Por: María Victoria Ramírez. Columnista Pares. ¡Más que la infamia y más que la miseria! Que este canto resuene en las lejanas tierras de Indochina, en las arenas cálidas del África, en Alaska o América Latina. Que hombre y mujer se adueñen de la noche y el día, que se junten los sueños y los goces y se aniquile el tiempo del hambre y la sequía. Que se rompan los dogmas y el amor brote nuevo. Hombre y mujer, sembrando la semilla, mujer y hombre tomados de la mano, dos seres únicos, distintos, pero iguales. Fragmento del poema Vengo desde el ayer de Jenny Londoño.* El 16 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la sesión plenaria mixta en el Senado de la República de Colombia, en la que se discutió y votó la propuesta del senador Roy Leonardo Barreras Montealegre sobre cuota de género. Dicha propuesta contiene lo siguiente: De conformidad con lo previsto en el artículo 263 de la Constitución, en lo concerniente a las curules en las corporaciones públicas de elección popular, se garantizará la paridad de género con independencia del mecanismo de elección. Cuando las curules asignadas a una organización política correspondan a un número impar, la asignación de curules equivalente al número entero superior siguiente a la mitad, será para las mujeres y las demás para los hombres con mayor votación en la correspondiente lista. Si se trata de lista cerrada, habrá alternancia de género en la ubicación de los candidatos, y si se trata de voto preferente, las curules se asignarán entre quienes hayan obtenido la mayor votación en orden descendente, tanto de mujeres como de hombres, de modo que la asignación de curules garantice la paridad de género. Aclaro que he transcrito textualmente lo que contiene el video de dicha plenaria. En su defensa del artículo propuesto, dentro de una Ley Estatutaria que votaba el congreso, el senador Barreras argumenta que éste es el artículo que tiene relación más directa con la concreción de los derechos políticos de las mujeres, que es verdaderamente revolucionario puesto que permitiría que la mitad de las curules que están en el recinto del congreso sean verdaderamente ocupadas por mujeres y así, en cada corporación pública. Que se distribuyan de manera que las listas que obtengan la votación necesaria para ser elegidas, se repartan de forma que se garantice una paridad real y no formal. Además, hace una precisión, que este artículo no es inconstitucional porque no requiere de una reforma constitucional, por ser una ley estatutaria que tiene control previo y no podría ser demandada ante la Corte. El artículo 262 de la Constitución ampara la paridad en los siguientes términos: “La selección de los candidatos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica se hará mediante mecanismos de democracia interna, de conformidad con la ley y los estatutos. En la conformación de las listas se observarán en forma progresiva, entre otros, los principios de paridad, alternancia y universalidad, según lo determine la ley.” Resulta paradójico que no sea una mujer quien presente esta propuesta, que sea un hombre que no viene de la izquierda, y más paradójico aún que muchas mujeres en el congreso se opongan. Dentro de las voces disidentes que intervinieron en la plenaria, estuvieron la de Paola Holguín del Centro Democrático, Armando Benedetti del Partido de la U, Eduardo Enrique Maya del Partido Conservador y Angélica Lozano del Partido Alianza Verde. La senadora Holguín sostuvo que las mujeres no necesitamos curules regaladas, se mostró en contra de exacerbar a las minorías y llamó populista a la propuesta de Roy Barreras. Benedetti manifestó su preocupación por la posible inconstitucionalidad del artículo y Maya se mostró sorprendido porque en 26 años en su curul, nunca había visto una propuesta más extraña. Según él se estaba acabando con el sistema electoral. Finalmente, Angélica Lozano hizo un llamado a firmar un acto legislativo, porque según ella, aprobar ese artículo dejaría a las mujeres sin el pan y sin el queso. Entre las posturas a favor, se encontraron las de la bancada del Partido Fuerza Alternativa del Común, con intervención de la senadora Victoria Sandino quien abogó porque se materializara la participación efectiva de las mujeres mediante esta ley, con dos argumentos: las mujeres somos más del 51% de la población, somos iguales ante la ley, hemos vivido el conflicto armado de forma desproporcionada y merecemos estar representadas en igual proporción. Por su parte, Aída Yolanda Avella Esquivel manifestó que las mujeres hace mucho tiempo que estamos pidiendo la paridad. Como ejemplo de la inequidad política a la que están sometidas las mujeres, menciona que en la Asamblea Nacional Constituyente eran solo cuatro mujeres de 70. El Partido Conservador no llevó mujeres a esta instancia y las mujeres no debemos seguir siendo el relleno en las listas a cargos de elección popular. El senador Guillermo García Realpe del Partido Liberal, se manifestó a favor de la paridad porque lo que existe hasta el momento es una regulación teórica sin ningún efecto práctico, abogó porque haya no solo igualdad ante la ley sino también ante la vida. Por su parte, Temístocles Ortega Narváez de Cambio Radical hizo un llamado a hacer reformas y no retoques epidérmicos. A quienes tachan la propuesta de Roy Barreras de extraña, les da la razón. Es extraña porque nuestro sistema es excluyente y machista, es escaso de democracia, y para romper con lo establecido hay que hacer propuestas extrañas, nuevas, que se pongan a tono con los derechos. Finalizó diciendo: “díganlo como quieran, pero si no se aprueba este artículo, los partidos políticos le están negando los derechos a las mujeres”. Luego de escuchar varias horas el debate y sopesar los diferentes argumentos, me quedan varios sinsabores: el primero, que mujeres de distintos partidos políticos, incluidos los de avanzada como el Partido Alianza Verde, se opongan a una ley que establece la paridad y va en la vía correcta del reconocimiento de nuestros derechos políticos. Debo confesar que Roy Barreras no había sido de mis afectos, hasta que lo vi jugársela a fondo por el proceso de paz, por eso, creo que su propuesta audaz, extraña, atrevida, si se quiere, debió ser votada positivamente. Cuando de cerrar la brecha de género que nos condena a la exclusión, no debería importar de cuál partido viene la propuesta. Comparto con algunos de los senadores que de lo que se trataba, más allá de si luego debía pasar a control, era de desnudar quienes en verdad se la juegan por hacer de la nuestra una democracia más robusta, y la verdad, quedaron en evidencia. “Le pido a los hombres de este Senado que antes de llegar a su casa a saludar a su señora y a sus hijas, voten esto en favor de las mujeres para que entren orgullosos por esa puerta y la democracia se renueve”. Fueron las últimas palabras de Barreras en la sesión. Lo que finalmente votaron en el Senado fue tan solo un remedo de paridad, un contentillo, una sombra lánguida, el suspiro de un moribundo. La paridad real es aquella que garantiza que efectivamente la mitad de los escaños, no solo del congreso sino de todos los órganos de elección estén ocupados por mujeres. La paridad formal, que fue lo que se aprobó, es que en las listas haya la mitad de mujeres, pero no necesariamente ese 50 % de candidatas llegará a ocupar los escaños. A la paridad le temen quienes se aferran al pasado y a sus curules, y los miedosos son de todos los partidos y de todos los géneros. Para rematar el desastre, hay que destacar la falta de cubrimiento por parte de los medios de comunicación de un debate medular para la democracia como el que acaba de ocurrir. Siguen en deuda con nosotras. Pero es bueno saber desde ya por quienes no votar en la próximas elecciones. *JENNY LONDOÑO. Poeta, ensayista y cuentista ecuatoriana, es una feminista y una historiadora de las mujeres ampliamente reconocida en su país.

