Por: Guillermo Linero Montes. Columnista Pares. Ante el anuncio de un “pacto histórico” promovido por la izquierda y la élite de centro izquierda, me pregunta un lector por qué el target de tal pacto es el uribismo; y entiendo que se refiere a cuáles son los pecados que hacen objetivo a ese movimiento de semejante rechazo. En respuesta, me salta a la memoria el pacto político denominado Frente Nacional, con el cual no se buscaba cerrarle la opción a una dictadura militar –como lo aseveraron sus firmantes Alberto Lleras Camargo del partido liberal y Laureano Gómez del partido conservador- sino cerrarle el paso a las tendencias políticas de participación popular, a la izquierda y al denominado centro izquierda. Con el llamado Pacto Histórico, anunciado la semana pasada por los principales partidos o fuerzas de izquierda, como entre otros, los sectores alternativos, los progresistas, los socialdemócratas y los liberales, se pretende devolverle el poder a la gente; pero, paradójicamente, para lograrlo hay que vencer especialmente al uribismo. Y ¿cuáles son los reparos al uribismo, como para que todos, en una maniobra de “urgente necesidad” nos demos prisa en derrotarlo? Sin duda alguna su traza de partido adscrito –yo diría que naturalmente- al fascismo, con el cual coincide en principios y características. Los uribistas, como los fascistas, profesan un nacionalismo en estado de alerta; soportado en el “amor a la patria”, pero regida por militares o de estilo militarista (“dolor de patria” es una frase eslogan de su líder único). En tal panorama, el presidente o quien mande a este, es el padre de la gran familia del estado. Por ello, a los uribistas, cuando se trata de distribuir los cargos públicos les calza el nepotismo y el amiguismo. El uribismo, igual al fascismo, se opone al capitalismo, pues detestan a los ricos sueltos –aquellos que no hacen parte de la corporación- y aunque defienden la clase trabajadora, porque la necesitan, se oponen a las ideas comunistas y/o de izquierda, como la lucha de clases y las reivindicaciones proletarias. En efecto, así como el fascismo profesaba el racismo, el uribismo promueve el odio a izquierdistas y comunistas (castrochavistas les llaman ellos) e incentiva las diferencias de clase haciendo énfasis en “la gente de bien” y en “los vagos”; aunque los primeros –“la gente de bien uribista”- no dé la talla cognitivamente, y los segundos, “los vagos mamertos” la den incluso estando sometidos a un sistema que con mil excusas les descuenta el estudio (prueba de esto, son los estudiantes que obtuvieron puntaje perfecto en las pruebas Saber 11). El uribismo, como el fascismo, le rinde culto a la personalidad de su líder, cuya característica esencial es la repugnancia a la pluralidad de ideas. Por eso sus militantes más fanáticos, como Andrés Felipe Arias, Iván Zuloaga y casi toda la bancada del Centro democrático, imitan la articulación vocal y la entonación del expresidente Uribe, y por eso mismo conminan a los medios de comunicación a multiplicar sus demostraciones de rendimiento al poderoso. El uribismo, semejante al fascismo, persigue con bota autoritaria a quienes no guardan la línea predeterminada por quien detenta el poder. De ahí la sensación de que todos sus militantes y simpatizantes se mueven como borregos. Para no ser expulsados, han de seguir la línea. El uribismo, parejo a las prácticas fascistas, arregla todo problema aplicando la represión, haciendo uso de la violencia, propiciando el miedo a la autoridad y el culto al policía o al soldado violentos: por eso, ante las manifestaciones en Bogotá, el 12 de febrero de 2020, no vacilaron en “soltar los caballos” y dieron muerte a 13 manifestantes; y ante la crisis social del Chocó, por ejemplo, a Duque se le ocurrió multiplicar el pie de fuerza policial desconociendo la espeluznante pobreza de sus habitantes como la principal y quizás la única causa de tales problemas. Calcando al fascismo, el uribismo procuró y logró el control de los medios de comunicación y promueve una escolaridad mediocre, y una vocación religiosa soportada más sobre su manipulación política de los curas, que por amor o temor a Dios. El uribismo, tal como las organizaciones fascistas lo hacen, defiende sus valores e impide con violencia la promoción de otros. Es tanta la necesidad propagandista de los gobiernos fascistas, que invierten en campañas de publicidad, que les sean eficaces no importando el alto costo de estas y hasta se procuran programas de televisión (ejemplo de esto es el millonario costo pagado por el gobierno para mejorar la imagen digital de Duque). El uribismo, parejo a los modos del fascismo, para no enfrentarlos en franca lid, prefiere buscar la forma de hacer ilegal a sus contrincantes políticos, como lo consiguieron al negarle la personería jurídica al movimiento de izquierda más populoso de la historia, la Colombia Humana. Como el fascismo, el uribismo y su gobierno guardan fidelidad al principio nazi del totalitarismo: “El Estado domina todas las áreas de la vida pública y privada, ejerciendo férreos controles en todos los ámbitos. Así, el Estado interviene en todo y unifica todos los poderes bajo el control de un solo sector político y su ideología. Desde esa posición de poder, el Estado dicta y arbitra las leyes, dirige al poder militar, regula la economía, controla la educación y los medios de comunicación, opina y norma sobre la vida privada, la sexualidad, las creencias religiosas, la familia, etc.”.

Por: Guillermo Segovia. Columnista Pares. Este domingo 14 de febrero al mediodía, en su tradicional tono amarillista, la directora de medios digitales de la revista Semana, Vicky Dávila, anunció en la emisión en vivo, una noticia de último momento: “Exclusivo: el ELN tiene listo un plan armado para Defender a Nicolás Maduro. El documento está en manos de las autoridades colombianas y fue diseñado por el ELN ante una eventual agresión militar de EE.UU.” En medio de un forzado diálogo con Yesid Lancheros y Diego Bonilla, los otros dos periodistas que la acompañaban en la presentación de la “exclusiva periodística”, y el ofuscamiento propio de un anunció decidido a última hora, la periodista expuso que habían obtenido un informe confidencial de inteligencia que mostraba como se había “planificado esta información”, lapsus que prologaba una nueva salida en falso, pero para nada inocente jugarreta de manipulación. Se trata de un “refrito”, como se denomina en el argot periodístico, una nota trasnochada vuelta a publicar, acerca del supuesto apoyo que contingentes del ELN darían al gobierno de Maduro desde el interior de Venezuela frente a una eventual intervención estadounidense. Con el transcurso de la “chiva” (noticia exclusiva) quedó en claro que es el mismo informe que se hizo circular a comienzos de 2019 cuando en una conferencia de prensa el asesor de seguridad de Trump, John Bolton, dejó ver en su libreta de apuntes el número 5 mil asociado a Venezuela y se dedujo que se trataba del contingente que actuaría para sacar a Maduro del poder. Como pudo, la presentadora explicó que aunque la “exclusiva” no era de actualidad para ser noticia si lo era por su gravedad aun estando yerta en los archivos. El asunto es que elementos clave del contexto del informe variaron de tal manera que la excitación de los periodistas con su “extra” no tiene explicación distinta que ingenuidad, y no lo son. El propósito de la orden superior, es tratar de incidir en asuntos políticos y geopolíticos, como es evidente en la orientación editorial de derecha desde que el Grupo Gilinsky, al final de un accidentado proceso, se hizo a la propiedad total de la otrora reconocida revista y se volcó al mundo digital. De bulto asoma que “el informe confidencial” o pretende, como parece ser el objetivo por las ya varias publicaciones antecedentes referidas a guerrillas y países vecinos, presentar al ELN como una poderosa organización militar, o los periodistas carecen de un mínimo criterio como para no advertir que en caso de la eventual intervención, Venezuela cuenta con unas Fuerzas Armadas robustas y, según fuentes de ese país, más de un millón de milicianos, con lo que una participación de guerrilla colombiana sería accesoria. Asombrada y sin inmutarse dice Vicky que el “Plan de contingencia en frontera” está asesorado por India, Siria, Rusia, China y Turquía, sin aportar evidencia de cómo se combina esa mescolanza. De otro lado, en EE.UU. hubo cambio de presidente y, si bien la posición frente al gobierno Maduro parece no variar, es indudable que la Casa Blanca explorará otras alternativas. Todo lo que deja el especial en un novelón. Llama la atención, eso sí, que el fracasado show antecediera a un informe especial de Noticias Caracol TV, dirigido por Juan David Laverde, sobre la reacción, hace unos meses, de los militares al mando de la oficina de ciberseguridad del ejército ubicada en Facatativá, cerca de Bogotá, al allanamiento practicado por la Corte Suprema de Justicia en la investigación por las interceptaciones ilegales y “perfilamientos” contra funcionarios del gobierno Santos vinculados a las negociaciones de paz, organizaciones no gubernamentales y varios periodistas, entre otros. La información que dio pie a esa investigación fue publicada en exclusiva, en mayo de 2020, por la antigua Semana bajo la firma del renunciado, perseguido y muy prestigioso periodista Ricardo Calderón y el director anterior Alejandro Santos. En menos de un año la revista pasó, de investigar y denunciar los abusos de la inteligencia militar a publicar su propaganda. Los propósitos de la actual dirección de Semana -en cuya administración además tiene peso el uribismo- de consuno con la posición de la extrema derecha frente al proceso de paz con las Farc, posibles diálogos con el ELN y las relaciones con Cuba y Venezuela, se evidencian en la seguidilla de “informes especiales” basados