimos ambos valores. De hecho, ellos al igual que nosotros se orientan humanamente con principios universales –reglas y normas– como el esencial respeto a la vida; y ante las situaciones de jolgorio o pesadumbre, nos distingue por parejo una actitud positiva, propia del ser caribe. No en vano reconocemos nuestra hermandad, que además está soportada sobre el hecho de compartir una historia común: fuimos un solo pueblo bajo el yugo español y, alcanzada nuestra independencia, nos convertimos en una sola nación –la Gran Colombia– siguiendo los principios libertarios de un mismo guía, Simón Bolívar. En tal suerte, y bajo la expectativa de las nuevas relaciones materializadas con la apertura de las fronteras el pasado lunes 26 de septiembre, es inevitable pensar en esta certeza de Simón Bolívar: juntos seremos una potente nación. Una certeza del Libertador, justificada por el continuo acoso de los imperios –padecido todavía por Venezuela– y sustentada sobre la privilegiada posición geográfica de ambas regiones –con el Mar caribe y los dos océanos–, pero, especialmente, fundada en el espíritu de ambos pueblos, hermanados por lo que precisamente ha impedido e impide que entremos en conflictos: compartir los mismos principios y las mismas virtudes. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Actualización, miércoles 28 septiembre 2022/ Este evento se encuentra aplazado por razones de dificultad de conexión de los participantes Pablo Beltrán y León Valencia, quienes se encuentran en La Habana, Cuba, con problemas de conexión e internet causados por el huracán Ian. Próximamente la Fundación Paz & Reconciliación, El Espectador y Visión de País, anunciarán nueva fecha y lugar. El próximo miércoles 28 de septiembre, en la Biblioteca del Gimnasio Moderno en Bogotá (Cra 9 #74-99), de 5:00 pm a 7:00 pm, se llevará a cabo el Gran Foro Nacional por la Paz, un evento organizado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), El Espectador y Visión de País, en el que se conversará sobre las perspectivas de la nueva política de Paz Total con panelistas expertos en el tema. Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, Iván Cepeda, senador de la República, Imelda Daza Cotes, senadora de la República y León Valencia, director de Pares; conversarán sobre las perspectivas de la Paz Total propuesta por el presidente Gustavo Petro, sus posibilidades y retos. El evento contará con la moderación de Gloria Castrillón, directora editorial de Colombia +20. Para la participación en este evento, será necesario inscribirse previamente aquí: https://cutt.ly/zVxaYRt Los esperamos.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El gobierno Petro quiere avanzar rápido en materia de paz en Colombia, por eso realizó la propuesta de pactar en los próximos días un cese multilateral del fuego. Quiere que todas las organizaciones armadas –incluyendo la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y las estructuras criminales como el Clan del Golfo o la Oficina– se comprometan políticamente a silenciar los fusiles, al menos durante el tiempo dedicado a los acercamientos y las negociales de paz. Esta importante propuesta será relativamente fácil de lograr, a pesar de que aún no se han iniciado las conversaciones ni los diálogos formales. Lo más probable es que las 22 o 29 organizaciones armadas ilegales lo hagan –las mismas que han enviado cartas al alto comisionado de paz manifestado su deseo de querer negociar un sometimiento a la justicia colombiana–. Incluso, aceptarán el llamado del Gobierno estructuras armadas como las disidencias de las FARC o la Segunda Marquetalia. Eso sí, lo difícil será mantener este acuerdo político por mucho tiempo y atender los múltiples problemas técnicos que se presentarán en el cumplimiento de esta importante tarea colectiva. Entre las dificultades están: comprometer a todos los actores que aportan al conflicto, el diseño de un buen mecanismo de verificación, extender el compromiso también a la parálisis de las hostilidades y, finalmente, convencer a los opositores de la paz que, a pesar del acuerdo, el Estado sigue cumpliendo su tarea constitucional de mantener el orden público. Partamos por reconocer que los ceses al fuego son mecanismos institucionales en los que los actores de la guerra se comprometen con el Estado y la sociedad a no hacer uso de las armas. Esto como una manera de mostrar el interés por llegar a un fin del conflicto y generar confianza para avanzar en los procesos de paz. Advirtiendo que, de romperse el pacto tácito, se perderían los avances logrados hasta el momento. Históricamente en Colombia los cese al fuego han tenido tres momentos. El primero durante las primeras negociaciones de paz con las guerrillas en las décadas de 1980 y 1990. En aquél momento, a través de acercamientos y negociaciones con estas organizaciones, se logró pactar el silencio de los fusiles por varios periodos. Este fue el caso con las FARC-EP en 1984, cuando se firmó el Acuerdo de la Uribe, al cual se le sumaron otros cese al fuego con otras guerrillas. Le siguió un segundo momento nuevamente con las FARC-EP en los diálogos de La Habana, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Allí, de nuevo, se logró silenciar los fusiles entre las partes, pero el acuerdo no se dejó para el final, fue en la mitad de los diálogos, en 2014, cuando se decidió de manera bilateral parar los enfrentamientos. Esto como una forma de ganar confianza y mostrar una apuesta decidida por llegar a la firma de un acuerdo final de cierre del conflicto. Finalmente, estamos en el tercer momento. Ya el país ha aprendido a valorar este tipo de acuerdos y han ganado legitimidad. El Gobierno y la sociedad han visto con buenos ojos proponer como punto de partida los cese al fuego, argumentando que hacerlo tiene la ventaja de hacer más creíble la disposición a la negociación política, además permite, entre otras cosas, la movilidad de los actores y reducir la presión de la guerra. Finalmente, posibilita el despliegue de una mayor logística interna de las organizaciones para el encuentro, la conversación y la asociación clandestina para enfrentar los retos de la paz. Pero como he dicho, lo difícil de los pactos de no agresión no es el inicio sino su mantenimiento. Esto se explica, en primer lugar, porque no todos los actores pueden comprometerse con un tipo de acuerdo previo. En el país hay decenas de actores con los que estamos en guerra; las autoridades han identificado muchas organizaciones criminales y algunas de ellas pueden no querer parar sus negocios y el uso de las armas mientras se llega a un posible acuerdo de sometimiento. Se perderían recursos y ganancias importantes, como lo deben de estar pensando los carteles mexicanos o venezolanos. Incluso, podría tener dificultad para llegar a un cese al fuego con el ELN. Esta guerrilla ha criticado la propuesta de un cese al fuego multilateral, pues simula una situación de igualdad de condiciones para todos los actores, y la posición de este grupo armado es que se les diferencie, que ellos son “harina de otro costal”. Quieren un reconocimiento y un tratamiento especial, propio de un actor político genuino, como se le reconoce y se reconocen. En segundo lugar, muy asociado con el anterior, está el problema de lo que se comprende y se pide frente a un compromiso de cese al fuego. Normalmente se incluye en este tipo de acuerdos también otros componentes de cese de hostilidades. Estas se asocian con otras actividades distintas