Por: Guillermo Linero Montes. Columnista Pares. A propósito de la reciente manifestación del parlamento británico, acerca de que Duque no está haciendo las cosas bien, con respecto al proceso de paz firmado con las Farc; y a propósito de las críticas que también hicieran sobre el entrampamiento del ex fiscal Néstor Humberto Martínez, y del cada vez más escandaloso número de líderes sociales asesinados; se me ocurrió, estando ahora en diciembre, que Duque podría hacerse su Navidad, prestándole atención al parlamento británico, que le pidió eficiencia, y aceptándole la invitación que le hiciera su principal opositor, el senador Gustavo Petro, a rehacer el proceso de paz. Y digo que Duque puede hacerse la Navidad y pasar a la historia como un hombre bueno, si se realizara un auto examen; pues sin duda encontraría que, gracias a las consejas de su mentor y a la línea indecente de su partido político, está cargado de situaciones malsanas. Y si continúa saltando de mentira en mentira, más temprano que tarde terminará sin la oportunidad de manifestarse cuando sienta la necesidad de hacerlo con las verdades suyas. Que el parlamento británico, luego de un debate muy serio, se hubiera manifestado sobre el estado actual del proceso de paz, del modo que lo hizo, permite visualizar -incluso a quienes no tenemos preparación en politología ni en futurología- que de idéntica forma van a proceder los otros países y organizaciones internacionales, interesados directa o indirectamente en el proceso de paz. Entre ellos -lo que sería un golpe duro para el presidente Duque- el gobierno norteamericano en cabeza del presidente Joe Biden. Incluso, desde el año anterior, The New York Times, alineado a la crítica de quien ahora es el nuevo presidente norteamericano, en un artículo de Nicholas Casey, da cuenta de los incumplimientos del estado colombiano con estas francas palabras: “… ya han pasado dos años y medio desde que los combatientes decidieron entregar las armas y muchas de las promesas hechas por el gobierno no se están cumpliendo, lo que parece alejar cada vez más la perspectiva de una paz real y duradera”. En efecto, para subsanar los quiebres del proceso de paz, a Duque solo le bastaría respetar las pautas dadas por el acuerdo firmado. Se trata simplemente de seguir el libreto que está plenamente estudiado y debidamente aprobado. Y por supuesto deberá crear, si no existiera, un frente de inteligencia especializado en la ubicación y captura de los responsables intelectuales de los sistemáticos asesinatos a excombatientes. Hasta la fecha, y según cifras de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michell Bachelet, ya han asesinado 244 excombatientes. Y ni qué decir de lo reportado en Ginebra por la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, que pareciera un informe sobre la Sudáfrica de los tiempos en que Mandela estaba preso por libertario: «No hay seguridad, no hay Policía, ni presencia del Gobierno en términos de servicios públicos, con falta de colegios y de centros de salud. Por ello pedimos al Gobierno que despliegue plenamente su presencia en esas áreas«. En cuanto al entrampamiento -que no a Santrich sino a la paz- es dable decir que en el sistema de investigación americana, la llamada “oportunidad” autoriza la creación de un escenario tan flexible que permite la creación de falsas expectativas para entrampar; pero en Colombia eso no casa con las leyes que son bien claras al respeto, ni con los conceptos constitucionales de autorizados. El presidente Duque, que estudió derecho en la misma institución donde yo lo hice- le tuvo que haber quedado muy claro que para que no haya entrampamiento, el agente encubierto –que sí es legal- estrictamente ha de ocuparse en acopiar información, nunca en promover la ocurrencia de delitos. «De tal manera que reconocer un error, que hasta los niños comprenden como un burdo intento de patear la paz, como lo buscó el entrampamiento del ex fiscal a los ex combatientes Santrich y Márquez, antes que hacerle daño a la imagen del presidente -que obviamente se verá sometida a un escarnio público pasajero- se la enriquecería proporcionándole una propia.» Imagen: Pares. Y sería así, porque, si bien hasta el momento le ha convenido asumir la condición de títere, porque cada decisión suya, equivocada o no, el pueblo la entiende como si la hubiera dicho el mismo Uribe; no obstante, llegará el momento en que esa fórmula no funcionará. De modo que la condición de títere le servirá a Duque, mientras Uribe tenga poder; y eso es muy insostenible, porque sabemos que se le está desgastando rápidamente y, más temprano que tarde, desaparecerá significativamente. Hoy el presidente Uribe tiene una aceptación del 34 %, lo cual hace que visualizar algo distinto sea de un riesgoso optimismo. Este mismo año, la empresa encuestadora Gallup le dio un 66% de des favorabilidad y en la Revista Semana hicieron incluso esta precisión ilustrativa: “La desaprobación de Uribe llegó al 66 por ciento, lo que lo convierte en el político más impopular de todos los que mide esta firma encuestadora desde diciembre de 1996″. En cuanto al asesinato sistemático de líderes sociales, el presidente tiene que demostrar su eficiencia, no con detenciones de sicarios –casi siempre ajenos al fondo del conflicto- sino interrumpiendo la ocasión de nuevos crímenes. En este aspecto no le ha funcionado su política de seguridad, y tal vez seguirá siendo así mientras no apresen a los responsables intelectuales. Aunque todo sistema de derecho es por naturaleza amenazante, Duque debe saber que la eficacia de los sistemas de derecho penal no es la estricta aplicación de la fuerza y el castigo, sino su carácter preventivo. Se trata de transmitirle a los individuos y a la sociedad entera, no el miedo al peso de la ley, sino un sentimiento de responsabilidad moral. Si las medidas de prevención son las correctas, nadie cometería delitos y estos, de ocurrir, serían tan aberrantes como excepcionales. Las noticias del éxito de las autoridades y los jueces no son, desafortunadamente, el pan diario de nuestra realidad, como si lo vienen siendo las matanzas durante este gobierno. En el último reporte de Indepaz se muestra que durante el gobierno de Duque han asesinado a más de 692 líderes y/o activistas sociales. Y la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, acaba de denunciar esta semana que “en lo que va de 2020, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha documentado 66 masacres en las que 255 personas fueron asesinadas en 18 departamentos del país». En tal suerte, insisto, Duque puede hacerse la Navidad replicando lo que ya hiciera Juan Manuel Santos, por ejemplo, que ahora es premio nobel por haber enderezado su rumbo político. Giro que pudo dar, gracias al poder que le otorgó su jerarquía de presidente. De hecho, Antes de llegar a la presidencia Juan Manuel Santos tenía una imagen tan deteriorada que le comparaban con el muñeco Chucky -por su estrategia política de traza diabólica- también le sacaban a relucir su malicia de jugador de póker y, por supuesto le estigmatizaban su militancia en el uribismo. Pero lo más grave fue que, siendo ministro de defensa, sucedieran buena parte de los crímenes denominados ‘falsos positivos’. «Viendo ese retrato oscuro de Juan Manuel Santos, a nadie se le podría pasar por la cabeza que llegara a ser, como lo es hoy, premio Nobel de paz. Lo que consiguió en una sola jugada, igual que en el póker, muy elemental en su astucia; pero de un trasfondo complejo, como fue apostarle a la paz y firmar un acuerdo, histórico no solamente para nuestro hemisferio, sino también para el mundo entero que lo ha respaldado.» Imagen: Cortesía. Así las cosas, si Duque rehace como se lo recomienda Gustavo Petro, los acuerdos de paz –hechos trizas por las decisiones de su presidente eterno y por sus copartidarios- llamando de nuevo a Márquez y a Santrich, y enderezando los acuerdos como se lo ha pedido el parlamento británico; y si detiene el asesinato de líderes sociales, antes de que llegue el mes de febrero; podría escudarse contra esa manifestación internacional que, sin ser politólogo, puede uno advertir que está desenvolviéndose en su contra. De manera que, igual al expresidente Santos, Duque podría cambiar, ahí sí de un polo a otro, de una imagen de gobernante aliado de una tradición malsana, a una renovada imagen de líder mundial de la paz. Si Duque deseara que los colombianos empiecen a quererlo desde el primero de enero del 2021, y dejen de odiarlo como he verificado en las redes sociales que lo odian y desprecian, deberá rehacer el proceso de paz; pero de hacerlo, repito, no solo tendrá un feliz año nuevo, sino además, me atrevo a decirlo, pasaría a la historia como un hombre bueno.

Por: Guillermo Segovia. Columnista Pares. Uno de los sectores poblacionales más afectados por la pandemia del Covid 19 en el mundo y en Colombia, si no el que más, es la juventud. Los jóvenes se quedaron sin empleo o no pudieron conseguirlo, los que estudian en universidades privadas llevan meses aislados en sus cuartos pegados a un computador, los de universidades públicas desertaron o hacen lo que pueden para cursar sus semestres con la incertidumbre de continuar, los de educación básica no se hallan en el encierro y la desesperación de su padres por el teletrabajo. El futuro es incierto. Hay desesperanza y angustia. En parte, agudizadas, las mismas razones que durante casi una década los han mantenido activos y movilizados luchando por el derecho a la educación, única esperanza de ascenso en un país donde solo cuentan el padrinazgo político o nacer instalado en los estratos de arriba. “La verdad es que casi todas las historias de estos jóvenes son duras. Prácticamente ninguno la ha tenido fácil en la vida. La mayoría de ellos ha tenido que hacer esfuerzos enormes para estudiar”, relata Sandra Borda en un aparte de su sentida crónica sobre las razones del movimiento estudiantil y su consigna “A parar para avanzar”. En los gobiernos de Santos y Duque, una juventud universitaria llena de entusiasmo, ganas, conciencia crítica y afán de salir adelante, a través de marchas y paros innovadores en consignas y símbolos, logró, tras desdén y evasivas, compromisos gubernamentales para que la educación superior pública no desaparezca, cumplidos a medias, que habrían tardado décadas si no se hubiera dado esa presión tan sensible, que se ganó la solidaridad de la mayor parte de la sociedad colombiana. El momento estelar de ese proceso fue el paro del 21 de noviembre y la movilización que desató hasta mediados de diciembre de 2019. La pandemia se encargó, para alivio del establecimiento, de contener, por un tiempo y no del todo, ese viento renovador que sacude el país. Su voz de protesta, sin embargo, se hizo sentir en cuarentena al advertir los abusos gubernamentales con las facultades excepcionales y, a pesar de la propaganda estigmatizadora, que quiere convertir en acción terrorista una insurrección ciudadana contra el abuso, el 9 de septiembre y días siguientes, tras el asesinato policial del ciudadano Javier Ordóñez en Bogotá. Por todo esto era de esperarse una decisión audaz del gobierno, que más allá de los afanes populistas electoreros de prometerle a los jóvenes que les paguen por ir a practicar o que no se les pida experiencia, planteara una política pública de juventud dirigida a garantizarle el derecho a la educación, a la vida, empleabilidad digna, acceso a la cultura y a las nuevas tecnologías y garantías para el ejercicio del derecho a la participación en su amplia acepción constitucional. Todo ello con mayor énfasis en la juventud del sector rural, las mujeres y las minorías étnicas y de género. ¡Pero no! Como concesión de navidad a los jóvenes colombianos, la Presidencia de la República recibirá hasta el 24 de diciembre observaciones al proyecto de decreto “Por el cual se crea el Programa Presidencial para la Prevención del Terrorismo en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, mediante el cual, la pomposa Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional se agencia oficio y le da tarea a su congénere la Consejería Presidencial para las Comunicaciones, en la Estrategia para la Prevención de la Radicalización o Extremismo Violento orientada a “desincentivar el odio y el uso de la violencia, o cualquier medio para generar zozobra y terror en la población.” En una visión prepotente, antidemocrática, paternalista, macartista, discriminadora, generalizadora, prejuiciada y despreciativa el proyecto de decreto plantea que “Las acciones de sensibilización y pedagogía… Estarán dirigidas a todos los sectores de la sociedad, con especial atención a la población joven, escolar, universitaria o aquella que se identifique como vulnerable ante procesos de radicalización violenta o reclutamiento ilícito.” La lucha antiterrorista, con la amplitud que quiera aplicar el gobierno a la acepción, es tarea de los organismos de investigación criminal del Estado, a través de sus estrategias de inteligencia, represión y control del delito. La efectividad de la política criminal antiterrorista la evidencia la claridad conceptual del fenómeno y la infalibilidad en la ubicación de focos y actores específicos. Englobar riesgos en sectores poblaciones es un absoluto exabrupto característico del fascismo. Algo así como presumir que todos los adultos mayores por su inconformidad con el confinamiento son potencialmente criminales o los judíos son culpables. Los consejeros presidenciales han determinado que la población estudiantil joven de Colombia la constituyen un montón de tarados incapaces de autonomía, susceptibles de manipulación, ajenos al discernimiento, cuyas posiciones críticas son fruto de su incapacidad y minusvalía, sospechosos de actos