Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda La primera columna que escribí para Pares la titulé “La falacia del punto medio”; y en ella expliqué las razones de tal aseveración, que obedecía a un clima de debate en torno a la discusión de si el denominado “centrismo” tenía o no piso ideológico. En aquella columna precisaba cuasi científicamente que el centro no era más que una porción de la población. Una población indecisa a la hora de escoger si plegarse a la izquierda o a la derecha. En cualquier caso, de tenderse a la izquierda —exhibiendo su fobia a la derecha—, la izquierda la absorbería; y de tenderse a la derecha —demostrando fobia a la izquierda—, la derecha la succionaría. Para esos días, todavía muy cercanos —la nota citada es del 3 de diciembre de 2020— los aunados entorno al centro —digamos, entre otros, Antanas Mockus, Antonio Navarro, Claudia López y Angélica lozano— no se atrevían a decidirse con abierta publicidad ni por un polo ni por otro; puesto que —pese a la definida historia política de cada uno de ellos— no mostraban deseos de participar en un ambiente político polarizado: lo cual, qué paradójico, es una conducta propia de cuantos se mueven en aguas tibias, es decir, de quienes por indecisión eligen mantenerse anclados en el ambiguo punto medio o en el voto en blanco, para decirlo ilustrativamente. De cualquier modo, de revisar la ruta trazada por las vidas políticas de las personas mencionadas, encontraremos que cada una de ellas tiene por característica común ser directa o indirectamente de traza izquierdista. De hecho, desde siempre, aunque cada vez menos, el exsenador Antanas Mokus ha pasado como tal, solo porque puso en práctica el sentido común, proponiendo el juego limpio donde los gobernantes de derecha privilegiaban la confusión, el río revuelto. Ese solo talante, producto del ejercicio del sentido común más que de la formación escolar o de la agudeza mental, en una sociedad como la nuestra —determinada por una tradición de conservadores y liberales intolerantes de fracciones políticas contrarias—, bastó para que Mockus luciera puesto en los zapatos de un izquierdista. Así le vi yo en sus inicios, antes de que aspirara por primera vez a la alcaldía de Bogotá. Después de eso, ya en sus ambiciones presidenciales, entendí que Mockus, en una estrategia de príncipe del siglo XVI, desdibujaría su perfil de izquierdista adhiriéndose a los verdes. Esto, sin duda, para evitar el repudio de una minoritaria población que no tolera a comunistas ni a socialistas, y que tampoco soporta a izquierdistas (aunque estos sean ajenos, como siempre lo han sido, a esos dos rótulos peyorativos). En el caso de Antonio Navarro, cuya carrera política proviene de un acuerdo de paz luego de una etapa violenta (de la cual hizo parte activa y fue víctima), se esperaba que actuara en coherencia bajo los lineamientos de un izquierdista; y así lo hizo hasta que, igual que Mockus, optó un día por vestirse de verde. A Claudia López, por su crítica postura ante los problemas del país —primero desde sus investigaciones periodísticas y luego desde su labor como congresista—, el país le tenía bajo la imagen de una brillante mujer de izquierda; pese a ello, y al parecer contagiada por el miedo a la estigmatización de la izquierda (miedo promovido por el uribismo), igual que Mokus y Navarro, hizo un cambio de agujas en su rumbo. En efecto, terminó en el cargo de alcaldesa de Bogotá precisamente gracias al voto de los verdes. Igual ocurriría con la senadora Angélica Lozano y con otras personas más que llegaron, en casos muy distintos, a la misma e idéntica reflexión: tomar distancia de la llamada izquierda y hacerlo por el camino verde. Este cambio intempestivo de una imagen de izquierdistas (que buscan la igualdad social y promueven la inclusión) a una de ambiguos verdes (movidos por el medio ambientalismo y por las luchas sociales en favor de los derechos de las minorías) les llevó, electoralmente hablando, a un estado político de revitalización, al mejor de los mundos. De la noche a la mañana, bajo el rótulo de verdes, pasaron a ser personas defensoras de las causas más nobles que puedan promoverse hoy desde la política: la protección de la naturaleza, la protección de la vida y, en esa misma vía, la protección de lo humano. Eso les hacía, querámoslo o no, “políticos perfectos” o “políticamente correctos”. Desafortunadamente, quizás porque el poder en esencia es insano, el cambio de agujas que dieran hacia el centro, huyéndole a la izquierda, ahora lo están dando del centro a la derecha; yo diría que huyéndole a Petro. No otra cosa puede deducirse ante situaciones de incoherencia tales como: privilegiar los planes de desarrollo urbano que descuentan árboles, acusar al movimiento político Colombia Humana de auspiciar el vandalismo de “la primera línea”, acompañar al Gobierno en decisiones de autoridad policial que van en contra de la humanidad de la población joven que protesta por sus derechos y —entre otras barbaridades que han hecho de los verdes un centro que se mueve sin escrúpulos hacia la derecha—, ahora, pasándose por alto unos acuerdos políticos constitucionales, le han rapado al senador Gustavo Bolívar su derecho a ocupar la vicepresidencia del Senado. “Verdeuribismo”, le llamó él a semejante exabrupto; y uno esperaría que se desprendieran del centro, ahora, también en justo efecto, los “verdepetristas”.

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Vi en un titular de un canal de Youtube (de esos que hoy tienen por característica ser independientes) que le preguntaban al senador Iván Cepeda por qué razón las autoridades norteamericanas no capturaban o procesaban judicialmente al expresidente Uribe, y sin leer la respuesta del senador me di a la tarea de tratar de responderla también yo, pues esa pregunta creo que nos la hemos hecho buena parte de las personas colombianas. Lo cierto es que las denuncias contra el expresidente Uribe son tantas y tan escandalosas que van incluso contra la misma humanidad. De ahí que uno esperaría —si es verdad que existe el mundo civilizado— que países como Francia, Inglaterra, España, Italia, Alemania, Holanda, Noruega, las cortes internacionales y, por qué no, los mismos Estados Unidos le abran proceso por estar haciendo daño a la humanidad, y no solo a la ciudadanía colombiana. Sin embargo, no hay que mirar solo a Uribe para saber de ese extraño y burdo comportamiento norteamericano; porque, en efecto, de allí nos han devuelto a varios mafiosos, luego de pocos años de cárcel y de haberles recibido altas sumas de dinero. Esto sin importarles que dichos recursos económicos provinieran de crímenes y actos de corrupción realizados en Colombia. Los liberan y los devuelven a nuestro país, a donde arriban con una postura moral renovada porque los supremos policías del mundo les han perdonado y entregado credenciales de libres sanos. Pese a ello, muchos de estos delincuentes deportados confesaron su responsabilidad no en uno, ni en diez, ni en cien, sino en miles de asesinatos, y en otras conductas aberrantes colaterales como degollar niños, violar mujeres y torturar ancianos. Es algo que se sale del control hasta de los mayores imagineros de la historia, como lo han sido los escritores de ficción y realismo. A los escritores les ocupó más de cien años escribir desde distintos asombros sobre los crímenes cometidos por Jack el Destripador, que no fueron miles, ni cientos, sino apenas cinco. Igual se han quedado en “El Doctor y los Demonios”, relato de Dylan Thomas que describe la profanación de tumbas y los crímenes cometidos por ladrones de cadáveres para surtir las necesidades científicas de Thomas Rock, un poseso maestro de anatomía. En el caso específico de los norteamericanos, al parecer poco les han importado los numerosos asesinos en serie que han aparecido en su nación, ni las masacres realizadas por espontáneos “ciudadanos de bien” en escuelas y plazas públicas. Todo porque todavía se obnubilan, por ejemplo, con el crudo relato “A Sangre Fría” de Truman Capote, que da cuenta del asesinato de cuatro miembros de una misma familia. De modo que es apenas natural preguntarse por qué al expresidente Uribe no lo judicializan los americanos, si ellos saben, por ejemplo, que los engañó al cobrarles muertos falsos durante la guerra contra la FARC. Al menos 6.402 de esos reportes fueron mentiras y conllevaron el asesinato del mismo número de jóvenes inocentes. Es bastante claro que a los americanos nada les preocupa que miembros del entorno familiar de Uribe, de su círculo social y político, y algunos de sus más cercanos colaboradores, hayan estado o estén en cárceles por distintos y comunes delitos. Incluso delitos de narcotráfico, que para los americanos son una grave ofensa. Pese a todo ello, nadie sabe por qué el Gobierno americano no le ha ni siquiera investigado —siendo su cuerpo de inteligencia el más audaz en semejante campo—. Aquí, en Colombia, por ejemplo, es comprensible que se compre la justicia —abogados, jueces y magistrados— porque ya otros funcionarios con menos poder que Uribe lo han hecho (basta recordar el cartel de la toga y las recientes sinvergüencerías de la Fiscalía en el caso contra Uribe por la compra de testigos). En fin, una sarta de indicios y evidencias delictuales que nos llevan a pensar que, tal vez, el expresidente Álvaro Uribe sea un protegido de los norteamericanos; porque lo tratan como si fuera uno de ellos. No un rubio con la estatura y catadura de un Jimmy Carter, de Ronald Reagan o de Bill Clinton, sino uno del patio trasero que les hace el trabajo sucio, como en Chile ya se los había hecho, en los años setenta, el general Augusto Pinochet. Alguna vez, un prestigioso periodista colombiano me dijo que a Uribe lo había montado a la Presidencia la aristocracia cachaca para que les hiciera el trabajo sucio contra las guerrillas. Trabajo que ellos habían intentado hacer y no habían podido realizar porque se necesitaba de mucha maldad y de mucha imaginación diabólica. Sabían los cachacos aristócratas, según la respetable intuición de mi amigo periodista, de los modos y maneras de las AUC y de las Convivir. Pero bueno, ¿por qué a los Estados Unidos no les ha inquietado el caso de Uribe? Acaso no han sumado indicios ni visto pruebas. Que Uribe tenga poder en Colombia no es extraño si consideramos que tenemos una cultura (o mejor, una política estatal propagada con diseños de incultura) donde se descuenta la ética. Y en dicho contexto resulta fácil conseguir las cosas —cualquiera que ellas sean— solo con el dinero; porque en Colombia no importa el estatus cognitivo que se tenga, sino la capacidad económica. El dinero mueve montañas en Colombia, pero si naciera un juez o surgiera eventualmente uno desprendido de esa incultura, entonces se le trataría distinto y ya no se le ofrecería dinero, sino que enfrentaría amenazas relacionadas a la pérdida de su vida o la de sus seres queridos. Eso también vence la autoridad de cualquier país. Por ejemplo, la gente entendió que para llegar al Senado en Colombia no se necesitaba talante humanista, ni experticia sociopolítica, sino simplemente una cantidad determinada de dinero y que, de conseguirla rápidamente, podrían llegar allí saltándose incluso la obligación de ir a la escuela. Y lo que es peor —pero también es la realidad— es que, sin tener la menor idea del derecho, esos burros con plata terminan legislando. De manera que comprender por qué en Colombia Uribe es intocable no cuesta trabajo, ni es misterioso; pero que ocurra lo mismo en los Estados Unidos… ¿cómo? Si allí las cifras para sobornar —si existiera como aquí un entramado de corrupción nacional— tendrían que ser demasiado elevadas. ¿Qué será entonces lo que protege a Uribe de la justicia americana? Cuando yo tenía 21 años me sorprendió saber, tras la captura del dictador Noriega en Panamá (a quien se le había acusado con pruebas de estar promoviendo el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, al parecer usando a Cuba como ruta, y con el respaldo material y financiero de Pablo Escobar) que además era un espía de la CIA, es decir, un agente del Gobierno americano en lo más preciado que ellos dicen tener: las agencias estatales de inteligencia. Por eso Noriega pudo hacer tantas cosas sin que lo apresaran, como finalmente lo hicieron cuando lo vieron salirse de la línea con sus pilatunas extraimperialistas. Así las cosas, y desde la lógica de un narrador de ficciones y realidades, esa es la única opción que a mí se me ocurre imaginar: que Uribe sea una suerte de General Noriega. O quizás una suerte de Augusto Pinochet, a quien la CIA, viéndole aptitudes malévolas, lo preparó para que asumiera el Gobierno de Chile y lo mantuviera en la dependencia de ellos —en manos de los Estadios Unidos— y no a la suerte de la independencia chilena —en manos del raizal e izquierdista Salvador Allende—. Esta es la única razón que yo encuentro para entender, al menos decentemente, por qué en los Estados Unidos no se atreven a tocar al expresidente Uribe, tal como si le tuvieran mucho pánico (que no lo creo), o demasiado respeto por el oscuro servicio que les presta, si se los prestara.

