Por: León Valencia, para @infobae El presidente Gustavo Petro anunció un giro en la política antidrogas. No es una sorpresa. Es lo que había dicho en su campaña. Lo que resulta sorpresa es la actitud de Estados Unidos. Las declaraciones de Rahul Gupta, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos, generaron la esperanza de que el viraje sea concertado y sin mayores traumatismos para las relaciones con el gobierno norteamericano. Dijo Gupta a la salida de la reunión con el gobierno colombiano: “pienso que es importante que haya una oportunidad para que ambas naciones discutan cuál es el plan. Sabemos que con el acuerdo con las FARC hubo limitaciones que se abordaron con respeto mutuo. Esto nos da una oportunidad para tener nuevamente conversaciones. Es importante asegurarnos de que el Departamento de Justicia y otras entidades estén incluidas”. El giro no es de poca monta. Petro habla de limitar la extradición; abolir la aspersión aérea con glifosato; revivir el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) con su política de sustitución voluntaria y concertada con los campesinos; y generar un ambicioso programa de desarrollo agrario para los cultivadores de hoja de coca con verdaderas soluciones sociales a las angustias de los labriegos. El argumento de fondo es que la persecución a las drogas, tal como la concibió y ejecutó Estados Unidos con la colaboración abierta de los sucesivos gobiernos colombianos durante cuarenta años, ha fracasado. Una demostración palmaria son los resultados del gobierno de Iván Duque. A pesar de las altisonantes proclamas de Duque contra las drogas, la producción y exportación de cocaína dio un salto en su gobierno. Duque se fue lanza en ristre contra Juan Manuel Santos y le dijo que el Acuerdo de Paz con las FARC había propiciado el crecimiento de los cultivos de coca y de la producción de cocaína. Atacó punto por punto los acuerdos de La Habana que contenían varias de las ideas que ahora esboza Petro. Se fue a Washington y, sin que nadie le preguntara, ofreció echar al suelo lo pactado con la guerrilla. Fue tirar una piedra al aire para que le cayera en su cabeza. La cocaína creció, a pesar de que los cultivos de coca disminuyeron levemente por una persecución brutal a los campesinos cocaleros. La bofetada la pegó la Casa Blanca en junio de 2021 con el anuncio de que la exportación de cocaína de Colombia hacia los Estados Unidos había crecido en un 15%. La idea de ofrecer una política de sometimiento o acogimiento a la justicia a las mafias del narcotráfico con incentivos judiciales que incluyan la no extradición para quienes se entreguen y dejen de verdad toda su participación en los negocios ilícitos, es una buena idea y lo es más si se hace en concertación con los Estados Unidos. Pero Gustavo Petro y su gobierno saben que esa medida generosa no basta. Es obligatorio complementar esta política con dos estrategias: una persecución sin tregua a los narcotraficantes que se mantengan en los negocios, incluidos aquellos que en territorio norteamericano se llevan el grueso de las ganancias difundiendo la droga en las ciudades de ese país; y un ataque frontal a la relación de las mafias con políticos, empresarios y sectores de la Fuerza Pública. Y ahí empiezan las enormes dificultades para la lucha contra las mafias. Las autoridades norteamericanas no son muy eficientes en la persecución a sus propios nacionales que participan en los eslabones finales de la cadena del narcotráfico. Y fuerzas poderosas en nuestro país se atraviesan siempre en el camino de la lucha por deshacer los vínculos entre encopetados miembros de las élites nacionales y las mafias. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, para defender a los parapolíticos, incluido su primo Mario Uribe, desató una persecución sin precedentes contra las cortes y para nadie es un secreto el silencio que acompaña a los pactos recurrentes entre generales y coroneles con poderosos narcotraficantes o las presiones que surgen cuando algún empresario es descubierto en tratos con ilegales. En todo caso, mientras se encuentra un camino para la legalización de las drogas mediante un pacto internacional que incluya a los poderosos países consumidores, la política de frenar el avance del narcotráfico acudiendo al sometimiento a la justicia y a un ambicioso programa de sustitución de cultivos, es una maravillosa idea.

Por: Luis Eduardo Celis En los años 70, la Asociación de Usuarios Campesinos (Anuc), la organización campesina más formidable y extendida en el territorio nacional que hemos tenido en nuestra historia, iniciativa del presidente Carlos Lleras Restrepo, acuñó la consigna: "la tierra para quien la trabaja". Ahora agregamos: la tierra para quien la necesita. El orden rural colombiano es profundamente antidemocrático, lo sabemos desde siempre y se ha tratado de transformar. Lo intentaron de manera consistente los expresidentes López Pumarejo en los años treinta y Lleras Restrepo en los años sesenta. Ambos fracasaron. Los opositores a esas transformaciones se opusieron a sangre y fuego y hubo una violencia dura entre el 46 y el 56. Repitieron la fórmula con un poco más de sofisticación y, de un apretón de manos entre el presidente Misael Pastrana y los poderosos de la tierra, se echó para atrás el proyecto reformista bien intencionado de Lleras Restrepo. Y aunque la lucha por la tierra ha seguido, porque es una necesidad vital para millones de familias campesinas, a ese ánimo de cambio siempre se han opuesto de mil formas los que firme, y sin miramientos, defienden ese orden de exclusión. Lo han hecho con fuerte presencia en el Congreso de la República, teniendo presidentes que poco y nada hacen y aliándose o siendo permisivos con quienes hacen uso sistemático de la fuerza y la violencia. No tuvimos reforma agraria en los años 50 o 60, como la tuvieron todos los países vecinos, pero sí tuvimos una contrarreforma entre 1985 y 2005, dos décadas donde se expulsó del mundo rural entre 6 y 8 millones de campesinas y campesinos, al tiempo que entre 3 y 6 millones de hectáreas pasaron a manos de los despojadores. Una completa aberración hecha a punta de barbarie. El orden rural a transformar tiene las siguientes variables: menos del 3% de los propietarios son dueños de un tercio del territorio productivo y tenemos un millón de familias campesinas con poca tierra, otros dos millones sin tierra y tres millones que fueron despojados y que en su inmensa mayoría ya se han instalado en la pobreza de grandes y medianas ciudades. Ese es el orden de exclusión a transformar. Los diagnósticos ya están hechos. Se cuenta con los informes de la “Misión Rural”, promovida por el expresidente Juan Manuel Santos, en el que participaron la hoy ministra de agricultura Cecilia López y el ministro de hacienda José Antonio Ocampo; se cuenta con el informe de desarrollo humano “Razones para la esperanza”, promovido por el PNUD y coordinado por el maestro Absalon Machado; contamos con los informes del Observatorio de Tierras, coordinado por el maestro Francisco Gutiérrez Sanín y contamos también con la extendida obra del maestro Darío Fajardo, uno de los decanos de un importante grupo de académicos e investigadores que nos han dicho con claridad que hay que transformar ese inequitativo y poco democrático mundo rural. La tarea es enorme y hay que hacerla. Poco y nada se ha hecho por cumplir el punto de reforma rural integral pactada en el Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP en 2016. Han pasado seis años y nada, y si se hiciera el 100% de lo allí planteado, pertinente y necesario, nos quedaría mucha tarea aún para contar con un orden rural democrático. El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez han recibido el mandato de transformar el mundo rural. En 4 años no se podrá hacer esa enorme tarea, pero sí se puede marcar un rumbo de acción y ya se ven señales: el estatuto de derechos del campesinado que deberá ser aprobado en esta legislatura y un plan de desarrollo que le dé fuerza a la economía campesina y empiece a dar tierras a quienes la necesitan. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Segovia Politólogo, abogado y periodista Uno de los grandes obstáculos que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro, el Pacto Histórico, su alianza política, y hasta la coalición para la gobernabilidad, el Gran Acuerdo Nacional, es la forma como los medios masivos del país, como voceros de los grandes grupos económicos y, en algunos casos, de la minoritaria oposición elevada a contraparte, están manejando la información en función de minimizar, recortar o hacer inocuas las transformaciones propuestas en el programa “Colombia potencia mundial de la vida”. Aspecto que, hasta ahora, infortunadamente, no ha sido contrarrestado y, más aún, anticipado por una poderosa estrategia de comunicaciones capaz de conservar en la opinión, en su esencia, las ideas y propuestas clave que le dieron el triunfo a la llave Petro-Márquez y que apuntan a reformas que pongan al día distintos sectores y aspectos de la economía y la vida social en términos de equidad y modernidad, con lo que se corre el riesgo de dejar un vacío fácil de llenar en contra por la avalancha mediática del establecimiento. Si bien el hecho de que cada ministro nombrado haya salido a defender lo que le corresponde dentro del programa de gobierno —casi en todos los sectores iniciativas innovadoras y rupturistas— genera la sensación de una administración actuante, también deja ver a “cada cual por su lado”, lo que facilita el objetivo de debilitar al gobierno y sus apuestas, tanto por parte de la derecha mediática como de la oposición partidista y gremial. La orquesta funciona con todos los instrumentos interpretando el mismo tema, según la partitura y la armoniosa conducción de la batuta, pues esta última no puede, en el transcurso de la pieza, ocultar el desentone. Para el caso, la ambiciosa y progresista propuesta de reforma tributaria, que, en sus ideas centrales, orientadas al desmonte de privilegios, la progresividad y la equidad, fue conocida de manera temprana debido al anticipado nombramiento del ministro de hacienda, como un gesto de tranquilidad hacia el mundo económico. Los anuncios permitieron a los intereses afectados con las posibles medidas montar rápidamente una estrategia defensiva orientada a distorsionar la propuesta o a demeritar los argumentos que la sustentan, a través de los grandes medios. El arsenal de armas de que dispone el ejército mediático para manipular, tergiversar, desinformar e infundir terror es conocido. A diario se encuentra en los titulares y notas “informativas” de la prensa, la radio, la televisión, los tuits y el “streaming”, con énfasis que dependen de la tendencia ideológica y política de cada medio. A esto se agregan nuevos instrumentos, en apariencia participativos, que, con el concurso de la audiencia, legitiman la opción de opinión que los emisores quieren imponer, como los sondeos sobre temas de actualidad; o los tramposos debates o polémicas, falsos de base al optar por panelistas del mismo lado, equiparar voces documentadas con negacionistas o defensores de supuestos contraevidentes, o cerrarse con la conclusión parcializada del conductor. La disparatada contestación promovida desde la industria de bebidas azucaradas y productos de consumo ultraprocesados, a la medida de la reforma que, a través de una tasa impositiva, busca desestimular esos consumos, que inciden en enfermedades cuyo tratamiento tiene un fuerte impacto en las finanzas públicas, es demostrativa del atrincheramiento de intereses egoístas frente a correctivos que mejoren la calidad de vida, reduzcan la desigualdad y contribuyan a mejorar las finanzas públicas, pues implica una afectación de utilidades logradas a costa de la salud, en particular de la población pobre. En eso juegan la puesta en escena teatral de una senadora ostentando haberse hartado de dichos productos en su juventud sin ninguna afectación, el ruin embeleco de los productores de que se afectará la alimentación pues paquetico y gaseosa es el menú del colombiano pobre, y la contorsión de traer como sustento que el presidente confesó en campaña haber sido habitual consumidor de Pony Malta y Chocoramo en su juventud, recursos que no por circenses son menos efectivos. La arremetida está a punto de dejar por fuera el gravamen, no obstante ser iniciativa del gobierno y bandera de la ministra de salud. Tal como, desde el sector financiero, lograron rápidamente que se echara para atrás la tasa de 4 por mil para transacciones de menor valor que afectan el bolsillo de personas de bajos recursos; o que se ampliara, por presión de pensionados privilegiados, el rango desde el cual se incrementaría el impuesto a la renta, caso este último, como el de algunos congresistas con sus salarios, en el que se demostró que para sectores medios “ilustrados” el concepto de solidaridad es bien relativo. Algo similar ocurre con otros aspectos de la propuesta de reforma tributaria, como la determinación del universo al que se le ampliará las márgenes de tributación, las externalidades en función del programa de gobierno (menores costos en salud al aumentar valor de ultraprocesados, mayores costos al extractivismo) o la corrección a favor de la nación de las exageradas utilidades de ciertos sectores, logradas a través del cabildeo y el soborno de los poderes públicos. La estrategia de contrarrestar, mediante la manipulación de la opinión pública a través de los medios de comunicación, la ejecución de las líneas gruesas del programa de gobierno se extiende al cuestionamiento del concepto de seguridad humana y los cambios en los organismos castrenses, calificándolo de “feminización de las fuerzas armadas”; de las reformas agraria, laboral, pensional y al sistema de seguridad social en salud, todas calificadas como amenazas a la economía; de la política hacia la producción, comercialización y consumo de sicoactivos, cuya mirada humanista hacia el campesinado, realista frente al negocio y de salud pública es presentada como la promoción de un “país cocalero” y de consumidores. La política de paz total, loable iniciativa en la búsqueda de desactivar o reducir los múltiples factores de violencia, es refutada de manera canalla como una entrega del país al narcotráfico y como la oficialización del respaldo guerrillero al gobierno, ambos infundios sin asidero