Por: María Victoria Ramírez En octubre de 2017, Jessica Bennett se convirtió en la primera editora de género de The New York Times. En esta columna quiero compartir algunas de las respuestas que ella da a preguntas de lectores y lectoras de ese periódico, localizados en distintas zonas de los Estados Unidos, sobre los temas que como editora ella aborda, y que se publicó en ese medio en diciembre de 2017 [1]. Esta suerte de entrevista polifónica resulta una perspectiva interesante, una referencia para quienes escribimos sobre estos temas y aspiramos a hacerlo para audiencias cada vez más amplias y no solo para activistas por los derechos de las mujeres o especialistas en el ámbito académico y político. Escribir es una tarea compleja, hacerlo sobre temas de género lo hace más difícil porque implica estar alerta a ver cosas que otros no ven o que se quieren encubrir deliberadamente. Hacerlo para medios masivos de comunicación como The New York Times, implica un enorme desafío. Pero ir más allá, garantizando el enfoque de género en todo aquello que publica un medio como ese, es un esfuerzo que vale la pena resaltar y un caso a estudiar. **** - “Me gustaría saber su definición de cobertura de género y, ¿The Times tiene más lectores masculinos que femeninos?” Veo el género como un lente a través del cual vemos el relato global. Eso ciertamente significa escribir sobre el feminismo y los roles de las mujeres en la política, la cultura y la economía, pero también significa cubrir la masculinidad, la sexualidad, la fluidez de género, la raza y la clase, y mirar la ciencia, la salud, la crianza de los hijos y el deporte a través de este lente. Las estadísticas varían según el período de tiempo y la sección, pero en general buscamos aumentar el número de lectoras, aunque esperamos que nuestros esfuerzos sirvan a lectores de cualquier género. - “¿Las discusiones sobre el género tendrán en cuenta la raza/etnicidad? ¿Buscará líderes intelectuales informados? Como mujer afroamericana, a menudo encuentro que las discusiones sobre género se enfocan en las mujeres blancas de clase media, que las discusiones sobre los afroamericanos se enfocan en los hombres negros de clase trabajadora y que las mujeres negras LGBTQ y cisgénero [1] son relegadas a fragmentos de pobreza, o sujetos desafortunados. ¿Profundizarán las discusiones en cómo exploramos la raza, la clase y el género para todos los grupos, pero especialmente en la sociedad estadounidense? Definitivamente. Quiero que todo lo que hagamos sea interseccional en su enfoque, y la raza, la clase y la identidad de género son una parte importante de eso. La cobertura de género para mí también significa más que simplemente producir contenido nuevo, aunque ese es un componente enorme. También significa pensar en cosas como el tono, la presentación visual, la representación en esa presentación visual, quién está escribiendo artículos, quién está siendo fotografiado en esos artículos, las fuentes que citamos, etc. - “¿Es posible tener una lente de género colocada en todas las historias del New York Times, y no solo tener un editor de género aislado para discutir ‘cuestiones de género’?” ¡Sí, sí, sí! Tuvimos un gran propósito en la creación de este rol de no tratar de recrear las ‘páginas de mujeres’ de hace cinco décadas, cuando el contenido doblado para ‘mujeres’ se acordonó en su propia sección del periódico. (Sí, eso fue algo real, y no solo en The New York Times). Así que quiero dejar muy claro que nuestro contenido de género existirá en todas las secciones del periódico y se producirá en todos los medios. Lo que en realidad hace que mi trabajo sea relativamente desalentador, porque significa que soy como una editora itinerante que trabaja en todas las secciones y departamentos (y déjame decirte que este lugar es enorme). Pero también creo que ese enfoque es crucial. Porque estamos tratando de expandir y mejorar orgánicamente la cobertura de estos temas en cada sección, casi para que no se note, porque el género no debería existir en su propia sección. Sigo diciendo: sabré que tengo éxito en este papel cuando mi trabajo ya no tenga que existir, momento en el cual, con los dedos cruzados, The New York Times encontrará algo más para mí. - “¿Ve una tensión entre la neutralidad periodística en los informes de noticias y su objetivo declarado de aumentar la conciencia de género?” Jodi Kantor, la reportera de investigación que reveló la historia de Harvey Weinstein con nuestra colega Megan Twohey, estuvo recientemente en el podcast "Longform" hablando sobre lo que inicialmente esperaba lograr cuando comenzó a informar sobre el acoso sexual. Ella dijo algo que pensé que era muy inteligente, que era esencialmente que cuando se trata de cuestiones de mujeres y género, todos tienen una opinión, todos tienen una "posición", pero a menudo faltan informes periodísticos a la vieja usanza para acompañar esto. Sintió que lo que podía contribuir, como reportera de investigación, era ese reportaje, y creo que básicamente estamos viviendo un momento #MeToo que fue en parte producto de ese reportaje. Mi sensación es que es absolutamente posible mantener la neutralidad al informar sobre cuestiones de género, así como tener un punto de vista sin ser percibido como parcializado. Pero la realidad es que los medios han sido creados por y para hombres blancos durante mucho tiempo. Es un hecho. No creo que sea parcializado o que de alguna manera no sea neutral decir que ese ya no es el mundo en el que vivimos, y que nuestra cobertura debería reflejar eso. - “Si bien aprecio el enfoque anterior en The Times sobre las revelaciones de Hollywood, ¿es posible comenzar un diálogo abierto con los lectores sobre las mujeres y los hombres que perdieron la voz pero no alcanzan la celebridad? Creo que este podría ser un gran servicio que usted y The Times podrían brindar, para alentar a estas personas y darles la sensación de que no son ignoradas ni silenciadas. Sí, y absolutamente queremos hacer más de esto. Recientemente lanzamos un boletín llamado #MeToo Moment como un intento de hacer esto, donde enviamos actualizaciones semanales, análisis y reflexiones sobre la cobertura y la conversación sobre conducta sexual inapropiada, incluidos temas como mujeres comunes que pueden no sentirse capacitadas para hablar. También estamos solicitando historias y comentarios de nuestros lectores. Puede registrarse aquí, leer ediciones anteriores aquí y considere esta convocatoria abierta para compartir con nosotros sus historias, ya sea a través de la palabra escrita, el arte, la música, la poesía o cualquier otra cosa, en nytgender@nytimes.com - ¡Bravo, Jéssica! Mis amigos y yo creemos que este es el punto de inflexión. ¿Quién en The New York Times continúa investigando pistas? ¿A quién puedo contactar si he oído algo? Tenemos numerosos reporteros investigando todo tipo de historias. Puede enviar una sugerencia de noticia confidencial aquí, o sugerir un nuevo enfoque escribiendo a mi equipo a nytgender@nytimes.com Como puede imaginar, estamos un poco abrumados en este momento, pero le prometo que leemos todos y cada uno de los correos electrónicos e intentamos responder a todos (al menos a los que no nos insultan). Jessica Bennett, editora de género del Times, es la autora de Feminist Fight Club. Referencias [1] The New York Times, «Jessica Bennett, Our New Gender Editor, Answers Your Questions,» [En línea]. Available: https://www.nytimes.com/2017/12/13/reader-center/jessica-bennett-our-new-gender-editor-answers-your-questions.html. [Último acceso: 14 07 2022]. [1] Cisgénero es un término que significa que cualquiera sea género que se tenga actualmente, es el mismo que se supuso para la persona al nacer. Esto simplemente significa que el padre o un médico acertaron en la designación.