Por: Guillermo Linero Montes. Columnista Pares. La periodista Jineth Bedoya fue secuestrada y violada el 25 de mayo de 2000, en represalia por sus investigaciones contra una red de tráfico de armas en el centro penitenciario La Modelo de Bogotá. Desde entonces su labor de periodista, que no ha cesado, le ha permitido dar a conocer al mundo su caso y además el de muchas mujeres que por su oficio de periodistas o por su condición de género, les han violentado no solo sus derechos sino también sus cuerpos y emociones. Ante eso, que es un hecho rotundamente probado, la comunidad internacional ha respondido humana y sabiamente, premiando su valentía en el trabajo por la defensa de los derechos de las mujeres, y le ha reconocido con numerosas distinciones. Jineth Bedoya ha recibido, entre otros, el Premio CJFE, convocado por la asociación de periodistas canadienses para la Expresión Libre, en el año 2000; el Premio Mundial de Libertad De Prensa Unesco-Guillermo Cano 2020; y el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje 2012, otorgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. No obstante, desde ese oscuro 25 de mayo de 2000, Jineth Bedoya se la ha pasado también sorteando amenazas y atentados, y luego de que la justicia de Colombia poco había resuelto en su caso, decidió demandar al estado ante la corte interamericana de derechos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad encargada de enviar a la Corte IDH, la denuncia de Jineth, el Estado colombiano, sabiendo del riesgo que corría la periodista, no actuó para protegerla. Con todo, y pese al drama emocional que ello significa para cualquier víctima, el estado colombiano y su Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al parecer encabezada por un descabezado, en vez de acompañarla en su calidad de víctima, decidió de manera indolente y cobarde salir huyendo de la audiencia previa al juicio, y hacerlo tras recusar a seis de los siete jueces de la corte; es decir, acusándolos de parcialidad, que en lenguaje real significa “por estar de parte de la víctima”, como si pretendieran que la Corte IDH actuara como lo hizo el fiscal Jaimes en el caso Uribe, que eligió –contrariando lo que dice la ley y el sentido de justicia- la esquina del victimario. Al decir de Camilo Gómez, en entrevista que diera para la W Radio, y en su calidad de director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la imparcialidad de los jueces de la corte interamericana, recusados por él, se hizo evidente por el tipo de preguntas que le hicieron a Jineth, a su criterio reveladoras de una decisión ya tomada, como preguntarle qué esperaba recibir del estado colombiano. Sin embargo, y en respuesta a Gómez, el juez de la Corte IDH Ricardo Pérez Manrique, dijo en la misma emisora que: “Esas preguntas no son anormales –y agregó que- para determinar la normalidad o anormalidad de una pregunta, la corte interamericana de derechos humanos tiene más de 40 años de actuación y eso se resuelve viendo en cualquier audiencia anterior y en casos similares, cuál ha sido el tenor de sus preguntas”. La recusación de un juez colegiado de una corte internacional es, sin exagerarlo, una conducta salvajemente paria, y más en este este caso, pues fue concebida para hacer daño a la víctima y no a los jueces de la Corte IDH, pues estos no fueron los violentados sexualmente. No en vano, Jineth Bedoya, al respecto ha manifestado sentirse re victimizada, como lo escribió en su cuenta de twitter: “Los criminales me han querido silenciar todos estos años y el Estado hoy pretende hacer lo mismo. Retirarse del juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos demuestra que no tiene la más mínima intención de que haya justicia en mi caso y en los casos de violencia sexual”. En la historia de la Corte IDH, nunca antes ningún estado o gobierno les había recusado, excepto -¡qué casualidad!- la república Bolivariana de Venezuela y ahora la república de Colombia; es decir, en los 40 años de existencia de la CIDH, solo los gobiernos de Duque y Maduro -el “duquemadurismo”- se han atrevido, y no hay manera de que no sea groseramente, a recusar a más de la mitad de los jueces de la alta corte. Y no es por respeto a la tradición que ello ocurra así -que los países asociados no recusen- sino porque, habiendo sido aceptada una denuncia, como fue aceptada la de Jineth Bedoya, la corte debe proceder indefectiblemente hasta dictar una sentencia definitiva, una resolución que tendrá además la condición de inapelable. De modo que no teniendo un juez de mayor jerarquía, la Corte IDH, como ante un espejo, auto determinará si ella misma es recusable o no. Es decir, haga lo que haga Colombia, en ningún caso podrá interrumpir la continuidad del proceso en cuestión, pese a que la Corte ahora tendrá que suspender el juicio hasta nueva fecha, para decidir sobre el recurso que le fue interpuesto. De tal modo, y viendo así las cosas, la recusación hecha por el equipo jurídico de Colombia a los jueces de la CIDH, constituye a todas luces otro paso en falso del actual gobierno, tal y como si los asesores jurídicos y los abogados litigantes, enviados a representarnos ante las cortes internacionales, no conocieran los principios jurídicos elementales –prendidos casi todos del sentido común-; pues recusar o contra argumentar a la Corte IDH -no habiendo otra instancia a la cual recurrir- de nada servirá. Y menos cuando el papel de Colombia ante la corte es el de señalada por responsable; porque solo los países que han demostrado incapacidad o negligencia para resolver sus conflictos jurídicos son los llamados a comparecer ante ella. Nada tendría que hacer Camilo Gómez y su Agencia en la CIDH, si el nuestro fuera un país decente y protector de todos y de cada uno de sus ciudadanos. Así está soportado en términos de garantías el derecho penal internacional: todo lo que no puedan resolver los pueblos en sus naciones, deberán resolverlo las cortes internacionales, y cuando eso ocurra, el estado señalado no podrá esperar que tal señalamiento se oculte o se ignore, como lo ha pretendido -no me cabe la menor duda que fallidamente- el gobierno colombiano y su Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares. Es evidente que el actual Gobierno nacional quiere, antes de finalizar su mandato, cumplir con la palabra de modificar el Acuerdo Final. La insistencia en volver a la vieja estrategia de fumigar los territorios donde se cultiva la hoja de coca, evidencia su apuesta por reformar e irrespetar lo acordado y avanzado en materia de solución al problema de las drogas y los cultivos ilícitos en Colombia. El Acuerdo Final es claro en reconocer que uno de los problemas que originaron el conflicto armado está en las drogas ilícitas. Además, que esta economía ilegal es producto de las condiciones de pobreza y marginalidad que ha facilitado la vinculación de poblaciones vulnerables al narcotráfico. En esta medida, el componente militar orientado a perseguir y capturar a los cultivadores queda cuestionado como única salida para erradicar los cultivos. Esto quedó establecido en el punto cuatro del Acuerdo Final donde se identificaron y señalaron posibles soluciones en el marco del posconflicto con las Farc-ep. Una propuesta integral que plantea visiones alternas que involucra la participación ciudadana desde un enfoque territorial. Además, lo vincula directamente a la transformación estructural del campo, que se busca con la Reforma Rural Integral (RRI). El Acuerdo Final prometió un tratamiento especial a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, que son los cultivadores de las drogas —marihuana, coca y amapola— y consumidores de la misma. Al igual que generar unas condiciones de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por estos cultivos. Este propone una solución que dialoga con la reforma al sector rural; que fuera una construcción conjunta, participativa y concertada con las comunidades; con un enfoque diferencial, que considere las condiciones de cada territorio; y, finalmente, que respete los principios constitucionales de convivencia ciudadana y sustitución voluntaria. El gobierno Duque quiere controvertir la implementación del Acuerdo Final. Y, entre las estrategias adoptadas para cambiar lo acordado está en la no admisión al programa de más cocaleros; y en cambiar el estatus administrativo, al suprimir la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito (Decreto 179 de 2019) y poner el PNIS bajo la administración de la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación. Por eso, el tratado de paz propuso explícitamente programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Unos “planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades —hombres y mujeres— en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos”. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) se materializó con el Decreto Ley 896 de 2017 y el Decreto Reglamentario 362 de 2018. En el cual aparece la sustitución voluntaria de las comunidades un factor fundamental para el logro de la transformación estructural del campo y el bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por estos cultivos. Para la implementación de estos programas la norma establece la creación de espacios y acuerdos locales, que involucren a las comunidades en los procesos de sustitución voluntaria y fomenta la vinculación de las familias a estos proyectos. Así como el reconocimiento a las particularidades étnicas y sociales de las comunidades cocaleras. Igualmente, advierte de la necesidad de construir un enfoque de salud pública en lo referente a la prevención y no estigmatización de los cultivadores. Una concepción, evidentemente, muy alejada de la tradición que se tenía en el país y donde los cultivadores, recolectores y otros oficios conexos eran criminalizados. Sin embargo, una cosa es lo que dicen los acuerdos y las leyes que los crearon y otra muy distinta es lo que se viene implementando. En los últimos dos años y medio se han mostrado cómo, de nuevo, se intenta cambiar lo acordado. El gobierno actual está trabajando en revertir los avances, dejando el carácter de sustitución para convertirlo en uno de erradicación. El gobierno Duque quiere controvertir la implementación del Acuerdo Final. Y, entre las estrategias adoptadas para cambiar lo acordado está en la no admisión al programa de más cocaleros; y en cambiar el estatus administrativo, al suprimir la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito (Decreto 179 de 2019) y poner el PNIS bajo la administración de la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación. Una de las formas más expeditas de ver la involución y el no cumplimiento de lo acordado esta en la propuesta en la que hoy se insiste desde el gobierno Duque de volver a las aspersiones aéreas con glifosato como mecanismo de erradicación forzada. Esto pone en riesgo los planes de sustitución de las familias inscritas. Además, insiste en darle un papel secundario en su política de drogas; con lo cual, el énfasis estaría puesto en la erradicación, haciendo uso de la aspersión con glifosato y dejando de lado el diálogo social con los cultivadores. Siendo, lo más grave, el giro en el nivel de importancia en el eslabón a atacar. La estrategia del Gobierno es poner el cultivo de la hoja de coca como el actor a perseguir. Lo cual muestra al campesino como un actor criminal a través del enfoque punitivo de la gobernanza nacional. En síntesis, la implementación de los PNIS está evidenciando la ruptura que se tiene con el enfoque inicial del Acuerdo Final. Se está implementando un programa muy distinto al que se acordó y aprobó con la ley. Es un programa desarticulado a la Reforma Rural Integral, carente de proyectos integrales, que le falta concertación y participación de las comunidades, y con una proyección de corto plazo. Y lo peor, se está retrocediendo al utilizar la erradicación forzada, sobre la voluntaria, como estrategia central. Con esto, se está fracasando en los objetivos de la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos en el país y, al mismo tiempo, reproduciendo las dinámicas de cultura de la violencia local de manos de un Estado que se deslegitima y pierde gobernanza. Todo esto imposibilitando avanzar en la construcción y consolidación de infraestructuras locales de paz. Desaprovechando la oportunidad de implementar y ampliar un programa que bien trabajado permitiría construir capital social en el país. Pues se lograría fortalecer a las comunidades cocaleras al mismo tiempo que se mejoraría los procesos locales de concertación y participación para la sustitución de cultivos en un contexto de bajos niveles de asociatividad y cooperación.

Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares. Persiste el rumor, mantenido de manera no desinteresada por algunos medios, de que un sector de congresistas animados por el gobierno con la promesa de compensaciones atractivas, estarían dispuestos a secundar la propuesta clientelista que hace meses viene agitando la presidencia de la Federación Colombiana de Municipios, organismo que desde hace tiempo, más allá de velar por los intereses reales de los entes territoriales pone su pomposo nombre al servicio de la politiquería, de unificar períodos de funcionarios de elección popular, lo que en este momento significa prolongar el mandato presidencial y de parlamentarios a 6 años. El sustento de la propuesta es bastante oportunista, arguyendo un supuesto interés en ahorrar costos de eventos eleccionarios para paliar efectos económicos de la pandemia y alinear los mandatos territoriales con los nacionales. Tamaña coartada no se les ocurrió ni a una economía poderosa, como la de EE.UU., ni a una modesta como la de Ecuador. La democracia, en medio de todas las controversias, implica respeto a las reglas establecidas, entre ellas el fortalecimiento de un proceso de descentralización cada vez más burlado y utilizado en favor del centralismo político mafioso. Tras el frágil argumento, surge asuntos de fondo: la casi inevitable opción de que una coalición de centroizquierda se imponga en las elecciones a Congreso y presidenciales del próximo año y la crisis del uribismo, que aún con la concesión de una fiscalía amiga para pedir la preclusión de la investigación contra Uribe por manipulación de testigos y fraude procesal, por la que estuvo preso en casa por orden de la Corte Suprema de Justicia, no logra sacudirse del desprestigio del líder, más aun, cuando la JEP procesa el abominable caso de 6.402 ejecuciones extrajudiciales durante su mandato. El que el presidente no se oponga de manera enfática al rumor, como, dicho sea de paso si lo han hecho uribistas como Paloma Valencia, marcando diferencias en la crisis interna del Centro Democrático, deja percibir que la iniciativa no le es del todo ajena y que un sector de esa corriente, frente a la posible victoria de una opción alternativa, está dispuesto a impedirlo a como dé lugar. No se trata de una preocupación por la salud económica el país ni de alinear positivamente la administración, sino de impedir una opción distinta al autoritarismo corporativo que representa el actual presidente, bien disimulado con su demagogia efectista. Aún si existieran argumentos fundamentados para que el país aceptara revisar la conveniencia de ampliar el período presidencial, es obvio que no sería el momento actual, afectado por intereses evidentes de corte antidemocrático orientados a impedir que se escoja de manera libre opciones representativas de fuerzas subalternas y alternativas que se han abierto paso tras décadas de exclusión, barbarie y expoliación. ¿Alguien con dos dedos de frente cree que este subpresidente mediocre merece la prolongación de su período? La historia reciente ha demostrado que cuatro años son suficientes para que cada gobierno demuestre que es peor que el anterior, se ahogue en las aguas pútridas de los pactos criminales (pactos de Chivolo y Ralito) y llegue angustiado al fin. En Colombia a los dos años los gobiernos están con el Sol a las espaldas, de tan poca envergadura es su alcance. Que lo diga Gaviria amargado por el apagón, Samper hastiado de soportar el peso del proceso 8 mil, Pastrana rogando irse luego del fracaso del Caguán con las Farc. Dirán que eso no es así, que a Uribe se le permitió la reelección porque era providencial y necesario. Falso. Con el sofisma de la “seguridad democrática” los poderes reales toleraron que destrozara la estructura de balances y contrapesos de la Constitución, pervirtiera las instituciones y comprarse la reforma de “un articulito” para reelegirse, tras un primer período de aplausos llevando al país a la guerra en medio de ficciones periodísticas y el ocultamiento de horrores. En el segundo período, logrado a punta de compra de congresistas con puestos, embajadas y notarías, se incrementaron las violaciones de derechos humanos, los “falsos positivos”, y mediante la trampa del “estado de opinión” impuesta a los medios se mantuvo una popularidad conveniente a un gobierno para los ricos. Con trucos e ilegalidades casi le permiten un tercer período del que nos salvó la Corte Constitucional. Cuatro años eran fue suficientes para saber de qué se trataba pero lograron engatusar a la gente. Juan Manuel Santos, mañoso jugador de póker, advertido que el giro que iba a dar frente al conflicto interno y la necesidad de tiempo para redondear un acuerdo de paz no se cerró la puerta de inmediato, se habilitó para un segundo período al tiempo que promovió la reforma constitucional para cerrarla. Y más allá del acuerdo, que le dio el aire para sobreponerse a las dificultades y refrenar un movimiento social socio en la tarea, las angustias del segundo mandato en términos de realizaciones sociales tampoco lo sacan avante. En hombros de Uribe llegó Duque a quien el virus Covid19 le tendió la mano para sobreponerse a la sin salida en la que se encontraba cuando a escaso mas de un año de haber iniciado mandato, un vigoroso movimiento social empujado por los jóvenes lo tenía contra las cuerdas, en noviembre de 2019, debido al carácter antipopular de sus medidas y la marcada tendencia derechista del gobierno empecinado en dar al traste con los acuerdos de paz con las Farc y las instituciones que lo consolidan. En medio de la desgracia de la pandemia, la bendición para un mandato sin rumbo, el país dio un compás de espera. Hoy está decepcionado por la evidente y descarada preferencia por los banqueros y los grandes empresarios, una política de migajas al pequeño propietario y emprendedor que tanto promueven como disfraz de la informalidad y subsidios miserables a una población empobrecida y un manejo dependiente, errático y tardío de la vacunación y la pretensión de liderar desde la pantalla. *** Conmueve el recrudecimiento de la violencia derivado del guerrerismo que anima a buena parte de los funcionarios aupados al poder en un golpe de fortuna, jóvenes sin experiencia pero visionarios de la oportunidad y al acomodo de posición que requieran las circunstancias. De forma indignante, el ministro de defensa, que antes fue consejero de no sé qué cosa de Duque y antes director de la institución que cuida a la niñez de Santos, frente a la denuncia de que la Fuerza Aérea bombardeó niños en un ataque, de manera miserable solo atina a decir que “son máquinas de guerra”. Y lo aplauden el Ministro del Interior y los consejeros de paz, estabilización y seguridad nacional, la camada de cachorros rugientes del uribismo. No es por la maravillosa gestión adelantada que los sin vergüenzas promotores soterrados de la prolongación del mandato Duque, quieren que continúe. Está claro que son la punta de lanza de los dueños del poder y la riqueza, la vida y la muerte, que ante la inminencia de un cambio de rumbo están dispuestos a quebrarle el pescuezo a la Constitución con tal de mantenerse y no permitir reformas justas que le den un rostro nuevo a esta nación dolida. Frente a ese propósito siniestro, de abierto desconocimiento de la democracia, de desafío a una ciudadanía y un pueblo que hastiados del pasado quieren intentar un proyecto que supere la exclusión, la discriminación y las violencias propias del régimen imperante desde los albores de la república, la exigencia del momento es una gran alianza progresista que de manera contundente valide los nuevos rumbos. Lo urgente en Colombia es el cambio, no la prolongación de este remedo de democracia en la que se cooptaron todos los poderes, se simula gobernar con histrionismo y el destino del país es el interés de los conglomerados económicos y las alianzas territoriales de clanes políticos y narcotraficantes. Con las cosas así, cuatro años no solo son suficientes, son demasiados.

