Por: María Victoria Ramírez Debido al nuevo aplazamiento que se dio en la Corte Constitucional a causa de las recusaciones que llegaron contra el conjuez Juan Carlos Henao y al empate que tuvo lugar en la Sala Plena de la Corte Constitucional el 20 de enero de 2022 sobre las dos demandas que piden la despenalización total del aborto en Colombia, una de ellas presentada en junio de 2020 por el abogado Andrés Mateo Sánchez y la otra, por Causa Justa, un movimiento que reúne a organizaciones sociales y feministas, desde Pares hacemos un poco de memoria respecto a lo que ha sido este camino hacia la despenalizacion del aborto en Colombia. Para lo anterior iniciaremmos con dos debates. El primero, que es obvio, se deriva de una lectura juiciosa de la sentencia C-355/06 emanada de la Corte Constitucional, el 10 de mayo de 2006. Este documento, que consta de 655 páginas, contiene los textos de los ciudadanos que demandaron porque esta sentencia responde a varias demandas a la vez, no sólo a la más conocida en los medios que fue la de la Dra. Mónica Roa; además de las intervenciones de las instituciones que fueron invitadas por los Magistrados Ponentes Dr. Jaime Araujo Rentería y la Dra. Clara Inés Vargas Hernández como el ICBF, varias universidades públicas y privadas, Ministerio de la Protección Social, Procurador, Conferencia Episcopal, la Academia Nacional de Medicina, entre otras casi 1500 intervenciones de ciudadanos e instituciones nacionales y extranjeras a favor y en contra de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos del código penal que penalizaban el aborto sin excepciones; también contiene recusaciones, es decir, solicitudes para declarar impedidos para tomar alguna decisión a los Magistrados de la Corte y al Procurador, y varias alegaciones de nulidad del proceso; los salvamentos de voto de los magistrados Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy y del magistrado Alvaro Tafur Galvis y por supuesto, la parte resolutoria, que es la que en últimas consagra el derecho conquistado. La Corte entonces con este fallo resolvió: “Primero. Negar las solicitudes de nulidad de conformidad con lo expuesto en el punto 2.3. de la parte considerativa de esta sentencia. Segundo. Declarar EXEQUIBLE el artículo 32, numeral 7 de la Ley 599 de 2000, por los cargos examinados en la presente sentencia. Tercero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, en el entendido que no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos: (i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas , o de incesto. Cuarto. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “…o en mujer menor de catorce años … “ contenida en el artículo 123 de la Ley 599 de 2000. Quinto. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 124 de la Ley 599 de 2000”. El numeral uno de la decisión tiene que ver con la solicitud de nulidad de varios ciudadanos alegando la existencia de pleito pendiente o falta de personería jurídica de la demandante, entre otras razones, para lo cual la Corte no encontró mérito y decidió rechazarlas. El numeral dos se refiere a la siguiente norma: ART. 32.—Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando: 7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. Esta norma se declara constitucional, según la Corte, porque “cumple una función mucho más amplia que la de servir en algunos casos como causal de exoneración de la responsabilidad penal de la mujer que aborta”. En otras palabras, declarar inexequible esta norma dejaría desprotegidas otras situaciones en las cuales se ameritaría la reducción de la pena en nombre de proteger el derecho propio o de otro. El numeral 3 condensa lo fundamental de la sentencia que es la despenalización de los tres casos excepcionales. La Corte considera que proteger la vida del nasciturus, es decir, del que está por nacer desconociendo por completo los derechos fundamentales de la mujer embarazada, incluso cuando su vida y su salud están en riesgo, es inconstitucional porque la reduce “a un mero receptáculo de la vida en gestación, carente de derechos o de intereses constitucionalmente relevantes que ameriten protección”. Más adelante la sentencia se refiere al caso particular del embarazo producto de violación o de incesto en los siguientes términos : “La mujer que como consecuencia de una vulneración de tal magnitud a sus derechos fundamentales queda embarazada no puede jurídicamente ser obligada a adoptar comportamientos heroicos, como sería asumir sobre sus hombros la enorme carga vital que continuar el embarazo implica, ni indiferencia por su valor como sujeto de derechos, como sería soportar impasiblemente que su cuerpo, contra su conciencia, sea subordinado a ser un instrumento útil de procreación”. El numeral 4 declarar inconstitucional una norma (artículo 123) que despoja de importancia jurídica el consentimiento de la mujer menor de 14 años y porque cualquier persona que practicase un aborto a menor de 14 años estaría incurriendo en delito, incluso si se trata de los 3 casos despenalizados en el numeral 3. Por último, el numeral quinto elimina del código penal la atenuación de la pena cuando el aborto se lleva a cabo bajo una de las 3 situaciones ya despenalizadas. Dicha atenuación queda ya sin ninguna validez puesto que las 3 situaciones no son ya consideradas delito a la luz de la sentencia. Adicionalmente, en el capítulo de Consideraciones Finales, la Corte aclara que la vigencia de la sentencia es inmediata, es decir, que rige desde el 10 de mayo de 2006 y que “… el goce de los derechos por ésta protegidos no requiere de desarrollo legal o reglamento alguno.”. Sobre la objeción de conciencia el texto explica: “Cabe recordar además, que la objeción de conciencia no es un derecho del cual son titulares las personas jurídicas, o el Estado. Solo es posible reconocerlo a personas naturales, de manera que no pueden existir clínicas, hospitales, centros de salud o cualquiera que sea el nombre con que se les denomine, que presenten objeción de conciencia a la práctica de un aborto cuando se reúnan las condiciones señaladas en esta sentencia. En lo que respecta a las personas naturales, cabe advertir, que la objeción de conciencia hace referencia a una convicción de carácter religioso debidamente fundamentada, y por tanto no se trata de poner en juego la opinión del médico entorno a si está o no de acuerdo con el aborto, y tampoco puede implicar el desconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres; por lo que, en caso de alegarse por un médico la objeción de conciencia, debe proceder inmediatamente a remitir a la mujer que se encuentre en las hipótesis previstas a otro médico que si pueda llevar a cabo el aborto, sin perjuicio de que posteriormente se determine si la objeción de conciencia era procedente y pertinente, a través de los mecanismos establecidos por la profesión médica.” La segunda mirada para analizar la decisión inapelable de la Corte es la que nos permite observar cómo a lo largo de estos cinco meses se ha materializado el derecho adquirido por las mujeres a partir de la sentencia, y si las autoridades y los servicios de salud han actuado en concordancia con el fallo. Lo que han registrado los medios de comunicación en todo el país, es que numerosas EPS, hospitales y clínicas públicas y privadas han intentado evadir el cumplimiento de la ley escudándose en que el Ministerio de la Protección Social no había reglamentado la sentencia o en la objeción de conciencia. Ha quedado claro, porque la sentencia no da lugar a equívocos, que no se requiere de dicha reglamentación y que lo que deben hacer los funcionarios de entidades de salud públicas y privadas es acatar la ley. La sentencia de la Corte reconoció que la prohibición del aborto sin excepciones violaba derechos fundamentales de las mujeres y por ende la Constitución. Esta sentencia es un triunfo sobre los leguleyos, que se agazaparon en todos los rincones, para impedir que nuestras leyes dejaran de estar dentro de las más atrasadas del mundo en esta materia, no utilizando el debate y la intervención ciudadana, que son válidos, sino tratando de encontrar vicios de forma para impedir que la corte se pronunciara de fondo. La Corte resistió las presiones de muchos sectores empeñados en criminalizar a las mujeres por defender sus vidas. En el contexto colombiano, todavía de gran influencia religiosa y agitador de la doble moral, la Corte dio muestras de independencia y de fallar en estricto Derecho. yo festejé en 2006 el fallo de la Corte Constitucional, por considerarlo un gran paso en la revolución cultural que vienen protagonizando las mujeres todo el mundo. Espero que la decisión que SE tome sea en la línea de evitar que más mujeres acudan a servicios clandestinos de aborto, poniendo en riesgo sus vidas y que por fin la despenalización no cobije sólo estos casos excepcionales, sino que sea a petición de la mujer. Abogo porque las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos y tomo la frase del movimiento feminista ¡NO MÁS HOMBRES DECIDIENDO SOBRE NUESTROS CUERPOS!