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La entrante ministra de agricultura, Cecilia López Montaño, le ha prometido al país que realizará una nueva reforma agraria; además, ha insistido en que la hará “sin timidez”. Lo que significa –según la etimología de la palabra– que buscará una “transformación” real del campo colombiano, dándole a este “una nueva forma”. Su propuesta de reforma se concentrará en dos grandes acciones. La primera, cambiar el uso del suelo, dándole un uso más racional y eficiente; y la segunda, transformando la propiedad y tenencia de la tierra, buscando reducir la alta concentración de la propiedad y buscando entregar tierra a los habitantes del sector rural. El primer objetivo, aunque novedoso en el país, se enmarca en la clásica propuesta cepalina de transformación productiva de los años noventa, la cual consiste en cambiar la vocación agrícola y pecuaria del país, pasando de una ganadería extensiva a una intensiva y buscando que se produzcan otros bienes agrícolas necesarios para la economía, como el maíz, el trigo o el arroz. El segundo compromiso, aunque menos novedoso que el anterior, es una propuesta más ambiciosa. Buscará reducir la concentración de la propiedad de la tierra, dotando a los campesinos, colonos, arrendatarios, indígenas y demás habitantes rurales de mayor acceso a tierras, para que avancen en su seguridad alimentaria y reduzcan los niveles de pobreza rural multidimensional. En síntesis, el objetivo de la nueva ministra será la difundida propuesta latinoamericana de una transformación productiva del campo con equidad. Buscará acercar al país a la meta de usar las 22 millones de hectáreas de tierra productiva que tiene, reduciendo la tierra para la ganadería y entregando tierra nueva a los habitantes de la ruralidad. De lograrlo –el gobierno Petro y su ministra– estarían atendiendo a los dos problemas que históricamente ha mantenido el campo colombiano. Además, enfrentarán y tratarán de reducir las nefastas consecuencias que la violencia, el desplazamiento forzado y el abandono estatal han provocado sobre el sector rural. Igualmente, estarían avanzando en los objetivos del país de generar una seguridad alimentaria, reducir la pobreza –que para el campo proporcionalmente es el doble del sector urbano– y controlar el riesgo inflacionario –al depender menos de las importaciones de productos e insumos agrícolas que para el país oscilan por el 30%–. Pero lograrlo será muy difícil. Son muy pocas las razones que hacen pensar que la historia de una fallida reforma agraria no se repetirá. Desde el siglo antepasado el país ha buscado periódicamente realizar reformas de este tipo y lo que ha hecho es profundizar la situación de abandono del campo, de concentración de la tierra y de aumento de la violencia rural. Un repaso rápido por tres momentos de la historia del país en los siglos veinte y veintiuno evidencian el desasosiego que embarga propuestas como esta. Hace 84 años, por ejemplo, a través de la Ley 200 o de Tierras de 1936, y que se complementó con la Ley 100 de 1944, se intentó una redistribución de la tierra y una coparticipación de los campesinos en la explotación de la misma, sin embargo lo que se logró fue el inicio y consolidación de la época de la Violencia. Luego le siguieron, como respuesta paliativa, las leyes 135 de 1961 y la 4ta de 1973 que buscaron, igualmente, una reforma social agraria: dotar a la población rural de tierras y explotar adecuadamente los predios. Lo que se consiguió fue un enojo de los terratenientes, una concentración aún mayor de la propiedad y el origen de varios movimientos armados. Finalmente, en los últimos cuarenta años se ha insistido en varias reformas, como las que se configuraron en torno a las leyes 35 de 1982, 30 de 1984, 160 de 1994 y la 1448 de 2011. Con las que se ha buscado nuevamente transformar el sector rural, un contexto de desmovilización armada y transformación productiva del campo. Sin embargo, de nuevo, la violencia se ha extendido por el país y la pobreza rural se profundiza. La última ley, por ejemplo, la 1448 de 2011, ha buscado restituir el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando este fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado, pero los avances han sido pocos. El país no ha logrado avanzar significativamente en entregar tierras y títulos de propiedad a los despojados, ni tampoco mejorado sus condiciones socioeconómicas para que estos tengan una vida digna. Incluso, con normas más recientes como el Decreto Ley 902 de 2017, que busca implementar el Acuerdo Final de Paz y crear e implementar un Fondo de Tierras, con una meta de 7 millones de hectáreas para que campesinos, trabajadores y colectivos con vocación agraria, sin tierra o con tierra insuficiente, participen en programas de asentamiento y reasentamiento, no se ha avanzado mucho. En casi cuatro años de implementación –entre 2018 y 2021, con corte a 30 de mayo–, según el Observatorio de Tierras Rurales de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), solo se han logrado regularizar 717.434 hectáreas en 40.926 títulos a campesinos, que equivale únicamente a un 10% del total de hectáreas a formalizar a 2026 según el Plan Marco de Implementación. En conclusión, al revisar nuestro pasado reciente y no tan reciente, se observa cómo el país ha intentado de forma recurrente realizar reformas agrarias, en cuyo centro están tanto el uso como la propiedad de la tierra, además de programas para el acompañamiento efectivo a la tierra, a asistencia técnica a campesinos y el acceso a créditos, riegos y comercialización. Pero esta implementación ha sido fallida o al menos no se ha logrado lo proyectado. Con este antecedente se pone en duda y se apacigua el optimismo sobre el cumplimiento de la promesa de la ministra y el gobierno Petro de realizar una reforma agraria “sin timidez”. Realmente, han sido muchos los intentos por lograr una redistribución equitativa de la tierra en el país y pocos los avances que se han tenido en todos estos años en búsqueda de un cambio estructural al sector rural. Son varios los sectores que se opondrán nuevamente a que se realicen reformas en el sector rural. Lo más seguro es que los ganaderos lucharán contra la idea de reducir sus 34 millones de hectáreas a 15 millones con vocación ganadera. Y harán todo lo posible para que, como dice López, cada una de sus vacas mantenga la tierra con que “un millón de familias campesinas podrían subsistir”. Tal vez, el único factor positivo y diferenciador que se tienen hoy frente a ese pasado es la triple confluencia de tener unos ministros y ministras con una gran experiencia en temas agrarios –Ocampo y López–; el compromiso de un presidente de trabajar por el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y el cambio climático; y el consenso social sobre la necesidad de reparar a las víctimas del conflicto armado, en especial, a las del sector rural, con las que tenemos una deuda histórica. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: María Victoria Ramírez De acuerdo con el informe Mujeres y brechas de género en Colombia, un trabajo conjunto entre ONU Mujeres, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, en su capítulo 4 sobre la participación de las mujeres en espacios de poder y toma de decisiones públicas, en Colombia el 12% de las alcaldías están en manos de mujeres, 132 de 1099; el 19,7% del Congreso está conformado por mujeres y en el Estado colombiano, el 44,7% de los cargos directivos son ocupados por mujeres. Sin embargo, si se mira en más detalle, es decir, por ejemplo en la rama ejecutiva del poder público por sector, la mayor participación se encuentra en Inclusión Social con un porcentaje del 77% en cargos directivos de máximo nivel decisorio, mientras que en Inteligencia y Contrainteligencia Estratégica se encuentra en el 20%, muy por debajo de la cuota del 30%. Estos porcentajes muestran claramente que existe una clara división sexual del trabajo en el nivel ejecutivo del Estado. El siguiente gráfico, tomado de la fuente ya mencionada, muestra el porcentaje de participación de las mujeres en los cargos directivos de la rama ejecutiva del orden nacional, por sector, según nivel decisorio, en 2019. Fuente: Mujeres y brechas de género en Colombia, 2019. Pág. 73 Se destaca también que el 85% de la población colombiana concuerda con que “la representación igualitaria entre mujeres y hombres en todas las corporaciones que se elijan por voto popular es una condición para que un país sea una democracia”. Las cifras que muestra el gráfico dan cuenta de la existencia objetiva de la brecha de género; mostrar las cifras siempre es importante porque saca el análisis de la mera especulación y la percepción, y lo pone en el terreno de hechos constatables. Según el informe, existen diversos estudios que indican que la presencia de mujeres en cargos de elección popular “aumenta la probabilidad de que los intereses de las mujeres estén debidamente representados y, esto es relevante, porque las mujeres tienen perspectivas distintas a los hombres, en particular sobre el diseño de las políticas públicas, la asignación de recursos y las prioridades legislativas (Levy, 2015). De tal modo, ellas pueden aportar visiones frescas sobre las soluciones y las medidas de política institucional que las sociedades pueden tomar para atender los problemas que las aquejan y probar otras alternativas de gestión del desarrollo sostenible.” Igualmente menciona que la participación de más mujeres en los espacios de decisión reduce los prejuicios y estereotipos negativos sobre su capacidad de ocupar puestos de liderazgo y que la exposición de mujeres en el poder incide en las aspiraciones de niñas y adolescentes de acceder a espacios de poder dado que tienen referentes femeninos que ya los ocupan. Por supuesto que aún falta camino por recorrer, pero hay que reconocer que hemos avanzado si miramos el escenario para las mujeres hace algunas décadas. Al respecto, el informe sostiene que: “En los últimos años ha crecido, de manera significativa, la presencia de las mujeres en los puestos directivos de la administración pública. La ley de cuotas y las metas a las que se ha comprometido el Estado colombiano, han tenido efectos positivos como se aprecia en los indicadores analizados, que incluyen la paridad alcanzada en el gabinete nacional. Sin embargo, es necesario utilizar la información disponible para identificar las áreas del quehacer público, que parecen mostrar mayores resistencias, así como los factores que impiden a las mujeres acceder a puestos de mayor responsabilidad en las jerarquías burocráticas, pese a su experiencia y formación”. Porque comparto las razones expuestas por el documento para favorecer la participación de las mujeres en espacios públicos de toma de decisiones y de ejercicio del poder, celebro los recientes nombramientos de mujeres en carteras clave del gobierno que se posesionará el 7 de agosto de 2022. A la doctora Carolina Corcho, en el Ministerio de Salud, a Cecilia López Montaño en el Ministerio de Agricultura, a Patricia Ariza en el Ministerio de Cultura y a Susana Muhamad en el Ministerio de Medio Ambiente. Con estos nombramientos se contribuye a reducir la brecha de género que tiene Colombia y a cumplir con compromisos internacionales en esa materia como la Meta 5.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que plantea: “Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública”. Los nombramientos de mujeres como las que hoy se están designando en cargos de alta responsabilidad son un paso más para materializar en parte objetivos y sueños por los que miles de mujeres han trabajado ardua e incansablemente, alcanzar la igualdad de género y eliminar todas las formas de discriminación por razones de género. A Carolina, a Cecilia, a Patricia y a Susana, que hoy recogen la cosecha de esas luchas y de sus propios esfuerzos, claro está, solo resta pedirles que contribuyan a que en sus Ministerios se siga cerrando la brecha género. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: María Victoria Ramírez La Corte Suprema de los Estados Unidos anuló la histórica decisión de Roe v. Wade que garantizaba desde 1973 el derecho al aborto legal y seguro. Según el New York Times, la decisión de la Corte Suprema del viernes 24 de junio fue inmediatamente recibida con celebración e ira. Las multitudes se reunieron en ciudades como Washington, Nueva York, Atlanta y Los Ángeles cuando muchos estados prohibieron el aborto y las clínicas dejaron de ofrecer el procedimiento. A medida que la revocación del derecho al aborto por parte de la Corte Suprema se hizo sentir entre los estadounidenses el viernes, las protestas aumentaron en Washington, D.C. y en los centros de las ciudades, plazas y parques de todo Estados Unidos. Afuera de la Corte Suprema una multitud dividida que había comenzado a reunirse temprano en el día se había convertido en miles de manifestantes por el derecho al aborto, en su mayoría indignados, chocando por la noche con pequeños grupos de alegres activistas contra el aborto que hicieron burbujas y celebraron el fin de la garantía federal de acceso a un medio seguro y legal de interrumpir el embarazo. “Todos estos hombres aquí afuera que cantan contra el aborto y están entusiasmados y felices, sonriendo, cantando canciones y riendo, es realmente repugnante”, dijo Victoria Larsen, una manifestante, tratando de contener sus emociones mientras un grupo antiaborto cantaba alrededor de ella. El Wall Street Journal recogió las reacciones del expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama, quienes expresaron su consternación por la decisión de la Corte Suprema de anular el derecho constitucional al aborto e instaron a la gente a ver el fallo como un llamado a la acción. “Durante más de un mes sabíamos que llegaría este día, pero eso no lo hace menos devastador”, dijo Obama en Twitter, y agregó que la corte “relegó la decisión más íntima y personal que alguien puede tomar a los caprichos de políticos e ideólogos, atacando las libertades esenciales de millones de estadounidenses”. “Estoy desconsolada por las personas de este país que acaban de perder el derecho fundamental a tomar decisiones informadas sobre sus propios cuerpos”, dijo la Sra. Obama en un comunicado. Los Obama instaron a la gente a involucrarse con grupos que abogan por el derecho al aborto. “Esta horrible decisión tendrá consecuencias devastadoras y debe ser una llamada de atención, especialmente para los jóvenes que soportarán su carga”, dijo la Sra. Obama. Durante el desfile del orgullo gay en Nueva York, el domingo 26, también hubo manifestaciones en contra de la decisión de la Corte. Dos carteles capturaron mi atención: el de Judíos Queer por la justicia reproductiva que rezaba Keep your laws off our bodies “Mantengan sus leyes fuera de nuestros cuerpos” y Don't equate law with justice. Abolish life time appointments #makethemretire “No equiparen la ley con la justicia. Abolan los nombramientos vitalicios #haganquesejubilen”. El Center for Reproductive Rights “El Centro de Derechos Reproductivos” (CRR) es una organización mundial de derechos humanos de abogados y defensores que garantizan que los derechos reproductivos estén protegidos por ley como derechos humanos fundamentales para la dignidad, la igualdad, la salud y el bienestar de todas las personas. Según su portal, esta es una decisión devastadora que repercutirá por generaciones. La Corte Suprema de los Estados Unidos abandonó su deber de proteger los derechos fundamentales y revocó Roe v. Wade, dictaminando que no existe el derecho constitucional al aborto. Esta decisión, que abandona casi 50 años de precedentes, marca la primera vez en la historia en que la Corte Suprema ha eliminado un derecho fundamental. Es probable que la decisión de la Corte lleve a que la mitad de los estados de EE. UU. tomen medidas inmediatas para prohibir el aborto por completo, obligando a las personas a viajar cientos y miles de kilómetros para acceder a servicios de