a disparar, como la extorsión, el secuestro u otras actividades que se relacionan directamente con los negocios ilegales de la minería y el narcotráfico. Y como se dijo, los actores armados ilegales hacen cálculos racionales y no ven conveniente, por ejemplo, parar la producción de coca, actividad que muchas veces conlleva la amenaza y el desplazamiento forzado. En tercer lugar está el problema técnico del seguimiento y verificación del cese al fuego. Este es un trabajo que requiere ser realizado por expertos, personas capacitadas para certificar el cumplimiento del pacto. Para eso se deben rastrear los hechos violentos, identificar a los responsables y denunciar el incumplimiento de los acuerdos, incluso, castigar dichos actos, si tienen el poder. Tareas como esta exigen que organismos como las Naciones Unidas se comprometan a realizarla, lo cual es difícil en el país por los costos que tiene y el gran personal que hay que movilizar. Finalmente, los que hacen oposición a la paz y al Gobierno Nacional usan los ceses al fuego como instrumentos para mostrar la debilidad del Estado e, incluso, de las organizaciones armadas. Argumentan que estos actos son muestras de debilidad del Estado y de incapacidad de la Fuerza Pública para mantener el orden público, pues se decreta la suspensión de operaciones militares y policiales. Además, advierten que el cese al fuego es un resultado y que pactarlo sin comenzar las negociaciones se verá como una debilidad, como un ceder sin contraprestaciones. En síntesis, hay factores muy positivos para lograr un cese multilateral del fuego. Existe una disposición de muchos por llegar a este acuerdo político previo antes de iniciar negociaciones políticas o acuerdos de sometimiento; una disposición a acogerse a la ley y de estar de acuerdo con la propuesta del Gobierno de Paz Total. Además una disposición del Gobierno Nacional de, como jefe de Estado, usar las atribuciones constitucionales para decretar un cese al fuego oficial, que conlleva a una presión para que todos los demás actores paren el uso de la fuerza. Una propuesta que, de lograrse próximamente, podría llevar a una situación inédita en el país, muy cercana a la que se produjo en 2017, cuando las FARC-EP habían dejado las armas y el ELN había decretado un cese al fuego unilateral. Situación que dio una luz de esperanza de un fin del conflicto a las víctimas y que mostró de forma irrefutable las bondades de la paz negociada, al convertirse en un momento de gran alivio para los habitantes del territorio donde hacen presencia los armados. De allí que sea necesario mantener la esperanza y la presión sobre esta propuesta estatal a la que deseamos se acojan todos los actores del conflicto. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista Alrededor de las 11:30 a.m, algunos ciudadanos, grupos independientes y agremiaciones, quienes están en contra de las reformas que ha presentado el nuevo gobierno, iniciaron la primera marcha en contra del primer mandatario, Gustavo Petro. En Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Pereira, entre otras ciudades, hubo protestas. En Bogotá los puntos de encuentro fueron la Plaza Héroes Caídos, CAN, Calle 26 y el Parque Nacional, y las marchas se dirigieron hacia la Plaza de Bolívar. En la marcha se pudo evidenciar que las personas que participaron están en un promedio de edad de aproximadamente de 50 a 70 años. La iniciativa fue convocada por líderes de derecha. Según uno de los voceros de la manifestación, Pierre Onzaga, el objetivo es trazar una línea roja para que se retiren las reformas, principalmente el ajuste tributario que fue radicado en el Congreso de la República, el aumento en el precio de la gasolina, la reforma pensional, entre otras. Varios opositores al gobierno de Petro se manifestaron por medio de sus cuentas de Twitter frente a esta ‘Gran Marcha Nacional’, como fue. Uno de ellos fue Enrique Gómez: Asimismo, María Fernanda Carrascal, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia Humana, bancada de gobierno, se pronunció al respecto e indicó que por parte del Gobierno se respetaron estas manifestaciones: Petro por su parte ha defendido la reforma tributaria y mencionó que esta solo aumentaría impuestos a los más ricos. "Lo que pasa es que no quieren ciertos sectores muy ricos de la sociedad colombiana que les pongan impuestos. El impuesto al patrimonio va sobre los más ricos de Colombia". Integrantes de la bancada del mandatario se han expresado en contra de dichas protestas, concretamente, el senador Gustavo Bolívar, legislador del Pacto Histórico: Esta es la primera marcha contra el gobierno de Gustavo Petro, quien lleva menos de dos meses en el mandato. El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que el Gobierno respeta esta manifestación. Durante la jornada no se presentaron actos violentos y, por el contrario, se dio de manera pacífica. Los manifestantes, alrededor del mediodía, llegaron al punto final de la marcha en Bogotá, que fue la Plaza Bolívar. Ya hay convocatorias para una nueva movilización en contra del gobierno, convocada para el 24 de octubre.

Por: Katerin Erazo, Periodista Tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y de comercio entre Colombia y Venezuela, y después de siete años de permanecer cerrada al transporte vehicular y al comercio, se dio la reapertura de la frontera colombo–venezolana en horas de la mañana de este lunes 26 de septiembre, aproximadamente sobre las 10:00 a.m. Por parte de ambos países hay expectativas positivas con que se mejore el comercio, la seguridad y las relaciones. Durante la reapertura, los ministros de Transporte, Comercio, el Canciller de Colombia y el presidente, Gustavo Petro, confirmaron su asistencia. El mandatario llegó a Cúcuta a las 10:30 a.m. y a las 11:10 a.m. llegó al Puente Internacional Simón Bolívar, donde saludó a los asistentes de la ceremonia y dijo que: “este puente de cemento sea el inicio (…) la vía por la cual se construya el progreso de estas dos regiones”, otro punto que mencionó Petro fue que aún no hay una fecha de reunión con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. El Instituto Nacional de Vías (Invías), anunció los horarios en los que se habilitó el tránsito peatonal en la frontera. Se espera que el comercio bilateral entre Bogotá y Caracas llegue a los US$1.200 millones para cierre de año, un repunte considerable frente a los años recientes, en los que no superó los US$500 millones. Según el ministro de Transporte de Colombia, Germán Reyes, este proceso será gradual, empezando a funcionar con el transporte de carga y los vuelos directos. "Estamos en un proceso de una implementación gradual (…) esto hay que hacerlo con mucho cuidado para no tener contratiempos, pero lo más importante es que el 26 de este mes empezará la hermandad otra vez entre nuestros países sin fronteras", dijo Reyes. El 26 de septiembre también inició la reactivación de los vuelos directos. La aerolínea venezolana Turpial Airlines operó un primer viaje entre Caracas y Bogotá, así lo confirmó el embajador de Colombia ante Venezuela, Armando Benedetti. Además, la aerolínea Wingo anunció que hará su primer vuelo conectando estos dos países el próximo 4 de octubre. Otras aerolíneas como Avianca, adelantan gestiones para reanudar sus vuelos directos. Esta frontera fue cerrada a la circulación de vehículos en agosto de 2015 por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que después rompió relaciones diplomáticas con