Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares. Al 2021 le madrugaron varios grupos de ciudadanos en Colombia: al menos 35 comités promotores de revocatoria –desde el 4 de enero y hasta el 25 del mismo mes– se han acercado a las diversas registradurías municipales a solicitar el inicio de procesos para poner fin a los mandatos populares. Entre los procesos más sonados están los de Bogotá, con la alcaldesa mayor Claudia López, y los de Medellín y Cartagena, con los alcaldes Daniel Quintero y William Dau. La razón de tal madrugón se encuentra en la normatividad que reglamenta el uso de este tipo de mecanismos de participación ciudadana: la legislación colombiana establece que sólo transcurrido doce meses, a partir de la posesión del mandatario local o regional, se podría iniciar procesos revocatorios de mandato. Y estas deben solicitarse por dos razones: o por el incumplimiento del programa de gobierno o por la insatisfacción de la ciudadanía. En términos prácticos las revocatorias se consideran juicios políticos. Actos populares donde los ciudadanos le solicitan al Estado realizar una consulta para retirar de sus cargos públicos a alcaldes y gobernadores elegidos por votación. Es un mecanismo de participación inspirado en el artículo 103 de la Constitución Política de 1991 y reglamentado a través de la Ley 134 de 1994, la Ley Estatutaria 1757 de 2015 y la Resolución 4073 de 2020 –esta última ordenada por la Corte Constitucional en agosto del 2018–. En el país la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral –CNE–son los organismos encargados de recibir y tramitar este tipo de peticiones ciudadanas. De allí que una vez recibida la solicitud –como ocurrió en las pasadas semanas– se continúa con los otra serie de trámites, cuyo segundo paso es las audiencias públicas. En estas los ciudadanos, además de las partes implicadas, exponen y escuchan las argumentos a favor y en contra de la solicitud de la revocatoria. Como pasa en todo juicio, las partes implicadas son llamadas a la imputación de cargos, en este caso se hace en las audiencias públicas. Con esta se busca ofrecer a la ciudadanía acceso a la información –derecho de información– y además posibilitar a los gobernantes presentar objeciones –derecho de defensa–. Autoridades y ciudadanos quieren escuchar a los implicados; desean que ambas partes expresen las razones para continuar con el proceso revocatorio. Es un proceso típico de la política, donde se ofrece información para valorar si se firma la consulta y luego se vota o no la destitución. En este sentido, las audiencias públicas deben ser espacios abiertos, amplios y de fácil acceso para la ciudadanía; que cumplan con el papel de expresar y escuchar la voz. Tal como ocurrió este 25 de enero en Medellín y Bogotá. Fueron dos actos organizados por el CNE, transmitidos por la cuenta de YouTube del Consejo, donde se escuchó a ambas partes: a los representantes de los comité de las revocatorias y a los respectivos alcaldes municipales. Además, se recibieron varios documentos elaborados por ciudadanos que se inscribieron para participar en la denuncia y defensa de los alcaldes. El balance que se puede hacer de estas audiencias públicas es muy positivo; esto a pesar de las críticas que se le hacen. Las audiencias se convirtieron en escenarios para la democracia, cuyo interés fue político y no jurídico. En igualdad de tiempo y espacio se escuchó con claridad lo que el mandatario hizo y dejó de hacer frente a su programa de gobierno y lo que lleva de sus respectivos planes de desarrollo; además, de las críticas que ambas partes se tenían. Fue una especie de primer raund para hacer escuchar la voz, tanto los promotores como los dirigentes populares. Como pasa con todo, las críticas a estos mecanismos democráticos son variadas. Se habló de los altos costos que tiene la consulta, pues según la Red de Veedurías estos procesos de revocatoria tendrían un costo de alrededor de los 150.000 millones de pesos. Se dijo que estos procesos son largos y poco efectivos, pues tan solo un mandatario, de los más de 100 iniciados desde 1996 cuando comenzó a operar, se ha logrado destituir. También se identificó la instrumentalización política del mecanismo, pues se le acusa a varios partidos políticos de usar este mecanismo para hacer oposición. Y finalmente, se advirtió sobre lo impertinente que puede resultar la consulta, dado el poco tiempo de gestión que se tiene y que hace que los resultados sean poco visibles, además de un año cruzado por la pandemia. Imagen: Pares. A pesar de estas críticas, lo cierto es que los procesos revocatorios se están convirtiendo en otro importante avance en la construcción de una ciudadanía activa. Es una buena oportunidad para llamar la atención al funcionarios público sobre la responsabilidad que tiene de cumplir lo pactado con el voto. Es un mecanismo que, aunque no es nuevo en Colombia, debido a los cambios recientes en la reglamentación viene fortaleciendo el sistema político democrático. En síntesis, se está avanzando en escuchar la voz ciudadana y equilibrar los poder entre la sociedad civil y el Estado. Lo que sigue después de este segundo paso lo decidirá el CNE; este organismos tendrá que establecer en los próximos días las fechas y pasos siguientes. Lo más seguro es que se le diga a la Registraduría que diseñe los formularios para la recolección de firmas ciudadanas. Formatos que serán entregados de forma gratuita a los promotores para que recojan las firmas; que en todo caso debe ser mayor al 30% de los votos que haya obtenido el mandatario en su elección. Porcentaje que en el caso de Claudia López representa 332.562 firmas y para Daniel Quintero un poco más de 91.000. Para finalizar, hay que llamar la atención sobre la gran responsabilidad que tienen estos grupos de ciudadanos que motivan la revocatoria. Este gran derecho a revocar el mandato popular conlleva la responsabilidad de recoger las firmas de forma apropiada –los formatos entregados por la Registraduría– y el número indicado. Además, hacer la campaña necesaria para que la revocatoria sea válida, pues debe acudir por lo menos el 40% de los electores que sufragó en la elección del mandatario, ya que la ley restringe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de revocatoria si el primero falla.

Por: María Victoria Ramírez. Columnista Pares. En Slauson, me siento a horcajadas en el tango de chica negra entre alturas del norte y salones de belleza del sur Hogar. Aquí soy diamante tesoro solitario en occidente soy cristiana no declarada garabateando homilías en el lomo de abanicos arrugados de la iglesia aquí soy veterana agarrando la cicatriz de cemento Estoy pegada a la acera En Centinela yo vibro más alto Soy diario de calles himnario de personas sin hogar, confinadas en casa empobrecidas e importantes escribiendo una memoria de ciudad las aceras de los vasos sanguíneos bombeando mis pulmones hasta que me moldee: existente incluida inolvidable* Poema Daughter’s metro map to city identity de Amanda Gorman. En Washington D.C., al medio día del 20 de enero de 2021, y pese al manto de duda que sembró Donald Trump sobre los resultados de las elecciones, tomó posesión como presidente de los Estados Unidos el demócrata Joseph Biden. Recibe un país con más de 400.000 muertos por la pandemia del coronoravirus, en recesión económica, polarizado y con el extremismo racial y la intolerancia política exacerbados. Sin embargo, como él mismo lo expresa en su discurso, las cosas que dividen a esa sociedad no son nuevas. Frente a este panorama lo que aplica es apelar a la ciencia, a las instituciones, a la verdad búsqueda de la verdad de los hechos y al llamado a la unidad para enfrentar la crisis. Al ver la posesión de Biden, sentí alivio y regocijo. Alivio porque Donald Trump dejó de ser presidente de esa nación. Muchas de las decisiones que tomó en sus cuatro años de gobierno, tuvieron un impacto adverso a lo largo y ancho del planeta, como apartarse de los acuerdos globales sobre cambio climático, despreciar los entes multilaterales y a los inmigrantes, intentar construir un muro infame en la frontera con México, iniciar una guerra comercial con China, dar marcha atrás a los acercamientos con Cuba para ir desmontando el bloqueo económico, revertir lo avanzado con Irán y Corea del Norte sobre armas nucleares, desplegar todo una campaña sistemática de desinformación y de mentiras sobre diversos temas, incluidos el coronavirus y los resultados de las elecciones, hasta incitar a la violencia que derivó en los hechos violentos del 6 de enero de este año en el Capitolio con cinco muertos. Por otra parte, sentí regocijo porque la Era Biden, como le han llamado los medios de comunicación, está cargada de decisiones políticas y símbolos que dan esperanza a las mujeres, las minorías raciales y los inmigrantes. En los acontecimientos políticos de las últimas semanas en ese país, las mujeres han sido protagonistas. Para empezar, la presidente de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi lideró la propuesta de juicio político al ahora expresidente Donald Trump, luego de los eventos de toma del capitolio por los extremistas trumpistas. Lo hizo con firmeza, lo hizo con decoro, pero también lo hizo apegada a la ley y enviando un mensaje claro: ni el presidente de los Estados Unidos puede estar por encima de la Constitución. La senadora Any Klobuchar, también demócrata, ofició como presentadora de la ceremonia de posesión en la que una mujer hija de inmigrantes, Kamala Harris, afroamericana y con sangre india, es por primera vez vicepresidenta de los estadounidenses. La juez Sonia Sotomayor de origen puertorriqueño, quien fuera la primera latina en llegar a la Corte Suprema de Justicia, fue la encargada de tomarle el juramento a la vicepresidenta. Han pasado décadas desde cuando las mujeres estadounidenses pudieron votar hasta que una de ellas llega a la Casa Blanca, así sea en el segundo puesto de importancia. Cuando las niñas de un país observan que eso es posible, van a seguir intentándolo hasta que ya no sea novedad. En el acto musical intervinieron dos mujeres: Lady Gaga que entonó el himno nacional y Jennifer López que interpretó This land is your land (Esta tierra es tu tierra) y pronunció una frase en español “Una Nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos” en una clara alusión a que los latinos son una fuerza en ese país y a que debe reconocerse la diversidad cultural. Por último, una poeta negra de 22 años, Amanda Gorman, nacida en Los Ángeles, cuya obra nos habla de opresión, feminismo, raza y marginación, así como en la diáspora africana, cerró el acto leyendo un poema que en realidad es manifiesto político. El tono sereno y respetuoso de Biden, su llamado a la unidad, los símbolos multiculturales, multi religiosos y de apertura política, así como la inclusión en su gabinete de mujeres muy capaces y con trayectoria, son una señal esperanzadora. En el último año se ha hecho mucho más evidente la fragilidad de la especie humana, la pandemia nos lo ha hecho sentir con rigor. Hoy, al ver a todos los expresidentes George W. Bush, a Barak Obama, a Bill Clinton y al mismo presidente electo Biden con el tapabocas sentí cómo nos hermana esa fragilidad y con la fragilidad humana, fui más consciente de la fragilidad de las conquistas como especie. Conceptos como libertad, democracia, verdad y respeto son igualmente frágiles y no se pueden dar por sentados, ni siquiera en la democracia más antigua del mundo. *Traducción libre realizada por la columnista.

Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares. Se acusa al expresidente liberal Virgilio Barco de haber determinado el genocidio de la Unión Patriótica -UP-, partido surgido de los primeros acuerdos de paz con las Farc, suscritos en el gobierno de Belisario Betancur y fracasados a mediados de la administración Barco, tras sucesivos y mutuos incumplimientos al cese al fuego y el asesinato sistemático y por cientos de miembros de la UP. Una interesante polémica ha generado el artículo del prestigioso periodista investigativo Alberto Donadio, publicado a mediados de diciembre en el diario El Espectador, sin eco mayor, e incluido en la entrega del portal Los Danieles del pasado 7 de enero, con mayor impacto, ampliado con entrevista al expresidente César Gaviria, en la edición de la semana siguiente. En síntesis, según Donadio, Barco, como embajador en EE.UU. de la administración Turbay, conoció a Rafi Eitán -exministro y héroe israelí por la captura en Buenos Aires del criminal de Guerra nazi Adolf Eichman- a quien, ya en la presidencia, contrató de manera encubierta como asesor de seguridad. Ante la grave situación de orden público, una fuente anónima viva afirma que Barco habría informado, en una reunión en palacio la recomendación del israelí: exterminar a la Unión Patriótica, sin objetarla. La reacción de un alto mando militar presente habría sido de indignación, reivindicando el derecho soberano a ejercer la tarea, con asentimiento del presidente. El resultado: dos candidatos presidenciales, varios congresistas, decenas de concejales y diputados y miles de militantes asesinados por sicarios. Donadio, para reforzar su “hipótesis por coincidencia”, trae a colación una denuncia del primer consejero de paz de Barco, Carlos Ossa, de la insubordinación de la Fuerza Pública y la anécdota tétrica de que habiendo increpado el exministro de Defensa Gral. Rafael Samudio sobre la matazón, respondió con sorna “a ese paso no van a acabar nunca”. Las reacciones ante tamaña acusación no se hicieron esperar y se expresan con los mismos acentos en que está dividido ideológica y políticamente el país, de extremo a extremo. De otra parte, está el cuestionamiento a la solidez del artículo, pues, si bien, en el periodismo una fuente anónima o “garganta profunda”, puede ser pieza determinante sometida al contraste de contexto, testimonios y documentos, deja dudas cuando es el único asidero. No obstante que, tanto Donadio como Daniel Samper, otro reconocido periodista investigativo en aquella época, dan fe de la existencia y supervivencia del testigo, frente a la carencia de otros elementos contundentes parece forzada la “hipótesis por coincidencia”: el testigo oyó decir, los hechos estaban sucediendo, luego eso era así. Aunque, de otro lado, en nuestra asombrosa Colombia, nada, hasta lo más absurdo y cruel es descartable, como lo confirman los asesinatos extrajudiciales -“falsos positivos” para minimizar la gravedad-. Si bien Barco llegó al poder de la mano del clientelismo liberal, gobernó, en especial en temas de paz, con un equipo de jóvenes provenientes de la academia, gestores de la reconceptualización del asunto y de los acuerdos que llevaron a la desmovilización del Movimiento 19 de Abril y sentaron las bases de la reincorporación de otras guerrillas en el gobierno siguiente de Gaviria -MIQL, EPL, CRS, entre otros-, pero fracasó con las Farc y el ELN. En pos de darle aire a la UP, Barco designó o promovió la designación de alcaldes de ese partido en sitios donde tenían fuerza o autorizó alianzas electorales. Una figura del liberalismo como Alfonso Gómez Méndez fue congresista por esa agrupación y luego Procurador y Fiscal General de la Nación. Carlos Ossa, consejero de paz de Barco, denunció complicidad militar con el genocidio pero en sus declaraciones siempre separó esa actuación de los lineamientos de manejo de la protesta social y diálogos con la guerrilla del presidente. Una voz importante frente a la sindicación, es la de Rafael Pardo Rueda, académico uniandino que llegó al gobierno a ingeniar y ejecutar el Plan Nacional de Rehabilitación y reemplazó a Ossa en la Consejería de Paz. Su testimonio está consignado en los libros “De primera mano” e “Historia de las guerras” que dan cuenta de los esfuerzos de Barco por aclimatar la paz, contener la violencia y modernizar la política. Sin embargo, su respuesta a Donadio deja qué desear, en particular, el reclamo de por qué, según él, se desconoce el papel determinante de los narcotraficantes, y el haberse plegado a un tuitero para revivir un viejo artículo de El Tiempo sobre los desencuentros Farc, Partido Comunista, UP. Se fue por las ramas y los desvíos. El expresidente César Gaviria, ministro de Hacienda y de Gobierno de Barco -cargo desde el cual denunció la expansión del paramilitarismo-, participó como testigo de excepción en el panel de Los Danieles. En varias intervenciones enmarañadas y frases inconexas, reivindicó a Barco, recordó haber oído de Eitán pero sin saber por qué ni para qué y descargó toda la responsabilidad en los narcotraficantes (Rodríguez Gacha) y el director del DAS, Miguel Maza Márquez -a quien señaló de recibir y escoltar al israelí Yair Klein, adiestrador de paramilitares- , quien ya ripostó anunciándole denuncias. Junto con la primicia de que no fue informado del bombardeo al secretariado de las Farc en Casa Verde el día de elecciones para la Asamblea Constituyente en 1990, Gaviria, quien asesorado por Pardo como consejero y luego como Ministro de Defensa, adelantó la cuestionada estrategia de entrega de Pablo Escobar, la desmovilización de varias guerrillas, la legalización de los grupos privados de vigilancia o “Las convivir” y la ruptura con las Farc e impulsó la constituyente, dejó en evidencia las penumbras de las políticas de seguridad y de las relaciones gobierno – fuerzas armadas en la historia nacional. Ante la grave situación de orden público, una fuente anónima viva afirma que Barco habría informado, en una reunión en palacio la recomendación del israelí: exterminar a la Unión Patriótica, sin objetarla. La reacción de un alto mando militar presente habría sido de indignación, reivindicando el derecho soberano a ejercer la tarea, con asentimiento del presidente. Imagen: Pares. Aspecto que corrobora un completo balance desde todos los actores, a propósito de la sindicación de Donadío, hecho por el exconsejero de Derechos Humanos de ese gobierno, Jorge Orlando Melo. Otras intervenciones en defensa de Barco, como la de Luis Fernando Isaza han rechazado como calumniosa la afirmación y mendaz y mediocre el ejercicio, destacando el talante liberal y modernizante del expresidente. Por el lado de la izquierda la reacción ha sido más mesurada, no obstante ser el sector afectado. Si bien hay voces radicales que asumen la columna de Donadío para corroborar el “carácter criminal” de las élites y despacharse contra Barco como genocida, los pocos pronunciamientos de líderes han sido prudentes, recabando en la impunidad, la necesaria reformas de las fuerzas armadas y la doctrina militar y la necesidad de verdad, apartándose de sindicar directamente a Barco. Aída Abella, senadora y sobreviviente de un atentado como integrante de la UP, a pesar de las bravuconadas del exministro Samudio en un debate, en el que este señaló todo como montajes de la extrema izquierda -con lo que se ha justificado por décadas la persecución a sectores de oposición- lo conminó a comparecer ante la Comisión de la Verdad. Por su parte, el también senador Iván Cepeda, cuyo padre fue asesinado siendo miembro de esa colectividad, asumió la denuncia como insumo para iniciar acciones judiciales. Mención especial merece un escrito del historiador y exmiembro del Partido Comunista y la UP, Medófilo Medina, quien a la par con contextualizar el ambiente de desistitucionalización y violencia de parte de narcotráfico, paramilitares, guerrilla y fuerzas armadas, destaca el esfuerzo de paz iniciado por Betancur y proseguido por Barco y la animadversión de los altos mandos aliados con la ilegalidad. Expone el riesgo a que fue sometida la UP como opción legal respaldada por las Farc y el patrón tradicional de exterminio de los sectores de izquierda que, para sorpresa de muchos, fue iniciado décadas atrás con los atentados contra miembros de la Unión Nacional de Oposición, primera coalición alterativa que desafío al imperante Frente Nacional. Crímenes, como siempre, en casi total impunidad. La responsabilidad estatal ya fue señalada en fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Manuel Cepeda y aceptada, con el perdón público ordenado, por el Gobierno de Juan Manuel Santos a través del entonces ministro del interior Germán Vargas Lleras. Luego, en julio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 11.227, Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica (UP) al considerar que “Colombia no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo” sobre ese expediente. “El caso se relaciona con las sucesivas y graves violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6 000 víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica en Colombia a partir de 1984 y por más de 20 años. Estos hechos fueron calificados como un exterminio en el informe de fondo y se estableció que los mismos alcanzaron una gravedad y magnitud inusitadas.” «Por ello, la CIDH determinó la responsabilidad del Estado en sus dimensiones de respeto y de garantía. El Estado reconoció su responsabilidad internacional únicamente por el incumplimiento del deber de garantía, en su componente de protección, por no haber prevenido los asesinatos y demás actos de violencia en contra de los miembros de la Unión Patriótica, pese a la evidencia de que la persecución en su contra estaba en marcha». En conclusión, por distintas vías, de manera total o parcial, según el caso, y a pesar de la impunidad interna, el Estado colombiano ya ha aceptado su responsabilidad en el genocidio de la UP, no obstante que espera, con los cambios producidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reducir una posible condena a responsabilidades difusas, en la abstracción de la estatal, y a reparaciones mínimas y eventuales. En sus estertores, la Defensa Jurídica del Estado del Gobierno Santos alegó que había sido suya la determinación de someterse a la Corte IDH debido a que no compartía las recomendaciones del informe final de la CIDH, pues pretendía que esta asumiera casos individuales de responsabilidad y reparación como colectivos. En esa instancia se encuentra un caso de persecución de tal magnitud y violencia que podría ser considerado “acto de exterminio” un crimen de lesa humanidad que en caso de ser condenado el Estado sería precursor en el marco del Estatuto de Roma y cuyo tratamiento aún es inédito. En conclusión, por distintas vías, de manera total o parcial, según el caso, y a pesar de la impunidad interna, el Estado colombiano ya ha aceptado su responsabilidad en el genocidio de la UP, no obstante que espera, con los cambios producidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reducir una posible condena a responsabilidades difusas, en la abstracción de la estatal, y a reparaciones mínimas y eventuales. A pesar de su ambigüedad, la denuncia de Donadio, centrada en la supuesta determinación por el expresidente Barco de la ejecución del macabro plan de aniquilamiento de la Unión Patriótica, no obstante estar exento de señalamiento en expedientes judiciales y denuncias políticas hasta la fecha, trae al presente la necesidad del esclarecimiento de este y otros episodios tan abominables de la historia nacional. Más allá de las condenas aisladas, saber si ha hecho parte de una política de contención de la oposición alternativa desde el Estado, el desmonte de los aparatos ejecutores y una orientación democrática de los organismos de seguridad y defensa. La Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de la Verdad son escenarios únicos, irrepetibles y trascendentes para que el país conozca las actuaciones que desde el poder y la insurgencia nos trajeron a este holocausto en que a diario matan a lo mejor del liderazgo social y a quienes dejaron las armas, en una venganza atroz, para que se hagan realidad institucional y social los principios de verdad, justicia, paz y no repetición y podamos hablar de un Estado democrático.