Por: Guillermo Linero  Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda Si entendemos que la Constitución, en su artículo 37, expresa de modo tajante que las protestas pueden ser limitadas por la ley, entonces podemos inferir, sin temor a equivocarnos, que están siendo descontadas del conjunto de los derechos fundamentales; pues estos derechos tienen como características el hallarse blindados y el ser intocables. Desde tal comprensión, es posible aseverar que la protesta no es un derecho fundamental y, además, colegir y advertir inmediatamente que se trata de un derecho natural. El derecho a la vida, el derecho a expresar y difundir nuestro pensamiento, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a recibir la misma protección y trato de las autoridades, y todos los otros derechos consignados en la Constitución Nacional como fundamentales, son considerados como tales —o así se les denomina— no porque a alguien le haya provocado inventárselos a la topa tolondra. No, todos esos derechos son resultado de un proceso histórico de los pueblos dirigido a conseguir la armonía entre sus asociados. De ahí que, aun cuando los derechos naturales son tantos (pensemos apenas en el derecho al agua y al aire, que siendo connaturales a la especie cada vez están más limitados), hay muy pocos reglados, y cuando lo están es por cuenta de acuerdos comunitarios —los contratos sociales— que establecen como norma rectora la necesidad de respetarlos prioritariamente. Es un asunto —quién sabe si de suerte o de cultura— escoger, entre tantos derechos naturales que existen, cuáles privilegiar por encima de los otros. No obstante, en el mundo, por simple lógica, y especialmente en occidente —por cuenta de nuestra tradición católica—, el primero de ellos es el derecho a la vida. Un derecho expresado como prohibición en la parca frase: “no matar”. Ese es el más importante de los derechos fundamentales y, universalmente, el más aceptado entre los que no se transigen. No obstante —o mejor, obtusamente—, hay sistemas jurídicos que descuentan el derecho a la vida en calidad de derecho fundamental al legitimar como castigo la pena de muerte. E igual hay países que desconocen el derecho fundamental a la educación, lo cual es también obtuso, en un mundo de convenciones donde desarrollarse socialmente es de exigencias cognitivas. De facto, los derechos fundamentales no son un invento de alguien; estos existen porque tienen su origen, o mejor, porque vienen determinados por la misma esencia y condición de los individuos: la naturaleza humana los requiere y exige. A los derechos fundamentales se les llama así —fundamentales— y no “derechos naturales” para determinar que hacen parte de un sistema jurídico positivo que los garantiza (la Constitución y las leyes) y para connotar que los ampara un poder coercitivo (los jueces, los soldados y los policías). Por el contrario, a los derechos naturales los hace valer cada persona por sí misma, porque nadie soporta que le cohíban, por ejemplo, el derecho a reproducirse y a fundar una familia, o el derecho a tener un lugar donde pasar la vida sin ser molestado. La gama de estos derechos es tan amplia que va desde los más inocentes, como el “derecho a la ternura” (en Colombia promovido por Luis Carlos Restrepo, un adusto ex comisionado de paz acusado de concierto para delinquir y fraude procesal), hasta “el derecho a no obedecer” (promovido en el país por Fernando González, un obediente filósofo paisa). Tontos o irreverentes, los derechos naturales garantizan estabilidad existencial: moverse libremente y progresar en paz. Ni siquiera es necesario programarlos porque el ser, el sujeto de derechos, no se concibe ni se siente realizado sin ellos. Por eso los defiende a capa y espada, y para eso su mayor instrumento defensivo es la protesta. Sin la protesta, nadie podría declarar sus derechos o proclamar sus propósitos, ni confesar de manera pública la fe ni las creencias bajo las cuales desea vivir. Ni podría expresar con vehemencia su queja o disconformidad ante Gobiernos que parecieran gobernar con los pies. Ni podría aseverar con ahínco y con firmeza que las cosas están cada día peor… y sin la protesta, no es posible ejercer la oposición a quien comete injusticias. La protesta social, como instrumento comunicativo de los derechos naturales, no es susceptible abordarla desde la óptica y preceptos de los sistemas jurídicos consuetudinarios, escritos o propios del derecho positivo; porque como derecho natural está antes y por encima de ellos. Bajo tal lógica, los derechos que se defienden por medio de manifestaciones no implican conciencia política electoral o ideológica, aunque sin duda alguna son productos de los modelos de acción política popular y, especialmente cuando se les respeta y usa, develan la solidez de las democracias. Un pueblo cansado de soportar molestias de sus gobernantes, vulnerado una y otra vez por una pésima administración pública, un día decide reclamar sus derechos convenidos socialmente y es capaz, movido precisamente por sus derechos naturales —que tienen como instrumento comunicativo la protesta—, de levantarse un día y actuar por fuera de las reglas, o mejor, amparado por el natural “derecho a no obedecer”.