Por: Guillermo Linero Montes. Columnista Pares. El expresidente Juan Manuel Santos, al ser elegido Premio Nobel de la Paz en octubre de 2016, cumplía cabalmente con dos de los tres requisitos necesarios para merecer el preciado premio, tal y como lo dejó escrito en su testamento Alfred Nobel. El primero de esos requisitos, es que el optado sea una persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones. Requisito que Juan Manuel Santos poco o nada suplía. El segundo, es haber contribuido con la abolición o reducción de los ejércitos alzados. Requerimiento que Santos satisfizo al desmontar a las Farc, cuyo número de tropa y capacidad armamentística le daban traza de ejército alzado, reduciendo con ello a un 30 o 20% el número de combatientes en conflicto contra el estado). Y el tercer requisito de los establecidos por el fabricante de armas noruego, es la celebración y promoción de acuerdos de paz. Requisito que Santos saldó al firmar el acuerdo de paz con las Farc. Con todo, cuando pienso en el Premio Nobel de la Paz, y en el papel que naturalmente deben desempeñar los privilegiados que consiguen semejante reconocimiento, como es velar por la paz del mundo, siempre me pregunto por qué Juan Manuel Santos se muestra tan pasivo en dicho papel. Me explico: no se le ve en la primera fila de los debates internacionales que tratan conflictos entre naciones, precisamente donde los nobel de paz tienen mucho para hacer y dar, ni se le ha visto protagonizando críticas al autoritarismo actual del gobierno, o exigiéndole con vehemencia al presidente Duque que persiga y capture a quienes están asesinando a los líderes sociales. Sin embargo, tampoco hemos visto noticias sobre soldados mutilados por minas antipersonales y el hospital militar permanece vacío. Las estadísticas de personas asesinadas en combate contra el ejército son, gracias a su labor de pacificador, las más bajas de la reciente historia de Colombia, y es seguro desplazarse por la mayoría de las carreteras del país que antes permanecían vedadas; y, desde luego, no han vuelto a ocurrir las desapariciones extrajudiciales, llamadas “falsos positivos”. Tampoco hoy son noticias los secuestros masivos, como los realizados por las Farc antes del acuerdo; ni vivimos diariamente las angustias de percibir que la guerra en Colombia no tendrá fin. Por todas estas razones -las del apartado inmediatamente anterior- fue precisamente por lo que el comité sueco le otorgó el premio nobel de paz en el 2016 a Juan Manuel Santos. Y no existe quien tenga dudas acerca de que los miembros del comité sueco –que investigan el contexto social de aquellos a quienes piensan premiar- hayan desconocido los falsos positivos, pues para entonces ya estaban denunciados públicamente; y tampoco es creíble su desconocimiento de que Juan Manuel Santos, durante esos asesinatos extrajudiciales, era uno de los ministros de defensa del entonces presidente Álvaro Uribe, a quien hoy la comunidad de cuerdos y de entendidos le consideran responsable directo. Aun así, hay quienes piensan –en la línea de la senadora María Fernanda Cabal y del uribismo- que el nobel de paz otorgado a Santos es inmerecido, y por ello han dirigido una carta a la academia sueca solicitando que se lo retiren, arguyendo que durante su segunda campaña a la presidencia, Santos recibió dinero de Odebrecht para hacerse reelegir. Esto último, por cuenta de la reciente declaración del exsenador Bernardo Elías sobre detalles del mentado escándalo de corrupción que involucra, supuestamente, a la campaña de Santos. No obstante, dicha declaración ha sido refutada por la defensa del expresidente, dando a conocer una grabación telefónica realizada por el anterior Fiscal, donde al parecer se habla de un complot que tendrían contra él Musa Besaile y Bernardo Elías, para empapelarlo ante la justicia y desprestigiarlo ante la opinión pública. No es ni siquiera necesario conocer el contenido de dicha carta, firmada y promovida por la senadora Cabal, para saber que tiene más talante de exabrupto que de indignación sensata. No solo por los palmarios beneficios que ha dejado el acuerdo de paz impulsado por Santos, sino también porque ya el comité sueco ha fallado en situaciones similares; y así como no ha permitido que le rechacen los concedidos. De estos últimos sobresalen los premios nobel de literatura Jean Paul Sartre en 1964 y Boris Pasternak en 1958; y el premio nobel de paz Le Duc Tho en 1973, tampoco ha retirado premios otorgados. Al nobel de literatura de 2019, por ejemplo, el escritor austriaco Peter Handke, le acusaron ante la academia sueca por sus continuos panfletos antisemitas y por su defensa de los genocidas en la ciudad de Bosnia durante el año de 1995, y nada pasó. Del mismo modo el nobel de medicina James Dewey Watson, fue acusado de racismo tras decir en una entrevista que los negros eran menos inteligentes que los blancos; y aunque fue despojado de todos los títulos honoríficos que había recibido en vida, no le quitaron el premio nobel que recibió en 1962 por sus estudios sobre el ADN. Pero, tal vez, el caso más diciente sea la petición que hicieran ante el comité sueco organizaciones de derechos humanos para que le fuera retirado el premio nobel de paz a la líder del gobierno birmano, Suu Kyi; porque, al decir de su gente, se ha hecho la de la vista gorda ante el atropello que les causan de continuo los militares a las mujeres y niños de su pueblo y porque ha negado el genocidio de las minorías musulmanas. Con todo, y pese a que dicha petición ha sido respalda por varios premios nobel de paz, la respuesta del comité sueco ha sido negativa, aduciendo que los premios nobel, hasta ahora, no se les han concedido a ninguno por lo que haya dejado de hacer después de la fecha de entregado el premio, sino por lo que haya realizado antes de que se le entregara. De tal manera que Juan Manuel Santos es merecedor del premio nobel de paz, por lo que hizo específicamente con el desmonte de la Farc y por la firma del acuerdo de paz, y no lo es por lo que dejó de hacer en otros asuntos o por lo que hizo en términos de acción política perversa, si lo hubiera hecho. De tal suerte, es muy predecible que el comité sueco va a responderle a la senadora Cabal y a los uribistas, con un grandísimo NO.