Por: Guillermo Linero Montes. Columnista Pares. En la actualidad, la probidad de quienes ejercen la diplomacia está fundada en su preparación y agudeza para aplicar las relaciones internacionales a la luz de los principios del presente. Es decir, los funcionarios con cargos diplomáticos –que no lo son de carrera- han de saber discriminar entre los temas dominantes del pasado (digamos, las relaciones basadas en la división política y en el solo hecho económico) y los temas del presente (digamos, los basados en los derechos humanos y el medio ambiente); y han de mirar hacia los intereses universales ligados a la protección de la especie, más que a la aldea geopolítica, anclada a los lineamientos ideológicos de los países vecinos o de sus socios comerciales. En el contexto de la reciente campaña por la presidencia de los Estados Unidos, fue muy evidente el desconocimiento que tienen, de esos principios de la actualidad, los diplomáticos de Duque en Washington. No otra cosa puede concluirse luego de la expresa preferencia, precisamente, por el candidato de las formas del pasado, por quien en su gobierno descontó las preocupaciones acerca del medio ambiente y vio en la defensa de los derechos humanos un atentado a la propiedad privada. La avanzada diplomática de Duque en Washington, se equivocó, por ejemplo, con respecto al principio de los derechos humanos, al aferrarse al trumpismo -que ya no a Trump- cuyos principios cívicos y morales provienen de la primera mitad del siglo diecinueve y del movimiento supremacista cuyos miembros, igual a los nazis, creían ser de una raza superior, caracterizada por el desprecio a quienes ellos, y solo ellos, consideraban por debajo de su nivel social y/o racial, especialmente a negros y ahora también a migrantes. Se equivocaron con el principio de la protección al medio ambiente, por el mismo trumpismo, si consideramos que su líder natural niega el cambio climático; aunque Duque no se queda atrás, porque si en algo ha insistido con ahínco en su presidencia, es en la legitimación del fracking para la explotación minera. Un método dañino de la naturaleza y de la vida, por cuanto sus consecuencias son la sequía y la acumulación de gases tóxicos. Se equivocaron con respecto al principio de la libre determinación de los pueblos (el derecho que tiene una población a escoger libremente sus gobernantes y su forma de gobierno) cuando de manera manifiesta, el mismo embajador de Colombia ante los Estados Unidos, estuvo acompañando actos políticos trumpistas en Miami, que empezaron a usar calumnias de creatividad y producción exclusivamente colombianas, como el castrochavismo. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, el gobierno de Duque cometió una última equivocación, bastante ingenua: en vez de acompañar las propuestas de Biden, que tienen que ver directamente con nuestro país, ha hecho eco de uno de los últimos errores de Donald Trump: acusar de terrorista al gobierno cubano, en un tiempo en que el mundo entero sabe quiénes son los terroristas y quiénes los responsables de las muertes e inequidades del planeta; y máxime cuando los colombianos les debemos tanto a Cuba por su incondicional ayuda a la paz. Por todo lo anterior, es muy difícil disimular que Colombia ya no mantiene el tradicional compromiso diplomático de las relaciones bipartidistas con los Estados Unidos, y para cambiar esa incómoda posición, Duque tendría que dar la vuelta del gato y caer de pie. Son muchos los colombianos que ven mal –y burlescamente- que Biden no lo haya invitado a la posesión (así no tuviera porqué hacerlo) o que no le hubiera respondido al teléfono (que sí debía hacerlo). Y aunque es verdad que en la tradición de la toma de posesión de los presidentes norteamericanos, no es de rigor invitar a otros jefes de estado, y por el contrario lo usual es invitar a las delegaciones diplomáticas; también es verdad que los presidentes elegidos reciben numerosas llamadas de felicitaciones. Llamadas realizadas por homólogos del mundo entero y, especialmente, por aquellos presidentes que representan a estados con los cuales los Estados Unidos guardan alianzas económicas y de seguridad, como es el caso de Colombia, su principal aliado en América del Sur. Por eso ha llamado la atención que Biden no le hubiera contestado el teléfono a Duque -si es verdad que Duque lo estuvo llamando- como si lo hizo cuando lo llamaron, entre otros, los presidentes de México, Argentina, Chile y Costa Rica, que exceptuando a México, mantienen con los Estados Unidos una dinámica comercial y estratégica menor que la nuestra. No obstante, tal displicencia no es conveniente agigantarla; porque ello haría notorio un ambiente de rarezas y desconfianzas, entre quienes deberán trabajar conjuntamente y tendrán que seguir haciéndolo, en proyectos muy serios como el control al narcotráfico y el respaldo a la paz. Con todo, parece muy claro que las relaciones con los Estados Unidos, a partir de la posesión de Biden, no van a ser cómodas, y no por causa de la burda diplomacia de este gobierno, que ha puesto en riesgo la tradición de unas relaciones bipartidistas, sino por las netas contradicciones entre un gobierno realmente demócrata y otro que aparenta serlo.

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares. Las primeras tres semanas de 2021 han servido en Colombia para alzar la voz de protesta por el incremento de la violencia que se genera en contra de las mujeres y niñas. Esta voz evidencia una de las muchas problemáticas que ha desnudado la pandemia del COVID-19. Antes de marzo del 2020, los espacios públicos eran los lugares más comunes para cometer delitos; pero hoy, luego de las medidas de control tomadas por las autoridades, se ha dado un giro en el fenómeno de la violencia: el crimen se ha trasladado de la esfera pública a la privada. El aislamiento social preventivo obligatorio ha cambiado la estructura de las cifras de los delitos: ahora los grandes números, que antes los ocupaban los crímenes que se cometían en la calle, han pasado a tenerlos los delitos ocurridos en los hogares. Las cifras más abultadas, que anteriormente la tenían el hurto a establecimientos comerciales, vehículos y el asalto por contacto y agresión en la calle, ahora las tienen los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres. El aislamiento social ha enseñado un fenómeno latente pero oculto y escasamente atendido por las autoridades en Colombia. En ciudades como Bogotá, Medellín o Cali se presenta un incremento de las llamadas telefónicas que se hacen a la línea de emergencias y seguridad 123 sobre este tipo de delitos. Las denuncias y llamadas a la Policía por la violencia de pareja o violencia de género, y parricidios viene en aumento. En Medellín, por ejemplo, con tan solo ocho días de diferencia, aumentaron las llamadas por violencia familiar en cerca de un 50% (pasando de 200 llamadas en el Puente de Reyes a 292 en el siguiente fin de semana). Las explicaciones a este viraje en el comportamiento de la violencia es lógico. El aislamiento social preventivo obligatorio ha cambiado los espacios de convivencia. La gente se ha visto obligada a recurrir cada vez menos a los espacios públicos y refugiarse en el mundo de lo privado. En consecuencia, la probabilidad de cometer delitos en uno y otro espacio ha cambiado: se reducen para los que se comenten en la vía pública, como el hurto a personas, el robo de motocicletas y automóviles o el atraco a establecimientos comerciales; y se aumentan para los delitos que se comenten en los espacios cotidianos, como las riñas entre vecinos y violencia familiar. Este tipo de cambios en la conducta delincuencial le impone nuevos retos a las autoridades estatales encargadas del monopolio de la violencia y a la sociedad misma. No se tiene que ser un experto en criminología para deducir que si el hurto, el homicidio o los accidentes de tránsito han caído deben, por tanto, atenderse menos, y aumentar el interés en los problemas de convivencia, los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, cuyas cifras han crecido. La sociedad demanda mayor capacidad institucional para atender a estas víctimas poco visibilizadas hasta el momento. Se requiere la presencia de las autoridades para que atiendan y controlen estos delitos. Se necesita de organizaciones y personas que sepan escuchar la voz de quienes sufren violencias en el hogar, y atenderla con celeridad a las personas vulnerables, para tomar medidas de protección formales. Es conveniente que las autoridades redireccionen la mira a los hogares y espacios privados. No se puede seguir cometiendo el error de cerrar las Comisarias de Familia a causa de la parálisis en la movilidad. En su lugar es prioritarios ampliar el número de opciones para que la gente pueda acudir con mas facilidad a ellas para defenderse y denunciar a los agresores. Es necesario quitar barreras y atender con más premura el llamado de auxilio que se hace desde los espacios privados para que se les proteja a quienes los habitan. Las cifras más abultadas, que anteriormente la tenían el hurto a establecimientos comerciales, vehículos y el asalto por contacto y agresión en la calle, ahora las tienen los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres. Imagen: Pares. Es fundamental realizar los cambios institucionales y organizacionales necesarios para responder a estos nuevos escenarios sociales y de seguridad ciudadana. La cuarentena exige un perfil integral y eficiente de la Policía Nacional y de las alcaldías municipales para prevenir y gestionar las problemáticas de seguridad y convivencia al interior de los espacios privados. Que la Policía Nacional cumpla con su labor civil, al igual que otra serie de instituciones que deben velar por los más desfavorecidos. Igualmente, como sociedad debemos trabajar en educar a la gente para que no se ejerza violencia en los espacios privados, y a que las víctimas no tengan temor de denunciar. Es duro para una madre o una esposa denunciar a su hijo o compañero por maltrato; pero es más duro ver cómo sus vidas son segadas o los cuerpos transformados por las lesiones que les causan. Debemos avanzar en reconocer mucho más este tipo de violencias. De formar a las víctimas para que reconozcan la violencia y denuncien a los victimarios. Millares de mujeres, niños y niñas, e incluso ancianos lo agradecerán. Esta es una oportunidad para repensar la funciones de la Policía. Hay que desestimular, desincentivar y obstaculizar la violencia familiar. Hay que acompañar más a las personas en educarlas para que detecten con más celeridad y oportunidad las alertas frente a agresiones físicas, verbales y las violencias económicas. En síntesis, el aislamiento social preventivo obligatorio ha transformado las dinámicas de seguridad y convivencia ciudadana. Este modificó los lugares de socialización, las actividades rutinarias y, en el mismo sentido, la frecuencia con que ocurren los delitos en el espacio público. Las medidas preventivas de salud han reducido, afortunadamente, el homicidio, pero infortunadamente ha aumentado la violencia en el hogar. Esta nueva situación pone un reto a los gobiernos locales, puesto que es necesario revisar la manera cómo se piensa y gestiona el sistema de violencia privada. Es una invitación a revisar la manera cómo se conciben los delitos, la atención ciudadana, la recepción de denuncias y la restauración de derechos. Esta es una de las tareas urgente para reducir significativamente las cifras el 2021.