Por: Guillermo Segovia  Politólogo, abogado y periodista Grandes fueron las expectativas desatadas por la promulgación, el 4 de julio de 1991, de la nueva Constitución colombiana, la “Carta de los Derechos”. Esto ocurría tras un siglo de vigencia del autoritario, centralista y teocrático ordenamiento establecido en 1886 —con el liderazgo de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro—, consagrado al estilo de las guerras civiles decimonónicas con el revés del liberalismo en la sangrienta Guerra de los Mil Días, despuntando el siglo XX. Hace 30 años, un país hastiado y aterrorizado por el terrorismo de los carteles de la droga, la “guerra sucia” contra la Unión Patriótica —formación política surgida de un fracasado acuerdo de paz con las Farc—, el liderazgo popular y políticos progresistas, y con la “democracia restringida” impuesta por los arreglos del Frente Nacional —salida de los partidos tradicionales, Liberal y Conservador, para cerrar la era de violencia desatada con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948—, le daba la “bienvenida al futuro”. Una movilización estudiantil propiciada desde universidades privadas, con la iniciativa de la “Séptima papeleta”, le abrió espacio político al gobierno liberal de Virgilio Barco para legitimar en las urnas la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente —bloqueada como mecanismo de reforma desde el plebiscito que prosiguió al derrocamiento del dictador Rojas Pinilla, en 1957, por liberales y conservadores que lo habían empoderado— que, según la publicidad convocante de su sucesor, César Gaviria, “era el camino”. Durante seis meses, una asamblea pluralista de todo el espectro político: un tercio perteneciente a la Alianza Democrática M19 (grupo recién desmovilizado por acuerdo de paz), otro tanto al liberalismo, algo similar al conservatismo y la presencia minoritaria, pero no menos significativa, de representantes de las comunidades indígenas, además de otras agrupaciones insurgentes reinsertadas a la vida civil, acordaron el contenido del nuevo ordenamiento constitucional. El también llamado “revolcón” por el Gobierno de entonces para evitar invocaciones revolucionarias, constituyó, en muchos aspectos, un cambio importante en la estructura institucional, social y cultural: hizo posible la creación de nuevas entidades, la inclusión —al menos formal— de sectores de la población invisibilizados hasta entonces (indígenas, afrodescendientes), y la ampliación y garantía de derechos, cuyo capítulo y el de los mecanismos de protección le dieron un indudable sello progresista a la nueva carta. Quedó claro desde el comienzo, por el contrario, que los asuntos correspondientes a la fuerza pública, por conveniencias y concesiones de todos los actores en la asamblea y a pesar de los cuestionamientos, no serían tocados, dejando las aristas de la “Doctrina de Seguridad Nacional” contrainsurgente intactas. Si bien la vía del diálogo logró la desmovilización de varias de las guerrillas, las de más peso —las Farc y el ELN— se negaron a participar, con lo que se justificó el alzarse de hombros frente a la modernización de la doctrina militar y la reforma de las fuerzas armadas. Y si bien la Policía, como consecuencia de recurrentes escándalos, ha tenido modificaciones, han sido cosméticas. De otro lado, y como con desfachatez lo manifestara tiempo después el ministro de Hacienda en ejercicio, Rudolf Hommes, el gobierno Gaviria entretuvo a la asamblea en la discusión de los máximos sociales, mientras aprovechaba para sacar adelante la “apertura económica”: aplicación por autopista sin obstáculos de las fórmulas del modelo neoliberal impuesto por los centros de poder mundial y sus organismos, que desmantelaron las economías subalternas a favor del acaparamiento de los multinacionales y que incidiría en la disminución de esos mismos derechos. En lo social, mientras la nueva carta se deshacía en promesas de trabajo, salud, educación, pensión digna, servicios públicos y tierra para sectores campesinos necesitados, en la realidad el golpe a la economía agrícola, sometida a las importaciones, fue brutal y el campesinado sigue esperando. Con la reforma laboral se eliminaron o redujeron garantías a las personas trabajadoras, la jubilación se entregó como capital de riesgo a los inversionistas, alargando años de contribución y edad de salida, y la salud se privatizó en desmedro de los usuarios por costos y limitaciones. Si se ha avanzado en algunos aspectos de la realidad social ha sido más producto de ciclos de prosperidad económica ligados a la dependiente economía que a propósitos decididos de política pública. Ante la magnitud del daño causado, no se sabe si por oportunismo o con sinceridad, años después Gaviria pidió perdón por la catástrofe, pero se mantiene firme en el modelo. El ponente de la ley laboral y de la ley de salud fue Álvaro Uribe, quien luego ocuparía la presidencia exigiendo “trabajar, trabajar y trabajar” y en el presente empujó la reducción de la jornada laboral en uno de sus tácticos gestos populistas ante una fanaticada que le comienza a ser esquiva, tras años de gloria, por sus múltiples líos judiciales y credo autoritario. La responsabilidad constitucional de los presidentes no existe. Se prometió acceso universal a la educación básica y educación gratuita y de calidad en la universidad pública, presupuesto adecuado y libertad de enseñanza y cátedra. Los déficits permanentes corroboran el incumplimiento mientras se favorece el presupuesto de defensa e históricos centros educativos, con sus sedes en ruinas, muestran el falso compromiso de los gobernantes con la educación. Vigorosas movilizaciones estudiantiles han impedido la privatización de la formación universitaria y han obligado, al menos en el papel, a que los gobiernos atiendan la Constitución en cuanto a presupuesto, como en 2013 con Santos y en 2018 con Duque, ahora además con la promesa de gratuidad para estratos 1,2 y 3. En cuanto al Estado y sus instituciones, los cambios enunciados parecían prometedores. La Carta y los derechos económicos, sociales, culturales y ecológicos tendrían en la Corte Constitucional un guardián; los derechos fundamentales quedaban bajo el ala difusora y protectora de la Defensoría del Pueblo; la Fiscalía General de la Nación, con el paso del sistema penal al modelo acusatorio, parecía ponerse a la altura de lo más avanzado del mundo en materia de persecución y juzgamiento de la criminalidad; y el Consejo Superior de la Judicatura garantizaría calidad, idoneidad y transparencia en la justicia. La promesa de una revolución política que permitiera superar dos siglos de bipartidismo a través de un sistema de partidos abierto, mecanismos inéditos de participación ciudadana, renovación parlamentaria, legitimidad de la oposición, nuevos liderazgos, cambios en las autoridades electorales, entre otros, parecía dar visos de que por fin se impondría una democracia pluralista, de amplia participación y legitimidad, para superar la tradición clientelista que alimenta una democracia formal construida desde la base municipal por los intercambios de favores, la compra de votos, las canonjías y la corrupción. A pesar de la permanencia de la violencia, incrementada después de la euforia constitucional por un nuevo ciclo de guerra entre guerrillas y grupos paramilitares fortalecidos, narcoterrorismo desatado y fuerzas armadas entrampadas en su baja capacidad, la primera década de vigencia de la Constitución del 91 fue destacada por haber generado un ambiente de posibilidad de reformas, algunos cambios importantes, apertura política y mantener el optimismo acerca de que apenas se estaba desarrollando su contenido innovador. Resaltaba, por su efectividad protectora, la novísima Acción de Tutela: mecanismo eficaz para regatear el cumplimiento de derechos como la salud y la educación que, aun en sus limitaciones, son negados por los prestadores, y el libre desarrollo de la personalidad. Se convirtió en la espada justiciera de los desposeídos y sigue siendo apreciada, a pesar de que cada vez es más desvirtuada por los abusos de quienes intentan estirar su alcance a aspectos que no les corresponden y por las limitaciones que se le quieren imponer desde el establecimiento (Gobierno, empresariado) para eludir sus responsabilidades. Los embates por domesticarla son similares a los que quieren desvirtuar la consulta previa a comunidades indígenas y afrodescendientes, convirtiéndola de requisito fundamental en mera formalidad. A la luz de la concepción de plurietnicidad, multiculturalidad y libre desarrollo de la personalidad de la Carta, las comunidades indígenas, afrodescendientes, palenqueras, raizales, room, LGBTIQ, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres han logrado más autonomía, reconocimiento de derechos e inclusión a través de movilizaciones y luchas. Todo esto a pesar de la represión, maltrato y criminalidad en su contra, como lo evidencian informes recientes de organismos de derechos humanos, y las cifras de violencia del paro nacional iniciado el 28 de abril. En este punto sería injusto negar el papel vanguardista de la jurisprudencia emanada de las primeras nóminas de la Corte Constitucional, que ahora juega entre cumplir la Constitución o agradar al Gobierno, a pesar de que el machismo, el racismo y la discriminación tienen un carácter estructural en nuestra sociedad. Pero volvamos a las instituciones que en teoría deben ser las garantes del Estado social de derecho, de la república unitaria —descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales—, de la democracia participativa y pluralista consagrados como primer principio fundamental en la Constitución y de cuya valoración depende que estos sean apenas un enunciado, una promesa o un engaño. Si bien la Constitución del 91 no afectó el rígido presidencialismo que impera en Colombia desde la Independencia, si se previó una relación armónica de las ramas del poder público, y organismos de control y electorales, así como un balance de pesos y contrapesos en garantía de un adecuado funcionamiento del aparato estatal. La creación de la Vicepresidencia fue un arete inútil que aún no encuentra oficio. Con excepciones, el Congreso se convirtió en un club de gamonales regionales fletados por los gremios que llegó a estar dominado por el paramilitarismo, sin que los defensores a ultranza de la democracia formal se hayan coloreado; la justicia no ha podido satisfacer el mandato de acceso, eficiencia y celeridad y, en general, es injusta y parcial. Las reformas que se formulan al poder judicial son un hazmerreír por inocuas y estar formuladas para satisfacer la politiquería. La imposición de la reelección presidencial en el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006), valido del “estado de opinión” generado por los éxitos en la lucha contrainsurgente en el marco de su política de “Seguridad Democrática”, a al cual, gracias al plebiscito promovido en su favor por los poderes reales del país y los medios, se le pasaron por alto prácticas violatorias de los derechos fundamentales, hizo trizas la autonomía de los poderes públicos y, con los mecanismos establecidos para la elección de magistrados de las cortes y cabezas de los órganos de control, desquició uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho, como lo es la separación y el control mutuo de poderes. De ahí en adelante (tal vez también lo fue antes pero no de manera tan contundente), los presidentes arman mayorías en las cortes a su favor a través de la intervención en la designación de magistrados, se garantizan un fiscal cómodo y a su servicio, controlan la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo y alinean en su interés los votos necesarios a sus iniciativas o las de sus patrocinadores en el Congreso. Álvaro Uribe espió y persiguió a la Corte Suprema de Justicia por no hacerle juego a sus abusos de poder, y este alto tribunal sigue pagando el precio de aplicar justicia ante los desmanes del expresidente y no ha estado exenta de corrupción. El clientelismo, contra el cual se levantó el clamor constituyente del 91, ha vuelto de manera grotesca en potes de “mermelada”, como denominó el expresidente Santos al hecho de justificar intercambios con el legislativo —“auxilios” con los que también negociaron Gaviria, Samper y Pastrana—, que él también aprovechó, y los cuales prometió eliminar el presidente Duque y terminó dándoselos en cucharones a los partidos que lo acompañan para aplastar a las minorías congresionales y a los cada vez más incidentes organismos no gubernamentales orientados a la defensa de los intereses ciudadanos. Pero si por algo deben responder los gobiernos y las entidades del Estado frente a la que, con entusiasmo, se denominó la Constitución de los Derechos Humanos y la Paz, es por la realización de éstos como mandato superior. En atención al artículo 21 de la Constitución, “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, el gobierno Santos (2010-2018) negoció y logró un acuerdo para la desmovilización de las Farc, la guerrilla más fuerte, a pesar de los golpes que recibió en la administración Uribe, e inescindible de la historia de Colombia. Esa negociación trascendental se ha desdibujado en medio de la arremetida de las venganzas guerreristas y la decisión del uribismo de hacer trizas los acuerdos, en un abierto desafío del mandato constitucional. De otra parte, los imperativos constitucionales de respeto a la vida y la integridad personal, prohibición de la tortura y tratos inhumanos, crueles o degradantes, desapariciones y crimines extrajudiciales, son letra muerta. Las cifras de asesinatos por prebendas a los miembros de las fuerzas armadas en el gobierno Uribe ascienden a por lo menos 6.402, documentados por la Justicia Especial de Paz; las desapariciones en las últimas décadas son cerca de cien mil, según registra la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas; 270 excombatientes de las Farc han sido asesinados y asesinadas desde la firma de la paz; más de 500 líderes sociales fueron ultimados en el mismo período; y en solo este año se han perpetrado más de 50 masacres. Son cifras recientes, no del total de la tragedia humanitaria de la última etapa de la guerra interna, que muestran un estado de cosas inconstitucional. Lo mismo pasa con respecto a la igualdad de derechos y oportunidades que la Constitución proclama. La desigualdad es, de lejos, la principal y justa causa de inconformismo en la Colombia de hoy —uno de los países más desiguales del mundo—, gobernada por una élite indolente, insensible y retrógrada, en nada dispuesta a pensar un presente y un futuro con el concurso y en beneficio de todas las personas. Se creen sus dueños —en parte lo son— y piensan y actúan como tales. La Constitución en su acápite social es una disculpa, un adorno o un estorbo. Así la perciben y así la usan. Millones de personas movilizadas en el “estallido social” de los dos últimos años y los miles de jóvenes que a diario protestan, se enfrentan y sufren la represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Personas desesperadas por la falta de empleo, por el hambre, por el sufrimiento de sus familias ante las carencias, ilusionadas con que la educación resuelva lo que a lo mejor tampoco podrá, están gritando en las calles que el capítulo de derechos de la Constitución está en mora de ser cumplido y que en cuanto a democracia, instituciones y modelo económico es hora de una revisión profunda.

