Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares. Cada día, según estimaciones de organismos internacionales como la Unicef, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS), mueren en el mundo 8.500 niños de hambre. Es decir, cada cinco segundos un pequeño deja de existir a causa de la no ingesta apropiada de alimentos. Lo que representa que al terminar de leer usted esta columna, labor que estimo dure cinco minutos, habrán fallecido 30 niños y niñas en el globo, a causa de esta terrible enfermedad. Para la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) el hambre es una enfermedad crónica, que mata lentamente. Una pandemia que sufre millones de personas, aquellas que no tienen “acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” Números que, como se ha insistido, vienen en aumento en la actual crisis de la salud por la COVID-19. Las medidas sanitarias de aislamiento preventivo tienen y tendrán efectos directos en el nivel de producción, empleo, pobreza, desnutrición y muerte por hambre. Imagen: Pares. En el mundo, las regiones que más crisis del hambre tienen son la África subsahariana y la Asia meridional. En estos lugares, uno de cada tres niños padece de retraso en el crecimiento a causa del hambre. Y en América Latina y el Caribe, donde también se padece este mal, de nuevo la FAO habla, para 2018, de una población en extrema de inseguridad alimentaria de 42,5 millones. Siendo Haití (49,3 %), la República Bolivariana de Venezuela (21,2%) y Nicaragua (17%) los países con mayor prevalencia de personas que sufren hambre. Para Colombia, hace tan solo cinco años, las cifras eran desalentadoras: la Encuesta Nacional de Situación Nutricional mostró en 2015 que el 10,8 % de los niños y niñas menores de 5 años que sufrían de desnutrición. Y para principios de 2020, en época pre pandemia, la Gran Alianza por la Nutrición, que lucha contra el hambre en el país, encontró que el 54,2% de los hogares en Colombia presentan inseguridad alimentaria. Además, que, por cada 100 mil niños menores de 5 años, seis mueren en el país a causa de deficiencia y anemias nutricionales. Números que, como se ha insistido, vienen en aumento en la actual crisis de la salud por la COVID-19. Las medidas sanitarias de aislamiento preventivo tienen y tendrán efectos directos en el nivel de producción, empleo, pobreza, desnutrición y muerte por hambre. La disminución de la actividad económica ha afectado el empleo informal y con ello las posibilidades de que la gente cuente con los ingresos diarios para adquirir los bienes y servicios necesarios para llevar una vida sana y bien alimentada. Es una problemática que desafortunadamente se complejiza más con fenómenos de la coyuntura política actual. Una crítica situación que se amplia, en primer lugar, con los problemas de consecución de alimentos para los miles de víctimas que deja mensualmente el conflicto armado, y que ha hecho que, en lo corrido del año, se tengan 20 mil desplazados más. Y, en segundo lugar, con los miles de migrantes extranjeros que llegan a nuestros territorios, en especial, los venezolanos, que, según cifras oficiales, al primero de marzo de 2020 eran más de 1.825.000. Población en situación de pobreza extrema, desplazada y refugiada que aumenta las cifras de hambre en el país y evidencia el deterioro de la seguridad alimentaria que tiene Colombia. De allí que sea necesario insistir en avanzar en la asignación y entrega de una renta básica a esta población. El país debe mirar a los habitantes más afectados por la guerra, como Choco, La Guajira y Putumayo, y aquellos territorios con más presencia de migrantes y desplazados. Ponerles los ojos en estas poblaciones permitirá avanzar en el cumplimiento de los tratados internacionales firmados por Colombia. Como, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales, reafirmado en 1968, a través de la Ley 74, por el Estado colombiano. Y el compromiso que ha asumido el país de aportar a los objetivos 1 y 2, se relacionan con poner fin a la pobreza y el hambre, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al 2030. la Encuesta Nacional de Situación Nutricional mostró en 2015 que el 10,8 % de los niños y niñas menores de 5 años que sufrían de desnutrición. Y para principios de 2020, en época pre pandemia, la Gran Alianza por la Nutrición, que lucha contra el hambre en el país, encontró que el 54,2% de los hogares en Colombia presentan inseguridad alimentaria. Imagen: Pares. También, avanzar en el cumplimiento de la implementación del Acuerdo Final de paz. Pues en el numeral 1.3.4 “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” de este tratado de paz, que también hace parte del bloque de constitucionalidad, se estableció la obligatoriedad para el Gobierno de poner en marcha un sistema especial para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población rural. Un sistema que tiene como pilar un incremento de la producción de alimentos, ampliación de ingresos y creación de una política alimentaria y nutricional con enfoque territorial y étnico. Y que quedó muy claramente establecida allí: “la obligación de garantizar de manera progresiva el derecho humano a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, con el propósito de erradicar el hambre y en esa medida fomentar la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional en cantidad suficiente”. En conclusión, es oportuno resaltar el deber que se tiene en Colombia de trabajar por el derecho a la alimentación. El país debe avanzar en garantizar a los más pobres, el poder disponer y tener acceso eficaz y permanente a los alimentos que cubran sus requerimientos nutricionales. Un derecho a la alimentación que, además de ser un compromiso asumido con la comunidad internacional en los tratados firmados, es una necesidad para construir la paz en los territorios y mejorar el bienestar de la población rural, logrando el cierre de brechas entre el sector urbano y rural, en un horizonte de 10 años.