Por: Guillermo Linero Montes. Columnista Pares. Durante casi toda la historia de nuestra civilización, se ha impuesto la sumisión del débil ante el más fuerte. Al principio, esa diferencia de poder en las relaciones humanas primigenias, estuvo basada en la disparidad de fuerzas y estructuras corporales, desde luego en un contexto cavernícola. Dicha fuerza, legitimada por la “ley del más fuerte”, fue luego trasmutada al poder de las armas y desde entonces han sido muchos los David que han derrotado a muchos Goliat. En consecuencia, la ley del más fuerte pasó a ser la ley del mejor armado. Tal es el inicio del desarrollo de la carrera armamentística, y el afán humano por la perfección de las armas; por la fabricación de instrumentos de ofensiva cada vez más letales que un garrote o que una piedra lanzada por una honda. Dentro de esa perspectiva, podemos apreciar en ascenso evolutivo, cómo las catapultas fueron vencidas por cañones, las flechas por ballestas, los rifles por ametralladoras, y la aviación militar por los cohetes y las ojivas nucleares. Cada nueva arma ha sido superior a la anterior. Con todo, pese a este fenómeno, si algo no ha podido superarse es la efectividad bélica –sin necesidad de armas- de la naturaleza humana contra sí misma. Thomas Hobbes tenía razón, “el hombre es un lobo para el hombre”. En efecto, la historia ha demostrado que no hay ejércitos, ni armas, lo suficientemente poderosos para contener a una enardecida turba multa, o a un levantamiento popular. La aglomeración humana no es únicamente la más letal de todas las armas; sino también es la menos predecible (es una suerte de granada que estalla de pronto en las manos). Distinto al funcionamiento de los ejércitos –conformados por grupos de ciudadanos fieles al cumplimiento de un deber- la aglomeración de civiles se activa, estrictamente, si hay un consenso de incomodidad intrínseco a su condición grupal o, para decirlo coloquialmente: solo se dispara de manera espontánea cuando se ha rebozado la taza de un problema, cuando no se ha aguantado más una carga inmerecida. Por esa espontaneidad que las mueve, las turba multas a nadie obedecen, carecen de estrategias y solo las estimula el instinto humano, cuyo target es la supervivencia. De no existir una real situación de peligro para la colectividad asociada, o la inminencia de un hecho que amenace a la especie, entonces no hay levantamiento popular ni turba multas, así haya incitadores intentando provocarlas. No fue Espartaco quien motivó el levantamiento de los esclavos en el imperio romano, hacia el año 73 A.C., sino los propios esclavos, que no aguantaron más las injusticias de un modelo de organización social donde ellos, desde su condición de gladiadores, ningún derecho tenían, excepto el de combatir en la arena contra sus semejantes. Espartaco, arrastrado por la misma ola de indignación, siendo él otro esclavo, lo que hizo fue liderar el impulso natural de liberación de sus iguales para que se alejaran del imperio romano y, como vulgarmente decimos, formaran rancho aparte. Pero como las hordas no obedecen a nadie, aquel levantamiento terminaría en una aventura alucinada, propia de una horda maltratadora y no de una población maltratada. Igual en la “Semana trágica de Barcelona”, en 1909, la causa no fue la negativa de los reclutas del ejército a enfilarse en la Guerra de Marruecos, sino que hubieran escogido para tal guerra únicamente a los reclutas más humildes y pobres. La consigna del grupo social de reclutas indignados era que les dieran el mismo trato que a los otros, en una época donde la inequidad era justificada a capa y espada por los representantes de la iglesia, como aun lo siguen haciendo. No en vano, se asevera que el antecedente -o el detonador- de aquel levantamiento popular en la España de principios del siglo XX, fue esta encíclica del papa León XIII, firmada en 1891 y denominada Rerum Novarum (de las cosas nuevas): “Pretender la igualdad entre los hombres, tal como la entiende el socialismo, es el mayor de los absurdos. Los hombres no pueden ser iguales”. En aquellos trágicos días murieron aproximadamente un centenar de personas y fueron incendiadas docenas de edificaciones; y aunque la iglesia católica cayó en desprestigio, todavía hoy aplica dicha encíclica, y ni qué decir de la persistente diferencia entre pobres y adinerados. En fin, en la historia han sucedido numerosos eventos similares, como la Toma de la Bastilla (en Francia, en 1789) o como El Bogotazo” (ocurrido en Colombia en 1948). Y “en los últimos años –estas son palabras del investigador mexicano Guillermo Pereyra- diversas revueltas populares y protestas masivas han sacudido el escenario internacional. Entre ellas, se pueden mencionar las manifestaciones contra la guerra de Irak (2004), las revueltas de los jóvenes de los suburbios parisinos que acabaron con varios sectores de la ciudad en llamas (2005), la masiva rebelión popular de Oaxaca (2006), las manifestaciones en Grecia contra las políticas de ajuste (2008–2011), las revueltas populares en Egipto, Túnez, Yemen y Libia (2011), las protestas del Movimiento 15–M en España, que rechazan la gestión de la crisis económica global, su impacto social y la clase política en general (2011), y los disturbios e incendios producidos en varias ciudades de Inglaterra (2011)”*. Concluye el profesor Pereyra, llamando la atención acerca de cómo estas manifestaciones de protesta masiva están fundadas, cada una de distinta manera, en un fuerte rechazo al sistema; y desde luego denotan “un gran desaliento” (cuando no se aguanta más el peso de una carga inmerecida). Es una regla infalible, la causa principal de los levantamientos populares, ha sido siempre la necesidad manifestada por un pueblo o grupo social, de quitarse de encima una infernal carga que lo agobia, o desvanecer, como es lo corriente, una desigualdad indignante. No obstante, alguien podría preguntarse: ¿por qué comparar a los levantamientos populares con los actos vandálicos del supremacismo norteamericano, si a estos, que se sepa, y en calidad de ciudadanos gringos, ninguna carga infernal los agobia? Además, los supremacistas, por ejemplo, persiguen el reconocimiento de una superioridad anhelada y no la igualdad social. Y lo mismo puede decirse de quienes protagonizaron “La noche de los cristales rotos”; porque tampoco los judíos eran una carga infernal, ni para los alemanes ni para los austriacos, excepto porque desde la esencia de una estirpe ideal, no llenaban los requisitos, precisamente para ser superiores. Siendo así las cosas, si no es posible que a estos movimientos los hubiera motivado un gran desaliento de los ciudadanos con el sistema por cuenta de la desigualdad y el poder dominantes, entonces ¿qué los movió? Sin duda, estos dos hechos (igual que el de la revolución rusa, y su premisa: “proletarios de todos los países uníos”) surgieron al advertirse que las masas populares podían ser usadas como efectivas armas. De nuevo el concepto de la ley del más fuerte, basado no en la fabricación de armas letales, sino otra vez, como en el pasado, echando mano de las diferencias de fuerza corporal, esta vez en una relación de cantidad, por decir lo menos, de uno contra cien. Desafortunadamente, cuando se entendió a las poblaciones como posibles armas de inquebrantable poder, se desarrollaron técnicas de seducción política o de adoctrinamiento, con el fin de modificar sus percepciones emocionales, y como a rebaños, ponerlos a sus servicios. Por tales razones, no es descabellado comparar lo ocurrido esa noche del 5 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos –como lo hiciera el actor estadounidense Arnold Schwarzenegger- con los hechos ocurridos la noche del 9 de noviembre de 1938 en Alemania y Austria, hechos bien recordados bajo el rótulo de “La noche de los cristales rotos”. Y son comparables, pese a las diferencias entre un hecho y otro, por cuanto ambos fueron motivados por las autoridades, o por quienes las representaban. Con todo, mientras que en los EEUU apenas asaltaron la sede del Capitolio, en Alemania y en Austria, destruyeron más de 7.000 locales comerciales, entre almacenes y tiendas de judíos. Mientras que en los Estados Unidos, por cuenta de las acciones de la turba multa supremacista hubo cinco muertos, en Alemania, la noche de los cristales rotos hubo 93 muertos. Pese a ello, lo comparable no es la dimensión cuantitativa –cuánto mal se hizo- sino la dimensión cualitativa -la capacidad de hacer el mal- ya que en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, la noche de la toma del Capitolio, lo que hubo fue el intento por interrumpir el reconocimiento de la victoria definitiva a Biden; o, lo que es igual, dar un golpe de estado al presidente electo, antes de su posesión prevista para el 20 de enero. Si el objetivo hubiera sido romper los vidrios de las ventanas de los comunistas o de los “castrochavistas”, para este momento ya estaría encendida la guerra civil estadounidense. Y pueden compararse, estos dos levantamientos, especialmente porque tanto en los Estados Unidos como en Alemania, los policías se hicieron los de la vista gorda y los invencibles agentes de seguridad de ambos estados, nada captaron. En el caso de los alemanes antijudíos los violentos fueron aupados por los jefes de los nazis, sobre la base de que era una reacción natural de las fuerzas civiles defender sus valores. En el caso de los Estados Unidos, Donald Trump los arengó así: «Increíble por lo que tenemos que pasar, y tener que hacer que tu gente luche. Si ellos no luchan, tenemos que eliminar a los que no luchan» y «Caminaremos hasta el Capitolio y vitorearemos a nuestros valientes senadores y congresistas».** Para terminar, vale decir que en Colombia, la dinámica de nuestra organización política y social es tan convulsiva, que hemos vivido las experiencias de los levantamiento populares –fundados en la inequidad social-, y también nos han tocado en suerte los movimientos extremistas que -igual a los aupados el 5 de enero de este año por el supremacismo estadounidense, o los aupados por el nacismo alemán el 9 de noviembre de 1938- decidieron eliminar a un partido político completo, la Unión Patriótica, dando muerte, como lo hicieron, a más de tres mil quinientos de sus partidarios militantes. Los esquemas de seguridad (igual que en el Capitolio de los Estados Unidos) fueron fácilmente vulnerados y luego de cometidos los crímenes, las investigaciones oficiales sucumbieron bajo la complicidad del estado (igual como pasó en Alemania, después de ocurrida La noche de los cristales rotos). Es una verdad demostrada, los movimientos y actos fascistas, cuando prosperan o se muestran, es porque han contado con el aval de los gobiernos de turno. Y no por otra cosa, al gobierno de Iván Duque, por ejemplo, se le tilda de fascista por las matanzas y los crímenes de líderes sociales; pues, querámoslo o no, ellos encarnan, única y estrictamente, la oposición al gobierno o a sus políticas. *Guillermo Pereyra. Investigador posdoctoral en el área de filosofía y teoría política del Centro de Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. En: http://www.scielo.org.mx/scielo.php **Asalto al Capitolio. En: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional.