fáctico. Con una operación de “fake news” se logró relativizar el contundente informe de la Comisión de la Verdad. La propuesta de justicia restaurativa se recibe con burlas y distorsiones sin reparar los costos y el hacinamiento inhumano en los centros carcelarios, la inflación normativa por el populismo punitivo y el rebosamiento y desfinanciamiento del sistema judicial. La política internacional de autodeterminación, no intervención de asuntos de otros países, integración latinoamericana y caribeña y alianza mundial para enfrentar los problemas de criminalidad, drogas y cambio climático, son reducidas a delirios protagónicos, fórmulas subrepticias de constituir alianzas de un fantasmagórico comunismo y hasta complots de una perversa cofradía mundial que junta a Biden Putin, Musk, Soros, el Foro de Sao Pablo y el Pacto de Puebla para esclavizar el planeta. Visión no por esquizofrénica menos preocupante, porque en tiempos de cambios agitados se acomoda más fácil a la mente de una población con un alto analfabetismo funcional y político. Si bien el gobierno es partidario del acuerdo, el diálogo y el consenso, es evidente que el statu quo juega en contra a fondo y, a veces, se impone, si no hay instalada en la opinión una argumentación contundente que respalde esas iniciativas para lo que es definitivo contar con estrategias de comunicación contundentes y con medios adecuados para su implementación. Por supuesto, esta necesidad trasciende la oferta de información que sobre la actividad presidencial y de los entes de gobierno ofrecen las instancias oficiales. En Colombia es evidente el desbalance en la propiedad y disposición de medios de comunicación masiva. Casi en su totalidad están en poder de cuatro conglomerados económicos que se reparten mayoritariamente las audiencias. Si bien las redes sociales, los medios alternativos y comunitarios y las iniciativas del periodismo independiente han rasgado en algo en el velo y aumentan su impacto, aún están en incapacidad de afectar o determinar la agenda como lo hacen los grandes medios tradicionales de alto consumo en el país. La gran concentración en la propiedad y conducción de los medios de comunicación es un dique a la construcción de una democracia deliberante y participativa. La democratización de este sector, mediante una legislación que facilite y promueva la creación y funcionamiento de alternativas comunicativas es una tarea pendiente del gobierno y de la bancada del Pacto Histórico, la más representativa de los sectores interesados en cambios en la estructura comunicacional, tanto en disposición de medios como en la orientación de contenidos. Las fuerzas progresistas también están en mora de agenciar un aparato mediático acorde con su potencial. Los aparentes apuntes sarcásticos sobre un lapsus del presidente o la vicepresidenta, la forma de vestir o hablar, la identidad sexual y de género o la identidad ideológica de los funcionarios, no son inocuos, están —como las filtraciones y montajes— dirigidos a rebajarlos moralmente ante la opinión para debilitarlos y, en el momento oportuno, mediante cualquier tipo de escándalo, asestar el golpe. Casos cunden en el vecindario. El partido más nocivo hoy es la derecha mediática. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda A propósito de la evidente tensión en las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el presidente Gustavo Petro, vale decir que no podrían ser de distinta manera, porque, no solamente en Colombia, sino también en Latinoamérica entera, las Fuerzas Militares han sido históricamente fieles a las políticas de extrema derecha. Recordemos la Operación Cóndor de los Andes, que fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado respaldada por el gobierno de Estados Unidos entre los años 1975 y 1989.​ Campaña favorecida por la lealtad sumisa que los militares han profesado a las decisiones de sus padrinos de pilatunas y de carrera, especialmente a las directrices de políticos, de empresarios, industriales y propietarios inescrupulosos. En consecuencia lógica, en Suramérica no ha habido tantas guerras entre países como guerras internas, precisamente por causa de la labilidad de estas para sumirse a poderosos y el mal entendimiento de las cúpulas castrenses con respecto a la naturaleza de las fuerzas militares. De hecho, su misión no es abolir ideologías ni perseguir a los opositores de los gobiernos, sino defender la soberanía y la integridad territorial. E igual ocurre con los cuerpos de policías, cuya naturaleza y misión es la protección del ejercicio de la libertad, la preservación del orden público y el mantenimiento de la convivencia pacífica; misiones totalmente distintas a la aniquilación de manifestaciones o protestas sociales. Aun así, siendo esas las funciones del ejército y de la policía, las más de las veces estas fuerzas se comportan tal y como si hubieran sido fundadas única y específicamente para blindar a los estados nacionales suramericanos contra los modelos de gobiernos socialistas, comunistas o izquierdistas; y hacerlo plegadas con sumisión a los designios de los Estados Unidos, que alimentan y asisten con mucho interés estrategias golpistas contra gobiernos que, a juicio de sus organismos de inteligencia, tienen por esencia el anti imperialismo y la defensa de los más necesitados. Algunos ingenuos habíamos dado por cierto que tal política norteamericana, la de no tolerar gobiernos elegidos popularmente que no fueran de extrema derecha, había perdido sentido al desvanecerse las razones de la Guerra Fría; no obstante, las confesiones de John Bolton (asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump) acerca de los planes para derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, activaron nuevamente las alarmas de los demócratas del hemisferio, que defienden la autodeterminación de los pueblos. En tal contexto, en Suramérica, y ahora en Colombia, en las relaciones entre las Fuerzas Armadas –tradicionalmente anticomunistas– y los presidentes que no son de derechas, es natural que exista tensión, como es natural también que los gobernantes comunistas, socialistas e izquierdistas (entre estos los progresistas como lo es Gustavo Petro) sientan miedo y desarrollen instintivamente estrategias de extrema prevención. Y no es para menos, si consideramos cómo en Colombia –debido a la infiltración del ejército por delincuentes, narcotraficantes y políticos a quienes estos apadrinan– han asesinado, digamos que a nombre del régimen, a cuatro candidatos presidenciales en los últimos 30 años. A Jaime Pardo Leal (asesinado en 1986). A Luis Carlos Galán (asesinado en 1989). A Bernardo Jaramillo Ossa (asesinado en 1990). Y a Carlos Pizarro (asesinado en 1990). Con todo, así como hay en los ejércitos quienes soportan sus actuaciones militares sobre el impulso de la guerra y basados en el uso de la fuerza, también hay quienes lo hacen basados en el respeto por los derechos humanos y en la búsqueda o preservación de la paz. De manera que si Petro tiene algo de miedo a las fuerzas militares y de policía –que lo ha de tener–, se deberá indefectiblemente a esa tradición intolerante de las Fuerzas Armadas suramericanas. Pero es claro que igualmente tendrá