en documentación “confidencial de inteligencia” publicados en lo corrido de este año y ya refutados de diversas formas ante las protuberantes inexactitudes, conjeturas y desinformación. El informe acerca que el ELN tiene listo un plan armado para Defender a Nicolás Maduro, se trata de un “refrito”, como se denomina en el argot periodístico, una nota trasnochada vuelta a publicar, acerca del supuesto apoyo que contingentes del ELN darían al gobierno de Maduro desde el interior de Venezuela frente a una eventual intervención estadounidense. Con el transcurso de la “chiva” (noticia exclusiva) quedó en claro que es el mismo informe que se hizo circular a comienzos de 2019 cuando en una conferencia de prensa el asesor de seguridad de Trump, John Bolton, dejó ver en su libreta de apuntes el número 5 mil asociado a Venezuela y se dedujo que se trataba del contingente que actuaría para sacar a Maduro del poder. Imagen: Pares. Abrió el año con la portada “Cuba: el dossier secreto” (16.1.2021 Edición 2018) que, como comentamos en columna anterior, convirtió los informes de seguimientos de inteligencia militar a actividades públicas de simpatizantes de Cuba, cubanos residentes en el país desempeñando diversas ocupaciones y labores de divulgación de la embajada, en demostración de injerencia y adoctrinamiento. En retaliación a Cuba por no extraditar dirigentes del ELN protegidos por protocolos acordados por la administración Santos y convalidados por cinco países, el gobierno Duque promovió la inclusión de la isla como protectora del terrorismo por Trump. Dos semanas después publicó “Los archivos de Uriel” (30.1. 2021 edición 2020) en los que desliza un video facilitado por la Fiscalía, según ésta parte del monumental archivo en pc incautado, en el que el abatido cabecilla de ELN “Uriel” da a conocer pistas de una supuesta financiación al candidato de izquierda en las elecciones presidenciales del Ecuador, Andrés Arauz. A raíz de la publicación, la Fiscal de ese país -afín al gobierno actual- solicitó al de Colombia colaboración que este prestó raudo en publicitado vuelo. Pero poco a poco, la explosiva noticia se convierte en embuchado: un ornitólogo identifica el canto de un ave nativa del sur del Ecuador en el video supuestamente grabado en las selvas del Chocó, se refiere a Arauz una semana antes de que fuera escogido como candidato y la reunión de la Internacional Progresista (que agrupa a intelectuales y líderes de izquierda como Noam Chomsky) en la que supuestamente se entregó el dinero fue virtual. Todo un fiasco. Para no perder el hilo, en la edición 2021 (6.2.2021) con el título de portada “En la mira”, otra “exclusiva”: fotografías en apariencia de los dirigentes de la autodenominada “Nueva Marquetalia”, sector de las Farc desertor de los acuerdos de paz, quienes tendrían al mando la impresionante cifra de 5 mil hombres, casi la mitad de los activos firmantes de los acuerdos, reclutados en menos de dos años. De nuevo, sin descartar la presencia guerrillera del otro lado de la frontera, histórica e imposible de control como lo demuestra la denuncia misma, es notorio el objetivo de acrecentar el pie de fuerza de esas agrupaciones. Más allá de que al Grupo Gilinsky las cifras de suscriptores parecieran darle la razón en el viraje sensacionalista y derechista, las subsecuentes noticias falsas o tergiversaciones, algunas tan evidentes y burdas que se descuenta lo torvo del propósito, apuntan a que se ha convertido en el medio de divulgación de filtraciones de inteligencia consecuentes con la posición del gobierno y del partido de gobierno orientadas a dar sustento a la posición de imponer una solución militar al conflicto, cerrar las puertas al diálogo con el ELN, provocar reacciones de Venezuela, tensar las relaciones con Cuba y oponerse a un eventual gobierno de izquierda en el Ecuador. Escenario parecido al que dejó Uribe en 2010. Como apuesta por la continuidad en el poder, aparte del manejo de la vacunación por Covd19 y de las ayudas agenciadas para atenuar la crisis generada por la sindemia, un escenario beligerante en el interior y en las fronteras, construido con el apoyo de algunos medios, de nación agredida por una conjura “castrocavista”, unas guerrillas agrandadas mediáticamente al efecto y una izquierda a la que busca a toda costa desprestigiar, puede generar réditos electorales. De paso no falta en el alto gobierno y sus mentores la ilusión ególatra de ver convertida a Colombia en líder anti progresista regional, desde una posición ambigua ante el mundo de recoger frutos de los acuerdos pero desdecir en los hechos la filosofía de la paz. Semana optó por esa vocería.

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares. La semana pasada, entre el 8 y el 12 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CorteIDH– escuchó en audiencia pública a las víctimas de la Unión Patriótica –UP– y al Estado colombiano, en torno a la responsabilidad de este último en las masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, tentativas de homicidios, hostigamientos, exilios, atentados y amenazas que sufrieron los primeros desde su creación en 1985. Este importante encuentro hace parte de los varios momentos que las víctimas de la UP han tenido que recorrer para conseguir, algún día, sanar sus heridas. La historia comenzó a mediados de la década de 1980, cuando se formaron como partido político. Debido al contexto en que surgieron como organización y la cercanía inicial que mantuvieron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc-ep–, la mayoría de sus líderes políticos fueron asesinados. En menos de dos años (1985-1986) alrededor de 1600 integrantes quedaron exterminados, entre ellos, 145 concejales, 15 alcaldes, 11 diputados y tres senadores. Número de muertes que creció hasta llegar a 4153 asesinados, y que fueron contabilizados por el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe Todo pasó frente a nuestros ojos, el genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002. La lamentable situación llevó a las víctimas de la UP en 1993 a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la barbarie del Estado en su contra. Con esto se inició un largo proceso de justicia internacional, donde esta semana se obtuvo uno de los mayores logros. El Estado colombiano, en cabeza de Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, reconoció la responsabilidad “por violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, al reconocimiento de persona jurídica, a la libre asociación, a la libertad personal, a la libertad de circulación, a los derechos políticos y a las garantías judiciales y protección judicial”. Este importante paso se dió luego de surtir dos grandes etapas. La primera inició en 1994 con la “Búsqueda de una solución amistosa” y finalizó en 2006, cuando el Gobierno de Álvaro Uribe desechó esta opción. Y una segunda, llamada de Fondo, que se abre en 2007 y que se extiende hasta la actualidad, la cual se caracteriza por los alegatos, las audiencias públicas y entrega de informes orales y escritos, en los que las partes hacen escuchar su voz y los demandados se defienden o aceptan responsabilidades. Las audiendiencias de esta semana ante la CorteIDH sirvieron para que las víctimas narraran de nuevo las tristes historias vividas en torno al asesinato de sus familiares y amigos. Fueron cuatro jornadas en las que se atendieron los distintos argumentos: las víctimas de mano de los abogados, fueron escuchadas, al igual que los peritos y expertos que presentaron evidencias y opiniones alrededor al asunto. Allí se presentó abundante información sobre la manera como los diversos agentes del Estado operaron sistemáticamente en esta macabra historia de exterminio. De allí que el victimario viera pertinente actuar con cordura. Por respeto a las víctimas, la defensa del mismo no instigó sus versiones; en su lugar las acompañó en su dolor y lamentó lo ocurrido; y el último día, el director de la agencia que defiende al Estado, rechazó “enfáticamente los actos de violencia cometidos a las víctimas, sobrevivientes, militantes y familiares de la UP, que no solo causaron un inmenso dolor a los afectados, sino que generaron un daño invaluable a la democracia colombiana”. Reconociendo su responsabilidad en, al menos, 219 miembros del partido políticos de la UP. Sin embargo, esto no es suficiente: las víctimas de la UP esperan mucho más. Saben que este es un reconocimiento parcial, los sacrificados se cuentan por millares. Además, desean que se avance en conocer la verdad, obtener justicia, recibir reparación real y simbólica, y trabajar en la reconciliación y en las garantías de no repetición de estos trágicos hechos. Como víctimas quieren que se les respete su honra y dignidad, pues se les acusó de comunistas, terroristas y enemigos del Estado y de la sociedad, sabiendo que lo que querían era participar políticamente y fortalecer el sistema democrático. En síntesis, fueron atacados sus derechos de pensamiento, de expresión y de asociación y desconocidos los derechos a la igualdad en la participación y no discriminación. Por eso, lo que ocurrió esta semana debe ser pensado tan sólo como un acto de quitar la costra a la herida. La llaga que produjo el genocidio aun sigue viva y sangra. El deseo de las víctimas es sanar sus heridas, aunque dejen cicatrices. Por ahora están intentando calmar el dolor y seguirán buscando el tratamiento definitivo, aunque sea largo. Tratamientos de recuperación que les recomendará la CorteIDH al final de este año o principios del próximo con su sentencia; y que serán complementados con otros que le sugieran la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– con su macrocaso en torno al genocidio de la UP. Quieren que todos contribuyamos con la construcción de la verdad, la entrega de justicia, los actos de reparación y la defensa del derecho a la no repetición.