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares. Al gobierno cubano le está constando mucho apoyar las negociaciones de paz de Colombia. Así quedó evidenciado esta semana, luego de que Donald Trump tomara decisión de incluir nuevamente a la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos. Esta es una decisión que se basa en la negativa que dió Cuba a Colombia de no entregar en extradición a los miembros de la comisión negociadora de paz del Ejército de Liberación Nacional -ELN-, que se encuentra anclada en la isla desde abril de 2018. Cuba es un país amigo comprometido con la paz en Colombia desde hace cuatro décadas. Su apuesta ha sido siempre por una salida negociada al conflicto armado interno. Así lo hizo con el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc-ep- entre 2010 y 2016, y así lo viene haciendo con el ELN desde 2014. A partir de este último año, cuando se iniciaron las conversaciones exploratorias confidenciales y luego del inicio de las negociaciones que duraron hasta agosto de 2018, Cuba ha estado dentro de los países garantes del proceso de paz con el ELN; por eso, una vez se tuvo problemas con la estadía de la Mesa de Negociaciones en Quito, Ecuador, el mismo gobierno cubano decidió ofrecerse como país anfitrión para recibir a las delegaciones. Negociaciones de paz que no han podido avanzar desde agosto de 2018, a pesar de la insistencia del ELN de continuar en la Mesa. Cuando se posesionó el presidente Iván Duque las negociaciones de paz quedaron en el limbo; y luego del atentado con el carro bomba el 17 de enero de 2019 a la Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá, se rompieron completamente. De allí que el gobierno Duque haya decidido pedir en extradición a los 10 miembros de la comisión de paz que están en La Habana. Petición que Cuba considera improcedente, pues como país garante ha insistido en la necesidad de respetar los protocolos firmados al inicio de los diálogos. Y espera que el gobierno colombiano ofrezca garantías para el retorno de los rebeldes a su país. Sin embargo el gobierno Duque, en lugar de permitir el retorno de los negociadores, lo que ha hecho es suspender las órdenes de captura y solicitar a los miembros de la guerrilla en extradición a la Interpol. Desde el principio del gobierno Duque, la Cancillería ha dicho que Cuba se ha comportando como un “refugio a terroristas colombianos” y que no reconoce los protocolos firmados con el ELN y los países garantes (Ecuador, Venezuela, Brasil, Chile, Cuba y Noruega). Cuba ha estado dentro de los países garantes del proceso de paz con el ELN; por eso, una vez se tuvo problemas con la estadía de la Mesa de Negociaciones en Quito, Ecuador, el mismo gobierno cubano decidió ofrecerse como país anfitrión para recibir a las delegaciones. Imagen: Cortesía. Precisamente, basado en esta petición de extradición es que el gobierno Trump tomó la decisión de incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Decisión que tiene consecuencias económicas negativas para el país caribeño. El estar en esta lista conlleva sanciones para personas y países que realicen actividades de comercio con Cuba. Medidas que harán que en 2021 se incremente el escrutinio sobre las operaciones comerciales; se reduzcan las exportaciones, importaciones y suministro de servicios; se genere una cuasi parálisis de las inversiones extranjeras en la isla, creando escasez de divisas; y finalmente, se provoque un incremento en los precios de muchos bienes y servicios básicos, en especial, los alimentos. De allí que Cuba reconozca que la decisión del moribundo gobierno Trump los afectará. Esta es una decisión desafortunada, que se da en un momento clave de reformas económica para la isla y en medio de la grave situación que viene dejando la pandemia. Desde hace dos décadas y después del colapso de la Unión Soviética el gobierno cubano viene realizando una serie de reformas, entre ellas un nuevo ordenamiento monetario, que se implementa desde el 1 de enero de 2021, relacionado con la la circulación del peso cubano convertible en dólar estadounidense. Reformas que se verán en apuros debido a esta decisión del gobierno norteamericano. A pesar de estas graves sanciones de Estados Unidos y a las reclamaciones hechas por el gobierno de Iván Duque, Cuba está dispuesto a asumir los costos políticos, económicos y sociales de apoyar la paz. Considera que su apuesta por el bien público de la paz es más importante que mantener la amistad con Estados Unidos. Apuesta que la hace sustentado en dos razones: la primera, es debido a que la isla está acostumbrada a sortear este tipo de situaciones: desde la década de 1960 sufrió un largo embargo económico; luego, desde 1982 hasta 2015, la pusieron en la lista donde nuevamente la ponen hoy. Siendo los últimos seis años el único período de normalización en las relaciones con Washington, debido a la decisión del presidente Barack Obama de suprimir este tipo de violencia económica contra la isla. Y la segunda, es que Cuba sigue firme en su decisión de apoyar la paz, de hacer respetar la palabra de cumplir lo pactado. Sabe que su decisión de cumplir bien su papel de garante con el protocolo de ruptura del diálogo con el ELN tiene costos, pero está dispuesto a asumirlos. No quiere perder la confianza que le tiene la comunidad internacional de ser un protagonista respetado de la construcción de paz. Quiere seguir siendo reconocido como un país que no extradita a ninguna persona de grupos armados que están intentando una salida negociada a los conflictos, y además que trabaja incansablemente por la implementación de lo pactado.

Por: Guillermo Linero Montes. Columnista Pares. El senador Iván Cepeda, ha propuesto un proyecto de ley para eliminar el título de honorables, que se auto conceden los senadores de la república; pues el mentado honor, si acaso ha existido alguna vez, hoy aparece completamente extinguido. En su lugar, el senador propone el rótulo de ciudadanos y ciudadanas. De primera mano, antes de calificarlo de absurdo –como lo harían quienes piensan en la necesidad de acentuar las jerarquías de poder con diferencias solemnes- o antes de calificarlo de baladí –como lo harían quienes ven con malestar la falta de legislación sobre temas urgentes, referidos no a la equidad de trato, sino a la equidad económica- hay que reconocer que dicho proyecto de ley busca una enmienda a lo que, en la esencia de una limpia democracia, constituye una aberración. Sin duda es una perfecta anomalía que no haya correspondencia, por ejemplo, entre la conducta de quienes ostentan el título de honorables y las exigencias históricas para merecer la honorabilidad. Porque la razón de ser y el origen del título de honorable, tradicionalmente había sido el reconocimiento público a una persona por sus logros tangibles en pro de su comunidad –logros ya cometidos y acumulados a lo largo de su vida y trayectoria civil- y, especialmente, por sus conocimientos y por su acreditada experiencia en asuntos de la moral, de la ética y, desde luego, del comportamiento cívico. Pero, bueno, primero debemos respondernos qué entendemos por honorables y a quiénes podemos nombrar así. En efecto, siendo fieles al orden de las acepciones gramaticales, la palabra honorable refiere estrictamente la calidad de honrado, y de la honradez deriva el merecimiento de un trato social respetuoso. De tal suerte, son dignos de la calificación de honorables todos los ciudadanos honrados, con limpio pasado judicial, con una conducta reconocida como benéfica para la comunidad y, por supuesto, quienes hayan desempeñado un trabajo durante toda su vida, con demostrada ética y moralidad. De ahí que, cuando en la antigua Roma tuvieron la necesidad de crear un consejo supremo para la asistencia de los cónsules (que ejercían la jefatura de estado durante la República) pensaron en aquellos magistrados que estando ya retirados habían demostrado durante el ejercicio de su cargo, una conducta tan proba como para merecer el título de honorables y, desde luego, también pensaron en aquellas personas, comunes y corrientes, que se hubieran destacado por sus habilidades y servicio social: los hábiles para el honor, los honorables. No obstante, tan cierta era la exigencia de una larga trayectoria, que a dicho consejo de asesores y/o consultores, se le instauró sin trasfondos peyorativos bajo el nombre de Anciano; es decir, Senex, en el latín de entonces, y siguiendo esa misma línea etimológica, Senado, en el español de hoy. Dentro de ese criterio y lógica, para aspirar al cargo de senador había que ser indefectiblemente anciano, pues se requería tener demostrada ya una trayectoria de vida, moral e intelectualmente ejemplar; es decir, haber cultivado la honorabilidad. Si aplicáramos esos requisitos de la antigua Roma a los congresistas de hoy, habría que preguntarse: ¿cuántos hay mayores de 60 años?, ¿cuántos hay sin pasado judicial en entredicho?, ¿cuántos tienen una trayectoria pública de vida ejemplar? o ¿cuántos han demostrado habilidad para el honor? En los tiempos de la antigua república romana, y de la democracia incipiente, había que cumplir con cada uno de esos requisitos. Con todo, porque la humanidad no es perfecta, luego del éxito del Senado en la antigua Roma, emergería una clase social privilegiada, los patricios, conformada por los descendientes de esos primeros honorables ancianos. Esos patricios terminaron adueñándose y politizando la institución del senado, hasta el punto de convertirla en un eficaz surtidor de dádivas o en un festín político, manejado al antojo por los gobernantes de turno. Por ello, precisamente, el senado creció en número al final de la República: “Durante el mandato de Lucio Cornelio Sila, por ejemplo, el número de senadores pasó de 300 a 600. En este mismo sentido, poco después fue el también dictador Julio César quien aumentaría el número de senadores a 900, llegando incluso a 1000 en los últimos años de la República”. La lección aprendida con ese puntual fenómeno político, y hay que estar advertidos de su ocurrencia, es que el aumento del número de senadores implica el debilitamiento de la República (y con ella el de la democracia) y promueve el autoritarismo descontando la honorabilidad. En el caso de los romanos ocurrió con el advenimiento del imperio, y en el caso de nuestro tiempo y naciones, ocurre con las dictaduras, que cuando no clausuran las cámaras de un congreso, las integran con sus amigotes, convirtiéndolas en una caja de resonancia de sus caprichos de poder, en un festín político. No en vano el expresidente Álvaro Uribe, acaba de proponer para el senado, a dos personajes de la vida pública (los señores Cárdenas y Vélez), a quienes se les conoce bastante, justamente por lo distante que están de ser honorables; pero se trata de sumar amigotes. Considerando lo expuesto hasta ahora, es válido y coherente preguntarse: ¿de qué vale llamarles honorables a los congresistas, o que entre ellos estén solemnemente obligados a nombrarse de tal manera, cuando en la realidad la mayor parte de los colombianos, si no todos, les calificamos con adjetivos opuestos a la palabra honorable? Desde semejante desprestigio social, autonombrarse usando un excelso título, cuando ellos más que nadie saben de las pilatunas delincuenciales de sus colegas, resulta un verdadero juego de niños o una pantomima malvada de adultos. Adoptar el rótulo de ciudadanos, como lo propone el senador Iván Cepeda, es una oportunidad que se les presenta a los senadores para demostrar su honorabilidad. ¿O preferirán seguir auto denominándose mejores ciudadanos que los otros colombianos? La función de senador tiene una tradición histórica bien clara y conlleva más un ejercicio de servicio a los otros, que uno de privilegios para sí mismos. Los rituales y solemnidades para legitimar las actuaciones de un poderoso, en la antigüedad estaban ligados a un ardid de mentiras acerca de que los escogidos para mandar eran una suerte de centauro: mitad divinos y mitad humanos. Hoy, en el siglo XXI, bien lejos de la entendible ingenuidad de los antiguos romanos, no hay quien ignore la verdad: los congresistas, más que honorables humanos, son ciudadanos mundanos. Y si persisten en autodenominarse honorables, entonces bien podría dejar de pagárseles; porque los verdaderos honorables, desde la antigua Roma hasta nuestros días, han tenido y tienen como principio trabajar Ad Honórem; es decir, sin recibir una sola moneda por ello.