Colombia, en febrero de 2019. La frontera colombo-venezolana tiene una extensión de 2.219 kilómetros y concentra tres pasos fronterizos: Cúcuta-San Antonio de Táchira, Maicao-Zulia y Arauca-Apure. Tras la ruptura de las relaciones en 2019, hubo un incremento del flujo migratorio de venezolanos hacia Colombia. Además de la reactivación del comercio entre ambos países, otro objetivo de la reapertura es cerrar los pasos ilegales que miles de migrantes han usado como alternativa para cruzar a ambos territorios. En todo el mundo aproximadamente hay 6,8 millones de venezolanos refugiados y migrantes, de los cuales unos 5,7 millones están en América Latina, y en Colombia hay 2,5 millones aproximadamente, de los cuales 1,2 millones estarían en el proceso de obtener el Estatus Temporal de Protección, el cual es una medida que implementó el expresidente Iván Duque, que tendría como objetivo la regularización de inmigrantes que les permite trabajar legalmente, ser atendidos en el sistema de salud, acceder a la justicia, entre otros beneficios. Otro de los temas en los que se espera mejoría con la apertura de la frontera, es la seguridad o la disminución de la presencia de grupos armados ilegales en esta región, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo o las disidencias de las FARC, debido a que esta zona se encuentra bajo control de estos grupo y también de otras estructuras ilegales. Según Nataly Triana Guerrero, asistente de investigación de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), esta reapertura es uno de los primeros pasos para que posiblemente se evidencie una reducción de pasos de cruces ilegales, que posiblemente pueden disminuir las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, dado que implicaría obligatoriamente una colaboración policial y judicial entre ambos países. Después de esta jornada, tras su reapertura, el horario para el paso peatonal por los puentes internacionales será de 6 a.m. a 7 p.m., mientras que el transporte de carga podrá circular de 7 p.m. a 6 a.m. Tanto la población fronteriza como entidades gubernamentales, esperan con esperanzas que esta reapertura ayude en el marco de la Paz Total por la que se está trabajando y así mismo que la actividad económica de ambos países se reactive.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Como era de esperarse, el discurso de Gustavo Petro ante la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas, ha generado diversas reacciones que dibujan las concepciones e ideologías que históricamente, pero hoy con mayor fuerza, emulan por gobernar los países de nuestra bella América Latina. El pasado 20 de septiembre, ante la representación de las 193 naciones que conforman la Organización de Naciones Unidas, el presidente colombiano expresó: “yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, necesita que todos construyamos una mejor sociedad”. Asimiló lo nocivo del narcotráfico a los efectos generados por la explotación de hidrocarburos centrados en el carbón y el petróleo. Dijo Petro: "piensen en un ejercicio racional del poder, no hay paz total sin justicia social, económica y ambiental. Estamos en guerra también con el planeta. Sin paz con el planeta no habrá paz ante las naciones. Sin justicia no hay paz social”. Y sentenció: "acabar las mafias, sacarlas del camino, que se hace es bajando su precio [el de las drogas], pero regulándolo por el Estado en términos de consumo, en términos de presencia médica en los casos de adicción, en una enorme cantidad de dinero para prevenir, para disminuir la demanda hasta el punto que se vuelva cero”. El segundo eje del discurso del presidente fue la postura frente a la Amazonía. Planteó el fortalecimiento del fondo de la Revitalización de las Selvas; señaló que las potencias "podrían reducir la deuda externa para liberar espacios presupuestales y, con ellos, realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta". “Solo cambien deuda por vida, por naturaleza. Les propongo y los convoco a América Latina para ello, dialogar para acabar la guerra. No nos presionen para alinderarnos en los campos de la guerra. Es la hora de la paz”, agregó. Para el expresidente Pastrana el discurso presidencial fue la reivindicación del narcotráfico. Para Paloma Valencia, un mal poema que esconde muchas mentiras. Lo cierto es que, en tono poético, pero con argumentación profunda, Petro marcó la senda de una nueva relación con el primer mundo desde la América del agua y la sangre. Aspectos como la transición a energías limpias, evitar la deforestación (utilizada para acaparar tierras, ganadería extensiva o apertura de vías) y la solicitud al primer mundo del "decrecimiento de la economía", son claramente aspectos de un modelo económico, político y social que viene ganando espacio en América Latina y solicitando un diálogo con las potencias del mundo sobre la base de la autonomía y el respeto. Es el tiempo en Colombia y América Latina para el diálogo, franco y sincero, para reafirmar que realmente otro mundo es posible. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, Periodista El 23 de septiembre el Gobierno Colombiano presentó un plan llamado “Estrategia Integral e Interinstitucional para la Vida y la Paz”, cuyo objetivo es proteger a los líderes y lideresas sociales y también a los defensores de derechos humanos, especialmente en las comunidades que se ven más afectadas por ataques en contra de esta población. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó que este plan tiene tres componentes principales: Primero, el militar, con el Plan Perseo, una serie de operaciones conjuntas, coordinadas y de inteligencia de las Fuerzas Armadas para combatir las estructuras y subestructuras de los Grupos Armados Organizados y Grupos de Delincuencia Organizada. El Plan Perseo se diseñó a través de cinco líneas: inteligencia, judicialización, operaciones militares y policiales; el dinamizador que sería el racionamiento; y comunicaciones estratégicas. “La estrategia del Plan Perseo es una respuesta eficaz para responder con contundencia a las acciones criminales de grupos al margen de la ley que persistan en la afectación contra la población civil y sus bienes, especialmente a lo que se refiere a la vida y a la seguridad (…) es un plan diferencial, dinamizador y potencializador”, dijo el comandante de las Fuerzas Militares, Mayor General Helder Fernán Giraldo Bonilla. Segundo, el policial, con la operación San Pedro Claver, este cuerpo armado coordinará los operativos conjuntos e interinstitucionales para atender los diversos fenómenos criminales. “Centraremos nuestro esfuerzo en impactar a las organizaciones que delinquen con una especial atención en los actores no violentos. Es decir, los que están detrás de las organizaciones criminales. (…) afectaremos las finanzas criminales derivadas de las actividades ilícitas (…) impactaremos cerca de 500 organizaciones multicrimen en los próximos tres meses”, mencionó el director general de la Policía Nacional de Colombia, Mayor General Henrry Armando Sanabria. Tercero, el judicial, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, el cual busca romper los corredores regionales de criminalidad, actuando con contundencia contra los elementos que componen la cadena criminal. “La Fiscalía General de la Nación ha integrado su direccionamiento estratégico 2020-2024 y lo ha alineado frente al CONPES 4089 con el Plan Nacional de Política Criminal 2022-2025 (…) Para la Fiscalía y para el fiscal es tremendamente