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares. La ciudadanía está cansada de la inoperancia con que actúan algunas de las agencias estatales encargadas de vigilar, investigar, controlar y castigar los malos actos de los funcionarios públicos en Colombia. Para ella resulta desalentador ver como graves actos de corrupción y despilfarro del patrimonio público, como los ocurridos en el sistema de salud o las inversiones en los sectores de infraestructura y energético, se cierran por parte de las ias —Fiscalía, Procuraduría o Contraloría— sin sancionar a nadie. Lo que la lleva a pensar que se tiene un sistema político donde no es posible castigar las malas actuaciones de los funcionarios estatales. Afortunadamente la ciudadanía cuenta con la rendición de cuentas, entre otros mecanismos, para hacerse escuchar y poder cuestionar las conductas inapropiadas de los funcionarios públicos. Este instrumento se ha convertido en un valioso derecho que tienen los ciudadanos y en un deber de los administradores de lo público. La democracia representativa está construida sobre dos pilares: el poder soberano del pueblo y la idea de la delegación. Así lo mostraron los padres de la democracia representativa, como John Locke, John Stuart Mill o James Madison, quienes defendieron el poder que tienen los ciudadanos, el pueblo, para exigir la rendición de cuentas a sus representantes. Un modelo simple pero potente lo ofrece el llamado Principal-Agente; que sirve para explicar cómo opera y debería operar el sistema de delegación de funciones en la sociedad. El modelo parte por suponer una situación donde una Principal o mandante, delega en un Agente o mandatario la realización de una tarea. El Agente actúa como representante del Principal, realizando una serie de funciones; delegación de tareas que conllevan, tanto al uno como al otro a una serie de derechos y responsabilidades. Este sencillo modelo permite observar cómo en una democracia representativa, el ciudadano (Principal) tiene el derecho a delegar tareas, y, al mismo tiempo, el deber o responsabilidad de realizar seguimiento o monitoreo al administrador público (Agente). El ciudadano tiene derecho a recibir información oportuna, precisa y de calidad; y de manera consecutiva, poner el ojo crítico en el actuar del funcionario para detectar incumplimientos a los contratos pactados y el deficiente desempeño. Por su parte, el funcionario público, Agente, tiene la obligación de informar de manera detallada sobre el resultado de su desempeño; ofrecer al ciudadano información sobre lo que hizo y qué resultados obtuvo, y a actuar con honestidad, transparencia y eficacia. La rendición de cuentas exige entregar información, para que la ciudadanía tenga claro los objetivos, los recursos, las acciones y los logros. Información que debe ofrecerse con cortesía, respeto y confiabilidad en los datos. De esta manera se logra estimular la responsabilidad del gobierno, al cumplir el deber de rendir cuentas. También el funcionario público tiene el derecho a contar, exponer argumentos y justificar su conducta ante un superior: el pueblo. Cuando el Agente no hace bien su trabajo, el Principal tiene la responsabilidad de castigarlo. Con esto se reconoce que el poder de sancionar que tiene la ciudadanía sobre el administrador público. El objetivo del castigo es cambiar las acciones oportunistas —engaños, incompetencias o errores—. Entre los mecanismos usados para el castigo está el tradicional uso del voto, castigo electoral, que puede darse o en las próximas elecciones para que no sea reelegido o apoyado su partido, o en las consultas que se hace de revocatoria del mandato. Si el gobernante actúa mal el votante tiene la posibilidad de subir a otro en las próximas elecciones, y así estimular la rendición de cuentas del gobierno. Igualmente se puede recurrir a la denuncia ante la opinión, a cambios en la agenda de las políticas y a las sanciones penales y administrativas. Hay que insistir que cualquier ciudadano puede detectar responsabilidades e iniciar un proceso de rendición de cuentas. El sistema democrático concibe esta actuación como una especie de descentralización del control, una especie de cámara de vigilancia que está presente en cualquier esquina. La vieja idea griega del gobierno de todos se puede materializar en la actualidad cuando veamos un ciudadano activo, que participa y mantiene una actitud crítica. De esta manera la rendición de cuentas se ha convertido en la manera de pensar y vivir la democracia. De allí que el administrador público debe ver la rendición de cuentas como una buena oportunidad para construir confianza y gobernabilidad, conductas que tendrán efectos positivos en las próximas elecciones o en lo que resta de su mandato político. En conclusión, la rendición de cuentas aporta a la construcción de una ciudadanía activa o si se quiere cívica, que está dispuesta a realizar actividades complementarias a las que realizan las agencias del Estado; pues no basta con ejercer el derecho al voto cada cierto período, el ciudadano está obligado a pedir cuentas, a evaluar resultados y a controlar los abusos del poder. Se ha convertido también en la forma como hoy se lucha contra el individualismo y egoísmo, como una manera de unir a los ciudadanos para trabajar conjuntamente en la búsqueda de objetivos comunes y, a la vez, de unirnos y ponernos a discutir. Finalmente, la rendición de cuentas se convierte en uno de los tratamientos para controlar la corrupción y aumentar la confianza en el gobierno, crear gobernanza.

Por: María Victoria Ramírez. Columnista Pares. Me niego rotundamente A negar mi voz, Mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente A dejar de ser yo, A dejar de sentirme bien Cuando miro mi rostro en el espejo Con mi boca Rotundamente grande, Y mi nariz Rotundamente hermosa, Y mis dientes Rotundamente blancos, Y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente A dejar de hablar Mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente A ser parte de los que callan, De los que temen, De los que lloran. Porque me acepto Rotundamente libre, Rotundamente negra, Rotundamente hermosa. «Rotundamente negra». Poema de Shirley Campbell. Escribo este artículo en medio del torbellino de actividades en las que todas las activistas del mundo, a pesar de la pandemia y de las violencias que contra las mujeres se han exacerbado en este año, impulsamos para conmemorar el 8 de marzo, y decirle al mundo que estamos empeñadas en romper el paradigma de la discriminación. La historia de la lucha de las mujeres para vencer el machismo y la misoginia es larga. El 8 de marzo es un día para reflexionar, para hacer memoria y para levantar la voz. Y quiero recordar que, en este territorio de Risaralda, durante décadas, las mujeres hemos trabajado con ahínco para que se reconozca nuestro aporte en la sociedad y para que no se nos trate como ciudadanas de segunda. Muy diversas organizaciones y redes han sido protagonistas de esta gesta transformadora en los últimos treinta años, menciono algunas de ellas: La Alianza por los Derechos de las Mujeres, la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Red de Mujeres de Risaralda, que en diversos momentos de la historia feminista de la ciudad de Pereira y de Risaralda han promovido los derechos de las mujeres desde distintos ángulos. Unas promoviendo los derechos sexuales y reproductivos, velando por la garantía del acceso la salud sexual, a la prevención del embarazo adolescente, del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura, digna y oportuna; otras exigiendo que el conflicto armado interno no las siga afectando de forma desproporcionada y cruel, que se visibilicen delitos como el aborto forzado, la violación y la esclavitud sexual por parte de los grupos armados legales e ilegales. Otros grupos de mujeres han impulsado la participación política de las mujeres y la promoción de las leyes que garantizan una vida libre de violencias para las mujeres y las niñas. Quiero recordar, muy especialmente, como la Red de Mujeres de Risaralda, junto con la Alcaldía de Pereira recolectó en 2006 miles de firmas, en tres puntos de la ciudad: Plazoleta Ciudad Victoria, Parque Guadalupe Zapata y Colegio de Tokio en Villa Santana, en el marco de la campaña Sin Mi Puño y Con Mi Letra, que consistió en la firma de un pacto masculino de no violencia contra las mujeres y las niñas. Los hombres firmaban el compromiso de usar su puño para respetar los derechos de las mujeres. El mensaje que quería enviar la Red a toda la sociedad pereirana era que la violencia contra las mujeres y las niñas es inaceptable, intolerable, inadmisible, injustificable y, además, es un delito. Ese mensaje sigue teniendo vigencia hoy, 15 años después. Porque cuando una mujer es violentada en cualquiera de sus formas: física, sicológica, económica o sexualmente, es un claro ejemplo de discriminación, es la consecuencia de considerar el cuerpo de las mujeres como un objeto que puede ser vulnerado. El concepto de discriminación está sustentado en La Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado colombiano mediante la ley 051 de 1.981, que en su Artículo 1, la define así: A los efectos de la presente Convención, la expresión «discriminación contra la mujer» denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Y agrega en su Artículo 2: Los Estados Partes… se comprometen a: b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; “A lo largo de estos años, ha habido decisiones judiciales que protegen nuestros derechos como la de la Corte Constitucional declarando dando vía libre a la interrupción del embarazo en tres causales violación o incesto, cuando está en riesgo la vida de la gestante y cuando hay malformación del feto que lo hace inviable. Igualmente, las leyes que han propendido por las cuotas en los órganos de poder o las que impulsan que haya más mujeres ejerciendo profesiones que antes les eran vedadas. Todas ellas en la dirección de otorgarnos la dignidad de la cual somos titulares: “i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). ii) como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien), iii) como intangibilidad de los bienes no patrimoniales , integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones)”. Sentencia de Tutela T-881-02. Magistrado ponente Eduardo Montealegre Lynett. Recordemos que existen muchos niveles de transformación y que debemos empezar, como dice la Convención a “Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”. Hago un homenaje a todas esas activistas defensoras de los derechos de las mujeres, a las que se reclaman feministas y a las que no, con las que tengo el honor de compartir el trabajo por la igualdad de oportunidades para las mujeres de esta ciudad y del país, todas desde distintos ángulos luchamos por un mundo más justo. Mi homenaje en esta ocasión, más que un discurso político o unas palabras de gratitud quiere ser una dedicatoria artística. Revisando en mi biblioteca encontré un bellísimo libro sobre las pinturas de Renoir. Para mis compañeras de lucha y para todas aquellas que creen en la humanidad de las mujeres, dedico mi pintura favorita de este impresionista: Las grandes bañistas, realizada entre 1884 y 1887 y que se encuentra en el Museo de arte de Filadelfia, Estados Unidos. En primer plano hay tres mujeres desnudas, dos a la orilla de un arroyo, la otra, de espaldas, sumergida hasta las muslos; parecen conversando distraídamente en una actitud que demuestra absoluta tranquilidad y que no alerta sobre ningún peligro. Ese cuadro es una buena representación de la libertad interna y externa a la que tenemos derecho todas las mujeres del mundo.