Por: María Victoria Ramírez Diferentes sociedades adoptan diferentes tipos de jerarquías imaginadas. La raza es muy importantes para los americanos modernos, pero relativamente insignificante para los musulmanes medievales. La casta era un asunto de vida o muerte en la India medieval, mientras que en la Europa moderna es prácticamente inexistente. Sin embargo, hay una jerarquía que ha sido de importancia suprema en todas las sociedades humanas conocidas: la jerarquía de género. En todas partes la gente se ha dividido entre hombres y mujeres. Y casi en todas partes los hombres han obtenido la mejor tajada, al menos desde la revolución agrícola. Fragmento de “De animales a dioses” de Yuval Noah Harari. El título del Informe Regional de Desarrollo Humano 2021: ‘Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y El Caribe’ es ya un campanazo. Este documento está dividido en cinco capítulos de una extensión de más de 300 páginas y resume en su portal, a manera de presentación, lo siguiente: “América Latina y el Caribe es una región de grandes contrastes, donde la riqueza y la prosperidad coexisten con la vulnerabilidad y la pobreza extrema. La lista de contrastes es larga y conocida. La región se caracteriza también por un crecimiento muy volátil y, en promedio, bajo, explicado por una productividad muy baja. Este Informe Regional de Desarrollo Humano sostiene que la región se encuentra, de hecho, en una doble trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento. Estos dos fenómenos interactúan en un círculo vicioso que limita la capacidad de progresar en todos los frentes del desarrollo humano. Es necesario comprender la naturaleza de la trampa para liberarse de ella”. El Informe abarca temas que van desde los ingresos económicos y la riqueza, la concentración de poder económico y político, los vínculos entre violencia, desigualdad y productividad, hasta las políticas de protección social. Esta columna hace énfasis en el análisis de las brechas de género de las que da cuenta el documento. América Latina se encuentra dentro de las regiones con mayor desigualdad del mundo a la luz del índice de Gini de 2017 sobre la distribución del consumo per cápita de los hogares por regiones. Y la desigualdad se acentúa en lo que tiene que ver con participación laboral y horas de trabajo no remunerado dedicadas a actividades de cuidado que siguen recayendo principalmente en las mujeres, lo que las pone en clara desventaja. De igual modo, en relación con la diversidad sexual, el informe recalca que “Las personas LGBT+ continúan sufriendo discriminación en el colegio y en el mercado laboral y son víctimas de violencia más frecuentemente que personas de otros grupos”. El siguiente gráfico ilustra dos conductas violatorias de los derechos de las mujeres en la región, abuso físico o sexual y feminicidio. Fuente: Tomado del Informe de Desarrollo Humano 2021, PUND El gráfico de la izquierda muestra el ranking de 13 países de la región con mayor porcentaje de violencia de pareja. El primer lugar lo tiene Bolivia con 59%, seguido de Ecuador con 36% y Colombia con 33%. Sobre el delito de feminicidio (gráfico de la derecha), el informe presenta una lista de 18 países, encabezada por Honduras con una tasa de feminicidios de 7,1 por cada 100.000 habitantes. Colombia presenta una tasa de 0,7. Es muy posible que estas cifras hayan aumentado considerablemente para 2020 y 2021 durante la pandemia del Covid 19 que exacerbó las violencias contra las mujeres en medio de los confinamientos estrictos. Es una verdad inocultable que las mujeres en América Latina encaran mayores dificultades que los hombres en muy diversos ámbitos y que una de las principales fuentes de desigualdad la constituye la brecha de género en el mercado laboral que “tiene origen en los sesgos inconscientes de los roles de género”, como se puntualiza en el documento. Las tasas de desempleo femenino son mayores, el número de horas de trabajo remunerado para las mujeres es inferior al de los hombres y esto representa un gran perjuicio para las mujeres porque su secuela es la dependencia económica, con sus consecuencias negativas en el ejercicio de su autonomía y la libertad. Veamos algunas cifras: la participación laboral de las mujeres es en promedio 32% menor que la de los hombres, pero entre las más pobres, es decir, las que están por debajo del 20% en materia de distribución del ingreso tienen una participación 42% menor. Es decir que las brechas laborales son mayores a menor nivel de ingreso de la familia. Las mujeres dedican en promedio 16% menos horas semanales que los hombres al trabajo remunerado, pero las que se encuentran en el 20% más bajo de la distribución del ingreso dedican un 24% menos. En materia salarial, la región muestra brechas de género importantes. En promedio, una mujer recibe un 25% menos de salario con las mismas características observables, es decir, con la misma preparación y experiencia y a la luz de un análisis econométrico realizado en 2018. La siguiente gráfica, tomada del informe, muestra que Colombia se ubica en un porcentaje del 20%. Perú presenta las condiciones salariales más desventajosas para las mujeres en la región con un 27% menos de salario. Para efectos de establecer donde se encuentran las brechas de género es importante contar con datos confiables. En este sentido el informe destaca que Colombia y México incluyen preguntas sobre el tiempo que se dedica al trabajo doméstico y a los cuidados no remunerados. Los datos muestran que en Colombia, las mujeres dedican en promedio 3,9 horas de trabajo no remunerado a la semana por cada hora que dedican los hombres, es decir, casi 4 veces más a las labores de cuidado. El Covid 19 vino a empeorar una situación que ya era compleja para la región, puesto que los efectos de la crisis sanitaria están pesando más sobre aquellos que ya estaban rezagados (entre ellos las mujeres, las minorías sexuales y étnicas), profundizando las desigualdades en estos dos últimos años (2020 y 2021). Acerca de sobre quién pesa la responsabilidad de tanta desigualdad, el informe también da luces. El 77% de la población de América Latina y el Caribe consideraba en 2020 que “sus países son gobernados en interés de unos pocos grupos poderosos y no por el bien de todos”. La proporción alcanzó el 95% en Paraguay y el 91% en Chile y Costa Rica. Trabajar porque estas brechas de género sean cada vez menores es un deber de los estados y una tarea global, puesto que casi 150 países, entre ellos Colombia, se han comprometido con el objetivo 5 de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) que busca “lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Finalmente, a manera de conclusión, las sociedades desiguales que desperdician el talento de una parte significativa de su población al excluirla del mercado laboral, la riqueza y los ingresos, no solo son injustas sino que esto también se traduce en pobreza, bajo crecimiento y productividad, lo cual es un combustible para la conflictividad social y de eso, Colombia ha sido testigo y protagonista en 2021.

Gritos de Libertad Ge palegue jarría majaná a bae ri noche Andy loyo. Jundí kusumbé chimbumbé guitiá a guaitiá makaniá makaniá Andy enpalizá. Ambrio a ta ri noche Jarocho ngrita Kumbe Kumbe ambuya kutú kutú majaná buyerengue mambo Mapalé. Miní ku chambelona y Changaina miní ku tu mamoná Andy pozá ku tu kisíma Andy loyo, miní a jarriiá. Miní a kume kumina ku sol kalende enconchombao jarocho jarocho a ta to magende Miní ku suto kolendo pa bo miná Mambi ke i a ta nsulu junché Kumbé Kumbé kumbanba juedsa juedsa Kutú kutú. Gritos de libertad (traducido en español) Ge palenque; vengan acá. Gente, está todo oscuro debemos cruzar por el arroyo. Trabaja hasta llegar a la empalizada; canto fúnebre, a trabajá a trabajá para hallar la empalizada. Llegó la noche, está brillante. Alegre estoy. Fiesta, fiesta; hagan bulla toda la gente que venga a bailar mambo y mapalé. Ven con tu machete y tu mujer para armar la choza, ven con tus niñitos vamos a hacer una casimba en el arroyo, vamos a llevar agua. Ven a comer comida con el sol caliente, ven conmigo y ven a mirar el cerro. Baile, baile, escándalo, fuerza, fuerza y libertad. Poema de Leonor Díaz Cañate en lengua palenquera Por: María Victoria Ramírez Coordinadora de Perspectiva de Género – Pares En su libro “Historia de Colombia y sus oligarquías”, dice Antonio Caballero: “Nuestros antepasados de hace cinco siglos en sus dos ramas —los muy diversos castellanos de la España del Renacimiento y los muy diversos aborígenes americanos con quienes se tropezaron violentamente cuando desembarcaron en el Nuevo Mundo— dieron comienzo a una larga y tragicómica historia de malentendidos resueltos con sangre”. Aprovecho la fecha del 12 de octubre para destacar la iniciativa del senador de la República, integrante del Partido Comunes, Israel Zúñiga, quien el pasado 16 de septiembre radicó el proyecto de ley “Por el cual se expide la creación del boletín de lenguas y dialectos étnicos del Congreso de la República”. El artículo 10 de nuestra Constitución Política es el marco legal en el que se ampara la iniciativa: este ordena que “El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe”. Con la propuesta del senador Zúñiga se busca que los boletines del Congreso se escriban también en lenguas y dialéctos étnicos. Una medida como esta haría posible, además de un ejercicio de reivindicación de las lenguas de poblaciones históricamente marginadas, que las decisiones o discusiones que se tienen en el Congreso puedan ser accesibles a comunidades que no manejan el español como primera lengua. Lo que yo llamaría una colisión, en lugar del encuentro de dos mundos, provocó un cuasi exterminio de poblaciones aborígenes y, con ello, el de muchas de sus lenguas. Hoy los textos oficiales así lo corroboran. En el portal Colombia Aprende, en la materia Lengua para grado noveno, en los contenidos dirigidos a la valoración de la riqueza lingüística de Colombia, se reconoce este hecho: “Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, los habitantes de este continente hablaban numerosas y diferentes lenguas desconocidas para los europeos, pero a través de los procesos históricos de la Conquista y de la Colonia, muchas lenguas desaparecieron por diversas causas”. En ese mismo sentido, se advierte que, como resultado de este escenario que se configuró en el continente, “Murieron pueblos enteros y con ellos murieron sus sistemas lingüísticos; otras lenguas dejaron de hablarse por prohibición explícita de la Corona Española y, muchas otras, se extinguieron por asimilación cultural. Sin embargo, no desaparecieron todas y hoy, después de más de 500 años de mestizaje, sobreviven en este «Nuevo Mundo» numerosas lenguas autóctonas (González de Pérez, s.f.)”