Por: Guillermo Segovia Mora Abogado y politólogo Si algún tema reclama con urgencia la atención de quienes aspiran a regir los destinos del país y de quienes —organizados o no— les apoyan, ese es, sin duda alguna, la administración de justicia: un asunto al que muy poca atención —salvo algunas salidas oportunistas— le han prestado la miríada de candidatos en lista. Ni la izquierda agrupada en el Pacto Histórico, que busca electoralmente referenciarse como la opción por la vida, ni el centro ni la derecha plantean reformas fundamentales para rescatar la justicia de su desprestigio y, en el caso de la instrucción penal, de estar al servicio del Gobierno, sus causas y aliados. En los 60 puntos que esbozó Alejandro Gaviria para oficializar su aspiración, la justicia, no como valor, sino como conjunto de normas, procedimientos e instituciones para garantizar la vida en convivencia y formas civilizadas de relación entre las personas bajo estándares de igualdad, transacciones éticas y consenso sobre conductas reprobables y penas consecuentes, en el marco de la garantía de derechos, está ausente. En otra orilla, la última salida sobre el tema del expresidente, imputado penalmente, Álvaro Uribe Vélez, es de un cinismo pasmoso: aprovechar la coyuntura que ofrece una justicia transicional pactada entre partes negociantes para poner fin a un conflicto, y acotada en su alcance a los ámbitos del mismo, para sacar provecho, simulando pendientes judiciales propios con la preocupación por asimetrías que solo es posible deducir si se desconoce la fundamentación del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP. La Fiscalía General de la Nación (novedad con la que los constituyentes de 1991 apuntaban a superar la impunidad tradicional, copiando a las malas el sistema penal acusatorio estadounidense) se convirtió en un fracaso al hacer depender la elección de su cabeza de los intereses presidenciales, al tener el Ejecutivo la facultad de ternar, ante la Corte Suprema, sus personas escogidas. Si no desde el comienzo, los últimos fiscales han demostrado estar al servicio del Gobierno o de los poderes que manejan el país. El actual fiscal convirtió la entidad en una vitrina ególatra. Las últimas actuaciones del ente acusador muestran parcialidad, intenciones de obstruir otras instituciones de la justicia, propósitos políticos persecutorios o favorecimientos al servicio del partido de gobierno y de los intereses presidenciales. Lo demuestran, entre otros, los intentos torpes de judicializar a la alcaldesa de Bogotá y al candidato presidencial Gustavo Petro, o las polémicas imputaciones al también candidato Sergio Fajardo, el favorecimiento a Uribe o la solicitud de imputación de responsabilidad al general retirado Mario Montoya, excomandante del ejército en el Gobierno de Uribe, por los asesinatos de civiles, en detrimento de las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz. Si bien la rama Judicial, en su cúpula, está integrada por magistrados postulados y cuotas de filiación partidista, históricamente, esta situación ha logrado solventarse al centrarse la discusión de los temas en principios y corrientes jurídicas, en un sano debate zanjado por votaciones mayoritarias y guiado por la Constitución. Pero el funcionamiento de la rama no está exento de casos de corrupción y de la compraventa de lealtades y puestos a cambio de favorabilidades. No pocas veces se aprecia falta de sindéresis, incongruencias perjudiciales a los ciudadanos y las ciudadanas de menores recursos, ductilidad en sus lineamientos éticos, e instrumentalización por los poderosos. Dos casos recientes ilustran el descalabro al que ha conducido el peso del poder político, económico y mediático a la administración de justicia y a la credibilidad de la ciudadanía en su sistema judicial. Álvaro Uribe Vélez, enardecido por las acusaciones fundamentadas que en un debate parlamentario le hizo el senador Iván Cepeda, optó por llevar la rencilla a los estrados. Denunció al senador ante la Corte Suprema por manipulación de testigos y fraude procesal. Después de una ardua investigación, esa instancia concluyó que las cosas eran al revés y determinó la detención preventiva del expresidente. Uribe acudió a la misma Corte que fue espiada por orden de funcionarios de su Gobierno, razón por la cual los tribunales acaban de ratificarles condenas. En una maniobra a todas luces tramposa para zafarse de esa instancia, el senador Uribe renunció a su calidad de congresista, lo que (gracias a una argucia legislativa oportunamente aprobada a favor de los parlamentarios) posibilitó que el caso pase a la jurisdicción ordinaria con la Fiscalía como ente acusador. Mal ejemplo que han seguido otros de sus copartidarios o simpatizantes (Prada, Pulgar y recientemente Ballesteros). La maniobra se da justo en la circunstancia en que el fiscal General de la Nación es amigo del Presidente de la República —a la vez pupilo del imputado— y fue elegido bajo esa condición en un desliz complaciente y reprochable de la Corte. El fiscal Francisco Barbosa, nominado por el presidente con subrayado, puso en manos de un subalterno uribista —el fiscal coordinador Gabriel Jaimes, ficha de la ultraderecha— el caso Uribe y, como era de esperarse, este solicitó que se archivara el proceso por falta de evidencia. Esto después de que la Corte mantuvo en detención domiciliaria al imputado por suficiente acerbo probatorio. El asunto no se ha concluido porque los juristas de la contraparte no renuncian ante semejante aberración disfrazada de garantismo y aupada por medios de comunicación partidistas. Otro caso: el de la joven Daneidy Barrera, quien se hizo famosa con la expresión “Epa”, a través de las redes sociales, aprovechando una habilidad que no es común: la extroversión y el desafío como alternativa para lograrse un lugar de figuración. Mediante extravagancias y provocaciones lo logró, pero en su último intento de atraer la atención, en el marco de protestas ciudadanas en 2019, causó daño en bien público en forma deliberada y manifiesta, destruyendo elementos del sistema de TransMilenio en Bogotá y transmitiendo de manera provocadora su acto vandálico. Al tratarse de un hecho de conocimiento público, la primera sanción judicial fue prohibir el uso de sus cuentas en redes y una pena menor —pero en el nivel jerárquico— ante una selección de acusación precipitada con indudables pretensiones efectistas de la Fiscalía —para mostrar, debido a los cuestionamientos a su eficiencia, drasticidad frente a las movilizaciones y protestas, la sanción fue agravada—. Recientemente, el Tribunal Superior de Bogotá determinó, para Daneidy Barrera, una multa elevada y una pena de prisión no excarcelable bajo la discutible y politizada sindicación adicional de terrorismo —es claro que lo de “Epa” era exhibicionismo publicitario—. El exabrupto puede enmendarse al resolverse el recurso presentado por los abogados de Barrera con la corrección de la calificación del delito y la desproporcionada pena impuesta. En esta situación se hizo evidente la falta de coherencia del sistema judicial y de los dirigentes políticos y sus militancias, pues frente al hecho objetivo de una conducta violatoria sancionada por la ley, se permitieron la polémica partidista. Desde la Fiscalía y el Tribunal quisieron darle un mensaje a las “primeras líneas” de protesta (a las que no pertenece Barrera) de lo que les espera en el sistema judicial; y, desde cierto sector de izquierda que quiso atraerla, se pretendió hacer de la trasgresión un motivo de impugnación del aparato judicial por parcialidad clasista, desconociendo que, en los hechos, esta persona cometió conductas repudiables, previstas y sancionadas por el Código Penal. Cuestión muy distinta a la planteada por el candidato presidencial Gustavo Petro frente a las acusaciones contra manifestantes judicializados por desmanes, que en su concepto no pueden calificarse de terrorismo por tratarse, esos sí, de “delitos con fines políticos”, dado que fueron cometidos en el marco de la protesta social. Para no dejar duda sobre el despelote en que se ha convertido la justicia en manos de la politiquería, luego de un atraco del que su padre fue víctima, sin evidencia que pruebe relación con los hechos que le son imputados, la señora Barrera, en una hábil maniobra propagandística con el fin de lograr que la orden judicial en su contra quede engavetada, se reunió con el también imputado —y a punto de ser exculpado— expresidente Álvaro Uribe, según manifestó, “en busca de protección, amiga”. Es decir, acudió a rogar seguridad a un particular, reforzando en el imaginario colectivo la efectividad del poder de las influencias y la incapacidad del Estado de garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. El expresidente Uribe, conmovido por la visita de Daneidy y urgido por su caída de imagen y el derrumbe de su delegado en la Presidencia, elogia los propósitos de la emprendedora, evita responder por qué apoya una transgresión de la ley o la minimiza haciendo comparaciones amañadas —hay otros delincuentes mayores que ostentan una curul, dice— y tergiversando el sentido de la justicia transicional acordada con las FARC-EP. Además, propone una amnistía general, excepto para delitos de lesa humanidad y corrupción (todo no se puede), generalidad que encubre el objetivo de beneficiarse él y todas las personas involucradas en los delitos cometidos durante sus mandatos como gobernador y presidente (por lo conocido, más graves que la mayoría de los que serían amnistiados). Los elogios del expresidente Uribe a la emprendedora por su tesón para salir adelante están inspirados en la meteórica carrera empresarial de sus hijos, horizonte que ilumina a la “influencer” también velozmente enriquecida a punta de keratina. El apoyo desde la Presidencia de su padre para que los jóvenes Uribe se enriquecieran en emprendimientos con ventaja es aleccionador, mas, las cifras y los hechos demuestran, difícil de repetir. Desde el poder se puede todo: cambiar el uso de tierras, ejecutar proyectos de reciclaje de origen oficial, exportar artesanías con promoción de entidades públicas, comerciar con chatarra y ajustar todo a la formalidad legal para sacar provecho fiscal, ser multimillonarios constructores y tributar por lo bajo. De paso, hay que mencionar el escándalo de la contratación de Internet para zonas rurales por el MinTIC, develado por la acuciosa periodista Paola Herrera, en el que la ministra Abudinen, cuota del ´clan Char´ de Barranquilla, obligada a renunciar por la presión pública y el demoledor debate de moción de censura de la oposición, asumió una descarada defensa de un proceso a todas luces irregular en el que, si bien hasta ahora no se la puede acusar de apropiación de recursos, sí se le puede cuestionar por negligencia, impericia y falta de debido cuidado. Factores que favorecieron una red criminal con posibles anclajes políticos —como ilustró el congresista Germán Navas—. Este y los otros casos descritos demuestran las ventajas y los amplios márgenes de actuación frente a la justicia que permite el ejercicio pervertido del poder. “De cuándo acá el funcionario tiene que responder más allá de la ley”, dijo el entonces ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, ante los cuestionamientos éticos en contra de miembros del Gobierno en el debate por el favorecimiento a los hijos de Uribe en la zona franca de Mosquera. Una reforma profunda al sector justicia clama el país. La elección del fiscal, las cabezas de los órganos de control y los magistrados de las altas cortes no pueden depender del presidente de la República y sus intereses. La rama Judicial debe recuperar su independencia y resguardarla con gente proba, exige modernización y garantizar ecuanimidad y pulcritud en sus actuaciones. La Fiscalía exige un replanteamiento total para que la investigación criminal no sea vista como un favor al Gobierno y sus amigos o una trampa contra los adversarios. La justicia debe estar libre de la politiquería. Los sectores alternativos tienen un gran desafío sobre qué van a plantearle al país al respecto. No más justicia a la medida del cliente, para los de ruana, ni según quien manda. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Guillermo Segovia Mora Politólogo, abogado y periodista La “Semana Santa” representa para la comunidad católica, mayoritaria en Colombia, unos días de reflexión, confesión y perdón alrededor del sacrificio de Jesús, un hombre que propagando amor a la humanidad cuestionó el poder y sus abusos, y pereció bajo la crueldad del látigo, la tortura y la muerte lenta, angustiosa y envilecedora de la crucifixión, como castigo del imperio romano a su rebeldía, ante la mirada impotente pero esperanzada de sus seguidores en una nueva oportunidad para construir un reino de justicia. Con todo lo abominable del episodio, Jesús fue sometido a juicio y sentencia bajo normas imperantes. Poncio Pilatos se lavó las manos -como tantos jueces y gobernantes han hecho a lo largo de la historia- para dejar el veredicto, la condena y el lastre a la muchedumbre de malquerientes, alienados y fanatizados. No fue un “falso positivo”. Lo fueron, en cambio, 6.402 jóvenes atraídos con engaños para ser asesinados y presentados como bajas en combate por miembros de las fuerzas armadas -para obtener prebendas establecidas por el gobierno como estímulo a una mayor letalidad en la lucha contrainsurgente en el marco de la “seguridad democrática” del gobierno de Álvaro Uribe-, según un primer balance de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En desarrollo del macro caso 03 'Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado', abierto por la JEP para juzgar esa aberrante práctica, en julio de 2021, la Sala de Reconocimiento de la JEP les imputó a 25 miembros del Ejército y un tercero civil los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada que también constituyeron crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada y el crimen de guerra de homicidio. La JEP concluyó que “los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos ‘en combate". Tras conocerse la imputación, 22 de los 26 comparecientes reconocieron verdad y responsabilidad por los crímenes imputados por la Jurisdicción. Entre el 18 de agosto y el 9 de noviembre de 2021, tanto los 11 imputados de la Brigada Móvil 15 (BRIM15) y el Batallón de Infantería No. 15 'General Francisco de Paula Santander' (BISAN) vinculados a los hechos de El Catatumbo (Norte de Santander), como 11 de los 15 imputados del Batallón de Artillería No. 2 La Popa (BAPOP) vinculados a los hechos de la Costa Caribe, presentaron su escrito de reconocimiento ante la JEP, por el asesinato de, al menos, 120 personas en estado de indefensión en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, y 127 víctimas más en departamentos de la Costa Caribe. En diciembre, la JEP dio a conocer que en sus escritos de reconocimiento por los crímenes cometidos en El Catatumbo y en la Costa Caribe, el general ( r ) Paulino Coronado -llamado a responder como autor a título de “comisión por omisión” por la muerte de 55 personas- y once oficiales más, seis suboficiales, tres soldados y un tercero civil reconocieron de manera individual y voluntaria su participación en los hechos, ampliaron sus versiones, ratificaron su compromiso con la JEP, pidieron perdón y manifestaron su voluntad de reconocer verdad y, en algunos casos, aportaron nuevas pruebas y entregaron información de interés a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, comandantes del Batallón La Popa durante los años 2002 y 2004 y 2004 y 2005, negaron su responsabilidad y por lo tanto fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP para que, de encontrar mérito para ello, siga el proceso adversarial. De ser vencidos en juicio, Mejía y Figueroa podrían ser condenados hasta con 20 años de cárcel. El mayor retirado Guillermo Gutiérrez Rivero, quien se desempeñó como oficial de operaciones del BAPOP y uno de los uniformados de más alto rango imputados por los hechos de La Popa (Costa Caribe), al comienzo reticente, en un giro a su posición, manifestó: “Reconozco mi responsabilidad por contribuir al conflicto armado en vez [sic] de la paz, como me lo mandaba mi cargo público y mi deber como ciudadano. PIDO PERDÓN a cada uno de los ciudadanos víctimas de mi acción, a quienes reconozco como personas dignas y sujetos de derechos vulnerados y me comprometo a repararlos, aportando toda la verdad que conozco sobre estos homicidios". La postura más significativa, por ser el oficial de más alto rango, es la del brigadier general Paulino Coronado Gámez, antiguo comandante de la Brigada 30, quien, en sus primeras reacciones a la imputación de la JEP, manifestó desconocer la existencia de los mal llamados “falsos positivos” pero, en diciembre de 2021, en su escrito de reconocimiento “por omisión”, presenta afirmaciones que dejan entrever desazón con la situación particular -fue desvinculado en 2008 tras estallar el escándalo-, responsabilidades superiores criminales al desligar los objetivos de combate de los estándares humanitarios y un cuestionamiento al mando civil que en búsqueda de objetivos políticos pretermite deberes constitucionales y legales. En lo que bien podría llamarse “la confesión de Coronado”, el militar retirado expresó: “Presento mis sentimientos de perdón por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos (...), conllevando al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes, dejando profunda desolación entre sus seres queridos, a quienes ofrezco mi absoluta disposición para contribuir en el esclarecimiento de la verdad, como medio reparador". “Como lo he expresado ante los honorables magistrados, quienes lo contrastaron, nunca ordené, planeé o instigué la muerte de ninguna de las víctimas causadas por los miembros del Ejército; pero, como una obligación con mi familia, las víctimas y el país, he decidido aceptar la responsabilidad a título de omisión en tales hechos". “El reconocer mis falencias me permite hacer un llamado a los líderes de nuestro país, a todos, sin distingos de color político, de estrato social, de jerarquía o religión, para que asumamos los errores que hemos cometido por omisión de nuestra condición de garantes, por darle la espalda a la realidad, pensando que, si no lo vimos o no dimos la orden, no es de nuestra incumbencia”. “Hoy entiendo que gran parte de la tragedia que vive nuestro país, y que continúa desangrándonos y desmoronando nuestra integridad como Nación, no es culpa únicamente de los que en forma directa destruyen la vida y los sueños, motivados por la codicia y el odio, tampoco de quienes dan las órdenes sin ensuciarse las manos; sino, también, de todos los que hemos tenido el mando y el poder para ir más allá de las obligaciones escritas, como funciones y protocolos, y no lo hicimos, o lo realizamos tardíamente”. "Durante años he visto a nuestros líderes haciendo afirmaciones tales como: 'no lo sabía', 'no lo vi', 'no era mi responsabilidad', 'fue a mis espaldas', 'tenía un velo en los ojos', 'me arropaba con la tricolor', 'me unía al espíritu de cuerpo institucional'. Estas disculpas son funestas, deslucen y opacan la verdad”. Luego de trasladar a las víctimas acreditadas y al Ministerio Público las manifestaciones de reconocimiento de los comparecientes, de animar un encuentro de víctimas y victimarios con efectos restaurativos y consultar a las víctimas sobre sus experiencias, valoración del daño y posibilidades de reparación, la Sala de Reconocimiento fijó para los días 26 y 27 de abril de 2022, en la ciudad de Ocaña -a petición de las víctimas pos su valor simbólico-, la primera Audiencia para el Reconocimiento de Verdad y Responsabilidades por los exmilitares involucrados en ejecuciones extrajudiciales. “El objetivo es que en estos encuentros entre víctimas y responsables se explore avanzar en el restablecimiento de los tejidos sociales que los crímenes graves y masivos rompieron.”, señala la JEP. No obstante los ataques del uribismo a la justicia de paz por supuesta parcialidad a favor de las Farc, sus intentos de desanimar a los miembros de la fuerza pública a comparecer para contener verdades, su negación contraevidente de hechos reconocidos por los ejecutores quienes a la vez señalan la responsabilidad de altos mandos y gobierno, este primer encuentro de víctimas y victimarios puede demostrar que lograr verdad, justicia y reparación, es posible. Que como sociedad podemos impedir que otra época de “falsos positivos” se vuelva a repetir. Posdata: Hechos como la muerte de 11 civiles, incluidos niños, en una acción que el gobierno y el ejército intentan justificar ante las denuncias de la comunidad de que se trató de una masacre, aplastan cualquier ilusión. No obstante, el caso de El Remanso no hace parte de situaciones competencia de la JEP. De comprobarse constituye un crímen de guerra en el ámbito penal nacional e internacional. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Desde hace seis semanas comenzó a construirse en Colombia el rompecabezas de la paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Son varios los actores que hasta el momento han manifestado su respaldo completo y decidido al reinicio de los diálogos de negociación con la última guerrilla del continente. Hacen parte de este grupo visible de amigos de la paz –hasta el momento– el Gobierno Nacional, la Iglesia Católica y la Comunidad Internacional. El primero en manifestarse fue, por supuesto, el Jefe de Estado, Gustavo Petro, a quien le corresponde la responsabilidad constitucional de iniciar o no este tipo de procesos. Desde el primer día de mandato presentó su propuesta de construir una Paz Total para el país. Abriendo con ello, una inmensa ventana de oportunidades para el reinicio del proceso con el ELN, la cual estuvo cerrada por casi cuatro años durante el gobierno de Iván Duque. Como muestra de su apuesta decidida por la paz, el Gobierno Nacional hizo dos cosas: mandó una delegación de acercamientos a La Habana, Cuba, compuesta, entre otros, por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Duran, y por el Alto Comisionado de Paz, Camilo Rueda, para que le dejaran claro a la contraparte el deseo de negociar la paz durante su gobierno. Además, expidió un decreto que levantó las órdenes de captura y de extradición de la delegación de paz del ELN que se encontraba en el exterior. Lo que significó, también, la reactivación de los protocolos firmados entre el Estado y esta organización y que les permite a los delegados de la insurgencia regresar al país para hacer las consultas y ajustes necesarios para decidir si desean o no continuar con el proceso. Un segundo actor que se sumó a la defensa de la paz con esta guerrilla ha sido la Iglesia Católica. Desde 2021 esta organización delegó a varios miembros como gestores de paz, entre ellos al padre Luis Mariano Montemayor y a Monseñor Héctor Fabio Henao. Y este año la Conferencia Episcopal de Colombia, en su asamblea anual, decidió apoyar la salida política negociada al conflicto colombiano con el ELN, convirtiéndose en ficha clave para reabrir los diálogos y permitir las negociaciones en el país. De manera similar también se unió a este grupo de amigos de la paz la Comunidad Internacional. A través de Carlos Ruiz Massieu –quien encabeza la Misión de Verificación en Colombia– la Organización de las Naciones Unidas manifestó su interés en hacer seguimiento y acompañar las voluntades de las partes para reanudar la mesa de conversaciones. Apoyo internacional que nunca se ha ido y que ha quedado claro con la presencia de países garantes como Cuba y Noruega. Un importante actor internacional que se unió la semana pasada es el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Luego de que el Gobierno colombiano mandara la delegación diplomática y anunciara la reapertura de la frontera y las relaciones comerciales, el país vecino aceptó la invitación de unirse al grupo de países garantes del proceso de paz. Un interés que se acrecienta con la idea que maneja el ELN de ser una guerrilla binacional. Finalmente, se le han unido otros actores, entre ellos, un grupo de políticos que desde el Congreso de la República vienen presentando y defendiendo la idea de Paz Total. Han sido muy visibles el presidente del Senado, Roy Barreras, y el presidente de la Comisión de Paz del Congreso, Iván Cepeda Castro, al igual que muchos de los miembros del Pacto Histórico. Sin embargo, aún faltan más actores importantes por involucrarse. El primero de ellos, por raro que parezca, es el mismo ELN. Luego de la suspensión de las órdenes de captura, la delegación de paz que estaba en Cuba regresó al país con el objetivo de hacer las respectivas consultas internas sobre la conveniencia de retomar los diálogos con el Gobierno y para recoger los consensos sobre los temas de la agenda, los miembros de la nueva comisión negociadora y las responsabilidades de representación. Esto significa que un actor clave que debe involucrarse en la construcción de la paz es el mismo ELN. Deberá ser su Comando Central (COCE), sus mandos medios y toda su conglomerado de estructuras regionales –con distintos niveles de desarrollo y autonomías– los que deberán entrar pronto a demostrar su voluntad real, tal como lo hizo el Gobierno Nacional. Se espera con ilusión que esta decisión colectiva de retomar el camino de la paz se tome de manera rápida y segura. Y el segundo actor relevante que debe manifestarse colectivamente y rodear el proceso e involucrarse en él es la sociedad civil. A pesar de que algunos académicos y líderes de opinión han manifestado su deseo del reinicio de las negociaciones, faltan por hacerlo muchas organizaciones de la sociedad, pues sin ellas este proyecto sería muy difícil. Esto último debido a la experiencia en el anterior proceso con las desmovilizadas FARC-EP y además a que es un deseo profundo del mismo ELN. De allí que el Gobierno Nacional quiera impulsar este apoyo convocando a los llamados Diálogos Regionales Vinculantes, que inicialmente se convierten en espacios de planeación del desarrollo regional y territorial y que brindarán las bases para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, pero luego dejará instalada la infraestructura social y política para vincular a la sociedad colombiana al proyecto de Paz Total. Convirtiendo así a este actor en el doliente principal de la paz, el cual nuevamente ayudará a superar los problemas estructurales de la nación. Lo más seguro es que a este grupo amplio de amigos visibles de la paz se le unirán rápidamente otros actores. Se complementará por parte del Estado con otros agentes como la Fuerza Pública, el conjunto del Congreso y los poderes autónomos. Igualmente, se le unirán más países amigos en calidad de garantes y acompañantes del proceso, como Chile y España. Y comenzarán a unirse las diversas organizaciones de la sociedad civil, como los sindicatos y las asociaciones de universidades y defensores y defensoras de los derechos humanos. Serán muy pocos los que desearán quedarse fuera de esta magnífica oportunidad de apoyar la construcción del rompecabezas de la paz. Un proyecto nacional con el que se busca que todas las partes participen y que todas, al mismo tiempo, ganen. Un momento lúdico para ponerle fin a un largo conflicto armado –que en poco cumplirá las seis décadas– y que ha provocado la presencia constante de la llamada por José Barros “maldita violencia” y que ha interpretado magníficamente Leonor González Mina, nuestra Negra Grande de Colombia y que invito a escuchar: *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

By: León Valencia, for @infobae Translation by: María Victoria Ramírez Iván Márquez is alive in Venezuela after an attack that almost cost him his life. He recovers and is aware of the approaches of his armed group -the New Marquetalia (Nueva Marquetalia)- with the government of President Gustavo Petro. This was said by the High Commissioner for Peace Danilo Rueda in the interview with Yamid Amat, a well known Colombian jorunalist. The Márquez case is out of all proportion. He is taken part in the many different negotiations between the FARC and the Colombian government since 1984. He has signed two peace agreements and has returned to war after some time in civilian life. He was a brilliant and loquacious parliamentarian of Union Patriótica (the Patriotic Union), the group that emerged from the peace and truce agreements between the FARC and the government of Belisario Betancur. He escaped death in the serious second half of the eighties of the last century when they razed the Patriotic Union, sacrificing its presidential candidates Jaime Pardo Leal and Bernardo Jaramillo, its parliamentarians and mayors, and more than three thousand militants of the movement, in the most horrific genocide in Colombia's history. He returned to the guerrilla. Later he came out alive from the strangest episode of a guerrilla prodigal in dark and lurid events. In the times when he was leading the Caribbean Bloc and moving through the Sierra Nevada de Santamarta, he came to speak with Simón Bolívar through a medium who turned out to be an infiltrator of the army in the heart of the FARC. The story of this adventure of magical realism is in the White Darkness (La blanca oscuridad) the key novel by Jorge Enrique Botero. He also escaped from the entrapment that United States authorities and Colombian Prosecutor Néstor Humberto Martínez set for him with the collaboration of his nephew Marlon Marín. Márquez had opened the doors of the FARC to his nephew and he had gained the trust of the guerrilla commanders, but at the same time he had started working with the DEA. Prevailed of that trust, he involved Jesús Santrich in some businesses that had the poison of providing evidence that both Santrich and Márquez were in the company of exporting ten tons of Cocaine to the United States. Santrich lent himself to recordings that incriminated him, but Márquez smelled the trap and pushed his nephew out of his house in Bogotá and aborted the operation. This is how Márquez's companions who remained in civilian life refer to the plot. Márquez was a quiet school teacher in the department of Caquetá in the eighties of the last century and he joined the FARC when this guerrilla burst onto the political scene waving the flags of democratic opening and agrarian reform, seeking a peace agreement at the time that Belisario Betancur decreed a general and unconditional amnesty for all guerrillas in the country who returned to civilian life. With the fame acquired in the leadership of the Patriotic Union and in the parliamentary exercise, he later jumped to the leadership of the FARC and after the death of Manuel Marulanda, Alfonso Cano and Raúl Reyes, he became the main political leader of that guerrilla and in the head of the delegation that after a thousand vicissitudes signed the peace agreement of the Teatro Colón that led to the demobilization of the largest and oldest insurgency in the country and in the hemisphere. When Jesús Santrich was imprisoned carrying on his shoulders the accusations concocted by Marlon Marín, the DEA and Prosecutor Martínez, Márquez went to the mountains in the south of the country and did not want to heed the calls of his colleagues, nor the requirements of the Special Justice for La Paz -JEP-. Later, he declared his commitment to the peace agreement broken and, together with a dozen commanders, set out to take up arms again and build a guerrilla force, rounding up the dissidents in the peace process. In this second return to the guerrillas he has not been very successful. A good part of the dissidents did not acknowledged him as their commander and formed a separate awning. The notable guerrilla leaders who accompanied him have been killed, starting with Santrich, in operations that have all the traces of US bounty hunting actions that move along the border with Venezuela and have been launched on behalf of the heads of the New Marquetalia. And there is the unusual again: Márquez, although mutilated and badly wounded, has survived the attack and his companions have died. They knew he was an obsessive cigar smoker and they sent him an explosive in a box of Cuban cigars. Let us hope that on this occasion the spirit of Bolívar advised him to end his adventure and return definitively to civilian life, never to return to war.

