Por: Guillermo Segovia. Columnista Pares. Tal vez una de las razones por las cuales sectores conservadores y de derecha rechazan o apenas admiten algo positivo en los acuerdos de paz sea porque, por formación ideológica y opción política, siempre han considerado que, pese a la desigualdad, la pobreza y la exclusión, generadas por condiciones naturales o designio de dios, el orden, la estructura social y su predominio son inalterables y quien haya osado interpelarlo, más si de manera violenta, solo merece la Ley del Talión. Durante décadas, sin embargo, el cristianismo, tratadistas, constituciones y la concepción liberal, que quedó plasmada en códigos punitivos, aceptaron el derecho a la rebelión consintiendo motivaciones altruistas en el levantamiento armado contra condiciones de injusticia, sojuzgamiento y tiranía. Sobre esa base se creó el capítulo de delitos políticos, tales como la rebelión, la sedición y la asonada, cuya comisión asociada a esas motivaciones, implicó un trato sancionatorio más favorable e, incluso, la posibilidad del otorgamiento de indultos -olvido total del delito- o amnistías -perdón de las penas. Esta compresión de la beligerancia permitió que, en el país, no solo se superaran varias guerras civiles bipartidistas, sino que posibilitó que a partir de los años 60, en consenso mayoritario de los partidos tradicionales, con la oposición clandestina de fuerzas extremistas, y en la medida que el crecimiento militar y político de las guerrillas lo impuso, se hubieran intentado diálogos y negociaciones, en busca de su desarme y reincorporación a la vida civil. Esfuerzos fracasados en los gobiernos de Betancur, parcialmente exitosos, en los de Barco y Gaviria, decepcionantes en el de Pastrana con las Farc y exitosos con las mismas en el de Santos, tras el interregno de confrontación sin tregua de Uribe. Este último rompió el consenso de las causas objetivas alrededor del tema y, alineado con EE.UU., repudió negociar con el “terrorismo” y gestionó que así se calificara a sus adversarios armados por la potencia, para enfrentarlos como enemigo común. Álvaro Uribe Vélez, catalizando el hastío que el accionar guerrillero (Farc, Eln y residuos del EPL) generara en distintas regiones, entre ganaderos, hacendados, propietarios y gente del común, su habitat, traducido en la conformación de grupos de autodefensa, luego articulados en un ejército paramilitar nacional, con un discurso a contrapelo histórico de la oferta de paz por la vía del diálogo, prometió seguridad mediante el imperio de la fuerza y se impuso. Imagen: Pares. Es innegable que el crecimiento y la incidencia del narcotráfico en la vida nacional, tuvo un efecto decisivo y corrosivo en el conflicto interno, ya perceptible en el gobierno Betancur. Las Farc, desde los años 80, asumieron esa realidad y, como me expresara en una entrevista por la época Jacobo Arenas, su máximo dirigente político, entendieron que “los dólares no son ni buenos ni malos sino billetes verdes que compran”. De acuerdo con lo cual entraron a regular la actividad en sus territorios mediante “el impuesto de gramaje”, que junto con el secuestro y el abigeato la convirtieron en una organización económicamente poderosa y le dieron alas para constituir un ejército con pretensiones de tomar el poder, por lo que la negociación con Pastrana fue una jugada estratégica de opción militarista, que pagó Colombia. Igual, en caso de acuerdo, Pastrana habría incumplido. Álvaro Uribe Vélez, catalizando el hastío que el accionar guerrillero (Farc, Eln y residuos del EPL) generara en distintas regiones, entre ganaderos, hacendados, propietarios y gente del común, su habitat, traducido en la conformación de grupos de autodefensa, luego articulados en un ejército paramilitar nacional, con un discurso a contrapelo histórico de la oferta de paz por la vía del diálogo, prometió seguridad mediante el imperio de la fuerza y se impuso. Durante su gobierno de casi una década, no sólo logró un revés estratégico para las Farc desde el punto de vista militar, sino un giro mayoritario de la opinión nacional a la tradicional visión de la insurgencia como un actor político motivado en causas populares. Despojándolas de su calificación política, carácter al que nunca renunciaron pues siempre reivindicaron la lucha armada como medio de la toma del poder para imponer un “gobierno popular”, mediante una estrategia de descalificación, las colocó como enemigos terroristas y narcotraficantes, propiciándoles además una derrota política. Aun así, Uribe no fue ajeno a la vanidad de verse reconocido como un protagonista de la paz y, a la vez que desarrollaba su contundente ofensiva antiguerrillera, sin reparar en la violación de derechos fundamentales de organizaciones opositoras; como lo testimonia su admirador de época tardía, el periodista Hernando Corral, buscó afanosamente puentes para adelantar una negociación de paz, como con el negociador insurgente de la paz en El Salvador, Joaquín Villalobos, o el empresario valluno, Henry Acosta. Cuando su ungido ministro de defensa, Juan Manuel Santos, le dio la espalda para iniciar un proceso de negociación con las Farc, que le deparó réditos políticos y honores históricos a pesar de los impasses, una parte importante de la sociedad colombiana se oponía radicalmente o recelaba de esa alternativa. Por el contrario, esperaba la estocada final. Santos hizo gala de sus hígados y puso a la clase política y las fuerzas militares, salvo los fieles a Uribe, a favor de la negociación, logrando respaldo mayoritario del Congreso, pero en la calle nunca pudo rebajar las cargas. Hace cuatro años, la firma definitiva de los acuerdos con las Farc, negociados durante casi seis en La Habana, debieron ser un día de júbilo nacional, tras 6 décadas de conflicto armado. Solo lo fueron para parte de la población, la que padeció en sus territorios la guerra, los perseverantes defensores de la solución pacífica, los políticos “enmermelados” para conseguir su apoyo y la entusiasta comunidad internacional. El gobierno Santos en su pretensión de pasar a la historia, exageró amenazas e ilusiones, no obstante la valía de su apuesta. Una parte importante de la población, acicateada por el líder burlado, engañada por el liderazgo y las estrategas uribistas, opuestos a los acuerdos por razones de intereses socioeconómicos y jurídicos distantes de los de sus bases, se sintió traicionada y repudió la desmovilización a cambio de compromisos de diverso orden, cuando “la serpiente estaba a punto de ser aplastada”. En el sector rural con el tiempo comprobaran que al oponerse a los acuerdos votaron en contra de sus propios intereses utilizados para proteger los de otros. En tales condiciones, difícil conseguir un consenso validara la solución política negociada para lograr la desmovilización y desarme de un importante factor de desestabilización a condición del mejoramiento de las paupérrimas condiciones de vida de la ruralidad, equidad en la competencia política y la comparecencia igualitaria ante un tribunal especial, de todos los responsables de las iniquidades de la guerra con énfasis en la verdad y la reparación de las víctimas. Uribe no se guardó el rencor de que la victoria del no en el plebiscito sobre los acuerdos de paz, no se hubiera traducido en borrón y cuenta nueva a lo acordado, mediante un ultimátum a la Farc. Santos tardó en asegurar factores fundamentales para que aspectos clave para la modernización del país y las poblaciones de zonas de presencia guerrillera fueran garantizados. Cabalgando sobre esa disputa, Uribe impuso a Duque y más de medio país votante lo eligió con el discurso de “paz con legalidad” que en el fondo traduce: en nuestras condiciones. Hace cuatro años, la firma definitiva de los acuerdos con las Farc, negociados durante casi seis en La Habana, debieron ser un día de júbilo nacional, tras 6 décadas de conflicto armado. Solo lo fueron para parte de la población, la que padeció en sus territorios la guerra, los perseverantes defensores de la solución pacífica, los políticos “enmermelados” para conseguir su apoyo y la entusiasta comunidad internacional. Imagen: Cortesía. Así, las instituciones más importantes fraguadas en los acuerdos para dar cuenta de los efectos más dramáticos de la guerra y sus responsables de todos los lados, como la Justicia Especial de Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o programas con empatía como el de sustitución de cultivos -pnis-, reciben embates de desprestigio, ya que el gobierno no pudo modificarlos y el partido de Uribe no ha podido acabarlos. Otros aspectos son atendidos a conveniencia de la concepción gubernamental de política social. Es indudable que en la medida que las Farc avance en sus comparecencias ante la JEP y asuma la clarificación de episodios que han tenido hondo efecto en la vida del país, como en los de los asesinatos de Álvaro Gómez, Fernando Landazábal, Jesús Antonio Bejarano, entre otros, genera el espacio de duda por aclarar de otros crímenes y masacres que exigen la asunción de responsabilidades públicas, al costo de que la opinión las endilgue por siempre con el señalamiento a sus responsables de hipócritas y cobardes. Más aún, cuando la justicia transicional en el fondo es una transacción de sanciones simbólicas a cambio de la verdad. Hoy, cerca de 13 mil personas que se reconocen de las Farc, entre miembros activos y colaboradores, se han reinsertado a la vida civil. Los que hicieron parte de la tropa todavía se encuentran en zonas de tránsito (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), algunos en condiciones bastante precarias y sometidos a riesgo de agresión como la abandonada sede de Ituango. Muchos se alfabetizaron, cursaron bachillerato y siguen carreras universitarias. Adelantan proyectos productivos colectivos en búsqueda de ingresos sostenibles, algunos destacados y ya insertos en cadenas de comercialización: productos agrícolas, café, cueros y cerveza. Sus mandos, como parte de lo acordado, hacen parte de un partido con curules en el Congreso durante dos períodos, de los que ya transcurre la mitad del primero, y electoralmente, con listas propias, representan el 1% de la votación del país. A la fecha han sido asesinados 242 de sus miembros y no hay certeza de cuando pare la venganza sistemática y el intento por truncar sus liderazgos populares en algunas regiones y hacerlos fracasar. Utilizarlos para asustar con el cuento de que “se tomaron el país”, es considerar estúpidos a los colombianos. Contra todo, las Farc desmovilizadas se mantienen firmes en su decisión. Frente a la realidad de los años enmontados, padecer los rigores de la guerra y de los daños causados a nombre de un ideal, surge una reflexión, a la luz de hoy ¿valió la pena? Muchos jóvenes murieron o entregaron sus mejores años enceguecidos por la ideología y obnubilados por la posibilidad de lograr un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Tras esa consigna se cometieron muchos horrores e injusticias y quedaron grandes desilusiones, como lo testimonian los perfiles de Alonso Salazar en su libro No hubo fiesta. Hoy, cerca de 13 mil personas que se reconocen de las Farc, entre miembros activos y colaboradores, se han reinsertado a la vida civil. Los que hicieron parte de la tropa todavía se encuentran en zonas de tránsito (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), algunos en condiciones bastante precarias y sometidos a riesgo de agresión como la abandonada sede de Ituango. Imagen: Pares. La guerrilla no puede reclamar la violencia como un factor de cambio significativo para el país, por el contrario, con ella como disculpa, el establecimiento desorbitó las fuerzas militares, refrenó la protesta social con rudeza y abuso legal, ahondó la expoliación neoliberal, patentizó la corrupción, propició abusos a los derechos humanos y el aniquilamiento del liderazgo social. La lucha armada fue un trágico fracaso. La derecha no puede seguir cobrando venganza del desafío insurgente al statu quo. Menos distorsionar la realidad para convertir una fuerza desmovilizada en factor de temor institucional y la posibilidad de ascenso al poder de las fuerzas de oposición como una amenaza de apocalipsis para cerrarle ilegítimamente las puertas a las necesarias reformas que demanda el país en el marco del Estado Social de Derecho. Tampoco desconocer la tranquilidad que trajo el acuerdo a buena parte del territorio nacional, hoy azotado por otros factores. En un país del Siglo XXI, en el que tantas cosas han cambiado, ¿habrá posibilidad de convivencia y respeto de las reglas de juego en una democracia legítima? Todos los liderazgos debería recapacitar sobre que en este período no están en juego solo sus pretensiones y visión sino la posibilidad urgente de modernizar el país. Los electores tienen el reto de superar su papel de seguidores y asumirse ciudadanos, darle una oportunidad a la paz y superar para siempre el fardo de la guerra.