mucha confianza en las jerarquías militares y en quienes escogió para reemplazar las del gobierno anterior. El perfil humanista de estos nuevos mandos militares y de policía, asegurará el cambio de agujas para dejar atrás los vicios de intolerancia y los modos de la barbarie. De otra parte, cabe decir en favor de estos nuevos militares y policías nombrados por Petro, que todos fueron formados en las escuelas y campos de entrenamiento de las fuerzas militares y de policía colombianas. No fueron formados en los comandos políticos de la Colombia Humana, ni tampoco los trajo el presidente Petro de Cuba o de Venezuela. Los nuevos mandos militares y de policía, en sus declaraciones públicas, han manifestado estar abiertamente identificados con las políticas de seguridad del gobierno actual, lo cual garantiza la distensión en sus relaciones con el mandatario, máxime cuando el modelo presidencialista está hecho precisamente sobre la base de que el Ejército es quien manda en el país, pero lo hace en cabeza de un civil nombrado en elecciones populares (el presidente) y no por alguien en el ejercicio de su carrera militar (los generales). Si pensamos en el expresidente Uribe, como un factor de tensión militar, y en su descontento por el nombramiento de Iván Velázquez en calidad de ministro de defensa (quien en el caso de las chuzadas, tal y como terminó sabiéndose, fue víctima y el expresidente su victimario), yo diría que es poco lo que hay para temer. Empero, otra cosa muy distinta es –y el presidente Petro sabrá sopesarlo– si efectivamente el expresidente aún tiene sobre las fuerzas armadas la influencia y poder que demostró tener en el gobierno de Duque, cuando en medio de las marchas los invocó malamente y le obedecieron. Estas líneas del diario El País dan cuenta de esa mala pasada en la cual Uribe exhibe su talante de efectivo aupador de la intolerante línea tradicional de los militares, al pedirles a estos disparar contra los manifestantes: “El expresidente Álvaro Uribe, ha agitado una vez más el debate público en Colombia al defender que policías y militares tienen derecho a usar las armas en el marco de las jornadas de protesta ciudadana contra la reforma tributaria que propone el Gobierno de Iván Duque”1. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Gustavo Petro quiere avanzar de manera rápida y segura en la construcción de la paz total en Colombia. Sabe que cuenta con tan solo cuatro años –como presidente de la República– para avanzar en el objetivo de conseguir el monopolio de la violencia, a través de firmar la paz con el ELN y el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales. De allí que en las primeras semanas ha realizado una serie de tareas necesarias y convenientes, como la de abrir las puertas para una negociación política con el ELN, visitando al opositor político en Cuba y ofreciéndole un reinicio de los diálogos de paz, o realizando una serie de cambios en varias organizaciones del Estado, en especial, en la fuerza pública. Como Jefe de Estado, renovó la cúpula militar –fueron 64 los altos oficiales removidos– en un acto público en la Escuela de Cadetes del Norte de Bogotá. Nombró a Iván Velásquez como ministro de defensa, a Herder Giraldo Bonilla como comandante de las Fuerzas Militares, a Luis Mauricio Ospina como comandante del Ejército Nacional y a Francisco Hernando Cubides como comandante de la Armada. Todos ellos, personas con una sólida formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Además, le estableció a las Fuerzas Militares nuevas tareas. Les dijo a los 228 mil militares y 172 mil policías que el país necesita un cambio en hábitos y costumbres. Les propuso como reto transformar su mentalidad para que actúen bajo un enfoque de defensa y protección de los derechos humanos, así como de la paz. Con ello, el gobierno Petro busca distanciarse de la mentalidad guerrerista que primó durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe y el gobierno de Iván Duque; en los que la fuerza pública se guiaba por la política de Seguridad Democrática y la doctrina del enemigo interno. Esto no significa que Petro quiera arrancar de cero o no reconocer los cambios acumulados por las Fuerzas Militares durante la última década. Por el contrario, sabe que son muchos los esfuerzos que se hicieron entre 2011 y 2018 en el Ejército Nacional, y quiere recuperarlos. En un trabajo que publiqué hace un par de años con una colega de la Universidad de Antioquia, mostramos cómo, durante el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón –justo cuando se avanzaba en el proceso de paz con las FARC-EP y el ELN–, el Ejército introdujo una serie de cambios para transformarse y enfrentar los retos del posconflicto. Fue un proceso de reflexión interno e independiente en el que el Ejército propuso una serie de cambios estructurales y de modernización. En 2011, por ejemplo, creó el Comando de Transformación del Ejército Futuro (COTEF), encargado de realizar una reorganización de funciones en la organización administrativa interna, con nuevos planes militares y con una concepción ideológica del adversario político, llamado Doctrina Damasco. Entre los planes estuvieron el Plan Campaña Espada de Honor, que cumplió el papel de fase preparatoria para un escenario de negociación con las FARC-EP. También, el Plan Victoria, diseñado para seguir combatiendo la ilegalidad de diferentes grupos en el país, pero, sobre todo, para la consolidación y estabilización del Acuerdo Final y dar garantías a lo acordado. Al igual que dos planes más: el Plan Estratégico Militar 2030, en el que se proyectó la construcción de una paz estable y duradera. Y el Plan Minerva, cuya apuesta la pusieron en el desarrollo académico y la cualificación de los miembros de las Fuerzas Militares para poder capitalizar sus experiencias. Este último plan buscó fortalecer la formación académica de su personal y la nueva formación doctrinaria, enviando miembros del Ejército a realizar estudios académicos –tanto en el país como en el exterior– con el propósito de lograr una formación complementaria a la formación militar, que hiciera posible enfrentar el escenario del posacuerdo. En breve, el Ejército Nacional realizó una serie de esfuerzos internos con el objetivo de realizar cambios organizativos e institucionales para afrontar las nuevas realidades del país. Realidades que ya no estaban limitadas a la intervención con las armas para enfrentar al enemigo sino a atender el posconflicto. Sin embargo, como se dijo, al llegar el gobierno de Iván Duque la mayoría de estas transformaciones se pararon. De nuevo, durante el gobierno de la Paz con Legalidad se volvió al viejo esquema de Seguridad Democrática, de enemigo interno y de militarización de los territorios; lo que trajo como consecuencia los conocidos abusos de poder de la fuerza pública y afectaciones a la sociedad civil. Lo que buscará el gobierno Petro, tal como lo viene diciendo en sus discursos, es retomar la dinámica que se tenía de transformar el Ejército y la Policía. Que de nuevo estos organismos de seguridad se piensen frente al país y construyan valores éticos de cuidado de la vida y de defensa de los derechos humanos. Que diseñen estrategias de control territorial y de lucha contra las organizaciones criminales, pero con un nuevo relacionamiento con la sociedad civil. En síntesis, lo que propone el nuevo gobierno –a la segunda Fuerza Pública más grande de América Latina luego de Brasil– es un cambio de software y no de hardware. Cambios en la mentalidad, en los hábitos y conductas, y en el relacionamiento con la ciudadanía. Unas fuerzas armadas que supriman esa vieja idea del enemigo interno y que llegue el enfoque de los derechos, las libertades de la gente y la paz. Asumiendo un papel protagónico frente al cuidado de la vida, tanto la humana como la del medio ambiente. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Con el nombre de esta columna, señaló el presidente del Congreso, Roy Barreras, el esfuerzo de diálogo iniciado en este gobierno con sectores indígena, afro, campesinos, institucionales y de representatividad política, en el norte del Cauca. Y la primera sorpresa que uno se lleva está en relación al uso de la tierra en litigio entre la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN) y los ingenios cañeros. Es la famosa discusión en relación a los medios de producción, ya que a los azucareros solo les interesa la caña y sus derivados, no la propiedad, solo quieren usufructuar la tierra y, cuando este empiece a tener dificultades en el rendimiento o baja productividad, alzarse con sus gigantescos camiones recolectores e irse, dejando atrás la tierra infértil, como hicieron muchas empresas en el norte del Cauca cuando expiró la Ley Páez. Ahí está la diferencia en la relación que establecen los productores de azúcar con la tierra versus las cosmovisiones que las organizaciones sociales tienen del territorio: los ingenieros exprimen los nutrientes de la tierra para acceder a la caña y transformarla en etanol; mientras que para el comunero, el afro y el campesino la tierra es un pedazo de terrón que, sumado a la autoridad, la salud, la educación, al medio ambiente, a la producción, la cultura, la autonomía y el reconocimiento, termina convirtiéndose en un gran territorio, en la vida misma, en el consejo comunitario afro, el resguardo, la zona de reserva campesina, el espacio agroalimentario, el territorio interétnico e intercultural, en la madre tierra. Esta tierra ha sido territorio ancestral de los afro e indígenas, pero el arrendamiento por años a los ingenios azucareros ha generado confusión y conflicto. Es por esto que se debe dar un debate alrededor de este territorio en dos dimensiones: acceso y propiedad, tanto para el afro como para el indígena y el campesino, discutir acerca de la prohibición de los cultivos de uso ilícito, solicitando regular su producción mientras se acuerda multilateralmente su legalización. Hay que hablar de crédito blando, siembra, producción para garantizar la seguridad alimentaria. Ya lo dijo el presidente, hay que "producir para repartir", en la tulpa, la terraza o la huerta (tres bellos nombres para señalar el espacio físico en el que las familias y las comunidades siembran sueños y cosechan al final verduras y frutas), para reforzar el valor nutricional y mantener las defensas altas. Así se ve la integralidad de visiones diversas pero confluentes en reconocer y fomentar la vida, no el dinero; ahí la diferencia con el modelo capitalista arrasador. Me preocupa la metodología utilizada reiteradamente para buscar solución al inconveniente de la tierra en el norte del Cauca: comisiones del Gobierno Nacional de diversas entidades y vocerías sociales por sectores poblacionales (precedidas de enfrentamientos, incluso físicos, en este caso entre afros e indígenas). Pareciera que la confianza estuviese rota entre todos. Considero que el gobierno debe primero hablar con cada proceso organizativo que funge como actor para que, al visibilizar los resultados de su intervención, estos sean positivos. Definitivamente sí es cierto...en el Cauca inicia la construcción de paz. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: León Valencia, para @infobae El expresidente Uribe y el Centro Democrático han anunciado que publicarán una cartilla para responder al informe de la Comisión de la Verdad. Tienen, desde luego, todo el derecho a controvertir el gran acervo de memoria y verdad que, a lo largo de cuatro años, recogió la Comisión. Puede ser una buena idea si se dedican con juicio a explicar algunas realidades dolorosas que los implican de manera directa. El 63% de las 9’200.000 víctimas se produjo en el gobierno de Andrés Pastrana y en los dos mandatos de Uribe. También la mayoría de los 450.000 muertos. Una interpretación de este fenómeno por parte de sus protagonistas podría arrojar luz sobre este oscuro periodo de la historia nacional. La otra verdad de a puño es que las ejecuciones extrajudiciales, llamadas “falsos positivos”, se multiplicaron en tiempos de Uribe hasta llegar a una cifra que agrede la memoria como una afrenta imborrable: 6.402 personas inermes e inocentes, la mayoría jóvenes, murieron a manos de las Fuerzas Armadas de Colombia. Aceptar la trama criminal orientada desde las más altas instancias del Estado y urdida por militares sin honor, contribuiría enormemente a recuperar la dignidad de nuestra fuerza pública. Puede ser una mala idea si se ponen en la tarea de negar lo ocurrido o si se proponen echarles la culpa a las fuerzas ilegales o a sectores de las Fuerzas Militares, eludiendo todas sus responsabilidades en la tragedia. No podrán convencer a la mayoría de los colombianos de que este holocausto sencillamente no ocurrió, de que la izquierda se ha inventado las cifras, las imágenes y los testimonios, para enlodar la memoria de personas e instituciones honorables. Si lo intentan, seguirán engañando a sus seguidores con sus versiones y retrasarán el proceso de reconciliación del país. Tampoco se salvarán culpando a otros. Ya le salió mal al expresidente Uribe la reunión con el padre Francisco de Roux. Ese fue el primer gran intento de dar otra versión de los acontecimientos. Juan Manuel Santos había concurrido a la Comisión a reconocer la innegable responsabilidad del Estado en las ejecuciones extrajudiciales y a Uribe se le ocurrió que debía dar una explicación que lo liberara de la culpa. Aceptó la reunión con la Comisión condicionándola a que fuera en su finca y bajo sus reglas. Aún así, lo que vio el país fue a un Uribe diciendo por primera vez que las Fuerzas Militares no le había informado de estas cosas. Triste versión de un hombre con fama de frentero y que siempre había reivindicado una potente y transparente relación con el estamento armado. Sé muy bien que no es fácil para un líder, para un partido político o para una nación ponerle la cara a un holocausto. Todavía hoy, después de ochenta años, se discuten en Alemania las responsabilidades en el ascenso del nazismo. Hasta su más emblemático premio novel de literatura, Günter Graas, hubo de confesar al final de sus días su relación con el monstruo; y un papa, Benedicto XVI, de nombre secular Joseph Aloisius Ratzinger, afronta hasta hoy la acusación de haber colaborado con los nazis. Nuestras desgracias, que no son menores, no atravesarán la historia del mundo. Somos un país pobre y lejano. Nuestros