Por: María Victoria Ramírez. Columnista Pares. Al final del sufrimiento me esperaba una puerta. Escúchame bien: lo que llamas muerte lo recuerdo. Allá arriba, ruidos, ramas de un pino vacilante. Y luego nada. El débil sol temblando sobre la seca superficie. Terrible sobrevivir como conciencia, sepultada en tierra oscura. Luego todo se acaba: aquello que temías, ser un alma y no poder hablar, termina abruptamente. La tierra rígida se inclina un poco, y lo que tomé por aves se hunde como flechas en bajos arbustos. Tú que no recuerdas el paso de otro mundo, te digo podría volver a hablar: lo que vuelve del olvido vuelve para encontrar una voz: del centro de mi vida brotó un fresco manantial, sombras azules y profundas en celeste aguamarina. Poema Iris salaje de Louise Glück. Quiero dedicar esta columna a las mujeres que han sido galardonadas con los Premios Nobel de Literatura y Química 2020. Escribiré sus nombres con letras mayúsculas para que no las olvidemos: LOUISE GLÜCK, EMMANUELLE CHARPENTIER y JENNIFER A. DOUDNA. Dos estadounidenses y una francesa. Cuando las mujeres logran llegar tan lejos, lo único que siento es respeto y regocijo. O como diría León Valencia en una columna de hace algunos años: “Albricias, albricias”, tres mujeres ganaron el Nobel. A lo largo de la historia de este premio, 16 mujeres han obtenido el Premio Nobel de Literatura, de 116 premiados en total, es decir, el 13%. La primera fue la sueca Selma Ottilia Lovisa Lagerlöff, en 1909, según la academia que otorga el premio, “… sus obras proporcionan representaciones realistas de las circunstancias, ideas y vidas sociales de las personas durante el renacimiento religioso del siglo XIX. Selma Lagerlöf escribió en prosa. Sus historias se caracterizan por un poder descriptivo cautivador y su lenguaje por la pureza y la claridad”. La número 16 es Louise Glück, sobre cuya obra la academia escribe: “Por su inconfundible voz poética que, con una belleza austera, hace universal la existencia individual. Busca lo universal, y para esto se inspira en los mitos y motivos clásicos, presentes en la mayoría de sus obras”. De los 11 ganadores del premio en Latinoamérica, la única mujer que ha recibido el Premio Nobel de Literatura, es Gabriela Mistral, chilena, galardonada en 1945. Al recibir su premio, manifestó: «Por una venturanza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas española y portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica, toda ella asistida por su folklore y su poesía milenaria”. En lo que tiene que ver con el Premio Nobel de Química, las cifras también son contundentes: sólo 7 mujeres han obtenido el premio de 162 otorgados en total (0,4%). Un mensaje sencillo pero inspirador fue el manifestado por Emmanuelle Charpentier al enterarse del reconocimiento: “Cuando sucede, te sorprende y piensas que no es real. Pero obviamente es real. Deseo que esto lleve un mensaje positivo específicamente a las jóvenes que desean seguir el camino de la ciencia…, que les muestre que las mujeres científicas también pueden tener un impacto en la investigación que están realizando». Que importante para las nuevas generaciones de niños y niñas ver referentes de mujeres tanto en las ciencias como en las artes, ver sus nombres y sus obras exaltados en las instancias más elevadas. Cuando una mujer llega a donde llegaron Louise, Emmanuelle y Jennifer, ha tenido que sortear muchas dificultades, ha tenido que vencer el escepticismo, el prejuicio, ha tenido que convencer no solo a hombres sino también a otras mujeres y a sus propias familias de que eran capaces. Las cifras lo confirman una y otra vez, existe en el mundo una gran inequidad, pero este año, con estas tres mujeres brillando en lo más alto, se ha cerrado un poco esa brecha.

Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares. Vuelven los pueblos indígenas a marchar juntos en la minga, tradicional forma de solidaridad de los las comunidades originarias y campesinas, ahora convertida en un mecanismo de expresión colectiva -caminar la palabra: dialogar, acordar y honrar los compromisos- para exigir el cumplimiento de acuerdos, la realización de derechos y buscar la concertación y negociación de reivindicaciones en torno a la democracia, la justicia social y a la paz, como integrantes de la nación colombiana y víctimas del conflicto, la exclusión, el marginamiento y condiciones de pobreza derivadas de la visión y los modelos de economía imperantes en el país. Hasta la Constitución de 1991 que reconoció a Colombia como una nación multiétnica y pluricultural, con todo lo que ello significa y ciertas castas no han querido entender, las políticas gubernamentales hacia los pueblos indígenas se caracterizaron por un paternalismo discriminatorio que conllevó a su progresiva desaparición o reducción, mientras costosos libracos oficiales exhibían en las embajadas en el exterior exóticas fotografías de “nuestros nativos”. Tan de menor valor era el indígena que los autores de la masacre de “La Rubiera” se defendieron en el juicio argumentando, a finales de los 60, que no sabían que matar indios era delito. Los pueblos indígenas han resistido desde el catastrófico encuentro con los españoles hace medio milenio, durante el largo periodo colonial y en más de dos siglos de vida republicana, a pesar del cruel sojuzgamiento al que estuvieron sometidos. Fruto de esa resistencia cada vez más consciente y reflexiva, en 1971, surgió el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) un proceso organizativo cuyas características de autonomía e identidad, programa reivindicativo y formas de interpelación, lo han convertido en ejemplo mundial y objeto de estudio en el ámbito de los movimientos sociales contemporáneos. Dejaron hablando solo a Álvaro Uribe, cuando micrófono en mano intentaba imponerles el orden de la “seguridad democrática” desde un puente peatonal en Cali, luego de llamarlos al “diálogo”, mientras ellos clamaban por la paz; se sentaron con gobierno Santos, reticente al inicio, y pactaron. Paralizaron el año pasado el suroccidente, ante la negativa de Duque de conversar frente a frente para ratificar lo convenido con sus subalternos y que se pudieran abordar temas de cara al país. Imagen: Cortesía. Durante más de una década, el Cric condujo las luchas indígenas por recuperación de tierras, más allá del debate sobre que son sus dueños originales, con títulos legales adjudicados en la colonia y la naciente república, hábilmente ignorados por terratenientes y gamonales. Fueron grandes los sacrificios contra la represión y en vidas pero poco a poco el Estado tuvo que reconocer la validez de los reclamos y acceder a revertir o adjudicar tierras vitales para la supervivencia de estas poblaciones. La lucha por la madre tierra dio paso a una toma de conciencia y recuperación de valores vividos y pregonados por los mayores sobre la autonomía, la identidad, la cultura y la necesidad de la organización como medio de abrirse un lugar y ser tratados con dignidad. Tras el ejemplo del Cric, otros pueblos indígenas sobrevivientes crearon sus respectivas organizaciones, conformaron la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) e incidieron con inteligencia para que en la Constitución del 91 se consagrara el derecho a sus territorios, gobierno, cultura y justicia. Se constituyeron en un actor protagónico de las luchas sociales en el país asumiendo, no sólo el reclamo de sus derechos, sino imbricándose en los retos mayores de los sectores populares en la búsqueda a la solución negociada al conflicto armado – confrontando a los actores armados por el respeto a su autonomía- y por cambios sociales, económicos y políticos que la proclamación de un Estado Social de Derecho en la Carta Magna reclama. A esa tarea han dedicado el Cric, la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (Acin) y la Onic, con la autoridad moral de la Guardia Indígena y el apoyo de organizaciones de la comunidad afro y sociales del país, las últimas dos décadas, a través de las mingas que gobierno a gobierno han marchado hacia Cali o Bogotá para negociar sus pliegos propios y respaldar amplios reclamos populares. Vistosas, sentidas y multitudinarias mingas y marchas indígenas exigieron la salida de los violentos de su tierra, la exclusión del conflicto, una solución pacífica a la guerra y rechazaron el TLC con EE.UU., apoyaron los acuerdos con las Farc, los planes integrales de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y