Por: Germán Valencia  Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Es evidente que el gobierno de Iván Duque no quiere avanzar en las negociaciones de paz con los grupos armados organizados (GAO), ni en el cumplimiento del Acuerdo Final. Esta posición quedó ratificada con el nombramiento, en su último año de gobierno, de Juan Camilo Restrepo Gómez en la Oficina del Alto Comisionado de Paz. El pasado 24 de mayo, el presidente tuvo que meter con rapidez a este nuevo jugador en las ligas de mayores: una persona inexperta en materia de paz y que ocupaba un cargo muy alejado de la negociación política —era viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura—; una persona que podrá saber mucho de asuntos legislativos y de justicia, pero que conoce muy poco del tema que exige el puesto que se le llamó a ocupar. El cambio tuvo que hacerlo Duque después de la renuncia irrevocable de Miguel Ceballos. Este jugador tuvo en sus manos el balón de la paz por casi tres años —desde el 13 de agosto de 2018, una semana después de la posesión de Duque—, pero avanzó poco en la salida negociada al conflicto armado. Esto, en buena medida, debido a que tuvo que compartir su responsabilidad con el habilidoso jugador de punta, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, quien se encargó de dirigir la ejecución de casi todo en materia del posconflicto y que, por supuesto, se llevó el protagonismo. El cambio de jugador en su equipo no lo había planeado Iván Duque. Tampoco lo quería hacer. Cuando se dio cuenta del evidente retiro de Ceballos, el director técnico trató de evitarlo asignándole otra labor al comisionado de Paz en el campo de juego: lo envió como asesor en la negociación con el Comité Nacional del Paro, pero lo que hizo con este cambio fue confirmar la salida de su jugador. Ceballos estaba molesto porque otras personas le habían intentado usurpar su posición como jugador en la defensa de la paz: primero Archila y luego otras personas cercanas a Álvaro Uribe. Estas se habían acercado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través del Gestor de Paz, Juan Carlos Cuellar, desconociendo el cargo de Ceballos y sin consultarle. El alto comisionado perdía así la única oportunidad que tenía de hacer algo por la paz en su paso público por la Oficina. Además, no podía cumplir su nueva responsabilidad como vocero oficial del Ejecutivo ante el Comité Nacional del Paro. Desde que se escuchó el nombre de Ceballos en los diálogos se le deslegitimó. Se le señala de ser un jugador que no respeta la palabra y de cometer perfidia en el derecho internacional al haber incumplido los protocolos, firmados con el ELN, de respeto de la delegación de negociación. Una carta enviada por organizadores del paro nacional —representantes de sectores campesinos, comunidades negras e indígenas— y respaldada por personas como el premio Nobel de Paz, Adolfo Pérez Esquivel, evidencia la poca credibilidad que tenía este funcionario para negociar y el descontento que provocó por el mal trato que le dio al gobierno cubano con la campaña de desprestigio de este país ante el Gobierno de Trump y la Organización de las Naciones Unidas. A pesar de estas críticas, Duque no quería sacar a Ceballos. Ya los cambios que había realizado en su equipo de trabajo eran muchos: uno más profundizaría la crisis. Ya había salido su ministro de Hacienda, el delantero Alberto Carrasquilla, y la canciller, la centrocampista, Claudia Blum. Y ahora le tocaba cambiar a otro jugador que, aunque poco importante en su estrategia de juego, le quitaba la oportunidad de realizar nuevos cambios en la recomposición del juego. Entonces Iván Duque llamó a Juan Camilo Restrepo Gómez. No al veterano jugador de la paz que había participado en la Mesa de Negociaciones de Quito con el ELN y que se ha convertido en una figura respetada en materia de economía y política en el país, sino a un joven y desconocido jugador; uno que estaba preparándose en las ligas menores y que tuvo que ser llamado de urgencia para ocupar el lugar dejado por Ceballos. Restrepo es una persona que entró a la cancha con rechiflas del público. Se le cuestionó su papel en la presidencia de la Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA) —la cual ocupó entre el 2 de octubre de 2014 y el 22 de abril de 2019—. Se considera que durante el tiempo que estuvo allí como presidente realizó varios agravios a la paz, entre ellos: apoyar a grupos paramilitares en la región de Urabá —versión confirmada por Raúl Emilio Hasbún, uno de los exjefes paramilitares de las AUC— y apoyar financieramente a la campaña por el “No” en el plebiscito de la refrendación del Acuerdo Final en octubre de 2016. En pocas palabras, el director técnico puso al frente a una persona que el público y los aficionados a la paz consideran que no está alineada con el cumplimiento de lo firmado en La Habana. Además, está en contra de importantes temas como la recuperación de baldíos y la entrega de tierras a las víctimas del conflicto armado; asuntos fundamentales hoy en la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Así, Duque, al nombrar a una persona con un conocimiento casi nulo en materia de paz y negociación política y, además, duramente cuestionada por personas defensoras y constructoras de la paz, queda confirmado una vez más el poco interés que tiene el Gobierno Nacional en apostarle a la paz.  Y queda evidenciada, adicionalmente, la dura situación de crisis en que se encuentra en el momento actual con su equipo de trabajo. En conclusión, el presidente Duque —otrora hábil jugador de futbol—, como director técnico, está en un momento duro. Viene realizando cambios de jugadores de forma obligada e improvisada. Un claro ejemplo fue el llamado que le hizo a Juan Camilo Restrepo Gómez para que asumiera un puesto en el que no tiene experiencia; un novato jugador que se incorpora al equipo en la última etapa del partido —a un año de finalizar— con la pretensión de avanzar en una negociación de paz que, a pesar de tener una delegación del ELN dispuesta a dialogar, no va a avanzar mucho; y un jugador al que, desde varias tribunas, se le abuchea y no se le tiene confianza.

Por: Guillermo Linero  Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Este título de Colombia en calidad de paria, en cuanto a sus relaciones internacionales, parece insólito si tenemos en cuenta que el país ha sido considerado como poseedor de una de las democracias más sólidas del continente americano –a mi juicio, ni en apariencia lo ha sido–. Esto ha implicado, de facto, que sus relaciones internacionales sean las mejores. Sin embargo, se trata, por lo general, de relaciones basadas en vínculos comerciales o en lealtades militares. Así se comportó el mundo occidental antes de la Segunda Guerra Mundial; y sólo hasta después de ella –con la conformación de la ONU en 1945– se desarrolló ese concepto del derecho internacional que amparaba, ya no sólo los negocios jurídicos internacionales –la pérdida de una cosecha de café, por ejemplo–, sino también las actuaciones de gobernantes malsanos contra su población –la pérdida de la vida de jóvenes participantes en una marcha pacífica, por ejemplo–. Para ello, la comunidad internacional –especialmente los denominados países aliados– se vio en la necesidad de estructurar derechos en pro del respeto a la vida que irían un poco más allá de los llamados derechos de los ciudadanos –consagrados en las constituciones nacionales–. Esta necesidad se materializó en la legislación sobre los llamados derechos humanos que tienen jurisdicción internacional. De ahí nace la esencia jurídica de la premisa “la vida es sagrada”, que implica un castigo terrenal distinto al milenario de la biblia, cuya connotación de advertencia consistía en un castigo celestial. En tal contexto político, bajo el cual se desenvolvería la segunda mitad del siglo XX, en términos de relaciones y compromisos internacionales, Colombia se dio el lujo de ser la sede de la fundación de la OEA en 1948, y eso la convirtió en una de las naciones más decentes –también en apariencia– en cuanto a derechos humanos y a relaciones internacionales. Con todo, el cambio de agujas dado por el gobierno de Duque –con respecto a la historia de nuestras relaciones internacionales– ha sido tan brusco que, inevitablemente, más temprano que tarde se descarrilará el tren. En efecto, ya he observado en otras notas que últimamente Colombia ha sido paria en sus relaciones internacionales. Les recuerdo, entre otros ejemplos, la adhesión vulgar al trumpismo o el vergonzante fiasco en el caso de Jineth Bedoya. Y quizás la más grande de esas banderas del error ridículo sea su política con respecto a Venezuela, país al cual el presidente Duque y sus copartidarios comenzaron a denunciar ante el mundo solicitando comisiones de vigilancia de los derechos humanos, y mostrando de ella un rostro horrorosamente incendiado; el mismo –qué triste paradoja– que hoy tiene Colombia ante el mundo sin necesidad de fake news, ni perversidades de países vecinos. En fin, el botón de oro que da origen a este escrito es, precisamente, otro garrafal error en el campo de la diplomacia internacional: el gobierno colombiano, por intermedio de su canciller, Marta Lucía Ramírez, ha negado el ingreso al país de una comisión internacional de derechos humanos. Este ingreso había sido solicitado por la CIDH, en carta dirigida a la Presidencia de la república, en el contexto del paro y de la movilización social todavía vigentes. Los hechos que el mundo ha tenido la oportunidad de observar en videos de primera mano no solo son propios de una barbarie, sino que, además, a la luz de observadores internacionales, parecieran demostrar que el Estado está jugando el peor de los papeles: el de agresor. Frente a esa alerta espontánea, es apenas natural que se activen los resortes de ese mecanismo internacional de ayuda a las poblaciones sin importar fronteras, ideologías ni religiones. Por su parte, ha explicado la canciller colombiana que no permitirá el ingreso de dichas comisiones hasta que las autoridades colombianas no terminen de realizar sus investigaciones preliminares. Y tiene razón. Esa es la gran falacia detrás de semejante decisión; porque el derecho internacional –a primera vista y en este tipo de acciones penales– está hecho para funcionar solo cuando los sistemas nacionales hayan fracasado. Y los sistemas nacionales actúan siguiendo un protocolo o debido proceso que se inicia con las investigaciones –en nuestro caso las realizadas por la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo–. De modo que las organizaciones y las cortes internacionales tienen luz verde para intervenir en conflictos internos de los países únicamente cuando los sistemas nacionales fallan o incumplen. Por ello, Colombia se ampara en ese principio y manifiesta públicamente que las autoridades no han dejado de actuar, si no que se encuentran apenas en etapa de investigaciones. No obstante, lo cierto es que detrás de tal postura hay una falacia típica y además semi-inteligente porque todavía ni la OEA ni su órgano autónomo CIDH han abierto proceso alguno contra Colombia a raíz de los hechos en cuestión. No los han abierto y eso quiere decir que no se están metiendo con nuestra autonomía jurídica. Otra cosa es la solicitud de una visita para la veeduría de los derechos humanos –ya dije que para estos derechos hay jurisdicción internacional–, pues la misma misión de la OEA fundamenta en su carta institucional las actividades de prevención: afianzar la paz y la seguridad del continente, prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias. De tal suerte, querámoslo o no, la OEA puede mandar avanzadas de observación al interior de un Estado cuando todavía, sobre unos hechos específicos en los que están seriamente en riesgo los derechos humanos de una población, no se ha llegado aún a la etapa de la decisión judicial. De manera que responder con negacionismo a una petición elemental y obvia es un error tan monumental que hasta Amnistía Internacional ya se pronunció, por medio de su directora para las Américas, Erika Guevara-Rosas, quien aseguró que tal negación se trata de una “decisión peligrosa”. Y, además, subrayó esta verdad de a puño: “Iván Duque pierde la oportunidad de mostrar voluntad política para reconocer las graves violaciones de Derechos Humanos que cometen las fuerzas de seguridad bajo su mando”. Y cuando esto ocurre, indefectiblemente el Estado que haya cometido la falta se gana el título de país paria.