criminales, que los convierten en interdictos que demandan el tutelaje de un gobierno, que debe rodearlos de las cercas que impidan su “radicalización violenta”. Son potencialmente terroristas. Un razonamiento teóricamente vergonzoso, errado, arcaico y peligroso. Según el proyecto: “La estrategia es un instrumento que promueve la paz, el fortalecimiento de los principios democráticos, los fundamentos del Estado social de derecho y el respeto a los derechos humanos mediante el fortalecimiento de estrategias de comunicación, campañas pedagógicas y de sensibilización pública.” La pandemia se encargó, para alivio del establecimiento, de contener, por un tiempo y no del todo, ese viento renovador que sacude el país. Su voz de protesta, sin embargo, se hizo sentir en cuarentena al advertir los abusos gubernamentales con las facultades excepcionales y, a pesar de la propaganda estigmatizadora, que quiere convertir en acción terrorista una insurrección ciudadana contra el abuso, el 9 de septiembre y días siguientes, tras el asesinato policial del ciudadano Javier Ordóñez en Bogotá. Imagen: Pares. Entonces, aparte de que la misma misión reclaman todas las agencias del gobierno, cómo es posible que se enmarque en una “estrategia para la Prevención de la Radicalización o Extremismo Violento” de claro corte contrainsurgente, que, entre líneas deja percibir que asume la movilización social como una acción de promoción del terrorismo. ¿Hacia dónde más se van a dirigir las acciones de comunicación en ese contexto si no a estigmatizar la protesta ciudadana en la que se cuelan minorías radicalizadas que sirven de pretexto a esta propuesta presuntuosa e innecesaria? Si de incentivar la democracia y la paz se trata, conceptual e institucionalmente, esos objetivos van de la mano con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, surgido de los Acuerdos de Paz de La Habana, están consagrados en la Constitución Nacional y son parte sustancial de la institucionalidad en la Colombia de hoy. Una estrategia de comunicación de respaldo sería loable y merecidamente aplaudida. Inadmisible, desde luego, para buena parte el gobierno, que ve en las negociaciones de paz una concesión al terrorismo. De ese tamaño es el contrasentido. En una reedición de los postulados de la criminal doctrina de seguridad nacional de los años 70 del siglo pasado, que promovió en control castrense de la sociedad para advertirla del enemigo interno (llámese hoy descontento, inconformidad, oposición, altenatividad). La comunicación estratégica en materia de prevención de la radicalización o extremismo violento, tendrá una vocación pedagógica orientada a adoctrinar a los jóvenes en la anticipación de conductas tan ambiguas como “cualquier vinculación de los ciudadanos con intenciones terroristas”, “prevenir o mitigar los efectos del miedo social -a propósito, nada esclarecen aún las autoridades de la noche de temor con la que se intentó frustrar el paro del 21N- o “generar conciencia en las nuevas generaciones sobre la inadmisibilidad de la violencia”. Todo lo cual, en su conjunto, muestra un total desenfoque de criterio, desconocimiento de contexto y visión integral del universo juvenil y un presuntuoso afán de figurar y tener oficio.» Los propósitos perseguidos demostrarían que la política y los planes decenales de educación, derivados de los consensos universales sobre los objetivos de la educación para el desarrollo social, la superación de desigualdades, la convivencia y el ejercicio de los derechos de la niñez y la juventud, manifiestos en los enfoques de capacidades y competencias, donde ciudadanía, democracia y paz son los ideales, han sido un fracaso. Peor aún, son los responsables de “incentivar la radicalización violenta”, conclusión que va de la mano con los señalamientos de la derecha contra el magisterio, la educación crítica y la libertad de cátedra. Situación que los consejeros se proponen conjurar. La criminalización de la juventud por prejuicio, derivada de la incomprensión de las posturas cada vez más informadas y críticas de los y las jóvenes, al ampliarse la cobertura y niveles educativos y la masificación de la redes sociales, y su decisión de “tomar la calle” para exigir derechos y protestar por diversas razones, ha llevado a abusos tales que, como lo estableció una investigación del Politécnico Grancolombiano, con datos de la propia Fiscalía, entre 2000 y 2018 -con énfasis en el período de la “Seguridad Democrática” de Álvaro Uribe- , diez mil 471 jóvenes, entre 15 y 25 años de edad y la mayoría de universidades públicas, fueron vinculados a expedientes por terrorismo y rebelión. Imagen: Pares. Apenas en el 40% de los casos se abrió investigación y solo el 5% (853) fueron imputados formalmente. Anomalía que se corrobora de tanto en cuanto con episodios como los ‘falsos positivos judiciales’ contra Mateo Gutiérrez o los inculpados por el atentado en el Centro Andino, violatorios de derechos fundamentales y del debido proceso. El prejuicio de los fiscales, ejército y policía es evidente, hace poco en una acta de imputación un fiscal plasmó como antecedente de una joven su pertenencia a la Universidad Nacional. Esas actuaciones constituyen “una tipología de persecución a los estudiantes”, concluye el informe que será presentado a la Comisión de la Verdad. Una iniciativa por el estilo del comentado proyecto, colada en el artículo 24 de la recién aprobada Ley de Seguridad Global en Francia, promovida por el gobierno para hacer frente al terrorismo fundamentalista -criminales acciones aisladas de alto impacto social- , desató airadas jornadas de protesta hasta su supresión, pues pretendía penalizar la divulgación de abusos policiales a través de las redes sociales, lo que además fue rechazado en el país y por organismos internacionales por constituir una violación a la libertad de expresión y una inadmisible censura a un medio de control de los desafueros de la autoridad. En el momento y el espíritu de ese estatuto pareciera inspirarse de manera equívoca el proyecto de la consejería de seguridad del presidente Duque. Ante la reacción ciudadana, los cuestionamientos de la opinión y las manifestaciones que derivaron en violentos enfrentamientos ante desmanes de la policía, el presidente Macron, al informar el retiro del problemático artículo, visiblemente abochornado e irritado dejó en evidencia a su Ministro del Interior: «La situación en la que usted me ha colocado habría podido evitarse». Ojalá aquí se evite.

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia y Columnista Pares. Antioquia es uno de los territorios con mayor importancia para la construcción de la paz en Colombia. Las razones para este reconocimiento son múltiples: van desde la presencia histórica de diversos actores armados y el gran número de víctimas que deja la confrontación de los mismos, hasta los inéditos procesos de reincorporación y las acciones institucionales alrededor de la paz, pues, este es el territorio que alberga la mayor cantidad de firmantes de la paz en el país y uno de los más innovadores institucionalmente en la construcción de la misma. De allí que el hacedor de paz Francisco de Roux, hoy presidente de la Comisión de la Verdad, haya insistido en varias ocasiones que “la paz de Colombia depende de Antioquia”. Este líder ha dicho que “Si Antioquia quiere habrá paz en Colombia, si Antioquia no quiere este proceso se para”. Afirmación que está fundamentada tanto en la mirada realista que hace sobre las dinámicas de la guerra y la violencia en este territorio, como en las acciones de paz que se están desarrollando en este departamento. Antioquia ha sido históricamente un espacio con presencia de una gran variedad de actores armados. Durante cinco décadas han hecho presencia organizaciones subversivas como las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional ˗EPL˗, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ˗Farc-ep˗ o el el Ejército de Liberación Nacional ˗ELN˗. Y hoy es espacio de disputa entre agrupaciones armadas como las disidencias de las Farc y las nuevas bandas delincuenciales (caso ‘El Clan del Golfo’). Pasando, desde luego, por los grupos paramilitares que azotaron el territorio durante más de dos décadas. La presencia de esta gran cantidad de grupos armados ha generado y sigue generando una oleada de terror en el departamento. Teniendo como principal consecuencia la presencia del mayor número de víctimas en Colombia. Según el Registro Único de Víctimas, a diciembre 13 de 2020, son 1.827.971 las personas que figuran en sus listas; cifra que es equivalente al 20% del total nacional (9.078.038). Y como la apuesta por la paz está centrada en este actor, de no avanzar en medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición en Antioquia, el balance que se hará en los próximos años sería muy negativo: se extenderá la impunidad, no se lograría la reconciliación y se avanzará muy poco en el cumplimiento del punto 5 del Acuerdo Final. En cuanto a la presencia de las Farc-ep, Antioquia fue uno de los departamentos con mayor número de frentes. Allí estuvieron los frentes 5 (en la subregión de Urabá), el 34 (en los límites con el Chocó), el 35, 36 y 37 (en el Nordeste Antioqueño), el 9 y 47 (en el Magdalena Medio y el Oriente Antioqueño). Precisamente, debido a esta presencia histórica, una vez se habló de la dejación de armas y de un proceso de reincorporación, el departamento fue escogido como uno de los lugares más apropiado para el tránsito a la vida civil. Desde 2015 las Farc se ubicaron en nueve (9) Puntos de Preagrupamiento Temporal, con el fin de iniciar el proceso para realizar el desarme y la desmovilización. Luego, esto lugares se redujeron a cinco (5), llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación −ETCR−. Antioquia siguió como el departamento con el mayor número de estos espacios en el país (20% del total); además de un amplio número de Nuevos Espacios de Reincorporación. En la actualidad, Antioquia acoge 1.354 firmantes de la paz (1.048 hombres y 306 mujeres) que equivalen a más del 10% del total nacional, y de nuevo es el mayor número de desmovilizados atendidos por el programa en Colombia. En los cuatro antiguos espacios territoriales se encuentran 331 firmante (Carrizal en Remedios, La Plancha en Anorí, La Fortuna en Mutatá y Llanogrande en Dabeiba), además de 202 en otras ubicaciones colectivas (San Francisco) en Yondó, Godó (Llanogrande) en Dabeiba, San José de León en Mutatá, Murrí (La Blanquita) en Frontino y Mandé en Urrao. Y el resto, se ubican dispersos por el departamento, destacando el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con 295. Lo anterior, sin contar los grupos familiares que en la mayoría de casos los acompañan. En todos estos lugares, los firmantes de la paz y sus familias están viviendo la experiencia de la reincorporación a la vida social, política, económica y comunitaria. Allí, los ex guerrilleros están siendo acompañados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ˗ARN˗ en asuntos como la salud, las capacitaciones técnica y el diseño de proyectos productivos de mediano y largo plazo. En especial, se resaltan los proyectos productivos colectivos con los que se busca generar espacios de participación con las comunidades aledañas, en clave de impulsar una reincorporación comunitaria. El Acuerdo Final estableció, además, atender los territorios más afectados por el conflicto. En Antioquia fueron tres, de las 16 subregiones para todo el país, que fueron priorizadas para implementar el componente de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial ˗PDET˗. Estos programas están siendo apoyados por varias organizaciones gubernamentales, entre ellas, por la Asamblea Departamental de Antioquia, la cual, precisamente, esta primera semana de diciembre, aprobó los Planes de Acción de los PDET (Ordenanza N45), que beneficia con infraestructura, educación y vivienda a estos muncipios, conviritiéndose así en un gran apoyo para que 23 municipios y el distrito de Turbo continúen en la ruta de construir la paz en sus territorios. Desde 2015, las Farc se ubicaron en nueve Puntos de Preagrupamiento Temporal, con el fin de iniciar el proceso para realizar el desarme y la desmovilización. Luego, esto lugares se redujeron a cinco, llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación −ETCR−. Antioquia siguió como el departamento con el mayor número de estos espacios en el país (20% del total); además de un amplio número de Nuevos Espacios de Reincorporación. Fotografía: Pares. En síntesis, el departamento de Antioquia es el territorio con mayor cantidad de espacios y firmantes de la paz en proceso de reincorporación; además, es una región que viene apostándole a la paz de manera creciente por medio de apoyos institucionales. De allí que pueda afirmarse que la construcción de la paz en el país dependa en buena parte de los avances que se tengan en tierras antioqueñas. Avances que es necesario continuar. Se requiere de un mayor y mejor acompañamiento de las organizaciones encargadas de la reincorporación, como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ˗ARN˗ y el Consejo Nacional de Reincorporación ˗CNR˗; de implementar acciones de la paz, caso Gerencia de Paz de la Gobernación de Antioquia, el Consejo Departamental de Paz ˗CDP˗ y los Consejos municipales de paz; y de aprobar con mayor celeridad recursos para la ejecución los proyectos productivos y el fortalecimiento de las cooperativas de Economías Sociales y Solidarias del Común (Ecomún). Y de todas aquellas agencias que, de manera específica, se ocupen de la implementación del Acuerdo Final, como la Agencia Nacional de Tierras ˗ANT˗, la Agencia de Renovación del Territorio ˗ART˗, la Secretaría Departamental de Agricultura o el Fondo Antioquia Siembra.