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares. Con tan sólo tres semanas de diferencia, nos dejaron dos caballeros de la paz. El primero, Horacio Serpa Uribe, el pasado sábado 31 de octubre; el segundo, Jaime Jaramillo Panesso, veinte días después, el sábado 21 de noviembre. Ambos coinciden en ser colombianos, abogados, exconcejales, columnistas, profesores universitarios, líderes políticos, excongresistas, defensores de derechos humanos, y, sobre todo, constructores de paz. Eso, sin nombrar las similitudes personales y familiares, que son, paradójicamente, muy cercanas. Horacio Serpa, de estirpe santandereana, escaló desde su territorio hasta el ámbito internacional. Inició su carrera pública como juez, concejal, alcalde y gobernador; también fue representante a la Cámara y senador de la República; y durante los gobiernos de Virgilio Barco (1986-1990) y Ernesto Samper (1994-1998) fue ministro. Además, ocupó el cargo de procurador general de la nación, embajador ante la Organización de Estados Americanos ˗OEA˗ y fue tres veces candidato a la Presidencia de la República por el Partido Liberal. Jaime Jaramillo, de cuna paisa, se desempeñó como concejal en Santafé de Antioquia y Medellín, entre 1970 y 1974. Fue representante a la Cámara y asesor de Paz y Cultura de la Gobernación de Antioquia de 1995 a 1998. Además, en el mundo privado, fue cofundador de la Universidad Autónoma Latinoamericana, de la Escuela Nacional Sindical y Conciudadanía; estas dos últimas, importantes ONG de nuestro país. Como se puede notar, la vida pública de ambos intelectuales y líderes políticos estuvo llena de coincidencias, incluso se encuentra semejanza en el tiempo y la forma como pasaron sus últimos días y fallecieron; pero tal vez, lo que más los unió fue su trabajo por la paz. Horacio participó en casi todos los procesos de paz vividos durante las últimas cinco décadas. Inició su intervención en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y Virgilio Barco (1986-1990): allí fue protagonista en la Comisión de Verificación y la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación. Fue su papel más activo durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994), donde fue nombrado negociador de paz con varias guerrillas (FARC, ELN y el EPL) en Tlaxcala, México; e integrante de la Comisión Consultiva para el Orden Público. Posteriormente, participó de la Comisión de Facilitación Civil, creada durante la presidencia de Andrés Pastrana Arango. Cerrando su vida dedicada a la paz, entre 2014 y 2018, donde ocupó el cargo de senador, con la férrea convicción de apoyar y defender el proceso de paz que se tenía con las Farc-ep en el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018). Pero tal vez el mayor apoyo que realizó a la construcción de la paz en el país fue como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Allí, junto a indígenas y exmiembros de las guerrillas del M-19, el Movimiento Armado Quintin Lame ˗MAQL˗, el Ejército Popular de Liberación ˗EPL˗ y el Partido Revolucionarios de los Trabajadores ˗PRT˗, ejerció su liderazgo y defendió muchos de los derechos sociales que hoy disfrutamos en el país, convirtiendo a la Constitución de 1991 en su mayor legado y en el gran tratado de paz que cumplirá, el próximo año, 30 de implementación. Jaime, desde lo regional, realizó otro tanto por conseguir la paz de Colombia. Su trabajo lo hizo, primero, desde la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, en el rol de Director Ejecutivo; después, como consejero de Paz y Cultura del departamento; y luego, durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), siendo miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de la Ley de Justicia y Paz, donde trabajó en el proceso de desmovilización paramilitar, cuyo propósito fue: garantizar el cumplimiento pleno de los compromisos de los exparamilitares frente a las víctimas respecto de la verdad, la justicia y la reparación. Y finalmente, a principios de la década de 2010, se ofreció como mediador en conversaciones con grupos delincuenciales de Medellín para que hicieran pactos y cesaran los asesinatos en la ciudad. La mayor contribución a la paz que realizó Jaime en su larga vida fue en 2002, cuando, en su labor de dirección de la Comisión, tuvo que sufrir la muerte de su hijo mayor Fidel Jaime Jaramillo Galvis, el 18 de marzo de ese año. El doloroso asesinato se dió a manos del Frente 47 de las FARC-EP, que operaba en el Oriente de Antioquia, durante una incursión armada en la zona rural en los municipios de La Unión y el Carmen de Viboral. Jaramillo, a pesar del padecimiento que sintió, no quiso dejar que lo invadiera el deseo de venganza y ánimo justiciero −el que caracteriza los actores de las guerras civiles− reconoció que esa era su “cuota de dolor” e invitó a la guerrilla a realizar su “cuota de paz”. Por eso, cuando se desmovilizó, Elda Neyis Mosquera, alias ‘Karina’, no dudó en apoyar su nombramiento como “gestora de paz”. Con tan sólo tres semanas de diferencia, nos dejaron dos caballeros de la paz. El primero, Horacio Serpa Uribe, el pasado sábado 31 de octubre; el segundo, Jaime Jaramillo Panesso, veinte días después, el sábado 21 de noviembre. Ambos coinciden en ser colombianos, abogados, exconcejales, columnistas, profesores universitarios, líderes políticos, excongresistas, defensores de derechos humanos, y, sobre todo, constructores de paz. Imagen: Pares. Actos como este le valieron a Jaime Jaramillo el reconocimiento del pueblo paisa por su aporte a la construcción de paz. Convirtiéndose, finalmente, en el símbolo de la reconciliación en el departamento de Antioquia; aquel territorio con el mayor número de víctimas del conflicto armado del país. En 2008 Alonso Salazar, el entonces alcalde de Medellín, le otorgó la medalla al Mérito Cívico Gonzalo Mejía en la Categoría Oro. Y en 2016, la oportunidad para realizar la distinción fue para la Gobernación de Antioquia, la cual entregó el Escudo del Departamento en Categoría Oro por su trabajo por la paz. En conclusión, se nos fueron dos hacedores de paz en Colombia: el negociador Serpa y el mediador Jaramillo. Dos seres que tuvieron como horizonte de vida ver un país en paz y que se respetaran los derechos humanos. Seres que buscaron la convivencia, la reconciliación y la plena vigencia de la Constitución de 1991. Personas que conocían y manejaron muy bien palabras como diálogo, mediación, negociación y construcción de paz. Esperemos que su muerte, cuatro años después de la firma del Acuerdo Final con las Farc-ep, sea el augurio de cierre de un ciclo de violencia, que les permita encontrar la paz perpetua en sus tumbas, y no del inicio de otro momento trágico de nuestra historia política.

Por: Katerin Erazo, periodista El pasado 30 de agosto fue radicado el proyecto de ley para la “Paz Total” en la Cámara de Representantes, el cual busca abrir el camino jurídico y legal hacia los diálogos, negociaciones de Paz y acogimiento a la justicia de los diferentes grupos armados ilegales que operan en Colombia. Este proyecto adiciona, modifica y prorroga la Ley 418 de 1997, la cual dicta disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con organizaciones armadas al margen de la ley, a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca un carácter político para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica. Según Luis Eduardo Celis, coordinador de la Línea Migración, Región y Frontera de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), este proyecto de ley se trata de un diseño que recoge todo lo bueno de la Ley 418 y la experiencia de diálogos y negociaciones de los últimos veintidós años, creando todo un diseño para hacer viable la política de “Paz Total” que lidera este gobierno. El nuevo proyecto de ley propone crear nueve comisionados de paz territoriales ubicados en las zonas donde la situación es más compleja. Asimismo plantea el servicio social para la paz, el cual eliminaría gradualmente el servicio militar obligatorio, dejando como alternativa el servicio social en las zonas de conflicto. "Lo que básicamente hace el proyecto es convertir en política de Estado la política de paz. Eso significa que le da carácter vinculante a los acuerdos para que ellos no sean interrumpidos en la fase de implementación", señaló el Ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada en medio de una conferencia de prensa. Alejandro Restrepo, Coordinador de la línea Paz, Posconflicto y Derechos humanos de la Fundación Paz & Reconciliación, explicó que en esta se habla de diálogo y negociación, especialmente con el tema del ELN, aplicando el derecho internacional humanitario y también los principios de las facultades presidenciales que no tienen modificación alguna, mencionó que hay un elemento, el cual es el acogimiento de la justicia que tiene una serie de elementos que van orientados a los principios de oportunidad, siendo un diálogo más de carácter jurídico. El concepto de paz se amplía en función de la realidad del país, ya que no solo se debe entender como la negociación de un grupo armado insurgente, sino que se tiene que entender en un sentido amplio como todos los grupos de crimen organizado o como lo ha denominado el presidente “multicrimen”. Restrepo, mencionó que se cree que va haber un nivel político de acercamiento con grupos armados organizados, pero realmente el acogimiento a la justicia se dará en términos jurídicos, la Comisión de paz del Senado, ha sido insistente en que va haber negociación y diálogo con el ELN y va a haber acogimiento a la justicia tanto con el Clan del Golfo como las disidencias de las FARC y otras expresiones de grupos armados organizados, entendidas sobre la base de la definición del derecho Internacional Humanitario que no necesariamente clasifica políticamente los grupos. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) criticó algunos puntos del proyecto de ley, debido a que no comparten la posibilidad de que otros grupos al margen de la ley que tienen presencia en el país también sean tenidos en cuenta e Incluso manifestaron que a ellos no se les puede relacionar con grupos delictivos, ya que no están en las mismas condiciones, ni fueron creados bajo las mismas ideologías. Para dar soporte a la política de paz total por medio de este proyecto de ley, este fue trabajado en buena medida por el senador Iván Cepeda y su equipo de trabajo, con docenas de personas con amplia experiencia en la construcción de paz. El ministro de Interior, Alfonso Prada Gil, mencionó en una rueda de prensa el 30 de agosto que este proyecto de ley aspira a que la búsqueda de la paz no sea exclusivamente de un gobierno de turno, sino un mandato constitucional. El senador Iván Cepeda Castro, presidente de la Comisión de Paz del Senado, por medio de su cuenta de Twitter enumeró una serie de puntos clave en los que explicó cómo se desarrollaría el proceso de paz en el país, a partir de esta ley. En primer lugar aseguró que la política de paz es prioritaria en los asuntos del Estado, como el desarrollo de los procesos de negociación y los diálogos; en segundo lugar, dijo que se deben promover respuestas centradas en las personas y las comunidades como sinónimo de seguridad, haciendo que el Estado desarrolle una política de seguridad humana orientada a la prevención; como tercer punto, habló de crear un gabinete de paz, en el que cada ministerio definiría los componentes de la política pública de paz; en un cuarto punto, dijo que se busca que las autoridades locales puedan adelantar diálogos y gestiones humanitarias para limitar el impacto de los conflictos armados sobre la población, esto con autorización presidencial. La principal aspiración de este proyecto de ley es disminuir los conflictos internos en el país y de esta manera alcanzar una paz duradera. Uno de los primeros pasos para poder lograr esto por parte del nuevo gobierno fue el viaje realizado por el alto comisionado para la paz de Colombia, Danilo Rueda, y el canciller Álvaro Leyva. a Cuba el pasado 11 de agosto, con el fin de reunirse con los delegados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la cual ha venido mostrando hasta hoy una postura de optimismo para los diálogos. A pesar de la buena voluntad del gobierno, la “Paz Total” ha dejado varias opiniones con diferentes posturas. El 11 de septiembre, el senador Iván Cepeda, quien ha acompañado de cerca las negociaciones de paz impulsadas por el presidente Petro, y Sergio Jaramillo, excomisionado de paz en la administración de Juan Manuel Santos y miembro de la mesa de negociación con las extintas FARC, se vieron envueltos en una discusión que comenzó a causa de los cuestionamientos de Jaramillo hacia la “Paz Total”. Según él, no se le puede dar un tratamiento de paz a lo que es un problema de política criminal, además, el excomisionado también criticó que el Gobierno no haya nombrado a funcionarios clave en la implementación del acuerdo de 2016 y que, a su juicio, la entrada del nuevo jefe de Estado implicó un debilitamiento de la estructura de las Fuerzas Armadas al sacar a más de 50 generales para conformar su cúpula militar. Cepeda, por su parte, se pronunció ante dichas críticas, defendiendo la política de la “Paz Total” y calificó de falaz la afirmación que hizo Jaramillo, asegurando que el mandatario sí tiene una visión sobre el problema del narcotráfico y su tratamiento en la construcción de la paz territorial, la cual se aplicará bajo la figura del acogimiento a la justicia, y no de negociaciones. Hilo de las respuestas por parte de Iván Cepeda al excomisionado de paz, Sergio Jaramillo:

Por: Guillermo Segovia. Columnista Pares. Qué doloroso decirlo, pero en Colombia hay muertos de primera y de quinta. Según la clase social o la importancia pública del personaje, su muerte, natural o violenta, es digna de referencia, indiferencia, loa o diatriba, tiene sepulcro de mármol o es cadáver insepulto. Hay muertos buenos y malos, se atrevió a espetar un hombre que para infortunio del país, funge como guía moral de una secta harto desconsiderada con la vida de quienes no sean sus correligionarios. El mismo que con extrema crueldad deslizó la duda “no estarían recogiendo café”, para rechazar rumores de que el ejército estaba asesinando jóvenes humildes a cambio de bonificaciones, que después se comprobaron -las denuncias señalan cinco mil. Con esa espeluznante crueldad con los dolientes acreditó, desde su trono, la estigmatización y el señalamiento como peligrosas armas de disociación en su propósito de priorizar la contrainsurgencia y su reinado por encima de cualquier derecho. La práctica estuvo a punto de repetirse, como si nada, hace un año, cuando el comandante del ejército ordenó a sus hombres producir bajas como fuera y tuvo que recular por las denuncias de la antigua Semana y el New York Times, aunque se alzó de hombros frente a la acusación por la muerte de siete niños reclutados a la fuerza, previamente detectados, en un bombardeo a un campamento guerrillero. A las malas renunció el ministro de defensa. Nada más. Eran niños y niñas de “por allá”, a los que aparte de sus familias nadie echará de menos. Ante el temor a la protesta y las acechanzas de los insurgentes, los gobiernos han preferido tolerar los desmanes de la fuerza pública o acciones paramilitares en un torcido criterio de defensa de la institucionalidad. Así, han dado patente a todo tipo de tropelías por décadas. Por otro lado, influenciados por el síndrome de la sospecha, el etiquetamiento discriminador, la propensión a la conseja y a la exclusión política, muchos ciudadanos normalizan abusos policiales, asesinatos selectivos y masacres. Hace un año, frente al homicidio de Dilan Cruz durante las jornadas del Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019, por un miembro del escuadrón de represión de protestas -Esmad-, señalado de varias muertes y abusos desde su creación, el ministro de defensa y los mandos policiales utilizaron todo tipo de excusas y explicaciones amañadas para negar lo que todo el mundo vio. No faltaron quienes trataron de minimizar el hecho enlodando a la víctima. En septiembre pasado, frente al fallo de tutela que ordenó, a raíz de esos hechos, proteger la protesta social y ofrecer disculpas a la ciudadanía, el inefable ministro Holmes Trujillo, mediante piruetas dialécticas evitó ofrecer el perdón en su sentido real. Para la derecha, todo cuestionamiento es parte de planes de desprestigio y las fuerzas armadas no están para jugar con muñecas. En los angustiosos días de inicio de la cuarentena a causa de la pandemia por el virus del Covid19, a finales de marzo, 23 seres humanos desesperados por el riesgo de contagiarse fueron acribillados por guardias carcelarios en “La Modelo” de Bogotá y al presidente y los ministros de Justicia, Defensa y del Interior, el caso les resbaló. “Varios delincuentes menos”, se murmuraba en charlas de taxi. El 9 se septiembre. una airada protesta por el asesinato de un ciudadano a manos de la policía, fue repelida por miembros de esa institución a “plomo venteado” con 13 asesinados. El ministro de defensa y el presidente de la república absolvieron cualquier culpa disfrazándose de policías y señalando a las víctimas, la mayoría ajenas a los hechos, como peones de una patraña, contra las evidencias de los videos divulgados por varios portales periodísticos. Días antes, el 4 de septiembre, según denuncian Heiner Gaitán, amenazado concejal de la Colombia Humana en Soacha y Diego Cancino, concejal verde de Bogotá, los policías adscritos a la estación local, hicieron una demostración horrorosa de miseria humana al negar el auxilio a muchachos retenidos, luego de que éstos, hastiados de la negación de sus derechos a ver a sus familias, a comer, a dormir, prendieron fuego a los raídos colchones, provocando un incendio que incineró a varios de ellos. Las familias, afuera, desesperadas, pedían auxilio y trataban de sofocar las llamas. Los uniformados, como en la Roma de Nerón, hecho que seguro ignoran, disfrutaron la ordalía. Unos murieron tras las rejas otros en hospitales tras infernal agonía. ¡Que se quemen esas ratas! se escuchó al aire varias veces en una emisora que abrió micrófonos a la opinión de la gente. Ha hecho carrera en algún sector del país, motivado por la doctrina de “el que la hace la paga” pero por mano propia, que el delincuente -varios de los occisos estaban incriminados- como el adversario político carece de derechos. Puede ser eliminado. Los sectores marginados son escoria, prescindibles. Eso de las causas socio-económicas son embustes y complicidad. Pura necropolítica. Frente a la incipiente reacción ciudadana, el presidente de la república y el ministro de defensa ignoraron los hechos de Soacha como una circunstancia sin importancia. “Es una estrategia para desmoralizar a la fuerza pública” afirmó indolente el ministro de defensa y el presidente de la república dijo que esas muertes eran cosas “minúsculas” frente a los grandes servicios de la policía a la patria. El Jefe del Estado, según el Artículo 188 de la Constitución Nacional, “al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”, como la vida y la integridad personal, el debido proceso y la paz y, de acuerdo con el Artículo 198, es responsable de los actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes. En Colombia, al menos en la Carta y los códigos, no hay pena de muerte. En septiembre pasado, frente al fallo de tutela que ordenó, a raíz de esos hechos, proteger la protesta social y ofrecer disculpas a la ciudadanía, el inefable ministro Holmes Trujillo, mediante piruetas dialécticas evitó ofrecer el perdón en su sentido real. Para la derecha, todo cuestionamiento es parte de planes de desprestigio y las fuerzas armadas no están para jugar con muñecas. Imagen: Pares. En los casos señalados, como ante el asesinato de líderes sociales, cerca de medio millar durante el gobierno Duque, y desmovilizados, 241 a la fecha desde la firma de los acuerdos con las Farc, y las masacres, 70 este año, el gobierno, voceros de sectores políticos y empresariales y, para pasmo, gente pobre, en la misma condición de las víctimas, destilan clasismo -que en los de menos recursos es un ignorante arribismo-, desprecio por la vida de los demás, perversión e indiferencia frente al dolor ajeno. La muerte de la gente humilde o antagonista política (ser señalado de “castrochavista” es lapidario) se banaliza con eufemismos: “falsos positivos”, “Homicidios colectivos”, “no sistemáticos”, “errores minúsculos” para evitar o intentar desaparecer hechos como las ejecuciones extrajudiciales, las masacres, el genocidio y la omisión del cumplimiento del deber. Una aberrante manera de reducir la gravedad de los homicidios, más cuando por acción u omisión, aparecen vinculados miembros de la fuerza pública. Es tan ominoso lo que pasa con la estratificación de la muerte, que ciertas familias, con algún prestigio derivado de su ubicación en la escala social y política, se pueden dar el lujo de escoger a quien señalar como victimario de su congénere y rechazar la verdad que les ofrecen quienes decidieron reconocerse como autores para cumplir su compromiso con la paz, mientras que miles jamás sabrán quién le arrebató la vida a su ser querido, bien por una justicia huraña para el pobre o a consecuencia de las absoluciones desde el poder, violatorias de la institucionalidad democrática y los derechos humanos. Mataron a Uribe Uribe y se sabe de los macheteros pero no de los que mandaron. Ultimaron a Gaitán y la culpa de Roa Sierra no satisface. Asesinaron con complicidad de funcionarios públicos a Pardo Leal, a Galán, a Jaramillo Ossa, a Carlos Pizarro, exterminaron la Unión Patriótica y los motivadores pasaron de agache. Ahora, cuando en un hecho insólito, gracias a los acuerdos de paz, miembros de las Farc reconocen la responsabilidad en varios asesinatos, la refutan y retan a la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz. Es indudable que hay sectores que le temen a la verdad y la justicia transicional y que la decisión de los desmovilizados es un desafío a su cómodo silencio sobre la violencia. Como bien planteó el escritor Juan David Correa en un diálogo con Francisco De Roux, Presidente de la Comisión de la Verdad, aquí solo cuenta, falsa o cierta, la versión que esgrime el que manda. De manera hipócrita se exige confesión pero si alguien se arriesga y pone en duda coartadas mantenidas por años, se lo relativiza, fustiga o asesina. Solo es verdad el discurso del establecimiento. Para Correa, negarle a los desmovilizados la posibilidad de su relato es de por sí un hecho violento, desconsiderarlos como congéneres. Castigar con crueldad el arrepentimiento. Como dijo un sabio, les piden sinceridad y cuando se sinceran, se ofenden. Los presos, transeúntes de sectores populares y muchachos delincuentes, como los líderes sociales, los raspadores de coca o las familias campesinas, son en Colombia gente desechable, apenas números en titulares amarillistas. No habrá sosiego en un país en el que la vida de algunos no vale nada, la impunidad es corriente y la fuerza pública goza de licencia cuando sus acciones u omisiones perjudican a los excluidos o segregados, con el manido escudo de que es objeto de tácticas de desprestigio. Un contradictorio intento de fortalecer el Estado, envileciéndolo. Todos por igual tenemos el derecho de vivir en paz.

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares. La sociedad colombiana se encuentra en la actualidad realizando un gran esfuerzo por construir verdad. Es una tarea colectiva con la que intenta elaborar relatos que contribuyan a entender las razones que llevaron a los distintos actores armados y terceros implicados a la ejecución aterradora de una gran cantidad de actos violentos. Se quiere tener narraciones que ayuden a explicar: ¿por qué hemos vivido tanta violencia en Colombia?, ¿por qué se causó tanto dolor a las víctimas?, ¿por qué los actores que participaron en la guerra, ya sea empuñando las armas o apoyando a los grupos armados financiera o logísticamente, actuaron como lo hicieron? y ¿qué buscaron con esos hechos qué generaron tanto dolor? Para la elaboración de estas narrativas, el Acuerdo Final de paz firmado con las Farc-ep creó, entre otras organizaciones, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, o Comisión de la Verdad; con el objetivo de ofrecer visiones del conflicto que aporten al conocimiento de la verdad, hacer justicia y trabajar para que esta dura historia no se repita. Cada día que pasa nos acercamos mas a recibir el o los informes de la Comisión de la Verdad. Son tres años que este organismo tiene para presentar los mismos, y ya van dos. De allí que exista una gran expectativa por el contenido que tendrán, pero, sobre todo, por la manera como se elaborarán dichos informes. Hasta el momento sabemos que la Comisión ha recibido en los dos primeros años, según Francisco de Roux, más de 16 mil testimonios de actores directos e indirectos, que han sufrido la confrontación armada; ha abrazado casi un millar de informes de organizaciones; y también ha escuchado de manera individual y colectiva a académicos, población afro e indígenas, mujeres, jóvenes e, incluso, a los mismos militares y del sector empresarial. Esta polifonía de voces hace pensar que los informes que presentará la Comisión tendrán, entre otras características, las siguientes: Será una verdad inicial. Muy distinta a la verdad de la Justicia Especial Para la Paz -JEP-, que busca una verdad total o final, pues le corresponde juzgar jurídicamente. La Comisión, en cambio, tendrá como objetivo ofrecer a los colombianos y en especial a las víctimas explicaciones que ayuden a comprender los motivos y las dinámicas en las que se dio este doloroso conflicto armado. Será una verdad contextualizada y parada en lo territorial. Los testimonios que recibe les permitirán a sus comisionados ubicarse en un espacio concreto de la geografía colombiana y desde allí construir las narraciones. Serán informes cruzados por las realidades históricas concretas de lo territorial. Será una verdad comprensiva. A diferencia de los trabajos de la JEP que se han centrado en siete macrocasos, el trabajo de la Comisión de la Verdad buscará un diálogo entre los macrocasos. Intentará ofrecer narrativas que ayuden a explicar la interconexión entre el reclutamiento forzado de niños y niñas, la victimización de la Unión Patriótica –UP– y violaciones de derechos humanos, por ejemplo. Será una verdad construida con el mayor grado de certeza y objetividad. Los informes estarán construidos con una variedad de fuentes, así como lo exigen las investigaciones científicas. Narraciones históricas que contrastan la información y que permitan triangularla para construir verdades coherentes y creíbles. Será una verdad esclarecedora. Porque busca desentrañar las grandes dinámicas del conflicto y construir narraciones que indaguen por el origen, la lógica y las consecuencias del conflicto armado vivido en Colombia. Esto hará que los relatos se acerquen, lo más posible, a los acontecidos que se dieron en torno a la violencia y que den coherencia a los relatos del conflicto para que sean aceptados por la mayoría. Finalmente, será una verdad que señale responsabilidades históricas, políticas, sociales y, sobre todo, éticas y morales que tienen todos estos actores del conflicto. Cada día que pasa nos acercamos mas a recibir el o los informes de la Comisión de la Verdad. Son tres años que este organismo tiene para presentar los mismos, y ya van dos. De allí que exista una gran expectativa por el contenido que tendrán, pero, sobre todo, por la manera como se elaborarán dichos informes. Imagen: Cortesía. En síntesis, estamos en un momento de transición, que ha puesto como primera tarea la construcción de verdad. Una labor que viene asumiendo con responsabilidad la Comisión de la Verdad, quien viene escuchando a todas las voces con la intención de construir informes que sean comprensivos, coherentes, objetivos y, ante todo, reparadores. Que está poniendo atención especial a recibir la voz de las víctimas, como testigos directos, que han sufrido los horrores de la guerra. Víctimas que se vienen configurado como un sujeto activo que lidera demandas de verdad, justicia, reparación integral y no repetición. Víctimas que requieren narraciones para que se conviertan en un apoyo para ellas, en una especie de hombro amigo, que les permita entender y aclarar los hechos y sentir que fueron atendidas.