Por: María Victoria Ramírez. Columnista Pares. Cómo iba a imaginar que era la fiesta de mi Purificación si era un ritual de regocijo, de danzas y cantos donde germinaba el pasado. Tatuaron mi cuerpecito de amarga henna, invocaron al espíritu, batieron palmas. El aire me agarraba de la mano. Celebraban la llegada de una media hechicera. No podía entender el color de sus ojos centenarios o si era amiga o enemiga. Cómo iba a imaginar que era la fiesta de mi Purificación si inundaron el silencio de risas, tambores y timbales. El destino me trajo chillidos de hiena, olor a ataúdes Me abrió la entrepierna a la sombra de un dátil y con una vieja hoja de afeitar cortó la raíz de mi deseo. Águilas y buitres revoloteaban enloquecidas al olor de la sangre, al rumor que evoca la muerte. Cerré los ojos e igual que un pájaro en una trampa, aleteé como una loca, grité, lloré. -¡Aguanta, aprieta los dientes o nunca encontrarás marido! Castró mi sexo como a los burros del desierto, colocó cerrojos a mis labios vivos. Convirtió mi sonrisa inocente en una sonrisa macabra. Desgarró la carne de mi alma. Cómo iba a imaginar que era la fiesta de mi ablación, que a mis ocho años una de las peores cosas de mi vida había sucedido,. Poema La purificación de Rosario Valcárcel. El 6 de febrero es el Día internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina y, por supuesto, es una fecha que se aprovecha para hablar de este tema del que pocos quieren hablar. Empiezo diciendo que los derechos de las mujeres y las niñas (incluidos los de las mujeres y las niñas indígenas) también son derechos humanos. Eso parece que aún no es claro para muchos. Esta importante conmemoración tiene su origen en 2003, cuando la Primera Dama de Nigeria, la señora Stella Obasanjo, hizo la declaración oficial de “Cero Tolerencia contra la Mutilación Genital Femenina” en África, durante la conferencia organizada por el Comité Interafricano sobre Prácticas Tradicionales que Afectan la Salud de las Mujeres y los Niños (IAC por su sigla en inglés), una red de organizaciones no gubernamentales cuya oficina principal se encuentra en Addis Ababa, Etiopía. Es una conmemoración que no alegra porque hay que recordar que en el mundo alrededor de 140 millones de mujeres la padecen, que en Colombia, aunque no se registre en los mapas internacionales de la ablación y nadie tenga cifras sobre cuántas mujeres mutiladas existen en nuestro país, esta práctica es realizada en la comunidad embera chamí de Risaralda, que las niñas mutiladas muchas veces mueren a causa de esta práctica cultural nociva y que hasta el momento ni el Estado colombiano ni los organismos de Naciones Unidas como Unicef o el Fondo de Población hayan tomado medidas suficientemente eficaces para prevenirla y erradicarla en nuestro país, lo que viola flagrantemente los derechos de las niñas embera chamí y es contrario a las declaraciones de derechos humanos. En la actualidad, entre defensores de derechos humanos e incluso entre feministas reputadas, existe temor, cuando no silencio cómplice, de abordar el tema, y mucho más, de enarbolar la bandera de la erradicación de la práctica. Algunos con el argumento de que los indígenas tienen problemas mayores, otros por temor a que se perciba esta lucha como un acto de imperialismo cultural, o porque simplemente les parece irrelevante o intentan encubrirlo, como pretexto de una malentendida solidaridad con la causa indígena. Por otro lado, el Estado colombiano, en sus distintas instancias como Ministerios, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aunque fueron instados por la sentencia de un juez de la República a hacer lo necesario para que no se siga practicando, cuando se les ha indagado sobre sus acciones o medidas, sus respuestas son evasivas e insatisfactorias. En agosto del año 2009, asistí al encuentro de mujeres embera chamí en el municipio de Marsella, Risaralda. Allí asistieron 500 mujeres que hablaron de sus derechos sexuales y reproductivos. Para algunas de ellas, era la primera vez que se aproximaban a estos temas. Las parteras que practican la ablación tienen falsas creencias sobre los beneficios que les trae a las niñas la mutilación. Esas falsas creencias y, por ende, la práctica de la ablación, se perpetuarán mientras las mujeres indígenas no tengan acceso a la información sobre su cuerpo, -su anatomía y funcionamiento-, sobre sus derechos sexuales y reproductivos y mientras los juristas, investigadores y los mismos indígenas sigan planteando el falso dilema entre autodeterminación de los pueblos y derechos humanos. Pero hay esfuerzos desde diversos sectores por hacer conciencia sobre este tema. “The Cutting tradition” (la tradición de la mutilación) es el nombre del ganador del premio a mejor documental del Festival de Cine Independiente Victoria en Australia, en el 2010. Es un documental narrado por Meryl Streep que se ha presentado en diferentes salas del mundo y que intenta ser una forma de crear consciencia de la necesidad de eliminar la práctica de la ablación (o mutilación genital femenina) de la faz de la tierra. Según la escritora, sicoanalista y crítica social Susie Orbach, esta es: “una pieza conmovedora, que confunde, aterroriza, entristece y, en algunas partes, reanima”. Este documental, como la película la Flor del Desierto, que narra la historia de una modelo somalí que sobrevivió a la ablación y que luego se convirtió en embajadora de las Naciones Unidas en la lucha contra este fenómeno que vulnera los derechos de las mujeres y las niñas en el mundo, son herramientas importantes para sensibilizar a la opinión pública, a las comunidades y para que se empiece a rechazar esta práctica que afecta a millones de mujeres 30 países del mundo, incluido el nuestro, Colombia. El 23 de noviembre de 2010, en un acto público y con la ambientación de la película La Flor del Desierto, la comunidad embera chamí de Risaralda anunció la suspensión definitiva de esta práctica que ha provocado muerte y enfermedad en niñas y mujeres de esa comunidad. Este pronunciamiento se realizó luego de un proceso que tuvo varios momentos: primero la negación de la existencia de la práctica por parte de la comunidad indígena y de las autoridades del departamento de Risaralda. La discusión pública forzada por los medios de comunicación luego de que se hiciera pública la muerte de dos niñas; la intervención de autoridades judiciales mediante una sentencia de un juez de la república instando a todas las autoridades a que hicieran lo necesario para eliminarla; la intervención de las organizaciones de mujeres de Pereira denunciando y acompañando procesos de las mujeres indígenas para defender sus derechos; la intervención mediante el proyecto Embera Wera para la promoción de los derechos de las mujeres indígenas de la Mesa Interinstitucional Central, presidida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- e integrada por el Ministerio del Interior y Justicia, el Ministerio de la Protección Social, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Organización Internacional de las Migraciones, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Programa Integral contra Violencias de Género, en asocio con el Consejo Regional Indígena de Risaralda –CRIR-. Las organizaciones de mujeres de Pereira saludaron en su momento la decisión de la comunidad indígena de parar esta práctica discriminatoria que atenta desde todo punto de vista contra la dignidad y la vida de las mujeres. Sabemos que las transformaciones culturales no se realizan de la noche a la mañana, especialmente cuando tienen que ver con reconocer los derechos de las mujeres y las niñas. Por eso, hay que mantenerse alertas para hacerle seguimiento a ese compromiso y para acompañar a las mujeres embera chamí, si así ellas lo disponen, en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos, dentro y fuera de su comunidad, y a vigilar para que el Estado colombiano cumpla con su tarea de garantizar su derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad física y al goce pleno de su sexualidad.

Por: Guillermo Linero Montes. Columnista Pares. Las ocurrencias políticas del presidente Duque son tan surrealistas como las de Ubú Rey, el dictadorzuelo de la obra de Alfred Jarry. Digo esto, tras darle vueltas –no más de dos porque es algo muy elemental- a su aseveración acerca de que hay una paz legal y otra ilegal. De hecho, ni siquiera hay que verificar si en la realidad de lo razonable, de lo lógico y de lo sensato, podría existir esa doble acepción en un término como la paz, tan compacto en su mensaje que hasta un niño entiende su ejercicio igual a una expresión natural del ser. Del ser que se expresa en todos los actos de la conducta humana con fidelidad al bien. Partiendo de ese entendimiento primario, el dilema sobre la ilegalidad o legalidad de la paz se desdibuja. No obstante, otorgándole a Duque el beneficio de la buena fe y reconociendo su afectación política, podemos interpretar que él hace referencia a una paz sin instituciones que aseguren su práctica, una paz sin respaldo de derecho o sin acuerdo legal. Una postura, la del presidente, desconocedora de la verdadera paz, que surge espontáneamente de la armonía entre quienes ocupan, sin rivalizarlo, un espacio vital. Lo natural, lo obvio y –permítanme decirlo de manera frívola- lo bonito, es que la paz ocurra sin necesidad de que dos personas o bandos, firmen un acuerdo, y de tal modo haya que promoverla. Esa sería la verdadera paz, la de los pacifistas. Cuando los que para conseguirla necesitan reunirse y firmar documentos, por lo general es por su médula de guerreristas, y la mayoría de las veces ambos firmantes son ajenos a la esencia de la paz, que es la comunión. De hecho, esta no es una ocurrencia gratuita, basta preguntarse: ¿Quiénes han firmado la paz en la historia de nuestro país?, o mejor, ¿qué presidentes han firmado acuerdos de paz en Colombia? Entre otros, los más relevantes de nuestra historia reciente son: Belisario Betancur, que firmó el llamado “Acuerdo de la Uribe” con las entonces Farc-Ep, con la Autodefensa Obrera, con el EPL, con el Movimiento Armado Quintín Lame y con el M-19; pero, tras la toma del palacio de justicia guardó hasta su muerte un silencio cómplice con los militares que hicieron de las suyas en dicha toma. Virgilio Barco firmó acuerdos de paz con el EPL, con el MAQL y con el M-19; pero se le acusa de haber participado en el exterminio de la Unión Patriótica. Juan Manuel Santos, obtuvo el premio nobel de la paz, por haber firmado el acuerdo de paz con la Farc –sin duda el acto más relevante de la historia política reciente de Colombia- después de ser, en calidad de ministro de defensa, un enterado de los falsos positivos (más de 5.000 jóvenes fueron asesinados por el ejército en una feria de bonificaciones) si acaso no fue engañado por sus propios generales o por su único jefe. De tal suerte, una paz adscrita al rigor y exigencias de una ley, es una paz maculada. Es una paz menos cierta que ficticia. En el presente, la paz es más el concepto que se tiene de ella después de los tantos acuerdos que suscitaron las atrocidades de la primera y la segunda guerras mundiales; es decir, una paz cuya ocurrencia se concentró estrictamente en el plano de los derechos humanos (la opción pacifista) y no en el de las estrategias militares (la opción guerrerista). Si partimos de cómo la paz puede existir sin necesidad de ser llevada a la normatividad; entonces solo habría que ejercerla, y hacerlo desde lo más elemental; escuchando a los demás y dándoles espacio a quienes piensan distinto a nosotros. La paz de los acuerdos, por el contrario, es la de la barbarie; por eso, desafortunadamente, nos corresponde como modelo, máxime bajo gobiernos donde son asesinados a granel los líderes sociales y quienes le apuestan a la paz. La paz de los acuerdos no les gusta a todos; pero debemos aceptarla con estoicismo, precisamente para ejercer un día la paz verdadera, la que fluye cuando quienes la ejercen son seres humanos evolucionados. La paz sin condiciones; fundada en nuestro comportamiento benévolo e independiente de cómo se comporten los otros. Los estudiosos ya han precisado dos maneras en que se comprende política e ideológicamente el concepto de paz; precisando la existencia de una “paz positiva” y su opuesta “paz negativa”. El politólogo noruego e investigador de conflictos sociales, Johan Galtung, las define así: “Es importante distinguir entre la ‘paz negativa’ y la ‘paz positiva’. La ‘paz negativa’ es la ausencia de un enfrentamiento violento y el mecanismo para alcanzar esa meta es la solución de los conflictos existentes. La ‘paz positiva’ es otra cosa, es la generación de una relación armoniosa y ella se consigue cuando dos o más entidades en conflicto emprenden proyectos juntos y los beneficios que genera ese proyecto son repartidos equitativamente. No iguales matemáticamente, pero es importante que no haya desigualdades flagrantes entre las partes”. Si reparamos nuestro escenario político a la luz de esta reflexión de Galtung, encontraremos cómo a la denominada “paz negativa” correspondería a la promovida por el expresidente Santos, frente a lo cual y en consecuencia con la lógica del investigador noruego, corresponde implementar programas de paz y reconciliación, que nos conduzcan a la “paz positiva”. A esta “paz positiva” ningún presidente se ha atrevido a impulsarla; tal vez, porque implica desmontar la inequidad; es decir, el gran surtidor de riquezas de los políticos y de los gobernantes. Quienes entienden la paz solo como la ausencia de la guerra, o como la tregua entre oponentes –la paz negativa- y no como la armonía solidaria –la paz positiva- son aquellos que no han podido desprenderse de la tradición de odios y venganzas que nos caracteriza como nación o quienes, independiente de esto, piensan que el mundo es suyo, y suponen por ello que pueden explotar laboralmente, amedrentar y hasta quitarles la vida a sus empleados, a sus vecinos o a quienes cuestionen sus modos e inequidades. Si eso lo entendiera Duque, por ejemplo, sabría que el mismo sistema de derecho -igual que la paz legal- es una muleta que desecháremos cuando aprendamos a ser justos, sin que existan restricciones, ni presiones legales que nos lo exijan. Cuando nuestros gobernantes entiendan esto, la paz fluirá sin que nos demos cuenta, y lo hará de una manera natural, sin marcos legales.

