Por: Catalina Valencia En el Caribe colombiano, donde la realidad se disfraza de mito, Gabriel García Márquez tejió, desde la literatura, lo que hoy la ciencia confirma: el olvido como enfermedad. Lo que parecía una metáfora en Cien años de soledad  —una peste del insomnio que desemboca en la pérdida de memoria — fue, para el neurólogo Francisco Lopera, mucho más que una licencia literaria: fue una revelación. Lopera, uno de los más importantes científicos del país, descubrió la mutación paisa, una alteración genética presente en familias de Antioquia que padecen alzhéimer precoz. Este hallazgo, considerado clave en la búsqueda de una cura global, se vio alimentado por su admiración por Gabo. En palabras suyas: “Me llamó la atención que la otra peste, la de la falta de memoria, empezara con la falta de sueño. Eso tiene bases científicas: los recuerdos se construyen durante la noche, cuando uno está soñando”. Este vínculo entre ficción y ciencia no fue casual. Gerald Martin, biógrafo de García Márquez, relata que Gabo comenzó a manifestar síntomas de alzhéimer hacia 2003, justo cuando terminaba Vivir para contarla . Su memoria, instrumento vital de la creación, comenzó a borrarse lentamente. Durante una feria del libro en Guadalajara, se quedó en blanco en pleno escenario. Desde entonces, su enfermedad fue un secreto celosamente guardado, aunque su literatura ya había hablado de ella desde mucho antes. Hoy sabemos que varios de sus hermanos también padecieron alzhéimer. La herencia genética se entrelazó con la herencia narrativa. Por eso, la lectura que hizo Lopera no fue simplemente la de un lector deslumbrado, sino la de un científico conmovido por una intuición que se adelantó a su tiempo. El libro Los médicos de Macondo , recientemente publicado, recoge estos hallazgos y demuestra que Gabo no solo fue un cronista de la condición humana, sino también un visionario de sus enfermedades. La medicina, la ciencia y la observación del alma están en su obra como parte de un mismo relato. Por eso, en el Festival Macondo, que se celebrará del 2 al 3 de agosto de 2025 en Aracataca, con el apoyo de la Fundación Pares y la Gobernación del Magdalena, la medicina en la obra de Gabo tendrá un lugar de honor. No se trata solo de recordar su genio literario, sino de explorar cómo sus palabras, aún hoy, inspiran a quienes buscan curar, aliviar y entender lo que somos. Porque en Macondo, como en la vida, el olvido también tiene memoria.

Por: Juan Manuel Velandia y Diego Alejandro Pedraza, Investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad El 14 de mayo de 2025 sorpresivamente, el país fue testigo del hundimiento de la Consulta Popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, luego de que el Senado la rechazará con una votación de 49 votos por NO y 47 por el SÍ. La jornada estuvo marcada por un ambiente tenso, lleno de confrontaciones y discusiones. Desde el inicio, el debate se desarrolló en medio de choques entre los senadores afines al Gobierno y la oposición. Tal como lo relatamos en este artículo , el bloque del Pacto Histórico, liderado por el senador Iván Cepeda denunció algunas maniobras dilatorias y posibles estrategias orientadas a obstaculizar y torpedear el debate y la votación. Ante la movida de los congresistas que le dijeron NO a la posibilidad de llevar a votación las 12 preguntas en favor a los derechos de los trabajadores, PARES pudo rastrear que, de los 49 senadores que votaron negativamente, 13 hacen parte de importantes clanes políticos tradicionales que responden a intereses personales y que por años han sido cuestionados por corrupción y presuntos nexos con grupos armados ilegales. Lo que sigue a continuación es un análisis de los perfiles de estos congresistas y de los clanes políticos que representan. Partido Conservador   CLAN MERHEG (RISARALDA) ·      Juan Samy Merheg Fuente: Imagen tomada de la cuenta personal de Facebook de Juan Samy Merheg Proveniente de unos de los clanes políticos más poderoso de Risaralda y actual líder.   Es administrador de empresas y un importante empresario en los sectores de la construcción y de las telecomunicaciones. Ha sido Senador de la República en los periodos 2010-2014, 2014-2018, 2018- 2022 y 2022-2026 por el Partido Conservador Colombiano.   Juan Samy Merheg, es heredero de parapolítica al haber adquirido el caudal político y electoral de su hermano Habib Merheg Marun, quien fungió como senador por dos períodos desde el 2002 hasta mayo de 2009 cuando renunció a su curul por una investigación en su contra por parapolítica ,  en específico por su presunta relación con el comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, Juan Carlos “El Tuso” Sierra; Ernesto Báez y Hernando Gómez Bustamante, alias “Rasguño”, quienes lo señalaron de presuntas relaciones políticas y de negocios con el grupo criminal.   Habib Merheg estuvo prófugo de la justicia colombiana desde el 2010 hasta el 2018, fecha en la cual su caso fue remitido a la JEP, hasta la fecha Pares desconoce el estado actual de su investigación.   Si bien no hubo ninguna una investigación abierta en su contra por parte de la Corte Suprema de Justicia, en 2024, Samy Merheg, si fue mencionado  por un testigo clave por su presunta participación en el escándalo de corrupción, denominado “Las marionetas 2.0”, un entramado que tenía como objetivo el direccionamiento irregular de contratos estatales y el cual haría sido liderado por el fallecido senador liberal Mario Castaño.     CLAN BLEL (BOLÍVAR) ·        Nadia Georgette Blel Scaff Fuente: Imagen tomada de la cuenta persona del Facebook de Nadia Blel Dentro de su trayectoria política y pública se destaca su paso por el Concejo de Cartagena para el periodo 2001-2003 y, posteriormente, fue asesora del gobernador de Bolívar durante cinco años. En el 2014, llega por primera vez al Congreso de la República a ocupar una curul por el Partido Conservador para el periodo 2014-2018, con una votación 42.394. Fue reelegida para el periodo 2018-2022 y 2022-2026 con una votación de 69.840 y 165.000, respectivamente. Asimismo, actualmente es la Presidenta del Partido Conservador.   Es miembro de uno de los clanes políticos más cuestionados y con mayor influencia en el departamento de Bolívar.   Es hija del condenado por parapolítica Vicente Blel y hermana de Vicente Blel Scaff, gobernador de Bolívar (2020-2023).   Heredera de parapolítica y de la estructura política de su padre, el excongresista Vicente Blel, condenado  por La Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir agravado por sus vínculos con grupos paramilitares para determinar los apoyos del grupo armado a los candidatos respaldados por Blel en Bolívar.   CLAN GARCÍA-PINEDA-BARGUIL (CORDOBA)   ·      Marcos Daniel García Pineda Fuente: Imagen tomada de la cuenta personal de Facebook de Marcos García Pineda Es el actual líder del Clan García - Pineda – Barguil, heredero del caudal político de su madre, la exsenadora Nora García Burgos.   Nora García fue senadora, por cuatro periodos consecutivos (2006-2010, 2010-2014,2014-2018 y 2018-2022) estuvo investigada por la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en parapolítica. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó  el caso.   Marcos Pineda, fue alcalde de Montería, Córdoba para el periodo 2008 – 2011. En 2015 con el apoyo de David Barguil y su madre, fue reelecto a la Alcaldía de Montería para el periodo 2016-2019. En las elecciones de 2022 fue elegido senador por el Partido Conservador para el periodo 2022-2026.   CLAN BARRETO (TOLIMA)   ·      Oscar Barreto Fuente: Imagen tomada de la cuenta personal de Facebook de Oscar Barreto Fue concejal del Ibagué en 1982, tesorero municipal de la capital departamental en 1993 y desde 1997 fue secretario general del municipio durante la Alcaldía de la independiente Carmen Inés Cruz, excandidato independiente a la Alcaldía en el 2000 y en 2003 y fue excandidato a la gobernación en 2005, en medio de unas elecciones atípicas donde también perdió.   Con el apoyo de los conservadores del clan Gómez Gallo, Barreto terminó siendo electo gobernador del departamento para el periodo 2008-2011, bajo la bandera de ser el gobernador "más uribista del país". Fue reelecto gobernador en 2015 y en 2022 se lanzó al senado, donde actualmente ocupa una curul.   En septiembre de 2013 fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación por 11 años, debido a irregularidades en un proceso de licitación de la vía Líbano-Villahermosa. No obstante, en 2014, la misma Procuraduría lo absolvió, lo que le permitió participar en política y quedar reelecto como gobernador. Del mismo modo, en 2019 la Procuraduría también inició una investigación en su contra por presunta injerencia indebida dentro de algunos nombramientos en la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima). Sin embargo, en 2023 la procuradora Margarita Cabello desestimó las acusaciones y archivaron el proceso.   En noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación por presuntas irregularidades en convenios y contratos durante su administración como gobernador para el periodo 2008-2011. Sin embargo, en octubre de 2024 la Corte Suprema de Justicia archivó su caso.     Partido Cambio Radical   CLAN CHAR (ATLÁNTICO)     ·      Antonio Luis Zabarain Guevara Fuente: Imagen tomada de la cuenta personal de Instagram de Antonio Zabarain El senador y empresario proviene de las bases económicas y políticas del Clan Char, hoy el más poderoso del país.  Su carrera profesional se fundamenta principalmente en el sector privado, pues junto al cuestionado alcalde de Barranquilla, Alejandro Char fue miembro de la junta directica de la Operación Minera del Siglo XXI. Asimismo, según Cuestión Pública,  el senador ha pertenecido a nueve empresas con cargos de alta importancia y en cinco de ellas ha tenido como socio a Roberto José Zabarain Manco, concuñado del líder del clan, Fuad Char.   Zabarain ha tenido tres cargos de elección popular, el primero como alcalde municipal de Ciénaga entre 1998 y 2000 y el segundo cuando llegó primera vez al senado para el periodo 2018 y 2022 y el tercero, fue su reelección como senador para el periodo 2022 y 2026 con la bendición de Fuad Char   Es esposo de la exrepresentante conservadora Inés Cecilia López Flórez, congresista en el periodo 2014- 2018.   CLAN COTES (MAGDALENA)   ·      Carlos Mario Farelo Daza Fuente: Imagen tomada de la cuenta personal de Facebook de Carlos Farelo Daza   Su vida política inició en 2018 cuando aspiró a la Cámara de Representantes por Magdalena con el aval de Cambio Radical para el periodo 2018-2022, en la cual resultó electo con 56.628 votos. Posteriormente, Carlos Farelo llegó al Senado para el periodo 2022-2026 con 84.538 votos.   El senador proviene de una familia política altamente cuestionada, es hijo de Zunilda Daza, exconcejala de Ariguaní señalada  en su momento por la Fiscalía de haber firmado el Pacto de Chivolo con los paramilitares de ‘Jorge 40’.   Su hermano es David Fernando Farelo Daza, alcalde de Ariaguaní entre 2020 y 2023, investigado por la Fiscalía por presunta corrupción al sufragante y actual secretario de Promoción Social de Santa Marta. Se desconocen los avances de esta investigación.   Carlos Farelo Daza es miembro del Clan Cotes y cercano de Luis Miguel Cotes Habeych,  exgobernador del Magdalena para el periodo 2012-2015 y actual líder del clan a quien en 2019 estuvo apoyando su candidatura para la Gobernación del Magdalena y en la cual perdió contra Carlos Caicedo. Para las elecciones de 2022 Carlos Farelo Daza fue la fórmula  de José Domingo Dávila, también candidato de los Cotes para la Cámara de Representantes por Magdalena en las elecciones de 2022, en la cual no resultó elegido.   Partido de la U   CLAN DILLIAN FRANCISCA TORO (VALLE DEL CAUCA)   ·      Juan Carlos Garcés   Fuente: Imagen tomada de la cuenta personal de Instagram de Juan Carlos Garcés Garcés durante el transcurso de los años se ha posicionado junto a Norma Hurtado como fichas claves del clan de Dilian.   Su incursión en la política inició en 2011 como candidato al Concejo de Cali por el Partido de la U, sin embargo se quemó con 5.000 votos. Posteriormente en 2015 nuevamente se lanzó como candidato a la Asamblea del Valle y fue electo como diputado con 47 mil votos.  En 2019 fue reelegido como el diputado más votado de Colombia con 75.000 votos.   En 2021 renunció a su curul en la Asamblea del Valle, para aspirar al congreso en la que resultó electo como el senador más votado del Partido de la U con 155.000 votos.   Hace parte de la estructura política del Clan de Dilian Francisca Toro, quien ha logrado conseguir y mantener un verdadero control en el departamento del Valle del Cauca como líder de su propio clan, convirtiéndolo así en el segundo clan más importante del país después de los Char.   ·      Norma Hurtado Sánchez Fuente:  Imagen tomada de la cuenta personal de Facebook de Norma Hurtado Su trayectoria política y pública ha ido de la mano de Dilian Francisca Toro. Ha sido gerente administrativa de la ESE Antonio Nariño entre los años 2004 y 2008. Su inicio en la política fue como concejala de Cali con el aval del Partido de la U para el periodo 2012-2015. En el 2016 fue nombrada secretaria general de la Gobernación del Valle durante la administración de su jefa política, Dilian Francisca Toro, cargo que ocupó hasta 2017. Para las elecciones legislativas de 2018 con la bendición de Toro, fue electa como representante a la Cámara con 62.000 votos.   En 2022 ya siendo la mano derecha de la baronesa electora del Valle, Hurtado saltó al senado con 128.000 votos.   Es una de las fichas claves dentro del clan de Dilian Francisca Toro, la actual senadora ha sido importante para representar los intereses del Clan a nivel nacional.    CLAN NUEVA FUERZA GUAJIRA (LA GUAJIRA)   ·      Alfredo Rafael Deluque Zuleta Fuente:  Imagen tomada de la cuenta personal de Facebook de Alfredo Deluque El líder del clan de mayor influencia actualmente del departamento.  Ha sido representante a la Cámara por La Guajira en los periodos 2010- 2014, 2014-2018 y 2018-2022.  En sus inicios en política, habría sido apoyado financieramente  por Cielo Redondo, presunta jefa política de la estructura paramilitar de Arnulfo Sánchez, alias ‘Pablo’, del ‘Bloque Contrainsurgencia Wayuu’, que operó en la alta Guajira.   Deluque era miembro del ‘Clan Nueva Guajira’, el movimiento liderado por Jorge Pérez Bernier. Su padre, Hernando Deluque, era uno de los líderes de ese clan. Luego de los escándalos de corrupción de Pérez Bernier y de su padre, Alfredo Deluque, ha tomado las banderas del movimiento y ha montado una estructura denominada ‘Nueva Fuerza Guajira’, que llevó a la Gobernación de La Guajira a Jairo Alfonso Aguilar Deluque en las elecciones de 2023.   Centro Democrático   CLAN RAMIREZ (BOYACÁ) ·      Ciro Ramírez Fuente:  Imagen tomada de la cuenta personal de Facebook de Ciro Ramírez Es la cabeza de la estructura política del antiguo cacique boyacense, Ciro Ramírez (padre de Ciro Alejandro). Inició su vida política en 2014 cuando logró una curul en la Cámara de Representantes, a partir de ahí comenzó una rápida escalada dentro de las huestes del Centro Democrático, siendo senador en 2018 y 2022, época en la que además se convirtió en un vocero fuerte del partido del expresidente Uribe. En diciembre de 2023 fue capturado  por orden de la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de “Las Marionetas 2.0”, según el órgano judicial, Ramírez fue la cabeza del entramado criminal en conjunto con otros congresistas. Sorpresivamente, Ramírez fue el único congresista que fue capturado por ese escándalo de corrupción. En mayo de 2025, la corte decidió revocar la orden de captura en su contra lo que le permitió a Ramírez volver a ocupar la curul en el recinto del Senado. Ha vuelto con poco protagonismo y muy fiel a las líneas del partido y del jefe máximo de la colectividad, el expresidente Álvaro Uribe. CLAN LOS PAOLOS (ANTIOQUIA) ·      Paola Holguín Fuente:  Imagen tomada de la cuenta personal de Facebook de Paola Holguín De las entrañas del uribismo tradicional, miembro del clan político de los “Paolos”. Fue asesora del gobierno Uribe, cercana al partido y miembro del gabinete entre 2002 y 2010. En 2014 decidió aspirar al Senado en la lista cerrada del Centro Democrático, resultaría electa en el puesto 18 de los 20 que obtuvo el partido en esa primera elección. Desde que llegó al Congreso, Paola Holguín se convirtió en una “vocera” permanente del partido, siendo una de las congresistas que mayor despliegue en medios de comunicaciones ha tenido durante su paso por el capitolio. Esto le valió para en 2018 repetir curul, esta vez en lista abierta y siendo la segunda votación del partido para dicha contienda. Desde ese primer momento sondeó la posibilidad de ser candidata única del Centro Democrático, sin embargo, hasta el momento ha sido infructuosa su participación. De igual forma, su imagen se ha visto muy mermada en los últimos años, debido a que en redes sociales ha sido fustigada por la figura de padre, Frank Holguín, quien presuntamente según diversas investigaciones de diferentes portales, está relacionado con negocios de narcotráfico.   Partido Liberal CLAN TAVERA (SANTANDER) ·      Miguel Ángel Pinto Fuente:  Imagen tomada de la cuenta personal de Instagram de Miguel Ángel Pinto El senador santandereano hace parte de la estructura del exgobernador de Santander, Didier Tavera. Fue Representante a la Cámara entre el 2011 y el 2018, presidente de dicha corporación entre 2016 y 2017 y senador de la república desde 2018. Con el tiempo se ha convertido en una de las votaciones fuertes del Partido Liberal, amparado en la estructura de Didier Tavera, estructura a la que Pinto llegó por su matrimonio con Claudia Lucero López, tía del exgobernador de Santander. En la actualidad funge como uno de los liberales opositores a Gustavo Petro, siendo clave su vocería en el hundimiento de la reforma laboral en comisión VII de senado. En 2022 se vio inmerso en un escándalo por una supuesta relación con “Otoniel”, sin embargo, se logró comprobar que era un homónimo del senador el que se relacionaba con el Clan del Golfo.   