Por: Germán Valencia  Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La pandemia se ha convertido en Colombia en una máscara que sirve para ocultar la realidad violenta que vive el país. La crisis de la salud causada por el covid-19 le ha servido al Estado para tapar su inoperancia en el monopolio de seguridad pública, y a los grupos armados ilegales para evidenciar su expansión y, con ella, el incremento de la violencia que causan. El aislamiento social preventivo también le ha servido a los actores armados para aislar las dinámicas de guerra que se desarrollan en la mayoría de los municipios del país. Este año atípico ha sido aprovechado por los grupos ilegales –que desde hace varios años se encontraban solapados en los territorios– para ampliar su presencia y ejercer mayor poder. Desde antes de la pandemia, el país observaba cómo una ola de sangre se expandía por doquier. Entre 2018 y 2019 eran comunes actos violentos como las masacres y los asesinatos sistemáticos de líderes, lideresas y de firmantes de la paz. Los desplazamientos forzados, por ejemplo, pasaron de 149.425 a 195.381, los actos de terrorismo incrementaron de 152 a 209, y las masacres de 105 a 113 entre estos dos años. Eso sin contar los múltiples escándalos e investigaciones en que estaba involucrada la fuerza pública y, en particular, las Fuerzas Militares, debido a las violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En solo el primer semestre de 2020, este organismo vivió dos grandes escándalos: uno asociado a los falsos positivos y otro a los asesinatos de excombatientes de las FARC-EP. Sin embargo, una vez iniciadas las medidas de aislamiento obligatorio, pareciera que la violencia se hubiese ido del país. Esta situación no es para nada cierta. Durante la pandemia no se ha reducido la violencia criminal. En el país continúan las masacres, los asesinatos selectivos, los desplazamientos forzados y las acciones violentas contra la población. La historia de terror en Colombia continua. En abril de este año, el presidente de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, mostró cómo, desde 2016 y hasta lo que llevábamos del 2021, han sido asesinadas y asesinados, por lo menos, 276 exmiembros de las FARC-EP y 904 líderes y lideresas sociales. Un ejemplo de la dinámica expansiva del conflicto armado se presenta en los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba. En estos territorios, de nuevo se observa cómo una diversidad de grupos armados compite por la presencia violenta en cada una de sus subregiones. Allí operan los Grupos Armados Organizados –en especial el Clan del Golfo y los Caparros–, la guerrilla del ELN y los Grupos PostFarc o Disidencias. Con la salida de las FARC-EP del conflicto armado, en 2016, se pensó que la violencia se reduciría; sin embargo, esto significó simplemente una reconfiguración de los actores armados. Tan pronto las y los excombatientes se concentraron en las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) y dejaron sus armas para iniciar los procesos de reincorporación colectiva en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), los otros grupos armados se expandieron. A partir del 2016, otros grupos ilegales comenzaron su expansión y control territorial. Así lo hizo el ELN, que viene ampliando su número de miembros armados y fortaleciendo el apoyo con las redes de milicianos. Y también lo hizo el Clan del Golfo, que hace presencia, por lo menos, en 211 municipios en todo el país –en Antioquia son 52 municipios los afectados–. Precisamente por esta situación de violencia de las estructuras herederas del paramilitarismo que operan en la región, por la debilidad estatal y por la falta de garantías hacia el cumplimiento de los acuerdos logrados con el Gobierno nacional, algunos exguerrilleros de las FARC-EP, que habían firmado la paz, volvieron a retomar las armas. Este es el caso, por ejemplo, de los dirigentes de las disidencias de los frentes 5, 18 y 36, que siguieron operando de forma tímida en sus antiguos territorios de Antioquia –las subregiones del Norte, Occidente, Nordeste y Bajo Cauca–, pero que a partir de agosto de 2019 se han adherido a la llamada “Segunda Marquetalia” y hoy se han convertido en los Grupos PostFarc (GAPF) o Disidencias: actores que luchan por retomar el poder, por ampliarse y por consolidarse en los lugares donde históricamente tenían presencia. Todos estos grupos armados ilegales utilizan los variados repertorios de violencia que poseen para causar desplazamientos forzados, confinamientos territoriales obligatorios y restricciones de movilidad –toques de queda y puestos de control–, además del reclutamiento de menores. Estos grupos cumplen la función de control y regulación de variadas actividades sociales, imponen normas y prohibiciones a la sociedad civil, ocupan el lugar del Estado. Además, las disputas por el poder territorial entre grupos armados –por ejemplo, entre el Clan del Golfo y los GAPF– está llevado a una presencia territorial compartida y a la creación de nuevos frentes. Así ocurre en los límites entre Antioquia y Córdoba donde, en medio de la pandemia, se habla de un nuevo grupo armado organizado integrado por los antiguos frentes 18 y 52 de las FARC-EP. Hoy en el país se observa cómo han vuelto los grafitis, los panfletos, las amenazas, la quema de vehículos, los cierres de vías y los ataques a bienes privados. Y cómo –por efecto de las confrontaciones entre agrupaciones– de nuevo se generan daños incalculables a la sociedad civil, volviendo el miedo y el terror a la población. Consecuencias nefastas que también padece la población reincorporada. Así ocurrió en julio de 2020, donde debido a los hostigamientos y amenazas, las personas del ETCR Román Ruiz, en la vereda Santa Lucía, de Ituango, tuvieron que desplazarse colectivamente a Mutatá, en el Urabá antioqueño, con el objetivo de proteger la vida de los excombatientes y sus familias. En síntesis, en el contexto de emergencia sanitaria por el covid-19 se observa una ola expansiva de los grupos armados ilegales en Colombia. Estas agrupaciones están luchando por obtener una soberanía hegemónica territorial y han aprovechado el confinamiento para desplegar su fuerza violenta. La pandemia se convirtió en una máscara, y la violencia en la realidad detrás de ella. Estamos ante una realidad invisibilizada, tal como lo expresa Philip Abrams (1988) al estudiar el Estado. Pero en este caso, el Estado, en lugar de ejercer el poder hegemónico, ha dejado que otros actores armados ejerzan dominio y expandan su poder para establecer órdenes. Ahora, tras la máscara de la pandemia y en el mundo subterráneo de los grupos armados, son muchos los actores con capacidad para ejercer la violencia; y como siempre, nosotros y nosotras, las personas de la sociedad civil, en medio de ella, padeciéndola.

Por: María Victoria Ramírez  Coordinadora perspectiva de género – Pares Hay una madre llorándole a una foto en un teléfono Al otro lado del inmenso mar Mientras su hijo yace en un frío latón No le permitieron emprender el vuelo Ya la felicidad no llegará a otro continente. Hay un padre atravesado por una saeta Hay preguntas que ya no tendrán respuestas No apareció el ángel a impedir que cayera el puñal Fue herida de muerte la vida y la esperanza. Hoy la tierra dará cobijo a un hijo, a un hermano Más perderá su tiempo al abrazarlo No se puede calentar la vida arrancada Hay hermanos que no serán tíos Hay un baile que ya no tendrá pasos Hoy la alegría está en jaque A la euforia le arrebataron un alfil. Hay una lágrima a punto de rebosar el párpado Hay un nudo incrustado en la garganta  Hay un hielo frío y desolador atravesando el pecho Hay un suspiro que no cabe adentro Hay una silla vacía en el salón de clases Hay una calle, un puente y un café que hoy no ríen Hay una ciudad herida lacerada en las entrañas Dolida en su capacidad de sonreír. Pero también hay un indolente que canta victoria Y hay un indiferente que lo encuentra justo Y esa arma sigue cargada Y la mano que la disparó tiene rostro Pero la noche lo cubre Y la injusticia lo protege. Que a ese rostro lo persiga la zozobra Que la justicia se quite su venda y le mire de frente Que los barrotes del clamor lo opriman Que las lágrimas de esa madre le cieguen La esperanza también tiene derecho a llorar La alegría también quiere sentarse en el andén La trompeta implora un minuto de silencio Hasta la ira flaquea ante tanto desmadre. Que todas las lágrimas hagan ruido al caer Que los aplausos silencien los casquillos Que la ovación sucumba sus mentes Que se baile en medio del llanto. Que sigamos adelante nos dejó diciendo Que a la calle nos rogó cantando Que a bailar nos enseñó sonriendo Que haya justicia pide su epitafio. A Lucas, a los caídos… Que la tierra les sea leve.  “La esperanza también tiene derecho a llorar”, Andrés Felipe Piedrahita. Pereira, capital del Risaralda, saltó a los titulares del mundo en el marco del paro nacional por el caso de Lucas Villa Vásquez, quien fue baleado en el Viaducto (puente que conecta al municipio de Pereira con el de Dosquebradas y que se levanta sobre el río Otún) junto con Andrés Felipe Castaño y Javier David Clavijo. Lucas dio una batalla de varios días, luego de los cuales se le diagnosticó muerte encefálica. Su corazón dejó de latir el 17 de mayo de 2021. En otro punto de la ciudad en el que desarrollaban movilizaciones, Héctor Fabio Morales murió casi instantáneamente la noche del 8 de mayo, junto al Museo de Arte de Pereira, luego de recibir, también, varios disparos. Han pasado demasiadas cosas en esta ciudad y en todo el país desde el 28 de abril, fecha en la que iniciaron las manifestaciones. Los acontecimientos nos han llevado por un tobogán de emociones que van desde el dolor, la impotencia, la rabia frente a la violencia policial y la de los agentes paramilitares que presuntamente dispararon contra estos cuatro jóvenes, hasta a la alegría y la esperanza que nos siembra en el corazón una juventud de todos los estratos sociales que ha salido a la calle a reclamar un mejor país. Sin embargo, los rostros que priman son los de aquellas personas que no tenían nada antes de la pandemia pero que aguantaban en silencio y que se cansaron de la resignación. Y es acerca de las iniciativas de quienes nunca se habían manifestado y que hoy hacen propuestas y exigencias que quiero referirme. A raíz de los homicidios de Lucas y Héctor Fabio, un grupo de jóvenes del departamento tomó la iniciativa de reunirse con el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, para pedir garantías que les permitan ejercer el derecho a la protesta. El gobernador estuvo presto a escucharles y a designar funcionarios que acompañen y hagan de puente entre jóvenes y distintas instancias institucionales y de la sociedad civil. Allí surgió un espacio de articulación denominado Mesa Ciudadana Humanitaria (a la que fueron convocadas diversas instituciones como la Procuraduría Regional, la Defensoría del Pueblo, la Policía, entre otras). La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) fue invitada como observadora. Esta Mesa ha posibilitado que se expresen las y los jóvenes de la primera línea de Risaralda. Y precisamente de esta primera línea ha surgido la estrategia de las “3P” (Protestar, Proteger y Proponer). Según su perspectiva, “Protestar” porque el paro continúa y ellas y ellos no están negociando el paro, dado que la instancia para ello es el Comité Nacional del Paro; “Proteger” porque se requiere que se garanticen la vida y la integridad de quienes se manifiestan en las calles; y “Proponer” porque manifiestan saber lo que quieren, cuáles son sus necesidades y su deseo de contribuir a la construcción conjunta de soluciones. Este grupo de jóvenes también solicitó que les escuche el alcalde de Pereira, Carlos Maya, pero éste se levantó de la Mesa luego de que dos jóvenes encapuchados de la primera línea, que ya habían sido registrados por los encargados de la seguridad del alcalde, se