Por: Guillermo Segovia Mora. Las últimas semanas, los bogotanos y bogotanas nos hemos visto afectados por sobrecogedoras y aterradoras noticias sobre hechos delictivos que atemorizan, no solo por su frecuencia, sino por la sevicia con la que han sido cometidos. Si bien, no parecen ser representativos de una crisis de seguridad y una criminalidad incrementada, si son síntomas de alerta para la ciudadanía y la administración de la ciudad. Un ciudadano apuñaleado en una estación de Transmilenio, otro asesinado en un forcejeo por no dejarse quitar una cachucha, uno más atacado inmisericordemente frente su casa para arrebatarle el celular, mujeres arrastradas desde motocicletas para arrancarles sus carteras o violentadas en parques, aparición de cuerpos desmembrados son hechos que llaman la atención por la frialdad inmoral de los victimarios. De las estremecedoras cifras de muerte violenta de comienzos de la década de los años 90, de la que dimos cuenta en las primeras radiografías elaboradas sobre el tema, gracias a políticas públicas orientadas a la reducción de esa dramática situación, con diversos énfasis en el aspecto social, la cultura ciudadana y el control policial y la investigación criminal, Bogotá logró colocarse en la media internacional de muertes por cien mil habitantes para ciudades de sus características. No obstante, según informa la Policía Metropolitana, cada ocho horas se registra un asesinato y a la semana 20 en promedio. De enero a octubre se produjeron 835 homicidios, con un incremento del 1.5% con respecto al año anterior. Ciudad Bolívar es la localidad con el mayor número de casos, 168 a corte de octubre, seguida por Usaquén (42 casos), Rafael Uribe Uribe (74 casos) y Puente Aranda (41 casos). Lo más indignante es que el 8% de los asesinatos estén relacionados con hurto de celulares y bicicletas. Y, si bien, es un logro que, para esos casos, a octubre haya una reducción comparativa de siete respecto del año pasado (de 64 a 57), como lo reivindica ante los medios la coronel María Elena Gómez, jefe de la Sijín de la Policía de Bogotá, el móvil demuestra una delincuencia animada por la facilidad de comercialización de los objetos del ilícito y unas condiciones de seguridad deplorables en algunos sectores de la ciudad. En la ciudad se registra, a través de sondeos de los medios, el debate público y la percepción de inseguridad, insatisfacción alrededor del tema, no solo por los crueles casos de asesinatos por robo sino por la ruptura de confianza que se ha generado con la autoridad policial, derivada del desprestigio de que periódicamente algunos de sus miembros aparezcan vinculados con hechos criminales y de abuso y maltrato a los jóvenes. Imagen: Pares. Según cifras facilitadas por el Secretario de Seguridad, Hugo Acero, el año pasado entre el 1 de enero y finales de octubre, habían robado 49.786 celulares. Este año, para el mismo período, la cifra bajó a 38.684. Se produjo una reducción de 11.102 casos. Para el solo mes de octubre la disminución comparativa fue de 5.075 a 4.415 celulares. Si bien pareciera que las medidas adoptadas han tenido algún efecto, considerando que ha sido un año de restricciones y confinamiento, el resultado no es muy demostrativo: en promedio cada hora se produce el robo de 6 celulares. De acuerdo con la Policía Nacional, el 34% del total de homicidios tiene relación con riñas y convivencia, el 22% corresponde a problemas de bandas en negocios de microtráfico (ajustes de cuentas, control territorial), venta de armas o economías ilícitas y el 35% está por determinar. El arma de fuego, con un 62%, es el medio más utilizado en la comisión de delitos, seguido por el arma blanca con un 31% y elementos contundentes con un 7%. Hay evidencias de estructuras criminales dedicadas al homicidio, como la recientemente desarticulada de “Los Meliani” a la que se le imputan 14 asesinatos por encargo en Bogotá. Esta situación se refleja en que un 49% de los encuestados afirman sentirse inseguros en su propio barrio y un desconcertante el 24 % -de 12 mil sondeados- aseguró haber sido víctima de algún tipo de delito durante la cuarentena, según encuesta del programa Bogotá Cómo Vamos, realizada entre julio y agosto, en momentos de levantamiento del confinamiento debido a la pandemia producida por el Covid-19, por lo que refiere una sensación vivida en época de semi encierro. El mayor malestar se presenta en localidades del suroriente y suroccidente de la ciudad y en estratos populares. Es probable que este panorama haya incidido en los desencuentros públicos de la alcaldesa Claudia López con su Secretario de Seguridad, Hugo Acero, como su insistencia en mayor presión para evitar la reocupación del sector del Bronx por indigentes y el criticado señalamiento a inmigrantes de “estarnos haciendo la vida a cuadritos”. Inclusive, frente a los acontecimientos del 9 de septiembre, tras el asesinato por policías de Javier Ordóñez, que llevaron al incendio de varios CAI y la muerte de 13 personas, de muchas de las cuales se acusa a la policía, frente a lo cual fue crítica la posición de la alcaldesa al señalamiento del gobierno nacional, respaldado por Acero, de que se trataba de una asonada del ELN, y exigió claridad y correctivos. Más allá de las impresiones que puede generar el tratamiento mediático de las situaciones de criminalidad, en ocasiones con un trasfondo que busca generar pánico moral para presionar medidas restrictivas de control pensadas en función de épocas de indudable insatisfacción social, como aquellas de militarizar la ciudad, el Secretario de Seguridad sostiene que hay logros a la fecha como la desarticulación de 135 bandas la mayoría dedicadas al hurto, en particular en el transporte público, la judicialización efectiva de los capturados y la reducción relativa de algunos índices delictivos. Con todo, en la ciudad se registra, a través de sondeos de los medios, el debate público y la percepción de inseguridad, insatisfacción alrededor del tema, no solo por los crueles casos de asesinatos por robo sino por la ruptura de confianza que se ha generado con la autoridad policial, derivada del desprestigio de que periódicamente algunos de sus miembros aparezcan vinculados con hechos criminales y de abuso y maltrato a los jóvenes. Al parecer, además de una reforma institucional, el empoderamiento que de la entidad se hizo a través del Código de Convivencia, aumentado con las funciones asignadas para el control de la pandemia, requiere una urgente capacitación que clarifique e interiorice el principio de autoridad con apego a las normas y derechos y al servicio de los ciudadanos. La manera en que la policía ha evadido despejar las dudas sobre la actuación del 9 y 10 de septiembre que conllevó la muerte de 13 civiles, documentada de manera amplia por portales periodísticos como 070, La Vorágine, Temblores y Cuestión Pública, en nada contribuye a una relación transparente y de empatía con la ciudadanía. A esto se suma la grave denuncia del concejal Diego Cancino de la indolencia policial frente a la muerte incinerados de nueve muchachos en un centro de detención de Soacha. Frente a la problemática de inseguridad se revive el debate sobre las causalidades, entre quienes radican su incremento en la situación económico social, indudablemente agudizada por los efectos del confinamiento por la pandemia y apneas aliviada con precarias ayudas públicas, y quienes las relativizan para enfatizar en las evidentes macroestructuras criminales relacionadas con el tráfico de drogas -potenciadas con la negativa del Congreso a legalizar el consumo de marihuana-, receptación y otros delitos, traducidos en el comportamiento criminal callejero en una lumpenización tal, que un celular o una bicicleta pueden costar la vida. Con seguridad las políticas y los apoyos sociales de emergencia constituyen una importante barrera para evitar la delincuencia eventual por necesidad -con prioridad en la juventud-, pero ante manifestaciones de una industria criminal, como la operante en Bogotá, son imprescindibles medidas concertadas con los organismos de investigación y la policía para atender aspectos protuberantes en lo inmediato: refinamiento de las labores de inteligencia, generalización de cámaras de seguridad, control a la posesión de armas de fuego y armas blancas, judicialización y extinción de dominio de negocios dedicados a la receptación de celulares y bicicletas y expendios de drogas de uso ilícito (“ollas”), además de las prioridades establecidas por la Fiscalía para combatir la criminalidad en general.

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares. El pasado 6 de noviembre se celebró el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Esta fecha fue establecida, al iniciar el nuevo milenio, por la Asamblea General de Naciones Unidas ˗ONU˗ e involucra en su ejecución al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con el propósito de reconocer el impacto negativo que tiene los actos violentos sobre la naturaleza, y la necesidad de trabajar en su reducción y prevención. Durante décadas el interés de la ONU estuvo centrado, casi exclusivamente, en los seres humanos; a estos se les trataba de proteger la vida, evitar de agresiones físicas e impedir su desplazamiento forzado. Pero, afortunadamente, al iniciar el nuevo milenio se le agregó la urgente misión de defender a los animales, las plantas y, en general, todos los seres vivos que cohabitan en el medio ambiente de las actividades bélicas. Dado que Colombia es uno de los países más biodiversos en el mundo, su territorio ha sido históricamente epicentro de confrontaciones armadas y luchas por los recursos. Los diversos actores armados han insistido de manera constante por el control territorial, como forma de extraer recursos. Imagen: Pares. La celebración de esta fecha lleva consigo, además, el reconocimiento del giro que vienen dando las guerras en el mundo. Ahora, son los recursos naturales, como los metales y piedras preciosas (el oro, el platino o las esmeraldas), el petróleo o las especies exóticas (de plantas y animales), las que se han convertido en fuente de fortuna y rentas ilegales. Las nuevas guerras se caracterizan por poner a la naturaleza en el centro de la disputa, en un componente de riqueza y explotación. Dado que Colombia es uno de los países más biodiversos en el mundo, su territorio ha sido históricamente epicentro de confrontaciones armadas y luchas por los recursos. Los diversos actores armados han insistido de manera constante por el control territorial, como forma de extraer recursos. Así ha sucedido con las actividades ilícitas como la minería ilegal y la producción y el tráfico de drogas. Incluso, los actores armados que usan violencia con fines políticos han generado daños inmensos al medio ambiente, por ejemplo, con el vertimiento de crudo con sus ataques a los oleoductos. Paradójicamente, el conflicto armado en el país ha servido también para proteger los recursos naturales. Los grupos subversivos se han convertido en especie de barrera protectora para evitar la explotación de naturaleza, por ejemplo, con la minería. Las grandes empresas, tanto legales como ilegales, no han querido poner en riesgo sus capitales, en contextos de confrontaciones bélicas; convirtiendo a la organización subversiva en agente regulador y protector de los ecosistemas, y a su accionar territorial actividad de conservar extensas zonas selváticas. De allí que, una vez desmovilizadas la guerrilla de las Farc-ep en 2016, se han generado dos consecuencias en los entornos biodiversos. La primera ha sido la intensificación de la guerra en los antiguos lugares de dominio subversivo. Los Parques Nacionales Naturales (PNN), por ejemplo, se han convertido en espacios de disputa debido al gran valor que tienen. Estos son lugares donde se viven las nuevas guerras por la explotación de recursos naturales; tales como la extracción ilícita de minerales y piedras preciosas, de madera o producción de hoja de coca y fabricación de la droga. Guerras que se viven con mayor intensidad en unos territorios más que en otros, y que ponen en consecuencia en más alto riesgo a la naturaleza. Esto quedó evidenciado con los estudios que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha realizado en torno a la deforestación en los municipios colombianos. En donde mostró como, entre 1990 y 2013, los municipios con conflicto armado se deforestan de manera más rápida frente a los que no lo sufren. La proporción es de 6,5 hectáreas por cada 1.000 hectáreas de bosque frente a 2,6 en los municipios sin conflicto. Es decir, las nuevas guerras potenciarán la deforestación casi tres veces más. La segunda consecuencia es que el posacuerdo con las Farc-ep ha sido convertir los antiguos teatros de guerra en paraísos naturales por descubrir y proteger. Así ocurre, con el las selvas cercanas al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de La Plancha, en Anorí, Antioquia, donde la misión Colombia Bio Anorí 2018, acompañados por varios exguerrilleros de las Farc, logró identificar al menos 14 nuevas especies animales y botánicas, y mostró que en término de fauna aún hay mucho por descubrir en Colombia. Esta fue una bella experiencia que sirvió para evidenciar la riqueza natural que existe en el país y el papel tan importante que cumple y podría cumplir los firmantes de la paz en la defensa de esta biodiversidad. El Acuerdo Final podría aprovecharse para elevar dos cometas con el mismo viento: por un lado, servir como herramienta para proteger el medio ambiente y, por el otro, para convertir los territorios biodiversos en escenario para la reconciliación. Es decir, el proceso de reincorporación colectiva con los exguerrilleros Farc-ep serviría para proteger buena parte de los territorios y a la vez ayudar a cumplir la promesa de reparación y reconciliación. Se habló de la necesidad de desarrollar un plan de zonificación ambiental, que permita actualizar y de ser necesario ampliar el inventario y caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo especial, tales como las zonas de reserva forestal, las zonas de alta biodiversidad, los ecosistemas frágiles y estratégicos, las cuencas, los páramos y los humedales. Fotografía: Pares. En el punto uno, en particular, se acordó trabajar en el acceso y uso de la tierra, la protección de zonas de reserva y el fortalecimiento de la reserva forestal. En especial, se habló de la necesidad de desarrollar un plan de zonificación ambiental, que permita actualizar y de ser necesario ampliar el inventario y caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo especial, tales como las zonas de reserva forestal, las zonas de alta biodiversidad, los ecosistemas frágiles y estratégicos, las cuencas, los páramos y los humedales. Y en el cuarto punto, relativo a la solución del problema de las drogas ilícitas, se dijo que una de las problemáticas a atender es la presencia de los cultivos de uso ilícito en los Parques Nacionales Naturales (PNN). Esto a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos que involucra a las comunidades que los habitan en el control, restauración y protección efectiva para garantizar el bienestar, el buen vivir y la preservación y conservación de estos lugares. En este sentido, la implementación del Acuerdo Final en las zonas definidas como prioritarias, las acciones viables a tomar serían, vincular laboralmente a los exguerrilleros como guardabosques, encargados de coordinar labores de conservación y protección ambiental y con esto fortalecer la gobernabilidad ambiental. Y la asignación de tierras a víctimas del conflicto, campesinos, colonos e incluso excombatientes con el compromiso de construir redes de conservación y protección de las reservas forestales y Parques Nacionales Naturales. Acciones como las propuestas, podrían contribuir con la meta de reconciliarnos con la naturaleza. Ayudarían, por un lado, a reducir la huella causada por los daños ecológicos de la guerra, y a atender a esta “víctima olvidada” del conflicto, pues a la naturaleza también se le mutila, envenena, destruye, sacrifica, quema y desplaza. Y por el otro, a preservar el medio ambiente y con ello al mantenimiento de la paz, a la reducción del riesgo de futuros conflictos armados y a cuidar responsablemente la herencia de las generaciones futuras.