CLAN GARCIA TURBAY (BOLIVAR) ·      Lidio García Fuente:  Imagen tomada de la cuenta personal de Instagram de Lidio García  Es el heredero y actual cabeza del Clan Turbay, fue concejal del Carmen de Bolívar, diputado de la Asamblea Departamental de Bolívar, Representante a la Cámara por el mismo departamento y desde 2010 es senador de la república, corporación que presidio durante el gobierno de Iván Duque y que, según los acuerdos, volverá a presidir en el último año del gobierno del presidente Gustavo Petro. Lidio se ha levantado como una de las grandes figuras de la política tradicional que se opone a las reformas del gobierno nacional, ha sido un fuerte crítico de Petro y se ha levantado como el ala radical que representa las posturas del expresidente Cesar Gaviria en el capitolio. Durante sus años en política ha sido señalado de clientelismo durante el gobierno de Juan Manuel Santos y en las administraciones de su primo, Dumek Turbay tanto en la gobernación de Bolívar como en la alcaldía de Cartagena. De igual manera fue señalado de parapolítica, por presuntos nexos con el frente José Pablo Díaz, sin embargo, dicha investigación nunca ha logrado probar la responsabilidad de García Turbay.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Con una frase en un sugestivo fondo tono rojo, iluminado por tenues bombillos sobre la estatua de Bolívar, que decía “Todo el poder pa’l pueblo”, acompañada de una hoz y un martillo (signos que el 4 de febrero pasado el gobierno despreció en su perorata contra los “sectarios” de izquierda en su primer Consejo de Ministros Televisado), Gustavo Petro hacía una de sus declaraciones más fuertes contra el Congreso en los últimos meses y llamaba de nuevo al pueblo a movilizarse por la defensa de su agenda de reformas. La contestación de la gente fue amplia. Igual que el 1ro. de mayo pasado, las bases políticas y sociales del progresismo , compuestas en su mayoría por sindicatos, organizaciones sociales y colectivos locales, respondieron llenando el Paseo Bolívar de Barranquilla y clamando por medidas más radicales ante lo que consideran es un bloqueo político por parte de las instituciones frente al gobierno. Indicando que, si algún sector político señalaba que había que sacar al presidente, llamaba a la revolución, Petro le entregó la legitimidad y las banderas a los movimientos sociales para que tomaran las “próximas decisiones”, luego de haberse hundido la Consulta Popular en el Senado y haber revivido una reforma laboral que se ha convertido en la apuesta del Congreso por evitar un escenario de estallido social, como el del 28 de abril de 2021. No obstante, ¿esta vez le funcionará la estrategia al gobierno? La estrategia del gobierno: canalizar la radicalización democrática y agudizar las contradicciones Fuente: El País América Colombia Aunque la convocatoria de los cabildos abiertos en el resto del país en los días previos tuvo una asistencia moderada, Petro logró reunir más de 25 mil personas en el Paseo Bolívar de Barranquilla el pasado 20 de mayo, en una jornada que culminó su primer acto tras el hundimiento de la primera propuesta de Consulta Popular y el pulso que abrió el Senado con la discusión de la nueva reforma laboral. Estos cabildos, a los cuales asistieron en su mayoría líderes sindicales, organizaciones campesinas, grupos indígenas y otros colectivos sociales ligadas a las bases sociales y políticas del progresismo en varias ciudades del país, llegaron casi todos a las mismas conclusiones. Por un lado, abrir las vías para ambientar una huelga general a futuro, con mecanismos de presión escalonados y escenarios de movilización en las próximas semanas. Por otro, respaldar las decisiones que tome el gobierno nacional frente a su disputa con el Congreso y la construcción de su agenda de reformas. El respaldo hacia el gobierno sigue siendo, por lo menos, mayoritario entre sus bases sociales y políticas. Según la última encuesta de Cifras y Conceptos, publicada el 21 de mayo , el 57% de gente medida en este sondeo está de acuerdo con la Consulta Popular del gobierno, del cual el 47% cree que existe un bloqueo institucional y el 39% considera que estas reformas tienen apoyo popular. El 40% de los encuestados afirma no apoyarla. Aunque este respaldo no se traduce en votos directos hacia la consulta (sólo sería votada totalmente por el 34% de los encuestados), sí indican que el mensaje del gobierno finalmente caló, y que, tal como lo preguntábamos desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad en semanas anteriores en este  y este análisis , la duda frente al sostenimiento de la movilización social como respuesta ante la derrota se resolvió, debido a que el gobierno ha logrado mantener a sus bases en alerta durante 2 meses. A falta de una estrategia clara, “todas las formas de lucha” Fuente: Diario la Patria No obstante, y a pesar de la masividad y el apoyo de estas bases frente a la posibilidad de un escenario de movilización más contundente contra las medidas del Congreso, queda en el aire la sensación de que el gobierno no tiene claridad sobre la hoja de ruta que seguirá con la estrategia que ha planteado, y que en el aire también está los efectos de las decisiones que el Comité Nacional Para el Cambio (CNPC) tome en los próximos días. Esto es importante, porque en su discurso, Petro le entregó la legitimidad y la decisión sobre las acciones del movimiento social a este Comité , que en su mayoría está compuesto por los grandes sindicatos del país (CUT, CTC, CGT), algunas organizaciones indígenas y campesinas del orden nacional y algunas de los colectivos organizados que hacen parte del proyecto político del Pacto Histórico, y que es el rezago que quedó del viejo Comité Nacional del Paro de 2021. Esta dispersión frente a la estrategia del gobierno se observa no sólo en la indecisión del mismo por tomar la decisión de llamar a escenarios y acciones de hecho, sino también en las diferentes propuestas que han surgido para romper el bloqueo parcial institucional que existe con el Congreso. Esto, en tanto el gobierno quiere evitar romper con la institucionalidad (aunque juega con estrategias al borde de la misma) y no quiere llegar a escenarios de no-retorno tanto con los grandes grupos políticos y económicos, como con otras ramas del poder público. De hecho, este riesgo se hizo latente con las últimas declaraciones de César Gaviria , quien indicó en una extensa carta que el gobierno está tomando una deriva autoritaria a la que, en caso dado, había que responder con el desconocimiento del gobierno. Por ahora, en la mayoría de los cabildos y de las cumbres sociales que se han organizado, se ha hablado tanto de una huelga general (concepto que toma relevancia por varios mensajes filtrados del ministro del Interior, Armando Benedetti, hacia el presidente, donde utiliza esta denominación), como de un escenario constituyente  que lleve a la revocación del Congreso y a un cambio institucional mucho más profundo, propuesta que había caído en cierto olvido desde que el gobierno buscó un “Acuerdo Nacional” a la cabeza de Juan Fernando Cristo en mayo de 2024, pero que ahora mismo ha cobrado nueva relevancia y ha sido revivida por figuras como Clara López, senadora del Pacto Histórico . Del mismo modo, por el lado del Pacto Histórico se han utilizado herramientas de presión jurídica  para poder revertir los escenarios en los que el bloque de gobierno ha perdido en el legislativo. Tal fue el intento de María José Pizarro por revivir la votación de la Consulta con una proposición, que al final perdió en votación de plenaria de senado 68 a 31 luego de un extenso debate  en el que el presidente de esa corporación, Efraín Cepeda, argumentaba que la votación ya había sido un asunto decidido y que no se podía retrotraer según la Ley 5ta. de 1992, que regula los trámites parlamentarios. Por otro lado, el gobierno decidió presentar de nuevo una Consulta , esta vez ampliada a 16 preguntas (4 nuevas relacionadas con la reforma a la salud, que el gobierno considera podría hundirse pronto). Esta movida del gobierno ha generado controversia, en tanto no existe claridades jurídicas , especialmente sobre si el presidente tenía la facultad de volver a presentarla; si debía hacerlo él o el presidente designado en su ausencia  —Petro estaba en su viaje a China y al Vaticano—; o si era posible repetir las mismas preguntas ya formuladas en la primera consulta, que fue hundida. A ello se suma la duda de si, con el trámite de la reforma laboral —revivida en el Senado— junto con el de la reforma a la salud, el objeto de la consulta pierde sentido, carece de razón de ser y no se justifica su presentación. Lo que sí es posible observar en esta dispersión táctica son dos factores: 1.    