negaran a descubrir sus rostros por temor a una posible estigmatización y persecución posterior. Además, pidieron un espacio en el marco de la sesión de la Comisión Accidental de Paz del Senado que tuvo lugar en Pereira el 17 de mayo. La Comisión de Paz del Senado ha recomendado la estrategia de las “3P” para ser tenida en cuenta a nivel nacional como un mecanismo de diálogo y concertación. En la interlocución con esta Comisión — en la que la Gobernación actuó como facilitadora —, las y los jóvenes presentaron el siguiente documento, que transcribo textualmente por considerarlo de gran importancia histórica y política: “Como jóvenes de esta ciudad, dada la crítica situación de seguridad que estamos viviendo los manifestantes y demás ciudadanos en el desarrollo de nuestro legítimo derecho a la protesta social, a causa del ‘Frente común para recuperar el orden’, que desde la perspectiva de diferentes organismos internacionales es una convocatoria para usar de manera desmedida la brutalidad, el abuso y la represión, a través de la conformación de las nuevas convivir (grupos paramilitares urbanos organizados que persiguen a los que no van de la mano con sus ideas). Hoy nos presentamos ante ustedes sin rostro y no como una representación de la violencia hacia el pueblo, sino como el vívido ejemplo de la vehemente voz del silencio de esta ciudad, una voz que retumba en cada muerto y desaparecido que han dejado estas movilizaciones, pero que al mismo tiempo nos afianza que Pereira no es indiferente frente a la situación actual del país, frente al constante desangre y sufrimiento de la ciudadanía. Nos presentamos sin rostro porque somos el pueblo, somos todos y cada uno de los presentes, no buscamos protagonismos, buscamos justicia y dignificación. Debido a todo lo expuesto anteriormente, hemos llegado a 16 puntos como colectivo, en los cuales seremos tajantes, porque luchamos por el bien común. De igual manera, esperamos que en sus funciones como servidores públicos y como la voz de la ciudadanía, le sirvan al pueblo y escuchen la voz de sus ciudadanos, garantizando su bienestar y de igual manera respeten dichas peticiones y ejerzan de manera adecuada en el marco del cumplimento de sus obligaciones, teniendo como prioridad la dignidad de su pueblo. Darle seguimiento al uso desmedido de la fuerza pública. Investigar los disparos ya sea con armas de fuego o de fogueo presentados en los diferentes escenarios de las manifestaciones. Intervención efectiva e inmediata en vivienda, educación y salud para la población más vulnerable desalojada de zonas de invasión. La alcaldía debe establecer vínculos con entes internacionales de derechos humanos para que se investigue a la policía y a los “ciudadanos de bien” que atentan contra la integridad de los manifestantes. Se les brinde a los heridos por proyectil o cualquier otra manifestación de violencia estatal, la atención médica necesaria y una indemnización por el uso desproporcionado de la fuerza. De conformidad con los protocolos del Derecho Internacional Humanitario, haciendo énfasis en la dignidad humana, integridad física y emocional, seguridad estatal, se garantice y se mantenga la seguridad de los integrantes de DDHH y PAUX; y que a su vez estos puedan verificar el estado de cada detenido y/o herido. Se retire el plan meteoro (vehículos blindados del ejército) y que se realice vigilancia y control en la intervención y participación que le ejército está teniendo en las manifestaciones y en diferentes sectores de la ciudad, para que actúen bajo el margen de la asistencia militar y no militarización. De requerirse la presencia del ESMAD, estos mismos deben estar siempre a la vista de la manifestación, cumpliendo a cabalidad sus funciones de acompañamiento en caso de un desorden público, y evitar ser refugiados y/o escondidos en lugares como hoteles, restaurantes y demás. A las personas amenazadas e intimidadas por la participación en las manifestaciones iniciadas el 28 de abril que se sostienen hasta la fecha de hoy 17 de mayo de 2021, se les brinde y garantice una atención inmediata y eficaz para su seguridad. Es necesario que el alcalde, sus directivos y funcionarios rectifiquen y anulen la acción de proponer e incitar la conformación de un frente común, puesto que esto causa terror en los manifestantes. Además, que han sido objeto de señalamientos, amenazas y asesinatos. Se puede cambiar el nombre de los monumentos con el fin de que sea memorativo Museo de arte Héctor Fabio Morales. Viaducto Lucas Villa. Cambiar o modificar el nombre de las estaciones de Megabus. -Villavicencio: Lucas Villa -Maraya: Héctor Fabio (en su defecto, esculturas conmemorativas) Se debe presentar una investigación exhaustiva para los móviles de los crímenes y atentados contra las diferentes personas y se presente en audiencia pública el proceso de las investigaciones. Pedir previa identificación a la policía y hacer campañas de veeduría ciudadana para garantizar el buen cumplimiento de esta normatividad. Verificar el uso y utilidad del armamento de las fuerzas armadas que participan dentro del marco del Paro Nacional. Transparencia en las investigaciones de los feminicidios y los diferentes actos de violencia sexual que ocurrieron en Pereira dentro y fuera del marco del Paro Nacional. Investigación por desapariciones durante el marco del Paro Nacional. La voz del silencio Pereira.” Veo un despertar de la conciencia colectiva de este país, especialmente de los y las jóvenes. El derroche de energía, creatividad, generosidad y decisión de cambio ha dejado perplejas a las personas mayores, a diversos sectores sociales, a los partidos políticos e incluso al Comité Nacional del Paro. Veo claridad en su accionar sobre el hecho de que hay que resistir no solo en las calles, sino que habrá que pasar a otros escenarios y que, en concordancia con ello, hay que avanzar en los pliegos locales. Así me lo demuestran las experiencias de Cali y Pereira, dos ciudades en las que he sido testigo ocular de los acontecimientos. Veo una juventud que, pese a la agresión de fuerzas estatales y paraestatales, sabe que el cambio empezó en las calles —escenario también democrático—, pero que se ratificará en el otro escenario, el de la representación. Las y los jóvenes de primera línea en Risaralda no quieren que ningún gremio, sindicato o partido político les represente; ellas y ellos decidieron hablar por sí mismos. A la luz de la forma tradicional de entender la política, este gesto puede resultar extraño, incómodo y hasta inaceptable. Pero hay que escuchar, entender y ubicarse en un momento histórico distinto que exige flexibilidad y sensibilidad.

Por: Guillermo Segovia  Abogado, periodista y politólogo En el nuevo paro nacional iniciado el 28 de abril —y aún con un horizonte incierto— hay un actor indiscutible, notorio, valorado por la gente y aún desconocido e ignorado desde el gobierno: las y los jóvenes. Lo son, de nuevo, como lo fueron en las jornadas de 2011 en las que la Mesa Nacional Estudiantil obligó al gobierno Santos a engavetar una propuesta privatizadora de la educación pública; o en las noches de agosto de 2013 en las que, a punta de cacerolazos y plantones en la plazas de Bolívar y Tunja, le demostraron a ese mismo Gobierno su respaldo al paro agrario cuando Santos dijo que este era inexistente; y en las semanas durante las que acompañaron a Gustavo Petro, luego de su abusiva destitución de la Alcaldía de Bogotá por el Procurador de entonces, hasta su restitución. Fueron las y los jóvenes quienes, tras las primeras reacciones de tristeza e indignación, con una movilización sentida y comprometida, les dieron un segundo aire a los acuerdos paz ante el sorpresivo e insólito triunfo del No en el plebiscito de 2016. Esto le dio a Santos un margen de maniobra y la posibilidad de recomponer el escenario político para sacarlos adelante. Y, liderados por la UNESS y la Acrees, apenas despuntaba el gobierno uribista de Iván Duque en octubre de 2018, las y los estudiantes del país se movilizaron los estudiantes por un pliego de peticiones que tenía como objetivo central el compromiso de orientar recursos para evitar la catástrofe financiera de las universidades públicas (lo cual se logró en el papel, pero parcialmente en las ejecuciones). El desconocimiento de la filosofía de los acuerdos de paz, la avanzada de reformas como la tributaria, la pensional y la laboral, el asesinato de líderes sociales, el incumplimiento de sucesivos gobiernos a los compromisos adquiridos con comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas y de cultivadores de coca, entre muchos otros factores motivaron a las organizaciones sindicales, con el respaldo de otros sectores, a convocar el Paro Nacional del 21 de Noviembre de 2019. A través de distintas formas de protesta y una activa participación del artistas sensibles y comprometidos con el activismo social, esta movilización se prolongó cerca de 2 semanas, culminadas con el impactante concierto “Un canto por Colombia”. La juventud lanzada a las calles, de nuevo, conmovió al país con su entusiasmo inagotable y sus nuevas formas de expresión. Quedó para la posteridad el nombre de Dylan Cruz, joven asesinado en Bogotá por un agente del escuadrón antidisturbios. Las actuaciones aberrantes del Esmad han convertido la necesidad de su disolución y de una reforma policial en otra reivindicación por perseguir. Esta vez exigían el cumplimiento de lo acordado el año anterior y reiteraban la necesidad de una reforma democrática del crédito educativo, la condonación de gravosos intereses, el presupuesto para la ciencia y la investigación, y universidad pública universal y gratuita. Una maniobra palaciega sirvió al gobierno Duque para contener por un tiempo la protesta: la convocatoria a una “conversación nacional” de cuyos resultados no se hicieron ilusiones las organizaciones participantes. La pandemia declarada por el covid-19 sirvió de anestesia parcial, pero las medidas gubernamentales para conjurarla apenas le dieron tregua. La poderosa Minga Indígena se hiso sentir a mediados del año pasado, y el asesinato en un puesto de policía de Javier Ordóñez, en Bogotá, desató la indignación juvenil con un resultado trágico ante la descomunal reacción policial aún impune. Con más de la mitad de su mandato a cuestas, el Gobierno, que se promovió como “de la juventud”, después de la firma de los acuerdos con las y los universitarios en octubre del 2018, apenas se volvió a acordar de la mitad de la población del país con el Paro N21, para convocarla a la distractiva “conversación” y anunciar un documento Conpes de Política de Juventud (aún en veremos). Ante la gravedad de la situación socioeconómica de los y las jóvenes, agravada por los efectos de la pandemia en educación, empleo e ingresos, el aumento de la pobreza y la indigencia, todo fue indiferencia, largas y demagogia. Las condiciones estaban dadas para que la juventud volviera tener una actuación protagónica en el paro nacional convocado para el 28 de abril que, trayendo al presente las demandas suspendidas con la “conversación” y la pandemia, se encontró con el trámite de una reforma tributaria que por diversos factores —entre otros la tozudez despótica del gobierno— radicalizó las expresiones de protesta al punto que ni su retiro ni la renuncia del ministro de Hacienda trajeron calma. La última en caer fue la reforma privatizadora de la salud. La juventud de sectores populares del país sufre en forma despiadada los efectos de la crisis: la discriminación social y racial imperante en ciudades como Cali, el trato prejuiciado, abusivo y violento de la policía. En ese entorno, han venido surgiendo distintas formas organizativas que procuran la seguridad y defensa de sus territorios a la vez que hacerse sentir en un grito desesperado provocado por la exclusión y el marginamiento. A ese estallido social, el Gobierno, a través del Esmad y la Policía, ha respondido de manera cruel y desproporcionada, tal vez con la idea