aborto o a tener embarazos en contra de su voluntad, una grave violación de sus derechos humanos. De acuerdo con el CCR “la opinión de la Corte lanza una bola de demolición al derecho constitucional al aborto, destruyendo las protecciones de Roe v. Wade e ignorando por completo a una de cada cuatro mujeres en Estados Unidos que toma la decisión de interrumpir un embarazo”, dijo Nancy Northup, presidenta y CEO del Centro de Derechos Reproductivos en un comunicado. “Si bien el apoyo público para el acceso al aborto está en su punto más alto, la Corte ha alcanzado un nuevo mínimo al quitar, por primera vez en la historia, una libertad personal garantizada constitucionalmente”. La decisión se tomó en el caso de Dobbs contra la Organización de Salud de la Mujer de Jackson, un caso que desafía la prohibición del aborto en Mississippi, presentado por el Centro de Derechos Reproductivos y sus socios en nombre de la Organización de Salud de la Mujer de Jackson, la única clínica de aborto que queda en el estado. Mississippi apeló ante la Corte Suprema después de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito confirmara un fallo de la corte federal de distrito que otorgaba una orden judicial permanente contra la prohibición. Con este fallo, la Corte, por mayoría, ratifica la prohibición estatal y abandona el derecho constitucional al aborto. La decisión no solo permite que la prohibición de Mississippi entre en vigor, sino que allana el camino para que la mitad de los estados del país intenten prohibir el aborto por completo en los próximos días y semanas. El retroceso en materia de aborto en Estados Unidos es un legado de Donald Trump. El 26 de diciembre de 2020, un periódico los Ángeles Times afirmaba lo siguiente: “en algo coinciden todos en el espectro político de Estados Unidos: el presidente Donald Trump ha dejado una huella profunda en los tribunales federales, tan honda que durará mucho más que su único término de cuatro años en la Casa Blanca. Cuando era candidato, Trump usó la promesa de nombrar a jueces conservadores para conseguir el apoyo de republicanos escépticos. Luego, como presidente, Trump y su equipo de la Casa Blanca se apoyaron en organizaciones legales conservadoras y el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, para llenar implacablemente, casi robóticamente, casi todas las vacantes en la judicatura federal —más de 230 jueces en las bancas federales, incluso a tres nuevos miembros de la Corte Suprema— sin ser disuadidos por los demócratas.” Es una paradoja que solo en un mismo año, con tan solo cuatro meses y tres días de diferencia, la Corte Constitucional colombiana y la Corte Suprema de los Estados Unidos hayan tomado decisiones totalmente opuestas sobre el mismo asunto vital, la primera garantizando el derecho y la segunda, cercenándolo. Eso no puede más que dejar una lección: la lucha por los derechos es permanente, es un continuo, no se puede bajar la guardia. Ninguna conquista está garantizada y los enemigos de las libertades individuales están siempre agazapados esperando para dar el zarpazo. La presa esta vez son los cuerpos de las mujeres estadounidenses.

Por: María Victoria Ramírez La biblioteca pública de Nueva York exhibe una exposición permanente denominada Treasures (Tesoros) en la que se muestra una colección de objetos únicos, no solo libros raros, también fotografías y elementos invaluables relacionados con escritores universales y personajes de la historia contemporánea del país. Por ejemplo, partituras de Mozart y Beethoven, el bastón que llevaba consigo Virginia Wolf el día de su suicidio y que su esposo recuperó en el río, al igual que la carta que ella le escribió antes de sumergirse. La colección contiene fotografías que dan cuenta de la lucha por los derechos civiles de los negros en el país. Se encuentra el cartel de la presentación de Marian Anderson, la famosa cantante estadounidense en el Carnegie Hall. Ella, además de ser una de las cantantes más influyentes en los Estados Unidos, es mejor conocida por el recital que ofreció en 1939 en las escaleras del Lincoln Memorial en Washington D.C., un concierto organizado por la Primera Dama Eleanor Roosevelt, después de que las Hijas de la Revolución Estadounidense (Daughters of the American Revolution) le negaran el acceso al Salón de la Constitución por ser negra. Esta es una asociación estadounidense reservada a mujeres que se basa en la línea genealógica para aceptar a sus miembros y que fue fundada en 1890. El primer concierto de Marian Anderson en el Carnegie Hall fue en 1928 y en 1955 se convirtió en la primera mujer afroamericana en la lista de la Ópera Metropolitana. Una fotografía de Rosa Parks golpeando la Campana de la Libertad en el Independence Mall en Filadelfia, en honor al Día de Martin Luther King Jr. el 18 de enero de 1988, es otra de las joyas de la colección. Ella se dio a conocer por el boicot de los buses en Montgomery en 1955. Esa fue una campaña exitosa que duró 381 días para protestar por la segregación racial en el transporte público en esa ciudad del estado de Alabama. Rosa Parks trabajó con Martin Luther King Jr. en La Asociación para el Mejoramiento de Montgomery creada por él el 5 de diciembre de 1955. Luego de casi 20 años del asesinato del gran líder negro, Parks tocó junto al alcalde de Filadelfia, Wilson Goode, la Campana de la Libertad que repicó simultáneamente en campanas de Atlanta y Londres, en el tercer año de celebración del día de Martin Luther King. Lo cierto es que existe racismo en Estados Unidos. Pero también hay que reconocer que la gente negra en este país no ha cesado en la lucha por eliminar la discriminación racial. Esta sociedad frente a la de los años 50 ha avanzado al punto de que Estados Unidos eligió como presidente a un afroamericano entre el 20 de enero de 2009 y el 20 de enero de 2017 y hoy una mujer afroamericana, Kamala Harris, es vicepresidenta de los Estados Unidos. Volviendo a la muestra de la biblioteca de Nueva York, también presenta la edición de 1856 del libro My Bondage and My Freedom (Mi Esclavitud y Mi libertad) de Frederik Douglas, en el que describe su primer intento de escape de la esclavitud en 1836 y en la que afirma: “por mi parte, ahora me había vuelto demasiado grande para mis cadenas”. No puede uno evitar al repasar estas imágenes de Rosa Parks y Marian Anderson y las palabras de Frederik Douglas, conectarse con la realidad y la lucha contra el racismo en Colombia y, especialmente, con lo que significa para las comunidades negras, palenqueras y raizales que Francia Márquez sea vicepresidenta de la República luego de una larga historia de exclusión, de violencia y de pobreza. Rosa Parks resistió junto a muchos otros 381 días para lograr que en los buses de Alabama no hubiese sillas separadas para blancos y para negros. Que el mapa político de Colombia luego de las elecciones del 19 de junio sea otro, que sea precisamente en parte gracias al voto de los negros y los indígenas que hoy las sillas presidencial y vicepresidencial en Bogotá vaya a ser ocupada por un exguerrillero de Córdoba y por una mujer negra de Cauca, es una bella metáfora colectiva y continuidad de la lucha colectiva de los buses de Montgomery. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia A partir del 7 de agosto de 2022, según el nuevo presidente de la República, Gustavo Petro, comenzará en Colombia el ciclo de la política pública de la transición energética. El país buscará convertirse en un líder mundial de la economía de la vida. Su gobierno se la jugará por el cuidado del medio ambiente como estrategia para posicionarse en el contexto internacional. Tanto él como su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, le apuestan –desde hace tiempo– a la idea de cuidar la casa de todos, al planeta. De allí que quieran insertar al país en la dinámica de la exploración, producción y utilización de energías limpias, e intentarán que esta apuesta se extienda durante décadas. Argumentan que luego de más de cien años de utilización de energéticos fósiles –como el carbón y el petróleo– el mundo requiere dar un salto a la producción y uso de energías alternativas. De allí que le propongan al país y a la comunidad internacional transitar hacia otras fuentes de energía renovable. No seguir atados al pasado usando energías que destruyen el medio ambiente. Reconocen, al igual que otros, que el mundo ha logrado un desarrollo industrial importante con el uso del carbón y el petróleo; pero, al mismo tiempo, advierten que la economía ha producido un daño ambiental global catastrófico, que hay que detener. El mundo se encuentra ante una emisión desaforada y sin precedentes de CO2 y de gases efecto invernadero que destruyen la naturaleza. La propuesta del nuevo gobierno será, entonces, explorar otros caminos: buscar alternativas de energías renovables, desescalar el modelo extractivista y asumir una brigada de cuidado de las selvas y el medio ambiente. Desean aumentar los recursos que hoy se invierten en Colombia en investigación, desarrollo e industrias de energías renovables alternativas–como los del Fondo Nacional de Regalías y parte de los recursos de Ecopetrol– y dar beneficios tributarios para la ciencia y la investigación en energéticas limpias, con las que se avance en el desarrollo económico sostenible y no se ponga en vilo la existencia de la casa grande. Esta será una propuesta ganadora, tanto para el país como para la humanidad. Debemos partir por reconocer que estamos en un territorio que posee la segunda riqueza natural más grande del mundo. Que sus tierras están cubiertas de bosques –tenemos zona más conservada de la región amazónica–, que se comportan como esponjas que recogen el veneno de la contaminación del mundo y lo convierten en vida, con la ayuda de las comunidades ancestrales. Una situación que permitirá al país, por un lado, conseguir con facilidad aliados internacionales –gobiernos y ONG– para montarse en un proyecto regional de protección del medio ambiente y del cuidado de los recursos naturales. Y, por el otro, gestionar recursos con la comunidad internacional para financiar las investigaciones necesarias para avanzar en la transformación energética y la descarbonización del ambiente. Es claro que para Colombia será muy difícil –en tan solo cuatro años– realizar este giro tan monumental. Su economía tiene una larga tradición en la minería de petróleo y carbón, y sus finanzas públicas una gran dependencia de los hidrocarburos. También, los cambios tecnológicos que se proponen ocurrirán con lentitud, la transición tecnológica será gradual. Además, en momentos como el actual, en el que se tiene una necesidad de recursos –debido a la crisis económica– y donde el precio del petróleo es alto, la presión de todo el mundo por aprovechar la alta demanda de combustibles del mercado será fuerte. Así, el país seguirá presionado para que en el mediano plazo –15 años– siga recurriendo a los recursos que ofrece el crudo para realizar grandes inversiones, tanto en los sectores sociales como científicos. Por eso, hay que advertir que los avances que se tendrán en estos cuatro años serán relativamente pocos, pero eso sí, muy importantes. Tres de ellos son: 1) Posicionar en la agenda pública las políticas de la transición energética y el cuidado del medio ambiente. Tal como está ocurriendo en la actualidad –tanto en las propuestas de campaña como en el discurso de elección–, la fórmula presidencial está mandando mensajes a la ciudadanía y la comunidad internacional sobre la necesidad de instaurar en la discusión pública la propuesta del cambio en el uso de la energía. 2) Dejar sembrado en los órganos de planeación, como el Congreso, la necesidad de avanzar en la transición energética. Serán muchos los debates que este nuevo gobierno tendrá que dar con sus ministros en el Congreso para que le aprueben nuevas normas que permitan dejar en firme la apuesta del país por la transición energética, por ejemplo, a través de la creación de un Instituto Nacional de Energías Limpias. Trabajo multisectorial en el que deben acompañarlo, además de Minas y Energía, otros ministerios y agencias del Estado. 3) Realizar un proceso de diálogo y concertación entre los diversos sectores que viven del carbón, el petróleo y las energías no renovables, sobre la necesidad del cambio de chip que requieren el país y el mundo. Se convencerán de que el giro es conveniente y que los sacrificios son necesarios. De allí que tanto este gobierno como los que lleguen seguirán apuntando a la continuidad y sostenibilidad de esta política de vida. En síntesis, el gran avance que tendrá la fórmula presidencial durante su mandato será conversar y convencer a los múltiples actores, tanto nacionales como foráneos, de tomar este camino. Serán cuatro años de reflexión, de toma de conciencia, de asumir responsabilidades, de planificar el camino y hacer un pacto colectivo para trabajar en todo lo que podamos para proteger los derechos de la naturaleza e implantar la justicia ambiental. Somos los herederos de un planeta que estamos destruyendo. No podemos heredar miserias y males que nuestros nietos no podrán atender y corregir. La naturaleza nos está avisando de este mal, la ciencia nos lo advierte todos los días, y algunos políticos, afortunadamente, desean actuar en consecuencia y asumir con responsabilidad su gestión. La humanidad necesita de un giro global en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cuenta con tan solo escasos diez años para lograr esta transición. Hoy se requiere de decisiones. La economía de la vida debemos tomarla como una propuesta de transición, un punto de inflexión, un señalamiento de un camino que hay que asumir con responsabilidad. Debemos tomar la decisión –de una vez por todas– de cuidar la tierra y de dejarnos de creer que tenemos el derecho de acabar con la vida y el existir de todas las especies planetarias. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: María Victoria Ramírez Cuando los Estados Unidos se establecieron nación, la mujer se consideraba propiedad del hombre. Su condición era de silenciada, discriminada y privada de sus derechos civiles. Se necesitaron décadas de trabajo persistente y sacrificio por parte de activistas por los derechos de las mujeres para transformar esa realidad. Conozca aquí un breve recorrido por la historia de la lucha por los derechos de las mujeres estadounidenses:

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Los temas económicos vienen recuperando protagonismo en las elecciones a la Presidencia de la República en Colombia. La gente demanda que los aspirantes a tomar el timonel del país se ocupen, cada vez más, de los asuntos cuasi-olvidados de la economía, como el empleo, la inflación, la pobreza o la desigualdad. Durante casi tres décadas, debido al intenso conflicto armado interno, hasta el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, fue clara la predilección de la ciudadanía por temas de orden público y seguridad. Pero a causa de la desmovilización de las FARC-EP y la desescalada del conflicto, la presión del electorado por la seguridad ha menguado. En su lugar, el deterioro económico acumulado durante décadas –causado por las privatizaciones y desregulaciones del modelo de mercado– ha provocado que la agenda política comience a cambiar. Desde las elecciones de 2018 ha empezado a imponerse, entre quienes se disponen a votar, el interés por los asuntos económicos. La ciudadanía ve con preocupación cómo el fantasma de la estanflación –inflación alta con desempleo– vuelve a aparecer. Cómo las posibilidades de conseguir empleo para los jóvenes están cada vez más lejanas. A la ciudadanía le asusta observar cómo los trabajos de sus jefes de hogar pierden calidad y se aumentan los empleos informales y el subempleo. La gente demanda a los candidatos que atiendan de forma prioritaria la maltrecha economía