Por: María Victoria Ramírez. Columnista Pares. Sé que estoy vivo en este bello día acostado contigo. Es el verano. Acaloradas frutas en tu mano vierten su espeso olor al mediodía. Antes de aquí tendernos, no existía este mundo radiante. ¡Nunca en vano al deseo arrancamos el humano amor que a las estrellas desafía! Hacia el azul del mar corro desnudo. Vuelvo a ti como al sol y en ti me anudo, nazco en el esplendor de conocerte. Siento el sudor ligero de la siesta. Bebemos vino rojo. Esta es la fiesta en que más recordamos a la muerte… Poema Sé que estoy vivo de Jorge Gaitán Durán. Tomé el título de esta columna del subtítulo de un libro de fotos y documentos inéditos sobre Frida Kahlo, de Luis-Martín Lozano. Es un regalo que llegó a mis manos hace algún tiempo y que recordé por estos días en que, gracias a la pandemia, me enteré por las redes de que exhibiciones sobre la obra de Frida como la que realizaría este año el Cleve Carney Museum of Art de Chicago, se pospuso hasta abril de 2021. Luis Martín-Lozano es historiador del arte y escribe sobre los procesos de la creación estética en México, fue director del Museo de Arte Moderno de México entre 2001 y 2007, y ha realizado exposiciones sobre la obra de grandes artistas mexicanos alrededor del mundo. En la portada del libro de fondo amarillo, aparece una fotografía de Frida en blanco y negro, tomada en 1937, de autor desconocido. En ella, Frida está sentada en una especie de cama sol rayado, bajo un árbol; viste una falda larga de un calado laborioso, un huipil mejicano, su cabello está recogido en una trenza que se enreda alrededor de la cabeza como en una corona. El libro abre con la siguiente frase de Frida: “Lo único que quiero en la vida son tres cosas: vivir con Diego, seguir pintando y pertenecer al Partido Comunista”, pronunciada pocos días antes de su muerte, expresaba sus tremendas ganas de vivir. Una vida por demás difícil debido a grandes limitaciones de salud, pero cargada de proyectos artísticos, políticos y personales. Me resulta un poco extraño adentrarme en la intimidad de alguien a quien siempre he admirado por haber inspirado a muchas feministas. Los retratos, 133 en total, de Frida desde su infancia, su familia, sus amigos, y por supuesto Diego Rivera, su esposo, me revelaron unas profundas relaciones entre ella y su familia, especialmente con sus hermanas. La imagen que tenía hasta el momento de esta pintora, era la de una mujer cuya obra pictórica estuvo aguzada por el dolor físico permanente que le dejó un accidente a los 14 años y por un amor indestructible a Diego Rivera; nunca la había percibido en su papel de tía preocupada y amorosa. Muchas de las fotografías de este libro son de autor desconocido y expresan melancolía, a pesar del aspecto festivo de los trajes mejicanos y las los accesorios llamativos con que se vestía y que le dieron un sello único a Frida. Frida haciendo la primera comunión, Frida a los 18 años, Frida en Nueva York, Frida recostada en un sillón, Frida con una muñeca en la Casa Azul de Coyoacán, Frida con su sobrina Isolda, Frida recostada en el pecho de su hermana Cristina, Frida fumando, Frida con la mirada perdida en el claustro del Instituto de Artes de Detroit, Frida junto a sus obras, Frida en silla de ruedas. Frida a los 18 años. 7 de febrero de 1926. (con dedicatoria ilegible, “Coyoacán, nov 2, 1926. Nada podría llamarse más humano y ‘femenino’ que la obra de una mujer que fue parida en el dolor y, sin embargo, Frida fue también testimonio de rebeldía contra el eterno femenino. Yo me regodeo hojeando el libro e imaginando los últimos minutos de la vida de Frida, pues se especula sobre las verdaderas causas de su muerte, ya que nunca se realizó una autopsia. Sin embargo se adivina en las últimas palabras que consignó en su diario: «Espero alegre la salida y espero no volver jamás», que el dolor que padeció toda su vida pudo haberle hecho percibir la muerte como su único rescate y haber encontrado ayuda para cruzar ese umbral en el círculo de sus afectos.

Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares. En la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, el gobierno de Iván Duque cometió un acto de descortesía, demostrativo de su malquerencia, con la Comisión de la Verdad, derivada de los Acuerdos de Paz Estado-Farc, al no asistir a la invitación que le cursó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la presentación del balance de actividades a dos años de la creación de la entidad que hacia finales del año próximo culminará su misión (de 3 años) con un informe sobre las causas y responsabilidades del conflicto armado interno que sacude al país hace más de medio siglo. Los reacción de miembros de la CIDH no se hizo esperar señalando la incoherencia del gobierno de negarse a utilizar un espacio de diálogo para expresar su posición respecto del trabajo de la Comisión de la Verdad y, más aún, dejar en evidencia que cualquier desaire a esta, como parte de los acuerdos de paz, puede ser interpretado como una posición adversa, lo que si bien no está en duda a nivel interno, ha sido muy cuidadoso de aparentar en los escenarios internacionales. Durante la audiencia, se denunció por miembros de la Comisión la falta de colaboración de algunas entidades públicas, las reducciones presupuestales que limitan el alcance de sus propósitos y la no disimulada animadversión de voceros de algunos sectores. Hace poco, con visible dolor, el presidente de la Comisión de la Verdad, Padre Francisco De Roux, frente a la reticencia de los opositores a los acuerdos de La Habana a contribuir con la búsqueda de razones y contextos de lo que pasó, manifestó en entrevista con El Tiempo, “La paz merecía grandeza del mundo político pero eso no ha existido”. Fue enfático en señalar que un proceso puesto como ejemplo y apoyado en el mundo, está decayendo por intereses políticos e institucionales, por “una resistencia irracional a ponerle la cara a lo que nos ha pasado, a nuestra tragedia humanitaria, y tener el coraje de enfrentarla”. Suerte similar ha corrido la Justicia Especial para la Paz, otro de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, establecido por los acuerdos. Permanente ha sido el acoso público del presidente de la república en exigencia de resultados, referencias irónicas a sus actuaciones y desdén financiero. Al punto, que en un evento internacional de Justicia Transicional, que tenía por referente la JEP colombiana, Duque no tuvo inconveniente en reclamar eficiencia -a contrapelo de la normatividad y de las realidades de la actuación de la jurisdicción- e insinuar indulgencia con la insurgencia compareciente. La estrategia de seguridad democrática de Uribe, aparte de la desmovilización paramilitar, contemplaba una ofensiva militar sin precedentes ni contemplaciones para derrotar a la insurgencia, que, sin renunciar a posibles tratativas de paz como demanda de una guerrilla en desbandada, la redujera a sus mínimas posibilidades. Imagen: Cortesía. Pero, más grave aún, ha quedado en evidencia que durante el ejercicio de Néstor Humberto Martínez Neira como Fiscal General de la Nación, se montó una estrategia para involucrar funcionarios de la entidad mediante “entrampamientos”, en casos de narcotráfico y tráfico de influencias, utilizar el “caso Santrich” para desacreditarla por parcialidad e, incluso, actuar el teatro de su renuncia indignada, en protesta por supuestas decisiones contrarias al derecho de parte de la institución erigida para impartir justicia en el marco de los acuerdos de paz. En el fondo, mientras Duque intentaba “leguleyadas” para maniatarla, Martínez intentaba estallarla por dentro y con eso mandar a unos espantados desmovilizados de nuevo a la tragedia de la guerra. Qué hay detrás de todo esto, es claro. Uribe y su séquito, seguidos obcecadamente por un electorado “obdubilado”, fundamentaron y ejecutaron el modelo de “Justicia y Paz” para la desmovilización parcial del paramilitarismo, que tras el acuerdo político con los altos responsables políticos y militares de esas organizaciones, buscó una desmovilización sin castigo al intentar el estatus de carácter político, negado por la Corte Constitucional tras dura lucha de las fuerzas democráticas que reprobaron darle tal categoría a acciones de exterminio en todo el país. Finalmente, luego de una recepción apoteósica en el elíptico del capitolio nacional a los jefes paramilitares, los desencuentros con el gobierno Uribe terminaron con la cúpula militar extraditada y silenciada y la base condenada a penas máximas de 7 años. Al decir de un alto funcionario, las autodefensas “habían cumplido su papel histórico” con todo lo que conlleva la afirmación en términos de sangre y despojo en las últimas décadas: fueron la contrainsurgencia no atada a la norma y la vigilancia interna e internacional. No obstante lo promovido, al cabo del tiempo poca verdad, mínima justicia y casi ninguna reparación. La estrategia de seguridad democrática de Uribe, aparte de la desmovilización paramilitar, contemplaba una ofensiva militar sin precedentes ni contemplaciones para derrotar a la insurgencia, que, sin renunciar a posibles tratativas de paz como demanda de una guerrilla en desbandada, la redujera a sus mínimas posibilidades. En esos términos, cualquier diálogo partía de la base de que los desmovilizados se acogerían al tratamiento judicial que el gobierno determinara, sin posibilidad alguna de llevar a una misma instancia las responsabilidades compartidas de la violencia en Colombia. Esa opción, que dejaba a salvo a civiles y funcionarios comprometidos en la promoción de grupos paramilitares para confrontar la guerrilla y con esa excusa refrenar el liderazgo y la protesta social, fue replanteada en la mesa de negociación del gobierno Santos con las Farc en la que, con enfoque pacifista, histórico, causal e integral, las partes convinieron que la no repetición en un conflicto prolongado y cuyas causas subsisten, exige el reconocimiento de la verdad por parte de todos los involucrados, con el atractivo de compensar el reconocimiento del daño causado y la reparación de las víctimas por encima de la severidad punitiva. ¡Quién dijo miedo! Hay puntos del acuerdo que aún siguen siendo cuestionados y atacados pero el relacionado con la justicia transicional es el que más ampollas genera. Desmentida la propaganda del uribismo para distorsionar la justicia de paz en el plebiscito, fue notorio el interés de militares, juzgados por violaciones a los derechos humanos como los “falsos positivos”, en acudir a esa instancia ante las ventajas que significaba frente a los procesos de la jurisdicción ordinaria. A pesar de los malabares distorsionadora de Uribe y sus cercanos, varios ex miliatres comparecieron con sinceridad y