ahora respaldan el pliego del Paro Nacional iniciado el 21 de noviembre de 2019 que resurge tras la pandemia. Así dejaron hablando solo a Álvaro Uribe, cuando micrófono en mano intentaba imponerles el orden de la “seguridad democrática” desde un puente peatonal en Cali, luego de llamarlos al “diálogo”, mientras ellos clamaban por la paz; se sentaron con gobierno Santos, reticente al inicio, y pactaron. Paralizaron el año pasado el suroccidente, ante la negativa de Duque de conversar frente a frente para ratificar lo convenido con sus subalternos y que se pudieran abordar temas de cara al país. Vuelven ahora con la misma invitación, que el gobierno debería aceptar pues no obstante que, se debe reconocer, ha designado una delegación representativa y afirma estar al día en sus compromisos, constituiría un acto de reconocimiento y diálogo que aun sin acuerdos lo enaltecería pero mal aconsejado parece entender que está por encima. No obstante, la legitimidad histórica y la justeza social de los reclamos indígenas, las diversas recomendaciones, programas y normativas de Naciones Unidas a través de OIT, Unesco y el PMA, entre otros, un sector de la sociedad colombiana, en particular el uribismo, insiste, a la vez que en desconocer la legitimidad de sus demandas, en desprestigiar para reprimir y debilitar, el vigoroso actor social en que se ha constituido el movimiento indígena por el respeto ganado, la autenticidad y seriedad de sus organizaciones y las innovadoras formas de exposición de sus reivindicaciones. Durante el gobierno Uribe se intentó afectar al Cric creándole una organización paralela gobiernista encargada de adelantar propaganda sucia en su contra en los medios y estrados judiciales. A raíz de la Minga2020, desde el gobierno se apela al ya desgastado libreto de la infiltración subversiva de la marcha para, con el engaño de su supuesta protección, estigmatizar el movimiento a la vez que encontrar la excusa a cualquier incidente sobreviniente. Imagen: Pares. En ese esfuerzo de tergiversación salta la posición del precandidato presidencial uribista Rafael Nieto Loaiza, quien, en reciente columna de opinión, fustiga al gobierno de su partido por dialogar con los indígenas, mientras califica las protestas de “acciones contra el Estado”, motivadas por el narcotráfico y los grupos armados ilegales. La ministra del interior y otros representes gubernamentales reiteran de manera ignorante que la acción es política, pues presuponen que con ello la descalifican, cuando por el contrario, lo que hacen es reconocer que los indígenas tienen muy clara su propuesta, está en sus pliegos. Basta leer. Cosa distinta es que esos sectores consideren que “esos indios se están pasando”, pues su condición es estar al margen de la sociedad, como era antes, cuando los hacendados mandaban y los “nativos” obedecían o los hacían obedecer. Incluso a sus seguidores indígenas sumisos, los partidos tradicionales les abrían cupo para que ocuparan curules en compensación por asegurarles votos a cambio de un pedazo de panela. ¡Eso sí era democracia! En esa línea, Nieto, con total irrespeto y soberbia clasista, sindica la minga como una acción política, que lo es, “que en la mayoría de los casos está ligada a una izquierda que alienta el enfrentamiento”. De manera que ese actor social y político autónomo, sinérgico, resiliente y telúrico se convierte en un “idiota útil” de una fuerza política a la que estigmatiza y proscribe, en la obtusa visión de la derecha. Se duele, que, según sus cifras, tras las tomas de la carretera Panamericana (40 desde 1986) los indígenas hayan pactado aumento de presupuestos, que en el paro de 2017 hubieran logrado el 1% del SGP, que en el Plan Plurianual de Inversiones del Presupuesto Nacional para este cuatrienio haya 10 billones de pesos para las poblaciones indígenas y que de la minga del año pasado obtuvieran $823.148 millones adicionales del Gobierno. Lo que demuestra que las peticiones son justas y la efectividad de la minga. Insiste que es una minga política porque no se limita a un pliego acotado a sus fronteras y carencias m´nimas, “Tampoco es asunto de tierras. En el 2018, los indígenas controlaban el 27,6% del total de la tierra rural, más de 31,6 millones de hectáreas. Son, de lejos, los grandes terratenientes en Colombia. Y siguen acaparando. Del paro del 2019 se llevaron $90.000 millones para compras de tierras.” De nuevo manipulando cifras se intenta refutar la necesidad de tierras para la subsistencia y desarrollo de las comunidades, sumándoles todos los parques nacionales naturales, excluidos de explotación, de los que son guardianas. Y deja salir una tenebrosa advertencia, “Aún