importante articular estos esfuerzos”, dijo el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. Iván Velázquez, durante la entrega del Plan, mencionó que este pretende la desarticulación de las organizaciones ilegales, pero que no se dirige solo a la captura de los integrantes de las estructuras, sino de manera radical contra las finanzas de esas organizaciones. “Una estrategia que pretende la desarticulación de las Organizaciones Armadas Ilegales (...) porque entendemos que, si se logra sustraer las utilidades que esas organizaciones obtienen con su accionar ilícito, se debilita y se deben debilitar al punto de la desarticulación de esas estructuras”. Para esto se requerirá incrementar los esfuerzos en la inteligencia y en el accionar de la Fuerza Pública en su conjunto, lo cual supone, además, la identificación de dichos recursos ilícitos, obtenidos en la actividad delictiva con una fuerte actuación en el tema del lavado de dinero o de activos. Otro punto que mencionó el ministro de defensa es que se ha definido un seguimiento periódico en los territorios, con el fin de evaluar las acciones. Es decir, que todos los que componen esta estrategia trabajarán en conjunto y cada integrante deberá asumir y responder por la ejecución adecuada del Plan. Los principales resultados operacionales obtenidos entre el 8 de agosto y el 20 de septiembre, en operaciones a cargo del Comando General de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, fueron: 237 capturas a miembros de grupos de delincuencia organizada y 1.223 a miembros de la delincuencia común. Según Juan Camilo Rodríguez, investigador nacional de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), a esta estrategia aún le falta mucho para articularse con otros planes de urgencia para la protección de líderes y lideresas sociales, siendo un plan profundamente militar y reactivo que, de hecho, en los componentes que se mencionaron, no se habla de este tema en particular, ni por parte de la Policía ni del Ejército. Rodríguez dijo: “me pareció llamativo que todavía se siente una desarticulación con las promesas de protección a comunidades que se encuentran en zonas de conflicto armado, siendo una estrategia pensada para el desmantelamiento o la lucha contra las estructuras multicrimen”. El Ministerio de Defensa le dijo a Pares que se están realizando ajustes al documento escrito de esta “Estrategia Integral e Interinstitucional para la Vida y la Paz”, el cual será entregado posiblemente en los próximos días.

Por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana La violencia homicida en Colombia se ubica entre las principales causas de mortalidad de las y los ciudadanos. Son múltiples los factores asociados a este tipo de violencia en el país, dentro de los cuales se encuentran condiciones del contexto político y social derivadas del conflicto armado y las economías ilegales. Este fenómeno representa un gran reto para la gestión territorial de la seguridad. En Colombia la tasa de homicidios para 2021 fue de 27,7 casos por cada 100.000 habitantes, la mayor en los últimos 3 años y la sexta a nivel Latinoamérica, con un total de 13.709 homicidios registrados en ese año. En lo que va de 2022 se han registrado 7.827 homicidios. Aproximadamente el 76% de los homicidios en Colombia se perpetúan con armas de fuego, lo que devela al porte de armas como un problema que necesita tratamiento en el país como forma de prevención de la violencia homicida. La sobremortalidad de hombres, la afectación diferenciada por la violencia homicida frente a población de identidad diversa y población migrante, los homicidios ejemplarizantes en contextos urbanos como forma de control social por parte de los grupos armados delincuenciales y otros fenómenos, son analizados en el presente informe :

Por: Guillermo Segovia Politólogo, abogado y periodista No es el título de una fábula. Me refiero a la primera intervención como presidente de la República de Gustavo Petro Urrego ante la Septuagésima Séptima Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, el 20 de septiembre, y al libro La izquierda al poder en Colombia, del analista León Valencia. Gustavo y León se encuentran en el arte de la palabra y la búsqueda de la democracia de veras, tras haber renunciado a las armas y haber luchado, cada uno a su manera, desde las letras y la tribuna, por el avance y el triunfo de la izquierda en las elecciones presidenciales, una de las grandes utopías del país por generaciones. A los dos los conozco de lejos, la situación óptima que aconsejaba Simón Bolívar para juzgar los hechos y los seres humanos. Según relata El País de España, el discurso de Petro partió de un borrador encargado por el presidente a Laura Sarabia, una reciente conocida que se ha hecho muy cercana y ganado su reconocimiento, y Antoni Gutiérrez Rubi, su publicista de cabecera, a partir de líneas generales. Luego tachó, quitó, agregó, enfatizó y mantuvo en secreto el texto que orientó su comparecencia: sentida, profunda, humanista, predictiva, proactiva y emocionante. Se tenía que decir y, de nuevo, Petro lo hizo: ¡paren esa guerra criminal contra las drogas, la selva y los campesinos, afrocolombianos e indígenas! ¡Protejamos el Amazonas, pulmón de la humanidad! ¡Hagamos del amor el antídoto contra las adicciones! ¡Reduzcamos el consumismo y profundicemos el humanismo! ¡No envenenemos más la atmósfera! ¡Salvemos el planeta! Internacionalistas serios y respetables como Juan Tokatlián y Arlén Tickner, a los que entrevistó al respecto y con los que coincidió María Jimena Duzán; María Emma Mejía, Mauricio Jaramillo Jassir, entre otros, destacaron la importancia de que un presidente latinoamericano se haya atrevido a elevar la voz para hacer exigencias que no por irrealizables en lo inmediato no sean necesarias y un deber moral de los países poderosos, y se potencie como líder de una Latinoamérica apocada en tiempos de crisis. Incluso, Sandra Borda, distanciada en lo político y crítica por la falta de pragmatismo, convino en la pertinencia del estreno de Petro en la ONU. El presidente asistió a un foro, a fijar posiciones que deberán transitar por el movimiento social mundial, las agencias multilaterales y los acuerdos bilaterales de estados. Por supuesto, la oposición innoble y mezquina no pudo ver más allá de sus odios, pachorradas, pastranadas y burradas. Resaltó en el tono del discurso de Petro en la ONU el eco de aquellos épicos de Fidel Castro en 1960 frente a la agresión y el histórico de 1979, en el que advirtió, en un momento en que aun siendo graves los problemas eran lejanas las angustias de hoy, que si no se tomaba conciencia y se hacían los correctivos necesarios a la explotación inclemente del hombre y la naturaleza “… si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico.” Se advierten también trazas de la angustia expresada en el hermoso, lírico, dramático y dolido discurso de Gabriel García Márquez al recibir el Premio Nobel de Literatura, hace 40 años, al hablar de “la soledad de América Latina”. Y también, de la intervención de Juan Manuel Santos para agradecer el Nobel de Paz en 2016, ese espaldarazo del mundo cuando el “no”, provocado por el engaño frente al plebiscito, hizo tambalear el acuerdo con las FARC. El presidente de Colombia, inspirado, con la agudeza que lo caracteriza para observar los problemas y pensar en soluciones progresistas, humanistas, retomó el hilo frente a la catástrofe que se padece e incrementará por la absurda