Por: Raúl Cubas, Coordinador Odevida Capítulo Venezuela Sin ninguna duda que el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia ha generado muchas expectativas en Venezuela, y por supuesto las organizaciones sociales y de derechos humanos que en los últimos años hemos venido denunciando las consecuencias del cierre de las fronteras entre nuestros países esperamos que nuestras denuncias y propuestas sean consideradas por ellos. Entre las consecuencias más nefastas que han sufrido las poblaciones ubicadas en los más de 2.200 kilómetros de frontera, que como puntos y rayas nos separan artificialmente, destacan: el incremento del costo de la vida generado por el contrabando de mercancías y gasolina; el sometimiento de la población al control y extorsión de los grupos irregulares de delincuentes y guerrilleros, dueños de los pasos por las “trochas” con la complacencia y anuencia de las autoridades migratorias y militares; el aumento de la violencia generado por la presencia en ambos lados de la frontera de efectivos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las denominadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que mantienen enfrentamientos entre ellas y, últimamente, también con las fuerzas militares venezolanas en el estado Apure; el calvario que sufren los migrantes venezolanos en su afán de cruzar para Colombia en busca de quedarse o transitar hacia un tercer país que los acoja; y también el desamparo en que viven los colombianos residentes o refugiados, al estar cerrados los consulados por tanto tiempo. La presencia guerrillera colombiana en Venezuela es un diagnóstico compartido por organizaciones de la sociedad civil colombianas y venezolanas. El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), en un reciente informe titulado “Transitar y habitar la frontera colombo-venezolana, una geografía violenta en Norte de Santander y Aragua”, afirma que: “hoy la frontera Colombia-Venezuela está bajo el control del ELN y otras estructuras armadas ilegales, mandan más y de manera más eficaz que las Fuerzas Armadas estatales, hay amplia evidencia de ello, que demuestra el control efectivo que tienen sobre el territorio”[1]. En este sentido, Alerta Venezuela[2] ha precisado que “la presencia del ELN del lado venezolano es de larga data. En los años 80 y 90 tanto el ELN como las FARC hacían frecuentes incursiones a territorio venezolano y asaltaban puestos militares fronterizos para abastecerse de armas. La frontera era usada como una zona de aliviadero y abastecimiento, pero sin mayor presencia permanente. A partir de la llegada de Hugo Chávez al poder, cesaron los ataques a puestos militares por parte de los grupos guerrilleros colombianos, lo que hace presumir que su abastecimiento y resguardo ya no tenía que ser a la fuerza”. Por su parte, el Odevida Capítulo Venezuela ha documentado que “desde el inicio de operaciones del Arco Minero del Orinoco (AMO) los actores responsables de la violencia vinculada a la minería en Bolívar y el estado de Amazonas son las fuerzas militares o policiales del Estado venezolano por acción u omisión; bandas de delincuentes denominadas "sindicatos" o "pranatos"; garimpeiros ilegales brasileños y miembros de las guerrillas colombianas, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Disidencias)”[3]. Ante esta realidad, la organización ambientalista Clima 21, afirma que “el problema de la violencia, la destrucción ambiental, la corrupción, el saqueo y la destrucción de las culturas indígenas no son problemas de un país, porque los delincuentes sin importar su supuesta ideología se mueven de manera libre por toda la región con extensas rutas criminales. Por lo que es un problema regional y debe ser enfrentado por todos los países si se quiere tener algún éxito”[4]. Está claro que la situación es muy compleja, que en su desarrollo intervienen intereses diversos y hasta contrapuestos que incidirán en que el gobierno colombiano logre el objetivo en Colombia de la Paz Total. Son más de 60 años de conflicto armado interno en los que la violencia ha reinado y todavía no ha sido derrotada. Este nuevo proceso de paz tiene muchos y poderosos enemigos al interior de Colombia. Según Jorge Mantilla, director de área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP): “el tema de minería ilegal, el tema deforestación, el tema extorsión, del cual tenemos muy poca información. Mientras eso no esté sobre la mesa y esté la posibilidad de desactivar o contener esas economías, pues lo que vamos a tener es un proceso de reciclaje […] va a ser muy difícil que pueda desactivarse, digamos, el fenómeno de la criminalidad organizada”[5]. Esta situación también es reconocida por la Fundación Paz & Reconciliación, quien afirma en un reciente trabajo publicado por la Línea Migración, Región y Frontera, que “Venezuela igualmente ha sufrido nuestro conflicto armado y no son pocas las acciones militares y de acción de las guerrillas colombianas en su territorio y, al igual que Colombia, el Estado venezolano ha perdido el control sobre partes de su territorio, donde han echado raíces las guerrillas colombianas y hoy se mantiene de manera autónoma el ELN, en un entramado de control de recursos y capacidad de subordinar a unos corruptos funcionarios o de imponerse sutil y efectivamente”[6]. Ante la reciente propuesta del presidente Gustavo Petro de que Maduro sea garante de las negociaciones de paz que su gobierno prevé reiniciar en las próximas semanas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), del lado venezolano surgen dudas razonables sobre sus resultados. Para que Maduro sea un genuino e independiente garante de las negociaciones por la Paz Total en Colombia, debería, en principio, reconocer públicamente la presencia del ELN en el territorio nacional y comprometerse a plantear que el desalojo de los miembros de las guerrillas colombianas serán parte del acuerdo final con esas organizaciones. La activista venezolana de derechos humanos, Ligia Bolívar, coordinadora general de Alerta Venezuela, destaca varios aspectos coincidentes con el planteamiento anterior ante la propuesta del gobierno neogranadino: “primero, que esto abre una oportunidad importante desde una perspectiva venezolana, en el sentido de que el presidente Nicolás Maduro podría retomar a través de sus representantes las negociaciones con la oposición venezolana en México; segundo, que la negociación con el ELN debe pasar por la determinación de su presencia en Venezuela , debido a que es un factor que afecta a la población venezolana en diferentes ámbitos; y tercero, que estas negociaciones no solo deben ser en función de un cese del conflicto en la relación con el Estado colombiano, sino también de las consecuencias que ha tenido la presencia del ELN en Venezuela”[7]. Esta es la realidad fronteriza que deben enfrentar y dar una adecuada respuesta los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Hay ciertamente una oportunidad para que Venezuela contribuya para que en Colombia la política de Paz Total sea una efectiva realidad y para que Venezuela se beneficie de un acuerdo para el retiro definitivo de los grupos guerrilleros colombianos del territorio nacional, y también logremos la paz en los territorios donde estos están asentados. Finalmente, para que esta propuesta tenga éxito en ambos lados de la frontera, es necesario que las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos de ambos países y la comunidad internacional sean convocadas para ser observadoras y facilitadoras del proceso de Paz Total, para de esa manera apoyar un proceso que finalmente beneficie a las poblaciones indígenas, campesinas y urbanas, que son y han sido las víctimas de este largo conflicto armado interno. En otras palabras, los y las “nadies” de ambos lados de la frontera queremos ser parte de este proceso de Paz Total y por eso ya estamos trabajando en función de construir una Agenda Binacional que contribuya dándole voz a las víctimas. [1] Odevida/Pares: “Transitar y habitar la frontera colombo-venezolana, una geografía violenta en Norte de Santander y Aragua”, Colombia. 30.08.2022. Pág. 3. https://e7c20b27-21c2-4f2b-9c38-a1a16422794e.usrfiles.com/ugd/e7c20b_50dfccc8a3bc417cb40ddacb8da7c9a9.pdf. Consulta el 14.09.2022. [2] Alerta Venezuela: equipo de análisis e incidencia internacional en derechos humanos, registrado como asociación sin ánimo de lucro ante la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia, el 24 de mayo de 2022. [3] Odevida, Capítulo Venezuela: Ecocidio y violencia: panorama del extractivismo en Venezuela. Pág. 25. https://provea.org/wp-content/uploads/2021/12//odevida-informe-ambiente-colombia-y-venezuela.pdf. Consulta el 15.09.2022. [4] Entrevista telefónica realizada el 11.09.2022. [5] Insight Crime/ Juan Diego Posada: La arriesgada apuesta de Colombia por la 'Paz Total'. Bogotá, Colombia, 13.09.2022. https://es.insightcrime.org/noticias/arriesgada-apuesta-colombia-paz-total/. Consulta el 15.09.2022. [6] Fundación Paz & Reconciliación (Pares): La paz total y los desafíos en la frontera Colombia-Venezuela. Pág. 1. Bogotá, Colombia.https://www.pares.com.co/post/venezuela-es-socio-para-una-colombia-en-paz. Consulta el 17.09.2022. [7] Fundación Paz & Reconciliación: Venezuela será país garante del proceso de paz con ELN. Pág. 1. Bogotá, Colombia. https://www.pares.com.co/post/venezuela-ser%C3%A1-pa%C3%ADs-garante-del-proceso-de-paz-con-eln. Consulta el 17.09.2022.