El gobierno trata de sobrevivir al llamado ‘cerco institucional’ del Congreso sin detonar una crisis mayor con el resto de la Institucionalidad y la opinión pública (Corte Constitucional, Consejo de Estado, Fiscalía, medios de comunicación, gremios económicos y grupos de interés). Por tanto, necesita mantener vivo el conflicto y los antagonismos, pero sin llegar a puntos de no retorno. 2.    Al no cerrar ninguna vía (ni la institucional, ni la movilizadora, ni la constituyente), Petro estaría encarnando una figura que “sostiene todas las posibilidades” frente a un poder tradicional que aparece como “el gran muro que impide el cambio” . Esto le permite mantener el relato de un gobierno sitiado pero legítimo, que no se rinde, y que está dispuesto a acudir al pueblo si el sistema le cierra el paso. Con esto, el gobierno busca agudizar las contradicciones con un sector de lo que él llama “la oligarquía” ( y que personificó en su intervención del 20 de mayo en los senadores del Caribe y las casas políticas de la región, con especial énfasis en Efraín Cepeda ) representada en el Congreso, sin precipitarse, manteniendo abiertas todas las opciones, al mismo tiempo que busca desgastar al bloque opositor. Esto puede tender a ser eficaz a corto plazo, pero también riesgoso si no logra consolidar suficiente fuerza que le permita capitalizar el desgaste en resultados políticos concretos (aprobación de las Consultas, elecciones de 2026 e incluso reelección del proyecto político del progresismo). La tensión sigue siendo entre la espontaneidad y la dirección de un estallido social artificial Fuente:  Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) Uno de los grandes problemas que tuvo el estallido social de 2021 fue la incapacidad del llamado “Comité Nacional del Paro” por aglomerar todas las demandas locales, regionales y nacionales que emergieron con el tiempo. Mientras en el escenario de negociación y diálogo nacional este Comité tomó la vocería, las decisiones a nivel local seguían siendo tomadas por las asambleas que se conformaron de manera espontánea y que, en última, solo respondían a los llamados del Comité a movilizarse en las fechas que éste determinaba. Esto es importante, porque el grado de articulación que puede tener el intento del gobierno por movilizar a sus bases dependerá de la capacidad de coordinación entre los órganos nacionales y los cabildos populares , que en últimas son los intentos del gobierno por construir organismos de base autónomos con capacidad de responder a la coyuntura. También es importante porque la conformación de cabildos y la organización de estos demostrará si el gobierno está intentando simular la iniciativa popular con la finalidad de buscar legitimidad para mantener viva su estrategia de confrontación con el Congreso, o si en realidad el gobierno está canalizando nuevos escenarios de presión desde abajo, a partir del hundimiento de las reformas . El otro punto de disputa dentro de estos cabildos es el grado de legitimidad que tendrá el Comité Nacional Por el Cambio (CNPC) frente a los cabildos , especialmente frente a los intentos de las bases políticas y sociales del mismo por organizarse en espacios asamblearios, que al final quedaron dormidos tras la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, La Paz y la Unidad, celebrada el 15 de septiembre de 2024. Aunque la Asamblea representa a todas las organizaciones con más de 98 delegados , queda en veremos si los cabildos, como en el paro de 2021, responderán desde su autonomía a los llamados a la movilización, o si estarán cooptadas bajo el paraguas de las grandes organizaciones que se aglomeran a su alrededor. Además de ello, también será una novedad en este escenario los límites que el gobierno puso a los repertorios de acción de las movilizaciones, al indicar en su alocución 3 inamovibles: 1) No se atacan propiedades de las clases medias; 2) No se atacan a los policías y a la fuerza pública; 3). No se bloquean las necesidades mínimas de la gente. A modo de cierre: Fuente: Tolima Online La primera prueba que tendrá el gobierno y sus bases políticas y sociales será el 28 y 29 de mayo próximos, tras la convocatoria a un paro nacional de 2 días hecha por Fabio Arias, presidente de la CUT . Para ese momento, varios cabildos locales y regionales han planificado jornadas de trabajo el fin de semana, lo que implica que existe un compromiso para sostener la movilización, pero todo estará dicho la próxima semana, especialmente por la capacidad de convocatoria que tengan este paro, si se equipara a las últimas jornadas del gobierno, y si no da signos de desgaste en el debate público. También dependerá del resultado de la discusión sobre la reforma laboral, que ahora mismo preside Angélica Lozano, y que va contra el tiempo. Precisamente, Lozano señaló que esperaba presentar la ponencia positiva de la misma el día jueves 22 de mayo, luego de haberse tomado el miércoles como una jornada extenuante de trabajo con los congresistas de la Comisión Cuarta de Senado , y luego de haber abierto la discusión con la mesa tripartita de discusión del salario mínimo el martes (que sienta al gobierno, a los sindicatos y a los gremios económicos), y de haber tenido su audiencia pública el lunes pasado. Esto es importante, porque la estrategia del sector independiente y de la oposición es desactivar potencialmente las movilizaciones con una reforma laboral concertada, pero que no toque los grandes puntos de la propuesta del gobierno, más allá de proponer la gradualidad de los mismos y su implementación hasta 2027. Por ahora, los gremios sectorizados de restaurantes, vigilancia y comerciantes, junto con camioneros y otros, han señalado que esperan tener prebendas y excepciones en el nuevo articulado, mientras que los grandes gremios estarían dispuestos a aceptar la propuesta del gobierno con gradualidad a implementar la reforma de manera fragmentada durante varios años. Sin embargo, la respuesta de las bases del gobierno a esta laboral ha sido, en su mayoría, de rechazo y desconfianza.

Por: Iván Gallo - Coordinador de Comunicaciones El pasado miércoles 21 de mayo, el abogado Jaime Granados parecía exultante ante los medios de comunicación. Daba las buenas nuevas para su defendido en el juicio que se le sigue por los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal. Hasta este jueves 23 de mayo, la defensa habrá presentado 28 testigos. Antes de que termine junio, la defensa del expresidente habrá presentado 75 testigos. Y con eso terminará de defenderse. Desde que se inició el juicio, la teoría de que la estrategia del presidente Uribe y sus abogados era la dilación hasta la preclusión, ya parece no tener asidero. Según lo afirmó el abogado Jaime Granados: “Yo no tengo ninguna duda de que habrá decisión de primera y segunda instancia antes del 15 de octubre de este año”. Al principio de este año se presentaron varios intentos por parte de la defensa de Uribe para dilatar lo más que se pudiera el juicio. Por eso se apuntaba a que no habría tiempo para que el 8 de octubre se entregara un fallo. Sin en esa fecha no se llegaba a conclusiones sobre su defensa o culpabilidad, el presidente perdería la oportunidad de demostrar su inocencia en un estrado judicial. El manto de duda sobre su nombre caería para siempre. Pero Jaime Granados afirma que pueden tener suficientes pruebas para demostrar su inocencia. Los testigos de la Fiscalía, según el abogado, no comprometen a Uribe: “Ya vimos que ninguno compromete a Álvaro Uribe Vélez. Ni Iván Cepeda, que reconoció que no era testigo de nada, ni Juan Guillermo Monsalve, ni ninguno”. Este juicio se ha convertido en un pulso entre dos personajes completamente antagónicos: Iván Cepeda y Álvaro Uribe. Ambos tienen cosas en común, sus papás fueron asesinados y han sido víctimas del conflicto armado. Este juicio fue producto de un efecto boomerang contra el expresidente: en 2012, Uribe demandó ante la corte a Cepeda por supuesta manipulación de testigos pero, después de seis años, en 2018, la Corte encontró pruebas suficientes para incriminar a Uribe. Granados, en una entrevista a La W Radio, se sintió satisfecho por el material probatorio que han mostrado y los testigos que ellos han traído al juicio: “Hemos traído a todos los protagonistas de esta historia, desde encumbrados personajes como Néstor Humberto Martínez hasta personas sencillas, campesinos como Óscar Monsalve Correa y otros que, por una u otra circunstancia, conocieron de estos hechos”. Esta es tan solo la versión de una parte de los implicados, ya que por los lados del senador Iván Cepeda están confiados en que la verdad prevalecerá. En este juicio se ha destacado la imparcialidad de la jueza Sandra Liliana Heredia, a quien su mesura y desapego a cualquier tipo de jerarquía a la hora de impartir justicia, ha llevado a que el abogado Granados interponga acciones de tutela para descalificarla e incluso removerla de su puesto. Nada de esto ha funcionado ni ha amedrentado la firmeza de la jueza Heredia.