muertos, la mayoría campesinos sin nombre, indígenas sin apellidos sonoros, negros olvidados, acompañados de algunos magnicidios que poco a poco irán desapareciendo de la memoria de los colombianos, no dan para debates en el centro de los acontecimientos mundiales. Pero un debate local serio y ponderado a partir del informe de la Comisión de la Verdad nos puede ir acercando a la reconciliación. No podemos demorarnos cien años en la discusión. No podemos seguir ocultado lo que ocurrió y eludiendo responsabilidades. Estas actitudes nos mantienen atados al pasado, prolongan las violencias existentes y mantienen una polarización dañiña para el país. Cuando hablo del conflicto armado y su estela de muerte, desarraigo y devastación, algunos lectores me reclaman diciendo que no tengo autoridad moral, porque hice parte de esa guerra. Debo reconocer que para mí no ha sido fácil encarar mi pasado. Pero lo he hecho con la sincera convicción de aportar a la reconciliación. Acabo de escribir el libro La izquierda al poder en Colombia con este propósito y con ese mismo objetivo participé en el Grupo de Memoria Histórica que encabezó Gonzalo Sánchez, y colaboré con la Comisión de la Verdad en su reciente labor.

Por: Luis Eduardo Celis A la memoria de Horacio Arango S. J. La Compañía de Jesús era propietaria de una joya litúrgica, "La lechuga", una hermosa pieza de orfebrería colonial que representa una cruz con incrustaciones de esmeraldas y otras piedras preciosas, una reliquia de inmenso valor patrimonial que la Compañía de Jesús, a mediados de los años ochenta, consideró que su mejor lugar era el Museo del Oro, regentado por el Banco de la República. Así fue y hoy la “La Lechuga” reside en esta importante institución cultural. Con los recursos económicos generados por haber cedido "La Lechuga", se conformó el Programa por La Paz, liderado por el Sacerdote Jesuita Horacio Arango, una persona de especial sensibilidad, inteligencia y compromiso con la vida, la dignidad humana y la paz. Con el liderazgo del Programa por la Paz se inició la Semana por la Paz en los duros años de finales de los ochenta. Hoy la Semana por la Paz cumple treinta y cinco años. La Semana por la Paz ha sido una formidable expresión ciudadana que se vive en la escuela, en los barrios, en las iglesias, en las universidades, en fin, en múltiples espacios sociales y ciudadanos donde se hace reflexión, diálogo, debate, cultura por entender nuestros conflictos, denunciar mil barbaries e insistir en que hay que defender la vida y construir paz. Colombia tiene una enorme experiencia de construcción de órdenes de paz en todos los espacios donde hay sociedad apersonada de su destino. Esto hay que tenerlo siempre presente en medio de una larga historia de violencias organizadas. Igualmente hemos tenido una vital experiencia de construcción de paz. La Semana por la Paz de este año se da en el inicio de un Gobierno Nacional que ha ofertado Paz Total como el compromiso de superar todas las violencias organizadas que persisten, lo cual es dramático en cerca de doscientos municipios donde la vida sigue siendo atropellada todos los días. Del 4 al 11 de septiembre vamos a tener la Semana por la Paz para seguir trabajando por una Colombia en paz. No queda sino agradecer a la Conferencia Episcopal, a Redepaz, a la Redprodepaz y a cientos de organizaciones de muchos énfasis que hacen realidad esta formidable expresión ciudadana, alegre, colorida y llena de vida.

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Finalizado el gobierno Duque muchos colombianos tienen por cierto que ha quedado atrás el reinado del mal –la Colombia violenta– y también tienen por cierto que con el gobierno Petro se abrirá el camino hacia una Colombia mejor, la Colombia humana. No es incoherente que los colombianos y colombianas esperen esto, pues antes del mandato de Petro –hoy apenas en su etapa promisoria– todos los gobiernos estuvieron fundados en políticas de inequidad. En efecto, cada vez fueron siendo menos los ricos y, como hasta hoy lo demuestran las cifras demográficas, los pobres traspasaron el mínimo nivel de justicia social y alcanzaron el rasero de las sociedades incivilizadas. En el presente, Colombia es uno de los cinco países más inequitativos del mundo. En consecuencia, esa realidad compuesta de muchos pobres y de muy pocos ricos, ha hecho de Colombia un país políticamente convulso y por ello mismo cargado de malas conductas sociales. Conductas evidenciadas en la represión del Estado, en la degradación de las fuerzas militares, en la corruptela de los gobernantes y sus funcionarios, en el narcotráfico y sus grupos armados, y en la desobediencia civil o delincuencia común de personas desesperadas, a las cuales se les ha negado la educación y el empleo. En Colombia, la práctica de la violencia es pareja en todos los estratos económicos: el maltrato a la mujer y la violación a niños y niñas, por ejemplo, son protagonizados por ricos y pobres; pero, valga decirlo, la mayor parte de los gobernantes y de los ricos son exclusivamente los responsables de la falta de oportunidades en la educación pública; y en tal contexto –ni siquiera hay que explicarlo– son además responsables de la inequidad social, de la pobreza, del hambre y de la consecuente barbarie. Un escenario donde la inequidad también es campante en lo cruel, pues, qué paradoja, en términos de violencia en nuestro país son más los victimarios ricos que los victimarios pobres. Las maneras malévolas del Estado y de las élites –familias, clanes y grupos empresariales– se han fundado en ambiciones y egoísmos, y la mala conducta de los pobres suele estar fundada en la falta de educación y de oportunidades laborales. De ambas conductas negativas –la de los ambiciosos egoístas como la de los desescolarizados sin empleo– surgen eventualmente las conductas salvajes. No en vano, filósofos y científicos de las causas sociales han determinado cómo el concepto del “mal” es una expresión de insatisfacciones y cómo su contrario es una expresión de confort o de estabilidad con respecto a la supervivencia. Pienso ahora en Thomás Hobbes (1588-1679) para quien lo bueno era lo deseado y alcanzado (el tener), y lo malo aquello no deseado o cuanto causa aversión (el no tener). Así las cosas, no es difícil concluir que el entendimiento del filósofo materialista inglés del siglo XVII, más la posterior definición del concepto del “bien” dada por Friedrich Nietzsche (1844-1900) para quien el bien es un valor y su envés todo lo desprovisto de precio, dieron pie a la inculta tradición de creer que los individuos carentes de bienes y propiedades son potenciales sujetos del mal y, quienes poseen algo de valor, no importando si a sus actuaciones las mueve una perversidad, son incuestionables sujetos del bien. No obstante, tanto el filósofo inglés –autor del “Leviathan”– como el pensador alemán –autor de “Más allá del mal y del bien”– entendían el concepto del bien como un valor, pero, única y estrictamente en el campo de su acepción subjetiva: el valor de la conducta humana (que comprende esencialmente la moral y la ética) y no en su acepción objetiva que comprende el precio (las unidades monetarias) de los bienes y las cosas. Entre