Por: Ernesto Medrano, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad ¿Qué son los Diálogos Regionales Vinculantes? Los Diálogos Regionales Vinculantes son un instrumento de planeación fundamentado en la escucha activa por parte del Gobierno Nacional a las comunidades, con el objetivo de construir el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Esta iniciativa consiste en la creación de 50 mesas subregionales en las cuales diferentes funcionarios del alto gobierno guiarán la identificación de las necesidades de la ciudadanía para que estas puedan establecer criterios de priorización y definir una hoja de ruta para cada subregión en el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y la Paz Total. De acuerdo con el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, los Diálogos Regionales Vinculantes parten de la base conceptual de que la planeación debe contar con las necesidades de la ciudadanía, pero que los resultados de la interacción colectiva no necesariamente se traducen en soluciones óptimas. Así, González explica que es imposible que los intereses individuales se expresen por medio de decisiones colectivas. En cuanto al carácter regional, tradicionalmente las macro regiones de Colombia han sido seis: Amazonía, Andina, Caribe, Llanos Orientales, Orinoquía y Pacífico. En el caso de los Diálogos Regionales Vinculantes, el DNP estableció un criterio distinto de caracterización regional, en el que se distinguieron grupos regionales divididos en 50 subregiones del país que van desde la Alta Guajira hasta la Amazonía, incluyendo también a la población colombiana que se encuentra en otros países. Imagen No. 1 Cronograma de los Diálogos Regionales Vinculantes Teniendo en cuenta los criterios de diálogo y de región, el elemento vinculante para el ejercicio de construcción colectiva del Plan Nacional de Desarrollo resulta problemático y difuso. De acuerdo con González, los Diálogos Regionales son vinculantes en tanto satisfacen cuatro criterios esenciales: 1) es inclusivo y respeta la diversidad; 2) cubre todo el territorio nacional; 3) le otorga un valor intrínseco a cada propuesta; 4) potencia la iniciativa al incluirla en un proyecto estratégico. Sin embargo, el procedimiento para la entrada en vigor del Plan Nacional de Desarrollo requiere del visto bueno del Consejo Nacional de Planeación y del Congreso de la República, quien es el encargado de aprobar la hoja de ruta de los cuatro años de gobierno. Así, el Plan Nacional de Desarrollo que se construya de manera colectiva con los ciudadanos tendrá que someterse, necesariamente, a discusión del Congreso, por lo que el criterio “vinculante” resulta endeble. Imagen No. 2. Fases de implementación del PND Fuente: DNP, 2022 En cuanto al proceso de construcción de las mesas de diálogos, desde el ejecutivo se ha planteado que estará marcado por una metodología esbozada por el Gobierno Nacional, pero que se irá definiendo de acuerdo a las necesidades y contextos de cada subregión específica. Sin embargo, todo el proceso de priorización de las necesidades estará enmarcado en el Programa de Gobierno Pacto por la Vida. La metodología compartida por el gobierno se fundamenta en tres momentos clave: la fijación de las directrices, la definición de los diagnósticos y la definición de las prioridades. Imagen No. 3. Metodología de los Diálogos Regionales Vinculantes Fuente: DNP, 2022 De acuerdo con el DNP, en el proceso de articulación de estos diálogos con la ciudadanía se incluyeron elementos innovadores, como la traducción del Plan Nacional de Desarrollo a lenguas indígenas y la construcción de un Plan de los niños y niñas. Sin embargo, en la tercera fase de la línea metodológica de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), estos componentes ya estaban incluidos, por lo que no resultan ser elementos novedosos. Imagen No. 4. Elementos innovadores de los Diálogos Regionales Vinculantes Fuente: DNP, 2022 En las 49 subregiones del país, más los ciudadanos que se encuentran por fuera del país, los colombianos tendrán la oportunidad de participar en los espacios de diálogo para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Estos Diálogos se realizarán por dos días y medio y se desarrollarán desde las 8 a.m hasta las 5 p.m. Adicionalmente, Petro anunció que los temas a tratar dentro de los Diálogos serán variados, pero que incluirán temas como el acceso al agua potable, la justicia climática, las tarifas de energía, la justicia social y las formas de prevención de la seguridad a través de la política de Seguridad Humana. ¿Qué experiencias de interlocución ciudadana se tienen en Colombia? En el marco de la pregunta sobre el porqué de los Diálogos Regionales Vinculantes, surge la pregunta por las experiencias que se han desarrollado en esa misma línea. Si bien desde el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez se empezaron a implementar estrategias de acercamiento a las comunidades por medio de espacios abiertos de concertación y diálogo, existen algunas características distintivas en cada uno de los procesos que se han llevado a cabo desde 2002. El primer registro de estas prácticas en las últimas dos décadas se dio bajo el primer gobierno de Uribe, con los Consejos Comunales, inaugurados el 10 de agosto del 2002 en Pasto, Nariño. Durante sus dos periodos de gobierno, entre 2002 y 2010, Uribe realizó más de 300 Consejos Comunales, en los que algunas de las características fueron la personalización del líder carismático, la estrategia de comunicación y la ejecución de pequeños proyectos locales (Carrillo, 2010). Incluso, fuentes cercanas al gobierno Uribe mostraban la efectividad de los Consejos Comunales, pues de los 5.400 proyectos que se formularon alrededor de estos espacios, se desarrollarlo cerca de 4.700. Sin embargo, los Consejos de Uribe también sirvieron como un instrumento de fortalecimiento de su estructura política, pues en algunos casos los empleó para posicionar sus fichas políticas como Andrés Felipe Arias y Juan Manuel Santos. Adicionalmente, la finalidad electoral asociada a los Consejos Comunales de Uribe fueron objeto de análisis, pues se evidenció un crecimiento del apoyo electoral entre el 2002 y 2006 en los departamentos en donde desarrolló estos espacios, como Chocó o Vichada (Carrillo, 2010). Gráfico No. 1. Votaciones en el Chocó en elecciones presidenciales 2002 y 2006 Fuente: Carrillo, 2010. Adaptado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia en 2010 se dejaron de lado las estrategias de interacción directa con la ciudadanía y se apostó por las lógicas de la descentralización territorial, dejando la política pública territorial en manos de los alcaldes y gobernadores. Sin embargo, Santos fortaleció los canales tecnológicos desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información, con el aplicativo Urna de Cristal, desde la que los ciudadanos podían interactuar con el alto gobierno y elevar propuestas, reclamos y peticiones por medio de los instrumentos tecnológicos. Si bien la articulación de la presidencia con la ciudadanía fue un resultado fundamental de los Consejos Comunales, en los que Uribe anotaba en una libreta las peticiones de la ciudadanía, también generaban desbalances entre las estructuras descentralizadas y el gobierno central, pues las decisiones no eran tomadas por los alcaldes y gobernadores, sino por el Gobierno Nacional. No obstante, en el marco de los Acuerdos de Paz, en el gobierno Santos se creó la metodología de construcción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que son el instrumento más parecido a los Diálogos Regionales Vinculantes impulsados por Gustavo Petro. Esto se abordará en profundidad más adelante. Sin embargo, en el gobierno de Santos hubo otra experiencia: la participación de la sociedad civil en los Acuerdos de Paz. En este escenario confluyeron organizaciones sociales, comunidades, minorías, víctimas, profesores y diversos expertos, con el objetivo de aportar a la construcción de paz. Para este ejercicio, el gobierno de Santos estableció formularios físicos y virtuales para recoger las propuestas de la ciudadanía. Algo muy similar a lo que se realizará con los Diálogos Regionales de Petro. No obstante, la diferencia es el producto final, pues en el caso de los Diálogos Regionales se concluye con un instrumento de planeación: el PND. En 2018, con la victoria de Iván Duque, el gobierno empleó una política para acercarse a las comunidades por medio de los llamados Talleres Construyendo País. Estos talleres consistían en una especie de rendición de cuentas del gobierno frente a la ciudadanía. De acuerdo con la presidencia, se realizaron más de 100 talleres en diferentes municipios del país, en donde Iván Duque les contaba a los ciudadanos los avances, en el marco de las 203 propuestas de campaña. Diálogos Regionales, los Consejos Comunales y PDET Definitivamente la experiencia de los Consejos Comunales de Uribe significó una transformación de la forma de hacer política en el país, pues se abrió un espacio que tradicionalmente se encontraba vetado por los mandatarios: la comunicación directa entre ciudadanos y el presidente. Sin embargo, los proyectos adelantados por la administración Uribe no buscaban la articulación, sino la ejecución de respuestas aleatorias a las problemáticas, impidiendo la institucionalización de mecanismos eficaces de intervención y participación (Leyva, 2012). En este sentido, los Diálogos Regionales Vinculantes propuestos por Petro tienen mayor similitud con las construcciones de los PDET, desarrollados en el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, de acuerdo con las fases de implementación de los PDET, los Diálogos simplifican la estructura y dan mucha libertad, una característica que no es necesariamente eficaz. La metodología de construcción de los PDET tiene seis fases fundamentales en las que se articulan los esfuerzos a nivel veredal, municipal y departamental, con la participación de actores diversos. Imagen No. 5. Metodología Planes de Planeación Participativa en el marco de los PDET Fuente: Pares, 2017 En términos de duración, los Planes de Planeación Participativa de los PDET cuentan con un periodo de 6 meses para el desarrollo de la articulación, mientras que los Diálogos Regionales Vinculantes comprenden un periodo de 2 meses. Además, los espacios de diálogos en los territorios serán de dos días y medio, en los que la ciudadanía participará de manera activa y diversa. Esto implica que el modelo metodológico de los Diálogos tendría que ser más expedito, concreto y eficaz. Ahora bien, los Diálogos Regionales se diferencian de los Talleres Construyendo País debido a que, en el gobierno de Iván Duque, los Talleres se constituyeron en un mecanismo de rendición de cuentas más que en una herramienta de co-creación de los planes de desarrollo. Sin embargo, los Talleres y los Diálogos tienen en común que en ambos casos el punto de partida es el plan de gobierno. Los Diálogos Regionales y los municipios PDET Dentro de la lista de municipios en donde se realizarán los Diálogos Regionales Vinculantes se encuentran grandes capitales de departamentos como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Sin embargo, también se incluyen municipios PDET como Tumaco (Pacífico Nariñense), Florencia (Caquetá Amazónica), Puerto Asís (Amazonía Occidental), entre otros. De los 170 municipios PDET, los Diálogos se realizarán en 11 de estos: Florencia, Caucasia, Santander de Quilichao, Puerto Asís, Buenaventura, Santa Marta, Amalfi, Valledupar, San José del Guaviare, Carmen de Bolívar y Turbo. En el caso de los municipios PDET, la estructuración regional consistió en la agrupación de los 170 territorios en 16 subregiones. Sin embargo, en el caso de los Diálogos, se contempla la totalidad del territorio, en aras del cumplimiento del artículo 341 de la Constitución. Diálogos Regionales y Paz Total De acuerdo con el ministro del Interior, Alfonso Prada, los Diálogos Regionales se constituyen en un esfuerzo por aunar esfuerzos entre los ciudadanos, no solo para atención de las necesidades particulares, sino para la identificación y superación de los factores que han determinado la conflictividad en los territorios. Así mismo, según lo confirmó el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, el gobierno busca realizar de manera simultanea los Diálogos Regionales y los acercamientos para valorar la disposición de los grupos armados ilegales en Colombia. El gobierno ha sostenido acercamientos con la Segunda Marquetalia (disidencia de las extintas Farc-Ep) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) con el objetivo de encontrar medidas para desescalar la violencia en los territorios, pues estas dinámicas del conflicto afectan directamente a las comunidades. Es allí en donde se encuentran los Diálogos Regionales Vinculantes y la Paz Total. En este sentido, la construcción del PND y la Paz Total se fundamenta en los diálogos, pero aún no es del todo claro cuál será la política de