Por: Redacción Pares El secuestro de un niño siempre va a ser noticia. Este, el del niño Lyan José Hortúa generó conmoción en nuestro país. Ocurrió en la zona rural del municipio de Jamundí, en ese lugar el frente Jaime Martínez -disidencia de las FARC- vigila todo lo que se mueve. Pero ellos no serían los únicos detrás de este crimen. Según los últimos giros que ha dado la investigación el Oso Yogui, uno de los integrantes de la agrupación, fue contratado por un poderoso cartel que en los últimos años ha sufrido golpes terribles que lo tienen al borde de la extinción, el de los Rastrojos, una agrupación, remanente de los paramilitares, comandado por Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo. Él fue capturado en Venezuela en el 2012, un año después fue extraditado a Estados Unidos donde recibió una condena de 30 años de cárcel. Su carrera delictiva la inició siendo asesino a sueldo del temible cartel del Norte del Valle pero el crimen paga y fue ascendiendo. Fue un protegido de Wilber Varela y le dedicó la tarea, no sólo de crear laboratorios de coca en lo que era experto, sino de formar un ejército personal para que lo cuidara. A ese ejército le puso el nombre de los Rastrojos. Pero estos no sólo se quedaron en el Valle sino que fueron tomando zonas claves en la Costa Atlántica, de ahí surgen los llamados Rastrojos costeños. En agosto del 2014 Diego Rastrojo, sobre el que no se conocían más detalles de su vida personal, confesó en un tribunal en Estados Unidos que traficó más de 80 mil kilos de cocaína entre 1994 y 2008 a los Estados Unidos. También afirmó haber cometido 66 homicidios. Su nombre volvió a resurgir porque, según algunos medios de comunicación como Semana,  él habría ideado el plan para secuestrar al menor Lyan Hortúa. Esto habría sido, según versión de la revista Semana, para quedarse con una deuda de 37 mil millones de dólares que le debían los familiares del menor. Pero a esto se suma otro rasgo de notoriedad de Diego Rastrojo. Según señaló el propio senador Iván Cepeda a través de sus redes sociales, él es testigo de la defensa de Uribe, es decir, testificará, desde una cárcel gringa, a favor del expresidente. Es uno de los testigos que tienen preparado sus abogados en el juicio que se le lleva por manipulación de testigos y fraude procesal. Así lo señala el propio senador desde sus redes sociales:   EL NARCOTRAFICANTE ALIAS ‘DIEGO RASTROJO’ ES TESTIGO DE LA DEFENSA DE URIBE Hemos señalado que en defensa del acusado expresidente Uribe Vélez testifican en el juicio oral, toda clase de jefes paramilitares y narcotraficantes, desmovilizados y activos. Dentro de esa larga lista de personajes se encuentra Diego Pérez Henao, alias ‘Diego Rastrojo’, a quien la defensa del expresidente ha llamado a testificar a su favor. Hoy alias ‘Diego Rastrojo’ figura en numerosos medios de comunicación por haber supuestamente ordenado el secuestro del menor de 11 años de edad Lyan José Hortúa, llevado a cabo el 3 de mayo de 2025 en Potrerito, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. De esta situación dejaremos debida constancia dentro del proceso en los próximos días.

Por: Daniela Bernier Pacheco La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un fallo histórico en el caso U’wa y sus miembros Vs. Colombia. En este fallo se determinó que el Estado colombiano es responsable de la violación de los derechos a la propiedad colectiva, participación, acceso a información, participación en la vida cultural, libertad de expresión, reunión, niñez, libre determinación de los pueblos indígenas y tribales, vida digna e integridad personal, garantías judiciales y a la protección judicial.  La Corte Interamericana concluyó que el Estado no llevó a cabo los procesos de consulta previa adecuados respecto a proyectos extractivos de gas y petróleo en zonas pertenecientes al Pueblo U’wa. Estas omisiones resultaron en violaciones a derechos humanos como la libertad de expresión, libertad de reunión, entre otros. La consulta previa en Colombia es un derecho fundamental de los grupos étnicos para decidir sobre actividades, proyectos y otras acciones que puedan afectar a la comunidad. Su objetivo principal es proteger la integridad cultural, social y económica de estas comunidades.  En este caso, la Corte recordó que es deber del Estado, y no de los pueblos indígenas, demostrar que los procesos de consulta previa se realizaron de manera efectiva. La controversia giró en torno a siete proyectos que presuntamente afectaban los derechos del pueblo U’wa. Estos son el Bloque Samoré, Bloque Catleya, Bloque Sirirí y los títulos mineros, en los cuales el Estado colombiano alegó haber realizado procesos de consulta previa. También mencionaron los proyectos de Campos de Gas Gibraltar y Área de Perforación Exploratoria Magallanes (APE Magallanes), ubicados por fuera del Resguardo. Sobre ellos, la comunidad alegó que debió haberse realizado el proceso de consulta teniendo en cuenta su impacto. Con respecto al Bloque Samoré, el Tribunal concluyó que no se siguió una consulta previa relacionada con el otorgamiento de la licencia ambiental para ejecutar el proyecto petrolero. En el bloque Sirirí-Clayeta, la consulta se realizó sin considerar las tradiciones del pueblo U’wa, lo que afectó la buena fe entre las partes y resultó en un proceso inadecuado. La Corte resaltó un aspecto crucial de la consulta previa: cuando los Estados realizan las consultas de buena fe y conforme a los estándares establecidos, si la comunidad indígena decide negarse a participar dentro del proceso, esto debe interpretarse como una negativa frente al proyecto objeto de consulta, dándose por agotada. En este contexto, respecto al título minero de la Concesión GKT-081, el Estado inició las actividades iniciales para ejecutar el proyecto de consulta, pero la respuesta negativa del Pueblo U’wa permitió dar por agotado el proceso consultivo. En cuanto a los proyectos Campos de Gas Gibraltar y Área de Perforación Exploratoria Magallanes (APE Magallanes), aunque estos se encuentren ubicados fuera del territorio del resguardo, la Corte recordó que la consulta previa debe realizarse frente a los proyectos o medidas que afecten los derechos de los pueblos indígenas y tribales. La Corte aclaró que dichas afectaciones pueden provenir de proyectos extractivos fuera del territorio indígena, siempre que tengan un impacto directo en los derechos de las comunidades indígenas. Y es que el derecho a la consulta previa protege los derechos de los pueblos indígenas frente a las acciones del Estado o de particulares, independientemente del espacio geográfico. Dentro del fallo la Corte subraya la importancia de que los Estados garanticen de manera plena y efectiva los derechos de las comunidades étnicas a través de procesos consultivos adecuados y efectivos, alineados con los estándares internacionales. De igual manera, llega en un momento coyuntural, para recordarle al Estado colombiano que los proyectos mineros que se están desarrollando y que se van a desarrollar en el marco de la Transición Energética, deben ejecutarse en armonía con los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Es deber del Estado que los proyectos que se comiencen a ejecutar de aquí en adelante se realicen de manera adecuada para prevenir conflictos y proteger por encima de todo la integridad cultural, social y económica de las comunidades, teniendo en cuenta que somos un Estado social y democrático de derecho, pluriétnico y multicultural. En conclusión,  respecto a la Transición Energética es indispensable garantizar la participación efectiva de las comunidades; la consulta previa, libre e informada no es solo un procedimiento formal, sino un derecho fundamental que protege la integridad cultural, social y económica de las comunidades. Esto es indispensable no solo para prevenir conflictos, sino también para construir una Transición Energética Justa, en donde el respeto por los derechos colectivos vaya de la mano con el desarrollo sostenible y la protección del ambiente.     Referencia: Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2024, 4 de julio). Caso Pueblo Indígena U'wa y sus miembros vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas  (Sentencia de 4 de julio de 2024, Serie C No. 530). Corte IDH. https://jurisprudencia.corteidh.or.cr/vid/corte-idh-caso-pueblo-1048554331