Por: Guillermo Segovia. Columnista Pares. La masacre del Palacio de Justicia es uno de los hechos más execrables de nuestra historia. Una salvajada que discurre de forma clara, grotesca y miserable ante los ojos absortos de cualquiera en los videos que testimonian la barbarie cometida el 6 y 7 de noviembre de 1985. Una carnicería iniciada por una delirante acción guerrillera del M19 y conjurada, sin contemplación humana, por el gobierno de Belisario Betancur, rebasado por las Fuerzas Armadas, que se había estrenado blandiendo la bandera de la paz y había prometido que no se volvería a derramar “ni una gota más de sangre colombiana”. Qué imagen puede ser más bestial que una decena de tanques urutú irrumpiendo a cañonazos, tras parada marcial en plena Plaza de Bolívar, en un recinto en el que 35 guerrilleros se potenciaban para controlar más de 300 rehenes y repeler el ataque de la fuerza pública que llegó a concentrar tres mil efectivos en la retoma, descargando rockets, fusiles, pistolas, metrallas, bombas, granadas y lanzallamas. Total desdén por la vida y el Derecho Internacional Humanitario. Pírrica forma de “mostrarle al mundo cómo se combate al terrorismo”, al decir del comandante del ejército, Rafael Samudio, y macabra manera de “mantener la democracia, maestro”, como manifestó presuntuoso el entonces coronel Plazas Vega. Resultado del demencial tiroteo y el pavoroso incendio provocado de la sede judicial: cera de cien muertos, muchos de ellos incinerados, incluidos los miembros del comando guerrillero, varios con cargos de dirección en la organización -algunos capturados y eliminados-, once miembros de la Fuerza Pública y organismos de seguridad y parte de la cúpula de las altas cortes, en particular de la Corte Suprema de Justicia. Once desaparecidos y una guerrillera, Irma Franco, trasladada a instalaciones militares, torturada y asesinada. El eminente criminólogo Alfonso Reyes Echandía, Presidente de la Corte, murió de un balazo que no provenía de armas de la guerrilla, según testimonio de su hijo, el exministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, al igual que su colega Manuel Gaona. El magistrado auxiliar Carlos Urán, fue sacado vivo, eliminado y regresado al lugar. Su familia lo identificó en el anfiteatro con signos de tortura y un tiro de gracia. La manipulación de la escena del crimen y de los cuerpos, lavados y amontonados y luego inhumados indistintamente, impidió determinar la causa de muchas muertes, pero en algunas en las que fue posible, el patrón fue similar. Los once magistrados, sus auxiliares y colaboradores muertos constituían la que se ha considerado una de las más insignes cortes de la historia judicial del país. “-Que después les hagan monumento”, se escucha en una comunicación militar. Una Corte civilista aniquilada Los magistrados Alfonso Reyes E., Manuel Gaona, Carlos Medellín, Ricardo Medina y los magistrados auxiliares Emiro Sandoval y Carlos Urán, entre otros, eran juristas de orientación liberal, defensores de los Derechos Humanos, críticos de la democracia restringida de cogobierno con las Fuerzas Amadas y de justicia castrense aplicada a los civiles, que en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional imperaba en América Latina a instancia de Estados Unidos, en desarrollo de la “Guerra fría” de confrontación con el comunismo, el “enemigo interno”, denominación que volvió sospechosa la protesta social. Cerca de millar y medio de procesos por violaciones a los Derechos Humanos por militares, cursaban en la Corte, que ya había producido la primera condena que involucraba al Ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, suegro del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, Director de la Escuela de Caballería, al mando in situ de los operativos del Palacio. Vega comandaba el Cantón Norte, la víspera de año nuevo de 1980, cuando el M19 sustrajo por un subterráneo 5 mil armas y activó la cacería contrainsurgente del ejército, una oleada represiva contra la que se levantaron sectores políticos y sociales en el Primer Foro Nacional por los Derechos Humanos. A consideración del máximo tribunal se encontraba la demanda de constitucionalidad del Tratado de Extradición con EE.UU., del que era partidaria la mayoría, por lo cual recibían presiones de la poderosa mafia del narcotráfico en ascenso y conquista de fracciones del poder, con amenazas de muerte que casi siempre se cumplían. Estudiaba también los expedientes con solicitudes de aplicación de dicho acuerdo, cuya quema esgrimieron el gobierno, los militares y los medios como objetivo de la toma con supuesta financiación de la mafia. Acusación que ha hecho carrera en series televisivas pero fue desmentida por exmiembros del M19 ante la Comisión de la Verdad, surgida de los acuerdos de paz con las Farc. Por otra parte, la existencia de copias de las solicitudes en la cancillería y la embajada americana desvirtúa que esa fuera la razón de la operación guerrillera. En la Constituyente de 1991, mediante acuerdo, en medio de una criminal arremetida de la mafia, el gobierno Gaviria, la dirigencia política y el desmovilizado M19, prohibieron la extradición. Los desaparecidos evitaron el olvido Las familias de las personas desaparecidas han estado sometidas durante 35 años al más doloroso caso de desidia por parte del Estado colombiano, que salvo actuaciones puntuales de la justicia, se desentendió de la situación de trabajadores y trabajadoras de la cafetería de Palacio y algunos visitantes, sobre quienes recayó la sospecha de los militares de haber guardado armas, pertrechos y comida para el comando guerrillero. Las investigaciones han concluido que los empleados de la cafetería pertenecían a familias humildes, algunos cursaban estudios profesionales y probablemente fueron asesinados luego de padecer torturas. En diciembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano a responder por tres de esos casos y al gobierno de turno a pedir perdón público. Después de una defensa jurídica innoble y mediocre -iniciada en el mandato Álvaro Uribe-, el gobierno aceptó el fallo y tras dilaciones, en el 30 aniversario, el gobierno de Juan Manuel Santos realizó una formal declaración de responsabilidad ad portas de tener que rendir cuentas a la CIDH sobre el cumplimiento de la sentencia, y se comprometió protocolariamente a contribuir con la búsqueda de la verdad sobre los desaparecidos. Al acto no asistió la cúpula militar ni el derechista Procurador General de entonces, Alejandro Ordoñez, quien pidió la absolución de los militares implicados en las desapariciones y que, en vista de la identificación de tres de los desaparecidos, se redujera el pago de la indemnización ordenada por la CIDH. Años atrás, ante decisión de un tribunal nacional de vincular al expresidente Betancur y la cúpula militar, Santos repudió la medida y pidió perdón a los involucrados. Reacción similar desató un llamado en el mismo sentido en noviembre de 2015. Los procesos se archivaron. Una acción alucinada La toma de la sede del poder judicial por el M19 fue un ofuscado, angustiado y errático acto de guerra de una organización insurgente que trataba con violencia de rehacer los acuerdos de paz suscritos con el gobierno de Belisario Betancur, una paz armada negociada y mal avenida, en medio de constantes refriegas provocadas por la ostentación guerrillera y la no disimulada animadversión de las Fuerzas Armadas y del grueso del establecimiento. Una acción temeraria, por diversas razones, atolondrada y obstinada, advertida y debidamente anticipada por el ejército que la repelió casi de inmediato y con un objetivo definido: “hay que acabar con todo”, o como señala una de las sentencias de la Corte Suprema: “aniquilar al enemigo”. Una de las líneas de investigación que adelantó la Fiscalía se orientó a examinar si los guerrilleros fueron conducidos a la “cueva del ratón” por unas fuerzas armadas hastiadas de sus andanzas y humillaciones y poco afectas a tanto “abogado comunista”. Con la “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, según la proclama de “demanda armada”, inspirada en un pronunciamiento del líder liberal y militar Rafael Uribe Uribe durante la Guerra de los Mil Días de comienzo del siglo XX, preparada para hacerse pública una vez copado y controlado el palacio, el M19 pretendía, a través de un derecho de petición a la Corte Suprema de Justicia, enjuiciar al gobierno Betancur por los incumplimientos a los acuerdos de paz que, en su análisis, constituían un documento jurídico-político extra constitucional vinculante para las partes. Un absoluto delirio. Para entonces, al decir del exministro de gobierno, Jaime Castro, el gobierno había logrado el desprestigio político del M19, éste había recibido bajas de alto valor, aunque realizaba operativos de gran impacto (atentados contra el Ministro Castro, el General Samudio y guarniciones militares), la Corte Suprema tenía enemigos en varios frentes y las Fuerzas Militares y los adversarios de los acuerdos habían copado el escaso margen político con que Betancur inició su política de paz. Tal como lo han reconocido miembros sobrevivientes del M19, incorporados a la vida civil, tras acuerdos con el gobierno de Virgilio Barco en 1989, la toma del Palacio de Justicia constituyó un error político garrafal derivado de un equívoco análisis de coyuntura, una ligera valoración de la correlación de fuerzas y una ingenua apreciación sobre cómo reaccionaría el gobierno. El golpe militar y político recibido y el daño causado, la muerte de sus comandantes Ospina y Fayad en los meses siguientes, el contexto del fin del socialismo soviético y una nueva lectura de la realidad, llevaron a ese grupo a la paz. Las injustificables razones de Estado La errónea creencia de que el gobierno preservaba el mando sobre la Fuerza Pública y que protegería a la rama judicial, y, por tanto, aceptaría negociar, llevó al M19 a realizar la toma. La súplica desoída del presidente de la Corte, Alfonso Reyes: “por favor, que cese el fuego”, que aun retumba y duele, patentizó la equivocación. De pronto, no porque el presidente de la república no lo hubiera deseado, sino porque, desplazado del mando, no pudo y asistió cobardemente a la masacre para asumir sumiso la responsabilidad política de la acción militar y luego justificarse con la deleznable excusa de que el país habría caído en manos del terrorismo. El exministro Castro se sostiene en la legitimidad, legalidad y conveniencia del operativo de retoma y en que el presidente determinó no negociar desde el primer momento. Como éste guardó silencio hasta su muerte, más allá de pedir un perdón formal, no se ha podido determinar la verdad. Castro fungía como urticante notario del proceso de paz, había sido objetivo de un fallido atentado del M19 y su esposa, junto con el hermano del Presidente, fueron liberados antes de desatarse el nefasto contra ataque al palacio. La Ministra de Comunicaciones, Nohemí Sanín, quien se hizo sentir censurando a los medios afirma que no tiene que arrepentirse de nada pues contribuyó a evitar mayores desordenes. Evita considerar que la información sin mordaza habría podido generar la presión necesaria por un cese al fuego y diálogo que suplicaban los rehenes y demandaba el comando insurgente, con lo cual probablemente muy distinto habría sido el desenlace. Prefirió ordenar la trasmisión de un partido de fútbol mientras decenas de personas morían abaleadas o calcinadas. Los directores de los medios pasaron de la aceptación de la censura y la defensa cerrada de la determinación institucional a la admisión prudente, décadas después, de dudas y al cuestionamiento por los excesos cometidos. Mientras sucedieron los hechos y pudieron, varios reporteros sacaron al aire las voces angustiadas de rehenes y guerrilleros. Los camarógrafos y fotógrafos captaron y publicaron imágenes dantescas. Pero, en general, las cabezas de los medios, cuando había que hablar, cohonestaron o callaron. El vergonzoso pacto de silencio Con escasas y lúcidas excepciones, entre ellas las dubitativas denuncias del Ministro de Justicia Enrique Parejo, la brillante, reveladora y jurídicamente irrebatible intervención del parlamentario Álvaro Uribe Rueda en el debate del Congreso tras los sucesos, la creación de la Fundación Pro Esclarecimiento de los Hechos del Palacio por Juan Manuel López Caballero, la apertura de investigación por el