. De acuerdo con el boletín expedido por la oficina de prensa del senador Zúñiga, en materia lingüística, Colombia cuenta con: “La gran familia lingüística Chibcha, de probable procedencia centroamericana; las grandes familias suramericanas Arhuaca, Caribe, Quechua y Tupí; siete familias solamente presentes en el ámbito regional (Chocó, Guahibo, Sáliba, Macú, Huitoto, Bora, Tucano). Las diez lenguas aisladas son: Andoque, Awá- Cuaiquer, Cofán, Guambiano, Kamentsá, Páez, Ticuna, Tinigua, Yagua, Yaruro. Sesenta y cinco lenguas indígenas americanas de muy diverso origen, habladas por unas 400.000 personas en 22 de los 32 departamentos de Colombia. Lenguas de las cuales se tiene algún tipo de evidencia documental y que desaparecieron: Cueva, Coiba, Katío Viejo, Caramanta, Nutabe, Yamesi, Anserma, Duit, Chitarero, Lache, Situfa, airico, Atabaca, Bonda, Malibú, Mocana, Quillacinga, Pasto, Sindagua, Telembí, Andágueda, Quimbaya, Idabáez, Yurimangui, Guanebucán, Cosina, Guayupe, Cabere, Amarizana, Otomac, Pamigua, Tama, Icaguate, Coeretú, Uantya, Urubu-tapuyo, Patsoca, Miraña-Carapana, Coeruna, Pantágora, Colima, Muzo, Panche, Guane. Dos lenguas criollas habladas por poblaciones de origen africano: el criollo del palenque de San Basilio cerca de Cartagena (unas 3.000 personas), el criollo de las islas de San Andrés y Providencia (unas 30.000 personas). Estas dos lenguas son de creación reciente. Las crean los esclavos negros en la época de la colonia para comunicarse entre sí. El criollo de San Basilio o Palenquero nace en ambiente de lengua española y el mayor número de sus palabras y raíces es de origen castellano. El criollo de San Andrés y Providencia nace en ambiente de lengua inglesa, el mayor número de sus palabras es de origen inglés. La gramática de estas lenguas es original y no permite considerarlas como simple variaciones del castellano o del inglés”. El lenguaje humano, según algunos estudios, podría tener 50.000 años; y la escritura, unos 7.000. La humanidad toda comparte un origen común en África. Y se dice que, entre más cercanía geográfica al continente africano, más rica y compleja es una lengua. Por ejemplo, “algunos idiomas africanos emplean más de 100 fonemas mientras el hawaiano, hablado en unas islas que se encuentran entre los últimos lugares colonizados por la humanidad, tiene 13”. El español, por su parte, tiene alrededor de 24 fonemas. Tiene un gran significado para mí (y quizá debería tenerlo para el resto de los colombianos y colombianas) que un firmante de los acuerdos de paz de La Habana, un afrodescendiente, haya radicado un proyecto de ley que busca el rescate de las lenguas que expresan lo que somos como nación; que reconoce la humanidad de cada habitante de este territorio, porque es el lenguaje lo que nos diferencia de las demás especies, lo que nos hace humanos. Con el lenguaje surgió la civilización. El reconocimiento de la diversidad étnica y lingüística es un paso necesario para la reconciliación del país, y tiene que estar acompañado no solo de declaraciones, sino de decisiones y acciones que materialicen lo que ya tuvo lugar hace 30 años con la firma de la Constitución de 1991: sabernos y reconocernos como una mezcla de sangres, de saberes, de historias y de lenguas. Lo que cada ser puede entender y contar de sí mismo y de su mundo está determinado por su lenguaje. Esto fue expresado agudamente por Wittgenstein, en su “Tractatus logico-philosophicus”, así: “los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo”. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda El presidente Iván Duque ha expresado su apoyo a la propuesta que busca suspender la Ley de Garantías, al menos en su prohibición de celebrar contratos cuatro meses antes de las elecciones. Esto ha suscitado perplejidad y asombro, por cuanto la ley de garantías existe como un poderoso instrumento de la democracia, precisamente, para impedir que los presidentes y/o gobernantes se atornillen en el poder más allá del periodo que les corresponde. Es una garantía a la oposición política cuyo fin es la licitud e igualdad de condiciones en la competencia de acceso al poder político y a la administración pública. Para tal efecto, en época de elecciones, la ley de garantías limita las contrataciones del Estado, sobre todo los llamados convenios interadministrativos, impidiendo que las entidades de Gobierno financien autónomamente proyectos que implican la creación de empleos, lo que en una cultura politizada –mal vista apenas ahora en el siglo XXI– significa el amarre de los empleados a unas campañas políticas o a unos nombres o partidos políticos específicos. Con todo, el presidente Duque ha dado a entender que atornillarse en el poder no es su caso, por cuanto en Colombia está prohibida la reelección presidencial; y lo dice sin sonrojarse, partiendo de que las personas de la ciudanía somos ingenuas y que desconocemos que, aparte de las dictaduras encarnadas en un solo individuo (como lo fue la dictadura del general Somoza en Nicaragua o la de Pinochet en Chile), también existen y han existido las encarnadas en partidos, como lo fue la dictadura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en México o, en Colombia, la del Frente Nacional. Y esto es así porque el presidencialismo soporta la figura del gobernante sobre la base de sus mayorías en el Congreso. De modo que basta ser el líder político de la mayoría de los congresistas para mantenerse en el poder, si no directamente –pues eso hoy no es posible en Colombia–, al menos en cuerpo ajeno a través de otros representantes del partido de gobierno –el Centro Democrático tratándose de Duque–, o a través de su líder supremo: el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta decisión política de Duque ha llamado especialmente la atención porque, además de atentar contra la democracia, lo hace de la manera más burda, tomando el camino del lobo: en vez de tramitar la modificación directa a la Ley de Garantías, que es una ley estatutaria y, como tal, requiere para su aprobación la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, lo ha hecho aprovechando el marco legal del proyecto de Presupuesto General de la Nación, que siendo una ley ordinaria puede ser aprobada por una mayoría simple, como le corresponde constitucionalmente a las leyes de tipo fiscal. Lo anterior, más que una jugadita escolar es una traición a la democracia, y no se esperaría semejante conducta de unos gobernantes civilizados, máxime cuando hay sectores –yo me referiría exclusivamente al que conozco, al de la cultura y del arte– que, al estar integrados por personas no asalariadas ni beneficiarias de la empresa privada, hibernan con estoicismo durante esos cuatro meses de “no-contratación”. Los artistas y todos aquellos que se sostienen contratando directamente con el Estado han aprendido a sacrificarse en ese lapso inane con una suerte de talante cívico leal. Al respecto de la necesidad de la ley de garantías, el escritor León Valencia –director de esta Fundación para la que gratamente escribo– explicaba que “generalmente en elecciones todo el mundo se desata a invertir enormes cantidades de dinero y a saquear el Estado para poder financiar las campañas. Se endeudan en las campañas y después pagan con los recursos del Estado todo lo que invirtieron en ellas. Y eso lo que hace es acelerar la corrupción en una campaña que va a ser durísima, muy competitiva y donde todo el mundo va a poner la carne en el asador. De manera que al Gobierno –en la decadencia que está el partido de gobierno– le interesa girar todo el dinero hacia donde su partido tiene posibilidades de generar un triunfo electoral”. En efecto, y de ahí la trampa de este Gobierno, la ley de garantías tiene como naturaleza evitar el uso de recursos públicos en época de elecciones con fines proselitistas o para el beneficio de ciertos sectores políticos. De hecho, esta suspensión de la ley de garantías, incluida subrepticiamente en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2022, permitirá que el Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal pueda, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar convenios y/o contratos interadministrativos con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y con los planes seccionales de Desarrollo. Por tales razones, resulta necio pensar que detrás de tal suspensión de la ley de garantías, precisamente en tiempos electorales, no haya interés por favorecer –así traten de esconderlo bajo mil excusas pandémicas– a su clase política en procura de asegurarse el poder para el próximo cuatrenio. Igual queda claro –y en eso el presidente Iván Duque tiene razón– que con la suspensión de la ley de garantías no pretenden favorecer a ningún alcalde, ni a ningún gobernador, ni a representantes, ni a senadores, y ni siquiera al presidente Duque. Tampoco al partido Centro Democrático, y mucho menos a los departamentos y los municipios; sino, única y exclusivamente, al expresidente Uribe y al uribismo, que todavía tiene fuerte regencia sobre los alcaldes y gobernadores de los partidos políticos y corrientes políticas de derecha. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Cuando se habla de democracia se piensa enseguida en el régimen político perfecto. Sin embargo, también se escucha decir que la democracia no es perfecta. La primera apreciación es válida, por cuanto no existe ningún otro régimen político que asegure el pleno ejercicio de la soberanía; es decir, el concepto de que el poder reside en el pueblo. Y la segunda también es válida, porque, quiérase o no, son los representantes del pueblo –los políticos elegidos– quienes finalmente detentan y usan el poder. Cuando la democracia exige la participación de todas las personas y privilegia las decisiones colectivas sobre las individuales, está siendo perfecta. Cuando considera que cualquier persona puede participar en ella y administrar el Estado, también es perfecta. Con todo, igual es corriente escuchar que la democracia es imperfecta, porque nació imperfecta. Desde esta posición, se alude con objetividad que en la Grecia de los siglos V y VI a.C. se descontaba la participación democrática de las mujeres, de las personas extranjeras y de las personas esclavas. Un argumento que, a primera mano, resultaría imbatible, de no ser porque la democracia (desde que la idearon Solón, Pericles y otros contemporáneos suyos) partió del concepto –allende comprensible– de que esta forma de organización política solo era posible entre personas libres (siendo “libre” equivalente a ciudadano). En consecuencia ilógica, excluían a esclavos y esclavas a partir del criterio aberrante de que más que personas inútiles eran cosas útiles. Excluían a las mujeres porque sus ocupaciones hogareñas eran ajenas a las actividades militares y políticas. Y excluían a personas extranjeras por su natural desconocimiento de las costumbres y tradiciones del grupo social raizal. En efecto, en Roma, por ejemplo, a los extranjeros se les excluía especialmente por carecer del llamado ius soli (derecho del suelo) por no haber nacido en territorio romano. Con todo, pese a lo que hay entre aquellos siglos precristianos y el nuestro, vale decir cuánto hemos replicado dicho defecto de la democracia primigenia; porque las mujeres colombianas apenas votan desde hace 67 años, los esclavos (que hoy son la franja de quienes, haciendo parte del sistema de producción económico, se encuentran en la pobreza absoluta) no votan, y si lo hacen es por quien les diga su esclavista; y los extranjeros no pueden participar en política ni votar por carecer del ius soli, exceptuando a los extranjeros residentes que podrán hacerlo estrictamente en elecciones y consultas populares de orden distrital o municipal. Hay quienes consideran que la imperfección de la democracia es precisamente su dificultad de ser democrática, ya que esta difícilmente puede ser directa: no todas las personas pueden sentarse en tan “pocas sillas”. Esa dificultad, debilitadora del principio definitorio de la democracia, bajo el cual todos