de generar escarmientos que disuadan el alzamiento. De otra parte, por su cuenta, se deshace en anuncios de programas hasta hace poco impensados. Cientos de miles de jóvenes colman avenidas y plazas cubiertos con la bandera de Colombia. Se han atrincherado en varias ciudades del país: en vías cruciales de sectores populares como Puerto Resistencia, la ya mundialmente famosa rotonda de Aguablanca, en Siloe o en la Loma de la Dignidad, como han rebautizado sus lugares en Cali. Allí, dispuestos en formación de defensa, jóvenes que constituyen la “primera línea” contienen los ataques de la fuerza pública, mientras a sus espaldas otros grupos los pertrechan, asisten en primeros auxilios y, en conjunto, comparten solidariamente en ollas comunitarias —atendidas por madres y compañeras con apoyos del vecindario—, bailan salsa y cantan rap. ¿Qué pretenden? Hacerse sentir y respetar. Los enfrentamientos entre manifestantes, la gran mayoría adolescentes, y la fuerza pública, que intenta controlarles y recuperar calles, vías y evitar ataques a estaciones, arrojan cerca de medio centenar de muertos. Entre estos, los casos de Marcelo Agredo, baleado por un policía en Cali, Lucas Villa, artista y deportista tiroteado por francotiradores en Pereira, Sebastián Quintero, impactado por una granada aturdidora disparada por el Esmad durante las protestas por la detención y posterior suicidio de la joven Alison Salazar, quien denunció que había sido abusada por los agentes en Popayán, y Santiago Murillo asesinado por otro policía en Ibagué, entre otras vidas perdidas. A esa cifra luctuosa se suman la denuncia de cerca de 500 desapariciones, otros 18 casos de abuso sexual, 28 impactos en los ojos y más de mil casos de lesiones causadas por artefactos cuya utilización ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales. Sin descartar que muchos casos de disturbios sean generados por células subversivas, es indudable —y los medios y redes lo muestran— que la mayor parte de estas víctimas fueron afectadas por la fuerza pública en refriegas contra manifestantes. La decisión de cómo se trata una protesta social la determina el Gobierno y, en mucho, depende de su legitimidad y fortaleza. En el caso colombiano, es un derecho constitucional reglamentado en la ley de seguridad ciudadana y protegido por sentencias de la Corte Constitucional (la más reciente de las cuales, frente a abusos de la policía en las protestas del 2019, dio directrices al gobierno —que las acomodó a su criterio— para garantizar ese derecho). Sobra hablar del exabrupto de la magistrada que pretendió prohibir las movilizaciones en curso. Tanto Iván Duque como los funcionarios relacionados con el manejo de gobierno y seguridad —en su mayoría gente joven— están matriculados en una comprensión de la protesta social como asunto de orden público, asociado con la visión uribista de tratar la inconformidad no tramitada por conductos oficiales como estrategia terrorista —así como interpreta la paz negociada—. La última “explicación” teórica de esa mirada totalitaria es la “revolución molecular dispersa” con la que intentan interpretar los paros y protestas. De ahí que el ministro de Defensa, Diego Molano, refiera a menores en la guerrilla como “máquinas de guerra” y contrate una estrategia de comunicación para “transformar la mentalidad hacia imaginaros de legitimidad”; que el ministro del Interior, Daniel Palacios, como su partido Centro Democrático, hablen de una “estrategia de desestabilización”; que el consejero de Paz, Miguel Ceballos, patrocine en la Esap una cátedra de la mansedumbre y la “doctrina social”; y que el consejero de Seguridad, Rafael Guarín, pretenda la creación de una coordinación gubernamental de la lucha antiterrorista y una estrategia de comunicación preventiva. Es una visión contrainsurgente de la sociedad, de “enemigo interno”. Les cuesta aceptar como interlocutor legitimo a un sector social que, como la juventud, está cuestionando las instituciones, reclamado su inclusión a partir de su identidad y cultura, y exigiendo cambios en todos los órdenes de la vida en sociedad con su participación. Han asumido el consejo del gran humorista asesinado, Jaime Garzón: “Si ustedes, los jóvenes, no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarlos. Nadie” Quien asuma la realidad de la juventud se dará cuenta de que hace tiempo cambió la conformación socioeconómica, poblacional, educativa y cultural del país. Y se dará cuenta, también, de que es a partir de allí que se debe construir la agenda del futuro. Como hechos simbólicos de la resistencia, las y los indígenas Misak han derribado estatuas de crueles invasores como Sebastián de Belalcázar (en Popayán y Cali) y Jiménez de Quesada (en Bogotá); en Neiva, jóvenes tumbaron el monumento a la Raza y la estatua de Misael Pastrana; en Popayán, la del esclavista Julio Arboleda; en Manizales, la de Gilberto Alzate Avendaño; y, si no se protege con vigilancia especial en inmediaciones de la Universidad Sergio Arboleda, alma mater de este gobierno, la estatua de Laureano Gómez, instigador de la violencia de los años 50, iba a dar contra el suelo. Al mismo tiempo, en Pasto fue derrumbada la estatua de Antonio Nariño, precursor de la Independencia y difusor de los Derechos Humanos, y en Cumbal y Guachucal bajaron del pedestal al Libertador Simón Bolívar (en ambos casos por un desencuentro del sur con la historia central). Y, por si fuera poco, en la multitudinaria manifestación en el Monumento a Los Héroes, el 15 de mayo en Bogotá, mientras unos porfiados jóvenes tiraban hacia abajo con cuerdas y le prendían fuego a la estatua ecuestre de Bolívar, otros pintaban al costado la cifra “6.402 héroes” —para referirse a los asesinatos cometidos por el Ejército durante el gobierno Uribe y documentados por la JEP— y, en el frente, el rostro épico de Alison Salazar, la joven vejada por la Policía en Popayán. Y en cuerpos y en paredes pintaban la bandera de Colombia con el rojo arriba: para que no se olvide la masacre. Un cúmulo de hechos cuya carga simbólica no puede ser una nota más cuando todo está en cuestión.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. No quisiera dejar pasar por alto el fenómeno que hemos visto en Colombia, ahora en ocasión del paro nacional, con respecto al derribamiento —por parte de indígenas y otros sectores que participan de las movilizaciones— de algunas estatuas de los conquistadores Sebastián de Belalcázar, en Cali y Popayán, y la de Gonzalo Jiménez de Quesada, en Bogotá. Pretender tumbar la historia semeja una acción alucinada e inocente si pensamos que uno no puede pasarse toda la vida peleándose con su pasado. Bajo tal entendimiento, pareciera ilógico tumbar monumentos, pues estos se erigen estrictamente en honor a personas o hechos pasados memorables; es decir, dignos de no olvidar porque les debemos algún beneficio concreto o porque buenamente nos maravillaron: fundaron pueblos, dieron la vida por la patria, rompieron récords, subieron a la luna o salvaron gatos. Esos hechos ocurren de continuo y los héroes y personas hazañosas nacen todos los días. De ahí que un nuevo récord Guinness, para dar un ejemplo fácil, nos haga olvidar los récords anteriores. Así, muchos de quienes derriban estatuas en el mundo entero lo hacen simplemente porque no reconocen de quién se trata el homenajeado ni las razones por las que se le pretende inmortalizar; y, especialmente, porque no le ven el “récord Guinness”. Y no se lo hallan porque nuevos héroes y hazañosos les han sepultado con sus logros. De ahí que muchas personas jóvenes derriben monumentos aparentemente porque sí; pues les resultan ajenos o echados al olvido; es decir, porque ya tienen reemplazo para ellos. Bajo tales presupuestos lógicos, es difícil pensar que la iconoclastia vaya a desaparecer o, al menos, no la inventada por León III —que era una política religiosa de métodos violentos —, sino aquella que va más lejos de lo sagrado e implica el desmonte de cuánto represente simbólicamente al oponente. Y no puede ser de otra manera, pues cada momento político de la historia trae consigo sus héroes y sus símbolos. Por eso las banderas deben izarse solamente en los momentos políticos que las concibieron, mientras pervivan sus argumentos ideológicos y hasta cuando se les agote su cuarto de hora de poder. Lo corriente y natural que suceda es que aquellos signos tangibles o emblemáticos de un partido político, de un dictador o de un grupo de poder autoritario y déspota, pasen a ser —bajo la égida de otra doctrina de poder — símbolos de indignidad y vergüenza. Basta recordar, a propósito de este tipo de iconoclastias, el derrumbamiento —que no la caída — del muro de Berlín, que tuvo la paradójica situación de ser interpretado y usado al tiempo por dos fuerzas de poder opuestas: el de la República Democrática Alemana, que lo entendía como una “protección antifascista”, y el de la República Federal Alemana, que lo veía como el “muro de la vergüenza”. No es extraño, entonces, ni anómalo, que suelan pasar de moda los héroes, los hazañosos y quienes baten récords. Al decir del sociólogo humanista Tomás Moulian: “En un contexto iconoclasta, no resulta extraño el derribamiento de algunas estatuas que, para ciertos sectores sociales, representan imágenes de un poder que se rechaza o cuyo significado simplemente se desconoce”1. En este segundo caso, cuando se desconoce el significado, la repuesta corriente no es derribarlo, sino que se des-monumentalice por falta de actualidad o vigencia del héroe, de la persona hazañosa glorificada o del hecho memorable. Y ante el primer caso visualizado por Moulian, cuando se trata de rechazar un poder, basta recordar que buena parte de los monumentos, donde quiera se hallen en Colombia, guardan historias de represión desde la conquista hasta nuestros días. Historias de autoritarismo y de conflictos ideológicos. Sin embargo, la realidad de las protestas indígenas, incluidos sus actos de repulsa a determinados símbolos, no es por causa del pasado ni de la barbarie iniciada hace ya más de 500 años —genocidio que los redujo a unos pocos pobladores —. No, lo es porque todavía en el presente no se les han reivindicado los derechos arrebatados ni se les ha dejado de perseguir y asesinar, siempre con el mismo trasunto desagradable de querer quitarles —a ellas y ellos, que eran dueños del país entero — hasta el último centímetro de tierra que les quede. De hecho, desde entonces, los indígenas no han dejado de reclamar sus derechos. Y todavía no conozco que hayan desistido de hacerlo alguna vez pese a que aún, 500 años después, el mundo no alcanza a solidarizarse con ellos contribuyendo a que se les restablezcan sus derechos ancestrales: derechos a sus territorios, a sus creencias y a sus costumbres. Tumbar estatuas siempre se ha visto mal porque, como piezas historiográficas, parecieran ser indispensables en el relato de toda historia. Sin embargo, cuando se les ha derribado no ha sido por ello, sino porque los gobiernos de turno les siguen exaltando precisamente en los aspectos negativos, y les siguen exaltando casi que iconográficamente como quien adora a un santo. En la Roma Antigua detestaban mucho a Nerón. Sin embargo, este mandó a construir una estatua de sí mismo a la que nombró “El Coloso Romano”. Esa estatua terminaría siendo un lugar de encuentros o algo así como un obligatorio cruce de caminos. Sin embargo, después de derrumbada, la gente no pudo dejar de recordarla con su nombre inaugural. Aquel recuerdo fue tan fuerte que, aun cuando Flavio decidió poner en su lugar un inmenso circo con su nombre —Amphitheatrum Flavium— para que la gente se divirtiera y olvidara a Nerón, fue imposible que así sucediera y todavía hoy, 2.021 años después de construido, le siguen llamando el Coliseo Romano, o más exactamente El Coloso de Nerón. De la misma manera, cuando los talibanes ocuparon Afganistán y obtuvieron el poder, el mundo se asombró porque durante 25 días de continuas explosiones derribaron