Procurador Jiménez Gómez y la conclusión de la existencia de un “pacto de silencio” para ocultar la verdad, denunciada por la Comisión de la Verdad conformada en 2005, que, en lo demás, cohonestó sin más versiones manipuladas de los hechos, jamás hubo voluntad del Estado porque se conociera lo sucedido en esas 28 horas de horror y vergüenza. Salvo los mencionados y algunos otros, las ramas del poder público, incluido un sector cada vez menos decente de las cortes, la clase política, los medios y el establecimiento cerraron filas a fe ciega en torno al gobierno y las Fuerzas Armadas y sobre el M19 se descargó toda la responsabilidad del holocausto. Nilson Pinilla, quien presidido la mencionada comisión y luego la Corte Suprema, afirmó la existencia de un acuerdo para enmascarar lo que pasó. Durante tres décadas y un lustro el país ha sido testigo de una coartada institucional para la impunidad que cubrió a los civiles y, salvo excepciones, ha jugado en favor de los miembros de la fuerza pública que actuaron en los hechos. Pacto de cuando en cuando interrumpido por nuevas investigaciones obligadas por la presión internacional, de los familiares de los desaparecidos y de los abogados solidarios con ellos, uno de los cuales, Eduardo Umaña Mendoza, fue asesinado, al parecer en retaliación por los avances en sus pesquisas. Los procuradores Carlos Jiménez y Alfonso Gómez, pagaron con exilio, calumnia y extrañamiento su posición de investigar y sancionar a los militares responsables de violación de los derechos humanos. La Fiscalía, con intermitencia, trató de develar misterios en los periodos de Gómez Méndez y Mario Iguarán. En este último, la fiscal Ángela Buitrago realizó una investigación a fondo y sustentó la acusación que llevó a la sentencia, por la juez penal María Estela Jara, del Coronel Plazas Vega y el General Arias Cabrales por desapariciones, en un accidentado proceso, plagado de presiones y amenazas a las operadoras judiciales. Plazas fue condenado a 30 años y absuelto por la Corte, luego de 8 años en prisión. A Arias Cabrales, el máximo tribunal le ratificó una condena de 35 años por su papel determinante en el operativo de retoma y trato de los liberados. Buitrago fue relevada intempestivamente de su cargo y Jara pagó con sicosis de terror su atrevimiento. Otros militares han sido juzgados o son investigados por la justicia ordinaria, en aletargados procesos, como el Coronel (r) Edilberto Sánchez y el mayor (r) William Vásquez condenados a 40 años por desapariciones, los generales (r) Rafael Hernández y Carlos Fracica vinculados a la desaparición y muerte del magistrado Carlos Urán y torturas a 3 estudiantes, caso aún por definir, el coronel (r) Iván Ramírez, condenado y absuelto en 2011, decisión impugnada y pendiente en la Corte Suprema. Ramírez inició en 2018 trámites de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz pero los familiares de los desaparecidos se niega a que se acepte y a constituirse en víctimas pues consideran que se trata de crímenes de estado de lesa humanidad. El exfiscal Eduardo Montealegre se empeñó en determinar la suerte de los desaparecidos y las responsabilidades en los operativos militares, logrando esclarecer algunos casos que, a la vez, generaron nuevas sombras. Con el tiempo se ha logrado identificación de restos que llevaron a comprobar equívocos, con el consecuente sufrimiento de quienes creían eran los de sus familiares y de quienes ponían fin a la incertidumbre con dolor. En la línea del encubrimiento un fiscal delegado llegó a afirmar que nunca existieron desaparecidos si no cadáveres “mal entregados o mal identificados”, ante la indignación de familiares de personas de las que no se sabe aún su destino trágico. "Solo la verdad os hará libres" Algunas investigaciones judiciales han coincidido con las divulgaciones o los hallazgos de notorios trabajos periodísticos adelantadas tras los hechos, como las Manuel Vicente Peña, Ramón Jimeno, Germán Hernández, Jorge Rojas-Germán Salgado y Olga Behar, con una versión de Clara Elena Enciso, la única sobreviviente del M19. Sobre el decurso pasmoso del proceso judicial de más de 20 años es diciente el trabajo Holocausto en el silencio de Echeverry-Hanssen. Con la profundidad, acervo y distancia de los años, se publicaron Prohibido Olvidar, ensayo crítico de Gustavo Petro y Maureén Maya, El Palacio sin máscara, documentado y estremecedor reportaje de Germán Castro Caycedo y el excepcional, Palacio de Justicia Una tragedia colombiana de Ana Carrigan. A los que se suma el reciente y dolido testimonio de Helena Urán Bidegaín sobre su padre. También varios títulos literarios se han ocupado del triste acontecimiento. También son reveladores los documentales 28 horas bajo fuego, producido por Adriana Villamarín y Juan Antonio Venegas para Señal Colombia, y La Toma de Angus Gibson y Miguel Salazar, financiado pero nunca exhibido por RCN Cine. El hecho sirvió de tema para el discreto largometraje Antes del fuego y el homenaje a los desaparecidos plasmado en la historia de la Siempreviva, versión en cine y obra teatral homónima de Miguel Torres, puesta en escena hace 25 años, basada en la historia de la desaparecida empleada de la cafetería del Palacio de Justicia, Isabel Cristina Guarín, cuyos restos fueron identificados en octubre de 2015 por el Instituto de Medicina Legal a instancias de la Fiscalía. Contra el deseo de algunos aún no se ha cerrado el nefasto episodio del Palacio de Justicia. Sin la verdad sobre ese hecho vergonzoso por parte de todos los implicados, el pasado reciente de Colombia estará siempre en cuestión. En ese propósito es fundamental que los involucrados en las decisiones políticas y militares de la masacre del palacio rompan su silencio. La Comisión de la Verdad es un oportuno escenario para que se conozca la realidad de ese hecho tan monstruoso. En la sangrante historia de Colombia esa sigue siendo una herida sin cicatrizar.

Por: Germán Valencia. Columnista Pares. La bienvenida a la vida civil que en Colombia se les ha dado a los excombatientes no ha sido la mejor. La dejación de las armas, que debería ser el inicio de una gran fiesta por la paz, se ha convertido para muchos reincorporados en el inicio de una condena a muerte. Es decir, en lugar de darles un valor especial por la sabia decisión de abandonar las armas y dejar ser causantes de tanto dolor, se les estigmatiza y se les quiere matar. Este es un comportamiento constante en Colombia a lo largo de las últimas cuatro décadas. Un ejemplo fue el exterminio sistemático que ocurrió con los desmovilizados del Ejército Popular de Liberación ˗EPL˗. La agrupación en mención, que fue la más numerosa en la dejación de armas durante el gobierno de César Gaviria, con cerca de 2.000 integrantes, sufrió la muerte de la mayoría de sus miembros en la etapa de pos acuerdo. Luego de cuatro años de la firma del Acuerdo Final, los exguerrilleros de las Farc asesinados son 236. Año a año esta cifra ha ido aumentando: en 2017 fueron 35, en 2018 aumentó a 75 y en 2019 subió a 86; siendo los departamentos de Nariño, Antioquia y Cauca los territorios con mayor número, y los municipios de Ituango, Peque, El Charco, Tumaco, Santa Cruz y Ricaurte los lugares más recurrentes. Imagen: Pares. También le ocurrió a los desmovilizados del M-19, el Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista. Todas estas exguerrillas vieron como líderes, caso Carlos Pizarro, y excombatientes rasos comenzaron a caer en medio de sus procesos de reintegración. Fueron firmantes de la paz que sufrieron homicidios, atentados, desplazamientos y amenazas, en medio de un recrudecimiento de la guerra y una expansión de los grupos paramilitares. Incluso, la muerte persiguió sin tregua a los desmovilizados de los exintegrantes de las Autodefensa Unidas de Colombia −AUC−. Según las cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización −ARN− son alrededor de 5.000 los asesinados de esta organización y, aproximadamente, 500 en tan solo el territorio del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Lo que significa que luego de dejar las armas, la lucha por proteger su vida continuó. La anterior situación funesta se mantiene en la actualidad. Luego de cuatro años de la firma del Acuerdo Final, los exguerrilleros de las Farc asesinados son 236. Año a año esta cifra ha ido aumentando: en 2017 fueron 35, en 2018 aumentó a 75 y en 2019 subió a 86; siendo los departamentos de Nariño, Antioquia y Cauca los territorios con mayor número, y los municipios de Ituango, Peque, El Charco, Tumaco, Santa Cruz y Ricaurte los lugares más recurrentes. De allí que con justa causa los firmantes de la paz hayan marchado esta última semana a la capital del país para decirle al Gobierno nacional y a toda la ciudadanía: ¡paren ya el genocidio contra nosotros! La decisión de realizar esta Peregrinación por la Vida, la Paz y la Implementación del Acuerdo Final se dio luego de la muerte del exguerrillero y líder de la reincorporación del Meta, Juan de Jesús Monroy, y de su escolta, Luis Alexander Largo, el 21 de octubre pasado. La marcha que llegó hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá, este primero y dos de noviembre, trajo excombatientes y familiares desde el sur, el norte y suroeste del país; reunió personas que viven en recónditos lugares en Chocó, Antioquia y Villavicencio. Y en su camino se le fueron sumando más y más peregrinos, en el paso por Melgar, Fusagasugá y Guaduas. Además, contó con la presencia de la Guardia Campesina y comunidad del Catatumbo. La marcha la realizan los firmantes de la paz con el objetivo de llamar la atención al Gobierno nacional para que paren los asesinatos, las desapariciones y los intentos de homicidio a los que se ven sometidos todos los días. Quieren que el Gobierno tome las medidas necesarias para garantizar la vida a los firmantes de la paz. No quieren que se les diga solamente que los causantes de este horror son sus antiguos camaradas, el Ejército de Liberación Nacional −ELN−, el Clan del Golfo o el mismo Ejército Nacional: Lo que desean es que pare el terror contra ellos. De allí que con justa causa los firmantes de la paz hayan marchado esta última semana a la capital del país para decirle al Gobierno nacional y a toda la ciudadanía: ¡paren ya el genocidio contra nosotros! La decisión de realizar esta Peregrinación por la Vida, la Paz y la Implementación del Acuerdo Final se dio luego de la muerte del exguerrillero y líder de la reincorporación del Meta, Juan de Jesús Monroy, y de su escolta, Luis Alexander Largo, el 21 de octubre pasado. Imagen: Pares. Quieren con estos actos públicos los firmantes de la paz decirnos también a todos los colombianos que su compromiso con la paz sigue firme. Que su decisión es quedarse en la vida civil y permanecer a pesar de la violencia contra ellos. Que el hecho de estar marchando, como lo hicieron valerosamente los indígenas el mes pasado, es una muestra de respeto por la democracia. Además, recordarnos que su voz es la única arma con que cuentan hoy para hacerse escuchar. Se nos recuerda como sociedad que tenemos una gran responsabilidad con los firmantes de la paz. Debemos cuidar su vida, su honra y sus bienes. Es un derecho de nosotros que se han ganado al dejar las armas y una obligación del Estado. Rodearlos, brindarles refugio entre nosotros como comunidad, es la mejor manera de protegerlos de la muerte. Debemos unirnos para defender el valor de la vida humana, como primer y más importante paso para construir la paz. De seguir asesinándolos, estaríamos acabando con nuestro líderes y lideresas, con ese capital político que prometimos cuidar. Incluso, podríamos causar que estos firmantes de la paz recurran a la clandestinidad y que se oculten en medio de la gente, haciéndoles negar lo que fueron. Perderíamos así una bella oportunidad para la reconciliación y el perdón. Hay que permitir a los reincorporados el derecho que tienen a realizar una vida social, económica y política. A tener un techo, una familia y un proyecto de vida. El Estado debe trabajar en cumplir lo pactado, en dar seguridad a los reincorporados, a construir políticas con un enfoque de seguridad humana integral. Para ello, es preciso rodear y fortalecer la reincorporación, dándoles certidumbres y claridades a los desmovilizados, y brindándoles garantías de seguridad no solo a ellos, sino a sus familias y a las comunidades.