Por: Oficina Oriente La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, continúa atrapada en una espiral de violencia que parece no tener fin. Desde el inicio de la confrontación armada, los hechos victimizantes han aumentado de manera considerable. Entre el 16 y el 30 de enero se registraron 80 homicidios —aunque se presume un subregistro superior a la cifra oficial— y más de 52.000 personas fueron desplazadas. En febrero, las confrontaciones persistieron, intensificando las afectaciones a la población civil: para entonces, ya se contabilizaban más de 53.000 personas desplazadas y más de 15.000 confinadas. La desaparición de cinco firmantes del acuerdo de paz, el uso de minas antipersonal y el bloqueo de vías con “cilindros bomba” son evidencia clara del escalamiento del conflicto armado. Desde que comenzó la guerra entre el ELN y el Frente 33 del Estado Mayor Central (EMC), se han registrado 66.498 personas desplazadas y 11.490 confinadas. De forma especialmente preocupante, se han documentado 130 homicidios, entre ellos seis firmantes del acuerdo de paz, cinco menores de edad y tres líderes sociales. El conflicto entre el ELN y el Frente 33 ha dejado un saldo devastador en las comunidades del Catatumbo. En los últimos días, los enfrentamientos han cobrado la vida de dos menores de edad, víctimas de explosiones causadas por drones cargados con explosivos. En el primer hecho, un niño de 12 años murió, y su madre, junto a 11 personas más, resultaron heridas; en un segundo caso, un menor de 17 años murió, y dos personas más salieron heridas. Estos ataques, atribuidos a la guerra entre el Frente 33 y el ELN, reflejan la crudeza de un conflicto que no distingue entre combatientes y civiles, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables. Tal como lo advertimos desde la Fundación PARES desde el año 2024, la agresión contra la población civil alcanzó un nuevo pico el 18 de mayo de 2025, con la masacre ocurrida en el barrio Los Almendros, en el municipio de Ocaña. Tres hombres fueron asesinados a sangre fría, en un hecho que ha generado conmoción y temor entre los habitantes de la región. Este crimen se suma a una cadena de atrocidades que han marcado al Catatumbo durante los últimos cuatro meses de guerra, entre ellas asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad. La masacre es un recordatorio brutal de la fragilidad de la seguridad en la región y de la incapacidad del Estado para garantizar la protección de sus ciudadanos. La llegada de un nuevo actor del terror: las ACSN entran al Catatumbo Por si no fuera poca la guerra que se ha vivido desde enero, en los últimos días, la situación se ha agravado con la incursión de un nuevo actor armado: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo de origen paramilitar con fuerte presencia en el departamento del Magdalena, que ingresó al Catatumbo por la zona de Ocaña. Esta irrupción añade una nueva capa de complejidad al conflicto ya de por sí intricado entre el ELN y el Frente 33. Según el investigador y profesor de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, existe una hipótesis sólida sobre la incursión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) al Catatumbo desde los municipios de Río de Oro y Ocaña. De acuerdo con Trejos, esta incursión responde a un contexto de disputas territoriales y tensiones con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Al parecer, el EGC desconoció el poder de la familia Prada en el sur del Cesar, lo que motivó a este clan —liderado por Juancho Prada— a facilitar el ingreso de las ACSN, proporcionándoles infraestructura clave como fincas, vehículos, recursos económicos y combatientes. Este respaldo logístico permitió a las ACSN establecerse rápidamente en la región, aprovechando el vacío de poder generado por los enfrentamientos entre el ELN y el Estado Mayor Central (EMC). En un hecho significativo ocurrido en Río de Oro (Cesar), las ACSN atacaron al EGC, causaron algunas bajas y se apoderaron de armamento, consolidando su presencia y proyectando su expansión hacia el Catatumbo. La incursión de las ACSN representa un punto de inflexión en el conflicto del Catatumbo. Este grupo paramilitar, conocido por operar en la Sierra Nevada de Santa Marta, ha extendido sus acciones hacia el nororiente del país, buscando aprovechar el vacío de poder y las disputas entre el ELN y el Frente 33. Su presencia en Ocaña y Río de Oro, confirmada por videos y publicaciones en redes sociales, genera alarma entre las comunidades y las organizaciones de derechos humanos, que temen un recrudecimiento de la violencia similar al que se vivió en los años noventa, cuando los paramilitares de las AUC dejaron un rastro de masacres y desplazamientos en la región. La ZUT, el Vaticano y la reactivación de los diálogos con las ACSN El gobierno nacional ha tomado una serie de decisiones en medio de la crisis humanitaria que vive la región. En primer lugar, la declaratoria de conmoción interior el 15 de mayo del 2025 permitió una presencia más fuerte de Fuerzas Armadas en la región, y en algunos casos contribuyó a contener ataques masivos como los del ELN en enero de este año. No obstante la población en general y las organizaciones sociales manifiestan que el impacto no ha pasado de ayudas humanitarias muy puntuales y que no se ha detenido la escalada violenta contra la población civil y que por el contario las víctimas se siguen produciendo a diario mientras los grupos armados conservan un fuerte control sobre la población, extorsionan, amenazan y se adaptan rápidamente como lo muestra el uso reciente de drones. Al mismo tiempo, el gobierno aprobó  la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para los integrantes del Frente 33, acordada entre el Gobierno colombiano y esta disidencia el 3 de mayo de 2025, la cual sigue rodeada de incertidumbre. La ZUT, que se establecería en el área rural de Tibú, busca concentrar a los combatientes del Frente 33 como parte de un proceso de paz avanzado. Sin embargo, el plazo estipulado en el Decreto 448 de 2025, que suspendía las operaciones militares ofensivas contra el Bloque Magdalena Medio (al que pertenece el Frente 33), venció el 18 de mayo sin que se haya concretado la instalación de la  zona. Esta situación genera dudas sobre la viabilidad del acuerdo y el compromiso real de las partes y suma incertidumbre a una situación ya dramática. Fuente. Defensoría del Pueblo & SIPARES El  Decreto 448, emitido el 17 de abril de 2025, otorgó un mes al Bloque Magdalena Medio para avanzar hacia la región del Catatumbo, bajo la amenaza de que, de no cumplirse, la mesa de negociación con el EMBF podría disolverse. La falta de avances claros en este proceso ha llevado especulaciones sobre si el gobierno prorrogará la suspensión de operaciones militares o retomará las acciones ofensivas contra el Frente 33. Esta incertidumbre se agrava por las tensiones con el ELN, que podría interpretar la ZUT como una amenaza a su dominio territorial, lo que incrementaría el riesgo de nuevos enfrentamientos. Es en este complejo panorama donde el presidente Gustavo Petro hace dos anuncios: en primer lugar una posible reactivación de los diálogos con el ELN esta vez con sede en el Vaticano, lo que de concretarse – de acuerdo a voces de la región – significaría un duro golpe a las víctimas de la incursión del ELN en enero y al mismo tiempo vuelve a poner un manto de incertidumbre sobre si las acciones de contención militar se van o no a mantener. El segundo anuncio es el descongelamiento de los diálogos con las ACSN que ha sido rechazado por autoridades departamentales del Magdalena, por población de la región que no ve cómo este tipo de acercamientos contribuyen a disminuir el control del grupo armado sobre su vida cotidiana y sienten que no han sido tenidas en cuenta. Así mismo, la población teme que la concentración de tantos actores armados en la región se convierta en una nueva olla a presión que cuando estalle deje al Catatumbo aún en peores condiciones. En conclusión, el Catatumbo enfrenta una de las peores crisis de su historia reciente. A incursión de las ACSN, los ataques con drones que han cobrado vidas de civiles, la masacre en Ocaña, y la incertidumbre sobre la ZUT y los nuevos diálogos con el ELN y las ACS, reflejan la magnitud de un conflicto que parece lejos de resolverse. La población civil, atrapada en el fuego cruzado, exige soluciones que vayan más allá de acuerdos temporales o despliegues militares, pero sobre todo demanda conssitencia. Mientras el gobierno evalúa los próximos pasos en su política de paz, el Catatumbo sigue clamando por una paz que, por ahora, parece inalcanzable.

Por: Redacción Pares Una de las grandes frustraciones del último amigo vivo que le queda a García Márquez, el fotógrafo Guillermo Angulo, son los bogotanos. Todo lo edulcoran, todo tiene un método, “unas maneras”. Hay gente quien afirma que a García Márquez no lo exiliaron a la brava porque de la noche a la mañana apareció en listas negras de personajes que supuestamente apoyaban organizaciones terroristas. Turbay y su estatuto de seguridad, que tan duro le dio a los intelectuales y a los artistas, buscaban que se fuera del país. Le cobraban su apoyo a publicaciones que muchos tildaban de extremistas como la famosa revista Alternativa. Gente que fue muy amigo de Gabo decían que García Márquez se había ido sólo porque buscaba más apertura mental en un país profundamente conservador. Por supuesto que esto no es cierto. Acá contamos la historia de como el abuelo de Miguel Uribe Turbay, Julio César, echó a la brava al nobel antes de ser nobel. Petro sabe poner titulares. De eso no cabe ninguna duda. Horas antes de la posesión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que ella había sido miembro del grupo guerrillero al que él perteneció : “América Latina ya tiene dos presidentes del M-19” Esta afirmación no la podemos corroborar, lo que sí es seguro es que Sheinbaum, como tantos otros mexicanos, fueron solidarios a comienzos de los años ochenta, con Gabriel García Márquez y otros miembros del Eme que huían del Estatuto de Seguridad con el que Julio César Turbay Ayala, entonces presidente de la República, reprimió las manifestaciones de izquierda en Colombia. Gabo, quien a comienzos de los años sesenta vivió en México, donde trabajó como publicista, gracias a las gestiones de su amigo Alvaro Mutis y guionista, tuvo que refugiarse en México en 1981. Se veía con malos ojos, por parte del gobierno, que participara activamente en la edición de los números de la revista Alternativa, una publicación que reinvidicaba, entre otras cosas, la lucha armada. A Gabo México