tienen derecho a meter las manos, impidió su evolución y ocasionó su pausa como modelo replicable. En semejante contexto, la democracia acabó sepultada por los imperios y luego por las monarquías, que hicieron del racionamiento acerca de cómo escoger a los mandatarios una decisión basada en los temores inculcados a la sociedad por las religiones. De hecho, los reyes eran postulados por decisión divina y los emperadores por su capacidad armamentística. Dos poderes irresistibles: el temor a las armas y el temor a Dios. Con esas dos herramientas de opresión –semejantes a la famosa teoría de las dos espadas–, la civilización occidental resistió hasta el siglo XVIII, cuando revivió la democracia gracias a las tesis de Jean-Jacques Rousseau y a su “contrato social”, que enfatiza el presupuesto esencial de toda democracia: la soberanía es del pueblo. De manera que solo hasta el siglo XVIII, aunque bajo la comprensión de que la democracia no podría ser directa, se visualizó la figura de la designación, que dio paso, ya no a la democracia donde el pueblo entero decide, sino a la democracia representativa, donde unas pocas personas lo hacen por el conjunto de la sociedad. La nueva tesis, poscristiana, proveniente de las revoluciones francesa y norteamericana, sería entonces: las “pocas sillas” son para los elegidos. Los defensores de la democracia encuentran en ella como ventaja su nexo condicional con el concepto de libertad. En una democracia perfecta, además de la libertad, es dable hablar del libre albedrío. La libertad como capacidad de uso de la voluntad –la voluntad, que es movida por un acto intelectual– y el libre albedrío, que es autonomía de elección. Dos cualidades que, de ser connaturales e incluso norma en todas las personas, permitirían el lucimiento de la democracia. Aun así, los detractores de la democracia advierten que ni un valor ni el otro garantizan que la ciudadanía pueda elegir bien o mal; y, por lo general, encuentran en ello una respuesta clarificadora y suprema: “para que las democracias funcionen perfectamente siempre habrá que recurrir a la ayuda de dios”. Pero, bueno, si consideramos la máxima de que la democracia tiene como punto de partida las libertades, un Gobierno sería democrático si, por ejemplo, garantiza las libertades de expresión, opinión y pensamiento (reconocidas en nuestra Constitución política en su artículo 20) y, entre otras libertades, la de asociación (consignada en el artículo 38 de la Constitución). Pese a ello, lo cual es una singularidad, algunos Gobiernos llamados democráticos –en Colombia todos–, por el solo hecho de realizar elecciones populares, descuentan las otras libertades civiles y actúan siguiendo al pie de la letra los vicios y falacias de los Gobiernos plegados a la hoy renombrada Illiberal democracy: una suerte de cuasi democracia, donde los ciudadanos y las ciudadanas que eligieron a un presidente bajo unas promesas, un programa y unas ideas políticas específicas, terminan siendo gobernados bajo otras ideas y por personas que terminan decidiendo y haciendo cosas distintas al programa ofrecido inicialmente. Para tal propósito niegan o crean falsas informaciones acerca de cuanto ocurre en la administración del Estado. A estos países se les denomina, con acierto, antidemocráticos o países no libres, pues la libertad, como he venido diciéndolo, es condición inamovible en la estructura del modelo democrático. Pero, finalmente ¿cómo se controlaría a los Gobiernos elegidos popularmente que se comportan antidemocráticamente? La respuesta parece ser la eliminación de los representantes y volver a la utopía de la democracia directa, pues son precisamente las élites (los clanes políticos y las familias herederas del poder político), así como el dinero (no importando su proveniencia ni quien lo porte), los factores que determinan el resultado final de las elecciones. No obstante, esta realidad resulta común a muchos países autodenominados democráticos o que tienen una democracia consolidada en el tiempo. Pienso ahora en un artículo que leí, en la revista SWI (Perspectivas suizas), acerca de una investigación realizada por Maxime Mellina y Aurèle Dupuis, dos jóvenes politólogos que, apoyados por el Fondo Nacional para la Investigación Científica de la Universidad de Lausana, realizaron estudios para sopesar hasta qué punto son realmente democráticas las elecciones. Todo esto en el contexto del país suizo[1]. En los orígenes de la democracia, en Atenas, los representantes eran elegidos por sorteo. El concepto recobra actualidad, como lo demuestra el estudio realizado por estos jóvenes investigadores que analizaron el papel del azar en la política, y la posibilidad de regresar al sorteo como método empleado para designar a los representantes populares (es decir, a quienes sin pertenecer a élites ni con contar con dinero ni popularidad, pretendían cargos o magistraturas). Efectivamente, en su afán por hacer de la democracia un sistema o régimen político eficaz, la civilización ateniense reservaba un número de sillas (cargos de administración pública) para quienes, siendo personas comunes y corrientes, hacían parte de los sectores excluidos (bien por no pertenecer a las élites o bien por carencia de riquezas). Eso daba un elemento agregado a los representantes: la conectividad con las necesidades de las personas representadas. Algo tan simple como saber de primera mano lo que quiere y necesita el pueblo. Ese ejercicio (que los politólogos suizos denominaron “laboratorio para la democracia”) basado en el sorteo como mecanismo de elección popular, y cuyo objetivo consiste en erradicar las élites y el dinero como determinadores de los gobernantes y beneficiarios de los cargos públicos, es a todas luces algo muy coincidente con la estrategia de los partidos y las fuerzas políticas de nuestro país, pues en sus convocatorias para las listas al Congreso, la preferencia es para los nuevos nombres –los desligados de las élites o de las riquezas– en un claro cambio de agujas que apunta hacia las formas de la democracia primigenia. PD: aviso a los lectores que, también en un ejercicio o práctica de laboratorio para la democracia, se me ocurrió… (en complicidad con quien fuera mi profesor de derecho constitucional, el doctor Luis Manuel Escobar Medina, y a propósito de una investigación que realizamos en conjunto para un libro sobre el tema en cuestión)… postular mi nombre al Senado en varias de esas fuerzas y partidos políticos para probar si, en efecto, son tenidos en cuenta, como sucedía en la antigua Grecia, los ciudadanos y las ciudadanas comunes y corrientes, no importando si por la vía azarosa del sorteo. Lo cierto es que hasta la fecha y ya pasados suficientes días, como esperábamos, no hemos recibido una sola respuesta y el ejercicio de laboratorio para la democracia continúa viento en popa. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto. [1] Michele Andina. El sorteo, el mejor sistema de elección. https://www.swissinfo.ch/spa/laboratorio-de-la-democracia

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Los medios de comunicación y las redes sociales han hecho eco de la candidatura de Alejandro Gaviria y le han presentado como el fenómeno político del momento. No obstante, la verdad es que a los colombianos y las colombianas solo les llama la atención porque, al presentarse como un hombre de centro, hay quienes lo creen distante de la derecha (tal vez los menos) y otros lo creen lejano de la izquierda (tal vez los más); pero también les atrae de él su catadura de intelectual y académico, lo que suena bonito en contraste con algunos seudo-bachilleres del Congreso y, también, de la Presidencia. Con respecto a lo primero (que Gaviria sea el fenómeno político del país), no es desatinado aseverar que —así disintamos de la polarización— la realidad política es una sola y esta nos enfatiza que, al menos hoy, los únicos fenómenos políticos en el país son Petro y Uribe, y no hay nadie más. Uribe lo es, qué paradoja, por encontrarse entre la espada y la pared con sus deudas judiciales y por su traza de hombre recio que inspira —no necesariamente adrede— al “país traqueto”, como en su época el expresidente Belisario Betancourt inspiró la “social bacanería”. Y Petro es un fenómeno político por el reclamo que hacen de su nombre la mayoría de personas de la ciudadanía, como lo demuestran las encuestas, donde le gana a cada uno de sus rivales e, incluso, sumando porcentajes, a todos, si estos se juntaran. En cuanto a quienes lo ven, negativamente, como un neutro con tendencia a la derecha, lo hacen conscientes de cómo esta ala ideológica viene gobernando malamente desde hace más de 200 años. Dos siglos de momentos políticos bastante violentos. Consecuentemente, la derecha —porque la izquierda no ha podido llegar al poder— es la madre de la violencia política del país, y sus continuadores ideológicos son hijos y garantes de ese modelo de poder fundado en la inequidad y la violencia. Y si bien no nos consta que maten, sí es evidente cuánto luchan por mantenerse al mando de las máquinas de guerra y por mantener las riendas de unas políticas que privilegian los intereses de las minorías. Y quienes ven a Gaviria, también negativamente, como un neutro con tendencia a la izquierda, lo hacen fundados en las acciones de los grupos guerrilleros que en las últimas tres décadas desdibujaron su ortodoxia marxista-leninista para hacer de las suyas como peligrosas ruedas sueltas. Por otra parte, quienes visualizan a Gaviria en su faz profesoril, preciándolo por su formación académica, lo hacen convencidos de que los académicos mantienen distancia del ámbito del poder político donde la corrupción campea. Sin embargo, la realidad es contraria a esta percepción y los académicos siempre han estado ligados al poder. De hecho, los dictadores —e igual los “presidentes en cerebro ajeno”— deben ser, por condición natural, de corto vuelo mental. No por otra cosa se nutren con avidez de los consejos de sus asesores académicos o científicos. Asesores a los que nadie ve porque, económicamente, no dependen de la imagen pública (que no la tienen) ni de los votos que puedan conseguir (que tampoco los tienen), sino de los altos estipendios recibidos de gobernantes y políticos a quienes asesoran. Nadie los ve porque trabajan a la sombra, estudiando o diseñando estrategias instructivas sobre los procedimientos y modos de la derecha y hasta de la extrema derecha. Con todo, a veces, solo a veces, uno que otro le apuesta al poder político y a la venta de su imagen pública. De modo que la procedencia académica de Alejandro Gaviria no garantiza nada. Y bueno, si algo es claro acerca de los nexos de las universidades con los Gobiernos son los muchos privilegios económicos de los que gozan, siendo un sector conformado mayormente por dueños privados. Prueba de ello es que los ingresos de las universidades privadas provienen de los conceptos y consultas que les realizan los gobernantes y que estas asumen guardándose de no salirse de la línea ideológica o de los intereses de quienes las contratan. Las universidades privadas —Gaviria fue rector de la Universidad de los Andes hasta la semana pasada— han estado siempre al servicio de quienes se encuentran en el poder y, por ende, no son ajenas a la realidad del país. No en vano, a la universidad de los Andes se le tiene como una exitosa fábrica de neoliberales al servicio de los Gobiernos de turno. Otra cosa son los estudiantes y lo que ocurre en el campus universitario, pero la planta administrativa, quienes manejan la bolsa, los funcionarios nombrados por intereses políticos y los dueños de las universidades nunca rivalizan con los gobernantes de turno y, por lo general, siempre han contribuido a su elección. Visto así el panorama, es claro que el proyecto de Alejandro Gaviria es una burbuja más, pero puede terminar siendo semejante a la de Fajardo, que al estallar insufló todo su aire a Duque. A mi juicio, si Alejandro Gaviria perdiera en la primera vuelta, no se alinearía a Petro ni a quien diga Uribe, y aunque tampoco iría a ver ballenas, de seguro se encerraría a leer sobre ellas, que es lo mismo. De manera que, en tal contexto, no es difícil predecir que Alejandro Gaviria tiene más en su contra que a su favor, y son bastante dicientes las críticas que se le hacen por el hecho de que haya sido ministro de Salud de Santos y hasta alto funcionario del Gobierno de Uribe, a quien lo unía (así lo confesó en Los Danieles) su compartido odio a las FARC-EP y —qué cosa tan rara— su mutua indignación frente a la violencia en Colombia. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Cuando tenía 16 o 17 años, en ocasión de una visita que el presidente de la república haría a Santa Marta, me reuní en el patio de mi casa con algunos compañeros del colegio para elaborar una pancarta de recibimiento. En mi caso (y creo que eso mismo ocurría a mis amigos), más que enviarle un mensaje al primer mandatario y más que protestar contra el llamado “estatuto de seguridad”, lo que deseaba era presentarle al pequeño mundo de nuestro entorno social el afloramiento de mi adultez. Se trataba de exhibir nuestra conciencia social (en verdad muy despierta). Y ante la opción de quedarnos quietos –para nuestro entendimiento un acto gravemente “inconsecuente”–, realizábamos actividades políticas al servicio de las causas sociales (festivales de canto y mitínes estudiantiles de protesta sana, entre otras). Por la alta temperatura del país convulso, como lo estaba, y por el avivamiento de nuestra conciencia social, algunos jóvenes se dejaron llevar por grupos empeñados en conseguir el poder con las armas; pero la mayoría de los otros, yo entre ellos, elegimos el camino de la crítica objetiva y sin ocultamientos. Al borde de obtener la cédula ya nos creíamos hombres libres. La pancarta que hicimos aquella mañana a cinco manos la atravesaríamos en la Avenida del Libertador, desde una esquina del Colegio Nacional Liceo Celedón (nuestra sede escolar) hasta la casa-quinta de un contrabandista. La pancarta era realmente extensa, como extensa era su leyenda, que rezaba, casi sagradamente: “¡El presidente Julio César Turbay Ayala es un HP!”. Todo lucía muy bien y era unánime el agrado que nos producía la calidad gráfica de aquel banner político. Estábamos embelesados con nuestro logro gráfico, cuando de pronto apareció mi padre, que era un hombre muy educado y respetuoso, pero también liberal y turbayista. Antes de pronunciar una sola palabra, se quedó unos segundos sujetándose la barbilla en un gesto que nos mostraba su interés por la pancarta. Luego nos preguntó algo que nos pareció muy normal: “¿y dónde la piensan colgar?”. Apenas le respondimos, nos indagó con el acento muy crítico y preocupado: “¿Pretenden hacer público ese mensaje para toda Santa Marta y para más allá?”. Los cinco amigos solo pudimos asentir con nuestras cabezas, y nos dispusimos a recibir las críticas producto de su observación, como efectivamente ocurrió: “¿De modo que van a contarle a todos los samarios, para que lo rieguen por todo el país, lo que les consta a ustedes de la mamá del presidente?”. Mis amigos y yo quedamos completamente absortos y confundidos: ¡ese no era nuestro mensaje de fondo! Lo cierto es que mi padre, sin mostrar preocupación, pues sabía cuál sería mi respuesta a su actitud, se retiró deseándonos suerte en la jornada. En efecto, apenas quedamos solos, sin ni siquiera acordarlo verbalmente, procedimos a borrar las letras H y P. Unimos un trozo más de tela para agrandar la pancarta y la leyenda quedó finalmente así: “¡El presidente julio César Turbay Ayala es un faltón!”. Mi padre había recibido el mensaje en su primera acepción –hijo de ramera–, mientras que nosotros estábamos usándolo en otra polivalente, y, aunque también negativa, su target solamente era el presidente Turbay y no su madre, ni nadie de su familia. Para nosotros, “HP” significaba: corrupto, perseguidor de opositores políticos, torturador y mal presidente. Eso era lo único que pretendíamos connotar. Años después, recordando el suceso de la pancarta, concluí que mi padre había exagerado en aquella ocasión, tal vez por demasiado adulto para entender esas nuevas acepciones de la palabra en cuestión. Así de simple parecía el dilema, y lo comprendí todavía más al percatarme de que los jóvenes menores que yo, ya clasificados como de una nueva generación, la usaban entre ellos sin miramientos, y sin riesgo de herirse u ofenderse: “¡Hijueputa! me saqué cinco”. Después surgirían otras muchas variaciones de su definición. Hoy en día la usan de continuo en las redes sociales y en sus distintas acepciones (neutras, negativas o positivas). Sin embargo, independiente de esas variaciones que ennoblecen a la primera acepción del término, hay también una variante en el lenguaje caliente del contexto político. De hecho, cuando se manejan esos calificativos entre políticos opositores, por lo general nunca lo hacen para referirse a las madres de sus contrarios, no. Simplemente buscan significar que sus actitudes, su postura, o cualquier cosa que haya dicho su oponente, les resultan tan insoportables como esa palabra. Si no comprendiéramos de esta manera el abanico de acepciones de la palabra “hijueputa”, con seguridad percibiríamos –por desventura no equivocadamente– que nuestro país maneja un lenguaje violento, un lenguaje agresivo. El “lenguaje de la tribu”, diría el poeta bogotano Mauricio Contreras. En fin, un idioma español desagradable, que de ser generalizado nos delataría como la peor y más asquerosa sociedad de este tiempo; pero no es así, las palabras del español grosero las usamos con la misma fuerza para festejar y halagar, y hay frases y/o expresiones que así lo significan (“¡Me gané la lotería hijueputas!”). De manera que el lenguaje del español amable –ahora pienso en el lingüista del samario Nicolás Polo y en su tesis sobre el español afable– está en desuso en los términos del acartonamiento, de la pacatería y del conservadurismo a ultranza. A quienes les irritan los oídos ciertas palabras, cualquiera sea el ámbito en el que ellas se pronuncien, son precisamente quienes tienen de lastre un lenguaje atado a malas costumbres. Costumbres, por soterradas, propias de la hipocresía, del soslayo, en fin, propias del español ladino. Esa conducta asceta, a mi juicio, resulta peor que el hijueputismo de un Levy Rincón, por ejemplo, o que las continuas expresiones de calibre propias del desahogadero –Twitter–, donde las escriben por montones cada minuto. Aunque en Colombia la Constitución garantiza la libertad de expresión, esta puede ser limitada por los jueces mientras en la misma carta magna se diga implícitamente que se garantiza solo para expresar pensamientos y opiniones. Dejando al libre albedrío de congresistas y magistrados la determinación de qué es pensamiento y qué es opinión. Pocos saben, por ejemplo, a propósito de tratar de hp al expresidente Turbay, o de que ahora le digan “cerdo” al presidente Duque o Matarife al expresidente Uribe, que contrario a lo dispuesto en nuestra Constitución, la de los Estados Unidos –Gobierno al que seguimos a ojos cerrados– en su primera enmienda prohíbe al Congreso hacer leyes que limiten la libertad de expresión, no importando si esta tiene de trasunto una opinión, un pensamiento o una carajada. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: María Victoria Ramírez Coordinadora de Perspectiva de Género – Pares No deseo abrir la boca ¿A qué podría cantar? En mí, a quien la vida odia, tanto da cantar que callar. ¿Acaso debo hablar de dulzura cuando siento tanta amargura? Ay, el festín del opresor me ha tapado la boca. Sin nadie al lado en la vida ¿a quién dedicar mi ternura? Tanto da decir, reír, morir, existir. Yo y mi forzada soledad con mi dolor y mi tristeza. He nacido para nada mi boca debería estar sellada. Ha llegado, corazón, la primavera, el momento propicio del festejo. ¿Pero qué puedo hacer si un ala tengo ahora atrapada? Así no puedo volar. Llevo mucho tiempo en silencio, pero nunca olvidé la melodía que no paro de susurrar. Las canciones que brotan de mi corazón me recuerdan que algún día romperé la jaula. Volando saldré de esta soledad y cantaré con melancolía. No soy un frágil álamo sacudido por el viento. Soy una mujer afgana Entiéndase pues mi constante queja. Escrito por la poeta afgana Nadia Anjuman, asesinada por su esposo y su familia en 2005. Esta columna está motivada por la perplejidad que causan las imágenes que le dan la vuelta al mundo sobre los acontecimientos recientes en Afganistán. Personas desesperadas en los aeropuertos tratando de obtener un vuelo que las saque de ese país para huir del nuevo régimen. Aclarando que no soy experta en el conflicto de Afganistán, me mueve la convicción respecto al derecho que tienen todas las mujeres de este planeta a una vida digna y libre de toda forma de violencia, por lo tanto, me centraré en la situación de las mujeres afganas en medio del cambio de poder. Distintos medios de comunicación han cubierto la noticia. El portal Al Jazeera asegura que no está muy claro lo que les espera a las mujeres con los talibanes nuevamente en el poder, pero alerta que “públicamente, los talibanes están intentando impulsar la narrativa de que han moderado algunas de sus posiciones más extremas, y su portavoz anunció el martes por la noche un indulto oficial para ‘todos’ los involucrados en la guerra”. Además, uno de los portavoces talibanes, Zabihullah Mujahid aseguró en una rueda de prensa que el grupo estaba comprometido a permitir que las mujeres trabajaran de acuerdo con los principios del islam. En entrevista con Sky News de Gran Bretaña, otro líder de los talibanes, Suhail Shaheen, ofreció garantías y aseguró que las mujeres podrían acceder a todos los niveles de educación, desde la primaria hasta el nivel universitario. Pero las declaraciones de los talibanes no dan tranquilidad, ni a los afganos ni al resto del mundo, debido al historial de brutalidades cometidas por ese grupo. El medio France 24 titulaba esta semana: “Las mujeres y las niñas afganas temen ‘días oscuros’ con la llegada de los talibanes a Kabul”. Hay razones históricas para temer que, con la toma del poder por los insurgentes islamistas, se produzca una desintegración de las libertades y los derechos de las mujeres que fueron ganados durante los 20 años de intento de transición democrática. «Los talibanes harán retroceder la libertad en todos los niveles y eso es contra lo que estamos luchando. Las mujeres y los niños son los que más sufren y nuestras fuerzas están tratando de salvar la democracia. El mundo debe comprendernos y ayudarnos», dijo a Reuters un portavoz del Gobierno afgano el 13 de agosto. Farkhunda Zahra Naderi, exlegisladora y asesora principal de la ONU del presidente afgano Ashraf Ghani y ahora