Por: Guillermo Segovia. Columnista Pares. Los recientes resultados políticos y electorales en América Latina parecieran indicar que, antes de lo esperado, la izquierda está retornando al manejo del gobierno luego de la, en apariencia, avasalladora reacción de la derecha para cortar el ciclo progresista de comienzos de siglo, que sin distingo de caracterizaciones y radicalidad, los medios y propagandistas adversos de aquella corriente con acento social englobaron en la denominación imprecisa y confusa de “Socialismo del Siglo XXI”, que reivindicaron Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, e, incluso, Ecuador bajo Correa, pero, a pesar de su cercanía, menos beligerantes, no asumieron Luis ‘Lula’ Da Silva y su sucesora Dilma Rouseff en Brasil, la pareja de los Kitchner en Argentina, Vásquez-Mujica en Uruguay y la moderada Michelle Bachellet en Chile. En este último país, con un imponente respaldo del 78% de los votantes al Sí en el referéndum por la derogatoria de la Constitución herencia de la dictadura de Pinochet, con la que gobernaron sucesivamente derecha y centro durante cuatro décadas, el movimiento social -dinamizado por los estudiantes desde comienzos de siglo- luego de la insubordinación de octubre de 2019, dio un primer campanazo de despedida al modelo neoliberal de crecimiento económico con desigualdad, democracia contralada y futuro incierto, imperante. Un triunfo con enormes expectativas puesto que, si bien, el actual Congreso queda marginado de la Convención Constituyente paritaria que elaborará la nueva carta magna, los partidos tradicionales, adeptos de la dictadura o los que integraron la concertación posterior, están habilitados para la competencia por escaños frente a una representación popular juvenil activa en las calles pero ahora impelida de organizarse en función de traducir el descontento nacional en fuerza electoral que imponga mayorías para orientar el proceso y cumplir las expectativas de transformaciones que anima el espíritu de los últimos meses. Existe el riesgo que las organizaciones partidarias, duchas en eventos electorales y manejos mediáticos, logren hacerse al escenario o constituirse en freno a propuestas de cambios de carácter político, social y económico, más aun cuando los acuerdos políticos impulsados por el gobierno derechista de Sebastián Piñera -quien al inicio reprimiera y denostará acremente la protestas y ahora se proclama promotor de la renovación- para la convocatoria el referéndum implicaron la imposición de varias limitaciones al alcance del ejercicio constituyente. Pero una salida así, con un pueblo empoderado, será un sainete que los “cabros” no se dejarán montar. La contundente victoria de Luis Arce y David Choquehuanca en Bolivia, tras un año de gobierno espurio nacido de una conjura de la derecha interna y continental -con simpatía en Colombia- en contubernio con el secretario de la OEA, que manipuló los resultados electorales de año 2019 que dieron como ganador a Evo Morales para un cuarto período continuo, demostró, a diferencia de lo pretendido por la alianza golpista, la fuerza del proceso de cambio de raigambre popular que incorpora a los pueblos indígenas y sectores subalternos resueltos a profundizar el proyecto de nación pluriétnica, anticolonial y de justicia social iniciado por Morales, en medio de las dificultades económicas provocadas por la pandemia y los posibles manejos antinacionales del mandato dictatorial transitorio que cogió relajado al movimiento popular. En Argentina, ahogada por la deuda externa, la quiebra y la crítica herencia social del gris liderazgo neoliberal de Mauricio Macri, el peronista de Alberto Fernández en fórmula con la expresidenta Cristina Kitchner, tras una arrolladora y sorpresiva victoria con un programa popular, se posesionó para lidiar la pandemia el Covid 19, con uno de los más largos confinamientos del mundo y sus implicaciones, y afrontar negociaciones favorables con el FMI. Las cifras iniciales de su aceptación han ido cediendo por efectos de la crisis, ante la cual es escaso su margen de maniobra, pero se le reconoce el acento social de su gestión, a prueba en un trance difícil. En el extremo norte Andrés Manuel López Obrador (AMLO) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cumple su segundo año del sexenio de gobierno acosado por demandas de cambios acordes con las expectativas generadas por el primer gobierno de izquierda de México, el acoso de una prensa empresarial adversa y las consecuencias del manejo de la pandemia, frente a la cual fue reticente en sus inicios, evitando imponer confinamientos que afectaran a la alta población que vive de la informalidad, pero con una caída notoria de la economía. Persiste en su cruzada anticorrupción que inició con gestos de austeridad en el gasto público, continuo con la inclusión constitucional de la extinción de domino y por la que promueve una consulta nacional que apruebe el enjuiciamiento de sus antecesores. Un robusto pero progresivamente aminorado plan de transferencias directas a jóvenes, ancianos, madres cabeza de hogar y personas con habilidades especiales, convertidos en derechos constitucionalizados, conforman su política social “Desde abajo” para enfrentar la pobreza sin implicar hasta ahora cambios estructurales, no obstante que prometió sepultar el neoliberalismo. Con el petróleo y las remesas de migrantes en EE.UU. como principales fuentes de ingresos y proyectos como “El tren maya”, que atravesaría importantes centros arqueológicos, causas como la lucha contra el cambio climático, el ecologismo y las energías alternativas son consideradas por AMLO “izquierdismo radical”, distanciando a este sui géneris líder popular de concepciones más avanzadas del campo progresista en el continente. Con EE.UU. mantiene una solución pragmática en materia económica, al costo de dar la espalda a la emigración centroamericana pero garantizar la supervivencia de 30 millones de compatriotas al norte del río Bravo. No obstante la agresividad en el desconocimiento de derechos, el despliegue machista, militarista y armamentista, el impulso a la depredación de la Amazonía, el desafío atorrante de la pandemia, en el Brasil de Bolsonaro no se asoma con fuerza la conjunción de fuerzas que reivindique y empuje al Partido de los Trabajadores, luego que las tácticas de la guerra jurídica de la derecha pusieron en la cárcel a ‘Lula’ y fuera de la presidencia a Dilma Rousseff. Consecuencia también del alejamiento del PT en el gobierno de sus bases, de haber generado desencanto y no provocar aun nuevos entusiasmos. En Ecuador, el impacto social de un acuerdo de estabilización pactado con el FMI tensiona el ambiente. Antes de la pandemia y en coincidencia con los levantamientos sociales de Colombia y Chile, los indígenas con sus ponchos rojos se hicieron sentir llevando su palabra al palacio de gobierno para rechazar medidas económicas neoliberales. Un debilitado, desprestigiado y supeditado Lenín Moreno, en el gobierno gracias a la traición al respaldo de la revolución ciudadana de su antecesor y mentor Rafael Correa, por ahora inhabilitado por los tribunales pero con respaldo popular, podría haber sido una interrupción amarga, en un proceso de cambio que augura nuevos rumbos con protagonismo de los pueblos originarios. Cuba exhibe la fortaleza institucional y social de su proceso socialista, único en América, pero no dejan de generar preocupación los efectos del endurecimiento del bloqueo por Trump en la búsqueda de abrir espacio al descontento por carencias a lo que se suma el cada vez más reducido apoyo petrolero y en los intercambios de Venezuela. No obstante, ha sido admirable como enfrentó los efectos de la pandemia y huracanes preservando la vida de los suyos, apoyando a otros países con su personal sanitario e intentando contribuir con la búsqueda científica de alternativas y soluciones. Colombia se acerca a las elecciones presidenciales de 2022 con inmensas expectativas de una inflexión histórica en el gobierno. El descontento económico y social, agudizado por los efectos de la pandemia en el empleo y las condiciones de vida, el comportamiento del gobierno como una administración en favor del gran capital, demagógica, dependiente e insensible, el desprestigio y caída de popularidad de Uribe y su corriente política. Imagen: Pares. Venezuela intenta relegitimar su opción a través de un nuevo proceso electoral en el que un sector de la oposición agotado y hastiado de una confrontación contra el régimen que, a pesar de sanciones económicas y diplomáticas, con el liderazgo insidioso de Colombia, ha resultado infructuosa. Nicolás Maduro se sostiene con el respaldo de las Fuerzas Armadas, concentración de poder, déficit democrático, represión, enormes dificultades económicas, escases de combustibles en un país petrolero, pero con apoyo popular derivado de programas sociales y adherencia al legado ideológico y político del chavismo. A diferencia del resto de Latinoamérica, Argentina y México son adversos a salidas a la apremiante situación, distintas a las que establezcan los venezolanos con el concurso del gobierno actual. En la consolidación, trasegar y posibilidades de ese viraje latinoamericano hacia opciones con objetivos sociales y participativos se torna determinante el resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Pareciera que la procacidad supremacista y los desafiantes desvaríos pendencieros de Donald Trump a los derechos, la mujer, las minorías, la ciencia y las instituciones democráticas, no obstante el apoyo de la derecha racista, han desatado la reacción electoral democrática en apoyo a la agenda liberal de Joe Biden. Del relevo en EE.UU. dependen, en buena medida, las posibilidades de nuevos horizontes o la dependencia inestable y virulenta de América Latina. Venezuela intenta relegitimar su opción a través de un nuevo proceso electoral en el que un sector de la oposición agotado y hastiado de una confrontación contra el régimen que, a pesar de sanciones económicas y diplomáticas, con el liderazgo insidioso de Colombia, ha resultado infructuosa. Imagen: Pares. En este panorama, Colombia se acerca a las elecciones presidenciales de 2022 con inmensas expectativas de una inflexión histórica en el gobierno. El descontento económico y social, agudizado por los efectos de la pandemia en el empleo y las condiciones de vida, el comportamiento del gobierno como una administración en favor del gran capital, demagógica, dependiente e insensible, el desprestigio y caída de popularidad de Uribe y su corriente política, parecen augurar que, tras la disputa en segunda vuelta en las elecciones de 2018, los cambios en las grandes capitales y el Paro N21 en 2019, y la movilización social en curso, será la hora de una gran alianza progresista.