Por: Guillermo Linero Montes. Columnista Pares. En este año que acaba de cerrarse, muchos colombianos vieron con cierto asombro que la ciudadana María Claudia Daza, asesorada por su equipo de defensa, hubiera decidido guardar silencio luego de ser llamada a declarar, primero por la fiscalía y después por el CNE, con el fin de esclarecer la existencia de supuestos delitos en favor de la elección presidencial de Iván Duque. De plano, la gente vio en ello una manera de esquivar la ley, pues –más allá de la credibilidad dada a la sentencia popular “quien calla otorga”– a cualquiera le resulta de mala conducta no responderle a quien representa la autoridad, como también le resulta sospechoso que una persona se guarde una información, cuando esta, de encontrarse fundada en la verdad de los hechos, puede y debe salvarla. Aunque no se ponga en práctica, en Colombia existe además la conciencia ciudadana del “deber de denunciar” y de “la obligación de rendir testimonio en juicio”. La Constitución Nacional y el Código de Procedimiento Penal, así lo consignan. Por eso –desconociendo que el derecho a guardar silencio es una excepción a estas dos exigencias de la ley- a la gente le resulta sospechoso cuando alguien, a la hora de asumir su defensa elige permanecer callado y desdeña el poder de la palabra. Con todo, en el derecho internacional y en los sistemas jurídicos nacionales, guardar silencio es un derecho casi sagrado. Y lo es, por cuanto en la historia reciente ocurría lo siguiente: luego de un hecho delictivo las versiones recogidas antes de iniciado el juicio, llegaban al juez con ventaja para la policía o el investigador y con desventaja para el sospechoso. La tendencia natural del juez era creerle a la autoridad y no a quien aparentemente había infringido la ley. De manera que el hecho puntual que motivó la creación del derecho a guardar silencio, fue el desequilibrio existente entre la autoridad y el ciudadano a quien se le ha imputado la comisión de un delito, ya fuera, como en el caso de la ciudadana que nos ocupa, por cuenta de pruebas circunstanciales, en este caso las conversaciones grabadas por la fiscalía. La verdad es igual que una esfera, por mucho que la giremos, siempre nos dará la misma cara, es inmodificable. Mientras que la mentira semeja un icosaedro; pero con el ingrediente de que cada cara suya es distinta a las otras. Esa presentación caótica de la mentira es la que saben organizar los abogados que, abstraídos en la defensa ciega de su cliente –en el negocio-, no se detienen en la importancia de la correcta aplicación de la justicia. Fotografía: Pares. Por eso, antes de la existencia del derecho a guardar silencio, la primera tarea del abogado defensor consistía en proteger la versión de los hechos dada por su amparado. La presunción de inocencia, que no se aplicaba en ausencia del defensor, en presencia de este era viabilizada, y lo dicho por el sospechoso previamente al juicio era descartado. De hecho, hoy puede comprenderse la figura del derecho a guardar silencio, afín a la figura de la presunción de inocencia. En el presente, guardar silencio es una indiscutible garantía del debido proceso; pero debería, como no es el caso en nuestra legislación, tener como límites tanto la presencia de un defensor particular o de oficio, como el comienzo del juicio. En Colombia el recurso del derecho a guardar silencio, si así lo deseara el imputado, puede persistir incluso hasta la decisión del juez. Dentro de tal contexto, el de los límites, habiendo el imputado conseguido defensor o luego de habérsele asignado uno de oficio, ya su silencio no tendría sentido. De modo que, siendo lógicos, el derecho a guardar silencio debería extinguirse en cuanto se responsabiliza del caso un defensor. En los Estados Unidos, el derecho a guardar silencio se instauró apenas hace 50 años, y su aplicación y uso se propagó rápidamente gracias a las películas de acción policial; por eso nos resulta tan común esta frase acuñada por la justicia americana: “Tiene derecho a guardar silencio y a llamar a un abogado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en los tribunales”. En efecto, la frase “Tiene derecho a guardar silencio”, llama la atención acerca de cómo –de no guardar silencio- las declaraciones previas al juicio pueden llegar al juez en forma de mentiras, o de ser mentiras en forma de verdades). La frase “… y (derecho) a llamar a un abogado”, recomienda que para declarar sin el riesgo a ser tergiversado, deberá contar con un defensor que cuide de eso. Y la frase “Todo lo que diga puede ser usado en su contra en los tribunales” es una advertencia acerca de que todo lo que llega al juez por dicha vía, es difícil de contradecirlo, máxime si el juez se ve en la necesidad de zanjar entre la palabra de la autoridad y la palabra del imputado. Bajo tales presupuestos, la única razón lógica para justificar el derecho a guardar silencio, no es como lo plantean nuestros legisladores; es decir, por el compromiso de alinearse a los modelos del constitucionalismo moderno, ni por obediencia a los tratados internacionales, ni por respeto al bloque de constitucionalidad, no, sino por el desequilibrio existente entre la autoridad y el ciudadano a quien se le ha imputado la comisión de un delito; pero, sobre todo, porque en el sistema penal acusatorio la responsabilidad de aportar las pruebas es del estado y no del indiciado; es decir, en la etapa de investigación previa al desarrollo del juicio, si alguien tiene que hablar es el acusador y no el acusado. De ahí que el derecho a guardar silencio, si bien es legal, en la mayoría de los casos es una vía poco elegante de la defensa, pues su trasunto explícito es la no colaboración con la justicia, al ocultar o aplazar la verdad, ya sea con el ánimo de trazar morosamente su teoría del caso o simplemente para fabricar una mentira. De hecho, aunque el derecho a guardar silencio es acogido por todas las legislaciones occidentales, nunca nadie podrá decir que su principal utilidad no consiste en darle tiempo a la fabricación de mentiras, antes que ser un mecanismo del debido proceso para la protección de la verdad. Acogerse al derecho a guardar silencio, casi siempre constituye una autoincriminación, y la autoincriminación –cuando no hay pruebas de que se doblega la voluntad- solo es posible si quien la comete es culpable, y a mi juicio se torna inevitablemente en una aberración o perversidad de nuestros sistemas de derecho o en una magnífica fábrica de hacer mentiras. Si el incriminado posee la verdad de su inocencia, por muy complejo que sea su conflicto jurídico, el camino expedito es decirla, callarla es auto incriminarse siendo inocente. Quien habla con la verdad difícilmente cambia su versión; porque la verdad proviene de una experiencia sicofísica real y la memoria de esa experiencia es tan autónoma como espontanea, sus respuestas son inalterables. La mentira, por el contrario, es polivalente y azarosa, y como tras ella no puede haber memoria cierta de lo ocurrido, entonces su respuesta procura ser cambiante. La verdad es igual que una esfera, por mucho que la giremos, siempre nos dará la misma cara, es inmodificable. Mientras que la mentira semeja un icosaedro; pero con el ingrediente de que cada cara suya es distinta a las otras. Esa presentación caótica de la mentira es la que saben organizar los abogados que, abstraídos en la defensa ciega de su cliente –en el negocio-, no se detienen en la importancia de la correcta aplicación de la justicia.