Por: Guillermo Linero Montes. Columnista Pares. Ante los fundados rumores acerca de la inminente solicitud de la fiscalía para que se declare la preclusión del proceso penal contra Álvaro Uribe Vélez, proceso por manipulación de testigos -y porque saltan a la vista las intenciones de la presidencia de la república, de la fiscalía general de la nación y del fiscal encargado del caso, de proteger a su jefe de partido- muchos ciudadanos, más indignados que confundidos, quisieran saber si la fiscalía es un ente acusador o si por el contrario es un ente defensor. Una indignación ciudadana entendible, si consideramos la acostumbrada carga de impunidad que suele acompañar al ex senador Uribe en cada caso penal abierto en su contra, y de la cual la gente ya está verdaderamente hastiada. De hecho, “en la actualidad existen sin avanzar casi 60 investigaciones abiertas en Colombia contra Uribe, que van desde homicidio hasta compra de votos. Catorce se encuentran en la Corte Suprema y otros 45 en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”. Y ni qué decir, de los 6.402 nuevos líos penales que se le avecinan por haber participado -ya fuera por acción u omisión- en el asesinato extrajudicial del mismo número de jóvenes. Lo curioso es que dicha preocupación ciudadana –saber si la fiscalía es un ente acusador o defensor- no es producto de la incultura jurídica, cuya respuesta ameritaría una explicación académica; si no del sentido común, cuya respuesta es tema en cada cruce de esquinas. En efecto, los ciudadanos esperan una sola cosa: que la fiscalía –ceñida a sus dos funciones esenciales como son investigar y acusar- investigue y acuse al ex senador Uribe y en consecuencia facilite su judicialización. Los ciudadanos no esperan ver lo que están viendo: a una fiscalía concentrada en preparar la defensa del exsenador y en estudiar fórmulas para que los jueces lo absuelvan; sino a una fiscalía velando por la protección de las partes, en este caso por la integridad física y moral de las víctimas y no debilitándoselas como asegura el senador Iván Cepeda que está ocurriéndole. De tal suerte, movidos por el sentido común, los ciudadanos de a pie no creen, ni remotamente, que el fiscal encargado del caso en cuestión, Gabriel Jaimes, esté procediendo en justicia. Y esto es así, sencillamente porque los delitos penales, en este caso la manipulación de testigos (delito del exsenador Uribe) y el prevaricato (delito del fiscal Jaimes de llegar a solicitar la preclusión del caso), saltan a la vista en su condición de anómalos e inarmónicos. De hecho, todo acto que atenta contra el bien jurídico es tan notorio como lo es el ruido producido por una vajilla que se rompe. De modo que la respuesta a esos ciudadanos indignados, es que en efecto, tal y como lo establece la ley o la constitución, la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito. Así como está obligada a presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público; pero no podrá en consecuencia -como reza en la misma constitución- suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, porque de hacerlo, incurriría en prevaricato. Una cosa es que la fiscalía tenga el cuidado de no elevar escritos de acusación basados en pruebas falsas o ilegítimas, y otra cosa es que desconozca pruebas ya recopiladas, estudiadas y validadas por una incuestionable autoridad como lo es la Corte Suprema de Justicia, y que lo haga, como ahora lo está haciendo, en desobedecimiento al principio de celeridad de la justicia. Tal vez ignore el fiscal Jaimes cómo además del derecho –que para su interés le otorga las ventajas de la preclusión- cuenta también la justicia; y el derecho debe soportarse sobre los principios que esta les determina. Por fortuna la justicia no está totalmente en manos de los fiscales, sino en manos de los jueces –que a mi juicio no están en manos de los poderosos- y las garantías procesales de nuestro sistema jurídico permitirán, haga lo que haga el fiscal Jaimes, que el exsenador Uribe, tarde que temprano sea juzgado debidamente. El camino está apenas por recorrer.

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares. El mes pasado la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- publicó el Auto 033 de 2021, relativo a las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, conocido también como el proceso de los falsos positivos. En este Auto se dio a conocer la escalofriante cifra, entre 2002 y 2008, de 6402 asesinatos de civiles a manos de la Fuerza Pública; lo que significa que durante siete años de forma continua se mataron por día a, en promedio, tres personas. Este es el tercero de los siete macrocaso priorizado por la JEP, en el cual se investiga el fenómeno criminal de las ejecuciones extrajudiciales. Fenómeno que ocurrió, en su mayoría, en los departamentos de Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. Y que tiende a convertirse en el mayor escándalo de violanción a los derechos humanos, en la historia reciente de la Fuerza Pública colombiana. Aunque las investigaciones sobre el macrocaso apenas empiezan, la importancia de este Auto 033 está en las posibilidades de discusión que abre; en especial, en los temas sobre el origen de las conducta irregular y reprochable de la Fuerza Pública en torno al conflicto armado, y sobre las sanciones propias que deben imponerse a los máximos responsables de actos atroces. Investigaciones que nos ayudarán a conocer la verdad y avanzar en la línea de construir las bases para corregir conductas que no deben repetirse jamás. Entre los muchos aportes que pueden realizar el caso de los falsos positivos están: primero, advertir sobre la conducta oportunista que pueden tener cualquier actor, incluso, los que prometen cuidar la vida de las ciudadanos; y segundo, invita a pensar con más rigor el diseños de incentivos para la Fuerza Pública, a fin de no crear estímulos perversos que permitan, entre otras situaciones, promover el asesinato de civiles. En cuanto a reconocer la conducta oportunista de las personas, lo que debemos hacer es aceptar que las personas buscan objetivos, y para lograrlos muchas veces engañan, actúan con dolo y alevosía, causando daño a otros agentes, incluso a terceros que no tienen nada que ver con su tarea. En otras palabras, se supone que las personas, al intentar conseguir lo que se proponen, explotan la situación en beneficio propio, incluso actuando de manera perversa con los otros; realizando esfuerzos deliberados por engañar, distorsionar, disfrazar, confundir y complicar la toma correcta de decisiones. Frente a los incentivos, digamos que son todos aquellos estímulo externo que incitan o motivan a los agentes −ya sea individual o colectiva− a realizar una determinada tarea. Son estímulos otorgados por un agente decisor con el fin de modificar los actos en otros; buscan que las personas se esfuercen en alcanzar determinados objetivos, así, por ejemplo, en una empresa aumentar la productividad. Estos incentivos son, por lo general, positivos y económicos: se le entrega dinero, ayudas, bonos, subsidios y sueldos temporales, o también bienes materiales como casas o servicios como viajes. El sistema de incentivos a la Fuerza Pública generó una conducta irregular perversa. Fueron incentivos que llevaron a los militares a asesinar a civiles, presentándose como muertes “legítimas” en combate. Se comportaron como actores oportunistas, que vieron en la tarea misional, de capturar o dar de baja en combate a un enemigo, la ocasión para llenar sus bolsillos o conseguir condecoraciones (una conducta típicamente egoísta). Precisamente, así fue que se diseñó el sistema de incentivos que propició la conducta oportunista de los varios de los integrantes de la Fuerza Pública en Colombia durante la política de Seguridad Democrática. Se ofreció a los militares que por cada captura o por cada muerte de un guerrillero en combate se le haría un pago de recompensas. Se habla en las indagaciones que se han tenido hasta el momento, que estos iban desde altos pagos monetarios y viajes al exterior hasta simples permisos para descanso por un par de semanas. Aunque el objetivo del incentivo era alcanzar resultados operacionales visibles y contundentes frente a la guerra, lo que hicieron finalmente fue generar conductas perversas. La entrega del incentivo a la Fuerza Pública exigía presentar prueba de efectividad, tanto físicas como en número (Directiva Ministerial 029 de 2005). Esta directriz incentivó a los militares a pensar en las distintas estrategias para poder conseguir la recompensa: o bien capturar muchos guerrilleros o bien darles de baja. La estrategia utilizada para conseguir efectividad la han dado a conocer los mismo uniformados acusados e interrogados por las agencias del Estado. El procedimiento era conseguir personas vulnerables, generalmente campesinos o habitantes en situación de calle, quienes, a través de engaños, eran reclutados para trabajos inexistentes y luego eran asesinados, disfrazados de guerrilleros y presentados como muertos en combate. A cambio de esta “efectividad operacional” se les entregaba toda clase de beneficios (felicitaciones privada o públicas, verbal o escrita, permisos especiales, premios y distintivos, entre otras); resaltando, entre los más determinantes en los falsos positivos, las “condecoraciones de servicios distinguidos”. Entre más efectividad presentaran los oficiales mayores eran los premios en cumplimiento del deber que se le entregaban. Se ha dicho en las audiencias judiciales que si se reportaba una cifra de 150 muertos esta era muy similar a la de 500 combatientes capturados. Lo que claramente significa para Human Rights Watch que era más valioso dar de baja que producir capturas. Y ante integrantes de la Fuerza Pública, que se comportan como agentes oportunistas, lo más procedente para maximizar ganancias ocasionales fruto de su servicio era presentar un cadáver. En definitiva, el sistema de incentivos a la Fuerza Pública generó una conducta irregular perversa. Fueron incentivos que llevaron a los militares a asesinar a civiles, presentándose como muertes “legítimas” en combate. Se comportaron como actores oportunistas, que vieron en la tarea misional, de capturar o dar de baja en combate a un enemigo, la ocasión para llenar sus bolsillos o conseguir condecoraciones (una conducta típicamente egoísta). La experiencia del proceso de los falsos positivos hace necesario partir siempre por reconocer la conducta oportunista de las personas, a la vez de la importancia del buen diseño del sistemas de incentivos. Es necesario pensar en Colombia en cambios institucionales para evitar acciones indebidas y que no vuelva a repetirse esta situación. Un sistema de premios y castigos que desestimulen las acciones dañinas que puede tener el Estado contra terceros. Un sistema de premios para aquellos que actúan con sinceridad y honestidad, y grandes castigos para personas que actúan como oportunistas con dolo. No se puede permitir que de nuevo aquellos que juraron proteger la vida, termine por acabarla.