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares. Como bien lo recuerda Luis Eduardo Celis en su última columna de Pares, este cinco de febrero se cumplieron 30 años de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente –ANC–. Ese día, 70 colombianos, elegidos popularmente el nueve de diciembre del año anterior, se posesionaron como representantes del mandato popular para cambiar la vieja Constitución de 1886 y acordar las nuevas normas de juego que tendría el país a partir de esa fecha. Fueron muchos los factores que incidieron en la elección y posesión de la ANC. Entre ellos, el deseo gubernamental de tener un nuevo texto constitucional —la idea inicial surgió del presidente Virgilio Barco—, el apoyo de los opositores políticos —el Partido Conservador, en cabeza de Misael Pastrana, estuvo de acuerdo con la iniciativa— y la necesidad que tenía la nación de actualizar sus normas para permitir profundizar en la descentralización administrativa y otros cambios políticos, económicos y sociales que vivía América Latina. Pero sean cuales sean las razones para la creación de la Constitución Política de 1991, esta la debemos entender como el resultado de un ejercicio político de negociación que vivieron las 74 personas que, al final, aprobaron y presentaron el nuevo documento. La Carta Constitucional lleva inmersos los intereses, pasiones y demandas de quienes estuvieron al frente de la elaboración, durante los cinco meses que duró el encuentro. Aunque muchos de ellos actuaron defendiendo beneficios para grandes grupos de interés, de partidos políticos y del mismo Gobierno, la mayoría se comportaron como hacedores de instituciones políticas, y utilizaron sus ideas y conocimientos acumulados en la construcción del contenido. Como se dijo, la ANC comenzó a operar en febrero con 70 personas, que representaban tanto a los tradicionales partidos políticos como a distintas organizaciones que apenas comenzaban a surgir. Fueron 25 representantes del Partido Liberal Colombiano, 19 de la Alianza Democrática M-19, 11 del Movimiento de Salvación Nacional, nueve del Partido Social Conservador y conservadores independientes, dos del Movimiento Unión Cristiana, dos de la Unión Patriótica y, finalmente, dos de los movimientos Indígenas. Pero en el camino se le sumaron cuatro integrantes más. La ilusión de edificar y materializar esta nueva norma de normas animó a los diversos grupos armados insurgentes a pensar en un dejación de armas. Fue así como propusieron al Gobierno nacional pactar acuerdos de paz colectivos de final cerrado, solicitando, entre los asuntos tratados, contar con algunos representantes en la ANC. Petición que fue aceptada por el Gobierno, pero que debido a que esto suponía cambios en las reglas de juego, se les otorgó representación con voz pero sin voto. Los grupos que alcanzaron a desmovilizarse fueron el Ejército Popular de Liberación –EPL–, al que se le permitió tener dos representantes: Darío Mejía y Jaime Fajardo. Le siguieron el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Movimiento Armado Quintín Lame, cada uno con un solo representante: José Ortiz y Alfonso Peña, respectivamente. Entre los grupos que no pudieron participar en la ANC estuvo las FARC-EP, que pedían nueve representantes, las mismas que habían perdido con genocidio de la Unión Patriótica; sin embargo el Gobierno no las quiso conceder, y tan solo les ofreció dos, los mismos que le había dado al EPL, perdiendo la oportunidad de acordar una desmovilización colectiva. La composición de la ANC fue muy variopinta: allí estaban los emblemáticos excombatientes del M-19 Antonio Navarro, Rosemberg Pabón y Otti Patiño; políticos de renombre, los que obtuvieron la mayoría de votos, Horacio Serpa, Jaime Castro y Carlos Lemos; académicos e intelectuales, caso Orlando Fals Borda y Guillermo Perry Rubio; y, además, poetas y periodistas como María Mercedes Carranza y Alberto Zalamea. La Constitución Política de 1991, esta la debemos entender como el resultado de un ejercicio político de negociación que vivieron las 74 personas que, al final, aprobaron y presentaron el nuevo documento. La Carta Constitucional lleva inmersos los intereses, pasiones y demandas de quienes estuvieron al frente de la elaboración durante los cinco meses que duró el encuentro. Imagen: Pares. Fue un foro con una heterogénea composición de profesionales, muchos de ellos abogados, como Jaime Castro, Carlos Holmes y Fernando Carrillo; pero también estaban: economistas, como Iván Marulanda, Miguel Santamaría y Carlos Ossa; sociólogos, como Fabio Villa, Orlando Fals Borda y Aída Abello; ingenieros, como Antonio Galán, Carlos Rodado y Juan Gómez; médicos, como lo eran Antonio Yepes, Eduardo Espinoza y Augusto Ramírez; y licenciados en educación, caso Germán Toro. Al igual que varios dirigentes sindicales, líderes campesinos, deportistas, escritores y representantes de minorías étnicas y religiosas. Todas estas personas le dieron forma y contenido a la Constitución Política de 1991. Por eso se puede decir que las hojas, las letras y la ideas con que se escribió el texto están hechas con las pasiones, intereses e ideologías de quienes estuvieron presentes. Trabajo mancomunado, que al compararlo con la fabricación de una bandera, podría dar como resultado un recuadro de tela con una variedad amplia de colores y formas. Bandera que fue enarbolada a tres manos, por la presidencia tripartita de Álvaro Gómez, Antonio Navarro y Horacio Serpa. Por eso, ante la pregunta, ¿de qué está hecha la Constitución de 1991? hay que decir: está fabricada con los sueños, pensamientos e intereses de esas 74 personas que, reunidas hace treinta años en el Capitolio Nacional, dieron forma a esta gran institución política colombiana. Constitución que debe considerarse un tratado de paz pactado por un grupo colombianos, que, aunque elegidas popularmente, dejaron en el texto su visión de lo que deseaban para Colombia, y que posteriormente, con entusiasmo y arrojo, han tenido que defender. Nota: El Banco de la República tiene una descripción detallada de cada miembro de la ANC, donde informa la comisión donde participó, los proyectos y ponencias que presentó, al igual que la formación y trayectoria de cada asambleísta.

Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares. Indignación y solidaridad, en particular a través de las redes, causó hace unos días el video en el que se observa la reacción de Alexander, un joven vendedor ambulante de comidas rápidas, ante la determinación de miembros de la policía de imponerle un comparendo por invasión del espacio público y el concurrente decomiso del carro para preparación de perros calientes. La escena ocurrió en la Avenida Jiménez con Carrera Séptima, en pleno centro histórico de Bogotá. Alexander, ante los requerimientos de los policiales de que retirara los alimentos para realizar el procedimiento, pasó de las preguntas nerviosas sobre las razones y las normas que justificaban la acción -a lo que respondió el agente a cargo recitándole el Código de Policía-, al ruego intentando evitar la sanción y luego a la rabia y la ira para, finalmente, en medio del llanto, apartar bruscamente el carro, que se volteó y golpeó a un transeúnte en bicicleta. Tras la situación, las mismas redes, en particular las del representante a la cámara Inti Asprilla, puestas a disposición de la causa de Alexander, divulgaron la versión de éste, acompañado de su pareja: horas antes, la alcaldesa Claudia López, que pasaba en bicicleta por allí, de manera descortés le pidió que reubicara el carro, él le reclamó por ayudas a los vendedores y ella le ripostó “pues trabaje”. Más tarde se hizo presente un grupo de policías para reprimirlo. En medio del debate, la propia alcaldesa mencionó que más de 80 mil familias sobreviven en Bogotá con las ventas ambulantes y que su pretensión no es impedirles que procuren el sustento pero sí exigir que la actividad se desarrolle en condiciones que no alteren derechos de los demás ciudadanos, respeten las normas y garantizar seguridad. Pero a los ambulantes y estacionarios no se les olvida que en agosto de 2020, en plena crisis, dijo que todos tenían que pagar por usar el espacio público. Imagen: Pares. “No nos han dado nada”, dijo el joven, refiriéndose a los auxilios para paliar los efectos de las medidas para controlar la pandemia, y otra vez dejó en el aire el interrogante de si los apoyos llegan a los más necesitados, pues ya es común el comentario de favoritismos e inconsistencias que anidan en las bases de datos oficiales y que, para algunos, los subsidios se convirtieron en un modo de vida o los gestionan sin necesitarlos. Dando más peso a su reacción emocional señaló que al momento del decomiso acababa de llegar de pagar un comparendo anterior por no retirar el puesto de perros calientes luego de ser conminado a hacerlo. Si bien la medida está contemplada en el “Código de Convivencia”, son muchas las denuncias sobre recurrentes abusos policiales y, en decenas de casos, las muestras de solidaridad ciudadana ante operativos de decomiso con el “plante” de aguacates deshechos en el suelo y el vendedor lloroso forcejeando con la policía o por la imposición de multas a un muchacho por recitar poemas en la calle a cambio de monedas. Alexander, explicó y reivindicó su medio de subsistencia y la contradicción de pedirles a los vendedores ambulantes que respeten medidas de bioseguridad y confinamiento mientras a sus familias las golpean el hambre y las necesidades. Contó que un tío suyo había sido objeto de los mismos procedimientos, que implican la pérdida del medio de subsistencia al ser decomisado y puesto a la intemperie -adquirir uno nuevo cuesta entre millón y medio y tres millones de pesos-, tres meses buscándose la vida en cualquier otra cosa y deudas para poder seguir trabajando en la misma actividad. La alcaldesa, por su parte, atacada por las redes por su insensibilidad y autoritarismo y también apoyada por imponer orden, describió el hecho de otra manera a los medios: Comprende las dificultades y el derecho al sustento de los vendedores ambulantes