quizás las más grandes estatuas del mundo que replicaban la imagen de Buda porque, a su juicio, contradecían al Corán. El régimen islámico talibán muy poco duró y, luego de ello, desafortunadamente, poco se ha podido hacer para restaurar los budas. Pero, ¿quién olvida que en esos gigantes espacios vacíos de los acantilados de Bamiyán, en Afganistán, hubo un día inmensas esculturas con la imagen de su venerado Buda? Absolutamente nadie. En los Estados Unidos, Cristóbal Colón es considerado como un esclavista y genocida, y apenas el año pasado en distintos estados tumbaron varias estatuas suyas. En Chile, en La Serena, fue derribada la estatua de Francisco de Aguirre, y en su lugar erigieron una con la imagen de ‘Milanka’, un personaje femenino representativo del pueblo precolombino. Por eso es bueno distinguir en las historias de cada monumento cuánto son de ofensivos y cuánto sirven en su condición de objetos documentales o de valor museográfico. Yo desconozco a quién se le ocurrió la idea de los museos de la barbarie, pero, sin duda, son una solución a la bizantina discusión acerca de si las estatuas que glorifican personajes –siendo miserables a ojos de muchas personas– deben conservarse o no. En la Alemania de posguerra, por ejemplo, se acordó la construcción de espacios –denominados museos negros– para la conservación de objetos, documentos y monumentos con el firme propósito de no olvidar que tras ellos hubo violencia y maltratos contra los derechos humanos. De tal suerte, solo habría que reducir dicho debate a si efectivamente las estatuas deben ser conservadas en los lugares de honor y memoria de nuestro patrimonio cultural o si deben ser confinadas, también debidamente, en los museos de la barbarie –los museos negros– para que no olvidemos nunca sus atrocidades y así fortalecer una cultura dada a la no repetición de los errores. 1 Tomás Moulian, en entrevista con Deutsche Welle. https://www.dw.com/ #OpiniónPares

Por: Walter Aldana Político social alternativo Con el slogan “Bienvenidos al futuro”, Cesar Gaviria, el presidente por encargo, inició para Colombia la implementación del modelo neoliberal aperturista que en los años noventa campeaba por América Latina y cuyo inspirador fue el judío norteamericano Milton Friedman, ganador del Premio Nobel de Economía en 1976. La escuela de Chicago clamando por la seguridad inversionista y el libre mercado, para nuestro caso, ahondó la brecha entre ricos y pobres. Este modelo sustentado en la libre competencia, en la no intervención del Estado, en el comercio exterior abierto, en la competencia y en el no control del Gobierno, así como en la libertad de precios —todo ello aplicado como plan de choque frente a una economía débil—, terminó acabando con la mayoría de la industria nacional y la agroindustria al obligarlas a competir contra productos subsidiados por los países originarios. Esta implementación se acompañó de reformas como la laboral, que cercenó las garantías de las y los trabajadores; la reforma a la salud que creó, entre otros adefesios, las EPS y convirtió la salud en un negocio, quitando el derecho a su acceso y prestación; la reforma pensional, que ha venido quitando primas y haciendo tributar cada vez más y de manera progresiva a los bajos ingresos de quienes han aportado al crecimiento del país; y la reforma tributaria, en especial la del 2019, que permite el ahorro de impuestos por 15 billones de pesos a la industria y a las personas más adineradas de Colombia. Entonces, ¿cuál “Bienvenidos al futuro”? Las y los jóvenes que hoy están en las calles saben que con la pandemia aumentamos 6 millones de personas en condiciones de pobreza, que somos 42.5% de paisanos quienes estamos en esa condición y que en la miseria ya se encuentra el 15%. Eso quiere decir que —para bajarlo de las frías estadísticas­—, de 50 millones de compatriotas, unos 23 millones de personas vive en la pobreza y otros 7 millones comen una o máximo dos veces al día. Y la soberbia del poder saca a la calle al ESMAD para que masacre, el expresidente y expresidiario autoriza a disparar, el Gobierno nacional ocupa las ciudades con el ejército y, en el colmo de la desconexión con la nación, el partido de gobierno sugirió decretar la conmoción interior. Mientras los grandes medios de comunicación, acomodando las noticias, pretenden hacer sentir más pesar por los pollos de engorde que por las escalofriantes cifras, los videos que en tiempo real circulan por las redes sociales nos muestran la cruda realidad: de acuerdo a las cifras de Temblores ONG, del 28 de abril al 18 de mayo han ocurrido 2.387 casos de violencia policial, 43 personas han sido víctimas de violencia homicida presuntamente por parte de la Policía, se han presentado 1.139 detenciones arbitrarias y 18 personas han sido víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública (por solo mencionar algunos datos que retratan la respuesta violenta por parte del Estado a la movilización social). Realmente se metieron con una generación de jóvenes que saben que no se pensionaran, que por muchas maestrías y doctorados que hagan sus honorarios no serán mayores a tres millones de pesos, que en Colombia la corrupción nos cuesta 50 billones de pesos al año, que el exfiscal anticorrupción está preso por corrupto, que no existe gabinete gubernamental sino banda para delinquir, que el “Alto” Comisionado para la Paz es el vocero de los sectores guerreristas y como tal actúa, que estamos en el mundo al revés. Saben, además, que la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría y la mayoría de los magistrados de las altas cortes de la justicia son satélite ideológico y político del partido de gobierno. Tienen en sus ojos la esperanza y la firme decisión de cambiar esto: en la movilización están convencidos y convencidas de que para vivir dignamente hacen sacrificios. Saben, con algo de angustia también, que si no se preparan para cambiar el modelo de Gaviria, Uribe, Santos y Duque… no habrá futuro.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La mayoría de protestantes en Colombia tiene rostro joven, no superan los treinta años. Son muchachas y muchachos desempleados y estudiantes que salen a la calle porque están indignados con la realidad que les tocó vivir. Tienen enojo con las élites y con los dirigentes políticos que les han querido cerrar las puertas. No se trata de percepciones subjetivas, la realidad les muestra la situación problemática en la que se encuentran. Están en un camino sin oportunidades laborales, ni de ingresos ni de jubilación; sin opciones para mejorar sus conocimientos universitarios y condenados a compartir con sus padres los pocos recursos que tienen en los hogares. En lo económico, son personas que no tienen trabajo ni oportunidades de ser enganchadas en el mundo laboral. No se les contrata porque no dominan un oficio, porque carecen de experiencia laboral, porque no saben un segundo idioma o porque no tienen una educación técnica, tecnológica o universitaria. Además, se les ha cerrado la entrada a la educación terciaria. No pueden acceder a una educación superior si no tienen recursos para pagarla. Desde hace tres décadas, con la Ley 30 de 1992, se les condenó a que cada vez menos proporción de jóvenes de bajos ingresos puedan acceder a la formación terciaria –hoy solo accede el 9% de personas de los estratos bajos–. La educación es una mercancía que deben comprar y no un derecho ciudadano. Estas personas saben que al paso que van nunca se pensionaran, pues requieren como mínimo trabajar 25 años para tener derecho a una jubilación. También saben que se encuentran en uno de los países más desiguales y miserables del mundo –Colombia ocupa el primer puesto en desigualdad en América Latina y el tercero del planeta–; y que un niño o una niña pobre del país podría tardar hasta once generaciones para alcanzar la renta media, según la OCDE. En términos de empleo, su situación es muy desfavorable. Según el DANE, la tasa de desempleo para la población joven –entre 14 y 28 años– se ubicó en el 23,9% entre enero y marzo de este año. Esto representa un aumento de 3,4 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año pasado. Situación que es aún más grave para las mujeres jóvenes, cuya tasa asciende a 31,3%. Finalmente, estas personas se encuentran en una realidad que les invita a luchar y competir entre ellas mismas; que les insiste en que aquí para sobrevivir hay que ser el más fuerte; y que les recuerda que el futuro es una construcción propia, sabiendo que ellas quieren luchar colectivamente y por un bien común. Por estas y otras razones es que salen a protestar de forma unida. Están hastiadas con el rumbo que les está tocando presenciar. Han salido a las calles a protestar. Lo hacen desde hace más de diez años, cuando en 2011 se agruparon en la MANE y en 2019 en el paro nacional para insistir en una educación pública gratuita y de calidad. Y lo hacen hoy nuevamente contra las reformas propuestas por el Gobierno nacional y exigiendo mayores oportunidades de empleo e ingresos. De allí que se puede decir que las y los jóvenes tienen razones suficientes para manifestar su descontento. Y lo están haciendo de una forma novedosa e insistente. Usan un gran repertorio de mecanismos colectivos de protesta, desde las marchas pacíficas y artísticas hasta el uso masivo de mensajes en internet. Sus manifestaciones públicas las construyen con música, danzas y coloridos murales. Son ríos de jóvenes que usan tambores y seducen con cantos a los espectadores para que se les unan con cacerolas y velas. Son personas muy estéticas: usan el arte para realizar manifestaciones creativas, logrando con ello desmarcarse de los tradicionales mecanismos de protesta violenta. Además, aprovechan su condición de ser hijos e hijas de lo digital para comunicarse con rapidez, a bajo costo y pudiendo llegar a muchas partes del mundo. Han construido una nueva ciudadanía basada en las tecnologías de la información y la comunicación. Aprovechan la hiper-velocidad que ofrece internet para, en tiempo real, comunicarse en las redes sociales. Son jóvenes que no le tienen miedo a la protesta. La sombra de la guerra la han dejado atrás. Los pactos de paz y la salida de actores armados en el país les han liberado de la estigmatización que se les daba a los protestantes. Ahora están en muchas partes haciendo escuchar sus aplazadas agendas por el bienestar social. Son seres más sensibles y con una lista de peticiones mucho más holística. Sus protestas son multipropósito: tienen en el radar la defensa del medio ambiente, el cuidado que debe dársele a los animales, la protección de los derechos de las mujeres y de las personas con diversidad sexual y de género, y el que no se sigan asesinando a líderes y lideresas sociales ni a firmantes de la paz, entre otras demandas sociales. Y tienen la ventaja de exigir asuntos concretos: educación superior pública gratuita, un modelo de renta básica que les permita a sus familias no morirse de hambre y tener más oportunidades de empleo. Además, por supuesto, de demandar una reforma de la fuerza pública para que esta no les reprima violentamente por manifestar su descontento. Todo esto les está permitiendo configurarse como un gran actor político, como una nueva ciudadanía con la que es necesario negociar de forma directa. Esta juventud no cree en los dirigentes políticos tradicionales ni en las personas intermediarias. Quiere que el Gobierno le atienda, escuche y tome decisiones. No quiere repetir la historia de hace dos años. En conclusión, los y las jóvenes de Colombia desean configurar un gran pacto que le ponga fin a la ola de violencia estatal –de la Policía– y privada, que les permita tener acceso a la educación superior –la universitaria y la posgradual–, que les abra oportunidades laborales y, con ello, les garantice mayores posibilidades de ingresos y de pensión. Luchan por abrir puertas para un futuro común, más esperanzador. Y por supuesto, no se lo podemos negar.