le traía buenos recuerdos. No podemos olvidar que entre 1965 y 1966 encontró la tranquilidad necesaria, en ese país, para escribir su obra cumbre: Cien años de soledad. En 1981 regresó ya para establecerse de manera definitiva. Allí moriría en el 2014. Gabo siguió el mismo destino de otros hombres que lucharon por las libertades de sus países. José Martí fue uno de ellos. Entre 1875 y 1877 vivió mientras fue condenado por luchar por la independencia de Cuba. Setenta años después otro hombre grande de la isla, Fidel Castro, estuvo entre 1953 y 1958 en México, después del fallido intento de la toma del cuartel Moncada. Su regreso a la isla, que se convirtió en la gran revolución cubana, fue planificada milimétricamente en México. Acá se encontró con un médico argentino llamado Ernesto Guevara de la Serna y el mundo nunca sería igual. Por invitación del escritor José Vasconcelos, quien en 1923 era ministro de educación, llegó el gran pensador peruano Victor Raúl Haya de la Torre. Pero, si de revolucionarios hablamos, la huella que dejó León Trotsky en México fue imborrable. Después de la muerte de Lenin, hubo una disputa por el poder de la naciente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El mando debería haber caído en Trotsky, creador, entre otras cosas del Ejército Rojo. Pero el mundo es un lugar donde la justicia no campea, así que puede más un manipulador consumado como Stalin que un hombre de mérito como León. Calumniado salió a un largo exilio que lo llevó a Turquía y luego a México. A mediados de los años treinta, a punto de romperse el mundo por la Guerra Civil Española y después por la II Guerra Mundial, pintores como Siqueiros y Diego Rivera, quienes profesaban la fe marxista, invitaron a quedarse en México al atormentado arquitecto de la revolución de octubre. A ese país llegó en 1937, mientras Lázaro Cárdenas era presidente. Pero la propaganda stalinista pronto pondría a Rivera y a todos los comunistas mexicanos contra el que era considerado el gran traidor de la revolución mundial. Primero vivió en la casa Azul de Coyoacán donde Frida Kahlo y Diego Rivera tejieron su leyenda. Allí se vio sorprendido por un romance con la pintora. Luego alquiló una casa en donde fue asesinado por un espía que le envió Stalin, un español de apellido Mercader que se hizo pasar por un banquero belga y tuvo contacto con Trotsky engañando a una de sus discípulas. El crímen ocurrió con un piolet. Luis Buñuel le debe todo a México. En España, a los 27 años, había revolucionado el cine y también el orden establecido con su provocadora Un perro andaluz, quien hizo al lado de su gran amigo de adolescencia, Salvador Dalí. Pero, después de que Franco ganara la guerra civil, salió de su país a Nueva York en donde consiguió un puesto burocrático en el MOMA. Tuvo que cruzar la frontera e instalarse en México y empezar una carrera como cineasta a los 50 años. Esa era la edad que tenía cuando estrenó Los Olvidados, una de sus obras cumbres. En los setenta, cuando la bota militar irrumpía al sur del continente, exiliados de Argentina y Chile llegaron a México. Así arribó la familia del inmolado Salvador Allende. Colombianos también llegaron. Petro, acaso apresurado, afirmó que la nueva presidenta perteneció al M-19, lo que si es verdad es que ese país le salvó la vida a mucha gente de izquierda colombiana que era perseguida por grupos paramilitares que exterminaron, por ejemplo, a movimientos populares como la Unión Patriótica. En los últimos años la política de inmigración impuesta por los Estados Unidos, ha intentado cerrar las puertas de un país eternamente abierto como México. Aún así le brindaron cobijo a Evo Morales en el 2019 y sigue siendo un referente para miles de estudiantes colombianos y latinoamericanos que quieren tener una segunda oportunidad en el país de los Aztecas.

Por: Redacción Pares Hasta hace unos años Carlos Ramón González era un hombre respetado, respetable. Su pasado en el M-19 no era un impedimento para ser bien aceptado y visto como un político eficiente, limpio. Incluso fue el fundador de la Alianza Verde. En 2019 fue elegido presidente de esa colectividad junto con Antonio Navarro Wolf y con Antanas Mockus. Durante el gobierno Petro fue nombrado director del Dapre y allí una frase y una actitud terminaron por hundirlo: lograr un objetivo sin importar el medio por el que se consiguiera. Esto lo tiene contra la pared. Carlos Ramón González fue imputado este 21 de mayo por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). González está acusado de haber sido determinante para desviar recursos que irían a zonas que necesitaban con urgencia obras para mitigar desastres naturales, a engrasar la maquinaria del gobierno en el Congreso. Fueron los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla los que terminaron hundiéndolo. Carlos Ramón González no está en este momento en el país. Se tienen indicios de que busca ser admitido como perseguido político en Costa Rica. Esta salida se complica al comprobarse que, quienes lo están denunciando no son precisamente sus más enconados enemigos sino algunos compañeros suyos como Sandra Ortiz, ex consejera para las regiones, fue quien dio testimonio contra él y es su peor testigo. Los delitos por los que está siendo investigado son el de cohecho, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos. El expediente que tiene la Fiscalía contra él apunta a que diseñó una estructura con roles específicos asignados según la jerarquía de cada colaborador. Fue así como designó, por ejemplo, a Sandra Ortiz para que fuera el puente con Iván Name y le ofreciera 3000 millones de pesos para que ayudara en su rol de presidente del Senado para hacer pasar en ese estamento las reformas con las que soñaba este gobierno. En este momento Iván Name, expresidente del Senado está preso. Andrés Calle, quien estaba al frente de la Cámara de Representantes, se entregó a las autoridades. Según la Fiscalía, Carlos Ramón González lideraba una red de corrupción, una organización criminal que operaba a la sombra de la institucionalidad. Así fue como compraron carrotanques que no servían para llenar de agua a la Guajira, un departamento históricamente acosado por la sed, y desviaron recursos que estaban destinados para cubrir las necesidades de regiones que se encuentran en situaciones críticas por culpa de emergencias ambientales, recursos millonarios que fueron destinados a engrasar políticos. En este entramado también se está investigando al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Este es un golpe muy duro a un hombre que hasta este momento llevaba una hoja de vida intachable. Su fidelidad al gobierno del cambio le pudo haber jugado una mala pasada y sus decisiones pudieron destruir directamente su reputación. Difícil levantarse.

Por: Redacción Pares Ser de izquierda es sinónimo de progresismo, de apertura a lo nuevo y de estar en contra del orden establecido. Ahora, cuando hasta las derechas más retardatarias nos han robado la palabra “libertario”, la izquierda intenta hacer recordar que solo la libertad está en sus huestes. Pero cuando le dicen al de izquierda “mamerto”, esto se convierte en un insulto. Ser mamerto es casi decir estalinista, un burócrata de miedo que sigue a rajatabla los dogmas del Partido Comunista. Pero, ¿de dónde viene la palabra? Hay varias certezas, una de ellas que se la inventó un colombiano llamado Jorge Child en el año 1960. Jorge Child era columnista en El Espectador , escritor y periodista bogotano. En 1960, Fidel Castro apenas se asentaba en Cuba. No había certeza de que seguiría los lineamientos de Washington, poco después de haber depuesto a Batista, o si abrazaría las causas de Moscú. En un mundo bipolar no había mucho espacio para la tibieza. Existía en La Habana un grupo de “Mamertos” —así los llamó Jorge Child—, cercanos a Raúl Castro, que querían quedarse con el control de la isla y había un ala moderada. Entre ellos estaba el periodista argentino Jorge Masetti, quien tenía 10.000 dólares de su bolsillo para crear una agencia de noticias que contara los hechos sin estar viciados por los vapores capitalistas. Contar la versión revolucionaria de la historia en América Latina. Esta agencia tendría como protagonistas a dos colombianos, Plinio Apuleyo Mendoza y Gabriel García Márquez. Ninguno de los dos sería calificado por Jorge Child como “mamerto”. Esta palabra se inmortalizó y se internacionalizó. Según el diccionario Oxford, mamerto significa ser miembro del Partido Comunista Colombiano. Obedientes a las órdenes que se impartían desde Moscú. En algunas partes del continente mamerto se aplica para calificar a alguien “bobo, quedado, lento”. Jorge Child, quien murió en 1996, usó la palabra mamerto porque, al ver una lista de miembros del Partido Comunista, notó que estaba llena de nombres como Roberto, Gilberto, Norberto. Así que por eso usó el retruécano de “mamerto”. De manera concreta, la palabra apareció en 1960 durante un congreso del Movimiento Revolucionario Liberal. Debido al acartonamiento que se estaba teniendo dentro del movimiento, Jorge Child dio un discurso en donde en una de sus frases decía lo siguiente: “Que se vayan los Gilbertos, Filbertos, Albertos y demás mamertos”. El mamerto es incapaz de hacer una verdadera revolución porque está tan apegado a las directrices que recibe, que le es imposible poder ejercer cualquier tipo de impulso revolucionario. Un mamerto está imposibilitado de pasar a la acción. Por cierto, ¿Usted conoce a algún mamerto?