pero ellos tienen que acatar normas y respetar los derechos de los demás. Alexander tenía ubicado su carro de perros en la mitad de la carrera séptima, por donde se desplazan ciudadanos en bicicleta y de a pie. Le solicitó instalarlo en otro lugar y colocarse bien el tapabocas, imperativo ya que expende alimentos. No mencionó haberlo saludado -lo que reclamaba el vendedor como un acto de mala educación- pero sí que lo llamó al orden con el coloquial “mi hermano”. Señaló que al pasar luego por el mismo sitio, observó que Alexander había hecho caso omiso a su primer llamado. En las redes, unos increparon a la alcaldesa la agresión contra el trabajador informal por supuestamente haber impartido la orden a la policía, otros aplaudían que no se dejara retar ni burlar como es frecuente en estos casos con la policía. Por experiencia y consejos, habitantes de calle e informales optan por “parársele” a la autoridad, en ocasiones en justa reacción contra el abuso. En este episodio, el resumen de muchas de las tragedias y desencuentros en que se debate a diario Colombia. La informalidad es uno de los dramas más acuciantes que azotan al país. En medio del debate, la propia alcaldesa mencionó que más de 80 mil familias sobreviven en Bogotá con las ventas ambulantes y que su pretensión no es impedirles que procuren el sustento pero sí exigir que la actividad se desarrolle en condiciones que no alteren derechos de los demás ciudadanos, respeten las normas y garantizar seguridad. Pero a los ambulantes y estacionarios no se les olvida que en agosto de 2020, en plena crisis, dijo que todos tenían que pagar por usar el espacio público. La pandemia agudizó la pobreza en general y la extrema en particular. Miles de personas se han arrojado a las calles a proveer cualquier tipo de productos, incluidos los alimentos, sin ningún control sanitario ni de bioseguridad. La mayor parte hace lo del diario, aunque algunos, los más establecidos, reconocen ingresos cercanos a los 3 millones de pesos mensuales -lo que se vuelve atractivo hasta para un profesional varado no vergonzante-, pero es indudable que ese tipo de trabajo está por debajo de los estándares y calidad de vida que consagra la Constitución Nacional. Del lado del ciudadano transeúnte, como sucede en las zonas de mayor aglomeración de ventas ambulantes, la peatonalizada Carrera Séptima se convirtió en un degradante mercado de segundas, contrabando, drogas, piratería y baratijas. Los ciclistas y caminantes hacen malabares y antes de que llegue la noche los concurrentes del sector emigran presurosos entre los olores del bazuco y orines y la exhibición de puñales. La promesa de un atractivo boulevard cedió a la desazón de los dueños de establecimientos y apartamentos, también golpeados por las cuarentenas y restricciones. La informalidad es uno de los dramas más acuciantes que azotan al país. En medio del debate, la propia alcaldesa mencionó que más de 80 mil familias sobreviven en Bogotá con las ventas ambulantes y que su pretensión no es impedirles que procuren el sustento pero sí exigir que la actividad se desarrolle en condiciones que no alteren derechos de los demás ciudadanos, respeten las normas y garantizar seguridad. Pero a los ambulantes y estacionarios no se les olvida que en agosto de 2020, en plena crisis, dijo que todos tenían que pagar por usar el espacio público. Imagen: Pares. A la par con el deterioro ambiental y paisajístico de zonas colonizadas por las ventas ambulantes, se denuncia la existencia de mafias que explotan vendedores exigiendo pago por la ubicación o los utilizan para a través de ellos comercializar productos ilegales, sustancias prohibidas o como cómplices de la delincuencia. El drama social no puede impedir que autoridades y ciudadanía establezcan mecanismos de control y actúen para impedir que esto siga ocurriendo, a la vez que se garantice el derecho a obtener ingresos a quienes no encuentran otro medio y se desempeñan en la legalidad. Va siendo hora que ciudadanía y gobierno afronten con seriedad el asunto. Parte del problema está relacionado con la falta de programas sociales y de empleo viables y permanentes y, para quienes se impone o prefieren la opción de la informalidad, una política pública amplia y aterrizada, en la que importe el ser humano pero que sin sublimar el esteticismo no renuncie a la decencia y la higiene y sin autoritarismo garantice los derechos de todos y el acatamiento de la ley, que también exige replanteamiento en la medida en que los legisladores elaboran normas alejadas de la vida de las aceras. La alcaldesa fue coautora de un Código de Policía que ha tenido desencuentros con la realidad. De paso, como con otros sectores sociales, debería haber un pacto de honor de todas las vertientes políticas para no utilizar las expectativas de miles de personas con promesas incumplibles. Desde el gobierno es deplorable ver a líderes desdecirse de sus anteriores manifestaciones de indignación frente a algún atropello, cuando les toca lidiar una situación similar, e incluso cambiar su posición frente al tema. Desde la oposición, si bien es valiosa la defensa de los derechos fundamentales, no se puede seguir promoviendo que la condición de vulnerabilidad exonera a los vendedores ambulantes de acatar normas de interés público. Alexander reclama respeto como ser humano, el derecho al sustento, buen trato, políticas sociales y que las normas no terminen de aplastar a una parte de la población ya vapuleada por la falta de oportunidades, negación de derechos y desigualdad. La alcaldesa intercede por el respeto de la vía para los demás ciudadanos, el empleo adecuado de medidas de protección colectiva y el cumplimiento de la ley. Ambos tienen razón y la ciudad un enorme desafío.

Por: Guillermo Linero Montes. Columnista Pares. Colombia está malamente en la mira internacional, por cuenta de la incapacidad del gobierno de Duque para garantizar la seguridad de la población civil; es decir, por la falta de una estrategia de defensa efectiva, que dé resultados consecuentes con la dinámica de la realidad criminal. Pese a ello, si observamos con imparcialidad la realidad política de nuestro hemisferio, y con mayor atención la de aquellos países que nos rodean afectivamente, encontraremos -y así lo afirman politólogos y entendidos en la materia- que la percepción generalizada coincide en que el país, política y económicamente más denigrante, es la República Bolivariana de Venezuela. No en vano cientos de miles de sus ciudadanos están huyendo de allá, y con tanta urgencia que poco o nada les importa si al país que arriban en calidad de refugiados, está igual o peor que el suyo. Sin embargo, yo me pregunto: ¿acaso en Venezuela matan a un líder social, o a un opositor político cada día?, ¿en Venezuela semanalmente hay una masacre contra personas que de una u otra manera estaban trabajando en un contexto político contrario a los intereses de grupos económicos poderosos o en contravía del mismo gobierno? Creo que, ni siquiera trascendiendo nuestro hemisferio hasta el occidente europeo, encontraremos fácilmente un país con tan elevado índice de atrocidad socio-política como lo tiene el nuestro. Que asesinen a los líderes sociales y/o activistas políticos, y a quienes han entregado sus armas para apostarle a la paz, de la manera en que lo están haciendo en Colombia –impune, sistemática y folclóricamente- no solo es una aberración en el modelo de una democracia, si en verdad la hubiera; sino también, a mi juicio, es una anomalía de la comunidad internacional. Una comunidad acostumbrada a visualizar los problemas de las poblaciones; pero también a proceder cuando ya es demasiado tarde. Lo que un civilizado esperaría de la comunidad internacional, aparte de las denuncias y llamados de atención como ya lo han hecho altos funcionarios de la ONU, congresistas de los Estados Unidos y, entre otros, el parlamento inglés, es la actuación pronta frente a cuestiones de barbarie evidente, pues ante estas no deberían existir fronteras y, respecto a la protección de la vida, lo que debería existir es una moral y una ética unificadas. Bien sabemos, que en Suramérica la guerra fría dio origen a un modelo de defensa politizado, donde los ejércitos actuaban con tanta autonomía administrativa que la amenaza de golpes de estado y su ocurrencia, era parte del potencial intrínseco de los ejércitos y, en tal suerte, cada presidente se cuidaba de escoger su ministro de defensa. Naturalmente, un militar que les sirviera más que para la creación de políticas de defensa, para que le defendiera a sí mismo, trayéndoles las decisiones de las cúpulas militares, en cuanto a defensa y seguridad nacional. No olvidemos la dependencia del expresidente Julio César Turbay de su ministro de defensa Luis Carlos Camacho Leyva y la de Belisario Bentancur de su ministro Gustavo Matamoros, ambos funcionarios castrenses formados en el ambiente internacional de la denominada Operación Cóndor. Naturalmente, un militar que le permitiera más que para servirle en la creación de políticas de defensa, para que le defendiera a sí mismo, trayéndoles las decisiones de las cúpulas militares, en cuanto a defensa y seguridad nacional. No olvidemos la dependencia del expresidente Julio César Turbay de su ministro de defensa Luis Carlos Camacho Leyva y la de Belisario Betancur de su ministro Gustavo Matamoros, ambos funcionarios castrenses formados en el ambiente internacional de la denominada Operación Cóndor. Que asesinen a los líderes sociales y/o activistas políticos, y a quienes han entregado sus armas para apostarle a la paz, de la manera en que lo están haciendo en Colombia –impune, sistemática y folclóricamente- no solo es una aberración en el modelo de una democracia, si en verdad la hubiera; sino también, a mi juicio, es una anomalía de la comunidad internacional. Lo cierto es que, ya acabada y lejana la guerra fría, los ministros de defensa pasaron de ser intermediarios entre la cúpula militar y los gobiernos para ser lo que en esencia siempre deberían ser: intermediarios entre el gobierno y la sociedad civil. Una