Por: María Victoria Ramírez. Columnista Pares. Hay que volar en este tiempo ¿a dónde? sin alas, sin avión, volar sin duda: ya los pasos pasaron sin remedio, no elevaron los pies del pasajero. Hay que volar a cada instante como las águilas, las moscas y los días, hay que vencer los ojos de saturno y establecer allí nuevas campanas. Ya no bastan zapatos ni caminos, ya no sirve la tierra a los errantes, ya cruzaron la noche las raíces, y tú aparecerás en otra estrella determinadamente transitoria convertida por fin en amapola. Soneto XCVII de la obra Sonetos de amor de Pablo Neruda. El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se estrenará en la sala de la Asociación teatral Blanco y Negro la obra Peregrinas. Varias cosas que destacar en este estreno. En primer lugar, que es un montaje bajo la dirección de Alonso Marulanda Álvarez, un hombre con 43 años de experiencia en las artes escénicas, comprometido con los temas de paz, con exaltar el papel de las mujeres en la sociedad y darle a la cultura el lugar que se merece en la ciudad de Pereira y en el departamento de Risaralda. En segundo lugar, que la sala también se estrena en medio de la pandemia y en un sector de alta conflictividad social: la Comuna de Villa Santana, en el Barrio Las Brisas, lugar en el que confluyen población, afrodescendientes, indígenas y mestizos, además de desplazados por la violencia, entre otros grupos. Con lo cual el mensaje de este lanzamiento es muy poderoso. Desde los barrios populares de la ciudad se puede construir una oferta cultural que le hable a la ciudad de Pereira y al país, que la descentralización de la cultura, si se apoyan este tipo de iniciativas, es posible, es necesaria, es urgente. Que la cultura es un instrumento para construir cultura de paz y convivencia en los territorios. Que las artes son herramientas para la reflexión, para la reconstrucción del tejido social e, incluso, para la reactivación económica de la ciudad. El tercer ingrediente interesante de este estreno y de la sala en la que tendrá lugar es que se encuentra a unos 100 metros de la estación del Megacable, que es el sistema de movilidad eléctrica que está próximo a inaugurarse en la ciudad de Pereira. Un espacio cultural como la sala de teatro Blanco y Negro hará parte de la oferta que podría volver interesante tomar el cable y desplazarse hasta un punto de la ciudad al que muchos antes no habrían pensado ir, además está junto a un pequeño parque que se quiere intervenir para que se convierta en una Galería a Cielo Abierto. Esta estación del Megacable le dará, sin duda, un gran impulso al sector y, tanto la gerencia del Megacable como la Alcaldía de la ciudad deben aprovechar este escenario para propiciar iniciativas empresariales, culturales, gastronómicas y de otro tipo que beneficien a este sector. Pensarse, por ejemplo, que las cabinas del cable que ya empiezan a ser parte del paisaje urbano, además de transportar pasajeros, sean un escenario para la poesía, para el teatro, para la música. El con el Megacable empezaremos a volar la ciudad, nuestra perspectiva va a cambiar porque la miraremos desde otro ángulo, ya no con los pies sobre la tierra. Pero es también una apuesta política importante hacia modos de transporte menos contaminantes, menos ruidosos y más seguros. Muy afortunado que Peregrinas, una obra que rinde homenaje a seis mujeres grandes: Manuelita Sáenz, Manuela Beltrán, Policarpa Salavarrieta, Alba Lucía Ángel y María Mercedes Carranza, al pie del Megacable, nos provoque con la siguiente frase: “Una mujer no debería gatear cuando tiene el impulso para volar”

Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares. Deshonroso que contar cadáveres body count haya sido una estrategia de guerra, tratándose de enemigos reales, en la medida en que se ha demostrado su inefectividad, verbigracia Vietnam. Horroroso que se hubiera adoptado de manera tan irresponsable (o macabra) que permitió que los incentivos para propiciarla llegaran a tal laxitud perversa que propiciaron el asesinato de miles de civiles pobres para contarlos como guerrilleros muertos en combate. Criminal que se premiara la muerte. Miserable que se practicara sin pudor. Y cínico que, en evidencia de la tragedia generada, en lugar del arrepentimiento y el perdón derivado, el máximo responsable político de esa barbarie y sus seguidores, regateen las cifras para defender que fueron menos los “falsos positivos” -al fin y al cabo no eran nadie dirán desde su clasismo y desprecio-, que las fuentes son reconocidos adversarios en trance de desprestigiarlo, que sí eran guerrilleros desaparecidos, que son ardides de la izquierda, que la JEP es enemiga. Como parte de las negociaciones de Paz de La Habana con las Farc, en el acuerdo sobre justicia, fue concertado incluir el tema de las ejecuciones extrajudiciales (denominación técnica jurídica internacional), hábilmente denominados “falsos positivos” (truco enunciativo), cuya comisión se imputa a miembros de las Fuerza Pública en el marco del conflicto armado. Con anterioridad, la justicia penal ordinaria venía procesando a los presuntos responsables bajo el delito de homicidio en persona protegida. En el marco de sus competencias, la Justicia Especial para la Paz dio a conocer, los criterios que regirán la investigación y juzgamiento del macrocaso 03 (son 7 los que lleva en la actualidad) “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado”. Los primeros hallazgos denotan una práctica general y sistemática: “por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. El 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo.” Aclara la JEP que en este caso “la estrategia de investigación adoptada por la magistratura consiste en ir de “abajo hacia arriba». De esta forma, primero se identifican los partícipes determinantes y máximos responsables a nivel local. Posteriormente, y con base en la construcción fáctica y jurídica realizada en esos primeros peldaños, se determinará si hay y quiénes son los máximos responsables a nivel regional y nacional.” El anuncio provocó la inmediata y airada reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez, presidente del país en el período investigado, sus copartidarios del Centro Democrático y militares en retiro, además de un atemorizante video del comandante del ejército advirtiendo la reacción de espíritu de combate de sus hombres frente a las “víboras” que los amenazan, con lo que se refería, según les dijo a los medios, sin lograr convencer, a los grupos ilegales. Uribe atacó de nuevo a la JEP como hechura de las Farc, cuestionó las cifras pues para él no son más de 2 mil y reivindicó las acciones de su gobierno cuando los rumores sobre asesinatos de jóvenes para presentarlos como bajas a cambio de fines de semanas, permisos y plata pasaron a ser escándalo nacional así como lo éxitos de su política de seguridad, hoy cuestionada frente a sus costos institucionales y humanitarios. Esas medidas fueron recomendadas por el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, una vez los resultados de las investigaciones internas lo convencieron de la catástrofe en curso, y asumidas con reticencia por su jefe. Santos, quien luego como presidente firmara la paz con las Farc, ha ofrecido comparecer ante la JEP y la Comisión de la Verdad para contar lo que conoce. Uribe elude tal posibilidad que sería una gran contribución a reconciliar el país, si lo hace de forma transparente. Para infortunio de Uribe, el respaldo a la JEP es cada vez mayor dentro y fuera del país, que alguien patalee sobre número de asesinatos estando en juego su responsabilidad política repugna, las cifras se han ido incrementado con los años y la JEP acudió, además de ONG, a las fuentes más fiables del Estado. El propio Ministerio de Defensa registra 3.500, familiares de las víctimas siempre han citado más de 5 mil y publicaciones de exmilitares creen que podrían llegar a 10 mil como también la oficina de derechos humanos de la ONU. Lamentable fue el contrapunteo del expresidente con Luis Miguel Vivanco representante de Human Rights Watch a quien ante la imposibilidad de contradecir o refutar con sus cifras y hechos acomodados lo calificó de forma estrambótica de “miembro de las Farc”. Indigna, además, que cual autoridad pública, y aun así no lo podría hacer, exija que se demuestre caso por caso las ejecuciones extrajudiciales, petición grotesca a la que se sumó el gobierno Duque a través del “Comisionado para la Paz”, en lugar de tener un gesto de desagravio con las víctimas y respetar el fuero de la justicia. Las razones de la reacciones de Uribe y séquito son claras. Si bien el Acuerdo de La Habana excluyó de comparecencia ante al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición a los expresidentes, lo que sería inocuo si la Corte Penal Internacional halla méritos para encausar a alguno, no está exento de la responsabilidad política que lo cubre como comandante constitucional de la Fuerza Pública, el haber liderado con agresividad cuartelaría la política de “Seguridad Democrática” y sus desmanes y la forma estigmatizadora, provocadora e inhumana como trató las denuncias sobre estos hechos: “no estarían recogiendo café”, “son secuestradores y bandidos”, “otro frente de las ong”. De otra parte, su estrecha relación con altos mandos militares comprometidos en distintas investigaciones con un pasado de alianzas con grupos paramilitares y masacres, con muchos de los cuales adelantó su política contrainsurgente, y el trato que les dio una vez involucrados en las denuncias, caso del General Mario Montoya -de quien dicen que pedía “no litros sino ríos de sangre”- a quien, obligado a renunciar al ejército por Santos, Uribe designó en un cargo diplomático, demuestran su indiferencia con lo que pasaba en los cuarteles y su desdén por los derechos humanos, cuyas denuncias de violación siempre achacó a “enemigos de la patria”. La ruta que seguirá la JEP en el caso de ejecuciones extrajudiciales le da munición al expresidente para entrar de nuevo a pelear por la abolición de esa jurisdicción antes de que siga avanzando, propósito que parece carecer de posibilidades de éxito. Lo trasnocha que, tal como