Por: Iván Gallo - Coordinador de Comunicaciones El poder corrompe; está visto en la Biblia y también en El señor de los anillos . El poder cambia. La política es una droga, pero Gabriel Becerra es inmune a estas influencias. A pesar de su seriedad, de su pose de “izquierdista duro”, con su gorra y sus gafas, Gabo, como le dicen sus amigos, sigue siendo el mismo muchacho que creció en la ciudadela Juan Atalaya, uno de los sectores más populares de Cúcuta, donde aprendió lo que ha sido fundamental en su carrera política: la necesidad de la justicia social. Gabo nació en Cúcuta en 1976. Apenas se graduó del colegio —donde se inició en las luchas estudiantiles— debió irse a Bogotá donde estudió en la Universidad Nacional y se graduó de derecho en la Universidad Autónoma de Colombia, y paralelo a eso siempre estuvo en la política. Fue fundador de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria, Andes y de la Asociación colombiana de estudiantes universitarios, Aceu. Eran los años noventa, Pablo Escobar había sido asesinado en el tejado de una casa en Medellín. La sacada del juego del capo no fue más que el arranque de un nuevo periodo de violencia en Colombia. Se empezaron a armar grupos de paramilitares. Ese año entró al tablero de las organizaciones armadas una muy poderosa y que se iba de frente contra cualquier pensamiento progresista, sobre todo si se trataba de jóvenes: las Autodefensas Unidas de Colombia. Con la excusa de repeler la lucha subversiva, entraron a departamentos como Córdoba o Norte de Santander y se quedaron con grandes extensiones de tierra dejando a su paso un reguero de desplazados y de masacres. Becerra, a pesar de que estaba en Bogotá, tenía su corazón en Cúcuta. En la Universidad Francisco de Paula Santander había amigos, dos de ellos fueron asesinados por el Bloque Fronteras de las AUC: Gerson Gallardo y Edwin López, artistas, teatreros, críticos. Los desaparecieron y al cabo de una semana arrojaron sus cadáveres en la vía que comunica a Tibú con La Gabarra. También fue asesinado junto con varios líderes campesinos y concejales de la UP en el Catatumbo, durante esos años, su amigo Carlos Bernal, defensor de derechos humanos y líder principal del movimiento político en la región.   El dolor no se va. Pero el dolor también es uno de los motores de lucha. Gabo, con 22 años, recorrió el país como dirigente de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios y fue secretario general de las Juventudes Comunistas, Juco.  Era el joven que acompañó a Lucho Garzón y a Carlos Gaviria en la creación del frente social y político, y posteriormente su tránsito hacia el Polo Democrático Alternativo.       Todo esto más los logros académicos —Gabriel, a la lucha, le sumó una especialización, una maestría y estudios de doctorado—, se junta a una preocupación por la sociedad, por defender a los que no tenían nada y también por reparar y recuperar el legado político de la UP. Todo aquel que haya estado en alguna lucha social en Colombia conoce el genocidio de la Unión Patriótica, más de cinco mil miembros de este partido asesinados en 20 años, una aniquilación total, una acción conjunta que se dio entre las fuerzas más feroces de la extrema derecha, los paramilitares, mafiosos y miembros de la fuerza pública, hechos por los cuales en 2022 ya fue condenado por la Corte Interamericana el Estado colombiano. En 2013 algunos referentes de esta fuerza que se habían exiliado, como Aida Avella, regresaron a Colombia. En ese momento, Gabriel Becerra era mucho más que un líder estudiantil, ya tenía 36 años, era profesor universitario y contaba con la fuerza como para ir reconstruyendo, junto a los históricos y otros líderes de las nuevas generaciones el tejido de lo que quedaba de la UP. En noviembre de 2013, el histórico partido logró recuperar su personería jurídica. En 2017, a los 41 años, Gabo Becerra se convierte en secretario general del partido. Su influencia, silenciosa, ha estado latente en la conformación de esto que es la nueva Colombia. Su gestión ha sido fundamental para la coalición de partidos progresistas que terminó conformando, en 2020, en plena pandemia.  El Pacto Histórico, la alianza que hoy aspira a convertirse en un solo movimiento político con la que Gustavo Petro se convirtió en el primer candidato de izquierda en ganar unas elecciones presidenciales en Colombia. Fue elegido congresista y desde la Cámara de Representantes por Bogotá ha defendido las reformas con las que el presidente pretende lograr una Colombia más justa, más equitativa. También ha sido un duro cuestionador de las políticas de seguridad del alcalde Galán. Por eso es tan importante ejercer nuestro derecho de ciudadanos y participar este viernes 23 de mayo a las 8:30 de la mañana en el salón elíptico del Congreso, en audiencia pública, en donde se le preguntará al alcalde Carlos Fernando Galán ¿Qué está pasando con la seguridad en Bogotá? Organizado por la UTL del representante Becerra y la fundación Paz y Reconciliación. Gabriel Becerra creció en uno de los barrios en donde la violencia generada por un país sin oportunidades arreciaba, y ahora debe ver cómo la misma violencia está deteriorando a la capital, sumida no solo en los asaltos y la violencia cotidiana sino en la disputa, palmo a palmo, de localidades por parte de grupos armados. Si usted necesita estar enterado de lo que pasa en Bogotá, y le preocupa, lo esperamos en esta audiencia pública.

Por: Redacción Pares Solamente en abril se presentaron en el departamento del Atlántico 54 homicidios, de ellos 29 ocurrieron en Barranquilla. El vecino municipio de Soledad lo sigue con 14, Malambo tuvo 9 y Puerto Colombia y Galapa 2. A pesar del barniz que quiera ponerle a la fachada de la realidad el alcalde Char, la situación en la Arenosa es crítica con respecto a la seguridad. Las bandas que dominan las esquinas de buena parte de esa ciudad son Los Pepes, Los Leones, Los Rastrojos Costeños y los Costeños. Con ellos Petro abrió, el pasado 20 de mayo, la posibilidad de negociación. El experimento, con sus claroscuros, ha funcionado en Buenaventura y en el Valle de Aburrá. A principios de este gobierno la ciudad puerto logró algo que era impensable de conseguir: tener 87 días sin asesinatos. Las dos bandas que manejan la delincuencia en este lugar, los Shottas y Espartanos, pudieron sentarse en una mesa de negociación, incluso jugaron un partido de fútbol para sellar el cese al fuego. Medellín y su área metropolitana han bajado de manera histórica sus indicadores de violencia. Incluso alguien que está en las antípodas de Petro, el alcalde Federico Gutiérrez, ha reconocido la importancia de la paz urbana, de la negociación con las bandas. Ahora le tocará el turno a Barranquilla. De esta manera anunció Petro la entrada de las bandas delincuenciales de esta ciudad a la Paz Urbana: Voy a iniciar un diálogo de conversaciones del gobierno con las bandas juveniles de Barranquilla. Queremos reunirlos, queremos que hagan la paz, que no ataquen a su vecino, que no ataquen al otro joven, que le dejen de prestar servicios al traqueto y al político que van de la mano (...) Este Gobierno les ofrece la mano, que a sus presos en las cárceles los vamos a escuchar. Vamos a pacificar Barranquilla porque el alcalde no pudo”. Esta declaración es un pinchazo al alcalde Alejandro Char quien está en la otra orilla política del presidente. Petro deja claro que la actividad delictiva de estas bandas está relacionado a la falta de oportunidades y que la única manera de combatir con eficacia la violencia que campea en las calles de Colombia es apuntar a la justicia social. “Esos muchachos que por miles están siendo enrolados en ese tipo de organizaciones que llaman bandas, lo hacen porque no tienen universidad (...) Hay que preguntarse por qué, porque ahí no están haciendo ninguna revolución. Olvídense, ahí están traqueteando. Están usando el puerto de Barranquilla para sacar cocaína, para traer textiles que arruinan a los industriales y armas para que el pueblo se mate entre sí”. El discurso del presidente rezuma reconciliación y apela a la realidad, en un país con profundas desigualdades es inevitable que la violencia no nos azote. Para el investigador del área de Paz, Seguridad y Derechos Humanos de Pares, Nicolás León, el llamado de Petro a las bandas delincuenciales en Barranquilla “Aunque podría llegar a generar una reducción de la violencia, es un anuncio que hay que tomar con pinzas” Según el investigador, aunque falta claridad sobre los detalles del proceso, hay algunos puntos que generan ruido. Uno de ellos es “la evidente ruptura entre el Gobierno Nacional y la Administración Municipal en cabeza de Alejandro Char”, dicha ruptura limitaría los alcances del proceso ya que “sin una participación activa de la Alcaldía, cualquier intento de instalar una mesa de diálogo en la ciudad pierde fuerza”. Otro de ellos es la definición de los interlocutores con los que se espera iniciar los diálogos: “Petro habló de entablar conversaciones con ‘bandas criminales juveniles’, lo cual puede llegar a ser confuso ya que estas bandas no representan una dimensión real del crimen organizado en Barranquilla. Al contrario, si se va a dialogar con Los Costeños, Los Pepes o Los Rastrojos Costeños, que son los que controlan las economías ilícitas en la ciudad, es necesario evaluar los incentivos que los motiven a iniciar un diálogo, toda vez que actualmente se encuentran en una disputa abierta por el control territorial” Finalmente, el tiempo es otro de los desafíos “una eventual negociación sería una tarea contrarreloj. Al Gobierno le queda poco más de un año en la Casa de Nariño, en un contexto en el que la agenda política estará marcado por las campañas electorales lo que dificulta la consolidación de un espacio de diálogo, como también podría llegar a enredar su propósito final”