han dejado entrever un entramado social, intocable en el pasado, comprometido con el crimen. Otros, intentan utilizar las ventajas en búsqueda de beneficio sin compromiso, jugada que les puede costar ser expulsados o pagar 20 años de cárcel. Hasta ahora, pocos civiles financiadores y funcionarios públicos involucrados lo han hecho, con la esperanza de que la JEP desaparezca. Si bien es cierto que las Farc, contraparte en el acuerdo, pero un actor más frente a la justicia transicional, han acudido, no lo es menos que actúan estratégicamente buscando reconocer lo menos y beneficiarse lo más. Han aceptado delitos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de manera pausada y reactiva. Pero con los contados casos declarados ya han dado la vuelta a varios enigmas de la historia reciente y retado el vacío que deja la falta de la versión contraria. En lo evidente, han ofrecido perdón, acto válido y sanador, pero las verdades profundas que demuestren la enmienda y la reparación efectiva parecen sacrificadas al cálculo de supervivencia en el tránsito a la reinserción. Pueden hacer mucho más. La conclusión es forzada, el gobierno, amarrado por su partido, Uribe -hoy en ofensiva absolutoria frente a la justicia ordinaria- empresarios, militares y funcionarios responsables de hechos de violencia, siguen buscando neutralizar, si no acabar, con el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Aspiraban a la Justicia de los vencedores en la que toda la culpa es de los vencidos y en la que a los pueblos les toca, como siempre, el olvido. Todavía están a tiempo, tras años de ignominia, de aprovechar esta posibilidad histórica única: a cambio de reconocer el daño, honrar a las víctimas y realizar un acto de reparación, limpiar su conciencia y aliviar el futuro del país. Colombia será mejor

Por: Guillermo Linero. Columnista Pares. Sosegada la Segunda Guerra Mundial, buena parte de los países de occidente, alentados por los Estados Unidos, desplegaron estrategias de seguridad nacional. Una campaña política, que habiendo terminado la guerra sonaba contradictoria; pues no otra cosa se había hecho durante ella. No obstante, la realidad es que los tratados firmados para sellar la paz (entre otros el de Potsdam, en 1945; el de Yalta, en 1945; el de París, en 1947; y el de San Francisco, en 1949), también implicaron la ruptura entre los Estados Unidos -en cabeza de los países de occidente- y la Unión Soviética -que integraba a un estimable número de países asociados- dando paso a un conflicto, aunque existente muy soterrado. De esa ruptura proviene la propaganda política, recibida por los países de Centro y Sur América, acerca de que en el nuevo orden, los Estados Unidos representaba la democracia y el bien; mientras que la Unión Soviética, significaba la dictadura y el mal. En suelo norteamericano, la idea de mantener un programa de seguridad nacional en tiempos de paz, se comprendió muy bien; pues allí no había hecho estragos la guerra, pero si modificaciones arquitectónicas, o mejor, de ingeniería, productos del miedo a ella. En efecto, en su territorio nada les pasó, pero siempre esperaron que les ocurriera lo peor. Hoy sabemos, por ejemplo, que durante el conflicto se construyeron en los Estados Unidos, miles de refugios subterráneos, con agua, medicamentos, máscaras anti gas y alimentos suficientes para la sobrevivencia de una familia en caso de quedar sitiada por largo tiempo. Por tal razón, los estadounidenses -una buena parte de la comunidad académica, científica y de “libre pensadores”- se pusieron en la tarea de advertir sobre la necesidad de darle continuidad a los programas y estrategias de seguridad, para garantizar la paz obtenida. En consecuencia extendieron el papel de los ejércitos y de los frentes de batalla, ya no como avanzadas de guerra –con bombas y cañones- sino con policía secreta y espionaje, con maniobras preventivas contra un perentorio ataque a la paz. Entonces se impuso la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) que “fue –estas palabras son del profesor Velázquez Rivera, de la Universidad del Cauca- una ideología desde la cual Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, consolidó su dominación sobre los países de América Latina, enfrentó la Guerra Fría, fijó tareas específicas a las fuerzas armadas y estimuló un pensamiento político de derecha en los países de la región”*. De manera que a partir de dicha proclamación estratégica de los EE.UU, se consolidó en forma de doctrina la llamada derecha, cuya esencia era y continúa siéndolo, proteger el capitalismo y perseguir a quienes defendieran las causas promovidas por la línea soviética (todas en defensa de los pobres). Doctrina que, precisamente, criticaba los modos de producción capitalista y promovía una concepción socialista de la economía, la llamada ideología de izquierda. En semejante ambiente, denominado Guerra Fría, tomó forma la idea de la seguridad extrema, que ve en toda parte y en cuanto se mueve y respira, un potencial peligro para la sociedad. Bajo ese clima de inseguridad –más provocado que real- se fundaron oficinas de inteligencia o de espionaje; la CIA, por ejemplo, establecida en 1947. Desafortunadamente, la puesta en marcha de los programas de seguridad nacionales, para justificarse políticamente terminaron fomentando ambientes de continuo temor, cuando no de miedo; y poco ofrecieron de seguridad o paz blindada. Desde la puesta en marcha de los DNS, y después de su desaparición, los americanos han movido sus tropas hacia los sitios donde sus informantes dicen haber captado la existencia de un riesgo para la seguridad nacional. De ahí las aproximaciones militares a Irán, por su programa nuclear; a Corea del Norte, por el crecimiento de su poder en la península coreana y; entre otras, la aproximación que hiciera la fuerza naval de los Estados Unidos a las costas de Venezuela. Esta última, en mi criterio para cuidar la hegemonía de la derecha en el hemisferio y no por la necesidad del petróleo, al que ya empiezan a extraer de sus propios yacimientos. En fin, escaramuzas de poder que, quiérase o no, suscitan emociones de inseguridad entre los pobladores del país asediado y, en efecto respuesta, también suscitan en ellos la urgente necesidad de crear planes o programas de seguridad, como los “colectivos armados” de Venezuela. De tal suerte, aquello que nació como una política internacional de seguridad preventiva, terminó degenerando en prácticas de gobiernos nacionales, para atornillarse en el poder con censuras, persecuciones y abusos de autoridad. Conductas contrarias a la democracia esbozada por los mismos líderes norteamericanos que, quién lo creyera, invitaban a la desmilitarización y a la desnazificación. En Sur América, de esa mala interpretación dan cuenta la dictadura de Pinochet en Chile, o las de Videla y Galtieri en Argentina. Aquí en Colombia vivimos la imposición del Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Turbay Ayala y más recientemente la Seguridad Democrática, en los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una y otra, en el caso de nuestra experiencia nacional, dispuestas para perseguir a los opositores del gobierno, en contravía del espíritu de las DNS, que fueron concebidas para la prevención de posibles ataques a la paz. Pero, ¿quiénes son los abanderados de la idea de la seguridad nacional como estrategia de orden social? Ya lo he mentado aquí: la fracción política denominada derecha. De la cual en Colombia hacen parte, entre otros, el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Mira, el Partido Liberal y el Centro Democrático. Con todo, paralela a la estrategia de la seguridad nacional, y en oposición a ella, se desenvolvió igual un movimiento o tendencia, inclinado a comprender la paz como un estado de plena libertad y hasta de libre albedrío. Surgirían los movimientos libertarios ligados a la música y a los modos y maneras de una nueva sociedad, con repulsa por su pasado inmediato de guerra y persecuciones y, por supuesto, bastante lejana de las ambiciones del capitalismo. No en vano su consigna básica apenas clamaba “amor y paz”. Sus promotores fueron tan contrarios a los principios de la doctrina de la seguridad nacional, que los jóvenes, adeptos a estas nuevas expresiones sociales, repelían cuanto significara autoridad; es decir, empezaron a rechazar los símbolos y héroes afines al discurso de la “seguridad nacional”. De ahí la irreverente ola hippie y su diáspora feliz, que rechazaba el poder social impuesto y se oponía a las guerras. Pero también, con idéntica fuerza, surgirían movimientos y tendencias que, paradójicamente, en defensa de la paz y en oposición a los que buscaban la seguridad nacional, planteaban programas utópicos de cambio político, no importándoles si por vía de las armas, como la liberación revolucionaria de los pueblos en situación de pobreza y maltrato estatal. Estas dos tendencias, el hipismo, desarrollado en la década del sesenta, y los movimientos políticos de liberación, en los años setenta, comenzaron a fusionarse -a partir de la década del ochenta- para dar paso a los movimientos que hoy defienden la libertad sobre la base del respeto a los otros y la protección del planeta; es decir, sobre la base del uso de la política en función de la sana convivencia y sobrevivencia. Aquí en Colombia vivimos la imposición del Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Turbay Ayala y más recientemente la Seguridad Democrática, en los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una y otra, en el caso de nuestra experiencia nacional, dispuestas para perseguir a los opositores del gobierno, en contravía del espíritu de las DNS, que fueron concebidas para la prevención de posibles ataques a la paz. Imagen: Pares. Pero ¿quiénes son los abanderados de la idea de la paz como estrategia de orden social? Sin duda la fracción política denominada izquierda. Los partidos medioambientalistas y el progresismo: el Polo Democrático, el Partido Alianza Verde, y entre otros la Colombia Humana de Gustavo Petro. En tal sentido, si es que consideramos los términos de izquierda y derecha como polarizantes, o lo que es más fuerte, entre adeptos a la vida y adeptos a la muerte, resulta preferible reconocer la realidad de la política, precisando la existencia de esas dos tendencias históricas: la de quienes buscan la implantación de programas de seguridad nacional, necesariamente basados en la guerra (los partidos de derecha); y la de quienes solo buscan la justa y sana convivencia, necesariamente basados en la paz (los partidos de izquierda y los que se autodenominan de centro izquierda). * Édgar de Jesús Velázquez Rivera. Historia de la doctrina de la seguridad nacional. Universidad del Cauca, Colombia.