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Pese a no asombrarse fácil, el medio político y jurídico del país se encuentra muy erizado al ver cómo la procuradora, Margarita Cabello, ha engavetado más de diez mil casos de investigaciones sobre corrupción –al decir de sus críticos, favoreciendo amigos y grupos políticos afines– y se ha llenado de poderes extraordinarios con la aprobación de un proyecto de ley que le da facultades de juez penal. Esto último, en una cabriola insana con la cual pretende esquivar la obligación –a la que está conminada por la CIDH– de proteger los derechos de Gustavo Petro (derechos vulnerados cuando era alcalde de Bogotá y fue destituido de su cargo por la Procuraduría, encabezada entonces por Alejandro Ordoñez). El fallo de la CIDH está basado en el principio de que ni la Procuraduría ni la Contraloría pueden destituir o inhabilitar a personas que sirven como funcionarias públicas cuando estas han sido elegidas popularmente, a menos de que haya una sentencia penal que así lo determine. En tal contexto de sinrazones, han surgido como protagonistas estas dos preguntas: ¿Es posible que en una democracia la rama ejecutiva se arrobe funciones propias de otras ramas como la judicial?, y ¿la Procuraduría tiene facultades para cerrar arbitrariamente casos de corrupción? La respuesta para ambas preguntas, que de lo obvia ni siquiera hace falta desarrollarla, es una sola: No. No, porque en Colombia rige una democracia y contamos con un sistema de normas escritas frente al cual nadie puede, por mucho poder que tenga –excepto de malas maneras, como lo haría un dictador– cambiar las leyes, pasar por alto lo que ellas dictan y hacer lo que le venga en gana. En cuanto a la primera pregunta, es natural y obvio que en una democracia la rama ejecutiva no puede ganarle terreno a la rama judicial quitándole funciones para las cuales esta existe: para juzgar penalmente. Es peor aún desobedecer a la Corte Interamericana con disfraces para engañar párvulos, como si sus jueces y equipos de investigación carecieran de sentido común. Y en cuanto a la segunda pregunta –sobre archivar casos de corrupción alarmantes–, lo que está haciendo la Procuraduría es simplemente una cabriola insana: decidir en favor de unas personas o grupos políticos, y no en pro de la justicia ni en procura de hacer el bien. No obstante, por efecto de estas dos respuestas, surge una tercera pregunta: Si la Procuraduría no actuó plegada a la ley, ni en un caso ni en otro, ¿cómo los ha justificado? Precisamente con una explicación para engañar a personas desprevenidas y pasmar a entendidos: “Hay muchos temas de corrupción que son éticos”. La premisa de la procuradora es tan atrevida en sus propósitos, y tan compleja en su inocencia, que para interpretarla tuve que consultar el diccionario y convencerme de que la corrupción es un acto malsano. La corrupción en los tiempos de la antigua Roma significaba estrictamente “quebrar el orden”. Ahora significa “el abuso del poder para beneficio propio”. Y tuve que confirmar, también, que la ética, desde Aristóteles, no es más que el rechazo al mal, o mejor, la búsqueda del bien. Si observamos someramente encontraremos un hecho mágico: la procuradora pudo juntar dos entes irreconciliables, la corrupción y la ética. Sin embargo, o pese a la confusión de la procuradora, la comprensión de la ética es muy elemental: el zapatero expresa su ética cuando hace los zapatos como sabe hacerlos y es ético cuando cobra por ellos lo que debe cobrar. La búsqueda de hacer el bien permite que en todas las áreas del conocimiento –que no son útiles para hacer el mal– pueda aplicarse la ética y podamos hablar, por ejemplo, de una ética médica o de una ética jurídica. Pese a ello, la búsqueda del crimen perfecto –la consideración de “el asesinato como una de las bellas artes” (el “buen muerto”) o la trampa bien hecha (“la jugadita”)– solo porque busque la perfección de lo malsano no constituye por ello una conducta ética. Por tal razón, mientras que la moral difícilmente puede enseñarse, la ética es susceptible de llevarse a cánones (la medición de la calidad de un par de zapatos) o a conceptos (su costo de producción), o a esquemas de conocimiento replicables (la tasación de su precio). Por eso nadie puede decir que actuar éticamente es actuar de manera especial y desenfadada, porque la ética es un comportamiento tan corriente como previsible, por cuanto está reglado de cánones y preceptos que pueden enseñarse. No por otra razón, Colombia cada vez más se torna internacionalmente paria: porque no profesamos la ética. En consecuencia, si tuviéramos en cuenta las estadísticas que dan razón de nuestra situación social como país (las persecuciones políticas, el asesinato de personas líderes y defensoras de derechos humanos, las masacres, el maltrato a las mujeres, la formación de grupos criminales al margen de la ley, el asesinato extrajudicial de jóvenes y, desde luego, la represión estatal) no podríamos concluir cosa distinta a que nuestra atmosfera social es de inmoralidades, de nula ética. En semejante contexto político-social, las decisiones de gobernantes o funcionarios públicos –en nuestro caso las decisiones de la procuradora Margarita Cabello– no escapan de esa atmosfera sin ética, y proveen –en oposición al bien– un ambiente de extravagancias y desórdenes: el traquetismo y la repulsa a las protestas sociales.

Por: Guillermo Segovia Difícil que alguien nacido en los años 60 del siglo pasado no tenga en la memoria el recuerdo de algún verso de las canciones que integran el álbum Mediterráneo de Juan Manuel Serrat, el entonces, y siempre, rebelde joven que protestaba contra la represión y la asfixia cultural en los estertores del franquismo, reivindicaba su nacionalismo catalán y acompañaba las causas justicieras del mundo. El tema que da nombre al disco de larga duración, impreso en vinilo en aquella época —reeditado ahora en ese formato en homenaje a los 50 años de publicación—, fue votado como la canción más popular de España en una encuesta de la televisión nacional de ese país. Esto fue ratificado luego por especialistas en un sondeo de la revista Rolling Stone. Sin saber si en América Latina y el Caribe se ha hecho una indagación similar, con seguridad se puede afirmar que también ocuparía un lugar muy destacado. Por muchos aspectos, es un trabajo inolvidable. La mayor parte de los temas fueron compuestos en Calella de Palafrugell, un poblado de pescadores en Cataluña. Mediterráneo, el tema emblemático, fue grabado en Milán —según intuye Serrat, una jugarreta de la disquera para rebajarse impuestos—. La composición musical estuvo a cargo de Juan Carlos Calderón, un talentoso músico, responsable, en parte, del éxito del baladista Luis Miguel, quien compartió la dirección y los arreglos con Gian Piero Reverberi. En las composiciones de Serrat para ese disco se hizo realidad aquella afirmación de que, con los beneficios y estragos de la globalización, haría carrera para reivindicar lo propio ante la avalancha inversionista que intentó homogeneizar el planeta: el más universal de los seres humanos es aquél que es capaz de sentir el pueblo en que nació en cualquier lugar del mundo. Así se asumió. Por eso, varios de los temas de Mediterráneo se cantan en distintos idiomas y con adaptaciones a los ritmos y melodías adoptivos. Antes de grabarlo, Serrat había realizado un gesto de potente resistencia. Delegado por su país para representarlo en el festival Eurovisión, condicionó su participación a cantar en catalán. Desde luego, la dictadura lo reemplazó, pero no pudo contener el sacudón que el disco y los temas que lo componen generó en una España ávida de democracia y ansiosa de desprenderse de las ataduras retardatarias del franquismo. Para medir su osadía basta recordar que le dedicó, un tiempo después, un himno al grupo insurgente Los montoneros de Argentina. Sojuzgados durante cuatro siglos por la monarquía española, nuestra historia escolar se construyó sin la visión geopolítica y universal que nos hubiera permitido comprender la importancia del Mediterráneo para España: el porqué de su posicionamiento en el norte de África, en el siglo XV, como estrategia de contención a la expansión otomana, y la presencia árabe que marcó la identidad de los pueblos bañados por aquél mar histórico. Hoy esa cercanía explica la migración africana con puente en Ceuta y Melilla, y las dificultades de la relación del país ibérico con Marruecos, adverso a reconocer la independencia del Sahara. En mayo de 1971, el adolescente Serrat, aperado de su guitarra, papel y lápiz, se ubicó en un hotelito pueblerino para dar rienda suelta a los recuerdos, impresiones, rebeldías y utopías de su vida. La estampa de la geografía y el espíritu del pueblo donde nació, los hechos a veces intrascendentes que sellan la vida, la mujer que uno quiere y que seguro no será la que guste a sus padres, las que se liberan sin