intermediación necesaria para mantener el orden constitucional; pero, especialmente para proteger y garantizar los derechos y libertades de todos los residentes de un país. De ahí la preferencia de los gobiernos democráticos por el nombramiento de ministros ajenos a la formación militar y conocedores de la realidad civil; es decir, conscientes de las causas sociales que dan pie a los hechos suscitadores de políticas de defensa y seguridad, bien basadas en el uso de la fuerza -al estilo de los ministros de la Operación Cóndor- o bien basadas en la promoción de la paz -según el modelo de los estados democráticos de derecho-. Un cambio de agujas hacia el camino de las democracias modernas, cuyo soporte organizacional reside en la defensa de los derechos humanos, dándole solución a los conflictos por medio del diálogo y descontando las manías represivas. Colombia, que es un estado social de derecho, en correspondencia con esos principios, ha de privilegiar a los ciudadanos (estado social) y a la constitución (estado social de derecho) y no a los gobernantes, ni a los militares, cuya estricta tarea es cuidar esos principios. No por otra razón los gobiernos que, siendo fieles a la constitución y a las leyes, poseen la cualidad de reaccionar rápida y positivamente a los problemas de los ciudadanos, generan confianza o, para decirlo con un término que además de la responsabilidad incluye la sensibilidad, generan responsiveness. Un concepto geopolítico que pareciera alertar a los gobernantes subrayándoles que antes de tomar decisiones deben captar los mensajes emitidos por el pueblo que los eligió. A Duque por ejemplo, se le pidió en materia de defensa el desmonte del Esmad, la desconsideración del uso del glifosato y la protección a los líderes sociales. “El concepto de responsiveness -Así lo explica la investigadora uruguaya de ciencias políticas, Dominique Romeau- toma sentido a partir de la emisión por parte del ciudadano de sus preferencias a través de mensajes o señales. Éstas pueden provenir directamente de la ciudadanía, caso en el que el gobierno puede captarlas a través de sondeos de opinión pública, o provenir de los propios partidos políticos en la medida en que durante el período de campaña electoral se comprometan a la realización de determinadas políticas públicas”.* De ahí la importancia de los ministros de defensa, por cuanto en ellos recae la más seria de las asesorías al presidente, como es crear políticas públicas de defensa y seguridad nacional. De tal suerte, el nombramiento de un nuevo ministro de defensa –el doctor Diego Molano- ha puesto a pensar a muchos en que, tal vez, cambie de alguna manera la política del gobierno en ese flanco administrativo. Con todo, resulta obvio que en un sistema donde el presidente es rey –el presidencialismo- los ministros escuchan y obedecen; de modo que esperar a que cambie la política militar de un gobierno porque cambia el ministro de defensa, es ingenuo. Si hubiera cambios, porque suelen ocurrir, siempre serían por decisión exclusiva del mandatario, no importa si por seguir el consejo de su ministro, o porque siguió el suyo o el de otro que le domina. Desde la lógica no es difícil hacerse esta pregunta, cuyo tono encierra la respuesta: ¿qué puede esperarse de un ministro enemigo de las marchas y de la minga indígena, a quienes no duda en calificar de manera explícita e implícita en sus comentarios de terroristas? Sin ser maquiavélico imagino, para evacuar las opciones malignas, que el nombramiento de un ministro de ese talante, debe conformar una estrategia para contener sin reparos las marchas que se dinamizarán con la vacunación masiva si alcanzara a haberlas. Hay países que le dan tranquilidad y paz a su pueblo porque viven bien y se divierten sanamente (social bacanería le llaman los pacatos); y hay otros que la fundan en la represión y el miedo y la única música que permiten, qué paradoja, es la producida por las cornetas de los minutos de silencio. La primera es un proceso necesariamente limpio de corrupción, cuyo principal motor es la educación. La segunda, es un escampadero del hampa, de quienes no escuchan sino sus propias precariedades y su principal motor es estimular los ánimos políticos vengativos. Yo me pregunto: ¿si al nuevo ministro le parecen terroristas las manifestaciones sociales, qué opinión tendrá de los líderes sociales? En una entrevista que diera para Noticias Caracol, dejó en claro su prioridad; emplearse a fondo contra los micro traficantes –que son jóvenes desempleados, entre 16 y 25 años, provenientes de hogares desarmados por la pobreza, por la indolencia gubernamental y recientemente por los estragos de la pandemia- y no contra los grandes narcotraficantes, a quienes piensa atacar fumigando con glifosato las huertas de los campesinos. * EL CONTROL CIVIL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEFENSA: UN MODELO DE ANÁLISIS BASADO EN LA TEORÍA DEL PRINCIPAL – AGENTE T. Dominique Rumeau (Docente e investigadora del Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. E-mail: domirumeau@fcs.edu.uy)

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares. La nobel de Economía Esther Duflo estuvo este año en el décimosexto Hay Festival. En compañía de la economista colombiana Ana María Ibáñez, presentó y discutió algunos de los temas que aborda tanto en su libro ‘Buena economía para tiempos difíciles’ –escrito un par de años atrás con su compañero de nobel Abhijit Banerjee– como en sus otros trabajos indagativos. En el conversatorio la autora ofreció pertinentes recomendaciones de políticas para afrontar los duros momentos que presenta hoy la realidad mundial, entre ellos, los efectos dañinos que deja sindemia de la Covid-19. Duflo, una ciudadana francesa-estadounidense, es la segunda mujer en ganar el Premio Nobel de Economía, tras Elinor Ostrom en 2009. A esta joven economista le dieron el galardón, junto a otros dos colegas en 2019, por sus trabajos en torno a la reducción de la pobreza en el mundo. Un valioso reconocimiento con el que se demuestra, una vez más, el giro que viene dando la academia internacional al estudio de la pobreza y el bienestar social; línea que inició con el Nobel de 1998 Amartya Sen y que prosiguió con Angus Deaton en el 2015. La novedad del trabajo investigativo de la señora Duflo y sus colegas está en el uso que le dan a la economía experimental y el estudio de casos para el análisis económico. Este enfoque permite una revalorización del aprendizaje que deja la experiencia y que sirve para desvirtuar las generalizaciones que arrojan los modelo econométricos agregados. Según la autora, los estudios particulares iluminan con mayor precisión los efectos que tienen algunas políticas y atienden con mayor autenticidad la evaluación de los programas. Son metodologías que permiten replantear las viejas disputas ideológicas y proponer formas creativas de resolver los problemas de la sociedad actual. Entre los aportes de la nobel se resalta, en primer lugar, la crítica respetuosa y acertada que hace a algunas de las grandes ideas de la ciencia económica. Advierte cómo esta disciplina, desde el nacimiento en 1776, con Adam Smith, se ha puesto como tarea la consecución de la riqueza, medida básicamente a través del crecimiento del producto interno bruto (PIB), y lo que defiende Duflo es que esta ciencia debería replantear el nivel de importancia de tal objetivo y poner en primer lugar el bienestar social. Es decir, el bienestar humano debería ser el fin y, por tanto, el crecimiento económico tan solo uno de los medios para lograrlo. De allí que la autora le establezca a economistas y dirigentes políticos el reto de interesarse por mejorar las condiciones de vida de la población. Sugerencia que se hace más prioritaria, en cuanto la realidad nos ha mostrado que el crecimiento en la producción de riqueza no ha estado acompañada con un reparto más igualitarios de la misma. Sus trabajos evidencian como en todas partes del mundo se observa una gran acumulación de unos cuantos y una reducción en los ingresos de la mayoría de la población, generando graves problemas de desigualdad económica y, con ello, el descontento generalizado, tanto con el modelo económico como con sus dirigentes. En segundo lugar, propone dar un giro en los estudios de la economía. Es necesario que desde la misma formación de los economistas y del trabajo de los científicos sociales se redireccione el estudio de los temas disciplinares. Es pertinente que esta ciencia reconstruya su agenda investigativa; se requiere que los estudiantes e investigadores aborden otras problemáticas más cercanas a la realidad, a la situación actual y a los temas de economía política. Así, por ejemplo, que prioricen temas como la inmigración, la discriminación, la redistribución, el cambio climático, la desigualdad, la corrupción y la pobreza. Lo que hace Duflo es un llamado a los economistas para que no se queden quietos ante la realidad problemática; no debe seguir actuando como una especie de conductor “dormidos al volante (con el pie en el acelerador)”; deben comprometerse más con la realidad, tener los oídos atentos a las necesidades y demandas sociales; tener la capacidad de orientar a los tomadores de decisiones y la población en la decisiones. Su pretensión no es la de desestimar el trabajo que hacen los economistas, sino reivindicar su profesión; crear un renovado interés por la ciencia lúgubre y mostrar su utilidad para el mundo de hoy. En conclusión, nuestra autora defiende una buena economía: aquella que viene en auxilio de la resolución de los diversos problemas que tenemos como humanidad. Hay una serie de asuntos que requieren con urgencia ser atendidos, y en países como Colombia son evidentes: la inmigración venezolana, la desigualdad económica en aumentos y los efectos dañinos del cambio climático. Por eso le establece como reto a los economistas y demás científicos sociales el trabajar incansablemente en mejorar las condiciones de vida de la población y atender una nueva agenda de investigación que considere los problemas prioritarios para la sociedad.