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares. Cuando estamos ad portas de superar las 40 mil muertes en Colombia a causa de la pandemia de la COVID-19, ha quedado en evidencia que en la sociedad actual se valora más la plata que la vida de los ciudadanos. Desde que se inició la crisis de la salud, tanto los gobiernos nacionales como locales han intentado controlar la expansión del virus implementando medidas que afecten lo menos posible a empresarios, comerciantes, consumidores e inversionistas. Ponen a estos por encima de los adultos mayores o la población con enfermedades crónicas y comorbilidades. Esta forma de actuar es típica de la sociedad moderna. En el último siglo, la gente ha situado el sistema económico de mercado por encima de los demás ámbitos sociales. La política, la ciencia, el arte y la religión, entre otros componentes sociales, se han colocado al servicio de la economía. Para los dirigentes políticos es más importante la ganancia, el beneficio o la utilidad que valores como la libertad o la vida misma. Estamos ante un mundo permeado por la lógica del mercado, una discurso que dicta la mayoría de las acciones que deben seguirse. A una conclusión similar llegó, al final del siglo veinte, el sociólogo alemán Niklas Luhmann. Este científico social intentó construir desde la década de 1960 una Teoría General de Sistemas que pudiera dar cuenta de los complejos fenómenos sociales y de la moderna sociedad mundial. Buscó generar una teoría capaz de sacar a la luz los verdaderos riesgos y problemas de la sociedad contemporánea. El modelo básico parte por concebir la sociedad moderna como un conjunto de subsistemas. A esta la estructura un conjunto de elementos interrelacionados. Existe un mundo económico, otro político, del derecho, del arte y de la religión, por mencionar algunos. Cada subsistema recrea su propia lógica de gestión de los espacios sociales, de forma independiente y autónoma. Así, por ejemplo, una cosa es lo bello o lo sublime en el mundo estético y otra muy distinta los bueno o lo malo en la esfera de lo moral. La teoría, igualmente, diferencia el subsistema de su entorno en donde se interrelacionan. Y, al ser un sistema abierto, todos los subsistemas que lo componen afectan a los demás. En el modelo cada subsistema lucha por su autonomía en medio de los demás subsistemas. Ante las amenazas que le llegan de otro subsistema, lo que debe de hacerse es ofrecer solución a tales peligros. Por eso se auto organiza de tal manera que los problemas que le lleguen a cada esfera puedan ser corregidos. Aunque Luhmann no privilegia a ningún subsistema sobre otro, pues parte de una propuesta policéntrica, advierte cómo en la sociedad moderna capitalista el subsistema económico se ha convertido en un componente de mayor importancia. Sus transformaciones han afectado de manera considerable a los demás ámbitos sociales. La gran importancia que se le da en la sociedad moderna a la economía ha provocado que las decisiones que se toman para el sistema social pongan la mira, como primera opción, en este subsistema. Imagen: Cortesía Esta hipótesis de trabajo ha quedado confirmada una vez más en la crisis actual. La pandemia, como se dijo, ha mostrado que los políticos privilegian lo económico sobre otros valores. La mayoría de los gobiernos han colocado al mercado, la competencia, los precios, el dinero, las utilidades, los empresarios y el comercio entre los elementos que condicionan la toma de decisiones. Valúan más la salud del capital que la salud de la población. Nos recuerdan que su prioridad es el sistema económico, y con él: las inversiones, las ganancias y el crecimiento. Dejando de lado el mundo íntimo y personal, la vida de nuestros padres, abuelos y familiares enfermos. En síntesis, el subsistema económico ha subordinado a los demás subsistemas. Ha situado las decisiones políticas al servicio del capital. De allí que los actores del sistema económico han sabido utilizar muy bien su poder en estos momentos: han puesto el poder que tienen los gobiernos para defender lo económico. Lo cual es muy cuestionable y bastante crítico, ya que en una situación como la actual de crisis de la salud se esperaría que los hacedores de política tuvieran en cuenta otras prioridades, tomaran decisiones que valoraran la vida por encima de la ganancia o el interés. De allí que sea necesario insistir en que es el momento de realizar políticas gubernamentales que privilegien la vida. Estamos en presencia de un cuerpo social enfermo, y no es apropiado que se le vista con los mejores trajes cuando en su interior está el virus actuando y a punto de desfallecer. La crisis sanitaria demanda atención urgente; el cuerpo social está afectado por la COVID-l9, y se requiere de decisiones políticas acertadas para evitar que miles de colombianos continúen falleciendo por causa de pensar que es primero la plata que la vida. Sugerencia, que por cierto, va para nosotros también, en especial en momentos como este donde prima, para la mayoría de las personas, el descuento en un producto o la compra de una mercancía que la salud de quienes se refugian en casa esperando disfrutar de un año más de vida.

Por: María Victoria Ramírez. Columnista Pares. Me conocía el Ágora, la fuente Dircea y hasta el mismo olivo sacro, no la ruta de polvo y de pedrisco ni el cielo helado que muerde la nuca y befa el rostro de los perseguidos. Y ahora el viento que huele a pesebres, a sudor y a resuello de ganados, es el amante que bate mi cuello y ofende mis espaldas con su grito. Iban en el estío a desposarme, iba mi pecho a amamantar gemelos como Cástor y Pólux, y mi carne iba a entrar en el templo triplicada y a dar al dios los himnos y la ofrenda. Yo era Antígona, brote de Edipo, y Edipo era la gloria de la Grecia. Caminamos los tres: el blanquecino y una caña cascada que lo afirma por apartarle el alacrán… la víbora, y el filudo pedrisco por cubrirle los gestos de las rocas malhadadas. Viejo Rey, donde ya no puedas háblame. Voy a acabar por despojarte un pino y hacerte lecho de esas hierbas locas. Olvida, olvida, olvida, Padre y Rey: los dioses dan, como flores mellizas, poder y ruina, memoria y olvido. Si no logras dormir, puedo cargarte el cuerpo nuevo que llevas ahora y parece de infante malhadado. Duerme, sí, duerme, duerme, duerme, viejo Edipo, y no cobres el día ni la noche. . Poema Antígona de Gabriela Mistral. Asistí hace algunos años a la inauguración del IV Encuentro de Mujeres en Escena: Margaritas y la Guerra, proyecto ejecutado por la Asociación Cultural Palo Q Sea de Risaralda, en concertación con el Ministerio de Cultura. El evento se inició con la presentación del libro El Errar del Padre de la filósofa y escritora feminista antioqueña, Marta Cecilia Vélez Saldarriaga. Reconstruyendo las notas que hice en el evento y releyendo el texto para esta columna, no puede más que sobrecogerme. El libro nos ofrece una nueva interpretación, a la luz de la guerra interna que vivió Colombia (¿sigue viviendo?), de nuestra realidad, del mito de Edipo Rey, columna vertebral de la cultura de occidente y de su comprensión del deseo y de la muerte. Nos dice Marta Cecilia que, con el holocausto nazi occidente mostró el cobre, es decir, develó su verdadero proyecto patriarcal y de guerra. La modernidad que prometía orden, equilibrio, seguridad y paz no logró romper el círculo de violencia. Colombia es un ejemplo desgarrador del fracaso de occidente como proyecto humanizante. Llama la atención la autora, y con ello me vuelvo a estremecer, que las mujeres víctimas del conflicto son mujeres y niñas rotas, robadas como Antígona que es arrastrada por Edipo, su padre, al destierro al que ha sido condenado por haberse enamorado, sin saberlo, de su madre. Ella, Antígona, se convierte en su bastón, sus ojos, sus piernas. En una cultura en la que las mujeres no pueden decidir, es sobre los hombros de la niña Antígona que se descarga la responsabilidad de la suerte de su padre. El libro es dedicado “a las mujeres colombianas quienes contra todas las formas de terror defienden la vida y la reclaman en la muerte misma”. Los guerreros de las sombras, los señores de la guerra, como ella los llama, quieren imponer el olvido, el desarraigo y la muerte. Pero el concepto de ciudad (polis) como la conciben desde la antigüedad, se funda en la huerta y los cementerios, es decir en el ciclo de la vida: sembrar, crecer, morir y enterrar a los muertos. Por eso Antígona desafiando a los dioses entierra a su hermano. Por eso hace un llamado, casi una exigencia, a que nuestros muertos y desaparecidos tienen que aparecer porque de lo contrario peligra la ciudad, es decir, peligra la civilización. Pero la autora no nos deja en las tinieblas y nos propone una salida al horror. El rescate de la lengua, no del lenguaje. La lengua materna como tejido imantando que nos acerca por primera vez a otro cuerpo, no a otro amenazante, sino al otro que nos presenta la realidad. En un país donde las mujeres sufren mayoritariamente el desplazamiento, la violencia sexual, la pobreza, la pérdida de sus hijos y compañeros, en medio de las múltiples guerras que se reciclan, han desarrollado formas inimaginables de resistencia, mecanismos simbólicos de sanación y, por qué no de maldición de la guerra.