importar el qué dirán, la nostalgia del amor que se fue y ya no será, la gratitud a ese alguien que, sin llevar nuestra sangre, en el momento preciso nos estiró la mano, y un homenaje siempre presente en su obra a los grandes poetas españoles (Federico García Lorca, Miguel Hernández, Antonio Machado), en este caso la musicalización y canto de Vencidos de León Felipe. Hay en el trabajo discográfico tres evocaciones sublimes al pueblo natal (Mediterráneo) a La mujer que yo quiero y a una actitud liberadora desde una conciencia crítica, Vaganbundear. De la primera, el cantautor dijo en la presentación mexicana del disco “Se hace difícil ser objetivo cuando uno tiene que hablar de algo de lo que es arte y parte, pero con franqueza y musicalmente hablando, pocos momentos en mi vida fueron tan afortunados como aquellos en los que la inspiración y el trabajo me llevaron a poner un pañuelo blanco sobre la silla azul de aquél mar que de niño me contaba hermosas historias sobre sus rodillas y de mayor me prestó su nombre para una canción y un disco”. El arreglista, Juan Carlos Calderón, considera Mediterráneo una de sus mayores creaciones “Se me ocurrió que con ese ritmo, que podía estar entre e jazz y lo latinoamericano, se podía hacer un arreglo bonito”. Bella la lírica, bella la música. “Quizas porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya … En La mujer que yo quiero, Serrat se da y provoca un sacudón a las cortapisas de la cultura autoritaria y clerical imperante en la época franquista para gritarle a los padres y a la dictadura el derecho de apartarse de los estereotipos. Calderón, evoca el momento de los arreglos de la canción, para nada extraño al ver el resultado romántico, nostálgico y sensible: “La terminé como pude, estresado y borracho. No lo volveré a hacer en mi vida, llegué al avión hecho una mierda. Toda la noche con el copista, con unas copitas de Whisky”. “La mujer que yo quiero, me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta de un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios … Y para mi gusto, difícil en un álbum con tantos motivos, tal vez la mejor canción y el grito liberador mejor cantado de Hispanoamérica, Vagabundear. La proclama del caballero errante con puerto en la libertad. Algo tendría que ver la mamá de Serrat cuando decía “Yo soy de donde comen mis hijos”. Calderón, que hizo el arreglo, afirma que en esta canción, Juan Manuel saca a relucir su lado latinoamericano y él entendió lo que el poeta del Poble-sec (su barrio natal barcelonés) quería heredarle a nosotros sus admiradores: “Harto ya de estar harto, ya me cansé De preguntar al mundo por qué y por qué La rosa de los vientos me ha de ayudar Y desde ahora vais a verme vagabundear”

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda En el área de los estudios sociopolíticos, uno de los temas más tristes y desagradables de abordar en la actualidad es, sin duda alguna, el reconocimiento de la práctica del body count: el llamado conteo de muertos. Una práctica atroz, no porque contar muertos resulte naturalmente repugnante en una cultura que tiene como primer mandamiento no matar, sino porque encierra un propósito aún más perverso: matar y hacerlo sin justa causa. Es decir, hacerlo “extrajudicialmente”, como ocurrió en Colombia con los “falsos positivos”: 6.402 jóvenes asesinados con el interés de evidenciar cifras que reflejaran resultados militares. Y con el agregado desagradable de que probablemente muchos de esos jóvenes no profesaban ninguna ideología y ni siquiera conocían los detalles del conflicto (esto cuando no eran, como algunos de ellos, jóvenes interdictos por discapacidad mental). Con todo, así suene desagradable decirlo, contar muertos siempre ha sido natural y obvio en las faenas de guerra; pues, indefectiblemente, ello implica en buena parte la derrota o el triunfo. No obstante, casi todas las guerras convencionales están soportadas sobre disputas territoriales entre pueblos vecinos o ajenos, y su botín de oro no son las personas –los cuerpos–, sino el espacio geográfico: el territorio, sus riquezas naturales y cuanto haya sobre él que sea susceptible de ser explotado económicamente. Si descontamos los genocidios por causas raciales o de discriminación cultural, realmente son pocas o inexistentes las guerras donde lo que se busca es aniquilar al otro para quitarle algo que no es material. Las denominadas guerras santas son así: enfrentamientos a muerte por un valor intangible e invisible, por un discurso. Hitler, por ejemplo, no sostuvo una guerra contra los judíos; él únicamente se dedicó a asesinarlos sin justa causa. Las perversidades de los grupos xenófobos, homofóbicos o racistas del mundo, aunque sean de sumo cuidado, son realmente casos aislados. Y esto es así porque el botín de oro de las guerras es la ganancia de un nuevo suelo para explotar, y no las personas. Con mucho pesar, en Colombia las dos cosas ocurren campantes: la práctica de la versión perversa del body count –matar para contar y sumar– va pareja al interés de rapar los territorios a las y los campesinos. De cualquier manera, a diferencia de como ocurre en los contextos de paz como el de la JEP –donde contar muertos (6.442) es para esclarecer unos hechos en juicio–, en toda guerra el conteo de muertos es un necesario inventario para saber con qué se cuenta después de haberla acabado. Es el consecuente desenvolvimiento de una mentalidad guerrerista o paranoica: prever hacia el futuro la ocurrencia de menos muertos en el propio bando y asegurarse de que habrá muchos más en el bando contrario. Sin embargo, realmente el conteo de los muertos no sirve para obtener la victoria. En la guerra del Vietnam (1955-1975), por ejemplo, los Estados Unidos se retiraron –o mejor, se rindieron– luego de haber asesinado a más de un millón de vietnamitas –entre soldados, niños, mujeres y ancianos– y luego de haber perdido ellos tan solo 69.000 soldados. El body count, como estrategia militar, apenas tiene sentido si el propósito de la guerra –si su botín de oro– no es un territorio ni la riqueza de una nación, ni las ventajas que permiten nuevas vías de comunicación, sino acabar con la vida del enemigo o víctima y sumar así victorias falsas y cobrar por ello. Ni siquiera se trata del avasallamiento de un pueblo para ponerlo a trabajar, como cuando los europeos y los norteamericanos se adentraban en territorios africanos para “cazar” negros y no para acumular hectáreas. De ahí la atrocidad frente al hecho de la versión actualizada del body count, acuñada a partir de 1963, cuando Eisenhower decidió –no teniendo como botín de oro las tierras del Vietnam del Norte, ya tomadas por la URSS y China en apoyo a los comunistas– que lo mejor era contener la propagación de lo que a su juicio constituía el gran factor de la guerra y por el cual tendrían que cambiar el rostro y el interés material del botín de oro. Ahora irían tras la ideología comunista: matar a los chinos, a los rusos y a quienes propagaran sus ideas, pues tras ellas lo que había era una estrategia de inminente invasión territorial a los Estados Unidos, a sus colonias y aliados (entre estos Colombia), como ya lo habían visto en Cuba. De hecho, a través de un lenguaje de apoyo político y económico de la URSS, la isla terminó –recordemos el suceso de los misiles– comportándose no solo como un país ocupado ideológicamente, sino como un país ocupado territorial y militarmente por el bloque de países socialistas. El pánico a que se replicara el efecto de la revolución de “los barbudos” en los demás países de Latinoamérica, como parecía que iba a ocurrir, condujo a los norteamericanos a poner en práctica la estrategia del body count. Pero esta vez no para contar muertos y cumplir así con el inventario de las guerras convencionales, cuyo botín era el territorio, sino para contar las bajas de los enemigos ideológicos, de aquellos que podían, según ellos, invadirles y derrotarles con la sola arma de la ideología y convertirles en comunistas. Una perspectiva que desbarataba sus sueños de ambición capitalista. De ahí proviene el gran peligro de la estrategia militar del body count: ya no se trata de un inventario para contar bajas y medir la eficiencia o ineficiencia de las estrategias aplicadas o la calidad del armamento usado, sino que hoy significa matar oponentes. No cabe en la cabeza de nadie que exista una persona hija de nuestro tiempo (a excepción de que tenga un problema mental) a la que le resulte tan bonito contar ovejas como contar jóvenes muertos; y peor aún, propagar subrepticiamente la idea de que la muerte ya no se la merece en lícita actuación quien pretenda invadirle el territorio a otro, o tomarse una casa ajena a la fuerza, sino también quien diga cosas distintas a las suyas; como si los ateos salieran un día a matar creyentes o viceversa, o como si los traquetos gobiernistas salieran a dispararles a indígenas y a jóvenes colombianos indefensos.