Por: Guillermo Linero Montes Contra la reclamación del senador Gustavo Petro, sobre los obstáculos del código electoral para que la Colombia Humana fuera un partido político con personería jurídica, el Centro Democrático ha argumentado que tal situación no es por cuenta suya, sino por cuenta de la misma ley. Y tienen razón; porque, si bien en la realidad política existen los hechos (que palmariamente acreditan a Colombia Humana como la segunda fuerza política del país) lo cierto es que en la realidad jurídica no existe el derecho que así lo permita validar. No obstante, cuando eso ocurre, que existen los hechos más no el derecho, lo que aflora es un vacío de la ley. Vacío, que en el caso que nos ocupa -y esto es importante- está muy advertido y localizado. Pero ¿qué es un vacío de la ley? Un vacío legal o laguna jurídica, es simplemente la falta de regulación ante una situación jurídica específica, como por ejemplo que no exista la viabilidad legal para que un partido político, de altísima representación, pueda participar en la escena política de su país. Antes de que se les reconociera a los vacíos de la ley como un problema de la debida cobertura del derecho, los jueces y legisladores se supeditaban sagradamente al texto de la ley. De tal suerte, hasta finales del siglo XIX, el derecho positivo -las normas y las leyes escritas- se habían privilegiado tanto, que daba mucho prestigio, hasta comienzos del siglo XX, ser calificado de “hombre de leyes” o “doctor en leyes”. Unos y otros -abogados, jueces y legisladores- fieles a su tiempo actuaban y/o decidían plegados al texto de la ley, al derecho y no a los hechos. Con todo, en el siglo XX comenzó a desarrollarse la conciencia de que entre menos vacíos tuviera la ley, más justa sería, y menos campo le dejaría a la interpretación exegética, que si bien echa mano del análisis gramatical y del conjunto de normas y de leyes escritas, integradas en el orden jurídico (el derecho), poca atención les da a los principios de justicia (a los hechos). Por fortuna, en nuestro tiempo, el método exegético de interpretación de la ley está de capa caída. Y lo está, precisamente, porque la justicia -como principio filosófico creador y modificador del derecho, en el presente va de la mano de este; es decir, que se acabaron los leguleyos, los que sin nociones de justicia (que son los hechos) se apegaban a lo escrito en la ley (que es el derecho). No en vano decirle leguleyo a un juez o abogado, puede ser el peor de los insultos. En la tradición del debate acerca de cómo comportarse frente a un vacío de la ley, hay quienes manifiestan que no debe procederse de ninguna manera; pues a su juicio los vacíos no existen, precisamente porque no pueden preverse. Y eso también es verdad; pese a que el derecho es teleológico, no existen los legisladores Nostradamus. De modo que mientras no se les descubra, las lagunas o los vacíos jurídicos, son como el gato de Schrodinger: podrían existir o no existir. Pero cuando son focalizados, entonces solo tienen forma de problemas y como tales hay que solucionarlos. Los vacíos de la ley no existen sino hasta cuando se les descubre, porque inmediatamente deben ser llenados. Usarlos a tu favor, antes que resolverlos, es una lata grosería, así haya quienes lo consideren también como algo positivo. Para el profesor de filosofía del derecho, Manuel Segura Ortega, por ejemplo, el vacío legal es una suerte de “… oasis de frescura en medio de las arenas del Derecho». Un ciudadano bien podría demandar este código electoral en proceso, y a quienes lo impulsan, por desobedecer ese sentido común, como es mantener abierto un hueco legal, ya advertido, que le hace un grave daño a la democracia. El cuento de que hay que esperar un soporte legal para otorgarle a un partido político derecho a participar, cuando la gente que vota por dicho partido, en sí misma ya tiene por la constitución el derecho a ser tratado políticamente con igualdad de oportunidades, es un cuento de no creer: ¿cómo es posible, que en el senado no haya suficientes seres pensantes como para enmendar un problema semejante, cuando de solucionarlo contribuirían con la estabilidad política del país? En efecto, “la laguna –estas también son palabras del profesor Segura Ortega- es antes que nada la ausencia de regulación de una determinada situación que exige una respuesta por parte del Derecho. Poco importa a estos efectos que la carencia se encuentre en la ley o en cualquier otra fuente del Derecho (por ejemplo, el Derecho consuetudinario o el llamado Derecho judicial); lo decisivo es que respecto de un caso determinado hay un vacío jurídico. Pero esto no supone –y ello debe ser advertido desde ahora- que tal caso no pueda ser solucionado”. Eso, es lo que han debido hacer quienes redactaron y aprobaron el nuevo código electoral, resolver el vacío descubierto. Con todo, prefirieron utilizarlo como sepultura y meter allí a la fuerza política que mayor oposición le hace al gobierno y a la clase política. Dejando expuestas sus intenciones de perpetuarse en el poder, así sea con leguleyadas. Y perpetuarse no por ambición al solo poder, como sería natural, sino por miedo a que otro gobernante, de un partido distinto, les descubra cada delito cometido y se vea en la obligación de tener que juzgarlos por ello; y hacerlo, además, con la idoneidad de las pruebas plenas y sumarias de sus delitos, sin necesidad de montajes ni calumnias. De ahí que resulte realmente descabellado, por no decir de muy rastrera conducta y de cero ética, que un partido y una clase política, bloqueen las opciones de participación a su principal rival, para no competirle en franca lid.

Por: Guillermo Segovia. Columnista Pares. La Navidad me gusta, como a muchísima gente, por la tradición familiar, la luminosidad y el festejo, la natilla y los buñuelos, los abrazos y regalos, las expresiones de solidaridad, generosidad y afecto y el pretérito enigmático que la envuelve. No me gusta, como a tanta otra, por la retahíla de la novena, el sonsonete de los villancicos, la rezadera autómata, el festín de los mercachifles, las falsas promesas, las frases hipócritas y el embuste de gozársela como una costumbre idólatra, simulando lealtad a una historia fraudulenta inventada y fomentada para mantener fiel al rebaño. La Natividad, en sus manifestaciones simbólicas, es una de las tantas invenciones, a través de los siglos, de los “sumos pontífices”, “santos” y “santas” y curas y monjas para dar cuerpo doctrinario y ritual a la religión católica. Sin certeza sobre la fecha de nacimiento de Jesús, para ganarse a los pueblos paganos, adaptaron el 25 de diciembre, momento del calendario en que por iniciarse el solsticio de verano, estos celebraban al Sol victorioso, la fecundidad y la cosecha. Así, Jesús comparte fecha de advenimiento con personajes mitológicos como Apolo en Roma, Horus en Egipto, Harpócrates en Grecia, Mitra, Manú y Buda en la India, Huitzilopochtli de los aztecas e Inti de los incas y, excepto los del “nuevo mundo”, parido por una madre virgen en el abrigo de un establo, al que el renunciado papa reaccionario “Benedicto XVI”, Josep Ratzinger, le suprimió la mula y el buey que lo calentaron por siglos. Las investigaciones dicen que no es la única falsedad o invento oportunista que se convertiría en rito. La mayor parte de los hechos que configuran la Navidad fueron ideados en el siglo IV d.n.e. a partir de la suma de leyendas. Jesús no nació en Belén, la virgen María perdió la virginidad y tuvo más prole -afirmación cuya cita le costó la prohibición de escribir para el público al recién fallecido Padre Alfonso Llano-, los tres reyes no eran reyes, no eran magos, ni eran tres. No hubo día de los inocentes ni estrella de David. A Melchor lo pintaron de negro en el siglo XVI para atraer a los pueblos del África, mientras los reyes católicos eran bendecidos por esclavizarlos. Los tiernos villancicos surgieron de los no tan tiernos cantos cortesanos. Francisco de Asís “vistió” por primera vez el pesebre en el siglo XVII. De Castilla nos viene la religión, el idioma y lo villanos. Ahora, un monje turco disfrazado de rojo en EE.UU. por Coca Cola, comparte el protagonismo comercial. La empática y armoniosa Nochebuena, en la catedral católica es la parte bella de una historia empedrada con fruslerías, falsedades, crímenes abominables, pederastia, complicidades, boato, sangre, persecuciones, violencia, guerra, aberraciones, robos, estafas y terror, casi siempre amancebada con el poder. Basta leer el ensayo La puta de Babilonia de Fernando Vallejo para repasar el horror que ha significado para buena parte de la humanidad y a Pepe Rodríguez para asombrarse de tanta mentira. Cada vez con menos fuerza, Occidente sigue siendo religioso y mayoritariamente católico. La razón, como lo sostiene Richard Dawkins, es que la arquitectura del poder, institucional, económico y social tiene esa matriz patriarcal, y además es ideológicamente funcional al capitalismo. Según el filósofo Michel Onfray, es un poder construido sobre la represión al placer y el sofisma del libre albedrío, por lo que aboga por liberar al hombre de esas ataduras que lo sojuzgan. La arqueología, historia, literatura fundacional, bases conceptuales, preceptos, dogmas, conformación institucional y formas de imposición y dominación del catolicismo han sido desnudadas, rebatidas y hasta puestas en ridículo por el propio Dawkins, Cristopher Hitchens y el científico Stephen Hawking. Matthew Alper, en Dios está en el cerebro, califica la religión, las religiones, como un invento del hombre, un ingrediente genético evolutivamente incorporado en la mente del ser humano, como antídoto para enfrentar la siempre atormentante certeza consciente de la muerte, de la finitud de la existencia y la acechanza permanente de los miedos. Para Dawkins son un fenómeno cultural inoculado y cuyas prácticas y creencias son transportadas por los siglos a través de una especie de genes ideológicos. Califica al catolicismo como una de las más absurdas y peores experiencias de la humanidad. Igual se deben repudiar las atrocidades extremistas de los fundamentalismos. No puede ser posible que el pontificado y la feligresía obsecuente sigan objetando el homosexualismo -mientras jerarquía y clero en todo el mundo tratan de ocultar o minimizar su carnal debilidad por sodomizar infantes- , el aborto, la eutanasia y el sexo seguro, para agravar la miseria, la discriminación y la violencia en el mundo -incluso contra la misma doctrina social y ecológica del actual Papa argentino Francisco-, hechos que muestran -junto con muchos episodios bíblicos- un odio atroz del Dios católico contra la especie humana, a la que la institución mantiene fiel con amenazas apocalípticas, como sostiene Dawkins. Aun así, sociológicamente no se pueden desconocer el ánimo de contrición, afecto, hermandad, generosidad que despierta la Navidad -bien motivados por la publicidad comercial-, haciendo que por unas pocas horas sociedades profundamente divididas por la desigualdad y sometidas por la violencia, vivan la utopía y la filantropía, como necio sería ocultar los importantes aportes de las religiones a la preservación de la especie, la cultura y el arte, la moral y la ética, y, algunas veces, a la cohesión de los pueblos frente a riesgos catastróficos, como la pandemia que, cuando nos creíamos librados de ese tipo de riesgos como dueños del universo, nos ha tocado vivir. La mayor parte de los latinoamericanos -no obstante el embate de las sectas conservadoras- , incluida Cuba, profesa el catolicismo, herencia colonial castellana impuesta a rajatabla y, en buena parte de nuestra historia, corresponsable, desde el poder, de las injusticias, la represión, el sojuzgamiento y el atraso de nuestros pueblos. Sin embargo, millones de personas siguen orando a diario, encomiendan a sus seres queridos a Dios, van a misa los domingos y comparten rituales que en colectivo son vivencias de fe y esperanza, así el día a día reniegue con su dureza lo que en la capilla es una ilusión. No en todos los casos, desde luego. Si el creyente es exitoso más razones tiene para creer. Pero Latinoamérica, como en tantas otras cosas, es pionera en una prédica y práctica religiosa a contrapelo del poder de los altares suntuarios y el poder, comprometida en la lucha contra la injusticia y por la equidad desde una lectura liberadora de los evangelios, apuntalada en ejemplos históricos desde las catacumbas romanas hasta las paupérrimas veredas del Tercer Mundo, cuestionando la afirmación marxista de que la religión es “el opio del pueblo”. Es la corriente humanista que practicaron, Fray Bartolomé de las Casas con los indios sometidos por la conquista, Fray Martín de Porres con los mendigos y los animales y Fray Pedro Claver con los esclavos. La insurgente en la que se sacrificaron Camilo Torres, que proclamó la unión de los oprimidos contra los opresores -vida segada por una muerte estúpida, Gaspar García Laviana, en Nicaragua y Monseñor Oscar Arnulfo Romero, asesinado por católicos al servicio de los poderosos en El Salvador -exaltación mesiánica de Jesús- , y tantos otros. La Iglesia de los Pobres de Fernando y Ernesto Cardenal, en la Revolución Sandinista; Sergio Méndez Arceo en México y Pedro Casaldáliga en Brasil, Gerardo Valencia Cano, René García y Golconda; Medellín y Puebla, las Comunidades Eclesiales de Base y la Teología de la Liberación teorizada por Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Frey Beto, Paolo Richard, Enrique Dussel, Ignacio Ellacuría, Fracoise Hutard e Ignacio Martín Baró (asesinado por militares en El Salvador). La religión que se acerca a la dignidad del hombre. En perspectiva, el teólogo y filósofo valenciano Mariá Carbí, en un aporte erudito y contundente, define las religiones como un hecho cultural que permitió programar las sociedades preindustriales pero que ha perdido sentido en la sociedad del conocimiento, por lo que llama a recoger lo mejor de ellas hacia una espiritualidad laica, sin creencias, sin religiones y sin dioses. Más temprano que tarde, creyentes y no creyentes convergeremos en una nueva espiritualidad basada en principios y valores de amor a la humanidad y la naturaleza, defensa irrenunciable de la plena vigencia de los derechos humanos, respeto absoluto a la diversidad, búsqueda permanente de justicia social y la paz y práctica constante de la solidaridad. Verdaderos “milagros” se atribuyen a la conjunción de humanismo, energía y espiritualidad, que la creencia popular adjudica a manifestaciones divinas, pero que son una demostración del poder del afecto de los seres que habitamos este punto del universo. Así lo explicó, en forma sugestiva, ese costeño fascinante y espiritual que en vida llevó el nombre de Jaime Bateman Cayón: “Si una persona es absolutamente sentida, constantemente querida, si en ella se dan cita una cantidad de afectos fuertes, el afecto de la mamá, de las hermanas, de la amante, de los amigos, esa cadena de afectos lo defiende de la muerte, del peligro, lo vuelve casi inmortal…Porque el amor es la certeza de la vida. Es la sensación de la inmortalidad.” Ya es hora de superar la entelequia Dios es amor por la vivificante afirmación, el amor es mi dios. Feliz Navidad!