miembro del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional de Afganistán, afirmaba en entrevista con Bloomberg: “Mi mayor temor es que ahora están marginando a las mujeres que han estado trabajando en estos puestos de liderazgo, que han sido una voz fuerte contra los abusadores más poderosos, pero también están trabajando con ellos para cambiar la situación en el terreno”. Existe un gran temor por parte de la generación de mujeres afganas que han accedido a la educación, que han logrado ejercer cargos públicos y que se han destacado en la ciencia o en las artes de que todo se borre de un plumazo. Su llamado desesperado se ha expresado, a través de las redes sociales, en mensajes de auxilio en los que aseguran que a las mujeres ya se les está impidiendo ir a sus trabajos o ingresar a establecimientos educativos, y que se les está forzando a usar la burka (ya una mujer fue asesinada por no portarla). Un ensayo publicado en 2018 por UKEssays[1] (y del cual aquí traduzco un apartado) describe la situación de las mujeres durante el período talibán (1996-2001) de la siguiente forma: “La brutalidad de los talibanes consistió en negar a las mujeres la oportunidad de comunicarse con otras mujeres que no fueran miembros de su familia. En la mayoría de los casos, las mujeres permanecían encerradas en sus casas con pequeñas ventanas oscuras, por lo que no era posible el intercambio público. Según una investigación, una mujer afgana solo podía caminar en público con la compañía de un homólogo masculino que debía pertenecer a su familia (OsmaÅ„czyk y Mango 2708). Estos hombres actúan como una barrera para la comunicación y el flujo de información entre mujeres y hombres en la esfera pública. La información solo puede obtenerse de esposos, hermanos y padres que, además, de acuerdo con las normas de los talibanes, son opresores de mujeres. Las duras circunstancias en las que vivían las mujeres afganas no permitían una comunicación eficaz. Las asociaciones de mujeres que fomentan el intercambio de información sobre asuntos sociales no están permitidas en la mayor parte de Afganistán. El flujo de información de una mujer a otra es difícil en tales circunstancias, lo que dificulta la comunicación efectiva. Por mucho que la libertad de expresión sea uno de los derechos defendidos por el Gobierno afgano, muchas mujeres ven negado este derecho por parte de hombres cercanos en sus vidas”. Precisamente, respecto a las posibilidades que tienen las mujeres afganas de expresarse libremente, en ese mismo ensayo se señala: “La opinión de la mujer se considera inferior y la oportunidad de expresarse se encuentra negada para muchas mujeres que desean hacerlo. El levantamiento de voces se dificulta debido a la discriminación generalizada contra el género femenino en otras áreas importantes que contribuyen al flujo de información. La falta de educación para las niñas es un obstáculo importante para el libre tránsito de la información. Debido al analfabetismo, muchas mujeres afganas solo pueden conversar en sus lenguas vernáculas (Mittra y Kunar 143). La falta de acceso a la educación sigue deteniendo a muchas mujeres en la toma de decisiones, incluso en aquellas relacionadas con su propia situación. La falta de ideas, junto con el miedo, es un factor clave que hace que las mujeres afganas se queden atrás a la hora de alzar la voz más allá de su hogar”. Lo que más preocupa es la reacción de la comunidad internacional. China y Rusia apoyan a los talibanes por razones geopolíticas y económicas, y los talibanes necesitan el dinero chino para reconstruir el país. Esta situación marca una gran diferencia con respecto al período 1996-2001, cuando solo tres Estados reconocieron a los talibanes como un régimen legítimo: Arabia Saudita, Pakistán y Emiratos Árabes. Estados Unidos ha retirado sus tropas y el resto de occidente apenas balbucea. Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, afirmó que lo que sucedía en Afganistán era la vergüenza de occidente. Sin embargo, con dos grandes potencias respaldando a los talibanes, creo que ningún país tomará acciones contundentes y el régimen talibán se consolidará en el poder, al menos por un tiempo. Así las cosas, el futuro de las mujeres afganas será realmente doloroso. No queda más que confiar en la tenacidad que ellas han mostrado, en su capacidad de resistencia y de búsqueda de estrategias de supervivencia física e intelectual. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda El lunes 16 de agosto, en declaraciones informales a miembros de la Comisión de la Verdad, el expresidente Uribe dijo que Colombia necesitaba una amnistía general. Al siguiente día, el senador Gustavo Petro hizo lo propio consintiendo dicha propuesta al resaltar la necesidad del perdón en un contexto de cambio social; “pacto histórico” le ha nombrado él, desde hace ya más de dos años, a una campaña pacificadora semejante. Como era de esperar, tal manifestación de Petro suscitó sorpresa entre muchos de sus seguidores, porque ven las propuestas de Uribe (cualquiera que estas sean) contrarias a las de su líder. Sin embargo, no observaron estas personas que simpatizan con el petrismo que tal coincidencia —frente a la necesidad de una amnistía general— está fundada, precisamente, en el mantenimiento férreo de las diferencias marcadas de estos líderes de la izquierda y de la derecha en Colombia. En efecto, si algo hay de acertado en la historia de la aplicación de la amnistía general, como medio de pacificación proveniente de la experiencia internacional (Amnistía Internacional fue fundada en 1961 por el abogado británico y defensor de derechos humanos, Peter Benenson), es su acogimiento a todos los partícipes de un conflicto irreconciliable. Queda claro entonces que, bajo esa lógica, la amnistía únicamente debe accionarse si dentro de un conflicto pareciera no existir salida ni soluciones pacíficas. Solo en ese momento crucial de un conflicto intrincado, la fórmula de la amnistía debe aparecer extraordinariamente como la última posible solución. En tal contexto, la amnistía no busca —ni podría conseguirlo— que las ideas en oposición transijan; aunque sí persigue que estas se debatan en un ambiente de respeto a los derechos humanos y a la participación política de los contrarios. Bajo tal esquema, la amnistía no impide el ejercicio de las contradicciones doctrinarias, ni busca que desaparezcan. Todo lo contrario: la eficacia de un proceso de amnistía general está soportada en la convicción de que es posible forjar acuerdos de paz y situaciones de convivencia armónica entre conciudadanos o entre distintos pueblos que, aun pensando distinto, pueden debatirse ideológicamente sin echar mano de la barbarie. Desde tal perspectiva realista, lo que ocurrió con Petro y Uribe no fue una coincidencia de ideales o de conductas personales, sino la incursión en un plano de concertación especial en el que, sin concordancias ideológicas, pueden acogerse a un programa de armonía social o de convivencia política. Por eso, en ocasiones cuesta trabajo entender la figura de la amnistía; porque, querámoslo o no, es una suerte de “borrón y cuenta nueva”. La amnistía consiste en el reconocimiento autocrítico de que las reglas del juego que veníamos disputando no eran limpias ni sanas; no eran equitativas y aún menos justas. Así las cosas, y siguiendo el hilo de lo consignado en la experiencia histórica, la amnistía ocurre sólo y únicamente cuando ya no hay salvación y el cambio, más que necesario, es urgente. Recordemos, por nuestra parte, la guerra fallida del Estado contra las FARC-EP y viceversa; recordemos a los paramilitares y a los “falsos positivos”, que son pruebas de la falta de soluciones en el conflicto interno. Lo contrario, amnistiar a la topa tolondra sin agotar los mecanismos del derecho y de la justicia, o hacerlo en tiempos de paz, sería un irrespeto a las constituciones y a los sistemas jurídicos nacionales. En esa “falta de salvación” reside la principal diferencia entre la amnistía y el indulto. Este último puede accionarse movido por la condolencia y la caridad frente a un único individuo; la amnistía, cuando no queda más remedio. Por todo ello, la amnistía se abona el derecho a anularlo todo, al estilo de la popular frase absolutoria: “borrón y cuenta nueva”. Mientras que el indulto, si bien hace cuenta nueva, no puede borrarlo todo; y no borra porque el indulto no incluye la anulación de los antecedentes judiciales. El indulto no limpia los prontuarios penales; solamente descuenta el castigo penal, el tiempo de cárcel impuesto a personas en virtud de los delitos por los cuales se encuentran en prisión o condenadas. La persona amnistiada, por el contrario, ve desaparecer su pasado delictuoso y su prontuario es invisibilizado. En eso consiste el “borrón y cuenta nueva” que caracteriza a la amnistía. Con todo, en la tradición internacional de este recurso, su aplicación ha sido estrictamente para casos de delitos políticos; y resulta bastante notorio, para no decir anómalo, que la amnistía se extienda a delitos ajenos a las disputas políticas. Nuestros modelos de amnistía —colombianizados en la ley 975 de 2005 y en la ley 1820 del 30 de diciembre de 2016— serían elegantes de no ser porque perdonan delitos que, por atroces, se han tipificado penalmente como desconectados de la acción política, sencilla y llanamente porque el crimen, por ejemplo, no es ni puede ser validado como medio argumentativo. De hecho, por esta amplitud del concepto de lo penal presente en las citadas leyes nacionales (adicionándole a los delitos políticos los llamados delitos conexos), fue posible amnistiar y/o perdonar a exmiembros de las FARC-EP y a exparamilitares, aun cuando los primeros hubieran secuestrado y asesinado a sus enemigos políticos; y aunque los segundos hubieran asesinado y despojado de las tierras a las campesinas y los campesinos que, por informaciones de las autoridades —así lo ha confesado Mancuso—, eran considerados enemigos políticos de los Gobiernos de turno. Unos y otros actuaron en un ámbito donde las disputas políticas parecían más pleitos entre bandoleros o vendettas mafiosas y no debates ideológicos entre políticos. Esas conductas aberrantes son las que permiten el uso del recurso de la amnistía general como herramienta salvadora; y por eso, porque es un mecanismo de perdón y olvido, la amnistía no funciona para humanizar conflictos, sino simplemente para borrarlos y comenzar a contar de nuevo. La amnistía general, sin duda, le conviene al expresidente Álvaro Uribe porque, a diferencia del indulto, los beneficiados de ella no tienen por qué estar presos o condenados; basta con que hayan cometido los delitos (e incluso que los estén cometiendo) y manifiesten su voluntad de no cometerlos más. Y le conviene además al expresidente Uribe porque la amnistía general deja libre y pide que se olviden las colas de paja delincuenciales. Ahí encaja perfectamente el expresidente y muchos de sus aliados que le huyen a la ley y a la justicia. Y, desde luego, le conviene al senador de la Colombia Humana (aunque no tenga prontuario delincuencial) porque la amnistía ocurre si —y solo si— es requerido un cambio urgente como el que viene promoviendo Gustavo Petro a través de su “pacto histórico”. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona a la que corresponde su autoría y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) al respecto.

Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda El poder de los gobernantes existe gracias al consentimiento de quienes les eligen o escogen (que no es lo mismo). En el primer caso –cuando son elegidos– la mayoría de los votos son conducidos o comprados, como presuntamente fueron buena parte de los votos que le dieron la victoria a Duque en la disputa por la Presidencia; y en el segundo caso –cuando son escogidos– la mayoría son votos de opinión, como los votos que dieron la victoria a Claudia López en la disputa por la Alcaldía de Bogotá. No obstante, en cualquiera de los dos casos, el pueblo es el único causante de ese poder, y solo los militantes y/o simpatizantes de una organización de poder o los seguidores de un poderoso pueden agostarlo o robustecerlo. De modo que el poder –aquí nos referimos al poder político– tiene como contrapeso otro descomunal poder dormido: el poder del pueblo. Por tal razón, cuando quien detenta el poder político o el de las armas deja de ser consentido por su pueblo, inmediatamente queda abierta la puerta para que le sobrevenga el aplastamiento popular. Los ejemplos son tantos y tan desagradables que no vale la pena mencionar uno solo acá. De manera que la única fórmula infalible de todo mandatario para salir glorioso e impune de su tiempo de mandato (o para sostenerse más tiempo del previsto en él) es proveyéndose de una relación armónica con su pueblo. Por eso las pugnas civiles –no importan cuántas y qué tan seguido ocurran– siempre resultan anómalas, ya que en ellas se enfrentan policías –representantes de una parte del poder y del gobernante que lo detenta– y las personas de a pie, que son otra parte importante del poder político. De ahí que la gente no comprenda por qué los policías, siendo parte del pueblo, se enfrentan a muerte con las personas de la sociedad civil. Ignoran que policías y soldados, en la estructura del Estado, hacen parte del Gobierno y no del pueblo. Es la estructura organizativa del poder la que los separa. Recordemos que el Estado se sostiene gracias a tres pilares básicos: el territorio, que implica un espacio y la determinación de fronteras; el pueblo, que habita dicho territorio; y un poder político, con un Gobierno que lo detenta y ejecuta. Este poder político, a su vez, está subdividido en dos elementos: en un programa político de gobierno y en una fuerza represiva o de seguridad, para nuestro ejemplo la Policía. En consecuencia lógica, bajo semejante esquema estructural del Estado, algunos gobiernos parecieran comportarse más inclinados al elemento de la fuerza –que oprime y reprime– que al elemento de la idea –que socializa y acuerda–. Es decir, gobiernos que están más del lado de las autoridades que de la ciudadanía. No por distintas razones la comunidad académica centrada en el estudio político ha enrumbado su interés hacia el pueblo como el único beneficiario del poder, y lo ha hecho en torno a preguntas como: ¿el poder para qué? ¿el poder para quién? o ¿por qué cambian quienes obtienen el poder? “El poder para qué” es una frase célebre que en Colombia le endilgan al expresidente colombiano Darío Echandía. Sin embargo, desde la fundación de Roma, esa pregunta se la habían hecho y respondido ya todos los poderosos de la cultura política occidental. Hasta donde entiendo (con mis modestos conocimientos en Derecho Romano), no dudo de que la respuesta de Rómulo habría sido: “El poder para proteger a mi gente, el poder para darle seguridad y posibilidad de desarrollo al pueblo que me escogió; es decir, el poder para el pueblo”. Pero bueno, de Rómulo hasta acá se han sucedido tantos gobernantes, o sea tantas personas con la suerte o con la mala suerte de tener el poder, que se ha viciado esa respuesta original suya sobre “el poder para el pueblo”. En efecto, pese a aquel antecedente democrático, y si reparamos en la tira de la Historia, encontraremos cómo estas respuestas que doy a continuación han sido o parecen ser las más generalizadas: “El poder para mí” (pensemos en el típico dictador); “El poder para mi familia” (pensemos en las monarquías); “El poder para mis copartidarios” (pensemos en las dictaduras de partidos); o “El poder para mí, para mi familia, para mis copartidarios y para nadie más” (pensemos en el Gobierno de Duque, por ejemplo). Como vemos, en estas respuestas se ha descontado al pueblo en calidad de destinatario único del poder, dejando en dicho lugar solo a los militares, a los gobernantes y a los policías. En su condición de “poder para el pueblo”, ha cambiado tan diametralmente la noción primigenia de poder que hoy son numerosos los artículos filosóficos, sociológicos, en fin, las reflexiones de autores muy serios, que se han entregado a las discusiones acerca del tema. Debates casi todos fundados en esta frase cuyo trasunto sigue sin redimirse: “El poder es del pueblo”. Frase que descarta de plano la función aberrante del poder en cualquiera de estas condiciones: “para mí, para mi familia o para mis asociados políticos”. Esas discusiones, más académicas e intelectuales que de parleros, acerca de a quién debe favorecer el poder y su función, están también basadas en el hecho natural de que el poder –quiérase o no– es el ejercicio de la voluntad de una persona por encima de las otras. Por eso resulta natural que, cuando la voluntad del pueblo coincide con la del poderoso (es decir, cuando un pueblo le propone a su gobernante ejecutar una obra determinada, tal y cómo este ya la había pensado o prometido durante su campaña de precandidato), el gobernante de inmediato la descarta como empujado por una suerte de resorte. La descarta sin reparar en su pertinencia e importancia, única y estrictamente porque debe evitar a toda costa el desvanecimiento de su poder, que en la coincidencia con sus subalternos resulta muy disminuido. Lo contrario a esas frases respuestas sería “el poder para el pueblo”, como debe ser. O, tal vez, para irnos más lejos en la intención benévola de esta frase, “todos al servicio del pueblo”. De ahí nace el criterio, también verdadero y sólido que fuera frase bandera de los zapatistas en México (a mediados de la segunda mitad del siglo XX), acerca del poder entendido como la acción de “mandar obedeciendo”, y no en su condición de acción malévola: “mandar mandando” (tal y como lo describe en sus tesis sobre ética el teólogo y filósofo mexicano Enrique Dussel, tesis que advierte sobre la falta de libertad de los pueblos en dicho esquema de obligada sumisión). Si el poder es responsable de los abusos, y de él hacen parte los opresores, entonces, ¿podemos decir que el poder cambia a las personas que lo detentan? Lo normal y corriente es que entre las dos opciones que existen (que un gobernante se convierta en una persona buena habiendo sido mala, o lo contrario), la opción negativa es la más generalizada. Por ejemplo, cuando se dice que a alguien “lo cambió el poder”, no hay necesidad de dar explicaciones de si lo hizo para bien o para mal; porque la mayoría de personas lo interpretaría en calidad de sobrentendido, excepto que el cambio haya sido para bien. Muchas personas hablan, por ejemplo, para referirnos a nuestro caso, de la conducta ejemplar del presidente Duque en sus cargos y oficios anteriores. Sin embargo, a todas luces, como a quien lo sorprenden iluminándolo de pronto con un círculo de luz en medio de la oscuridad, nos ha sorprendido con su comportamiento totalmente contrario a lo que se decía de él. Pero para irnos más lejos en el espacio geográfico, y también más lejos en el tiempo, recordemos la popularizada historia del emperador Claudio, descrita por Robert Grave en su novela “Yo, Claudio”, porque ese emperador, justamente, dio el cambio que nadie esperaba de él y que todos esperaríamos de un gobernante. Cuando murió Calígula (el 24 de enero del 41 d.C.), entre todos los descendientes de la dinastía julio-claudia, a Claudio le correspondía legítimamente el título de emperador. Si los integrantes de la Guardia Pretoriana que debían oficializar su ascenso lo hubiesen considerado medianamente inteligente, de seguro le habrían asesinado; pero como lo vieron torpe, tartamudo, casi un idiota, le proclamaron emperador para “titeretearlo”. Con todo, Claudio les dio una sorpresa –semejante a la que en Colombia le diera el expresidente Juan Manuel Santos a su antecesor– desligándose de los intereses de la Guardia Pretoriana. Y, por cuenta de sus propias ambiciones, expandió el imperio romano hasta donde ninguno de su estirpe julio-claudiana había llegado. En fin, pensando en todo ello, creo que vale la pena preguntarse: ¿si Claudio cambió para bien por qué no puede cambiar… digamos, el presidente Duque?