Por: Guillermo Linero  Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Pese a no asombrarse fácil, el medio político y jurídico del país se encuentra muy erizado al ver cómo la procuradora, Margarita Cabello, ha engavetado más de diez mil casos de investigaciones sobre corrupción –al decir de sus críticos, favoreciendo amigos y grupos políticos afines– y se ha llenado de poderes extraordinarios con la aprobación de un proyecto de ley que le da facultades de juez penal. Esto último, en una cabriola insana con la cual pretende esquivar la obligación –a la que está conminada por la CIDH– de proteger los derechos de Gustavo Petro (derechos vulnerados cuando era alcalde de Bogotá y fue destituido de su cargo por la Procuraduría, encabezada entonces por Alejandro Ordoñez). El fallo de la CIDH está basado en el principio de que ni la Procuraduría ni la Contraloría pueden destituir o inhabilitar a personas que sirven como funcionarias públicas cuando estas han sido elegidas popularmente, a menos de que haya una sentencia penal que así lo determine. En tal contexto de sinrazones, han surgido como protagonistas estas dos preguntas: ¿Es posible que en una democracia la rama ejecutiva se arrobe funciones propias de otras ramas como la judicial?, y ¿la Procuraduría tiene facultades para cerrar arbitrariamente casos de corrupción? La respuesta para ambas preguntas, que de lo obvia ni siquiera hace falta desarrollarla, es una sola: No. No, porque en Colombia rige una democracia y contamos con un sistema de normas escritas frente al cual nadie puede, por mucho poder que tenga –excepto de malas maneras, como lo haría un dictador– cambiar las leyes, pasar por alto lo que ellas dictan y hacer lo que le venga en gana. En cuanto a la primera pregunta, es natural y obvio que en una democracia la rama ejecutiva no puede ganarle terreno a la rama judicial quitándole funciones para las cuales esta existe: para juzgar penalmente. Es peor aún desobedecer a la Corte Interamericana con disfraces para engañar párvulos, como si sus jueces y equipos de investigación carecieran de sentido común. Y en cuanto a la segunda pregunta –sobre archivar casos de corrupción alarmantes–, lo que está haciendo la Procuraduría es simplemente una cabriola insana: decidir en favor de unas personas o grupos políticos, y no en pro de la justicia ni en procura de hacer el bien. No obstante, por efecto de estas dos respuestas, surge una tercera pregunta: Si la Procuraduría no actuó plegada a la ley, ni en un caso ni en otro, ¿cómo los ha justificado? Precisamente con una explicación para engañar a personas desprevenidas y pasmar a entendidos: “Hay muchos temas de corrupción que son éticos”. La premisa de la procuradora es tan atrevida en sus propósitos, y tan compleja en su inocencia, que para interpretarla tuve que consultar el diccionario y convencerme de que la corrupción es un acto malsano. La corrupción en los tiempos de la antigua Roma significaba estrictamente “quebrar el orden”. Ahora significa “el abuso del poder para beneficio propio”. Y tuve que confirmar, también, que la ética, desde Aristóteles, no es más que el rechazo al mal, o mejor, la búsqueda del bien. Si observamos someramente encontraremos un hecho mágico: la procuradora pudo juntar dos entes irreconciliables, la corrupción y la ética. Sin embargo, o pese a la confusión de la procuradora, la comprensión de la ética es muy elemental: el zapatero expresa su ética cuando hace los zapatos como sabe hacerlos y es ético cuando cobra por ellos lo que debe cobrar. La búsqueda de hacer el bien permite que en todas las áreas del conocimiento –que no son útiles para hacer el mal– pueda aplicarse la ética y podamos hablar, por ejemplo, de una ética médica o de una ética jurídica. Pese a ello, la búsqueda del crimen perfecto –la consideración de “el asesinato como una de las bellas artes” (el “buen muerto”) o la trampa bien hecha (“la jugadita”)– solo porque busque la perfección de lo malsano no constituye por ello una conducta ética. Por tal razón, mientras que la moral difícilmente puede enseñarse, la ética es susceptible de llevarse a cánones (la medición de la calidad de un par de zapatos) o a conceptos (su costo de producción), o a esquemas de conocimiento replicables (la tasación de su precio). Por eso nadie puede decir que actuar éticamente es actuar de manera especial y desenfadada, porque la ética es un comportamiento tan corriente como previsible, por cuanto está reglado de cánones y preceptos que pueden enseñarse. No por otra razón, Colombia cada vez más se torna internacionalmente paria: porque no profesamos la ética. En consecuencia, si tuviéramos en cuenta las estadísticas que dan razón de nuestra situación social como país (las persecuciones políticas, el asesinato de personas líderes y defensoras de derechos humanos, las masacres, el maltrato a las mujeres, la formación de grupos criminales al margen de la ley, el asesinato extrajudicial de jóvenes y, desde luego, la represión estatal) no podríamos concluir cosa distinta a que nuestra atmosfera social es de inmoralidades, de nula ética. En semejante contexto político-social, las decisiones de gobernantes o funcionarios públicos –en nuestro caso las decisiones de la procuradora Margarita Cabello– no escapan de esa atmosfera sin ética, y proveen –en oposición al bien– un ambiente de extravagancias y desórdenes: el traquetismo y la repulsa a las protestas sociales.

Por: Guillermo Linero Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. En el curso de la semana pasada se hizo viral un video de una entrevista al entonces candidato a la presidencia de Perú, el señor Pedro Castillo, donde se le preguntaba si sabía qué era un monopolio y cuáles eran las empresas que lo practicaban en su país. El ahora presidente respondió con vacilación de apocado que “Zara, Falabella y Metro son monopolios porque aglutinan para sacar un beneficio personal o empresarial, sin importarles el Estado o el pueblo”. A lo que el periodista le cuestionó con tono de explicación: “Eso no es un monopolio, eso no tiene rostro social. Un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo puedo acceder a algo. Si yo no quiero comprar en Falabella puedo irme a otro lado”. Lo cierto es que el video se ha hecho viral bajo la opinión generalizada de que el periodista le dio lecciones a Castillo sobre lo que es un monopolio; pero la verdad es que yo percibí todo lo contrario: vi a un señor muy vivo aprovechándose de un intimidado. Y les señalo bajo tales adjetivos –vivo e intimidado– porque ninguno de los dos tiene la razón plenamente, al menos con respecto a la definición de monopolio, que no es en exactitud lo que el periodista implícitamente dijo –“obligar a la gente a que compre productos en determinado sitio”– ni tampoco lo que dice Castillo –“monopolio es aglutinar”, refiriéndose a la acumulación de productos–. En efecto, el monopolio hoy en día no es que alguien compre todas las patillas existentes en el mercado y las acumule para luego, siendo el suyo el único sitio donde puedan comprarse, venderlas a punto de dañarse y por un alto precio. Ya no es así. El monopolio de hoy es una suerte de competencia imperfecta, y significa estrictamente los privilegios legales que le permiten a un único productor o a un grupo de productores controlar el precio de manera ventajosa frente a otros competidores. Lo anterior trae consigo dos consecuencias. A los vendedores de la competencia, no tener la opción de bajar los precios: o vendes o no vendes. Y a las personas compradoras, no tener la opción de cuestionar los precios porque estos son legales: o compras o no compras. De manera que el monopolio reside más en la capacidad de una empresa para crear, por intermedio de políticos y gobiernos, las reglas de juego de su sector de comercio. Y naturalmente los compradores –sin ser obligados a ello– terminarán comprándoles, pues de ir a otro sitio de la competencia no encontrarían mejores precios ni mejor calidad, precisamente porque la regulación sobre la competencia leal se los prohíbe. Es una paradoja, pero no es posible vender frescas y baratas las patillas sin caer en la competencia desleal. Por otra parte, el hecho de que un productor o empresario pueda comprar políticos y mover gobiernos para hacer las reglas de juego a su medida, evidencia su músculo financiero; es decir, su capacidad para tomar ventajas sin bajar los precios, por ejemplo, desde la contundencia y factura de sus campañas publicitarias o con la presentación atractiva de sus productos. En fin, oportunidades agregadas que únicamente una empresa poderosa es capaz de asumir como inversión, pues las empresas monopolizadoras lo primero que cuidan es su imagen (cuidado bajo el cual aparentan ser favorecedores del consumidor y no lo contrario). La verdad indiscutible es que la persona compradora se ve afectada es por esto: porque si hay un producto X, cuyo valor es de 2.000 pesos, y alguien que monopoliza (empresarios, congresistas y políticos) de pronto decide que en adelante valdrá 4.000 pesos, el comerciante que lo ofrezca en un valor menor a ese estaría desobedeciendo las reglas impuestas por su gremio y, también, por el Código de Comercio. Es lógico entonces que, en semejante contexto hipotético, donde el monopolio ocurre “legal” o escondidamente, la gente termine concluyendo que la realidad mercantil de ese producto es esa y no otra. Pero lo más singular, en el caso de este tipo de monopolio al que me he referido –el fundado en la reglamentación de los precios y no en la acumulación de productos–, es que no es demandable. Personas productoras, empresarias y comerciantes afectadas por competencia desleal no podrán objetarla porque, en este caso, los monopolizadores cumplen con las reglas establecidas: a su monopolio le dio a luz la mismísima ley. Y aunque las leyes puedan demandarse, ello implicaría una vuelta político-jurídica muy larga. Por su parte, la segunda acepción de monopolio, fundada en la acumulación de productos –práctica propia de empresas y comerciantes nacionales menores, pero sobre todo de tenderos e intermediarios–, no es el típico monopolio de las multinacionales, manejado por personajes políticos y gobernantes, sino el nacido de la propia argucia de pequeños comerciantes. En este caso, lo cual es aún más paradójico, la ley sí puede actuar porque quienes cometen actos de este tipo de competencia desleal no son quienes regulan las leyes, no son los grandes monopolios, y las acciones que pueden tomarse contra ellos están bien definidas en el Código de Comercio. *** En la misma entrevista, y también con argumentos falaces, el ilustre periodista le cuestionaba a Castillo su propuesta de replicar para la educación de las y los peruanos el modelo de Singapur, siendo este un modelo diseñado por la derecha de aquel país. Bueno, lo primero que habría que subrayar al respecto es que la educación en Singapur –lo que es un hecho universalmente reconocido– ha demostrado ser la mejor del mundo, gracias a un método fundado en la educación personalizada de muy alto rendimiento y eficacia. Y lo segundo por mencionar es que en los países serios y en los modelos políticos, cualesquiera