así, o tal vez precisamente porque aprendieron que sus delitos y las violaciones de los derechos de los demás quedan impunes y que, en cambio, las vías de hecho siempre les son premiadas, son cada vez más frecuentes las invasiones de fincas en el Cauca y en el sur del Valle. Ahora quieren quedarse con el cerro del Morro, en Popayán, donde se encontraba la estatua de Belalcázar que derribaron ante la azarada quietud de las autoridades que, parece, no entienden su importancia estratégica.” Es posible que los policías azarados no entiendan la importancia estratégica de la estatua: muestra a alguien que manda. Por eso la tumbaron, porque los indígenas ya no aceptan amos. Para asombro y vergüenza que deberían sentir no solo los colombianos sino los ministerios de Cultura y del Interior, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, las facultades de antropología y los antropólogos y científicos sociales, sostiene que: “Tan buen negocio es hoy hacer parte de las poblaciones indígenas que cada vez más colombianos se ‘reconocen’ como tales. La población indígena pasó de 1.392.230 personas, en el 2005, a 1.905.617, en el 2018. Del 3,4% al 4,4% de todos los colombianos, un milagroso crecimiento del 36,8% en apenas 13 años. Las poblaciones indígenas se multiplican por arte de magia y ya no son 93 sino 115. Es buen negocio. A ver si de esta minga salen unos cuantos más.” Como si los grupos étnicos salieran de un soplo divino y no fuera una de los principales retos y motivo de orgullo de la humanidad evitar el etnocidio. Claro que la minga es política, calificativo que es dable de una acción consciente, deliberada, organizada y con finalidades, la mejor y mayor expresión de democracia participativa y plebeya. Lo que en realidad quieren expresar quienes desbarran contra la organización indígena es que no soportan un actor potencial de las nuevas decisiones nacionales en disputa por el poder, pero eso ya es una realidad irreversible. Las movilizaciones indígenas han obtenido logros importantes en un escenario de acción colectiva del altor riesgo a tal punto que en este año han sido asesinados más de 60 miembros y líderes de comunidades. No obstante perseveran. Son un sujeto político de importancia si se quiere concebir la democracia como un escenario de inclusión, agregación de demandas colectivas, representativo de todos los integrantes de la nación. Habrá más mingas. Los indígenas tienen la paciencia de los siglos, la digna fuerza de sus palabras y la irrenunciable esperanza de los pueblos.

Por: Germán Valencia. Columnista Pares. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. La crisis de la salud, provocada por la pandemia de Covid-19, ha servido para desnudar la grave situación de pobreza y marginalidad que vive la mayoría de los hogares colombianos. Millones de personas se levantan a diario con la incertidumbre de no saber que van a comer durante la semana o incluso durante el mismo día. El país se enfrenta a la pandemia del hambre, una vieja pero silenciosa enfermedad social que hoy, en la coyuntura de la crisis, se hace más palpable. Esta crisis de inanición quedó evidenciada desde las primeras semanas en las que se decretó el confinamiento obligatorio. A pesar de la advertencia del mal invisible, desde marzo de este año, miles de personas alzaron la bandera roja en sus precarias casas como símbolo de desesperación y muestra de la frágil situación que viven. Además, salieron a las vías públicas a pedir alimentos y a realizar largas filas con el fin de recibir ayudas alimentarias que la gente les pueda entregar. La gente debe pagar para comer y para tener acceso a una cita médica, de lo contrario se morirán de hambre y de enfermedades. Y el Gobierno piensa que el apoyo solo era momentáneo y que debía cubrir el instante del aislamiento. De allí que no quiera continuar con las ayudas a los pobres. Fotografía: Sergio Saavedra. Pero el problema del hambre de la población en Colombia no se asocia con la falta de alimentos, sino por la carencia de recursos para comprarlos. Un ejemplo lo presenta hoy Antioquia: hoy existe una sobreproducción de leche y los empresarios ganaderos no tienen forma de salir de los cuarenta mil litros diarios que tienen en sus bodegas; sus clientes no tienen dinero para comprar. Lo mismo les pasa a los supermercados, sus estantes están repletos de alimentos, pero faltan los adinerados clientes que se los lleven. La crisis del hambre explotó con el aislamiento obligatorio del Gobierno. Esta situación provocó que los grupos más vulnerables, aquellos que viven en la informalidad y cuyos ingresos depende de su trabajo diario, comenzaran a sentir hambre. Nos encontramos frente