esas dos aguas se ha desenvuelto la especie humana en su evolución: entre quienes se creen gente de bien por ser dueños de algo y entre quienes, por ser dueños de nada, son considerados de menor valía social, los llamados y llamadas “nadie”, gente a punto de delinquir (los sujetos activos del “estallido social”). En efecto, siendo la inequidad y sus consecuencias salvajes una anomalía generalizada y no exclusivamente de los colombianos, los científicos del mundo han formulado la teoría del Gen Egoísta –socializada en 1976 por el zoólogo Richard Dawkins– en la cual se asevera cómo nuestro ADN nos predispone un mundo de salvaje competencia (entre los que tienen bienes y poder, y los que no los tienen), un mundo de tiranía (tangible en el abuso de poder), un mundo de explotación ilegal (cuyo mejor ejemplo es el empleo esclavista) y un mundo de trampas biológicas (¿quién se atreve a decir que la desnutrición no es la más efectivas de las trampas biológicas?). En fin, un mundo donde lo único importante y la única finalidad es prevalecer. Desde entonces, los académicos y los autodidactas comenzaron a preguntarse ¿por qué razón –si el gen egoísta solo está basado en el impulso natural de tener bienes y cosas, y con ello obtener poder de reconocimiento social– existe también el rechazo a los “diferentes”? ¿Por qué son rechazados los negros en Europa, en Norteamérica, en Suramérica y en nuestro país? ¿Por qué son rechazados los indígenas? ¿Por qué se rechaza a los inmigrantes, si estos son de todas las razas y regiones? Para estos casos citados parecía no haber explicación bajo la teoría del gen egoísta, hasta cuando la española Adela Cortina, hacia 2006 aclaró –no importa si por una vía distinta a la de Dawkins– que el gen egoísta es también la causa por la que rechazamos a los negros, a los indígenas, a los inmigrantes y a quienes huyen de un pueblo en guerra. Y es así única y estrictamente porque estas poblaciones mentadas no poseen nada, porque son rechazables. A esta nueva interpretación de las razones que explican la inequidad y que reafirman la teoría de Dawkins, Adela Cortina la denominó “aporofobia”, que no es otra cosa que el rechazo a los pobres. Una conducta social que en Colombia pareció ser el sentimiento dominante de los gobiernos anteriores a este que comienza, y también el sentimiento dominante de las élites sociales que, con sus maneras de gobernar –en el caso de los presidentes– o con sus modos de ejercer la cultura –en el caso de las élites– han maltratado a los pobres por muchos años. Todo esto nos lleva a concluir que el pueblo colombiano eligió a Gustavo Petro como su presidente solo porque el trasunto y concreciones de su programa de gobierno están basados en la creencia de que las observaciones sobre la injusticia y la inequidad social –advertidas por filósofos, por juristas y por quienes, desde sus distintas áreas de conocimiento ejercen la sensatez– deben ser de una vez por todas reivindicadas. Con el gobierno de Petro se avizora el fin de la aporofobia en Colombia, porque si se trata de un problema de inequidad, por mala distribución de las riquezas, basta solo tener la decisión de volver a barajar el juego y repartirlo debidamente, no importa con qué tipo de criterio, pero siempre basado en los dictados de la justicia. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Attila Lenti “No ponerle freno a esta fluidez que hay de ti hacia fuera. Es la palabra que dice la verdad porque siente la verdad. Es sentir y pensar. Por eso se habla de sentipensante. Porque somos eso, una mezcla de razón y emoción, y en la medida en que tú eres eso, tu interlocutor lo va a captar también, y eso genera una forma de comunicación diferenciada, más creativa, más amable” Rafael Vergara Navarro “Falleció Rafael Vergara”, replican los noticieros. Rafa, el ambientalista defensor de los ecosistemas de la costa, abogado, exmiembro de la Dirección Nacional del M-19, director de documentales, poeta, fotógrafo, amante de la vida. Hombre caribe, abierto a la inmensidad del horizonte, hombre “sentipensante”, promotor del gran cambio social de Colombia. De su obra hay mucha información disponible, yo solo quiero compartir un par de palabras del Rafa que yo conocí. Como estudiante de maestría en la Universidad de los Andes estaba preparando mi tesis y andaba de entrevista en entrevista en aquella época. El trabajo se trataba de los efectos de la caída del socialismo real para la izquierda colombiana, y en mi proceso alcancé a entrevistar a líderes importantes de esa fuerza política de diversos orígenes y pensamientos, golpeada y traumada por la violencia política de las décadas anteriores. El proceso fue marcado por la generosidad y el cariño: un amigo me organizó un montón de entrevistas y para las restantes iba volando de mano en mano entre personajes de cuentos. Mi ingreso oficial al mundo de la “cadena de afectos” comenzó el 10 de noviembre de 2008 cuando pisé la puerta de un apartamento bogotano donde me esperaba Myriam Rodríguez, figura emblemática de la primera generación del M-19, una mujer multifacética que irradia energía vital y un humor indestructible. Por su recomendación, a los cinco días ya estaba en Cartagena de Indias en las salas del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de la ciudad, esperando a un tal Rafael Vergara, quien era el director. Su llegada fue teatral. Al entrar, con su voz penetrante de cantante de ópera lanzó un saludo poético y cariñoso a la gente que realizaba sus trámites: entre rimas divertidas les advirtió lo importante que era cuidarse en el tráfico. Pensé: “aquí deberían estar ahora todos los motociclistas locos con los que me topé alguna vez en Cartagena”. En la entrevista tocamos todos los temas relevantes para mi investigación y Rafa naturalmente le agregaba sabor y anécdotas extraordinarias a cada asunto. Fue la típica charla libre que abrió infinita cantidad de puertas en la mente y que rápidamente desbordó los marcos de una entrevista “semiestructurada”. Habló de Bateman, de la pasión, y de lo que llamaba “realismo romántico”, un elemento fundamental en el movimiento para no perder contacto con el pueblo. Rafa era un aficionado de Bolívar y un gran conocedor de su vida y legado, entonces su imaginario relacionado con la espada dominaba parte de la conversación. Asimismo, su admiración por el escritor uruguayo Eduardo Galeano, a quien conocía personalmente. Cuando yo ya casi no viajaba a Cartagena mantuvimos contacto por teléfono y a ratos tuve la oportunidad de verlo en Bogotá. Mi recuerdo más vivo de él es sacando libros de la nada en medio de una charla entusiasta para agregar algún dato. Tenía problemas respiratorios desde que lo conocí. Un día en su apartamento en Cartagena, hace más de una década, lo noté cansado. Me dijo: “Sigamos conversando. A veces siento que si me duermo, ya no me despierto”. Fue conmovedor ver a un espíritu gigante encerrado en un cuerpo frágil. Hablé con él la semana pasada después de varios años. La conversación se la debo a mi última columna en Pares. De repente me buscó una periodista de un medio español para preguntarme sobre la espada de Bolívar. Inmediatamente me acordé de Rafa y le dije: “Ven, mejor te presento al experto no. 1.”