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares. En Colombia se ha hecho habitual que el último trimestre del año se intensifique la protesta social. Cada año, por esta época, miles de ciudadanos salen a la calle a levantar su voz de reproche contra el Gobierno nacional. Lo hacen porque no están a gusto con lo realizado durante el año. La gente no quiere que finalice el ciclo sin que el político escuche su expresión de desagrado. Además, desean que no se repita la misma historia el próximo año, y hacen el llamado para que se tomen otras acciones. Los ciudadanos recurren a los diversos mecanismos que le ofrece el sistema democrático para movilizar la opinión pública y hacer que los gobernantes los atiendan. Entre los más utilizados están las marchas, los paros y las manifestaciones públicas. Incluso, para ser atendidos, los ciudadanos recorren muchas veces grandes extensiones, se desplazan desde lejanos lugares, con el objetivo de llegar a las emblemáticas plazas y alzar las vallas, encender los micrófonos y hacer escuchar con su estentórea voz. Nuestros gobernantes se están comportando como típicos empresarios capitalistas. Quieren que los ciudadanos, si no están de acuerdo con las decisiones que ellos toman, actúen como clientes insatisfechos: se mantenga silencio, busquen otra tienda o empresa mejor y se vayan. Piensan como presuntuosos dueños: ante un cliente insatisfecho es mejor que abandone el local. Imagen: Pares. En este sentido, lo más lógico sería que los gobernantes atiendan la voz, y a partir de ella exploren soluciones para las demandas de los insatisfechos ciudadanos. Esa fue la recomendación que Albert Hirschman realizó, en la década de 1970, en su libro Salida, voz y lealtad. Recomendó a los políticos que lo mejor que podían hacer ante las fallas en el sistema social y al deterioro del Estado era escuchar su voz de la ciudadanía. La voz, nos decía, opera como un potente instrumento que alerta al gobernante sobre las fallas del sistema. Sirve para que los representados enuncien su punto de vista a sus gobernantes, expresen su sentir y tomen decisiones acordes a las demandas sociales. Pero las marchas y manifestaciones públicas, desafortunadamente, no les gustan a nuestros mandatarios. Mucho menos los actos donde se le alza la voz, se causa ruido y se denuncie públicamente el mal actuar de su administración. Estos no quieren escuchar la voz ciudadana. Los habitantes de la Casa de Nariño o del Capitolio Nacional no se sienten a gusto con estos actos de desagravio públicos. Consideran la voz del ciudadano como palabra ruidosa y desagradable. Conciben al marchante como una especie de adversario político al que no hay escuchar y en su lugar atacar. Nuestros gobernantes se están comportando como típicos empresarios capitalistas. Quieren que los ciudadanos, si no están de acuerdo con las decisiones que ellos toman, actúen como clientes insatisfechos: se mantengan en silencio, busquen otra tienda o empresa mejor y se vayan. Piensan como presuntuosos dueños: ante un cliente insatisfecho es mejor que abandone el local. No les gusta que el elector se pongan al frente del negocio con un cartel y alcen su voz para ahuyentar otros clientes. No quieren que se les incomode con las palabras que denuncian el mal servicio que prestan o el pésimo producto que entregan. Pero en un Estado de derecho como el nuestro no se le puede decir al ciudadano que emigre. El gobernante no puede decirle a su principal (elector) que abandone el país. Los ciudadanos normalmente no quieren irse del país. La salida o el exilio es la última opción que quieren explorar, es muy doloroso salir de su tierra. La ciudadanía activa quiere quedarse y hacer escuchar su voz de inconformidad. Desean, ante una situación de deterioro, utilizar la voz para cambiar las cosas. Confían en su capacidad para influir en el político y cambiar las práctica o acciones que toma. Una situación como esta fue la que se tuvo en Bogotá la tercera semana de octubre. Los indígenas que se manifestaron en la Plaza de Bolívar han querido manifestar su inconformismo con las acciones del Gobierno nacional. No ven la salida del país como una opción, ni siquiera remota; no quieren abandonar sus territorios, quieren quedarse, luchar por la vida, por la protección de los territorios ancestrales y por el cumplimiento de lo acordado. La voz es la única opción que tienen como comunidades indígenas para cuidar sus territorios y defender sus derechos. Nuestros gobernantes se están comportando como típicos empresarios capitalistas. Quieren que los ciudadanos, si no están de acuerdo con las decisiones que ellos toman, actúen como clientes insatisfechos: se mantengan en silencio, busquen otra tienda o empresa mejor y se vayan. Imagen: Pares. Por eso se puede decir que los indígenas y marchantes de las semanas pasadas supieron utilizar la voz. Se comportaron como auténticos ciudadanos, con una actitud alerta, activa y expresiva en sumo grado. Lograron mediante acciones de protesta movilizar la opinión pública. Y, como ciudadanos, exploraron diversos mecanismos para ser escuchados y presionar para que los malos comportamientos sean corregidos o al menos no sigan creciendo. Salieron a la calle como masa, se pararon frente a la casa del gobierno, tocaron la puerta y, aunque no se la abrieron, usaron la voz para hacerse escuchar con la intención de cambiar las cosas. Fueron directamente al lugar donde residen y se deciden los que ostentan el poder. Los indígenas que se manifestaron en la Plaza de Bolívar han querido manifestar su inconformismo con las acciones del Gobierno nacional. No ven la salida del país como una opción, ni siquiera remota; no quieren abandonar sus territorios, quieren quedarse, luchar por la vida, por la protección de los territorios ancestrales y por el cumplimiento de lo acordado. La voz es la única opción que tienen como comunidades indígenas para cuidar sus territorios y defender sus derechos. Imagen: Pares. De allí que se les puede decir a los manifestantes que participaron en estas marchas que hicieron lo que la política ama y defiende con mayor fuerza. Usaron el mecanismo más notorio que tiene la política para hacerse escuchar. Un mecanismo que a pesar de ser el más simple es el que mayor fuerza tiene en el sistema político. Se levantaron y a través de palabras expresaron lo que piensan, con la intención de aportar al mejoramiento de la sociedad. Se comportaron como actores que alerta sobre las disfuncionalidades del sistema y la necesidad de corregirlas. Alertando al gobernante sobre las fallas que se tienen. Y finalmente decirle al Gobierno nacional que no es bueno ver las ceños fruncidos de millones de colombianos. Aunque el sistema político puede sobrevivir con ciertas fallas, esta situación ni es buena ni se puede resistirse por mucho tiempo. Es necesario trabajar en acciones para corregirlas, siendo la primera de ellas escuchar la voz ciudadana. De esta manera se podría, como dice Hirschman, “evitar que el mal comportamiento se alimente a sí mismo”, crezca y se extienda a todo el sistema, y pueda, incluso, producir el colapso. La voz ayuda, es correctora, imaginativa y propositiva. Voz que, al ser escuchada, puede ayudar a cambiar la mala situación y “volverla a la senda correcta”, y dar esperanza al ciudadano, mejorando la gobernabilidad. Voz, que bien atendida, puede convertirse en una especie de buzón de sugerencias de clientes insatisfechos, y que al traer ideas puede reducir costos políticos y volver fieles y amigos a cliente-ciudadanos insatisfechos. En breve, convertir la voz de protesta en una bella oportunidad para aprender de los ciudadanos acerca de cómo mejorar políticas y aumentar confianza y lealtad en el sistema democrático.

Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares. Para nadie es un secreto la concentración de medios masivos de comunicación en manos de los grandes grupos económicos en el país y el mundo y, si bien, ya es recurrente el debate sobre la conveniencia de que la producción y difusión de información y opinión sea tratada desde un concepto mercantil, más preocupante es que, además, se hayan convertido en factor determinante en la inclinación ideológica y política de las audiencias, hecho tampoco nuevo, pero cada vez más cuestionado por la manera en que afecta la disponibilidad de oportunidades mediáticas para todos los actores de la vida política, es decir, es crítico para la democracia. Tras la experiencia de una prensa militante que acicateó la violencia de conservadores y liberales contra sus adversarios políticos, el acuerdo del Frente Nacional (1958-1978 y unos años más), permitió una alternación pacífica en el poder por los partidos señalados, que para el caso de los medios se tradujo en el alineamiento editorial incondicional con el poder. Así lo expresaron, en distintas épocas, el exdirector de El Tiempo, Hernando Santos, del noticiero de la cadena radial Caracol, Darío Arizmendi, y el codueño de la revista Semana, Felipe López: los medios son gobiernistas y del establecimiento. La polarización ideológica que implicó la irrupción derechista de Álvaro Uribe, no obstante, ha marcado algunas diferencias acentuadas en las posiciones de los medios frente a temas como la pobreza, la exclusión y la paz, antes, con ligeros matices derechistas en contra, considerados causa problemática y objetivo plausible. El mandato uribista (2002-2010) replanteó el relato histórico de los orígenes sociales de la confrontación e impuso una narrativa de guerra contra el terrorismo, intentando arrebatar a la insurgencia su carácter político y extendiendo el etiquetamiento a la protesta social, forma tradicional de control en el país. El nuevo lenguaje y mensaje fue comprado y divulgado -unos más otros menos- por los medios, en los que el contraste lo hicieron las denuncias e investigaciones sobre los desmanes de la “seguridad democrática” o las opiniones críticas al populismo de derecha. Cuando al asumir la presidencia Juan Manuel Santos anunció portar las llaves de la paz, buena parte de la sociedad lo rechazó, estaba con el discurso de la guerra. No obstante, los medios liberales (casi la totalidad de la radio, la prensa y los informativos de televisión) retomaron la línea de una solución negociada y con el avance de los acuerdos con las Farc hicieron esfuerzos periodísticos para llevar a sus audiencias y lectores las emociones y testimonios de la desmovilización de la guerrilla. Pero un sector, en particular, algunos columnistas de opinión y el canal de televisión RCN de la Organización Ardila Lulle, tomaron una posición editorial contraria a las negociaciones guiados por el discurso del expresidente Uribe, adversario de hacer concesiones, con un cubrimiento dirigido a reforzar en la memoria las aberraciones de la insurgencia para cuestionar la voluntad de paz de la guerrilla y la posibilidad de verdad, justicia y lugar al perdón, en los términos del acuerdo, y de legitimación acrítica de la contrainsurgencia. Con esa misma orientación trataron la jornada plebiscitaria de los acuerdos de paz, dando juego al no promovido por el uribismo, a través de una agresiva campaña de distorsión, que resultó imponiéndose. Las elecciones presidenciales de 2018 se inclinaron a favor el candidato del uribismo, Iván Duque, al lado del cual se colocaron afanadas todas las fuerzas políticas tradicionales -salvo el santismo pro paz- ante la posibilidad de una victoria de la convergencia de centro izquierda liderada por Gustavo Petro. En ese resultado tuvo peso probado el papel de los medios de comunicación que, entre el favoritismo sin tapujos a Duque y la animadversión sin disimulo a Petro o un neutralismo fingido, contribuyeron a cerrarle el paso a una propuesta reformista. La polarización ideológica que implicó la irrupción derechista de Álvaro Uribe, no obstante, ha marcado algunas diferencias acentuadas en las posiciones de los medios frente a temas como la pobreza, la exclusión y la paz, antes, con ligeros matices derechistas en contra, considerados causa problemática y objetivo plausible. Foto: Pares. La diferencia de enfoque frente a los acuerdos, que tienen respaldo mayoritario en los medios, se esfuma frente a Uribe, su partido y el gobierno Duque, a los que son ostensiblemente reacios a cuestionar y frente a los cuales hacen eco amplio de sus mensajes disociadores y sus propuestas dirigidas a sepultar componentes fundamentales del pacto de La Habana, atacar las cortes y vetar antidemocráticamente a sus adversarios políticos. Esa disonancia está ligada al interés empresarial de no confrontar una fuente de poder e ingresos y, para algunos más reaccionarios, asegurar una opción frente a riesgos de cambios. Por los fines económicos de los medios de comunicación, por la alineación política editorial con el establecimiento, por las ideologías profesionales que comporta mayoritariamente el periodismo espectáculo -con una dirigencia política reacia al cambio y una violencia destinada a aniquilar el liderazgo social y popular- al final solo propuestas que comulguen con el decálogo gremial y terrateniente en forma abierta o velada, tendrán su favor. En los medios hay periodismo progresista, cada vez más, pero en general está condicionado desde arriba. Es una enorme desventaja que cuestiona los derechos a la participación, elección, libertad de opinión, expresión y sufragio y, de fondo, la democracia. Si bien el ánimo de lucro a veces permite experiencias novedosas como el espacio “El Poder” de Ariel Ávila, audaz formato de periodismo en profundidad y análisis crítico en la plataforma virtual de Revista Semana, en la búsqueda de audiencias segmentando la programación según interés de los auditorios, al momento de la valoración política del 22 la mordaza fue implacable. Ya el peso de la gerencia uribista se había hecho sentir al clausurar la columna de Daniel Coronell, caracterizada por denunciar en forma valiente el sistema de corrupción imperante en el país. Los dos casos, y varios recientes, son lamentables muestras de censura, aunque otros dirán que más bien una expresión de libre empresa Por la distorsión ya inoculada en la mente de periodistas con pretensiones de empresarios, guardianes de la moral e ideólogos del desarrollo, de que son neutrales pero no apolíticos, que son capaces de repetir que un programa de reformas progresistas es en realidad un pase al socialismo -al “castrochavismo”- con mucha dificultad un candidato alternativo, liberal de los de verdad, socialdemócrata, en fin progresista, tendrá un trato equilibrado, más allá de los espacios obligados de ley o las simulaciones de las salas de redacción, que terminan en un corrillo de diatribas apenas se ausenta. Las nuevas TIC y las redes sociales se han convertido en poderosos instrumentos de denuncia, contra información, movilización, y hasta organizativos, pero aun no desbancan la popularidad de los medios masivos, que por el confinamiento y restricciones de la pandemia han recuperado audiencias en desbandada. Además, también son campos de confrontación en los que la ultra derecha cuenta con portales de desinformación y ejércitos de tuiteros que reparten, de manera mendaz pero eficaz, noticias falsas y propaganda sucia. También del otro lado, muchas veces, hay cabezas calientes y dedos necios que enturbian. Las propuestas alternativas, las organizaciones políticas, los movimientos sociales dispuestas a un acuerdo de centro izquierda con un programa de reformas progresistas, la intelectualidad y el periodismo independiente y crítico tienen un gran desafío de audacia, agencia y efectividad para juntar esfuerzos de medios alternativos y comunitarios ya creados y nuevas propuestas y tratar de balancear la cobertura que, desde los medios empresariales, será siempre desfavorable, a pesar de las apariencias de pluralismo y objetividad. Las nuevas TIC y las redes sociales se han convertido en poderosos instrumentos de denuncia, contra información, movilización, y hasta organizativos, pero aun no desbancan la popularidad de los medios masivos, que por el confinamiento y restricciones de la pandemia han recuperado audiencias en desbandada. Imagen: Pares. A menos que el fenómeno político sea de tal magnitud inatajable y los temores se disipen para que pase a ser aceptado como una nueva realidad o, que por lo mismo, lleve a los medios a no disimular partido y a la oposición desestabilizadora que niega la democracia fingiendo su defensa, para contrarrestar la cual, en parte, es fundamental la democratización de la propiedad y acceso a los medios masivos, el espacio radioeléctrico y las tecnologías de la información y la comunicación. Desafío también inaplazable ante una eventual derrota. Para que se fortalezca la democracia hay que democratizar los medios.