familiar. Quieren que los candidatos a la Presidencia les hablen de programas de empleo, reformas al régimen pensional o al sistema de salud. Desean que vuelvan los créditos baratos para vivienda, que los salarios sean los suficientes para comprar los alimentos y cubrir las necesidades básicas, y que los jóvenes puedan conseguir empleo de manera más fácil o estudiar. Demandas que, por supuesto, son todas válidas, apropiadas y lógicas. Pues tenemos un país con una población que, en su mayoría –más del 80%–, vive de un salario mínimo; un salario que ha perdido, en menos de seis meses, el “escandaloso” incremento del 10% que se dio en enero de 2022. Una economía que lleva acumulando, por más de cuatro décadas, altas tasas de desigualdad y pobreza. Somos la segunda más desigual del continente –luego de Haití– y sufrimos de una pobreza monetaria superior al 40% de la población, es decir, más de 20 millones de personas no tienen con qué suplir sus necesidades esenciales. También, una economía con una tasa de desempleo bastante alta, en especial entre las mujeres jóvenes, que llega casi a la mitad de la población, si le sumamos las que no estudian. Un desempleo que juega un papel determinante en la vida, en la felicidad de las personas y en la posibilidad de conseguir por sus propios medios una vida buena. Y, finalmente, un largo período inflacionario, que genera que el dinero alcance, cada vez menos, para comprar lo necesario y útil, en especial en el componente de los alimentos, que incide directamente en el aumento de la pobreza de los hogares. Una situación que, unida a los efectos de la pandemia, deja como resultado un país en el que más de la mitad de la población está en riesgo de sufrir de hambre. Todos estos fenómenos han logrado crear un consenso entre los votantes: que se requieren cambios económicos y sociales importantes. Y a demandar el regreso de un Estado que intervenga en la seguridad social y en la protección de las familias, y que reduzca la inflación y el desempleo. Incluso, el aparente interés que la gente manifiesta por el problema de la corrupción tiene de trasfondo el deseo de que se inviertan bien los dineros del Estado, para que se mejoren la inversión social y el empleo, evitando el despilfarro en la contratación pública y aumentando la producción y la riqueza social. Una población que salió a apoyar en 2018, con más de ocho millones de votos, aquellas propuestas que insistían en democratizar la economía y cambiar las demandas sociales de seguridad por empleo y renta básica. Configurando nuevamente a lo económico como determinante a la hora de elegir el mandatario a la Presidencia en este 2022. En síntesis, Colombia está cambiando de preferencias temáticas en las elecciones políticas. Ahora evalúa con más detenimiento los resultados del país en materia macroeconómica y se deja influenciar cada vez menos por orientaciones ideológicas y de seguridad. La ciudadanía ahora sabe que temas como el empleo o la inflación afectan más directamente su vida, su capacidad de adquisición de bienes y servicios, y el bienestar particular y general de la nación. De allí que, en esta segunda vuelta a la Presidencia –al igual que en las próximas elecciones–, pesarán más las propuestas económicas. Se apoyará con más fuerza a aquellos candidatos que atiendan los asuntos económicos, que en esta ocasión son la inflación y el desempleo. En breve, el país está tomando con mayor seriedad los temas económicos, como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la transición energética y las reformas pensionales, que evidencian una madurez en la ciudadanía, una preocupación por temas esenciales que afectan nuestra vida privada y comunitaria. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: María Victoria Ramírez El próximo 21 de junio se cumplen cuatro meses de la sentencia que despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24. No voy a detenerme a revisar lo que ha pasado con esta sentencia desde que la Corte Constitucional colombiana tomó esta decisión. Lo que quiero es retomar el pensamiento de una gran filósofa del siglo XX al respecto de temas como la libertad sexual y la libre opción de la maternidad. En mi opinión, la maternidad y la interrupción del embarazo son dos caras de la misma moneda, dado que, alrededor del mundo, muchas mujeres viven maternidades impuestas o no planeadas, que resultan en hijos no deseados y en hombres y mujeres infelices. El Fondo de Población de las Naciones Unidas asegura que casi la mitad de los embarazos en el planeta (121 millones) no son intencionales. Según el DANE, “En Colombia, la mitad de los embarazos son no planeados, y de estos, el 40% son no deseados, resultado de relaciones de desigualdad”. Me apoyo en la obra más conocida de De Beauvoir, El Segundo Sexo, en el Tomo II, y destaco su reflexión en torno a que, a pesar de que el organismo de la mujer está diseñado para cumplir una labor reproductiva, que en casi todas las culturas se considera como un destino y una vocación natural orientada a perpetuar la especie, la sociedad humana no se ha abandonado a la naturaleza. Esto, en otras palabras y para el caso, se traduce en que se han desarrollado métodos para separar la sexualidad de la función reproductiva, los métodos anticonceptivos y se ha practicado el aborto. En la Francia de 1943 se hablaba de que se practicaban un millón de abortos (todos clandestinos) y en Colombia hoy se habla de cifras que oscilan entre 300.000 y 450.000 al año. Lo que demuestra que en todas las sociedades hay una postura hipócrita al respecto que empuja a la clandestinidad y al riesgo de enfermedad y de muerte a las mujeres. Por eso la importancia de la decisión de la Corte Constitucional colombiana de este año que permite que se ponga fin a embarazos no deseados, sin que la mujer sea apresada por ello o pierda la vida. Yo soy madre, lo decidí conscientemente, lo planeé, lo disfruté y, por tanto, mi vivencia de la maternidad, aunque no está exenta de dificultades, ha sido una experiencia gratificante. Sé que ese no es el caso de muchas mujeres en el mundo forzadas a ser madres por actos violentos como el abuso sexual o la inseminación no consentida, que serían casos extremos; pero también aquellas que tienen ese como único camino de reconocimiento social y de realización a través de otro ser y no de sí mismas. Hoy, el único camino para las mujeres no es el de la maternidad. Conozco muchas que son felices sin serlo. Por eso hoy quiero rendir tributo a la posibilidad de una maternidad y una sexualidad conscientes (parafraseando a la maestra Simone De Beauvoir) en libertad, lucidez y generosidad. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Attila Lenti “Tiene que terminar de una vez el hecho primitivo, el hecho indecoroso para mi patria que es un gran pueblo, de que se le maneja con el irrespeto con que se manejan las vacadas de las haciendas privadas. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto”. Hay muchas frases de Jorge Eliécer Gaitán que pueden aplicarse a nuestro presente, pero su indignación por el irrespeto a los colombianos hoy es más vigente que nunca. Los mismos de siempre piensan repetir el truco de 2018, cuando lograron engañar a una gran parte de la ciudadanía colombiana y poner a un títere inútil como presidente. Duque había heredado un país que ya iba resolviendo varios de sus problemas históricos y en cuatro años dejó un desastre total en términos institucionales, sociales y económicos. Los colombianos pagaron su ingenuidad con hambre, desempleo e inseguridad en el campo y en las ciudades. Hoy ya saben, con abundante evidencia, que el uribismo no gobierna para el pueblo sino para unos pocos privilegiados. Lo anterior se refleja en las cifras de desigualdad. El candidato Rodolfo Hernández, que se presenta como antiestablecimiento y anticorrupción, ya tiene el apoyo de cuanto corrupto existe en Colombia, en primer lugar el del uribismo. ¿Por qué? Porque ellos ya saben muy bien que él no traerá ningún cambio, que no representará ningún riesgo para sus intereses individuales: es el que les va a garantizar que las cosas sigan igual. En sus medios lo muestran como un niño inofensivo, así como cuando en 2018 promovieron a Duque en medio de charlas agradables acerca de sus bandas de rock preferidas. Las frases cortas del señor Hernández sonarán muy bien en una borrachera, pero demuestran poco conocimiento de los problemas del país y mucho menos de sus soluciones. Lo peor es que cada una de sus expresiones y movidas, resultados de una muy precaria educación, evidencian su profundo desprecio hacia la gente que quiere gobernar. Miremos punto por punto. El material que nos provee “El Ingeniero” es rico en detalles y las citas textuales hablan por sí solas: 1. “El ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos”. “Es bueno que hagan comentarios y que apoyen desde la casa. La mujer metida en el Gobierno, a la gente no le gusta”. En la Colombia que yo conocí, las mujeres se valoran y se creen dignas de escoger cualquier profesión en igualdad de condiciones. Con valentía y ahínco han reclamado los espacios que están ocupando, incluyendo la política. Sus luchas no quedarán en vano, ni se amedrantarán frente a la misoginia del candidato de pensamiento obsoleto. 2. “No asistiré a debates porque no voy a ser partícipe de estas dinámicas polarizantes y de odio. Presentaré mis ideas y propuestas en entrevistas y en mis redes sociales, hablando con los colombianos”. Presentarse a un debate es un deber fundamental de cualquier candidato, una muestra básica de respeto hacia los votantes. En cualquier democracia madura un candidato que no va a debate pierde todo prestigio, toda seriedad ante la gente. En este caso el candidato argumenta que enfrentar ideas para facilitar una decisión informada de la sociedad es una “dinámica polarizante”. Óigase bien, la democracia “polariza”. El argumento por supuesto brilla por su estupidez, pero el pueblo colombiano sabe que esta no es la verdadera razón. La verdad es que, en ausencia de saberes básicos de la administración, de un programa de gobierno y de ideas propias, el “ingeniero” está consciente de que su rival barrerá el piso con él. Así como también lo sabía Duque cuando no asistió al debate contra Gustavo Petro en 2018. Este irrespeto se castigará en las urnas. 3. “¡Imagine quince años un hombrecito pagándome intereses, eso es una delicia!” El personaje puede seguir exprimiendo a los pobres desde la Presidencia. “¡Una delicia!”. Como candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, prometió construir 20 mil viviendas, de las cuales no construyó ninguna. Luego, dijo que no eran viviendas, sino lotes con servicios, pero tampoco entregó ninguno. Además de mentiroso, es cínico. Rodolfo Hernández propone que la gente trabaje desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde, como si de eso dependiera el desempeño económico del país. Ahí queda claro que saber producir plata no requiere entender de economía. Saber beneficiarse individualmente es una cosa, construir país es otra. El ingeniero, por ejemplo, de economía no sabe un carajo, pero sus palabras insinúan que es un notorio explotador como empresario. En los países donde le economía genera alto valor agregado basado en el conocimiento, el número de horas laborales se han ido disminuyendo de manera radical. Es la tendencia sana. El colombiano no debería seguir comiendo cuento y sacrificándose por migajas. Ya se mata trabajando por poco dinero y en inestabilidad laboral, es hora de dignificar su trabajo y producir de forma inteligente. Calidad vs. cantidad. Ustedes no son mano de obra barata tercermundista, son una fuente de infinita creatividad e innovación, capaces de competir con los países más desarrollados del mundo. No es cuestión de sacrificarse más, sino de votar bien. “¿Y qué es la Ley 30?”, pregunta. Soy extranjero, pero a los pocos años de haber vivido en Colombia sabía de la Ley 30. Por lo menos de algún noticiero. ¿Será que el tipo siquiera sabe que el país tiene una Constitución? Sus asesores entienden muy bien por qué es un riesgo mandarlo a debates, eventualmente habría que opinar de la educación superior. Creo firmemente que el colombiano no quiere poner el futuro de sus hijos e hijas en las manos de ese señor. El candidato supuestamente anticorrupción está investigado por corrupción en la Fiscalía y existen pruebas de interés indebido en la celebración de contratos, como lo evidenció Daniel Coronell, uno de los mejores periodistas del país, en su reciente investigación. Cualquier persona que vote hoy por el imputado, debería perder el derecho de quejarse de los políticos corruptos para el resto de su vida. Fue advertida a tiempo. El candidato Rodolfo no puede traer cambios porque es el candidato de Álvaro Uribe y del uribismo. Claro, él tratará de mostrar que no es así, ya que hoy en día es una alianza incómoda por obvias razones. Dejaron el país hecho nada. Pero en la práctica tiene el apoyo explícito de Federico Gutiérrez y las figuras claves del uribismo ya se expresaron a su favor. Tampoco podrá gobernar sin ellos. Estos apoyos no son gratis y deberán pagarse en su debido momento. Ya saben cómo. Conclusión: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. El colombiano decente quiere un cambio, pero ya está anunciado que todo voto a Rodolfo Hernández, un estafador incoherente que pretende engañarlos a punta de videos baratos de TikTok, será un aporte a cuatro años más de caos, corrupción, pobreza y destrucción ambiental. Ustedes podrán ver el nacimiento de la nueva Colombia donde sus hijos e hijas tendrán oportunidades para fundar empresas de la cuarta revolución industrial con visión de país, volverse científicas protectoras de la vida y la biodiversidad, investigadores internacionalmente destacados y agricultores prósperos, productores de superalimentos para el mundo entero. Vivirán sabroso. Nunca antes había sido tan clara la elección entre la vieja y la nueva Colombia, representadas por candidatos tan diferentes. Ni tan urgente y vital que por fin la dignidad se haga costumbre. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El derecho a la propiedad se ha configurado en Colombia como el más sagrado de los derechos, incluso por encima del derecho a la vida, a la libertad o a la búsqueda de la felicidad. Así lo ha dejado claro la ciudadanía a lo largo de la historia de su vida republicana, y lo ratifica, cada vez que puede, en los momentos más importantes de la discusión pública. Un amor a la propiedad que ha servido en algunos momentos de la historia para impulsar la unión social y la cooperación, como ocurrió en el entorno de la constituyente de 1991, que sirvió para unir a las comunidades indígenas y los pueblos étnicos por el derecho a la propiedad colectiva de las tierras y la defensa de los saberes ancestrales. Pero que también ha servido como excusa para que una parte de la población ejerza violencia contra otra. La historia del país está plagada de momentos en los que empresarios, terratenientes y hasta la misma iglesia se unieron para violentar a campesinos, colonos y trabajadores por defender sus tierras, causando –como pasó en la época de la Violencia– una gran barbarie. O también, como ocurrió al final de siglo pasado y comienzo de este, cuando empresarios y terratenientes, de nuevo, conformaron grupos paramilitares para proteger sus propiedades contra la guerrilla, teniendo como consecuencia el terror que hoy está tratando de narrar la Comisión de la Verdad y superar la justicia transicional que se propone desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este sentimiento por la propiedad ha permitido, incluso, que hoy se mantenga vivo el miedo aterrador por un usurpador imaginario. Un temor interno que acompaña a cada individuo a que un líder político, una clase social o un país vecino, aparezca de la nada y le quite