Por: Guillermo Segovia Tras dos semanas de iniciado el Paro Nacional, convocado desde el 28 de abril por las centrales sindicales CUT, CGT, CTC, la Federación de Trabajadores de la Educación (Fecode) y las Confederaciones de Pensionados CPC y CDP —pero sostenido en las calles y en las movilizaciones por organizaciones sociales que representan un amplio espectro de reivindicaciones—, con millones de personas en marchas y concentraciones, con más de 30 civiles muertos en medio de circunstancias en las que se señala a la Policía como responsable, con cientos de personas heridas, con daños a infraestructura e inmobiliario urbano y comercios, parece inevitable preguntarse: ¿Por qué el Gobierno, advertido de la impopularidad de la reforma tributaria y del ambiente de hastío con los efectos de la pandemia y las medidas para controlarla, se obstinó en tramitarla? Algunas respuestas a esta pregunta podrían ser: por soberbia, sobradez, alienación de la realidad, exceso de confianza en la “mermelada”, ambición o terquedad. Aunque la calificación del contenido de la reforma depende de la posición que tenga la persona especialista frente al Gobierno, algunas han ponderado aspectos que intentaban reducir las dádivas al gran capital otorgadas en reformas anteriores, cubrir el déficit fiscal y garantizar la continuidad de programas sociales ampliando el ingreso solidario creado para paliar los efectos de la pandemia en los sectores populares (con todo y su insignificancia real, pues no supera los US$ 10 al mes). Duque pretendía, en su entender y el del exministro de Hacienda, una reforma que los pasara a la historia. Todo ello ampliando el recaudo sobre la base de gravar las rentas y patrimonios de la clase media y la comida de las personas en condición de pobreza. Pero la estrategia de comunicación y socialización de la reforma, por parte de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda, en cabeza del evasivo y prepotente Carrasquilla, no promovió los aspectos supuestamente correctivos que podrían haberle ganado adeptos al proyecto, sino que, para fortuna del país, exhibió las medidas más agresivas contra los menguados ingresos de los sectores medios (hoy deslizados a la pobreza, que ya cubre al 48% de la población según el Dane) y el destino de los recursos: costear aviones de combate por 14 billones de pesos. Mientras tanto, sin vergüenza alguna, la procuradora uribista, Margarita Cabello, anunciaba un proyecto para crear mil nuevos cargos en esa hoy cuestionada entidad, que seguro compensaría los votos a favor de la reforma. Comenzar por el anuncio de gravar café, huevos, chocolate y otros productos de primera necesidad fue provocador y agresivo, especialmente cuando el propio Dane revela que 3 millones de personas han suprimido una de las tres comidas diarias. Así se fue destapando una horrorosa caja de pandora que incluía, además, impuestos a los ingresos medios ahorcados de cargas, acabar con estímulos al cine, sacarle parte de regalías bastante misérrimas a personas dedicadas a la escritura y al arte, y cobrar derechos por ceremonias funerarias en plena mortandad. De ñapa, una periodista conveniente le pregunta al entonces ministro de Hacienda cuánto vale una bandeja de huevos y este no tiene ni idea. El propio partido del presidente mostró cautela y su jefe, el expresidente Uribe, luego de mandar a sus hijos a darle línea a Duque (“lo que hay es que producir”), con la antena puesta en las próximas elecciones y en la inminente reacción ciudadana, intentó que se modificara el contenido de la reforma. Con igual olfato electorero el jefe de Cambio Radical, Germán Vargas, se vino lanza en ristre contra el proyecto de ley, no por impopular sino por inoportuno y, aunque pasó inadvertido, por afectar al gran capital inversionista. Otro tanto hizo el jefe del Partido Liberal, César Gaviria, en una escena teatral, aunque efectiva para negar el apoyo de su partido. Otros más se escurrieron y la oposición dio un no rotundo. Los gremios económicos, tanteando el caldero, sugirieron revisarla e incluso aplazar las prebendas de las que han sido objeto. Ante la desmedida amenaza a los bolsillos de profesionales, personas empleadas y rebuscadoras, las centrales obreras y aliadas no hicieron otra cosa que fijar fecha para, con este motivo, dar continuidad a la suspendida vigorosa movilización que inició el 21 de noviembre de 2019 –con su pliego reivindicativo pendiente– y que amainó luego del asesinato de Dilan Cruz (cuya responsabilidad se le atribuye al Esmad) y de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio impuestas el año pasado para conjurar los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19 (situación también manejada de forma mediocre y propagandística por el Gobierno). Pese a todo, Duque radicó la reforma. Desde el 28 de abril ha sucedido una inadvertida explosión de inconformidad contenida, con un acumulado de frustraciones, incumplimientos, desconfianzas y rabia por condiciones cada vez más difíciles de vida para millones de colombianas y colombianos. A la pérdida de empleo y de capacidad adquisitiva de la mayoría de personas se suman la incertidumbre y el temor la juventud frente al futuro, las esperas y desplantes a grupos afrodescendientes, indígenas y campesinos, la desilusión con un proceso de paz que prometió mejores días, y el reclamo a quienes desde el gobierno y la derecha lo pervirtieron (al punto que a la fecha hay al menos 270 firmantes asesinados y asesinadas, además de que a diario se asesina a líderes y lideresas sociales para contener la inconformidad y el empoderamiento en los territorios). Al reto obtuso de presentar la tributaria para negociarla en el Congreso con los partidos, bajándose de las pretensiones exageradas de recursos y las amenazas de “falta de caja” para pagar sueldos –como hizo con las anteriores propuestas cuando tenía capacidad de transacción y se dedicó a colmar de exenciones a las grandes empresas con el cuento de que generarían empleo–, el Gobierno le sumó el absurdo tratamiento de la protesta social como asunto de orden público, tratando de disuadir las manifestaciones a punta de gas lacrimógeno y protuberantes violaciones de los derechos humanos con empleo indebido de la fuerza, uso de armas no convencionales y, en la euforia represiva, al menos una treintena de muertes a bala. Colombia vive un levantamiento popular sin precedentes. En las ciudades hay permanentes y masivas manifestaciones en distintos puntos, enfrentamientos con la fuerza pública y una contención desmesurada por parte de ésta, asonadas criminales en las periferias que desde distinto origen –tribus, guerrilla urbana, delincuencia– agravan la situación y sirven a los adversarios del movimiento social y popular para desviar el foco de su poderosa demostración de indignación. En no menos de 600 municipios se han dado protestas. En las carreteras, retenes y bloqueos de pobladores y camioneros —inconformes con aranceles y peajes, y a los que el fiscal pendenciero amenaza con expropiar— impiden el paso y generan desabastecimiento. También en las principales capitales del mundo se dan expresiones de solidaridad con el paro. Atolondrado ante la beligerancia y la potencia de las manifestaciones, el Gobierno transitó errático de la oferta de negociación del contenido de la reforma al anuncio de su retiro y a la renuncia del inescrutable Carrasquilla. De esta forma, aspiraba lograr calmar a “la calle”. Sin embargo, esta previsión fue ingenua o porfiada, pues es claro que las demandas acumuladas superan el motivo inmediato del descontento y la representación del paro exige negociarlas en forma directa. En un intento por repetir la maniobra del paro anterior, Duque enroca el gabinete para poner una cara amable en Hacienda —que con el anuncio de no comprar aviones y no aumentar tributantes buscó traer calma—, llama a un “diálogo nacional”, bajo su cronograma y agenda, que pretende convertir en una convergencia de respaldo a su legitimidad y con el que busca lograr acuerdos para enfrentar el atolladero fiscal sin hacer concesiones de carácter social más allá del “ingreso solidario” (sospechosamente apreciado en posibles votantes uribistas, según las encuestas, con lo que en lugar de desactivar la movilización ratificará sus motivaciones). Obstinados en negarse a reconocer la realidad, el Gobierno, sus aliados, su partido, el líder de este y tutor del presidente buscan extravagantes explicaciones a la oleada de indignación que inunda el país para no reconocer el desastre social de Duque ayudado por la pandemia. El último embuchado grotesco de Uribe fue acudir a las elucubraciones de un fanático pronazi chileno, invitado especial e inconstitucional en escuelas de formación militar, para advertir sobre una supuesta “revolución molecular disipada”: la consumación de las profecías. Estrategia revolucionaria en la que —siguiendo el embuste teórico que podría justificar un baño de sangre— estarían confabulados los expresidentes Santos y Samper, las centrales obreras, los estudiantes de la Distrital y de los Andes, la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico, las madres de Soacha, el personal de salud, los camioneros, el Cric, ‘Juanpis González’, el ELN y los que tumbaron las estatuas de Nariño y Bolívar con los que derribaron las de Pastrana y Belalcázar. Una ofensa más —con su consabida peligrosidad— contra la gente y sus derechos provocada por la cada vez más notoria y delirante pérdida de poder del uribismo. El presidente Iván Duque tiene dos opciones para enfrentar la situación actual con miras a lo poco de mandato que le queda. La primera: ignora la movilización o intenta embolatarla para ganar tiempo e imponer un acuerdo de élites que postergue las demandas sociales y evite la posible agudización del descontento en las calles, para cuyo control acudiría a la conmoción interior y a recostarse en la ley marcial hasta terminar el periodo si los cantos de sirena de su entorno no lo tientan con quedarse para “salvar la patria”. Un triste final para el presidente más joven de Colombia hasta la fecha. La segunda alternativa: establece una negociación seria con el Comité del Paro y con las organizaciones sociales; retira los proyectos en trámite considerados como lesivos para los intereses de las mayorías (las reformas a la salud, a las pensiones y a las condiciones laborales);desarrolla una reforma tributaria progresiva y equitativa que garantice los recursos necesarios para una renta básica;ofrece vacunación pronta y eficiente contra el COVID-19; garantiza gratuidad en la educación superior y cumple con los compromisos adquiridos con el movimiento estudiantil; impulsa una reforma a la Policía y al Esmad; y se compromete con la implementación integral del Acuerdo de Paz, con no adelantar fumigaciones con glifosato, con no desarrollar proyectos de fracking y con ofrecer garantías de elecciones transparentes. De esta forma, no todo estaría perdido.