Por: Guillermo Linero Montes*. Columnista Pares. “La geometría solo puede dividir una recta en dos partes iguales sabiendo antes cuáles son los dos puntos extremos”** Kelsen Los opuestos políticos -centralismo y federalismo, liberal y conservador, o izquierda y derecha- no son exclusivamente de nuestra tradición cívica. Esa discriminación polarizadora, de dos fuerzas que se compensan, proviene de la tradición de los países europeos y no estrictamente de los modelos democráticos. En los regímenes monárquicos o dictatoriales, donde no ocurría la política por prohibida, saltaban a la vista las relaciones de poder polarizadas: amos-esclavos y reyes-súbditos. Con todo, en los últimos años, correspondientes a la llamada posmodernidad, han surgido fuerzas políticas autodenominadas de centro, “centrismo” le denominan los politólogos. Una tendencia política en esencia polémica, pues difícilmente puede precisársele una ideología, como sí es posible hacerlo con las tendencias de derecha e izquierda. La izquierda, por ejemplo, al buscar la igualdad social, promueve la inclusión que es un objetivo más cercano a las utopías que a lo realizable, y esto hace que la izquierda permanezca en continua insatisfacción. En consecuencia, su discurso es el cambio y su ideología el progresismo. Por su parte, la derecha considera que la inequidad es una condición natural y, por tal razón, para ella son inevitables las diferencias económicas fundadas en una tradición y en unas reglas de juego, a su juicio inamovibles. Estas diferencias tajantes, entre la izquierda y la derecha, permiten su contrastación –que es un método infalible para determinar la existencia de algo- como es, que la primera tiene por ideología el colectivismo y la segunda el individualismo. Pero, ¿cómo saber si el centro tiene alguna ideología? Además de la contrastación, la coherencia constituye un instrumento útil para comprobar la existencia de una ideología. Si pensamos en la izquierda y en su defensa de los pobres, la coherencia reside en la palmaria realidad de la pobreza. Igual de coherente –que no plausible- es ver a la derecha propendiendo por la defensa de quienes tienen propiedad, pues sus alineados la tienen. Siendo consecuentes, si buscamos, como ya lo he hecho yo, esa coherencia en el centrismo, no hallaremos ninguna distinta al equilibrio natural de las fuerzas opuestas, izquierda y derecha; es decir, a un inatrapable punto medio. Fulcro le llaman los físicos al lugar preciso donde se encuentran una fuerza de potencia y otra de resistencia. Un punto que en política, contrario a como sucede en el mundo físico, siempre es inestable, debido a la agitada actividad ideológica de los polos o fuerzas que lo originan. Así, cuando el equilibrio ocurre, no pasa de ser una fugaz experiencia. El centro sólo adquiere vida impregnado de un polo o de otro: o es centro izquierda o es centro derecha. De ahí las aseveraciones acerca de que el centro únicamente existe en calidad de falacia argumentativa. Hay quienes dicen que la debilidad del centro es su condición de cambiante, igual va a un polo como a otro. Sin embargo, los que van desde su lugar hasta un punto donde ya comienza el espacio de su oponente, son naturalmente la izquierda y la derecha. Cuando la primera cree conveniente asumir algunos asuntos con los presupuestos de la ideología de derecha, aflora como centro izquierda; y la segunda, cuando se compromete con actuaciones propias de la ideología de izquierda, aflora como centro derecha. No obstante, ni la una ni la otra son el centro; porque de serlo, entonces este sería una singularidad: una cosa y su contraria a la vez; pero, tratándose de la política, ese movimiento ocurre por la sola estrategia de aprovechar la oportunidad; es un hecho falaz. De tal suerte, no es descabellado decir que polarizar es la única virtud del centro. No en calidad de ideología, que no la tiene, sino simplemente desde su condición de contingente, de oportunidad. Por eso el presidente Duque, que es de pura derecha, anuncia de pronto que él es de puro centro. De hecho, la polarización, si tiene algo positivo es que a los partidos de derecha los atenúa tornándolos en partidos de centro derecha (cristianos o conservadores) pues no alcanzan a ser de centro; y a los partidos de izquierda en partidos de centro izquierda (ambientalistas o neoliberales) que tampoco alcanzan a ser de centro. Gracias a la tensión de estos dos polos, existen esos partidos de porte tibio. Partidos que practican el neoliberalismo como opción económica y en aspectos militares hacen lo que les indican los Estados Unidos. Pero, ¿qué es en verdad el centro? Sin lugar a dudas la mejor definición de centro, es la desarrollada científicamente por la lógica, en su precisa figura denominada la “falacia del punto medio”, que consiste en guardar distancia de las posturas ideológicas existentes, tomando partido por una posición intermedia o equidistante. Por ejemplo: Uribe afirma que la sangre es azul, mientras que Petro afirma que es amarilla, por lo que Fajardo, sin preguntarse por el verdadero color de la sangre, asegura que es verde. Finalmente, cabe citar a la autora de este ejercicio de lógica, a la profesora de filosofía Tasia Aránquez Sánchez, que explica mejor la falacia del punto medio: “Aparentemente, la doctrina del punto medio nos permite encontrar la solución más virtuosa a un problema, pero puede servirnos para dar una apariencia de racionalidad (de cálculo) a una posición comúnmente aceptada. Mediante esta operación se elude el debate sobre el fondo –que en el ejemplo sería hablar del color verdadero de la sangre- y se hace parecer desmesuradas a las partes adversarias”*** * GUILLERMO LINERO MONTES: Santa Marta, Colombia, 1962. Pintor, escritor y crítico literario. Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda. ** Tasia Aránguez Sánchez. La falacia del punto medio en el debate público. Universidad de Granada. En: https://dialnet.unirioja.es/servlet *** Ibídem.

Por: Guillermo Segovia. Columnista Pares. Languidecía el escándalo por el “entrampamiento” en el “caso Santrich” -la acusación al guerrillero de estar traficando cocaína luego de firmados los acuerdos de paz con las Farc para extraditarlo y en la que excusó su retorno a las armas- urdido desde la Fiscalía, conducida por Néstor Humberto Martínez Neira en concurso con la DEA, aliada de no pocas tropelías en el continente, que puso el pacto de La Habana en ascuas. En el letargo angustioso de la pandemia, cuando el tema, como tantos otros, como es recurrente en el país, parecía condenado al olvido, el periodista Edinson Bolaños, del diario El Espectador, denuncia el contenido de 24 mil audios relacionados con el asunto, cuya existencia se rumoraba sin advertir su contenido escabroso, y pone en cuestión la coherencia del gobierno y sus partidarios con su consigna de “Paz con legalidad”. En su momento, de mala gana y sin ningún rigor técnico, como lo reconoció el actual presidente de la Justicia Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes, Martínez, ante requerimiento de la JEP, ámbito judicial al que respondía Santrich en su condición de exguerrillero desmovilizado, para resolver la situación de éste tras la denuncia derivada del “entrampamiento” de que fue objeto, la Fiscalía hizo entrega de 12 audios, escogidos con precisión al propósito, en los que mediante montaje se intentaba probar una operación de tráfico de drogas a proveerse por el desmovilizado al cartel mexicano de Sinaloa, con la intermediación de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, otro de los rearmados, quien intentó sacar provecho ilícito de la plata de la paz y terminó siendo un “gancho ciego” al servicio de la Fiscalía y la DEA a cambio de impunidad y seguridad. Al parecer, los 24 mil audios mezclan conversaciones reales interceptadas ilegalmente (de miembros de la comisión negociadora de paz del gobernó y de la oposición) , cuyos realizadores recibieron imputación por la comisión del delito pero en su momento dijeron que Martínez estaba al tanto, lo que este desde luego niega, con conversaciones ficticias grabadas con inciertos pero previsibles propósitos, pues involucraban entre otros al Vicepresidente de la República, para el momento, general retirado de la policía, Oscar Naranjo, el consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, y la dirigente liberal de izquierda, Piedad Córdoba. Si lo de Santrich, puesto en duda desde el comienzo por los sectores que respaldan los acuerdos, anticipo de lo que podría haber sido un plan desestabilizador, constituyó un tropiezo, una investigación contra el Vicepresidente y altos funcionarios por estar traficando cocaína en sociedad con las Farc habría hecho trizas el proceso de paz, aparte de otras consecuencias para el gobierno Santos. La publicación del informe sobre los audios por El Espectador, las pesquisas, entrevistas y denuncias hechas por María Jimena Duzán, antes de su salida de Semana, y una entrevista de RCN con el exfiscal donde se desdijo y contradijo, además de las propias investigaciones de los senadores citantes, dieron pie para un documentado y asertivo debate en el Senado sobre los propósitos de Martínez Neira al prohijar esas truculencias. Gustavo Petro, en una contundente intervención probó que Santrich fue víctima de un montaje orquestado entre la Fiscalía y la DEA con el fin de lograr su extradición a los EE.UU. (no se hizo una “entrega controlada de droga” para corroborar un delito sino que se fabricó a partir de engaños), lo que habría ocasionado un sabotaje de trágicas consecuencias para el acuerdo de paz, cuyos orígenes y demás promotores, aparte de Martínez, son aún desconocidos. En conjunto, la intervención de Martínez Neira fue una ‘perfomance’ desmejorada de sus conocidas exposiciones públicas para responder acusaciones: histrionismo, ironía, amenazas veladas -que provocaron un llamado de la Fundación para la Libertad de Prensa y editorial fuerte de El Espectador, por los casos de Duzán y Bolaños-, golpes bajos, verdades a medias, puyas desacreditadoras de la JEP –uno de cuyos funcionarios fue víctima de una táctica de “entrampamiento” durante su gestión. Imagen: Cortesía. De manera meticulosa, Petro describió el papel de Marín como colaborador – situación a la que llegó detectado por la fiscalía haciendo negocios corruptos como intermediario de recursos del acuerdo-, las fallas técnicas irrefutables del montaje de