está ocurriendo con las Farc en el caso de secuestros y magnicidios, y estas aceptaron, las imputaciones impliquen a los altos mandos y que a los más de 2 mil comparecientes militares se sumen otros cientos ante la irreversibilidad del proceso y la favorabilidad de las penas, a cambio de verdad, justicia y reparación. Como bien lo relató María Jimena Duzán en “Santos. Paradojas de la paz y el poder”, el asunto preocupaba a tal punto a la jerarquía militar que ante la revisión de los acuerdos de paz y unas precisiones sobre aspectos relacionados con la responsabilidad, estuvieron a punto de dar al traste con ellos la noche previa a su segunda firma en el Teatro Colón el 26 de noviembre de 2016. Buscaban imponer dos puntos que, ante su insistencia resuman ambigüedad pero son insostenibles ante el Estatuto de Roma y el Código Penal: la exculpación del alto mando y la inclusión del enriquecimiento ilícito -incluida plata derivada de los “falsos positivos”- como delito conexo. Esto último no se aceptó y de comprobarse excluiría al compareciente de la JEP. Asombra que aún un sector significativo, bajo la fe ciega en el liderazgo autócrata de Uribe, en lugar de repudiar la práctica de las ejecuciones judiciales las minimice, tergiverse la función de la JEP para deslegitimar su ejercicio y justifique todo en la disonancia mental de que con tal de derrotar a la guerrilla así se hubiera acabado con el país y que el acuerdo de paz fue una entrega a las Farc, negándoles a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y el compromiso de no repetición y a Colombia una oportunidad. Las “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado” son una demostración extrema de ambición, crueldad, maldad, odio y cinismo que se promovió explícita o implícitamente desde el gobierno y altos mandos y trató de manejarse en la impunidad con el paso del tiempo, la desidia y el letargo conveniente, y a veces la complicidad, de la justicia ordinaria. Ahora se intenta sabotear un proceso que les haga justicia a las miles de víctimas y a su memoria. Las ejecuciones extrajudiciales bien habrían merecido un capítulo especial en el enjundioso, cuestionador y apabullante ensayo de Mauricio García Villegas “El país de las emociones tristes”, para “una explicación de los pesares de Colombia desde las emociones las furias y los odios”. El fracaso de su enjuiciamiento por la JEP, por las muchas acechanzas que lo rodean, sería la herida fatal a una paz que, en juicio del acendrado analista Francisco Gutiérrez Sanín, balbucea hecha trizas como constatación de un nuevo ciclo de violencia y cuya salvación sería la derrota política contundente del uribismo.

Por: Guillermo Linero Montes. Columnista Pares. La política de puertas cerradas, que implica la toma de decisiones -por cuenta de unos pocos y ocultos de otros muchos- a la luz de principios como la trasparencia es inaceptable en el mundo moderno; pero sobre todo, hoy resulta impráctica, pues el poder de las redes sociales pareciera atravesar paredes. Cuando se trata de reuniones políticas, las puertas cerradas tampoco son de la aceptación de los representantes de las bases populares; pues en dichas sesiones hay espacio tan solo para los poderosos. Igual es inconsecuente con los periodistas, que bien pudieran registrar el desarrollo de unas conversaciones o discusiones políticas de interés público, sin desmedro de la autonomía de los reunidos y del respeto por sus decisiones particulares. No en vano se dice que las puertas cerradas son el espacio ideal para la intransigencia; de hecho, tras ella los de afuera, los excluidos, nada pueden convenir. Cuando el Estado hace negocios y toma decisiones a puertas cerradas -pensemos en Duque y en el contrato de las vacunas- genera desconfianza y un ámbito propicio para la impunidad. Por ello las reuniones a puertas cerradas y las consultas oficiosas deben celebrarse sólo en casos muy excepcionales, como cuando un líder político se encuentra enfermo y no se le ha determinado la afección padecida. Las puertas cerradas no conjugan con el ejercicio de lo público, incluida la política, pues ellas implican la privacidad, que no es un asunto de la democracia. La condición natural del concepto de puertas cerradas, es la exclusividad; y en tal suerte, en un mundo de tan pocos participantes, toma fuerza el narcisismo y el ambiente se torna en un verdadero infierno, semejante al ambiente de la pieza teatral de Sartre, titulada A Puerta Cerrada, que es precisamente la crítica a una sociedad donde la gente se guarda todo para sí, porque no se soporta a los otros: todos quieren ser Ubú Rey. Por el contrario, las puertas abiertas son sinónimo de cultura y modernización. No es frívola esta invitación del influencer de innovación y tecnología Enrique Dans: “Si te gusta la política de intrigas palaciegas, de puertas cerradas, de despachos con lobbies y de ocultación o «dosificación» de la información a los ciudadanos, entonces tu sitio es el siglo pasado, no este”. En Colombia estamos acostumbrados a los acuerdos de paz entre bandos violentos y el estado, que también es violento. Tales acuerdos son de claro interés general y su único fin es la paz. De modo que, por involucrar asuntos de seguridad nacional, es entendible que dichos acuerdos, en buena parte requieran ser llevados a cabo tras las puertas cerradas. De la misma forma, porque nuestra cultura electoral es de alianzas politiqueras, también estamos acostumbrados a los pactos entre partidos y élites políticas, que son acuerdos de interés particular o de grupo, y su fin está centrado en expectativas de provecho electoral. Estos pactos, por la sola razón de ser particulares, se firman a puertas cerradas. Normalmente dichos acuerdos –los de partidos y élites políticas- cuando ocurren a puertas cerradas dejan la sensación o el imaginario de que tal vez las partes firmantes estuvieran cuidándose de no ocasionar beneficios colaterales a sus copartidarios; y se encerraran, precisamente, para no compartir la almendra de sus expectativas, si llegaran a obtener las riendas del gobierno. Por fortuna para la democracia, y gracias al auge y eficacia de las redes sociales, tras los sonados casos de corrupción en Colombia, por parte de los candidatos presidenciales oficialistas más recientes (me refiero a Andrés Felipe Arias, a Iván Zuloaga, a Juan Manuel Santos y a Iván Duque) nadie duda que las puertas cerradas y el silencio, se deben a la falta de honradez en los negocios políticos (casi todos cargados de coimas y traiciones). Igualmente nadie, absolutamente nadie, piensa o imagina siquiera que las reuniones a puertas cerradas se deban a que estén preparando sorpresas para los pobres, como aumentarles el salario mínimo, crear subsidios para desempleados o implementar la educación pública gratuita. En épocas preelectorales, cuando se calienta o dinamiza el juego político, unos partidos se compactan y otros se resquebrajan. La mayoría de ellos reorganizan con avaricia sus fuerzas y en dicha etapa excluyen el debate sobre las propuestas de programa, y se ocupan de las discusiones sobre la asignación de jerarquías de poder, que de llegar a gobernar tal o cual partido, se traducirían en definidas cuotas políticas. De semejantes estrategias pre electorales han dado cuenta los estudiosos, pues no son una invención criolla los pactos y las componendas. La abogada e investigadora de ciencias políticas Ana Benito, en un estudio sobre “los pactos, las alianzas electorales y las trashumancias”, advirtió que “la capacidad de negociación no siempre se pone al servicio de la gobernabilidad democrática, sino que puede reforzar el proceso de institucionalización perversa”. Es decir –eso explica también Benito- se promueve más el desarrollo del establishment político (el “cómo compiten» y sacan provecho de ello las élites políticas) en detrimento del establishment institucional (el «cómo colaboran» en beneficio de la colectividad). Pero ¿de dónde viene la idea de convenir a puertas cerradas? Aunque esa es una conducta natural muy antigua, en el contexto de nuestro presente nacional tiene una causa y explicación puntual. Los liberales y los conservadores, históricamente de esquinas opuestas y negados a transigir sus principios, cuando vieron acabado el Frente Nacional (acuerdo político que con saña criminal limitó la participación ciudadana para que en las contiendas políticas únicamente compitieran los partidos liberal y conservador) continuaron transando a puertas cerradas estrategias para mantener lo plantado de fondo en el mentado acuerdo, como era que la izquierda y las fuerzas políticas afines -que no el temor a un golpe militar como argumentaron sus promotores- carecieran de opciones legales para llegar al poder. No obstante, pese al fin del Frente Nacional y a la nueva Constitución del 91 -dos hechos que viabilizan la participación ciudadana y la opción democrática en las contiendas electorales- la inercia en las costumbres políticas ha conducido a estos partidos al continuismo fundado en la exclusión. Y no otra cosa ha seguido haciendo sin tregua la derecha por intermedio de los gobiernos que ha promovido e impuesto, como este último de Duque, menos legítimo que legitimado. En fin, gobiernos de una alta fidelidad a las políticas de derecha, que son capaces, como ya lo hicieron con la Unión Patriótica, de eliminar por completo a un partido de izquierda. Por lo anterior, es apenas lógico que tales pactos -habiendo perdido legalidad el Frente Nacional- se hayan tornado en “acuerdos cerrados explícitos” (de componendas) cuando no en “acuerdos cerrados implícitos” (de hipocresías). Este último tipo de pactos, los implícitos, suelen ser los más peligrosos; pues no requieren firmas ni palabras, y sus puertas cerradas son invisibles. Sus protagonistas suelen actuar como ya ocurrió en las elecciones de 2018 cuando luego de la primera vuelta algunas fuerzas políticas, derrotadas en sus aspiraciones presidenciales, decidieron negarle el apoyo a Gustavo Petro en la segunda vuelta; y lo hicieron argumentando con lógica obtusa -o cargada de malsanía- que tal decisión no tendría por qué favorecer a Duque, como naturalmente lo favoreció.