todas sus posesiones. Un terror a que algún día se levante de la cama y vea cómo sus brazos están vacíos y cómo otro le ha arrebatado sus bienes y propiedades. Estamos ante un miedo irracional colectivo que desconoce casi quinientos años de historia política y progreso constitucional en el mundo. Desde la edad media –mucho antes de que se construyeran los derechos ciudadanos– la propiedad privada quedó fijada en mármol como un derecho fundante. Este se ha configurado como un derecho incuestionable, que está en la base de la sociedad actual. De allí que la mayoría de los códigos civiles en el mundo –por no decir todos– se hayan encargado de dejar claro que la propiedad es un derecho natural, un asunto que no se discute ni se pone en duda. Un derecho primario sobre el que están establecidos todos los demás derechos subjetivos y de protección constitucional. Un derecho natural que sirvió, posteriormente, para establecer otros derechos civiles, políticos, económicos y sociales, como los avances logrados con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1779, y los demás que se tienen hoy, fruto de un largo proceso de siglos de luchas y reivindicaciones. Pero el mundo también reconoce que durante todos estos siglos se ha logrado avanzar en construir otros derechos. Además de la propiedad se encuentran los derechos políticos a la libertad, la movilidad y la objeción de conciencia; y a elegir y ser elegido, entre otros. Hoy es claro que todo ciudadano –incluso sin ninguna posesión– puede participar en la toma de decisiones en asuntos públicos. Que una persona pobre materialmente tiene el mismo derecho a votar que el más pudiente, incluso, se le permite aspirar a representar al pueblo sin que tenga una propiedad inmobiliaria o un patrimonio. Sin embargo, en Colombia parece que la ciudadanía no ha evolucionado en el pensamiento de los derechos. Su población continúa atada a la defensa de la propiedad. Mantiene un amor desmedido por los derechos privados y un desconocimiento de los avances en los derechos políticos y colectivos. La población se mantiene atenta a defender un derecho que no está en discusión. Como si no supiéra que en la Constitución Política se encuentra subrayado ese viejo derecho a la propiedad privada, al igual que otros, como el derecho al trabajo y a la vida. Se les olvida que el mundo cambia y evoluciona, que la propiedad también debe cumplir una función social, ecológica, de protección de los derechos colectivos y de utilidad pública. Y que el Estado tiene la obligación de proteger –además de los derechos individuales y económicos– los derechos sociales a la justicia, la igualdad, la paz, el bienestar y la dignidad. Pareciera que fuéramos sordos ante el llamado de la naturaleza al cuidado de la vida. A reconocer que los árboles, las plantas y los animales también tienen derecho a vivir y perpetuarse. A ampliar los derechos a una diversidad de sujetos, donde la naturaleza es uno de ellos. En síntesis, estamos en un país que parece que se paraliza y no avanza en la defensa de los derechos ciudadanos de primera, segunda y tercera generación. Una ciudadanía que se mantiene atenta a defender unos derechos que, como el de la propiedad privada, no tienen discusión; mientras calla, o se mantiene aislada, ante la defensa de otros derechos colectivos y de interés social. Un sentimiento de miedo que es aprovechado por los asesores políticos en las campañas electorales para desinformar, crear fobias y rumores entre la ciudadanía. Miedos infundados en los que caen los incautos y que llevan a que algunos políticos tengan que invertir tiempo yendo a una notaría a firmar una declaración juramentada en la que dicen que, si llegan al gobierno, se comprometen a no expropiar. Miedos que, en conclusión, evidencian el desconocimiento que se tiene como ciudadanía frente al control político, la división de poderes y el control del Ejecutivo. Miedos que muestran lo poco sensibles que somos a los desequilibrios económicos y sociales. Miedos que desnudan lo egoístas que somos y lo poco que pensamos en el bienestar general. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: María Victoria Ramírez En el año 2008, en el marco del IV Encuentro de Mujeres en Escena: Margaritas y la Guerra, proyecto ejecutado por la Asociación Cultural Palo Q Sea de la ciudad de Pereira, en concertación con el Ministerio de Cultura, se presentó el libro El Errar del Padre de la filósofa y escritora feminista antioqueña Marta Cecilia Vélez Saldarriaga. Reconstruyendo las notas que hice en el evento y en la lectura del texto, no pude más que sobrecogerme. El libro ofrece una nueva interpretación, a la luz de la guerra interna que ha vivido y que, pese a la firma del Acuerdo de Paz, sigue viviendo Colombia, de nuestra realidad, del mito de Edipo Rey, columna vertebral de la cultura de occidente y de su comprensión del deseo y de la muerte. Nos dice Marta Cecilia que con el holocausto nazi occidente mostró el cobre, es decir, develó su verdadero proyecto patriarcal y de guerra. La modernidad que prometía orden, equilibrio, seguridad y paz no logró romper el círculo de violencia. Considero que Colombia es un ejemplo desgarrador del fracaso de occidente como proyecto humanizante, pero no es el único. Los tiroteos en los Estados Unidos y la falta de voluntad política de sus líderes para controlar las armas en ese país, también lo son. Nos dice Marta Cecilia, y con ello me vuelvo a estremecer, que las mujeres víctimas del conflicto son mujeres y niñas rotas, robadas como Antígona que fue arrastrada por Edipo, su padre, al destierro; quien fue condenado por haberse enamorado, sin saberlo, de su madre. Ella, Antígona, se convierte en su bastón, sus ojos, sus piernas. En una cultura en la que las mujeres no pueden decidir, es sobre los hombros de la niña Antígona que se descarga la responsabilidad de la suerte de su padre. El libro es dedicado “a las mujeres colombianas quienes contra todas las formas de terror defienden la vida y la reclaman en la muerte misma”. Los guerreros de las sombras, los señores de la guerra, como ella los llama, quieren imponer el olvido, el desarraigo y la muerte. Pero el concepto de ciudad (polis), como la conciben desde la antigüedad, se funda en la huerta y los cementerios, es decir, en el ciclo de la vida: sembrar, crecer, morir y enterrar a los muertos. Por eso Antígona, desafiando a los dioses, entierra a su hermano. Por eso hace un llamado, casi una exigencia, a que nuestros muertos y desaparecidos tienen que aparecer, porque de lo contrario peligra la ciudad, es decir, peligra la civilización. Pero la autora no nos deja en las tinieblas y nos propone una salida al horror: el rescate de la lengua (no del lenguaje). La lengua materna como tejido imantando que nos acerca por primera vez a otro cuerpo, no a otro amenazante, sino al otro que nos presenta la realidad. En un país donde las mujeres sufren mayoritariamente el desplazamiento, la violencia sexual, la pobreza, la pérdida de sus hijos y compañeros, ellas mismas han desarrollado formas inimaginables de resistencia, mecanismos simbólicos de sanación y, por qué no, de maldición de la guerra que nos dan esperanza. La Colombia de 2022 pasa por un enorme desafío político en el marco de las elecciones presidenciales. Rodolfo Hernández, el candidato con la segunda mayor votación en la primera vuelta, que en balbuceos vetustos pretende relegar a las mujeres al espacio doméstico, presenta una enorme contradicción, porque quiere que las mujeres se queden en casa, pero necesita sus votos para ganar. Me trajo a la memoria el texto de Marta Cecilia Vélez Saldarriaga y a Antígona. Siento en el ambiente que las Antígonas se están rebelando, que van a desobedecer el dictamen de devolverse al pasado, que no aceptarán mansamente que se les destierre de la política. Como alguien lo dijo en un mensaje de Whatsapp, siento que “van a parir el país aplazado en las próximas tres semanas”.