sean sus principios religiosos o ideológicos (y siempre y cuando estos sean bien intencionados), los sistemas educativos funcionan independientemente de las estructuras de financiación. Igualmente, vale recordar que en el mundo de hoy no hay gobiernos de izquierda ajenos a las prácticas capitalistas, es decir, que no jueguen con el modelo de producción económica de la derecha. De modo que es una gran mentira que existan gobiernos de izquierda negados a usar el modelo de producción económica de la derecha, que es el modelo capitalista. Al capitalismo hay que usarlo, porque de lo contrario no podríamos sobrevivir en un mundo donde esas son las reglas y porque no hemos podido encontrar, hasta hoy, otra fórmula. Así ha ocurrido desde los tiempos del trueque: cambiar una cosa por otra, cambiar un interés por otro. Que ahora se trate de papel moneda o de títulos valores no cambia en nada la figura comercial capitalista. En los estadios primigenios, igual alguien amanecía anunciando la escasez de las patillas o anunciando que el precio de un bulto de sal en adelante valía dos tinajas y no una como el día anterior. De modo que tal vez lo que haya que adoptar, para hacerle frente a los problemas de la economía, sean la decencia y la inteligencia, y exigírselas a quienes administran los países, para que piensen solidariamente en la equidad. Simplemente en la equidad, que significa no darle ventajas a nadie y no desproteger a ninguna persona. De manera que el periodista en cuestión –que debe saber sobre lo que yo he expuesto, porque sin duda se habrá formado profesionalmente– es sencillamente malvado. Y el señor Castillo, como los sindicalistas y como casi todos aquellos que provienen del pueblo –el ahora presidente del Perú fue profesor y sindicalista rural– tiene una cultura tímida, insegura, probablemente por haberse formado en una cultura en la que impera el criterio de que las personas en condición de pobreza tienen menos capacidades intelectuales. Eso es lo que sucede en esa entrevista. Los dos protagonistas son víctimas de su propia realidad: uno por malvado y el otro por desprovisto.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El jueves 10 de junio se despidió de Colombia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se marchó luego de una visita relámpago que duró tan solo tres días –desde el martes 8– y que sirvió para conocer la situación actual de violación de derechos humanos en el marco del paro nacional que vive el país desde el 28 de abril. Quien nos visitó es un organismo internacional creado hace mas de 60 años (1959) por la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya labor es la de fortalecer la paz, la justicia, la libertad y la defensa de los derechos humanos en el hemisferio occidental. La visita surgió como respuesta a la petición que varias organizaciones de la sociedad civil le hicieron para conocer de primera mano –en el lugar de los hechos– la tragedia por la que está pasando el país. A la Comisión se le hicieron llegar una serie de informes, audios e imágenes con las que evidenciaba la grave violación de derechos humanos –asesinatos, lesiones personales, desapariciones y abusos sexuales– que estaba cometiendo la fuerza pública en el último mes y medio en el país. La ciudadanía quería un árbitro neutral que le informara a la comunidad internacional lo que pasó y está pasando en el país; un organismo creíble para todas las partes y que tome distancia de los informes reiterativos de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y que permita que se llame la atención al Estado colombiano para que las demandas sociales al respecto puedan ser atendidas. La CIDH, gustosa, decidió aceptar la invitación y cumplir con su deber. Ejerció su mandato –dictado por la Convención Americana de Derechos Humanos– de monitorear la situación, presentar informes y hacer recomendaciones al Estado; y, además, cumplió con su derecho y deber, que tiene como organismo, de visitar los Estados miembros de la OEA: diseñó la conformación de la comisión, acordó los temas logísticos y programó la visita para tomar testimonio. Pero el gobierno Duque no quería la visita de este organismo en el país. Les abrió las puertas a regañadientes. Deseaba, antes de la visita, tener un informe detallado de lo ocurrido: un documento construido a partir de sus propias investigaciones. Fue por la insistencia de los miembros de la Comisión de venir a al país que se tuvo que adelantar la visita. De allí que el Gobierno haya exigido seguir una metodología estricta para ingresar al país y observar la situación. La Vicepresidencia de la República fue la que les puso las condiciones y les cambió las reglas. Les dijo que la visita no podía ser muy larga –solo de tres días–, que las personas que vinieran deberían ser pocas –tan solo tres de los siete miembros que componen la organización–, que no podría visitar muchos lugares de campo –únicamente algunas capitales–, y, finalmente, que no podían involucrarse en política, ni salir a las calles y mezclarse con la gente en las protestas. Estas reglas fueron aceptadas por la CIDH, a pesar de la autonomía que le da el artículo 53 de su reglamento; respetó la soberanía del país. La visita de la CIDH estuvo integrada por la presidenta del organismo –Antonia Urrejola Noguera–, por dos comisionados –Joel Hernández y Stuardo Ralón– y por la secretaria ejecutiva –Tania Reneaum Panszi–; además, estas personas estuvieron acompañadas por la secretaria ejecutiva adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación –María Claudia Pulido– y por el relator especial para la Libertad de Expresión –Pedro Vaca–. Cuando la Comisión llegó al país se reunió con todos los actores que pudo. El primero en atender la visita fue el Gobierno nacional. Fue la señora de la casa, Martha Lucia Ramírez –que también cumple funciones de Canciller–, quien realizó tanto la recepción de entrada como de salida, siguiendo el respeto por los estrictos protocolos diplomáticos. Asistieron a estas reuniones delegados de los tres poderes públicos –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y organismos de control. La CIDH escuchó al presidente de la República y su vicepresidenta, a sus ministros –entre ellos el de Defensa– y al director de la Policía y el Comandante del Ejército. Finalmente, hubo tiempo para atender a los presidentes de las altas cortes, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo. Todos estos le presentaron informe a la CIDH sobre las 19 personas fallecidas –en especial, los dos uniformados muertos–, las 1106 personas heridas, las 1253 lesionadas y las 178 investigaciones disciplinarias a la fuerza pública. Sobretodo, hicieron énfasis en las acciones vandálicas, en los saqueos y en los bloqueos de carreteras y vías públicas. Verdaderos actos de “vandalismo y terrorismo”. Todo esto en medio de un Estado que protege la protesta de forma pacífica. Así mismo, y para mantener el equilibrio en la escucha. La CIDH se reunió en otros lugares con las víctimas de la violencia del Estado. Se tomó nota de las versiones de los padres de las víctimas de las protestas, de los dirigentes de las centrales obreras y sindicales, de numerosas organizaciones sociales y grupos defensores de derechos humanos; al igual que de delegaciones de afrodescendientes, indígenas, mujeres y población LGBTIQ. Incluso se escuchó a los partidos políticos y los empresarios exportadores. Como en el caso del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) –Bruce Mac Master–, esta escucha sirvió para mostrar la perspectiva que tienen muchos sectores empresariales del país: que las protestas son “verdaderos confinamientos colectivos impuestos, por medios violentos, a poblaciones y regiones enteras”. En estas conversaciones se presentaron otras cifras –muy distintas a las del Gobierno– sobre las atrocidades cometidas por la fuerza pública contra quienes se manifestaron contra el gobierno del presidente Iván Duque: 51 muertes confirmadas por la Fiscalía, 90 personas desaparecidas y 2 mil personas heridas, además de casos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Se denunció el excesivo uso de la fuerza pública –uso de armas de fuego y otras armas consideradas no letales–, así como el acompañamiento de esta con civiles armados. En total, fueron más de dos mil personas y organismos con los que la CIDH se reunió. De ellos recibió información valiosa que fue recolectada, almacenada y transportada para ser procesada en las semanas siguientes. Se espera que a partir de esto se elabore un informe de acuerdo con los estándares interamericanos de derechos humanos y que dé cuenta de la autonomía de la CIDH. Dicho informe se caracterizará, en primera instancia, por realizar un llamado de atención al Gobierno nacional por la enemistad que se logró detectar entre la ciudadanía colombiana y el gobierno Duque. Pues según Nancy Patricia Gutiérrez, consejera Presidencial para los Derechos Humanos, la CIDH vio “una estigmatización muy fuerte” y, además, percibieron un lenguaje “de agresividad muy fuerte, no en el sentido de contradictores, sino de enemigos”. Por otra parte, el informe traerá una lista de recomendaciones para el Gobierno y sus organismos. Debido a la grave violación de derechos humanos, la CIDH insistirá en el derecho que tienen las y los colombianos a protestar, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y, sobretodo, insistirá en la necesidad de protección especial para la población más vulnerable. Además, recomendará escuchar a los y las protestantes para intentar dar una salida dialogada al momento actual. Adicionalmente, se sugerirá, de manera respetuosa y teniendo en cuenta la soberanía del país, la revisión del diseño institucional que se tiene entorno a la fuerza pública debido a que se observan responsabilidades de las autoridades en la crisis de derechos humanos. Le dirán al Estado que es necesario revisar la manera como está estructurada la Policía y, en especial, su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), a los cuales se les observó el uso de la fuerza de forma desproporcionada y desprovista de respeto por los derechos humanos. Finalmente, la Comisión advertirá que, de no ser atendidas sus recomendaciones, el Estado podría verse involucrado en un proceso cautelar que podría llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puede judicializar al Estado colombiano de manera autónoma. Poniendo nuevamente al país en una situación similar a la que ocurre con el genocidio de los miembros del partido de la Unión Patriótica (UP). En conclusión, esperemos que la visita de la CIDH y el informe que resulte de esto –a partir de la información recogida en su visita de trabajo– sea escuchado con atención por el Estado colombiano. Que la presencia de la Comisión genere un cambio de actitud en el Gobierno en el sentido de dejar de cuestionar todo lo que venga de afuera y critique su accionar, en especial por parte del Sistema Interamericano. Además, que la presión internacional que se produzca a partir de esta visita sirva como herramienta para que se reduzca el uso de la fuerza y se avance en una solución negociada a este conflicto social y político.