Por: María Victoria Ramírez. Columnista Pares. Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. Ahí ha vivido todo aquel de quien hayas oído hablar alguna vez, todos los seres humanos que han existido. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cada cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y cada campesino, cada joven pareja enamorada, cada niño esperanzado, cada madre y cada padre, cada inventor y explorador, cada maestro moral, cada político corrupto, cada “superestrella”, cada “líder supremo”, cada santo y cada pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí: en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un muy pequeño escenario en una vasta arena cósmica. (…) Dependemos sólo de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí. Colonizar, aún no. Nos guste o no, en este momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad, y yo añadiría que también forja el carácter. En mi opinión, no hay mejor demostración de la locura que es la soberbia humana que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí, recalca la responsabilidad que tenemos de tratarnos los unos a los otros con más amabilidad y compasión, y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que jamás hemos conocido. Fragmento del texto Un punto azul pálido de Carl Sagan. Este llamado, casi un grito desesperado del científico Sagan, pareciera que finalmente empieza a tener eco, ante la inminencia de catástrofes ambientales. Hay una preocupación global por lo que se ha denominado Cambio Climático, al punto que, el 12 diciembre de 2015, en la COP21 de París, las Partes de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) “alcanzaron un acuerdo histórico para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono”. En concordancia con ese compromiso, la mayoría de los países del planeta tienen responsabilidades en torno a promover políticas y acciones tendientes a disminuir el impacto de los seres humanos sobre el aumento de la temperatura de La Tierra y sus consecuencias sobre La supervivencia de las especies que la habitan, incluida la nuestra. Colombia, en el marco de los acuerdos internacionales, tiene la meta de reducir las emisiones de carbono en un 20% para el año 2030, para ello ha emprendido el diseño de un Plan Energético Nacional a 2050 que garantice el desarrollo económico, el suministro de la demanda de energía y el respeto al medio ambiente. Pero las políticas por sí solas no garantizan la sostenibilidad del planeta. Debe existir un compromiso de cada institución y de cada individuo para disminuir su huella de carbono, o bien cambiando hábitos de consumo que involucren procesos más eficientes en materia energética, es decir, suplir las necesidades energéticas, manteniendo la calidad en los procesos de producción y el confort, usando menos energía, o que las fuentes que producen dicha energía sean más limpias. En sintonía con esa tendencia global, he emprendido una iniciativa de comunicación denominada Planeta Eficiente, que consiste, por ahora en un canal de YouTube en el que se publican dos veces a la semana videos cortos, de no más de cinco minutos de duración, en los que abordo temas como Eficiencia Energética, Energías Renovables no convencionales y Cambio Climático. El canal estará al servicio de difundir iniciativas, tecnologías, emprendimientos y conocimiento en esos tres temas. Hasta el momento, se han publicado contenidos como la movilidad eléctrica, dando ejemplos en el Eje Cafetero tales como el Cable Eléctrico de Manizales, las bicicletas eléctricas que se ensamblan o adaptan en esa ciudad, la Granja solar para producir energía fotovoltaica, propiedad de la empresa de energía de Pereira, al igual que un novedoso sistema denominado Sistema Solar Térmico que consiste en el aprovechamiento de tubos de vidrio al vacío que concentrar el calor y lo aprovechan para calentamiento de agua tanto a nivel industrial como a nivel residencial, producidos por una empresa Delta de U, ubicada en el departamento de Risaralda. Ejemplo de un sistema solar térmico se puede observar en la siguiente imagen, tomada de https://solar-energia.net/energia-solar-termica/colector-solar-termico/colectores-tubos-vacio Colombia posee potencial en fuentes renovables de energía no convencionales tales como la energía solar, de la cual se puede aprovechar tanto el calor como su forma eléctrica conocida como energía fotovoltaica, igualmente, tiene zonas de potencial eólico, es decir, en las que se puede usar el viento, así mismo la energía mareomotriz que usa las olas del mar. Finalmente, los desechos orgánicos como estiércol animal para producción de biogás. La transformación energética implica mirar hacia esas nuevas fuentes. Si el Estado es coherente con los compromisos internacionales suscritos y las leyes y decretos expedidos en estas materias, deberá dar ejemplo y empezar los procesos de eficiencia y transformación energética en las instituciones públicas. El ahorro de energía no es solo un problema de huella de carbono, es también un tema de ahorro económico que le interesa no solo al sector público sino también al privado. Quiero invitar a los lectores de esta columna a seguir los contenidos del canal que hasta el momento hemos publicado:

Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares. Muchas cosas hacen que Cuba esté en nuestros sentimientos y placeres. Sin distingo gozamos de su literatura (Lezama, Carpentier, Cabrera Infante, entre tantos, y ahora Padura y su estremecedora novela del desahucio “Como polvo en el viento”), su música diversa, encantadora, vital (del Septeto Habanero y Matamoros, de Silvio y Pablo, de Revé y Van Van, de Buena Vista y Afro Cuban All Stars y la actual fascinación de Akokán), su turismo mágico en la embrujadora Habana y en todos los rincones de esa pedazo de tierra emergida del Caribe como un gran caimán. La amabilidad, sabrosura y temple de los cubanos y su revolución que, quiérase o no, fue un revolcón para una Latinoamérica y un Caribe gobernado por la injusticia y así como desató una férrea agresión liderada por Estados Unidos, también obligó a promover aperturas y reformas que habrían tardado años. La solidaridad que desde sus carencias ha ofrecido a pueblos en dificultades Por todo eso, la vuelta al pasado de aspereza y la ingratitud por parte del gobierno colombiano concita rechazo. Las relaciones de Colombia y Cuba son históricas. La lucha por la Independencia de España liderada por Simón Bolívar contó con activa simpatía de círculos solidarios en la isla y para El Libertador la expedición de apoyo a la emancipación cubana y puertorriqueña fue un propósito inconcluso. La gesta de Maceo y Martí contó con la solidaridad del liberalismo colombiano y un caucano, el general Avelino Rosas, ofrendó la vida en ese empeño. Tras el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro en 1959, el gobierno liberal pro estadounidense de Alberto Lleras se plegó al mandato de Washington de aislar a Cuba una vez esta optó por el socialismo, decantando su proceso interno y como respuesta a las presiones estadounidenses –pretensiones derrotadas con el abatido intento de invasión mercenaria en Bahía Cochinos en 1961. La Revolución Cubana se convirtió en referente para las luchas sociales del continente y algunas organizaciones políticas de izquierda optaron por la vía armada para buscar acceder al poder en un escenario de dictaduras y oligarquías insaciables acosta de pueblos paupérrimos. Bien como estrategia para disipar la presión en su contra o como resultado del convencimiento de su dirigencia (los Castro y “Che” Guevara) de su papel de vanguardia, La Habana ofreció respaldo político y práctico a los intentos insurgentes. En el caso colombiano, miembros del disidente Movimiento Revolucionario Liberal y estudiantes que crearían el Ejército de Liberación Nacional fueron apoyados en el propósito beligerante, lo que tensó aún más las relaciones entre los dos países, en bandos opuestos en la “guerra fría”. En la novela “Las reglas del fuego”, Lisandro Duque recrea muchos pasajes de esa historia. A finales de los años 60, secuestrar aviones para desviarlos a la isla fue prueba de heroísmo y provocación. En una demostración de apertura política, en 1974, el exdirigente del MRL, Alfonso López Michelsen, como presidente, restableció las relaciones diplomáticas, situación que revirtió el gobierno siguiente de Julio César Turbay, también del Partido Liberal, fiel servidor de la Casa Blanca y ejecutor de la “Doctrina de Seguridad Nacional”, cuya hostilidad hacia Cuba fue manifiesta en el alineamiento con EE.UU. en el objetivo de aplastar la isla insumisa. Se desconoce si como reacción a la enemistad de Turbay o en un error inducido por los equívocos análisis estratégicos de la dirigencia del Movimiento 19 de Abril, o la combinación de factores, en Cuba se dio entrenamiento a contingentes guerrilleros, descubiertos y neutralizados en su internamiento al país. Con apoyo cubano había triunfado en Nicaragua el FSLN en 1979 y crecido la guerrilla salvadoreña, Así se sirvió así en bandeja el motivo para un estruendoso rompimiento. En un ambiente de reformas y diálogos con las distintas agrupaciones insurgentes y el progresivo derrumbe del socialismo soviético, el liberal César Gaviria volvió a abrir embajada en La Habana en 1991, sin condicionamientos, mantuvo relaciones fluidas y se recuerda su caminata por las playas cartageneras con Fidel Castro, cercanía que fue de utilidad para impulsar acuerdos con varios grupos y para que el enigmático JEGA dejara en libertad al hermano del presidente secuestrado, cuando se presagiaba lo peor. En la oleada democratizadora de finales de siglo XX en América Latina, el líder cubano apreció las posibilidades de que fuerzas progresistas pudieran hacerse al gobierno por la vía electoral –la única experiencia fue sepultada en sangre por el golpe de estado contra Salvador Allende en Chile en 1973- y en un pronunciamiento enfático desestimó el camino de las armas, sin renunciar a la solidaridad con el movimiento revolucionario. A la vez, esa actitud abrió un espacio de colaboración en Latinoamérica cuando la isla comenzó a sentir los rigores de la implosión del campo socialista en su economía. El conservador Andrés Pastrana, en la pretensión por sellar un acuerdo con las Farc, buscó el respaldo político de Castro, fue recibido con honores de jefe de Estado y amigo en visita oficial. En conferencia en la Universidad de La Habana elogió los logros sociales del país anfitrión y saludó la amistad de los dos pueblos. El dirigente cubano se distanció del manejo táctico que esa guerrilla le dio a las negociaciones y que conducirían a su fracaso. Lo documentó en el libro “La Paz de Colombia”. Así se niegue ahora, la decisión de Álvaro Uribe de priorizar la derrota militar de la insurgencia como parte de su política de “seguridad democrática”, no cerró la opción de diálogos de paz, mantuvo los nexos con la dirigencia cubana, solicitó su apoyo y acogida a acercamientos con el ELN. Brindó con Fidel Castro y elogió al líder cubano, quien recordaba llamadas en la madrugada del presidente colombiano para inquirir su opinión en diversos asuntos. En el gobierno de Juan Manuel Santos, la isla se convirtió, por consenso de las partes, en sede ideal para las negociaciones con las Farc, dadas las posibilidades de confidencialidad, el significado y la confianza de Cuba para la guerrilla y la experiencia de ese país en los asuntos diplomáticos. Sin duda, fue importante en el éxito de los diálogos y el arreglo en gratitud denominado “Acuerdo de La Habana”. Por el lado del ELN el intento quedó trunco, no obstante la voluntad de cooperación del país anfitrión. Sin embargo, la radicalización derechista de sectores del Centro Democrático, liderados por Uribe Vélez, halló en el supuesto de una imposición “castrochavista” y “amenaza socialista” la manera de intentar demeritar el acuerdo con las Farc y a sus adversarios políticos y la izquierda, tratando de cerrarles la posibilidad de llegar al gobierno. Ni en el programa de la Colombia Humana que disputó la presidencia con la candidatura de Petro, ni en los de partidos y movimientos de izquierda, incluidas las desmovilizadas Farc, aparecen como objetivos los de un régimen de propiedad estatal de medios de producción y partido único. Un atentado sangriento del ELN, a comienzos del gobierno Duque, le sirvió de excusa para intentar poner en aprietos a la isla con la solicitud de que le sean entregados mandos de esa agrupación cobijados por la protección de protocolos, salvaguardias y salvoconductos convenidos con la administración anterior, de consuno con la experiencia internacional y obligantes para el Estado. Y en esa artimaña se ha mantenido. El Centro Democrático y el gobierno Duque, a la cola de la regresión de las relaciones EE.UU.