guerra antidrogas, la ciega explotación de hidrocarburos, el hipócrita armamentismo, la fascinación capitalista por el consumo y el belicismo salvajes, y las implicaciones que todo eso tiene en el tercer país más bello del mundo y su “belleza ensangrentada”. Retórico, dicen sus opositores, risible sus malquerientes. Envidia, el patrimonio nacional del que hablaba Gabo. Algunos de los cometarios auspiciosos, para no conceder del todo, señalan ausencias o falta de énfasis, la paz tal vez la mayor. La razón podría estar en que Petro sabe que Naciones Unidas apoyó con entusiasmo los acuerdos con las FARC, que sobrellevó la hipócrita gestión internacional de Duque frente al tema y que en ese aspecto, en ella ya hay un aliado. De otra parte, su concepción de Paz Total apenas empieza a ambientarse en el país y enfrenta la obvia distorsión de los beneficiarios de una guerra eterna y la no disimulada soberbia del equipo negociador de Santos, liderado por Sergio Jaramillo, recelosos de que la nueva propuesta opaque los méritos de sus ejecutorias. Para alcanzar la paz no existen fórmulas exclusivas. Por todo eso, los énfasis de Petro tocaron otros aspectos de su ideario. ¿Cómo llegó al poder ese nervioso y vibrante orador que en su “primiparada” en Naciones Unidas llevó la voz de lo prometido a sus electores, despertó orgullo de muchos colombianos ilustrados y no pocos elogios en mentes cultivadas de varias partes del mundo? ¿Qué hizo posible que, a pesar de tanta sangre provocada por la cicatería de unas élites acostumbradas al privilegio y atizada con la insurgencia del dinero corruptor y criminal del narcotráfico -que dañó a todos por igual para dolor de un país en eterno duelo-, la terca y estoica izquierda colombiana llegara al gobierno? Son las preguntas que León Valencia intenta responder con el ensayo subtitulado “Petro y los secretos de la izquierda camino a la presidencia”, en parte memoria personal, en parte historia política contemporánea en la que gracias a su sagacidad y agudeza ha sido testigo y protagonista. En mucho autoconfirmación de la hipótesis de un ensayo anterior en la certeza de que Duque, y los otros desastres de los últimos años, llevarían a una coalición progresista a la Casa de Nariño y que esta debía actuar muy torpemente para perder la oportunidad, que casi pierde. No por tonta, sino porque el establecimiento prefirió jugársela por alguien que a todas luces no estaba en capacidad de dirigir el país, con tal de evitar el cambio. En síntesis: un prólogo inusual, el esperanzador y bello mensaje de apoyo de Pepe Mujica a Gustavo Petro en las elecciones de 2018, que perdió. Capítulo uno: Petro asustado ante el resultado en primera vuelta en 2022 le pide a León que interceda ante Sergio Fajardo para que lo apoye. Fajardo se niega. La petición es la consecuencia de una cercanía que comenzó cuando Petro del desmovilizado M19 llegó a la concentración de paz de la Corriente de Renovación Socialista, disidencia del ELN, donde estaba León, y sigue hoy, aunque, en las últimas presidenciales, ha optado primero por Fajardo para apoyar a Petro en segunda vuelta. Es honesto, lo dice sin rodeos. Como también lo que espera de Gustavo: que normalice la democracia, las transiciones, la alternación. Ojalá, si es el caso, con una derecha civilizada. Enseguida en el libro, una conexión extraña pero sugestiva, propia de León, el proceso de paz de Santos con las FARC y la victoria electoral de Petro son un momento comparable en sus efectos al Pacto de Sitges entre Alberto Lleras y Laureano Gómez que paró el desangre de La Violencia liberal-conservadora de los 50. Aclaración de por medio, que el excluyente Frente Nacional dio motivos para la siguiente guerra, el doble de sangrienta, en la que insurgieron guerrillas de siglas variopintas con identidades foráneas en el credo marxista caribeñizado en Cuba hasta la irrupción del M19 que con su lenguaje, símbolos y desmesuras, rompió la marginalidad del discurso rebelde. Luego, una vindicación de Belisario Betancur, su voluntad de paz aceptando el reto del “eme” y las FARC y la conclusión, en su favor, de que en la toma del Palacio de Justicia fue desplazado transitoriamente del poder. Continúa con el melancólico encuentro con el comandante del M19 Álvaro Fayad, en los días delirantes de la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, el elogio a su interés por la literatura, pasión común, y la prudencia ante sus desvaríos guerreristas. Capítulos adelante, las miserias del ejército en la lucha antisubversiva, la acumulación de fuerzas de las guerrillas a través de la movilización de masas en marchas y paros; la buena voluntad por arreglos con la insurgencia en los marcos institucionales de un presidente liberal, Virgilio Barco, enfermo y acorralado; y la ascendiente lucha social del año 89 convertida por las guerrillas alucinadas en la batalla final. Momento en que, por fortuna, algunas de ellas analizaron el contexto y tomaron la lúcida determinación de buscar una solución política que desembocó en la Constitución de 1991 y abrió el largo camino para el gobierno de las fuerzas alternativas. Luego, el reconocimiento del autor a César Gaviria como un neoliberal que siempre le ha abierto campo a la izquierda, al reformista Samper entrampado por la mafia y la presidencia infortunadamente negada por las circunstancias a un liberal auténtico como Horacio Serpa; el crecimiento y dominio infernal del paramilitarismo y su entronque con la política, cuya denuncia y aportes a la judicialización el autor reclama con justicia para sí y para quienes hicieron parte de sus equipos de investigación, para la batalla desigual y valiente de Gustavo Petro desde el Congreso y para la siempre serena y contundente actuación de Iván Cepeda Castro en favor de causas humanitarias. Trae a cuento, a finales del siglo XX y comienzos del XXI, con una buena cuota de sangre y sacrificios, los primeros triunfos independientes en gobiernos locales y cuerpos colegiados, el legado imperecedero de Mockus y la rebeldía política de los bogotanos, en un contexto latinoamericano de ascenso de fuerzas alternativas; la paz oportunista de Pastrana; la guerra de Uribe -con quien reconoce una relación ambigua entre cortesías y encontrones- exitosa en bajas y fatal en derechos humanos. Resalta la inflexión de Santos y el proceso de paz con las FARC, que contó con el decidido apoyo de la izquierda y abrió las compuertas al torrente progresista, cosecha del mayor nivel educativo de la población y un acumulado de luchas por la justicia social y la reconciliación, no exento de heroísmos y epopeyas. Para el colofón, León apela a sus charlas con el apreciado Pepe Mujica, quien con su sabiduría sentenció: a ustedes les falta un discurso heroico y con una guerra tan cruel en la que han sido parte, solo puede ser el de la reconciliación. Según León, fue el argumento que triunfó en la segunda vuelta electoral, el pasado 19 de junio, y que hoy lidera Petro en su esfuerzo pacifista. Victoria que, señala, se dio también gracias al errático gobierno de Duque, las complicadas circunstancias que lo rodearon y el decaimiento moral e intelectual de la derecha. Un libro bien escrito, desde el corazón y las vivencias, de un apasionado por el cambio que abrazó la lucha armada cuando lo suyo son las letras y rectificó a tiempo para ayudar a crear y celebrar el acontecimiento de la izquierda triunfante. En los últimos treinta años, sus análisis y reflexiones han sido provechosos para empujar el cambio hacia una democracia en mayúsculas. La pasión por escribir lo acompaña desde la adolescencia en los periódicos estudiantiles, los comunicados militantes, los ensayos políticos de la madurez y una vena literaria fluida puesta a prueba en novelas como Con el pucho de la vida y La sombra del presidente. Al final, no puedo contenerme en una conjetura: si el Partido Verde y Paz & Reconciliación, la fundación que dirige León, se hubieran jugado por Petro, en lugar de sostener su inviabilidad por “tóxico”, para favorecer el centrismo de Fajardo en las elecciones de 2018, ¿no nos habríamos ahorrado los cuatro años fatales de Duque? Claro, pesa también que entonces fueron esquivas, por decisión directiva, las mayorías liberales que hoy lo acompañan porque supo ganárselas. Suposiciones aparte, lo importante ahora es que todos estemos a la altura del momento histórico por el que soñamos, luchamos y nos tocó vivir, que, en buena medida, como lo sustenta el libro, es el resultado de la inteligencia, perseverancia y consistencia de Gustavo Petro. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis Cuando se dicen verdades de forma directa y clara, verdades que duelen porque expresan el sufrimiento humano y de las comunidades ultrajadas por décadas, el portador de esas verdades se pone en sintonía con un clamor colectivo y recibe su apoyo y gratitud. Eso es lo que ha ocurrido esta semana cuando el presidente Gustavo Petro ha dicho más de una verdad al mundo en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El discurso del Petro fue crítico frente a los países del mundo que demandan los narcóticos que se producen fuera de sus fronteras, en nuestro caso en particular la cocaína, de la cual somos los principales productores en el mundo y cuyos mercados están en el norte que nos ha impuesto la fracasada guerra contra las drogas, en la que juega papel nefastamente destacado los Estados Unidos. El presidente Petro igualmente criticó la cultura del hiperconsumismo y lo que ha denominado la adicción al petróleo y al carbón, fue duro y directo con esa cultura centrada en el tener y acumular y desechar, que bien sabemos que es insostenible y que en las últimas ocho décadas ha llevado a una amplia y extendida degradación ambiental, cuyo desequilibrio más grave es la crisis climática que puede llevar a la extinción de la humanidad si no se corrige el rumbo de la relación humanidad-naturaleza. Los mensajes que ha presentado Petro en la ONU no son novedosos, esos mensajes se vienen expresando desde la academia, la ciencia y el mundo social desde hace mucho tiempo. Recordemos el informe del Grupo de Roma, presentado a finales de los años sesenta y titulado: Los límites del crecimiento, ya en su momento este grupo de científicos llamaban a corregir el rumbo del "desarrollo" y a tener otra relación con la naturaleza que se alejara de la depredación y se estableciera en una relación respetuosa y de promoción de todas las formas de vida, no sólo la humana, bastante hostilizada hasta el presente. Con los mensajes que ha dejado ante el mundo el presidente Gustavo Petro, se erige como un referente intelectual y político para una acción transformadora, de las políticas que deben cambiar. Son muchas pero él ha priorizado dos: salir de la fracasada guerra contra las drogas y cambiar el rumbo de las economías haciendo la transición energética ineludible y con ella, repensar las economías, donde el norte del hiperconsumismo debe replantear su cultura y forma de vida para equilibrar tantas desigualdades y asimetrías con el sur, que sigue en sus búsquedas de vida digna y de derechos, y en donde Colombia le apuesta a importantes transformaciones por las cuales hoy es presidente Gustavo Petro. De los enunciados críticos a la acción transformadora hay un trecho de trabajo y de acción y eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante con el nuevo gobierno, que bien sabe que las transformaciones que requiere Colombia solo se pueden lograr en el marco de una acción mundial, donde Colombia y su gobierno pueden convocar y trabajar con América Latina y el Caribe para juntar propuestas y trabajo con África y Asia, y ser partícipes de un diálogo franco y propositivo con Europa, los Estados Unidos y el creciente influjo de China y Rusia como potencias mundiales que deben responder ante los enormes desafíos que tenemos como humanidad. Bien es cierto que somos una nación entre más de ciento setenta y a ese mundo enorme y diverso Petro le habló con la fuerza de un líder que sabe que interpreta y es vocero de un clamor social, que sabe que no se puede seguir viviendo en medio de políticas fracasadas y de estilos de vida insostenibles. Este gobierno, con seguridad, seguirá tejiendo una acción para crear nuevas realidades que transformen vidas y comunidades, como lo expresó de manera emotiva y lúcida nuestro presidente. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador Nacional Línea Democracia y Gobernabilidad La reforma política radicada en el Congreso de la República por el gobierno de Gustavo Petro destacó, en parte, por la ausencia de algún cambio con respecto al Consejo Nacional Electoral (CNE). Si bien se esperaba que el articulado final incluyera la posibilidad de crear una Corte Electoral, esto fue descartado y no se propuso ningún cambio sustancioso con respecto a la politización del CNE. Ya con la aprobación en el primer debate de la reforma política, esta avanzó con todo su articulado, salvo el que quitaba las facultades de la Procuraduría General para sancionar a servidores públicos de elección popular. Sin embargo, en la Comisión Primera del Senado no se dio ninguna proposición con respecto al máximo órgano electoral de Colombia. Pese a ello, en el Congreso todavía reposa la propuesta radicada por el senador Humberto de la Calle bajo el Proyecto de Acto Legislativo 15 de 2022 del Senado, que pretende modificar los artículos 116, 120, 126, 156, 197, 237, 264, 265 y 266 de la Constitución Política. Así, existe todavía la posibilidad de reformar la organización del órgano electoral. Sin embargo, este proyecto está a punto de caerse por falta de trámite, pese a poner de manifiesto la necesidad de despolitizar el CNE. Junto con la reforma política y antes de la reforma al Código Electoral, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se ha sostenido que se debe tratar primero la reforma a la arquitectura institucional. La confianza en el CNE recae sobre su despolitización y que este actúe como ‘puerta giratoria’ entre entidades como la Defensoría, Registraduría o el Congreso. La propuesta de una Corte Electoral de Humberto de la Calle El Proyecto de Acto legislativo 15 de 2022 pretende crear en la rama judicial una Jurisdicción Electoral y transformar el actual CNE en el Consejo Electoral Colombiano, separando las funciones de administración y supervisión, de las de investigación y dirimencia. - El Consejo Electoral Colombiano (CEC) Modificando el artículo 264 de la Constitución, este estaría integrado por cinco (5) consejeros, de los cuales cuatro (4) serían elegidos por las dos terceras partes del Congreso para un periodo de ocho (8) años. En cuanto al quinto consejero, que sería el presidente del CEC, su elección la harían los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado para el mismo periodo de tiempo. Para llegar a ser consejero, sería requisito no haber ejercido cargos directivos en organizaciones políticas, ni haber aspirado u ocupado cargos de elección