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares. El sistema capitalista tiende a convertir todo en mercancía. Así lo dijo el economista alemán Karl Marx hace 160 años. Nos decía que en este sistema económico, donde prima la lógica del mercado, hasta lo más bello y sublime, como un beso o la amistad, pueden convertirse en objeto de compra o venta. Hoy, si se tiene dinero, se puede adquirir todo: desde una manzana o un auto clásico hasta los bienes y servicios más insólitos de la internet, como una taza que se agita sola o una máscara de Chewbacca. La lógica que se sigue es simple pero potente: todo deseo contará con un oferente dispuesto a saciar la necesidad. De allí que se pueda decir: dime qué quieres y te digo cuánto cuesta; este es el lema del sistema de mercado. Es un sistema económico donde, como diría Marx, la riqueza se presenta como “un inmenso cúmulo de mercancías”. De allí que todo gire en torno a cómo convertir bienes y servicios en artefactos para comprar o vender; a transformar todo en mercancías. Tomar conciencia de esta situación haría que noticias como la cotización del agua en la bolsa de Nueva York fueran menos sorprendentes. Pero no es así; para la mayoría de los ciudadanos el hecho de que el agua aparezca en Wall Street es espeluznante. Es inconcebible que un bien público, esencial para la vida, se haya convertido en algo similar al petróleo o al oro. Resulta ilógico que ese servicio básico, que utilizamos todos los días para bañarnos, preparar los alimentos o evitar que los niños mueran de sed, ahora se esté convirtiendo en un bien que se cotiza en bolsa. El reclamo que hace la ciudadanía es a que se respete el agua como el servicio público supremo. Que se diferencie de todos los demás bienes y servicios comercializables. La vida es imposible sin agua, estamos unidos a ella, no podemos vivir sin su presencia, es nuestro medio de sobrevivencia. De allí que el mundo entero se haya volcado, durante varias décadas a defender a este servicio como un derecho humano; lucha que tuvo sus resultados en 2010, cuando se consagró por la Organización de la Naciones Unidas −ONU− como derecho universal, y que hoy se piensa en riesgo ante tal noticia financiera. Pero, a pesar de las críticas que pueden hacérsele a esta noticia con la que finaliza el 2020 y que conmocionó a la población mundial, la misma puede también tomarse como una buena oportunidad para hacer varias reflexiones y autocríticas. Y tal vez la principal es considerarla como un llamado que está realizando la economía a la humanidad. Nos está recordando la responsabilidad que tenemos de cuidar este recurso. Las industrias están contaminando con agrotóxicos y fertilizantes los acuíferos; se está deforestando los bosques y con ello la protección de los nacimientos de agua de manera acelerada; y hay una mala planificación del desarrollo, dándole a la explotación minera demasiada importancia, a pesar de sus consecuencias nefastas. Esta situación de destrucción de las fuentes de agua ha puesto en alerta a la humanidad. En especial, los inversionistas, aquellos que usan este líquido como insumo en sus producciones. Saben que sus negocios están en riesgo. Los empresarios agrícolas, por ejemplo, ven como, cada vez más, deben traer agua a mayor distancia y de forma más costosa poniendo en peligro el futuro de sus inversiones. Incluso, prevén sequías que harán que sus actividades sean poco viables. La vida es imposible sin agua, estamos unidos a ella, no podemos vivir sin su presencia, es nuestro medio de sobrevivencia. De allí que el mundo entero se haya volcado, durante varias décadas a defender a este servicio como un derecho humano; lucha que tuvo sus resultados en 2010, cuando se consagró por la Organización de la Naciones Unidas −ONU− como derecho universal, y que hoy se piensa en riesgo ante tal noticia financiera. Fotografía: Pares. Ante esta situación la economía le ofrece a los inversionistas, entre otras formas de protección, recurrir a la bolsa y poderse blindar. Los mercados de derivados o de futuros son compras de bienes o servicios para consumir en el largo plazo. Los empresarios adquieren hoy en el mercado un contrato donde se les dice que en el mañana tienen derecho al uso de estos. En este sentido, los derivados se convierten en una herramienta potente para asegurar la existencia del recurso antes de que se pueda dar una posible escasez. En este sentido, lo que se hizo con el agua en la bolsa de Nueva York fue, precisamente, prever la escasez del líquido. Los empresarios que compran derivados buscan proteger sus negocios, adquiriendo un derecho a ser compensados por la posibilidad de que en el futuro no puedan hacer uso del agua. Siguiendo con el ejemplo, el agricultor tiene interés de contar con este servicio y paga hoy para poder tener derecho al acceso en los años venideros. Por eso, para la economía ortodoxa, ponerle precio al agua es dar señales de que algo anda mal. Debemos recibir la cotización en bolsa como una señal de la economía. Un mensaje claro de que si no cuidamos el recurso hoy, mañana será muy costoso y difícil de conseguir. Y como hay muchos interesados en este fundamental servicio, dispuestos a pagar por él, debemos cuidar con especial interés este bien escaso y común. La solicitud es que debemos unirnos todos para que en el futuro no falte el agua. Y podamos ejercer plenamente el derecho que tenemos a su acceso y uso, a disfrutar del mínimo vital de agua que tan duro nos ha costado conseguir. En Colombia, el interés por el cuidado del agua está concentrado hoy, en buena parte, en las comunidades organizadas; estas se presentan como la opción que tienen los sistemas de acueductos comunitarios, asociativos y colectivos para sobrevivir y protegerse. Son más de 15 mil los acueductos comunitarios que están dispersos por la geografía nacional; y el sistema jurídico viene avanzado, aunque muy lentamente, en reconocerles su importante papel en el cuidado del agua. Y en este escenario de cotización del agua en bolsa, las comunidades podrían ver cómo ese recurso común se puede convertir en un gran activo colectivo: las comunidades podrían vender los excedentes a la industria en un futuro y utilizar estos dineros para el autosostenimiento de los mismo sistemas. Así, lo que pasó en el mercado de valores norteamericano debe servir de aviso de la economía a que todos los habitantes del planeta debemos hacer un uso más eficiente del agua. Lo que se está adquiriendo en bolsa es un derecho al uso futuro del líquido. El llamado lo hace California, uno de los territorios que mayores problemas tiene con este servicio debido a las sequías que sufre y que su economía depende en buena parte de este recurso. Además, desde una población que está habituada a transar en bolsa muchos de sus problemas, como lo hace desde 2018 con el Nasdaq Veles California Water Index -NQH2O-. En conclusión, el uso del mecanismo financiero de futuros puede generar una situación perversa (primero, por los probables conflictos colectivos que se presentarán por el acceso al agua, y segundo, por generar el riesgo de convertirse en una burbuja especulativa con un bien público esencial), es una excelente señal de alerta que hace la economía sobre el riesgo en que está el agua en el planeta. Fotografía: Pares. La cotización del líquido en bolsa ofrece una buena ocasión para repensar el uso que le estamos dando, sobre todo en el territorio en donde, con mayor celeridad, estamos destruyendo los ríos, páramos y acuíferos. Donde se avanza con lentitud en entregar derechos a las comunidades para la protección de este importante bien colectivo; y donde buena parte de la población, a pesar de tener derecho al agua, no cuenta hoy con acceso al recurso: caso Alta Guajira, los Montes de María o Vigía del Fuerte (en Antioquia). Quiero finalizar esta columna, la cual será la última de este año, deseándoles que pasen una feliz navidad.