Por: Germán Valencia En el siglo primero de nuestra era, el emperador romano Flavio Vespasiano les puso un impuesto a los baños públicos, a los lugares donde la gente orinaba. Esto lo hizo con el objetivo de llenar las arcas vacías que le había dejado su antecesor Nerón. De inmediato las críticas surgieron, y con ellas la respuesta cínica que caracteriza a los gobernantes: “Pecunia non olet”, expresión latina que traduce “el dinero no huele” o no tiene olor. Esta es una situación muy similar a la que se vive hoy en Colombia. Alberto Carrasquilla –el ministro de Hacienda del gobierno Duque– ha decidido proponer una reforma tributaria; la cual le establece un impuesto a casi todo. Quiere gravar la mayoría de los productos de la canasta familiar; incluso al servicio de agua, aquella que utilizamos para lavar la ropa sucia o vaciar los baños en todas casas. Con esta propuesta queda confirmada, una vez más, lo insensible que es este gobierno frente a la situación que vive los colombianos. Lo único que le importa es el dinero, no su procedencia; como le ocurrió al emperador romano. Una acción irracional, sobre todo en un momento como estos, donde es necesario que la poca renta que tiene la población la utilicen para sobrevivir, y no para cubrir los impuestos y gastos onerosos del Estado. Una medida opuesta a la que el mismo John M. Keynes –el padre de la macroeconomía moderna y quien sacó al capitalismo de la Gran Depresión– sugiriera. Este brillante economista propuso a los gobernantes que, en tiempos difíciles o de vacas flacas, debería aumentarse el gasto público, si se quiere, endeudándose, para permitir que tanto el gasto del Gobierno como el consumo de los ciudadanos aumenten la demanda agregada. Pero una cosa es lo que sugiere la teoría y la sensatez académica y otra muy distinta la que utilizan los burócratas. Estamos ante una propuesta de reforma tributaria regresiva e injusta. Una reforma que, de concretarse, hará que el país se sumerja en crisis aún peor; sobre todo, para una población desempleada y empobrecida. Todos veríamos como la clase pobre se expande mientras el Estado se lleva los pocos ingresos que esta población tiene. Por esto, desde que se comenzó con el rumor de una segunda reforma tributaria durante el gobierno Duque, la ciudadanía ha querido manifestar su descontento e inconformismo. Para esta última semana de abril y la primera de mayo, por ejemplo, la población insiste en parar y marchar, como mecanismos para presionar al Gobierno y suspender esa posible reforma. Desafortunadamente, estas acciones colectivas se realizan en un contexto especial: en el momento más duro vivido por los colombianos en medio de la pandemia por la Covid-19. Lo cual pone en apuros a los colombianos: si salen a la calle se puede contagiar y con esto aumentar la probabilidad de muerte de ellos y las personas cercanas; pero, si no salen a la calle, se estaría dando una mala señal al Gobierno y a los políticos, que insistirán en la reforma tributaria. Sin duda, tanto el Gobierno Nacional, como regional y local recurrirán a este miedo al contagio para disuadir las marchas. Lo usarán como estrategia para reducir las protestas sociales. Serán comunes los cierres de municipios, los no permisos para marchar y la insistencia de quedarse en casa. El miedo se ha convertido en un muy efectivo mecanismo para llegar al poder, mantener el orden y realizar a su antojo lo que desea el Estado. Así ocurrió hace dos décadas, donde, debido al miedo y la rabia por las fallidas negociaciones con las guerrillas, se respaldó a un candidato –quien llegó a la presidencia– y tuvo con él mucha tolerancia frente al excesivo uso de la fuerza. Incluso se le permitió al gobierno de la Seguridad Democrática decretar en dos ocasiones el estado de conmoción interior y una vez el estado de emergencia social. Todo ello, gracias a la sensación de miedo que se construyó en la ciudadanía. Ahora, de nuevo, el miedo al contagio será utilizado como instrumento de disuasión. Se insistirá sobre lo irresponsable que será estas semanas salir a las calles y protestar. Argumento que tendrá efectos directos sobre la movilización; además, podrá servir en un futuro como instrumento de defensa del Gobierno ante la inoperancia para hacerle frente a la vacunación y el incremento de las muertes que hoy sobrepasan el umbral de las 70 mil; cifra, que valga decir, es muy cercana al número de homicidios que se cometieron en Colombia entre 2002 y 2003 (31.807 y 26.214, respectivamente). La ciudadanía, por su parte, intentará presionar al Gobierno de varias maneras. Tal vez la más efectiva e inmediata será las acciones colectivas de volcarse a las calles, a pesar del riesgo. La reforma tributaria se está convirtiendo en el mejor incentivo para unirse colectivamente y protestar. Los jóvenes están cansados del encierro y son actores atentos que cuestionan las injusticias. Se oponen a que los pocos ingresos reciben la mayoría se vayan para un Gobierno impopular. Pero parar y salir a la calle no es el único mecanismo que utilizarán los manifestantes. Desde hace rato la protesta se realiza también por los grupos de WhatsApp y las redes sociales. Durante las próximas semanas serán comunes las banderas rojas y carteles en casas y parques en contra la reforma tributaria. Serán comunes los comentarios negativos contra el Gobierno entre amigos y conocidos. Y por supuesto, sonarán las cacerolas, como lo hicieron hace un par de años. Además, dado que estamos en un año preelectoral, la amenaza de castigar en las urnas a quienes se atrevan a apoyar la reforma en el Congreso de la República se convierte en un poderoso instrumento para acabar de hundir la impopular reforma. Los ciudadanos estarán muy atentos a la forma como se comporten sus representantes políticos. Anotarán en sus libretas y teléfonos el nombre de quien no lo escuchó en 2021 y por quienes no deben votar. En conclusión, asistiremos esta semana a un momento importante de movilización social. Una que, además de las tradicionales marchas callejeras, presenciara el uso de creativas acciones. Propias de una realidad que exige, por un lado, un equilibrio entre el cuidado de la salud y las manifestaciones democráticas; y, por el otro, el uso de nuevas estrategias de comunicación para fortalecer las acciones colectivas, que van desde el comentario crítico con el vecino hasta la difusión del mensaje en la internet para que la voz ruidosa se escuche hasta en la lejana Uganda.