seguridad en medio de las conversaciones, con las comunidades y con los grupos armados. ¿Cómo se construyen los Planes de Desarrollo? El Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento de política pública que tiene componentes formales y legales para establecer la hoja de ruta del gobierno durante los cuatro años de mandato. Así, en el documento del PND se “señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno” (DNP). Sin embargo, el PND va acompañado de un plan de inversiones públicas en el que se definen los presupuestos de los principales programas y proyectos de inversión de manera detallada, con el objetivo de definir de dónde saldrán los recursos para su ejecución. El proceso de construcción de los planes de desarrollo cuenta con 9 meses desde la posesión del presidente hasta su promulgación como ley. Es decir, va del 7 de agosto al 7 mayo. Imagen 6. Cronograma del PND Fuente: DNP, 2022 En primer lugar, se crea el documento de base del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se busca articular el programa de gobierno del presidente electo con los recursos disponibles en el Presupuesto General de la Nación. En el caso del gobierno de Petro, se busca que la creación del documento base cuente con la participación directa de la ciudadanía. Posteriormente, se realizan los acompañamientos técnicos del DNP para determinar la estructura y la viabilidad fiscal del Plan. En noviembre, el gobierno, en cabeza del Ministerio de Hacienda, presenta el PND al CONPES, que consiste en un comité de asesoría previo a la presentación de PND al Consejo Nacional de Planeación, en el que el Consejo presenta observaciones sobre el contenido y la estructura del Plan Nacional de Desarrollo. Así, una vez surtidos estos procedimientos, el PND llega al Congreso para su discusión y aprobación como ley de la República. Riesgos, cuellos de botella de los Diálogos El gobierno de Gustavo Petro ha puesto al diálogo en el centro de cada proceso para la toma de decisiones. Sin embargo, en el marco de los Diálogos Regionales Vinculantes existen algunos elementos que el gobierno debe tener en cuenta, con base en experiencias anteriores: la gestión de las expectativas, el marco metodológico y los procedimientos establecidos para la rendición de cuentas. La gestión de las expectativas es un elemento central de la discusión. Si bien el director del DNP ha sostenido que de los procesos participativos de construcción de planes los resultados tienden a ser subóptimos, el ánimo político actual requiere de un marco que establezca los límites y que estos sean aceptados por la ciudadanía que participe de los Diálogos. De este modo, el marco metodológico establecido debe contener elementos eficaces para la sistematización, organización y priorización de las propuestas y necesidades que surjan de los procesos de diálogo. Esto significa que, si bien la metodología del gobierno se fundamenta en gran medida en las experiencias del pasado, como los PDET, es preciso profundizar en un método que permita el abordaje de las complejas necesidades de la ciudadanía, en el marco de la disposición de recursos. Así mismo, las dificultades en los procedimientos de rendición de cuentas que sea han presentado en el pasado, como en el caso de los Consejos Comunales, en los que los proyectos de inversión estaban a discreción de las necesidades del presidente, más que en el de las comunidades, suponen un importante reto. Si las expectativas ciudadanas son altas, los mecanismos de rendición de cuentas deben ser expeditos. Para concluir, los Diálogos Regionales Vinculantes constituyen un instrumento con elementos novedosos, en tanto el objetivo es la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Las experiencias del pasado permiten entender que los Diálogos son una combinación de herramientas y aproximaciones conceptuales que robustecen la democracia, pero que a su vez requieren de procesos expeditos para su implementación efectiva. De acuerdo con los anuncios casi desarticulados del gobierno sobre los Diálogos, queda la impresión de que no hay una hoja de ruta clara, pues en el caso de los PDET, los procesos de concertación tuvieron un margen temporal mayor y una metodología más robusta. Y, sin embargo, durante su implementación se presentaron múltiples problemáticas y un nivel de avance lánguido.

Por: Walter Aldana Político social alternativo La enorme influencia de los medios de comunicación sobre el funcionamiento de las ramas del poder ha sido objeto de análisis político por las ciencias sociales. Al peso de la televisión, la radio, la prensa escrita y, recientemente, de las redes sociales, se ha dado en llamarle "el cuarto poder". Alfred López, escritor, bloguero y divulgador, cuenta una anécdota sobre el origen de esta expresión: “el término cuarto poder se hizo enormemente popular cuando el escritor y filósofo escocés Thomas Carlyle, a mediados del siglo XIX, atribuyó dicha expresión al destacado político y escritor británico Edmund Burke, quien la pronunciaría en el debate de apertura de la Cámara de los Comunes del Reino Unido en 1787. En su discurso, Burke dijo que había tres poderes en el parlamento señalando que en la tribuna de prensa era donde se sentaba el cuarto poder, de lejos, más importante que todos ellos". Los tres restantes eran los Lores Espirituales (representantes de la iglesia), los Lores Temporales (la nobleza) y los Comunes (los políticos). Rápidamente la burguesía semifeudal de la época entendió el mensaje: hacerse al poder influenciador en la opinión pública era la garantía para perpetuar el statu quo; se requería una caja de resonancia de las "bondades" del modelo económico, político y social, se necesitaba el "morbo periodístico" para generar odio en la audiencia y rechazo al cambio; se "permiten" las mentiras piadosas (como simular noticias que no se producen pero sí generen rechazo); en fin, para captar la pauta publicitaria se calla u oculta la verdad y ciertas realidades y oposiciones son vedadas. Según los resultados del sondeo realizado en abril de 2022 por la Cámara Colombiana del Libro, en promedio en Colombia una persona lee no más de 2,7 títulos, en contravía del aumento vertiginoso del acceso a las redes sociales como Tik Tok, las cuales han adquirido gran importancia como medios para difundir mensajes políticos basados en noticias falsas, simplificaciones de la realidad, discursos de odio y la descalificación de los contradictores. Lo anterior en un contexto en el cual la reelección presidencial de Álvaro Uribe, con la bochornosa compra de votos de los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, y de Juan Manuel Santos, pusieron en riesgo el equilibrio de poderes al utilizar la reelección para influir a favor del gobierno la elección de las y los titulares de las Altas Cortes, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y el Banco de la República. La posesión de Gustavo Petro como presidente lo habilita para el ejercicio del poder ejecutivo, para poner en práctica medidas de política pública para procurar el cumplimiento de su programa de reducción de la pobreza y de la inequidad, de favorecer el acceso a la tierra por las comunidades campesinas y étnicas y lograr la Paz Total. Sin embargo, es preciso reconocer que el poder político, económico, social y de los medios de comunicación, sigue estando en manos de las élites industrial, financiera y agropecuaria, lo cual limita el margen de acción del gobierno. Es preciso comprender que el ejercicio del gobierno es una dinámica transitoria que puede lograr algunas modificaciones y que solo el logro consecutivo de gobiernos con el mismo propósito de cambio durante al menos tres periodos podrá contribuir a modificar estas relaciones de poder. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: León Valencia, para @infobae Iván Marquéz está vivo en Venezuela después de un atentado que por poco le cuesta la vida. Se recupera y está al tanto de los acercamientos de su grupo armado –la Nueva Marquetalia– con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Así lo dijo el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, en entrevista con Yamid Amat. Lo de Márquez se sale de toda proporción. Ha participado en las muy diversas negociaciones entre las FARC y el gobierno de Colombia desde 1984. Ha firmado dos acuerdos de paz y se ha vuelto a la guerra después de un tiempo en la vida civil. Fue un brillante y locuaz parlamentario de la Unión Patriótica, el agrupamiento que surgió de los acuerdos de paz y tregua entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur. Escapó a la muerte en el grave segundo lustro de los años ochenta del siglo pasado, cuando arrasaron con la Unión Patriótica sacrificando a sus candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, a sus parlamentarios y alcaldes, y a más de tres mil militantes del movimiento en el más espantoso genocidio de la historia del país. Volvió a la guerrilla. Luego salió vivo del más extraño de los episodios de una guerrilla pródiga en acontecimientos oscuros y escabrosos. En los tiempos en que lideraba el Bloque Caribe y se movía por la Sierra Nevada de Santamarta dio en hablar con Simón Bolívar a través de un médium que resultó ser un infiltrado del ejército en pleno corazón de las FARC. El relato de esta aventura del realismo mágico está en la Blanca Oscuridad, la novela en clave de Jorge Enrique Botero. Las sesiones de espiritismo se realizaron periódicamente por más de un año y comprometieron al destacamento guerrillero en la búsqueda de los restos de Bolívar y de algunas pertenencias que deberían convertirse en símbolos de la segunda independencia por la que luchaban tanto Hugo Chávez como las FARC. La aventura finalizó cuando el médium le puso una bomba a Márquez debajo de su cama que estalló con un estruendo de mil demonios en un momento en el que el guerrillero se había levantado intespetivamente para vaciar su vejiga. Se escapó también del entrampamiento que autoridades de Estados Unidos y el exfiscal general Néstor Humberto Martínez le tendieron con la colaboración de su sobrino Marlon Marín. Márquez le había abierto las puertas de las FARC a su sobrino y este se había ganado la confianza de los mandos de la guerrilla, pero al tiempo había empezado a trabajar con la DEA. Prevalido de esa confianza involucró a Jesús Santrich en unos negocios que tenían el veneno de aportar pruebas de que tanto Santrich como Márquez estaban en la empresa de exportar diez toneladas de Cocaína a los Estados Unidos. Santrich se prestó para grabaciones que lo inculpaban, pero Márquez olió la trampa y sacó a empellones a su sobrino de su casa en Bogotá y abortó la operación. Así refieren la trama los compañeros de Márquez que permanecieron en la vida civil. Márquez era un tranquilo maestro de colegio en el departamento del Caquetá en los años ochenta del siglo pasado y se vinculó a las FARC cuando esta guerrilla saltó a la escena política enarbolando las banderas de la apertura democrática y la reforma agraria, buscando un acuerdo de paz en el momento en que Belisario Betancur decretó una amnistía general y sin condiciones para todos los guerrilleros del país que se vinieran a la vida civil. Con la fama adquirida en el liderazgo de la Unión Patriótica y en el ejercicio parlamentario, saltó luego a la cúpula de las FARC y después de la muerte de Manuel Marulanda, de Alfonso Cano y de Raúl Reyes, se convirtió en el principal líder político de esa guerrilla y en el jefe de la delegación que después de mil viscisitudes firmó el Acuerdo de Paz del Teatro Colón que llevó a la desmovilización de la insurgencia más grande y más antigua del país y del hemisferio. Cuando Jesús Santrich cayó preso cargando sobre sus hombros las acusaciones urdidas por Marlón Marín, la DEA y el exfiscal Martínez, Márquez se fue a las montañas del sur del país y no quiso atender los llamados de sus compañeros, ni los requerimientos de la Justicia Especial para La Paz –JEP–. Después declaró roto su compromiso con el Acuerdo de Paz y junto a una oncena de comandantes se dispuso a retomar las armas y construir una fuerza guerrillera recogiendo a los disidentes del proceso de paz. No ha tenido mucho éxito en este segundo retorno a las guerrillas. Buena parte de los disidentes no lo acogieron como su comandante y formaron toldo aparte. Los jefes guerrilleros notables que lo acompañaron han sido dados de baja, empezando por Santrich, en operaciones que tienen todas las trazas de acciones de caza recompensas norteamericanos que se mueven en la frontera con Venezuela y se han lanzado por encargo sobre los jefes de la Nueva Marquetalia. Y ahí está otra vez lo insolito: Márquez, aunque mutilado y mal herido, ha sobrevivido al ataque y sus compañeros han muerto. Sabían que era un fumador obsesivo de puros y le enviaron un explosivo en una caja de tabacos cubanos. Esperemos que en esta oportunidad el espíritu de Bolívar le aconseje terminar su aventura y venir definitivamente a la vida civil para nunca regresar a la guerra.