a un modelo económico construido sobre la idea de que cada uno debe buscar la manera de sostenerse y sobrevivir. Que el bienestar económico de cada ciudadano depende del trabajo que cada uno realice. De allí que deba reconocerse que la crisis del hambre que pasa el país, dejó venirse desde hace varias décadas. La economía ha dejado construir una serie de variables que han llevado a que hoy se viva la crisis del hambre. Entre ellas, una tasa de desempleo cercana a los 20 puntos, que ha creado alrededor de cinco millones de personas desocupadas; y nueve millones de víctimas del conflicto, la gran mayoría de ellas viviendo en los cinturones de miseria de las ciudades. Estos hechos han afectado de manera generalizada los ingresos diarios de millones de personas. Las tasas de pobreza y pobreza extrema siguen subiendo en Colombia. La falta de ingresos está limitando a los hogares colombianos al acceso de bienes y servicios esenciales para la vida, tales como los productos de la canasta familiar. El resumen, el consumo de las familias se ha reducido y asistimos a una recesión económica sin precedentes. La realidad es que millones de personas están aguantando hambre en medio de la abundancia. Ante esta situación el Gobierno ha acertado en entregar ayudas humanitarias para atender la emergencia durante los primeros meses. Siguió la vieja receta de entregar subsidios y contribuciones para que los pobres pudieran quedarse en casa ante la orden de no salir a buscar comida. Apoyo estatal que fue complementado con la solidaridad de la gente, quienes como muestra de altruismo social y confianza colectiva llevaron a millones de personas, a través de campañas, alimentos a los hogares. Pero estas ayudas alimentarias se han reducido en la actualidad, la crisis del hambre continúa presente. Ahora se tiene, incluso, más pobres que antes; pues, además de los tradicionales pobres que no tienen que comer, se le une los nuevos pobres provenientes de la casi desaparecida clase media. Una población que han perdido sus empleos y fuentes de ingresos. Son los nuevos pobres, y desafortunadamente a estos les queda más difícil recibir ayudas y poner trapos rojos en sus viviendas para pedir auxilio. La economía ha dejado construir una serie de variables que han llevado a que hoy se viva la crisis del hambre. Entre ellas, una tasa de desempleo cercana a los 20 puntos, que ha creado alrededor de cinco millones de personas desocupadas; y nueve millones de víctimas del conflicto, la gran mayoría de ellas viviendo en los cinturones de miseria de las ciudades. Imagen: Cortesía. Y lo peor, se viene restringiendo los sistemas de protección y se observa interrupciones a las cadenas de suministro de alimentos esenciales. El sistema de bienestar y aseguramiento social para los colombianos está igual. La gente debe pagar para comer y para tener acceso a una cita médica, de lo contrario se morirán de hambre y de enfermedades. Y el Gobierno piensa que el apoyo solo era momentáneo y que debía cubrir el instante del aislamiento. De allí que no quiera continuar con las ayudas a los pobres. En este sentido, es urgente que como sociedad pensemos mejor la manera cómo podemos atender la pandemia del hambre. Debemos ser innovadores, creativos e inteligentes en la forma como debemos atender la crisis del hambre y mejorar las redes de protección social. La gente no está pidiendo limosna, están pidiendo derechos. La crisis del hambre debe de atenderse, al menos desde dos frentes: por un lado, continuar con el apoyo con programas de seguridad alimentaria con el que se construya en el país el derecho a la alimentación; y a la vez, trabajar en generar capacidades para que esta población salga adelante. Debemos atender de manera urgente y prioritaria la población en situación de pobreza extrema. Se requiere trabajar en acciones que brinden apoyos a los hambrientos, como la entrega de comida, a través de bonos para alimentos, restaurantes escolares o comedores comunitarios. Y a la vez trabajar en programas que les devuelvan el empleo, la estabilidad y los ingresos laborales a los hogares, acciones de largo plazo que respondan a los desafíos que plantea la coyuntura y expandan el bienestar y protección social de la población más vulnerable. Debemos trabajar en el corto, mediano y largo plazo, en variados frentes, para generar seguridad alimentaria en los hogares colombianos. En crear y expandir los programas de protección social, para facilitar el acceso a alimentos y proteger los ingresos de los grupos más vulnerables de la población. En garantizar respuestas acertadas a las problemáticas y demandas sociales, económicas y territoriales originadas por la crisis sanitaria.

Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares. El reconocimiento por las FARC del asesinato del político conservador Álvaro Gómez Hurtado estremeció al país. Fue recibido con distintas reacciones, según la orilla política, relacionadas con a quien habían responsabilizado durante años, con no disimulados intereses políticos y hasta insinuaciones de afanes económicos. El grupo guerrillero no aparecía en ninguna conjetura, a pesar de que por ahí asomaban, de vez en cuando, no despreciables evidencias, desconsideradas por los organismos de investigación judicial. La familia de Gómez Hurtado, sus simpatizantes y gentes de derecha siempre achacaron el crimen al expresidente Ernesto Samper (1994-1998) y su ministro de gobierno Horacio Serpa como retaliación a la oposición de Gómez al gobierno por el proceso 8 mil -como se conoció la investigación judicial por la financiación del narcotráfico a la campaña de Samper. Según ellos, el magnicidio habría sido financiado por los carteles del narcotráfico, lo que no ha sido probado aunque si de la campaña Samper, sin aceptación del beneficiario que expone una trama en su contra. Los Gómez, precavidos de la posible prescripción del delito lograron que fuera declarado por la Fiscalía crimen de lesa humanidad al no haberse sindicado responsables, salvo imputados que logaron libertad tras años de cárcel al demostrar su inocencia, uno de los cuales apoderado por el sobrino del líder inmolado, contra el cual inicialmente se habían constituido parte civil, lo que genera la conjetura de un interés económico en el caso. Su principal fuente son las declaraciones del criminal alías “Rasguño” ante la justica de los Estados Unidos, que esta misma deshecho por falaces. En cambio, para el gobierno Samper, se trató del silenciamiento de “los conspiretas”, como denominó a los más radicales opositores de extrema derecha a raíz de la infiltración de los narcos en la campaña, debido a que Gómez Hurtado, convidado por aquellos a participar en un golpe de estado con aliados militares, se habría negado. Versión a la que dio el espaldarazo, años después, el para entonces embajador de los Estados Unidos Miles Frechette cuya injerencia en los asuntos internos del país y contra Samper era abierta. El dirigente conservador, a través de su columna y opiniones en los medios fustigaba al gobierno por su ilegitimidad espoleando la necesidad de cambiar “el régimen”, el que había contribuido a construir a lo largo de una carrera política, compensada en altos cargos del gobierno y la diplomacia por el peso de su estirpe en la hegemonía bipartidista en la política nacional y su extremismo anticomunista. Extraña categoría politológica que incluía un gobierno al que puyaba pero en el que contaba con tres ministros, dos de ellos acérrimos defensores del mandatario, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Rodrigo Marín Bernal, y el otro, Daniel Mazuera Gómez, sobrino suyo. Quien dio a conocer de manera anecdótica y como gran revelación, la participación de las Farc en el asesinato, fue el asesor presidencial y consejero de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), José Obdulio Gaviria, a quien un desmovilizado de esa guerrilla le entregara un impreso clandestino con correspondencia de la organización guerrillera en algunas de cuyas cartas se menciona la autoría, el propósito y la conveniencia de no reivindicar el atentado. Denuncia que no obstante lo explosiva paso inadvertida para la opinión y sin la menor atención de la Fiscalía, para frustración de su difusor. Con el lenguaje campechano y desabrochado que le era propio, pero en aplicación de principio de la lucha de clases y de la guerra revolucionaria del marxismo ortodoxo, Pedro Antonio Marín, “Manuel Marulanda Vélez”, “Tirofijo”, el veterano comandante general de la guerrilla más grande del país, habla de agudizar las contradicciones entre los grupos dominantes, “bajar otros personajes” para acentuar la crisis y otros objetivos de la guerra contra el Estado en el fin estratégico de la toma del poder. En su carta de compromiso frente a la Justica Especial de Paz, la dirigencia exfariana también se adjudica los atentados que le costaron la vida al general Fernando Landazábal, quien como ministro de defensa de Belisario Betancur fue un opositor de los propósitos de paz de éste, como doctrinario de la “Seguridad Nacional” anticomunista, acérrimo enemigo de la guerrilla, y del economista Jesús Antonio Bejarano, asesor de paz del gobierno Barco (1986-1990) en el que se firmó la paz con el M19 y consejero de paz del gobierno Gaviria (1990-1994), en el que se concretaron procesos con otros destacamentos guerrilleros, a quien las Farc consideraban ideólogo contrainsurgente por la implementación del Plan Nacional de Rehabilitación. Landazábal y Bejarano eran mencionados, junto a Gómez, como víctimas de los conjurados contra Samper por haberse enterado y no haber participado en el complot. Así mismo, asumen la ejecución de Fedor Rey y Hernando Pizarro que, como