popular dentro de los diez (10) años inmediatamente anteriores a su elección. Así, en términos generales, el propósito del CEC sería el de dirigir, organizar, administrar, vigilar y controlar los procesos electorales, el registro civil y la identidad de las personas. Eso incluye la regulación, control y vigilancia de la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, sin tener la facultad de dirimir controversias. - La Jurisdicción Electoral Por su parte, la Jurisdicción Electoral estaría compuesta por una Corte Electoral y Tribunales Electorales. La Corte Electoral tendría cinco (5) miembros permanentes que deben tener los mismos requisitos para llegar a ser magistrado de la Corte Constitucional. Si bien estos serían elegidos por el Congreso en pleno para un periodo de ocho (8) años, lo harían de cinco (5) ternas presentadas por la Corte Constitucional (2), el Consejo de Estado (2) y la Corte Suprema (1). La Corte Electoral entraría en vigencia a partir de 2026, cuando el actual CNE termina sus funciones y, mientras se implementan los cambios institucionales, los magistrados de la primera Corte Electoral serían los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Así, entre las funciones de la Corte estaría el resolver las controversias sobre la validez de la inscripción de candidatos a cargos de elección popular, reclamaciones sobre escrutinios, solicitudes de pérdida de investidura o del cargo y demandas de nulidad. Además, decidiría, previa acusación de la Procuraduría General de la Nación o de la Contraloría General de la República, sobre las sanciones disciplinarias o fiscales de funcionarios elegidos popularmente. La necesidad de un órgano electoral despolitizado en Colombia Como reseña Carlos Manuel Rosales, doctor en derecho y asesor en el Centro de Capacitación Electoral del Tribunal Electoral de México, a grandes rasgos se puede considerar que el sistema electoral latinoamericano se caracteriza por el establecimiento de tribunales electorales especializados para la resolución de conflictos electorales. Si bien varios países disponen que esa función sea realizada por un órgano de carácter administrativo, como Colombia, han predominado los tribunales ordinarios u órganos jurisdiccionales especializados. Eso tiene como trasfondo que los ejes rectores del sistema electoral se fundamenten sobre los principios de autonomía, imparcialidad, legalidad e independencia electoral. El más importante, la independencia, implica que a nivel jurisdiccional los jueces no estarán sometidos a alguna instancia “jerárquica, política, administrativa, económica, burocrática o de cualquier orden, pues la esencia del ejercicio de su función es la libertad para actuar, sin tomar en cuenta ningún elemento que no sea la ley”. A partir de la independencia es que se coliguen algunos otros principios como la imparcialidad y la autonomía. Así, la independencia en materia electoral implica que los órganos jurisdiccionales realicen sus procesos de deliberación y toma de decisiones, exclusivamente, conforme al imperio de la ley. Hasta ahora, el CNE no ha gozado de independencia, lo cual se ha traducido en que se preste para intereses partidistas. Esto responde a la misma forma de elección de los magistrados, en la que se presentan candidatos por cada partido con representación en el Congreso, para luego ser elegidos por el Congreso en pleno. Eso implica, entonces, una politización completa de este órgano electoral. Así, la politización y falta de independencia se traducen acciones e injerencia. Por poner esto de manifiesto, los magistrados del CNE para el periodo 2018-2022 archivaron dos investigaciones contra dos expresidentes. La primera de ellas fue el archivo de la indagación preliminar contra la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Esta indagación comenzó luego de la declaración de Andrés Sanmiguel Castaño en la que señaló que dicha campaña no había reportado ingresos al CNE provenientes de Odebrecht. Cabe recordar que Sanmiguel Castaño fue imputado por enriquecimiento ilícito en contratos ficticios, por suscribir un contrato ficticio para que la concesionaria Constructora Ruta del Sol ConSol transfiriera $3.894 millones a la cuenta de su empresa Gistic Soluciones Integrales S.A.S. Pese a sus declaraciones, el proceder del CNE fue insuficiente y se procedió al archivo. La otra investigación fue la abierta en contra de Iván Duque, luego de ser denunciado por la exsenadora Aída Merlano de recibir $6.000 millones no reportados de Julio Gerlein. Además, señaló que con ese dinero se habría realizado la compra de votos. Pese a ello, la decisión del CNE fue archivarla. Además, ha servido de plataforma para que políticos continúen su carrera. Nada más en el periodo 2018-2022, Jorge Rozo, por Cambio Radical; Hernán Penagos, por la U; y por los conservadores, Heriberto Sanabria, habían sido congresistas y saltaron a este órgano electoral. De forma similar, Cesar Lorduy, de Cambio Radical, Martiza Martínez, de la U, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, habían sido congresistas en el periodo anterior. Así, se ha vuelto un órgano de ‘rapiña’ para los partidos políticos, por la vigilancia, inspección y control total de la actividad electoral. Aparte, presuntamente también es utilizada a manera de ‘pago de favores’, como se puede ver con el caso de Álvaro Hernán Prada. Como registró Pares, Prada tiene abierto un proceso en la Corte Suprema de Justicia, pero con su elección su caso pasaría a la Fiscalía General de la Nación, ya que los magistrados no tienen un fuero especial. Aquí cabe mencionar que la investigación por la que ya fue llamado a juicio se enmarca una aparente manipulación de testigos en el caso de Álvaro Uribe. A Prada se le atribuye haber buscado que Juan Guillermo Monsalve se retractara acerca de sus afirmaciones sobre presuntos nexos entre Uribe y su participación en la creación del llamado Bloque Metro de las autodefensas y que hiciera señalamientos falsos en contra del senador Iván Cepeda. Aunque previo a la elección fue ampliamente difundido, la bancada del Centro Democrático votó por Prada y le aseguró su puesto en el CNE. Ese tipo que acciones son las que hacen cuestionar la independencia del CNE, a lo que habría que sumar que Colombia es uno de los pocos países en América Latina que no cuenta con un órgano electoral que vigile e inspeccione la actividad electoral. Colombia, Nicaragua y Venezuela, los únicos sin órganos electorales independientes en Latinoamérica Siguiendo precisamente esos criterios de independencia a la hora de tomar decisiones en materia electoral es que una gran mayoría de países latinoamericanos cuentan con un tribunal o una corte para dirimir conflictos sin una influencia política. Sin contar el caribe insular, solo Nicaragua, Venezuela y Colombia son los únicos países en la región que no cuentan con un órgano independiente que dé confianza institucional y democrática respecto a sus decisiones. Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación (Pres=. Línea Democracia y Gobernabilidad - Argentina – Cámara Nacional Electoral Creada con la Ley 19.108 de 1971, está compuesta por tres (3) jueces que no pueden haber ocupado cargos partidarios en los cuatro (4) años previos a su elección y quienes deben cumplir los mismos requisitos de todos los magistrados federales. Su función pesa sobre la dirección y fiscalización del Registro Nacional de electores, Registro Nacional de Afiliados de los Partidos Políticos y supervisar y dirimir con respecto a los delitos electorales. Por otro lado, existe la Dirección Nacional Electoral bajo el Ministerio del Interior, que se encarga de la administración electoral y su carácter es netamente administrativo. - Chile – Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) Este tribunal nació con la Constitución Política chilena de 1925, la cual creó un tribunal especial para ser jurado en la apreciación de los hechos y sentenciar. Está compuesto por cinco (5) miembros, elegidos por sorteo de entre individuos que hayan desempeñado los cargos de presidentes o vicepresidentes de la Cámara de Diputados por más de un año (1); individuos que hayan desempeñado los cargos de presidentes o de vicepresidentes del Senado (1); los individuos que desempeñen los cargos de ministros de la Corte Suprema (2), y los individuos que desempeñen los cargos de ministros de la Corte de Apelaciones de la ciudad donde celebre sus sesiones el Congreso (1). Aparte existe el Servicio Electoral de Chile (Servel), cuya función es de administración y supervisión de los procesos electorales. Es un órgano independiente y autónomo, cuyo Consejo Directivo está compuesto por cinco (5) consejeros elegidos por dos tercios del Senado y designados por el presidente. - Perú – Jurado Nacional de Elecciones Este órgano colegiado tiene como función jurisdiccional administrar la justicia en materia electoral, dirimiendo conflictos en materia de inscripción de candidatos, declaración de nulidades y proclamación de resultados, a la vez que fiscaliza los procesos electorales. Su composición es de cinco (5) miembros que corresponden a la Sala Plena de la Corte Suprema (1), Junta de Fiscales Supremos (1), Junta de Fiscales Supremo (1), Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas (1) y Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas (1). Por su parte, el órgano encargado de organizar y ejecutar distintos procesos electorales es la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), cuya estructura no es colegiada, sino jerárquica. Tiene una Jefatura Nacional, la cual la compone una persona nombrada por el Consejo Nacional de la Magistratura. - Bolivia – Órgano Electoral Plurinacional (OEP) / Tribunal Supremo Electoral (TSE) La OEP es uno de los órganos estatales con la misma jerarquía que el legislativo, ejecutivo y judicial. Se encarga de administrar el registro cívico, los procesos electorales y la justicia electoral, a la vez que fiscalizar las organizaciones políticas. La máxima autoridad del órgano es el TSE, cuyas funciones principales son de organizar y administrar el Registro Civil y el Padrón Electoral; resolver los trámites administrativos, técnico-electorales y contencioso-electorales de su conocimiento; y organizar, administrar y ejecutar procesos electorales. El TSE está compuesto por siete (7) vocales, de los cuales seis (6) son elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Pese a ello, los candidatos no son presentados por las organizaciones políticas, sino que se realiza una convocatoria pública. Además, para continuar el proceso, se requiere tener unos mínimos en materia de formación académica y de experiencia, junto con no haber militado, haber sido dirigente o candidato los últimos cinco (5) años en una organización política. - México – Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) El TEPJF es el órgano “encargado de resolver controversias en materia electoral, proteger los derechos político-electorales de las y los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral”. Su Sala Superior está compuesta por siete (7) magistrados que son propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y elegidos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. En cuanto a la administración electoral, en México existe el Instituto Nacional Electoral (INE), cuya función principal es la de llevar a cabo las elecciones federales y emitir la credencial para votar. El Consejo General del INE cuenta con once (11) integrantes, elegidos por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. En este órgano es que los partidos políticos llegan a tener representación, toda vez que cada fracción parlamentaria representada en el Congreso y representantes de cada partido con reconocimiento legal tienen voz, aunque sin voto, en el Consejo General. Además de los mencionados, en Centroamérica está Costa Rica, con el Tribunal Supremo de Elecciones; Guatemala, Honduras y El Salvador con un Tribunal Supremo Electoral; y Panamá con el Tribunal Electoral, todos cuentan con órganos independientes en materia de justicia electoral y resolución de conflictos. A su vez, en Sudamérica, Paraguay cuenta con el Tribunal Superior de Justicia Electoral; Ecuador con el Tribunal Contencioso Electoral, Uruguay con la Corte Electoral y Brasil con el Tribunal Superior Eleitoral, los cuales se circunscriben a este diseño institucional. - La cooptación institucional del CNE en Venezuela y del CSE de Nicaragua Como ya ha registrado Pares en diversos momentos, en Venezuela existe una completa cooptación institucional del Consejo Nacional Electoral (CNE). De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) el CNE está integrado por cinco (5) Rectores Electorales designados por la Asamblea Nacional (AN). Si bien presenta similitudes con el proceso de elección colombiano, sí se establece a nivel legal que es un requisito no tener vínculos con organizaciones con fines políticos, aunque no determina una temporalidad. De todas formas, el CNE ha sido un órgano en el que el PSUV, al controlar la AN, ha manejado, colocando personas afines al régimen. Sin embargo, tras las fatídicas elecciones parlamentarias para el oficialismo en 2015, en la que perdió las mayorías en la AN, el CNE se enfrentó a su mayor cooptación posible. En 2020, tras la demanda de unos diputados oficialistas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó una nueva designación del CNE, que estaba nombrado para el periodo 2016-2023. Ante esa solicitud, la AN de minoría oficialista se negó, por lo que el TSJ designó a los integrantes de este órgano electoral, pese a no ser su función constitucional, hasta 2021. Para 2021, tras las elecciones parlamentarias de 2020 en las que el oficialismo recuperó las mayorías en la AN, se realizó un nuevo proceso de designación de Rectores Electorales, todos con un origen partidista y con tres (3) de cinco (5) con vínculos con el PSUV. Por su parte, el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua está compuesto por siete (7) magistrados, que deben ser elegidos por el voto del 60% de los diputados de la Asamblea Nacional. Sobre estos no pesa alguna disposición sobre la militancia en alguna organización política o requisitos de no haber sido candidatos. Su propósito es el de organizar, dirigir y supervisar las elecciones electorales. El Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua tiene completo control sobre el CSE, en razón también a su control sobre el legislativo y el ejecutivo. Por ello, diversos informes desde comienzo de los 2000 han hecho el llamado de alerta a la falta de independencia del CSE. De esta forma, Colombia debería avanzar en materia de independencia del órgano electoral, para garantizar que los actos electorales sean investigados, juzgados y resueltos de manera oportuna. Además, se pone de manifiesta la necesidad de una jurisdicción especializada en materia electoral y no que recaiga esta labor en lo contencioso administrativo.