Por: Germán Valencia  Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En el Acuerdo de Paz firmado en 2016, el Gobierno nacional le prometió a la ciudadanía que la construcción de la paz en Colombia tendría un enfoque territorial; que el Estado buscaría llegar a las regiones más afectadas por el conflicto armado y movilizaría los recursos necesarios para garantizar “el goce de los derechos constitucionales para la ciudadanía colombiana, principalmente de las víctimas”. El Gobierno nacional se comprometió con las comunidades a trabajar en la generación de espacios democráticos en el posconflicto, con el objetivo de lograr una amplia participación de autoridades locales y organizaciones sociales —entre ellas, las asociaciones de víctimas, minorías étnicas y organizaciones de mujeres— que permitiera construir “conjuntamente visiones compartidas sobre la paz y el desarrollo de los territorios”. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) hacen parte de los mecanismos que se pactaron en el Acuerdo Final para cumplir esta promesa de democratización. Con este dispositivo el Estado ha intentado construir espacios de diálogo para que las comunidades reconozcan sus particularidades territoriales y poblacionales, manifiesten sus necesidades, establezcan priorizaciones de proyectos —tanto de gestión como de inversión— y participen en toda la fase de ejecución y evaluación de resultados. En estos programas han estado involucradas y priorizadas 16 subregiones en 19 departamentos. En su primera fase —que tuvo lugar entre 2017 y 2019— las y los habitantes de los territorios PDET participaron de manera muy activa en ejercicios de diagnóstico y planificación: acudieron al llamado que les hizo el Gobierno de dinamizar este importante componente de democracia participativa. De allí que fueran involucradas en procesos de democracia participativa y deliberativa las poblaciones de las 11.000 veredas de los 170 municipios que priorizó la estrategia. De esta fase inicial se puede decir que —a pesar de las críticas en términos de debilidad metodológica y falta de apertura para incluir otros criterios de desarrollo económico y social— fue un proceso de diseño de política pública de abajo hacia arriba, en el que los y las habitantes de las veredas, municipios y subregiones se reunieron para hablar de sus territorios y luego escalar sus demandas a la planeación nacional. En síntesis, en la fase de formulación de los PDET se dieron ejercicios de participación donde estuvieron sentadas las diversas organizaciones de la sociedad civil: desde las tradicionales Juntas de Acción Comunal, gobernadores indígenas, representantes legales de los procesos comunitarios y funcionarios de las administraciones municipales, hasta los nuevos organismos para el posconflicto como la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Allí, las comunidades lograron ampliar su nivel de legitimidad, compartieron espacios con diversos actores institucionales —locales y nacionales— y lograron ser escuchadas, que sus proyectos fueran priorizados y, finalmente, que algunas de sus demandas fueran atendidas. Sin embargo, luego de este histórico e importante momento inicial de planeación, la participación de la ciudadanía en torno al ciclo de los PDET se viene reduciendo. Con la política de Paz con Legalidad, el Gobierno Nacional de nuevo ha vuelto a adoptar el viejo esquema de pensar la paz de arriba hacia abajo. El Gobierno central se ha autoimpuesto la tarea de coordinar el diseño, la ejecución y la evaluación de la implementación operativa de los PDET. Esta visión centralista ha quedado claramente establecida en la Hoja de Ruta Única (HRU): la más reciente herramienta presentada por el Gobierno nacional para la planeación de la transformación de los territorios a largo plazo, la cual se encuentra articulada a la visión de desarrollo territorial del Plan Nacional de Desarrollo. En este documento el Gobierno proyectó las inversiones, los responsables y las fuentes de financiación  para la ejecución de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR). Lo que preocupa de este documento es que se está desconociendo el enorme avance que se había alcanzado en términos de democracia deliberativa en el diseño de los PDET con relación a la participación de la sociedad civil. Ahora el Gobierno incluye de manera secundaria a este importante actor. Devuelve a los “diferentes niveles sectoriales, territoriales, el sector privado y la comunidad internacional para lograr intervenciones” (HRU, 2021, pág. 5). Les da a las comunidades organizadas un lugar marginal en el Modelo de Prospectiva, en las Trayectorias de implementación, en el Sistema de seguimiento y monitoreo de la HRU y la Sostenibilidad de proyectos. Y, aunque en varias de estas fases se nombra a las comunidades y se les da una participación, su incidencia es mínima. El protagonismo lo concentran la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, la ART y, en menor medida, otras organizaciones del orden nacional. Pero a las comunidades, a la ciudadanía y a las organizaciones sociales se les pone en el último escalón de consideración. Incluso, en algunos temas del ciclo de vida de los PDET, como las inversiones, tan solo se considera al sector privado y a la cooperación internacional. En pocas palabras: a los actores comunitarios se les toma como agentes de retroalimentación territorial que ayudarán a “validar y complementar la información oficial” (HRU, 2021, pág. 82). En conclusión, una revisión del ciclo de vida de los PDET evidencia que tanto los grupos motores como las comunidades se han visto excluidas del diseño de la HRU y que no es claro el nivel de incidencia que tendrán en su implementación, seguimiento y evaluación. Con esta directriz del Gobierno central se rompe el espíritu colaborativo que caracterizó el diseño participativo de los Programas, se reducen sus posibilidades a una mera planeación técnica por parte de entidades del orden nacional, desconociendo los enormes avances que se había alcanzado en la etapa de diseño de los Programas y debilitando la oportunidad de mejorar el sistema democrático participativo y deliberativo en Colombia. Nota: La Hoja de Ruta Única para la implementación de los PDET se puede consultarse en https://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/descargables_hoja_de_ruta

Por: Guillermo Linero   Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Ahora que Colombia atraviesa una violenta situación social —por estricta responsabilidad de un gobierno más malsano que mediocre, y más para el hampa que para las personas—, me ha llamado la atención la singular tarea, casi siempre desprevenida, de reportar en imágenes y videos los hechos sociales cruentos, reportajes de guerra y levantamientos sociales. Hechos que sin estos registros pasarían sólo bajo el prisma de los informadores oficiales; es decir, por el filtro de quienes precisamente borran la historia porque para estas personas representa una tula cargada con sus rabos de paja y con sus antecedentes sanguinarios. Esos registros —los de espontáneos particulares— por fortuna han dado a conocer al mundo todo lo contrario a lo que los medios oficiales propagan. En unánime percepción, estos medios comprometidos con el establecimiento han privilegiado la difusión de fotos y videos con vándalos asaltando supermercados, y no las miles de fotos y videos con jóvenes siendo víctimas de violencia (en muchas ocasiones homicida) por parte de policías y civiles, o mejor, por serviles que en nombre del uribismo se suman, “en apoyo a la policía”, disparando contra jóvenes en estado de indefensión; y —¡vaya valores!— hasta disparando contra personas de las comunidades indígenas que, desarmadas, reclaman sus derechos. Lo cierto es que el mundo no estaría enterado de nada de esto de no ser por la rapidez, la multiplicidad de puntos de vista y la eficacia de estos nuevos fotoperiodistas eventuales. Ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes que, de pronto, sin que lo hubieran previsto, resultan testigos de primera mano de un hecho social anómalo como, por ejemplo, un salvaje abuso contra los derechos humanos. En fin, registros de personas que se encontraron con la oportunidad de tomar una foto y la tomaron. Una realidad muy distinta a la de quien se dispone a salir tras la caza de un momento noticioso y con la sola responsabilidad de ser profesional de la ciencia de la fotografía, pues lo demás lo deja en manos de los redactores (encargados del relato de los hechos sociales y hasta de las decisiones de hacia dónde apuntar los teleobjetivos de sus fotógrafos acreditados). Algo muy distinto a lo que les ocurre a estos nuevos fotoperiodistas espontáneos y anónimos, porque teniendo nombre y haciendo parte de la ciudadanía no tienen responsabilidad ante ninguna empresa, ante ningún jefe, ni ante las autoridades del Estado; porque son dueños y dueñas de su propia experiencia y de la posibilidad de registrarla e informar sobre ella —si así lo quisieran— como lo hacen vía redes sociales en una suerte de reporterismo gratuito, exclusivo e instantáneo. Por eso, llamar ante la justicia a quienes, sin ser fotoperiodistas con acreditación, propagan imágenes de hechos violentos es un acto de crasa ignorancia o de total ausencia del sentido común. Esta proliferación de imágenes que desplazan las de los reporteros de medios oficiales y oficialistas ha provocado las críticas de quienes ven allí, en el aporte de estos nuevos y casuales reporteros y reporteras, la muerte del periodismo antes que su renacimiento. En efecto, soportan sus argumentaciones en que esta modalidad de la documentación en caliente se salta las mínimas normas y exigencias técnicas que se han conservado desde cuando se dio inició al uso de imágenes fotográficas para apoyar noticias de hechos ocurridos al aire libre (hacia el año 1887, en ocasión de la invención del flash que lo posibilitaba). Y aducen, también, que estas personas que hacen de fotoperiodistas difícilmente pueden cumplir con los mínimos principios del oficio —al decir suyo: la actualidad, la objetividad, la narrativa y la estética—, como si sus tomas en caliente, siempre registradas con datos de fecha y hora, carecieran de actualidad. Involucran el término “actualidad” como sinónimo de relevante. Pero, quién dice, por ejemplo, que las fotos tomadas en las marchas no son de actualidad o que no están debidamente ilustradas en su atroz relevancia. Cuando estos críticos se refieren al principio de la objetividad, por ejemplo, descuentan que las y los nuevos fotoperiodistas, precisamente por todo lo anterior, producen indefectiblemente imágenes fiables, es decir, cargadas de objetividad; y que si bien sus fotografías o tomas de video no son cuidadosas porque son repentinas y ocurren en caliente, nadie puede negar que representan con fidelidad los eventos que propagan y respecto a los cuales —como es posible a partir de cualquier imagen visualizable— podemos interpretar temas y contenidos. Se les critica a los nuevos fotoperiodistas de celulares por falta de narrativa. En ese sentido, se argumenta que, siendo las suyas fotografías tomadas por el impulso de la espontaneidad —o de la oportunidad, mejor—, estas no están acompañadas de otros elementos informativos que las puedan convertir en un hecho periodístico comunicable. Pero, precisamente, las imágenes —casuales o cerebrales— cuando son buenas imágenes, tienen por característica indefectible hablarle a quien las observa y contar lo que registran. Y, por supuesto, si bien no pueden reemplazar al redactor periodista que apoya a las y los fotógrafos, sí pueden suplirlo cuando las fotografías incluyen una secuencia o construyen un video. En cuanto al hecho estético, pareciera ser este el argumento más poderoso de los críticos al nuevo fotoperiodismo, ya que refiere el rigor estético con respecto al trabajo científico del fotógrafo y a sus preconocimientos acerca del funcionamiento de la luz, del encuadre, del fondo, la forma, la perspectiva, y de todo cuanto implica la composición plástica. Mientras que estos nuevos fotógrafos no tienen ni tiempo ni experiencia para hacerlo, siendo fotógrafos desprevenidos, pero, ¡ah, sorpresa!, sí lo hacen los aparatos por ellos. ¿O acaso alguien descree que la tecnología de los celulares de hoy no es de una alta eficiencia en términos de dispositivos y registros audiovisuales? Por último, aunque no sea un principio (porque los fotógrafos tradicionales se ocupan básicamente de lo técnico, los nuevos fotoperiodistas cumplen también con la ética periodística en cuanto a que propagan sólo aquellas imágenes o videos de los cuales, por ser de su autoría, les consta su veracidad. Otra cosa es que haya malvados —que los ha habido siempre y los habrá— que utilizan estos mecanismos para hacer también reportajes periodísticos basados en fake news. Estos últimos son otro asunto y tienen que ver más con la incultura ciudadana y con la justicia penal que con la existencia de fotógrafos espontáneos; fotoperiodistas que lo son porque se vieron, de pronto, en medio de una oportunidad o, simplemente, y lo que es más valioso aún, porque se vieron forzados por una necesidad, como un mecanismo de protección ciudadana.