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares. No hay semana que finalice en Colombia sin que se tenga noticia de, al menos, un asesinato de los 13.196 firmantes de la paz de las Farc. La semana pasada fue José Paiva Virguez, en Puerto Concordia, Meta; en la anterior le quitaron la vida a Leonel Antonio Restrepo, en Cañasgordas, Antioquia; y hace tres a Juan Carlos Correa, en San Andrés de Cuerquia, Antioquia. En total van diez firmantes de la paz asesinados este año; lo que significa un promedio de uno cada cinco días. Según la Misión de Verificación de la ONU, entidad que ha tenido la triste tarea de contabilizar estas cifras, mostraba al finalizar el año 2020 como, desde la firma del Acuerdo Final de paz en noviembre de 2016, las muertes violentas de excombatientes eran de 248; distribuidas así: dos en 2016, 31 en 2017, 65 en 2018, 77 en 2019 y 73 en 2020. Lamentable calvario al que hay que agregarle los diez que van este año y los 55 intentos de homicidios y las 20 desapariciones en los cuatro años desde la firma de la paz. De allí que, con junta razón, la Misión de Verificación de la ONU, al igual que el Instituto Kroc y otras organizaciones nacionales e internacionales interesadas en la paz del país, coincidan en afirmar que el principal problema de la implementación del Acuerdo Final esta en las agresiones y homicidio de los ex rebeldes. Es una dinámica de violencia que continúa día a día contra la población desmovilizada; situación que amenaza con convertirse en el más sustancial detonador de una nueva ola de terror en el país. Los primeros en reaccionar ante esta macabra situación han sido los mismos integrantes de las desmovilizadas Farc. El año pasado, luego del incremento alarmante de muertes, los firmantes de la paz, sus familias y los que los apoyan salieron a las vías públicas a decir ¡NO! a estos asesinatos. Esta población realizó una peregrinación hacia Bogotá, llamada “Por la paz y por la vida”, como forma de manifestar su rechazo, de visibilizar el problema y de encontrar respaldo en la población. Esta peregrinación, que culminó el seis de noviembre de 2020, sirvió para que diversos organismos del Estado se comprometieron a tomar medidas para la protección de la vida de los marchantes. Además, fue un momento propicio para hacer balance sobre los aciertos en las acciones de protección y las fallas que se han tenido. Entre lo que ha funcionado se destaca el mecanismo de autoprotección colectiva que la comunidad exfariana ha adoptado. La concentración de, al menos, 2500 miembros en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación –ETCR– y Nuevos Puntos de Reincorporación –NPR– ha sido una buena estrategia para evitar ser asesinados. Los informes muestran que las muertes en estos espacios han sido menores y las que las ocurren se dan cerca de los espacios, no dentro de ellos. De allí que se recomienda al Estado poner mayor empeño en cumplir lo acordado en temas de reincorporación económica y comunitaria. Igualmente, se reconoce la importancia del acompañamiento de la comunidad internacional al proceso. Este actor ha cumplido un papel muy valioso para la seguridad de los excombatientes; por medio de la Misión de Verificación de la ONU se ha mantenido la presión al Estado colombiano para que preste sus servicios de seguridad pública en torno a los espacios de reincorporación colectiva. Además, con sus informes trimestrales al Consejo de Seguridad de la ONU se han logrado identificar los riesgos a que están expuestos los excombatientes en el país. Por el lado de las fallas se encuentra, en primer lugar, la falta de protección a los desmovilizados. Muchos líderes y lideresas que están al frente de los procesos de inversión que conlleva la implementación del Acuerdo Final han sido asesinados. Crímenes que faltan por ser investigados; pues los organismos de seguridad encargados de investigar los móviles y responsables de la violencia homicida contra los firmantes de la paz se encuentran ralentizados. Es muy poco lo que conocemos como colombianos sobre estos asesinatos. Los primeros en reaccionar ante esta macabra situación han sido los mismos integrantes de las desmovilizadas Farc. El año pasado, luego del incremento alarmante de muertes, los firmantes de la paz, sus familias y los que los apoyan salieron a las vías públicas a decir ¡NO! a estos asesinatos. Esta población realizó una peregrinación hacia Bogotá, llamada “Por la paz y por la vida”, como forma de manifestar su rechazo, de visibilizar el problema y de encontrar respaldo en la población. Imagen: Pares. En segundo lugar, también viene fallando la sociedad civil. Los colombianos no estamos cumpliendo con la palabra prometida de proteger la vida de los firmantes de la paz y alejarlos de las dinámicas de violencia en las que estaban inmersos. Nos falta mucho en los temas de valoración del esfuerzo que hicieron los excombatientes al dejar sus armas; no hacemos grandes esfuerzos en trabajar en una cultura para la paz y la no violencia; son pocos los actos de perdón y reconciliación; y, finalmente, hay una indiferencia colectiva frente al asesinato de estos ciudadanos. Es inconcebible que todo un país, a pesar de la ayuda de la comunidad internacional, no sea capaz de cuidar y preservar la vida de las 13.196 personas que han decidido dejar atrás las armas y apostarle a la construcción de la paz. Por ello es necesario realizar mejores tareas, tanto del Estado como de la sociedad, en la protección de la vida de los firmantes de la paz. Se requiere con urgencia tomar medidas para brindarles garantías de seguridad a los excombatientes, sus familias y comunidades aledañas para evitar que se siga contabilizando muertos. De parte del Estado, es necesario en este año preelectoral, entre otros asuntos, poner especial cuidado a la protección de los líderes del Partido de los Comunes y diseñar esquemas de seguridad para las sedes del partido y sus consejeros; además avanzar en la prevención, protección, seguridad y judicialización en 522 municipios donde se asientan los excombatientes. Y desde la sociedad civil, debemos trabajar más en estar atentos con los procesos de reincorporación, y la seguridad de los gestores de proyectos, los cuales se han convertido en presa fácil de los violentos, debido a la visibilidad de sus actividades. En definitiva, el asesinato de excombatientes en Colombia está generando efectos devastadores, tanto para el sistema político como para la implementación del Acuerdo Final. Se está provocando con estos actos un debilitamiento del sistema democrático y desaprovechamiento de las grandes oportunidades que ofrecen los desmovilizados, tanto porque se pierde a un líder o lideresa comprometido con trabajar y a ejercer oposición política, como porque se asesina a una persona dispuesta a contribuir al esclarecimiento de la verdad del conflicto armado, la justicia, la reparación y no repetición. Invito a leer el texto El asesinato de excombatientes en Colombia donde expongo con más detenimiento esta situación.