Por: María Victoria Ramírez Aunque el presidente Gustavo Petro en su primera alocución al país no hizo mención al Ministerio de la Igualdad y, según la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la creación de este ministerio requiere de una reforma constitucional la cual ya para esta legislatura no sería posible porque el proyecto debió haberse presentado durante la segunda semana de septiembre de 2022, no está de más empezar a pensar qué debe hacer dicho ministerio. Como no soy experta en creación de ministerios, haré un ejercicio de, digamos, revisión del estado del arte. Es decir, investigar cuáles ministerios parecidos existen, seleccionar uno como ejemplo para ver qué hace y cómo lo hace, para guiar y alimentar la discusión. En Corea del Sur, país que tanto menciona el presidente Petro en sus intervenciones, existe el Ministry of Gender Equality and Family[1] (Ministerio de Igualdad de Género y Familia). Sólo en Europa hay al menos 22 países que tienen ministras y ministros de igualdad : Suiza, Noruega, Liechenstein, Islandia, Alemania, Luxemburgo, Finlandia y Francia, son algunos de ellos. En Francia se denomina des chances[2] (ministerio a cargo de la igualdad entre los hombres y las mujeres, de la diversidad y la igualdad de oportunidades). En Canadá, Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres[3] (Ministerio de las Mujeres y de la Igualdad de Géneros). En el contexto latinoamericano existen por ejemplo los siguientes: en Argentina, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; en Chile, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y en Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Tomaré como ejemplo España para entender el objetivo, la estructura y los temas de los cuales se ocupa este tipo de ministerios y las políticas que diseña. El Ministerio de la Igualdad de España tiene a su cargo la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de igualdad y de las políticas dirigidas a hacer real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres, la prevención y erradicación de las distintas formas de violencia contra la mujer y la eliminación de toda forma de discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Le corresponde, en particular, la elaboración y desarrollo de las normas, actuaciones y medidas dirigidas a asegurar la igualdad de trato y de oportunidades, especialmente entre mujeres y hombres, el fomento de la participación social y política de las mujeres, y la prevención y erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer[4]. Como se puede observar, este ministerio propende por alcanzar no solo la igualdad de género, sino que arropa otras formas de discriminación, a diferencia de los de Francia y Canadá que se dedican exclusivamente a alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, aunque leyendo lo que publica en su página oficial, tiene un énfasis en la igualdad entre hombres y mujeres y las diversidades sexuales. Según lo que hasta ahora se ha dicho en medios de comunicación en Colombia y el plan de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, el nuevo ministerio estaría a cargo de: “la generación y la articulación de las políticas públicas y los recursos para asegurar la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales entre hombres y mujeres en todas sus diversidades”. Dentro de sus objetivos estarían: reconocer el tiempo de trabajo en el hogar válido para la pensión y el ingreso vital: medio salario mínimo, a la madre cabeza de familia. Así mismo, contaría con la siguiente estructura: una Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, de la que dependen los siguientes órganos directivos: · La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, con rango de Dirección General. · La Dirección General para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial. · La Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. · La Subsecretaría de Igualdad, de la que dependería la Secretaría General Técnica. Dentro de los planes que el Ministerio de la Igualdad de España ha aprobado para alcanzar sus objetivos está el Plan España Te Protege de la Violencia Machista, que tiene por objetivo “extender y hacer accesible a todas las potenciales víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres los servicios de atención integral. Para ello, está dotado de un total de 153,4 millones de euros”. Así mismo, se encuentra el Plan Corresponsables que consiste en una nueva política pública con asiento en la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de la Igualdad que tiene por objeto: “iniciar el camino hacia la garantía del cuidado como un derecho en España desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y desde un enfoque de garantía de derechos universales, al margen de la condición laboral de las personas beneficiarias”. Resulta interesante el ejemplo de España puesto que el Plan Corresponsables se plantea como desafío diseñar sistemas integrales de cuidado desde una perspectiva de género, interseccional y de derechos humanos que promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, es decir, que deja de descargar los temas de cuidado de los vulnerables en las mujeres y trasciende a una discusión que las feministas a lo largo del mundo hemos planteado, la igualdad no se alcanza solo cuando las mujeres accedemos al voto, al trabajo remunerado, a la participación y representación política, sino cuando lo privado, o aparentemente privado, se vuelve público y eso tiene esencialmente que ver con la violencia doméstica, con todas las manifestaciones de violencias basadas en género y, por supuesto, las labores de cuidado. Los movimientos de mujeres han reflexionado a lo largo de décadas sobre la tensión entre la conquista de unos derechos y las nuevas cargas que para ellas esas conquistas han representado. Se ha hablado de la triple jornada laboral, en la que las mujeres además de educarse y de aportar económicamente a las familias, no han sido relevadas sustancialmente de las labores domésticas. El debate sobre el Ministerio de la Igualdad apenas comienza, los 50 diálogos regionales planteados por el presidente Petro serán un espacio para debatirlo, deberemos beber de muchos ejemplos que ya existen en todo el mundo como referentes. Pero por supuesto, deberemos hacer un ministerio de acuerdo a nuestras necesidades y posibilidades, pero como lo decía el expresidente Juan Manuel Santos: el amor por el tema al final se demostrará en el presupuesto. [1] Ministry of Gender Equality and Family, «Ministry of Gender Equality and Family» [En línea]. Available: http://www.mogef.go.kr/eng/index.do. [Último acceso: 15 09 2022]. [2] Ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité, «Ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité,» [En línea]. Available: https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/. [Último acceso: 15 septiembre 2022]. [3] Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres , «Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres,» [En línea]. Available: https://femmes-egalite-genres.canada.ca/fr.html. [Último acceso: 15 septiembre 2022]. [4] Ministerio de la Igualdad, «Ministerio de la Igualdad,» [En línea]. Available: https://www.igualdad.gob.es/prioridades/plancorresponsables/Paginas/index.aspx. [Último acceso: 15 septiembre 2022].

Por: Katerin Erazo, Periodista La Corte Suprema de Justicia negó la libertad al excongresista del Partido de la U, Musa Besaile, quien solicitó que su medida de aseguramiento fuera revocada. “El pronóstico negativo sobre su comportamiento futuro que permite entrever que puede poner en riesgo la seguridad de la comunidad, lleva a esta Sala Especial a no acceder a revocar a Musa Besaile Fayad la medida de aseguramiento”, con estas palabras la Corte negó dicha petición. El excongresista del Partido de la U es uno de los principales involucrados en los escándalos del “cartel de la toga” y de corrupción de Odebrecht. Besaile se entregó el 27 de septiembre de 2017 tras reconocer que había pagado una alta suma de dinero (2.000 millones de pesos) para pausar la orden de captura que la Corte Suprema de Justicia tenía en su contra por parapolítica. El 05 octubre de ese mismo año (2017) el excongresista fue privado de la libertad. Contra Besaile también corren investigaciones por los delitos de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley, debido a que posiblemente el excongresista hizo parte de la alianza paramilitar del Bloque Córdoba, la cual estuvo dirigido por Salvatore Mancuso. Es por esto que también Besaile es señalado de hacer coaliciones políticas cuestionables que le permitieron llegar al Congreso. Musa Besaile tiene tres casos abiertos y, según Daniela Garzón, investigadora nacional de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación de Paz & Reconciliación (Pares), su caso cada día se vuelve más complicado. También hay que mencionar que Besaile fue explusado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por no aportar a la verdad plena. Cabe añadir que él aún mantiene su poder en el Congreso, pues su hermano John Besaile fue elegido para este periodo como senador del Partido de la U. El alto tribunal afirmó en su decisión que, a pesar de que Besaile ya no sea senador de la República, es integrante de un poderoso clan político en Córdoba, departamento donde él nació, motivo por el cual aún tiene alguna posición privilegiada, por lo tanto podría estar conservando su capacidad de injerencia en la burocracia gubernamental en ese territorio. El coordinador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de Pares, Esteban Salazar Giraldo, en un artículo titulado “El Clan Musa: el poder continúa 2018-2022”, mencionó que John Besaile, hermano del acusado, no es objeto de investigación judicial pero fue mencionado en declaraciones ante la Corte Suprema por testigos en el proceso contra su hermano por el “cartel de la toga” en 2018. Este año John Besaile fue vinculado a l investigación a través de una diligencia de indagatoria ante el despacho del magistrado César Reyes por el presunto delito de falsedad ideológica en documento público. Finalmente, debido a la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de negarle la libertad provisional a Musa Besaile, Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático, expresó a Pares tres puntos de vista. El primero es que la justicia debe cumplir su deber y actuar con rectitud y solidez, en especial con las personas que fueron elegidas popularmente y sobre las cuales existe una carga de responsabilidad adicional; segundo, que debe haber una responsabilidad política, es decir, que las personas que se beneficiaron de comportamientos criminales, como en la reelección del año 2014 en la que presuntamente, según Cadavid, “el Ñoño” Elías habría introducido dineros corruptos a la elección, tendrían que estar hoy teniendo una corresponsabilidad, no justamente penal, pero sí política; y tercero, Cadavid resaltó que sería importante que este mismo criterio se utilizara para todas las personas que hayan incurrido en delitos de corrupción, sin mantener un trato preferencial para algunos. “(...) Dada a la gravedad de la conducta que le ha sido atribuida, esto es, concierto para delinquir en la modalidad de promover grupos armados al margen de la ley el cual tiene prevista una pena de prisión de ocho (8) a dieciocho años de prisión, el que tenga un esposa y tres hijos, dos de ellos menores de edad (...), no garantiza que en el evento de ser cobijado con una sentencia de condena comparecerá para cumplirla. Por el contrario, la experiencia enseña que, aun mediando este tipo de circunstancias, los procesados evaden las decisiones de la administración de justicia”, reseñó la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera la Corte terminó cerrando las puertas a Musa Besaile, quien seguirá recluido en La Picota mientras se adelanta el proceso penal en su contra.