. Lo llamé para saludarlo y me dijo: “Attila, me estoy preparando para mi reunión con la Ministra de Ambiente”. Estallaba de entusiasmo. Me alegra que haya vivido estos momentos, la llegada del “primer gobierno ambientalista” de Colombia. Hizo mucho para que fuera así. Diría “descansa, Rafa”, pero descansar no era lo suyo. Su fuerza vital le dio muchos años más de su presencia a la gente afortunada que lo conoció. Rafa tenía incontables amigos y amigas que podrían inundar la red con historias de él. No sé si la tristeza cabe cuando una persona como él se va, que vivió una vida tan completa, con tanta intensidad. Desde Bateman sabemos que hombres como él nunca mueren. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo La versión número 26 de este reencuentro del pueblo negro del Litoral Pacífico estuvo precedida de un discurso pronunciado por el presidente Gustavo Petro en la Cumbre del Pacífico, donde concluyó con una frase que dibuja en el imaginario colectivo los vientos del bello Litoral Pacífico hacia Colombia. Sentenció que "este país estuvo gobernado por los descendientes de los esclavistas y a partir del pasado 19 de junio, está dirigido por los descendientes de los esclavos". El presidente señaló al racismo como la causa de la pobreza de este litoral, consecuencia del trato revanchista del sector andino ante la rebelde actuación de buscar la libertad en palenques libres, en estos territorios a orillas del mar. Dijo también que la prioridad de actuaciones e inversiones del Gobierno Nacional será este litoral profundo, porque es vergonzoso tener como Nación la región más pobre en el Pacífico. Y me he preguntado muchas veces cómo son nuestras hermanas y hermanos tan felices aún en medio de esta situación, y para encontrar respuestas definitivamente hay que ir al festival Petronio Álvarez. Tres grandes secciones componen su esencia: bebidas tradicionales (entre otras, arrechón, curado, tumba catre), cocinas propias (camarones, langostinos, jaiba, etc.) y pasarela de moda propia, con los colores y diseños característicos del pueblo afro. Ríos de personas nacidas en este Litoral, más habitantes del sur del país, entraban y salían de la unidad deportiva Alberto Galindo. Se dice que acoge cada año de 100 a 200 mil visitantes. El Petronio es el grito de rebeldía, es el encuentro de quienes desde su ancestralidad se reconocen, estén habitando el sitio que sea, pues la comunidad afro se trasladó con su cultura, su religión y su práctica. Definitivamente es histórico que se discuta la creación de una región de planeación y gestión en el camino hacia un departamento del Litoral Pacífico. El Petronio es alegría, encuentro, música, comida, moda, identidad y sentido de pertenencia en medio de este cambio político. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: León Valencia, para @infobae El partido Podemos lleva varios días cascándole al Rey de España, Felipe VI, acusándolo de irrespeto a Colombia por no haberse parado a tiempo cuando pasó por su lado la espada de Bolívar. Esto se convirtió, quizá, en la principal polémica del siete de agosto, día de la posesión presidencial de Gustavo Petro. Todo por cuenta de que el presidente saliente, Iván Duque, no se sabe aconsejado por cual gilipollas, no quiso dejar que se llevara la espada —tal como lo pedía Petro— a la ceremonia de posesión. Petro zanjó la polémica ordenando, inmediatamente después de su juramento, que soldados de la guardia presidencial llevarán la urna con la espada a la plaza donde los asistentes se pararon de las sillas a su paso. La espada es en realidad una anécdota más de nuestra larga guerra que tuvo tanto horrorosas tragedias como delirantes comedias. El M19, en una de sus primeras acciones, se la robó de la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Bogotá, para publicitar su presencia en la guerra colombiana. Después, en el momento de su desmovilización, se la entregó al presidente Cesar Gaviria y desde ese momento está en la Casa de Nariño. Pero la anécdota tiene un gran fondo. Las élites colombianas le voltearon la cara al libertador, a sus ideas, a sus grandes propósitos. Lo dejaron solo a la hora de su muerte, en una agonía que lacera el alma cuando uno visita el lugar donde pasó sus últimos días en la Santa Marta de los años treinta de ese borrascoso siglo XIX. Pero lo más importante, abandonaron su consigna de buscar un camino propio para nuestro país. La Constitución de 1886 y el proyecto educativo de la hegemonía conservadora que gobernó al país desde ese año hasta 1930, fueron un retorno a las raíces hispánicas. Miguel Antonio Caro, que redactó la constitución con todos sus puntos y sus comas y tejió el espíritu de esa época, proclama ese retorno como su gran obra. El libertador se convirtió entonces en adorno de parques, museos y premios. Nunca más fue un referente de grandes transformaciones en la búsqueda de un camino propio. Dejaron el campo abierto para que las guerrillas lo adoptaran como su gran inspiración en los años ochenta del siglo pasado, apropiándose de su espada y agrupándose en torno a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. El país no tiene conciencia de lo grande que fue el General Simón Bolívar. La BBC de Londres, al final del milenio, lo declaró el hombre más importante de la historia. Con solo 47 años, peleó en 447 batallas, siendo derrotado solo 6 veces. Cabalgó 123 mil km, recorrió 10 veces más que Aníbal, 3 veces más que Napoleón y el doble que Alejandro Magno. Venció al imperio más poderoso de su tiempo, ganando la libertad de seis naciones, entre ellas Colombia. Esas son sus hazañas militares, pero su visión política y su aporte intelectual no es menor. La carta de Jamaica es un gran testamento político. Con un talento fuera de lo común y una enorme intuición, describe una por una las naciones de América Latina, con excepción de Brasil. Se atreve a calcular sus habitantes, habla de las penurias que afrontan, de la guerra que libran contra el imperio español, de las virtudes y riquezas que atesoran, compara lo que ocurre en estas tierras con lo que está ocurriendo en el mundo. Después se atreve a señalar su futuro y dice: “Cuando los sucesos no están asegurados, cuando el Estado es débil, y cuando las empresas son remotas, todos los hombres vacilan; las opiniones se dividen, las pasiones las agitan y los enemigos las animan para triunfar por este fácil medio. Luego que seamos fuertes, bajo los auspicios de una nación liberal que nos preste su protección, se nos verá de acuerdo cultivar las virtudes y los talentos que conducen a la gloria; entonces seguiremos la marcha majestuosa hacia las grandes prosperidades a que está destinada la América meridional; entonces las ciencias y las artes que nacieron en el Oriente y han ilustrado a Europa, volarán a Colombia libre que las convidará con un asilo”. Ahora que Alejandro Gaviria, ministro de educación, ha dicho que en los colegios se debe estudiar el informe de la Comisión de la Verdad, yo sugiero que —ubicándola en su contexto— se estudie en el grado 11 La Carta de Jamaica. PD. Esta frase que circuló en redes sociales es buenísima: “es la primera vez que se sacan una espina con una espada”.