-Cuba impuestas por el estrambótico gobierno Trump, buscando un rédito militar presionó la inapropiada petición de que los negociadores del ELN sean extraditados, en conocimiento de que La Habana, por honor y fidelidad con lo acordado no accedería, buscando una justificación para una eventual ruptura que traería aplausos de la ultraderecha internacional. En ese propósito incidieron para que, de salida, Trump metiera sin asidero a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo que sumada al endurecimiento del bloqueo estadounidense convergen en un agravamiento de la situación socioeconómica, afectada ahora por el hundimiento de la economía venezolana, que había servido como soporte en la provisión de combustible y acuerdos económicos ventajosos. Obnubilados con la posibilidad de un segundo mandato de Trump, desde el gobierno, la Fiscalía y el CD, fabricaron un embuchado “informe confidencial” sobre un supuesto espionaje e injerencia cubana en el país, filtrado a la revista Semana, ahora vocera de esos intereses, para dar munición a la agresión gringa y justificar el rompimiento con Cuba, de manera tardía pues salió a la luz cuando el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, retoma el rumbo iniciado por Barak Obama que llevó al restablecimiento de relaciones con La Habana tras medio siglo de enfrentamientos. Corresponde a los organismos de seguridad y al gobierno demostrar que los grupos de solidaridad con Cuba van más allá de las colectas de apoyo ante desastres naturales, el tradicional almuerzo de puerco con gallopinto y ron Habana de los primeros de mayo y la celebración del natalicio y conmemoración de la muerte de Martí y Fidel. Que las charlas de la embajada sobre la realidad del socialismo cubano, la unificación de la moneda y la ampliación de posibilidades a ofertas de servicios privados y otras medidas recientes son adoctrinamiento. Y si más de un millar de cubanos que se desempeñan como médicos, restauranteros, músicos y entrenadores deportivos andan en una conjura aparte de hacerse la vida. Al parecer ese intento de venganza ideológica le salió mal a la derecha. Es un acto inamistoso, desleal en la interpretación y cumplimiento de mecanismos de actuación acordados que demandan seriedad de los Estados y torpe en la visión diplomática y geopolítica. Estados Unidos retorna a la política de relaciones entre naciones de signo político diverso, sin renunciar a presionar por cambios en la isla desde su postura, lo que puede también puede llamarse injerencia, pero no a los cañonazos. El gobierno Duque se quedó sin a quien reportarle el mandado y otra vez haciendo de Caín. Ojalá, dado el nuevo contexto, recapacite, aproveche el respaldo cubano y reinicie negociaciones con el ELN. No sería de poca monta que una organización inspirada en la revolución cubana, con auspicio de ella lograra un acuerdo que alivie un poco más la violencia y de paso otorgue un mayor nivel de legitimidad a la democracia colombiana. A pesar de la ingratitud Cuba sigue dispuesta

Por: Guillermo Linero Montes. Columnista Pares. Al principio de la pandemia pensé que debíamos apoyar incondicionalmente al presidente Duque, en su conducción de la campaña contra el coronavirus. Lo creí así, basado en algo que para mí es de mucha importancia, como es el respeto por la investidura presidencial legítima o legitimada. Contaba para ello con el entendimiento de que sólo desde tal posición de poder, era posible llevar a cabo acciones tan complejas como las requeridas en una pandemia y, tratándose de un asunto de vida o muerte, realizarlas con eficacia y efectividad. No obstante, hasta la fecha, y si nos atenemos a los efectos de su programa televisivo, la respuesta es una: Duque no lo ha pretendido así. Al reparar el bajo rating del mismo programa –que supongo ha de usar como termómetro para medir su eficiencia y eficacia- y al revisar el número cada vez más alto de personas muertas por covid, la conclusión es una sola: si ha pretendido ser eficaz y eficiente, no lo ha conseguido. Hacia el mes de abril del 2020, cuando extendió la cuarentena hasta el mes de mayo, cuando prohibió el futbol a puertas cerradas y advirtió a los banqueros que él no permitiría irregularidades o abusos con los créditos, cuando anunciaba tener prevista y asegurada la compra de las vacunas, todo parecía funcionarle. Aun así, por mi parte, comprendía que en calidad de mandatario de un país demócrata, Duque no estaba obligado a seguir sus propias ideas e imaginaciones, ni las de su partido ni las de su jefe; sino, por el contrario, debía abanderar las ideas manifestadas por la misma comunidad que lo eligió. De tal suerte, hacerle críticas al gobierno de Duque, menguándole su capacidad de trabajo, no lo veía coherente; e igual consideraba absurdo aplaudirlo antes de que trascurriera el evento de la pandemia. En cambio, sí veía consecuente hacerle saber las críticas ligadas a un espíritu colaborativo. En efecto, al principio de la pandemia, al presidente Duque se le vio en permanente alerta y, tal vez, entre todas las críticas que se le hicieron en redes sociales, la más propagada fue decir, por ejemplo, que a la hora de tomar medidas para evitar la propagación de los contagios, siempre iba tras los pasos de Claudia López. Una crítica a una conducta acertada, como era seguir a la alcaldesa que en eso, y en aquellos días, estaba haciendo bien su tarea. No obstante, la realidad es que no había manera de evitar que Duque siguiera a Claudia López; porque el presidente –contrario a las posibilidades de gobernabilidad de la alcaldesa- no puede expresarse ni decidir en tiempo real sobre lo que piensa; porque él actúa bajo la anuencia de numerosos grupos de presión. Grupos a los cuales debía consultar Duque o interpretarlos previamente. Para aquellos días, justo afloraban las reclamaciones del gremio de los empresarios; pues, haciendo a un lado la vida de los ciudadanos, estos consideraron que sus empresas eran las que más riesgo corrían. No obstante, los empresarios eran conscientes de que la mayor parte de la población, si no toda, nunca respaldaría decisiones que implicaran la estabilidad de las empresas a costa del fallecimiento de sus familiares, amigos y vecinos. De hecho, ese ya había sido tema de debate en varios países –en México, Estados Unidos, Brasil,…- que tardaron en decidir entre apagar la economía o “sacrificar sagradamente” a un considerable número de pobladores. Aquí en Colombia, las decisiones adoptadas finalmente fueron las peores; porque con los días sin IVA, con la apertura de los centros comerciales y con la realización de eventos como, entre otros, los partidos de futbol -todavía en plena actividad pandémica- se abonó el terreno para la delicada realidad que hoy nos preocupa. Al principio de la pandemia, consideraba que la obligación de los ciudadanos consistía en estar atentos para contribuir en cuanto el gobierno los requiriera, empezando por seguir las recomendaciones de prevención y aislamiento. Sin embargo, Duque y sus copartidarios, por ejemplo, se molestaron de manera irracional cuando el senador Gustavo Petro hizo pública su gestión para conseguir –bajo la figura del asistencialismo social- vacunas gratuitas del gobierno español, cuando ellos -Duque y sus asesores- las estaban negociando al más alto precio del mercado, y bajo la figura del secretismo o la alta confidencialidad. Desde tal entendimiento, es dable preguntarse en qué términos Duque y su gobierno han estado promoviendo y aplicando la llamada asistencia social. Al respecto, lo primero es reconocer que la asistencia social, o mejor, el asistencialismo -que es legítimo en un estado social de derecho- ocurre por medio de dos vías: una es la que se abre paso para enfrentar, por ejemplo, una enfermedad, una epidemia, una pandemia, una catástrofe, o los estragos de una guerra. Esta vía, exceptuando los estragos de una guerra, no es anómala. Y la otra vía -sometida a muchas críticas y estudios serios que reconocen su anomalía y malevolencia- es la del asistencialismo por causa de la ambición de los poderosos, y consiste en preservar sus privilegios en cuanto puedan preservar la pobreza y, para garantizarse eso, dicho asistencialismo lo único que no acepta es ver morir de inanición a la fuerza de trabajo. De ahí la necesidad de los gobiernos, siempre urgente, de implementar una brigada de asistencia social. En el caso de Colombia, el presidente Duque hizo un llamado a los empresarios para que mantuvieran los empleos y pidió a quienes pueden hacerlo voluntariamente, que aportaran soluciones de asistencia a la población vulnerable. El asistencialismo, para decirlo mejor, como modelo de “solidaridad con los desamparados”, estuvo buena parte de la historia liderado por la iglesia y sus “instituciones de caridad”, a través de las cuales se administraba y profesaba la misericordia. Luego fue asumido directamente por los estados paternalistas y sus “programas institucionales de solidaridad” que buscaban, y siguen haciéndolo, regular la inequidad cuando esta se torna salvaje. Y en el presente, se han sumado al esfuerzo de los gobiernos y de algunas fundaciones de origen privado, las denominadas ONGs, que son organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, pese a esta tradición de aparente “amor al prójimo”, detrás de toda asistencia social hay siempre un interés discernible, que va desde su expresión más noble -inspirada en la solidaridad, en la misericordia y en la ayuda sincera a los demás- hasta su expresión más ignominiosa, como es sacar provecho sin compasión de la pena ajena. En el caso de Duque, sus decisiones parecieron haber tomado la segunda de estas vías, por expresar con énfasis que su preocupación residía más en cómo proteger la economía, antes de pensar en cómo proteger la población. Eso de asegurar primero la bolsa y después la vida, le hizo perder credibilidad con respecto a qué estrategia implantar. Son numerosas las críticas a su postura, dada a no pensar prioritariamente en la población, como lo develan estas líneas del investigador y educador Julián Alvarán, escritas tras la promulgación de los decretos presidenciales 417 y 444: “Favorecer al capital antes que a la gente. Como ya se mencionaba, estos decretos contemplan solo a la población que ya es considerada vulnerable y a quienes dependen del sistema financiero, en tal sentido los créditos o “ayudas” están dirigidas a personas y empresas que tributan al sistema financiero, lo que en últimas apunta a favorecer a los bancos”. O, para decirlo en palabras contantes y sonantes con el senador Rodrigo Lara: “Mi reproche es que aquí repartimos 13 billones de pesos habiendo tanta escasez de recursos y en cuestión de 20 días los bancos se decretaron 8,5 billones de pesos de dividendos. Plata que sustraen del capital del Banco de la República y que va al patrimonio privado de los dueños”. Y sin embargo, hacen burla de la propuesta asistencialista del senador Gustavo Petro, consistente en imprimir billetes en semejante cantidad para aliviar las desgracias de los menoscabados por la pandemia.