la negociación de la droga en la residencia de Santrich (facilitada por el gobierno, cundida de cámaras y vigilada por seguridad oficial), con un video “prueba” que fue alterado de manera burda: saltos de cámara para cuadrar tiempos, aparición inexplicable de objetos en la misma secuencia de grabación, descuadre de labios y voz (lipsing), y la obscenidad de las “confesiones” del sobrino de Marín desde los EE.UU., dictadas por agentes de la DEA y recitadas por el colaborador. Remató con la pregunta del millón, ante tanto despliegue de tecnología, por qué no existe una sola imagen de la “entrega controlada” que incrimine a Santrich. A su turno, Iván Cepeda -quien reclamó a Martínez por un intento de “entrampamiento” contra su esposa en el propósito de desprestigiar las gestiones de paz-, Antonio Sanguino y Roy Barreras, hicieron contundentes apreciaciones respecto de las implicaciones políticas, diplomáticas y judiciales del que convergieron en señalar como un atentado contra el acuerdo de paz, la seguridad nacional y la soberanía del país. Sanguino advirtió que acudirá a la Comisión de Acusaciones del Congreso. En conjunto, la intervención de Martínez Neira fue una ‘perfomance’ desmejorada de sus conocidas exposiciones públicas para responder acusaciones: histrionismo, ironía, amenazas veladas -que provocaron un llamado de la Fundación para la Libertad de Prensa y editorial fuerte de El Espectador, por los casos de Duzán y Bolaños-, golpes bajos, verdades a medias, puyas desacreditadoras de la JEP –uno de cuyos funcionarios fue víctima de una táctica de “entrampamiento” durante su gestión. También mintió, dijo desconocer al inicio las acciones de la DEA en el caso pero en un comunicado las autoridades estadounidenses manifiestan que siempre actuaron en acuerdo. No faltaron sus acostumbrados autoelogios pendencieros, como su supuesto patriotismo que lo hizo “guardián” de la “platica de la paz”, para evitar responder los cuestionamientos o manipular, como en el caso de los 24 mil audios y decir que solo entregó 12, porque eran los que mencionaban a Santrich dado que los demás concernían solo a Marín, como si en conjunto no constituyeran graves hechos relacionados con el proceso y por ende de interés de la JEP. Asunto que se igual manera, tramitó a su amaño frente al gobierno. A la especie infundida por Martínez, para ahondar en sus señalamientos a la Farc, de un posible lavado de activos en Turquía, con los mismos papeles, Petro le dio la vuelta para ponerlo a pensar en una intervención de la administración Trump contra el gobierno de ese país, para nada descabellada dados tantos antecedentes, de la cual funcionarios de otros países podrían ser “idiotas útiles” o peones acuciosos. Todo es posible, basta recordar el episodio “Irán-contras” en Nicaragua. Esta vez, a diferencia de hace dos años, cuando Petro y la oposición lo pusieron contra las cuerdas, y de paso a todo el establecimiento, por sus andanzas en los sobornos de Odebrecht, Paloma Valencia, distraída del debate, no tuvo a mano el video dudoso y explosivo, que fuera su salvavidas. Por eso, no sorprende que culminara con un mandoble, señalando a sus acusadores de defensores del narcotráfico. En sus hábiles y perversas argucias de cinismo, estar del lado de la paz es ser cómplice del delito. Infundio que repitió subalterno el comisionado de la “paz con legalidad” y, desde luego, en coro, los congresistas, tuiteros y bodegas del uribismo. Claro, todos omitieron que la JEP expulsó a Santrich y a Márquez luego del anuncio de estos de abandonar los acuerdos y que los senadores que cuestionan a Martínez, también han sido contundentes en repudiar esa decisión, que coinciden en señalar, es una traición al esfuerzo por llevar al país a la reconciliación. Sin medir su investidura, el Presidente de la República, en defensa de su nombrado Embajador en España, se sumó al ataque a representantes de la oposición miembros del Congreso de la República, para respaldar una actuación, como se demostró, contraria a la Constitución y la Ley. En una democracia son inadmisibles los “falsos positivos”, letales o legales. Nuestra Carta reza en su artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, el presidente debe ser su garante. Esta vez, a diferencia de hace dos años, cuando Petro y la oposición lo pusieron contra las cuerdas, y de paso a todo el establecimiento, por sus andanzas en los sobornos de Odebrecht, Paloma Valencia, distraída del debate, no tuvo a mano el video dudoso y explosivo, que fuera su salvavidas. Imagen: Cortesía. La gravedad de la intentona ya la había señalado a mediados de 2019 el exconsejero presidencial para la paz y arquitecto del proceso de negociación con las Farc, Sergio Jaramillo, quien afirmó que lo que se estaba entrampando era el acuerdo. La vocería de los adversarios a los acuerdos la llevó la Vicepresidenta Martha Ramírez, al afirmar que los que habían sido “entrampados” eran los colombianos, dándole absolución a cualquier cosa que conlleve cuestionar o responsabilizar al Gobierno Santos por el pacto de convivencia con las Farc. Santos, ha sido contundente respecto del hecho y su antiguo amigo y “superministro” Martínez Neira: “Si la paz resistió a los entrampamientos de Néstor Humberto y la DEA, resiste todo”.

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares. La región del Urabá, a pesar de su corta vida política y administrativa, ha visto pasar por su territorio a todos los actores armados del país. El inicio de esta tragedia se da en las décadas de 1960 y 1970, con la presencia del Ejército Popular de Liberación –EPL– y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-EP–; luego se intensificó a partir de la incursión paramilitar, con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU– y las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC– en las décadas de 1990 y 2000; y finalmente hoy es el teatro de operaciones del Clan del Golfo, entre otras organizaciones criminales. Esta amalgama y compleja presencia de grupos armados ha provocado que esta región sufra todos los horrores de la guerra. Las cifras sobre homicidios, desapariciones forzadas, amenazas, torturas y violencia sexual, entre otros hechos victimizantes, fueron padecidos por la mayoría de los urabaenses. Violencia que se intensificó a partir de 1986 debido a la militarización de la vida civil, la falta de garantías del Estado para proteger a la población, la represión patronal y del Estado a las protestas sociales, el crecimiento de las guerrillas y la aparición del paramilitarismo, apoyado por los empresarios del banano. Entre 1991 y 2001, el territorio registró 97 masacres y 607 homicidios; siendo 1995 el año con mayor número: 24 masacres en total. Nueve de ellas causadas por el paramilitarismo, seis por las FARC-EP, una por la disidencia del EPL, seis por grupos armados no identificados (guerrilla, grupos paramilitares o Ejército Nacional) y dos por los Comandos Populares. Masacres que estuvieron combinadas con homicidios selectivos a líderes sindicales, desaparición forzada, pérdida de bienes inmuebles, tortura, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, entre otras variable perversas; formando así un coctel de muerte y destrucción de vida, que en lugar de parar continúa con los años. Estas cifras fueron algunas de las presentadas por la Fundación Cultura Democrática y de la Corporación Opción Legal en el informe La sombra oscura del banano. Urabá: conflicto armado y el rol del empresariado, entregado a la Comisión de la Verdad, este 30 de noviembre de 2020. El documento nos habla de un territorio especial, situado en el norte de Antioquia, donde se narra la historia de muerte, de desplazamiento y de desaparición forzada, entre otras atrocidades, que sufrieron los cientos de campesinos, colonos, indígenas, sindicalistas y firmantes de la paz. Es un trabajo que busca desentrañar las grandes dinámicas del conflicto y construir narraciones que indaguen por el origen, la dinámica y las consecuencias del conflicto armado vivido en el Urabá antioqueño. En el se ofrecen narrativas que ayudan a explicar la interconexión, por ejemplo, entre el reclutamiento forzado de niños y niñas, la victimización de la Unión Patriótica –UP– y violaciones de derechos humanos en Urabá -macrocaso que fue priorizado por la JEP y que tiene acreditadas más de 35 mil víctimas-. Es también un informe donde se narra y análiza el contexto del conflicto armado y violencia política generalizada en Urabá, además del rol jugado en él de la multinacional bananera Chiquita Brands y del empresariado bananero. En este sentido, es un trabajo donde se asignan responsabilidades históricas, políticas, económicas y morales a un actor no convencional. Un actor empresarial multinacional que se implicó en el conflicto de esta región y que utilizó la violencia para proteger su negocio y ampliarlo. Entre 1991 y 2001, el territorio registró 97 masacres y 607 homicidios; siendo 1995 el año con mayor número: 24 masacres en total. Nueve de ellas causadas por el paramilitarismo, seis por las FARC-EP, una por la disidencia del EPL, seis por grupos armados no identificados (guerrilla, grupos paramilitares o Ejército Nacional) y dos por los Comandos Populares. Imagen: Cortesía. En síntesis, la Fundación Cultura Democrática y la Corporación Opción Legal entregaron a la Comisión de la Verdad esta semana un trabajo extenso, amplio y rico en información, que logra entregarle al país y, en especial, a las víctimas de Urabá, las explicaciones de por qué sufrieron tanto y por qué sus habitantes fueron asesinados. Es una investigación dirigida a ellas, para que comprendan los motivos y las dinámicas en las que se dio esta letal confrontación armada. Informe que complementan los otros seis que sobre este territorio se han entregado en las semanas pasadas a la Comisión de la Verdad por Ongs como Forjando Futuros o el Instituto Popular de Capacitación –IPC–, y que se caracterizan por el deseo de contribuir con la construcción de la verdad histórica para el territorio que más violencia ha sufrido con el conflicto armado en Antioquia. Trabajos indagativos que intentan esclarecer la verdad como premisa insoslayable de la no repetición a la que aspiran las víctimas. Las víctimas que demandan verdad, justicia y reparación integral; y que aspiran, como lo hace toda la sociedad colombiana, a pasar la página de más de medio siglo de horrores y desgarramientos.