By: León Valencia, for @infobae Translation by: María Victoria Ramírez I have talking with some Chilean friends since last Sunday, September 4, when their people said 'no' to the constitutional text drawn up in the most innovative of the Constituent Conventions that have been in the world. I wanted to understand what happened. It is not easy from afar to understand the reasons for such a high rejection of a Constitution as a result of long deliberations among conventionists who were elected in the midst of great euphoria in 2021. The atmosphere surrounding the plebiscite that decided to change the 1980 constitution was very different from today's in Chile. Also the situation that existed in the days when the Constitutional Convention was elected. At that time, the echo of the social explosion of 2019 rumbled strongly. The country was crossed from side to side by winds of change. Youth and social movements had taken to the streets to protest. All the political parties had gone on the defensive in the face of the uncontrollable avalanche of social discontent. They wanted to change everything. The composition of the Convention was a reflection of this disagreement and the leading role of social movements. An assembly that was distributed between 78 men and 77 women was unprecedented. Nor the great participation of young people and indigenous people and regional diversity. In my opinion, the conventionists were faithful to the grave moment of their election and to their social origin. But the moment of effervescence had passed and the situation in Chile underwent severe changes in just three years. Already for the parliamentary elections last year, the parties regained prominence and the Congress that left has a balance between emerging forces that are betting on change and forces more inclined to the right and to the preservation of the status quo. In the first presidential round, José Antonio Kast, representing the right, narrowly beat Gabriel Boric, and he had to modify his left speech quite a bit, moving to the center of the political spectrum to beat Kast in second round. There is more. After the victory and the inauguration of Boric, the economic and social situation in Chile has been aggravated by rising inflation and the crisis that has set off the alarms of an unequal society, but which had had years of great prosperity in not distant times. . The polls have severely punished Boric, who moves in them by thirty or thirty-five percent. The Constitution they drew up —infused with the spirit of the social explosion— with a modification of the institutional structure and the recognition of a variety of rights to population groups, ethnic minorities and regions, with an emblematic agenda of demands for the excluded, radicalized the opposition of the rights, frightened little-advised sectors and disconcerted social sectors with traditional beliefs. I certainly know it is not easy to notice the changes in the mood of the people, to discover the variation in citizen opinion. In just three years, Chile experienced several political upheavals. Something like a slide where emotions, disconformities, claims, the desire to close the long historical cycle started by Augusto Pinochet and to also close a shorter cycle rose and fell: that of transition, abandoning the parties that led the transition from dictatorship to a controlled democracy, ruled by rules that had come from the hands of the dictator. The conventionists only thought of the legitimacy that the people had granted them in a moment of exalted spirits and overwhelmed illusions. They did not read that opinion had moved, that the right was reorganizing itself, that the parties were not going to allow themselves to be thrown out of the political scene with big hats. But the letter with defeats enters. Boric's reaction the day after the rejection of the new constitution was calm and understanding of the moment. He called to seek an agreement to make the change. A change that includes all political and social forces. A change that closes the historical cycle that Pinochet opened with his infamous dictatorship, but that at the same time collects the lessons of the transition, the main one of all: agreement, the ability to negotiate in societies that have blurred into multiple groups and tendencies, in a countless diversity of interests and forces.

Por Nataly Triana Guerrero, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad La victoria de Gustavo Petro se encuentra acompañada por una serie de compromisos pactados con colectivas, movimientos y organizaciones sociales feministas a través de su programa de gobierno Colombia Potencia Mundial de la Vida y reafirmados en parte en el Debate Feminista previo a la segunda vuelta. Definitivamente, los votos de las mujeres fueron decisivos en la carrera por la Presidencia de la República, sin embargo, la gestión de Petro ha tenido una serie de desaciertos que cuestionan su compromiso con las agendas feministas. ¿El cambio es con las mujeres? De acuerdo con el programa de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, las políticas dirigidas hacia esta población estarán guiadas por los enfoques feministas y anti patriarcales. Entre los compromisos consignados en este documento se destaca la paridad en los cargos públicos, la creación del Ministerio de la Igualdad, el Sistema Nacional del Cuidado y el Sistema Nacional de Alertas Tempranas de las Violencias Basadas en Género (VBG). En relación a la paridad política se evidencia un cumplimiento en la designación política de mujeres en el 50% de las carteras ministeriales. En estos nombramientos sobresale que el 77% de estas ministras cuentan con experiencia en el sector y que han ejercido previamente cargos públicos y/o de elección popular. Tabla No. 1 Carteras Ministeriales a Cargo de Mujeres Elaboración: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación Este gabinete ministerial no solamente pone de relieve su experticia, sino también sus diversos compromisos con agendas sociales y en algunos casos su representación de partidos políticos de izquierda que han sido históricamente excluidos de los cargos de decisión y representación. En las designaciones de cargos adscritos a la Cancillería y la Presidencia también debe distinguirse el nombramiento de Leonor Zalabata como embajadora de Colombia ante la ONU y el de Clemencia Carabalí como consejera presidencial para la equidad de la mujer. Estas mujeres no solamente son representantes de grupos étnicos minorizados en el país, indígenas y afrodescendientes, también son lideresas sociales con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos. A diferencia del gobierno pasado, estos nombramientos cumplen con la paridad y la legitimidad política de varias organizaciones sociales. Este éxito se debe principalmente al poder adquirido por Francia Márquez. La llegada de mujeres a estas instancias de poder es una de las primeras condiciones para este horizonte transformador al que apuntan los feminismos. No obstante, lo anterior no garantiza per se que exista una perspectiva feminista o de género en las políticas y programas, ni que haya la voluntad desde el Gobierno Nacional en cabeza de Gustavo Petro de transformar radicalmente todas las condiciones de desigualdad, especialmente las que residen en el género. La razón fundamental de esto se debe a que el presidente y su coalición política Pacto Histórico es una organización que desde la Colombia Humana se ha caracterizado por mantener distancia y tensiones con ciertos principios de las agendas feministas, como lo es la cero tolerancia a las VBG. Prueba de esto lo fue la designación de Hollman Morris como candidato a la alcaldía de Bogotá en 2019 pese a sus serios cuestionamientos por violencia sexual, investigación que fue archivada por la Fiscalía en 2021. A esto se le suman los señalamientos presentados por la excandidata vicepresidencial de 2018 y representante a la Cámara 2018-2022, Angela María Robledo, quien denunció que en la Colombia Humana fue víctima de exclusión y violencia política. Nuevamente, sin aprender de los errores cometidos en el pasado, Gustavo Petro en cabeza del Pacto Histórico designó a Cielo Rusinque como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), sin importar que esta abogada en su rol como defensora del profesor Fabián Sanabria, quien ha sido denunciado por haber incurrido en abuso sexual, haya incurrido presuntamente en estrategias de ciberacoso y estigmatización de las víctimas. En un proceso de verificación de la información, se encuentra que Sanabria tiene procesos en la rama judicial por acto sexual violento, acoso sexual y acceso carnal violento. Recientemente le fue archivada la investigación por acoso sexual, sin embargo irá a juicio por acceso carnal violento luego de que la Fiscalía lo imputó como supuesto responsable de abusar sexualmente de un joven. Está designación vulnera principios fundamentales de los estudios feministas, principios que están intrínsecamente relacionados a estas perspectivas que Gustavo Petro juró cumplir en su campaña electoral. Al respecto, no hubo pronunciamiento de Francia Márquez, solamente de los coequiperos de campaña, Roy Barreras y Armando Benedetti, quienes defendieron la designación de Rusinque. Paños de agua tibia Pese a las protestas realizadas desde varios sectores feministas, Gustavo Petro otorgó el DPS a Cielo Rusinque y, a manera de apaciguar a los colectivos feministas, le confirió a Francia Márquez una serie de funcionalidades en este gobierno, entre las que se encuentran la coordinación intersectorial e interinstitucional de las políticas públicas para garantizar el derecho a la igualdad, así como la coordinación de la reglamentación y avance de la Ley 70 de 1993 y la creación de la política nacional del cuidado. Aunque la designación de estas funciones a la vicepresidencia son relevantes, este anuncio se ha percibido como un reversazo del Gobierno Nacional, ya que desde este se habría entendido que el DPS iba a ser asumido por la vicepresidencia y sería la institución que se elevaría para convertirse en el Ministerio de la igualdad. Ahora, la vicepresidenta desde sus nuevas funciones de la mano con la cuestionada Cielo Rusinque debe trabajar en el proyecto de ley que dé origen a esta entidad. Aun cuando desde los feminismos existe un voto de confianza hacia Francia Márquez, es importante señalar que la ausencia de los principios de las feministas en el Gobierno Nacional deja en duda la viabilidad de las promesas políticas del Ministerio de la Igualdad y el Sistema Nacional de Alertas Tempranas de las Violencias Basadas en Género. En especial, cuando la misma delegación de funciones a la vicepresidenta no cuenta jurídicamente con instrumentos y presupuesto para la creación de esta nueva cartera ministerial.