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda El cientificismo jurídico, la especialización del derecho y, en general, su expansión evolutiva, teórica y conceptual, han hecho de la ciencia del derecho, nacida del sentido común, una de las más complejas e intrincadas. Tal y como si su origen estuviera ligado al análisis lógico de los conceptos jurídicos de la ley escrita —que es un presupuesto de la razón “civilizada”—, y no ligado al sentido común —que es una condición natural de la especie y la primera manifestación de la razón—. No por otra cosa, esta “primera razón” todavía depende de los actos reflejo de la especie, que en su dinámica de sobrevivencia es tan prudente y sensata, como prevenida y arisca. De tal suerte, la pugna entre las partes de un conflicto jurídico, que indefectiblemente ocurre en un plano de objetividades (porque un delito no es imaginación, tampoco fantasía ni sueño, sino una situación comprobable o que la especie comprende instintivamente), han convertido la práctica del derecho en una fuente surtidora de conceptos y de recursos correspondientes al sentido lógico, que refiere todo cuanto la especie debe estudiar, pues no siempre es posible intuirlo. O más exactamente, apartando al investigador judicial del hecho puntual y discernible, han trocado la estrategia argumentativa —adscrita a un plano de verdades— por un surtidor de humos, por el discurso del cientificismo jurídico —adscrito a un plano de mentiras—. Por tal razón, a los abogados sin ética les resulta más cómodo aguzarse en estrategias para desdibujar el sentido común; porque es mucho más fácil convencer y manipular a quien piensa que todo en la justicia es difícil y de exigencias cognitivas altas, cuando la verdad es que en todo hecho jurídico negativo —que es una acción trascendente contra el bien jurídico— ocurren situaciones, antes que intrincadas y complejas, muy fáciles de entender para cualquier ciudadano o ciudadana corriente. Y esto es así porque los delitos saltan a la vista en su condición de anómalos e inarmónicos. Todo hecho que atenta contra el bien jurídico es tan notorio como lo es el ruido producido por una vajilla que se rompe. Los principios de la justicia penal, en nuestro sistema de derecho, son de obligada aplicación (así como, entre otros, lo son el principio de presunción de inocencia o el de celeridad). Por eso, tales principios son escasos e incuestionables: porque en el árbol del derecho, cada vez más ramificado, por fortuna siguen siendo la raíz y el tronco; aunque los cubra el follaje del cientificismo jurídico, que dificulta su apreciación al observador común e incluso a estudiantes y profesionales del derecho que suelen quedarse en las ramas o en la interpretación exégeta, olvidando o no advirtiendo los principios que las sustentan. El fundamento de los principios tiene que ver con la sobrevivencia de la especie, con su propia protección y no con los intereses grupales, digámoslo así, de partidos, movimientos o sectas, y aún menos para satisfacer el capricho de una sola persona —lo que sería dictatorial o monárquico—. Por eso, discutir acerca de cómo le iría a una persona acusada bajo una u otra ley podrá ser relevante dentro de la parte procesal de un caso, porque suelen ser distintos los intereses de los jueces y muchas las interpretaciones; pero nunca lo será desde sus principios fundamentales que tienen estatus de incuestionables. Desde esta realidad propia de nuestra cultura jurídica (sea cual fuere el sistema de derecho que tuviéramos), si se obedece el sentido común y se obedecen las normas rectoras, entonces se verá claro cómo en todo proceso judicial el primer juez ha de ser el conjunto de los principios del derecho. No por otra razón, desde el mismo momento en que es advertida la afectación a un bien jurídico protegido, desde ese punto inicial (cuando el derecho apenas es susceptible de un primer nivel de análisis, y cuando los casos no han desenvuelto argumentaciones leguleyas) el derecho funciona única y estrictamente basado en el sentido común, cuya esencia se condensa en los llamados principios de derecho, que no son otra cosa que normas naturales de conducta: el “deber ser” en su máxima expresión. Bajo semejante entendimiento, el punto cero del derecho son sus principios universales; es decir, el sentido común y no las leyes ni las normas escritas, que han de ser su reflejo obediente. Por todas las anteriores afirmaciones y por las verdades incuestionables del proceso en contra de Álvaro Uribe, podemos aseverar, sin temor a equivocarnos, que el expresidente hoy se encuentra libre gracias a la ley que, en calidad de texto (es decir, sin juez que la interprete), carece de los presupuestos de la justicia, propios del sentido común. De modo que el expresidente Uribe se encuentra libre no por la justicia ni por su inocencia; sino porque una juez, la juez 32 de garantías, con sabiduría de estudiante de derecho, le dio libertad acudiendo a la exégesis y a la ley, y no a la justicia ni al sentido común. En efecto, cuando esto último ocurrió, el 10 de octubre de 2020, escribí en las páginas del Observatorio Nacional de Colombia que el expresidente Uribe quedaba libre gracias a una estudiante de derecho. Y lo dije porque en las pruebas de simulación en derecho penal, cuando a los estudiantes les piden que estructuren la teoría de un caso hipotético, siempre lo realizan aferrados a la exégesis, a las leyes escritas. No tienen en cuenta los principios fundamentales del derecho, ni se atreven a echar uso de su sentido común ni a sus “primeras razones”. Pese a ello (y esto es lo que me dicta mi experiencia), esta vez… —en el contexto del fallo de imputación que habrá de solventarse por cuenta del juzgado 28 de conocimiento, en ocasión de la solicitud que hiciera la Fiscalía para darle preclusión al caso de fraude procesal y soborno a testigos en contra del expresidente Uribe—… esta vez, repito, estando la decisión en manos de magistrados serios, ganarán la justicia y el sentido común. El expresidente Uribe no es libre por su inocencia, precisamente porque esta no ha sido demostrada. Y no es tampoco inocente porque la presunción de inocencia la tiene perdida, pues esta no existe en un contexto lleno de indicios de responsabilidad y culpa. “En la actualidad existen casi 60 investigaciones abiertas en Colombia contra Uribe, que van desde homicidio hasta compra de votos. Catorce se encuentran en la Corte Suprema y otros 45 en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”[1]. De tal suerte, y aplicando el sentido común, para que Uribe sea considerado inocente tendrá que demostrarlo en juicio, pues tiene perdida la presunción de inocencia ya que las pruebas practicadas y legitimadas por la Corte Suprema —y por el solo hecho de la conciencia que genera la “primera manifestación de la razón”— no podrán ser anuladas; y lo investigado y razonado por sus magistrados no tiene porqué evaporarse si consideramos que la verdad no se extingue. [1] BBC. ¿De qué se acusa al expresidente Uribe? En: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53658947

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Escuchar al presidente Duque asegurar que en su Gobierno se ha hecho más por la paz de lo que se hizo en el Gobierno de Juan Manuel Santos es tan incoherente, o lejano de la verdad, que no sabe uno si reír o si morderse los codos. Esto lo digo porque en el anterior Gobierno cesaron los enfrentamientos entre las extintas FARC-EP y el Estado. Este conflicto armado dejaba cientos de personas muertas cada año, y de ahí la singular necesidad de replantear el Hospital Militar debido a la falta de heridos en combate; mientras que en el Gobierno del presidente Duque viene ocurriendo todo lo contrario. Este Gobierno se ha mostrado reacio a la paz y —por qué no decirlo— la ha vuelto trizas. ¿O acaso es posible que durante la jefatura de un presidente pacifista y en apenas dos años de su mandato hayan asesinado impunemente a más de mil líderes sociales? ¿O que se hayan cometido más de cuarenta masacres y asesinado a tantas personas jóvenes por el solo hecho de salir a reclamar por sus derechos? En un gobierno pacifista, al no perseguirse a manifestantes ni a personalidades políticas de la oposición, se excluyen por sí solos los métodos canallescos como entrampar, difundir fake news o meterse a la justicia en los bolsillos. Pero bueno, tomando aire para no reír ni tampoco llorar, la conclusión grave es que el actual Gobierno —repito, contrario al anterior— ha demostrado ser guerrerista antes que pacifista. Y ha sido guerrerista debido a su afinidad con la doctrina de la extrema derecha. Doctrina que carece de métodos de acción pacifista para resolver los conflictos que puedan surgir con otros países, y que tampoco cuenta con mecanismos seguros para resolver los conflictos con su propia comunidad. En cuanto a lo primero, las recientes acusaciones a Maduro por parte de Duque, diciendo que está promoviendo un atentado criminal en contra suya, son propias de la fragua de la guerra; y en cuanto a lo segundo, enfrentarse a su propio pueblo es un grave exabrupto si consideramos que la misma constitución le obliga a protegerlo. Con el talante del guerrerista, este Gobierno se ha opuesto con ardides a todas las propuestas pacifistas y, de paso, en una obvia derivación, ha incentivado la violencia. Rehuirle al diálogo con las juventudes levantadas en protesta, sacar a las calles al Esmad (con licencia para usar desproporcionalmente sus armas de contención civil) e incrementar la compra de sistemas de inteligencia para efectos del perfilamiento de civiles, son una muestra palmaria de su adhesión a la guerra. En su papel de guerrerista, el Gobierno de Duque —igual a como lo hace su jefe perpetuo— asume posturas de repulsa respecto a los reclamos o protestas pacíficas al tildar de violentos y de terroristas a los y las jóvenes marchistas. Y lo hace sin temor a contagiar con el odio y la sed de venganza a seguidores o copartidarios, siendo estos, como lo son, de muy baja estofa. En fin, la violencia por la sola violencia. Algunos funcionarios del Gobierno, o sus copartidarios del Centro Democrático, ponen de relieve o dejan entrever que la muerte de una persona en manos de otra puede ser de buena moral. Pienso ahora en el ministro de Defensa, Alfredo Molano, y en su concepto de “máquinas de guerra” para justificar el asesinato de niñas y niños abandonados por el Estado; y pienso en la “asistencia militar” decretada por Duque para contener la acción de las marchas sociales. Medida que casa perfectamente con la premisa militar pregonada por la senadora María Fernanda Cabal acerca de que “El ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar”. Una premisa cierta en el fragor de una guerra convencional; pero un hecho anómalo en contextos totalmente civiles. La filosofía de los sectores guerreristas se ha basado, a lo largo de la historia, en la falta de ética (recordemos al abogado de la Espriella y su personal deontología: “La ética no tiene nada que ver con el derecho”); se ha basado también en el aprovechamiento de la llamada “voluntad divina”, que parte de que los pobres y las víctimas son pobres y víctimas, y así han de seguir siéndolo por destino divino; y se ha basado en la conveniencia económica, despertando entre sus adeptos y simpatizantes la falsa idea de que, antes que la vida, es la propiedad privada la sagrada. Sin lugar a dudas, el guerrerismo es una reacción de los poderosos (de quienes inexplicablemente detentan grandes riquezas y de quienes practican la corrupción) generada por la inquietud y la angustia que les suscita la consecución de la paz, como si el desarme de la población y la administración política soportada sobre principios de equidad y buenas maneras amenazaran sus negocios y libertades.