Por: Guillermo Linero Montes Este miércoles 28 de abril los colombianos se manifestarán en un acto de protesta contra el gobierno de Duque o contra quien manda tras él. No obstante, los medios informativos, las redes sociales y buena parte de los convocantes, entre ellos las centrales obreras, han hecho énfasis en que dicho acto de protesta tiene como objetivo obstaculizar la aprobación de la reforma tributaria; reforma que luego de leerla profunda o superficialmente, como ha demostrado el presidente Duque que no lo ha hecho, es muy fácil rotularla de antisocial. No por otra razón, cada día, más ciudadanos y más gremios se suman a la idea de una protesta pacífica; y no podría ser distinto si consideramos que la reforma pretende gravar los alimentos -en plena inactividad y crisis económica- a quienes ni siquiera tienen con qué comer y, sobre todo, cuando se sabe que el gobierno engordó las cuentas de los banqueros con la plata del erario público. Estos trabajadores y estas familias indignados, sin haber sido aleccionados, como se asegura malsanamente, están exteriorizando su deseo de protestar por la inopia en la cual los tiene el gobierno; y eso, considerando las limitantes de la pandemia, supone la idea temeraria de salir a las calles. En tal contexto, cada día y cada hora previos al 28 de abril, ha venido creciendo la audiencia en torno a la expectativa de la protesta, y ha sido tan efectivo el eco del paro -su proximidad y previsible éxito- que ha provocado la estampida de algunos cómplices naturales del presidente, como Germán Vargas lleras, la familia Char y el expresidente César Gaviria, comprometidos todos con la llamada coalición de gobierno. De modo que con la inminencia del paro la reforma empezó a perder sangre y nervios, y hoy solo queda decirles a quienes habían recibido mermelada por votarla -si es verdad lo aseverado por Germán Vargas Lleras- que se apresten a devolverla. En medio del inminente fracaso de la reforma, y en actitud infantil, funcionarios del gobierno, ahora andan diciendo que se trata de un borrador concebido, así como está, única y estrictamente para quitarle algunas cosas y modificar otras, y para hacerlo con la participación activa de los congresistas. Pero, como siempre les ocurre a los poco serios, perdieron el llamado momentum: llegaron demasiado tarde y la reforma tributaria pasó de ser la justificación central de la protesta, a ser una razón más entre tantas que se han consolidado más allá de ella. En efecto, los colombianos protestarán este 28 de abril para pedir por enésima vez, ya no al Gobierno sino a las propias fuerzas populares, hacer cuanto haya que hacer para acabar con la corrupción. También exigirán el cumplimiento integral a los Acuerdos de Paz firmados por el Estado y las Farc. Pedirán de nuevo por la defensa de la democracia y exigirán otra vez la implementación de programas de justicia social. Reclamarán por el respeto a la vida, en nombre de los caídos en las masacres, en nombre de los líderes sociales asesinados y de los desmovilizados de las antiguas Farc, a quienes sistemáticamente han venido dándoles muerte con pasmosa impunidad. Pedirán por el cumplimiento de los principios del Estado Social de Derecho, y a propósito de la ineptitud del Gobierno en el manejo de la pandemia -ya con más de 70 mil muertes y con los hospitales a punto de colapsar- exigirán el derecho a una salud digna. Los colombianos protestarán el 28 de abril para pedir por la protección de los niños, denunciando al expresidente Uribe que los quisiera ver trabajando, trabajando y trabajando; denunciando al ministro de defensa que los considera máquinas de guerra,  y denunciando a quienes han amenazado impunemente al niño ambientalista Francisco Vera, ante los ojos de la Fiscalía que no los investiga ni acusa; igualmente se protestará por el vil asesinato de tres niños en el Cauca hace muy pocos días. Con todo, en el gobierno y entre los mismos interesados en la realización de la protesta, hay en el ambiente un dilema lógico, en torno a cómo conciliar el derecho a la protesta con las prohibiciones y restricciones de la pandemia; pues, para dicha fecha habrá toque de queda y pico y cédula. La respuesta podría ser muy sencilla de no ser porque los mismos organizadores no se han puesto de acuerdo en si finalmente se tratará de un paro (cuya materialización es la suspensión de actividades laborales) o si de una marcha (que implica la reunión y movilización masiva en las calles). En el primer caso -el senador Gustavo Bolívar, por ejemplo, habla de paro nacional- las medidas de bioseguridad no se cruzarían con la protesta, pues se trataría apenas de la suspensión de actividades colectivas o de una suerte de huelga; pero, en el segundo caso, tratándose de una marcha -los sindicalistas y los maestros así la están promoviendo- implicaría salir a las calles. En este segundo caso las medidas de seguridad serían un obstáculo para la normal realización de la protesta, si tenemos en cuenta que ya están previstas medidas tan irrestrictas como el toque de queda nocturno, el pico y cédula, y la restricción al transporte público. No obstante, frente a ello las centrales obreras y Fecode, han manifestado que las marchas se realizarán cumpliendo los horarios, el distanciamiento social y los protocolos de bioseguridad. Se trata de una decisión en apariencia difícil, como es dirimir entre si es mejor poner en cintura a este Gobierno -lo cual es de interés general porque están matando diariamente a la gente- o acatar las medidas de bioseguridad por la pandemia, que también es de interés general, precisamente porque también deja muchas muertes. ¿Qué hacer entonces cuando el interés general está por encima de otro interés general? El principio de prevalencia del interés general sobre el particular es un elemento esencial y definitorio de un Estado Social de Derecho y, por tanto, aparece consignado en la Constitución Política que lo impone. Por eso, bajo semejante realidad jurídica, que se confronten dos situaciones de interés general resulta una paradoja, o la advertencia de un vacío legal. Una anomalía que, vista desde los presupuestos de la reflexión jurídica y desde el sentido común, encierra un atípico empate. Un espacio tan cerrado para la maleabilidad de las decisiones judiciales que, en el mejor de los casos esta tendría que ser una decisión típicamente salomónica. Siendo así las cosas y siguiendo el dictamen de la lógica, me atrevo a invitar –con respeto a Pares y a sus lectores- a que se manifiesten, marchen o hagan paro, quienes consideran que es peor el daño ocasionado por el mal gobierno y sus decisiones administrativas con respecto al ámbito de lo social, que el daño producido por la propagación del virus por efecto de una reunión masiva de ciudadanos. Pero aquellos, los que consideran que, siendo el gobierno de Duque malo, porque es malo, pero igual tienen por cierto que la pandemia es peor (la alcaldesa Claudia López ha dicho a propósito que las marchas o aglomeraciones son en este momento un atentado a la vida) entonces yo les aconsejaría quedarse en casa y usar el recurso del cacerolazo que es una forma de manifestarse con bioseguridad. Y a quienes consideran que no es justo salir porque el Gobierno lo está haciendo bien y además porque piensan que todo es una malsana de la oposición, a esos ni siquiera hay que explicarles nada, sino simplemente invitarlos con mucho ahínco a que se quejen ante “el Mono de la Pila”.

Por María Victoria Ramírez “Nuestras emociones decían que la minoría blanca es un enemigo, que nunca debemos hablarles, pero nuestro cerebro decía si no hablas con ellos, nuestro país arderá. Y durante muchos años más nuestro país se llenará de sangre. Teníamos que reconciliar ese conflicto. Lograr hablar con los ‘enemigos’ fue el resultado de la dominación del cerebro sobre las emociones.” Nelson Mandela Santiago de Cali, una ciudad que el 17 de abril de 2021 cerró sus puertas por cuenta del COVID, puesto que los contagios y la ocupación de las unidades de cuidado intensivo han aumentado ostensiblemente, también una ciudad que le apuesta a la reincorporación y a la reconciliación. Desde el mes pasado, estoy vinculada con la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, en cabeza del Dr. Danis Antonio Rentería Chalá y de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Construcción de Paz a cargo de la Dra. Natalí González Arce, para desarrollar y formular el Plan de Reincorporación del Distrito de Cali, con dos ingredientes, primero, el enfoque de género y, segundo, el enfoque diferencial. Mediante un proyecto que tendrá un horizonte de tiempo hasta el fin de la presente administración (diciembre de 2023), que, según el Banco de Proyectos, tiene un presupuesto en el primer año de 400 millones y alrededor de 300 millones en los dos años subsiguientes, y  tiene el reto de ser un plan que incluya a todos los reincorporados, que en Cali son alrededor de 240 personas, de tener en cuenta que éstos vienen de distintos ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) cuya mayoría se ha desplazado por razones de seguridad. La elaboración de un plan adecuado y eficaz, que garantice la reincorporación integral de los excombatientes, implica que tengan acceso a vivienda, educación, empleo a participación política y comunitaria a construir ciudad. Esto requiere que se consulten las necesidades, que se tengan en cuenta las particularidades, que se destinen los recursos humanos y financieros para logarlo. Para ello, estamos en el esfuerzo de articulación de distintas instancias: a) Con las organizaciones y/o voceros de los reincorporados b) Con otros proyectos de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana c) Con otras secretarías al interior de la Alcaldía Distrital de Cali d) Con otras entidades estatales (ARN, SENA, etc), y organismos oficiales internacionales (Misión de Verificación de Naciones Unidas) e) Con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales De acuerdo con Horacio Castro, miembro de la dirección local y departamental del Partido Comunes, enlace territorial del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), componente FARC y Responsable de reincorporación en el Valle,  en ese departamento no se contó con un ETCR por oposición de los ingenios azucareros. Y dado que, en la implementación de los acuerdos no se pensó en la reincorporación urbana, eso ha generado grandes dificultades, y lo que están viviendo hoy dista mucho de lo que se acordó. Según cifras de la ARN, en el departamento hay 500 personas reincorporadas, de ellas 240 están en Cali.  Pero advierte que la población reincorporada es muy fluctuante y se desplazan con frecuencia. Inicialmente se asumió que todos los reincorporados pasarían en bloque a constituir el partido y que la reincorporación sería colectiva, la realidad es otra. La reincorporación es mayoritariamente individual y urbana. En el Valle hay siete formas organizativas de los reincorporados, cuatro de ellas en Cali. Estas son: Corporación Departamental para la reincorporación de los Comunes Valle del Cauca (COMUNVALLE), las Manuelitas, Ciudad Paz, COOPAGROVALLE, tres cooperativas legalmente constituidas en Dagua, Buenaventura y en Tuluá. Próximamente un grupo vendrá de El Diamante, Meta y se ubicarán en Sevilla y otro grupo de Monte Redondo, Cauca a un sitio no determinado aún. Los reincorporados han reportado incidentes de seguridad en el departamento del Valle, uno de ellos fue noticia: el 13 de julio de 2020 una banda de delincuentes conformada entre 10 y 12 asaltantes, redujo a un grupo de reincorporados de “La Granja La Vaca Lola” en jurisdicción de Cali, les robó todo, dinero, computadores, teléfonos celulares, entre otros objetos.  El tema de seguridad es delicado a nivel nacional. Como miembros de dirección local del partido fueron objeto de amenaza colectiva de Las Águilas Negras, y desde entonces se solicitó en octubre de 2019 un esquema de seguridad individual para Horacio Castro y a raíz del asalto, un esquema de seguridad colectivo que aún no ha sido asignado. La UNP se comprometió a implementar un esquema de emergencia que aún no se ha materializado. En síntesis, no hay esquema de seguridad ni individual ni colectiva para proteger el Espacio de Reincorporación. Los proyectos productivos colectivos tanto de “ComunValle” como de Ciudad Paz, tienen necesidades en materia de apoyo técnico en materia de canales de comercialización para sus productos y de apoyo en la formulación de nuevas iniciativas que fortalezcan lo ya existente y les garantice la sostenibilidad. El hecho de que la mayoría de la reincorporación se esté realizando individualmente, algunos por decisión personal, lo cual es legítimo, otros por desencanto frente a las formas asociativas u organizativas ligadas al Partido Comunes, otras por haber sido víctimas del desplazamiento por condiciones de seguridad en los antiguos ETCR en los que se ubicaron inicialmente, es en mi opinión desafortunado, puesto que va directo al corazón de la reincorporación política. En estas tres semanas en las que he estado al frente del Desarrollo del Plan de Reincorporación de Cali, he podido reunirme con diversas personas e instituciones para que esta tarea sea hecha de manera participativa y sobre la base de las necesidades y la realidad de la población reincorporada. Hay que rescatar, en medio del desencanto que los reincorporados manifiestan frente a la lentitud del Estado para viabilizar la reincorporación en materia de proyectos productivos, en materia de vivienda, de educación y seguridad, que todos aquellos con los que he conversado siguen convencidos de que la paz es el camino. El compromiso del Estado colombiano tiene que honrarse. Es imprescindible que quienes dieron el paso a la vida civil, sean acogidos por la sociedad en reconocimiento por su decisión.  Ellos confiaron, pese al clima, resistencia y estigmatización al que son expuestos. En el marco de la reunión ordinaria de Mesa Territorial de Reincorporación del Valle, fuimos informados de la destinación de 500 millones de pesos para apoyo a proyectos productivos de los reincorporados del Valle. Yo he lanzado una propuesta que los proyectos que sean postulados, ojalá estén relacionados con energías renovables y eficiencia energética, por ser este tema estratégico. Sin demeritar los proyectos que hasta ahora han sido apoyados desde la ARN, es importante que los reincorporados incursionen en actividades económicas que tengan gran proyección. Hoy más que nunca, cuando la pandemia nos pone frente a retos enormes como la reactivación económica, sumado al hecho de que macroproyectos energéticos como Hidroituango, que no entró en operación en el tiempo indicado, abastecer de energía eléctrica al país de forma sostenible, pasa porque se formen profesionales, técnicos y personal en general con conocimiento y capacidad para diseñas, ejecutar y poner en marcha proyectos relacionados con energías renovables y redes inteligentes que los gestionen, y procesos de eficiencia energética. ¿Por qué no pensar que los otros hombres y mujeres que participaron del conflicto armado, y hoy se mantienen en la paz, se conviertan en militantes y gestores de la transición energética que requiere Colombia?