comandantes del grupo disidente Ricardo Franco, ocasionaron una espantosa y alucinada purga conmás de un centenar de torturados y asesinados en Tacueyó, Cauca, y atentaron contra miembros del Partido Comunista, a quienes señalaron como infiltrados del ejército, y el líder paramilitar Pablo Emilio Guarín quien instigó y financió grupos que golpearon con crudeza a las Farc en el Magdalena Medio. Eso eran las Farc y ese era su propósito a mediados de los años 90 del siglo XX, cuando asesinaron a Álvaro Gómez, el 2 de noviembre de 1995, según lo reconocen hoy, en una época de crecimiento militar y expansión con golpes de trascendencia al ejército nacional, lo que llevó al gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) a iniciar un proceso de negociación política, visto por las partes como una oportunidad de acumulación de fuerzas y modernización bélica para imponerse en caso de fracasar la apuesta de del diálogo, como pasó con las conversaciones propiciadas por el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). En la valoración del objetivo, en unas Farc obnubiladas por el guerrerismo, para nada contó que, no obstante ser Gómez Hurtado visto como la representación supérstite del fascismo laureanista, la corriente de su padre que tanto tuvo que ver con la promoción de la violencia política, luego de su secuestro y liberación por el M19, que allanó el camino para una negociación del gobierno Barco (1986-1990) con el liderazgo de Rafael Pardo Rueda con esa guerrilla, fuera copresidente, con Antonio Navarro, exM19, y Horacio Serpa, uno de los señalados después por la familia Gómez como determinador del asesinato, en la promulgación de la Constitución de 1991. Esa Carta promisoria y fallida, convergencia democrática, pluralista y de derechos que prometió una Colombia moderna y en paz, hoy saboteada por el uribismo, nostálgico de la Constitución conservadora y teocrática de 1886, como lo airea León Valencia en su novela “La sombra del presidente”, fue objeto de repudio por las Farc, puesto que al tiempo que se proclamaba, y ante el fracaso de las negociaciones con ese grupo, el gobierno Gaviria, con Rafael Pardo como ministro de defensa, osó lanzar una ofensiva militar contra “Casa Verde”, el hasta entonces icónico y desafiante campamento guerrillero desde donde se manejaba la guerra contra el Estado. Las condiciones geopolíticas internacionales tras la implosión del campo socialista que orbitaba alrededor de la Unión Soviética, excepto Cuba, la declaratoria de guerra al terrorismo por la administración Busch en represalia por los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York cometidos por fundamentalistas islámicos y la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe en Colombia, determinado a cambiar la correlación de fuerzas en el conflicto a favor del Estado, implicaron un retroceso estratégico para las Farc, que salieron fuertemente golpeadas en esos ocho años de gobierno (2002-2010). Las Farc siempre fueron capaces de escampar, adaptarse y crecer en condiciones adversas y no parecía que este caso fuera una excepción, a menos que hubiera sobrevenido un gobierno dispuesto a extirparlas a cualquier precio, incluido el de miles de civiles ajenos al conflicto. Por fortuna, no fue así. Juan Manuel Santos (2010-2018) advirtió que en ese punto de debilitamiento las guerrillas tendrían oído a una negociación política para su desmovilización y los esfuerzos conjuntos, a pesar de las dificultades, tuvieron concreción. Como parte de lo acordado, los desmovilizados deben pasar por la justicia especial de paz y la comisión de la verdad para contribuir con la justicia restaurativa y la verdad histórica. Si bien su comparecencia reticente frente a la JEP, en particular en lo relacionado con el secuestro, la violencia sexual y el reclutamiento de menores estaba dejando mucho que desear, dado que le estaban dando un manejo táctico, la protuberancia y dramatismo de los relatos de las víctimas, entre ellos la conmovedora intervención de Ingrid Betancur, una de las más renombradas secuestradas en las épocas infames de los corrales humanos de la guerrilla, los llamados de atención de contrapartes en la negociación y simpatizantes de la paz así como el aprovechamiento de sus detractores, parecen haber cuestionado a la dirigencia desmovilizada para jugarse a fondo por la legitimidad del proceso y retar así a los demás actores del conflicto a sincerarse frente al país. Algo de esto se puede entrever en la carta que, una vez comunicada la decisión de las exFarc de comparecer frente a los crímenes señalados y conocer su dolida reacción, le envió Rodrigo Londoño, hoy presidente del partido de la rosa, a Álvaro Leyva Durán, un intransigente defensor de la solución política y artífice de los acuerdos de La Habana, muy cercano al asesinado Álvaro Gómez, “logró hacerme estremecer con la descripción de su llanto adolorido. De inmediato comprendí el tamaño de su lealtad hacia el líder asesinado, así como el sufrimiento ocasionado a personas como usted, a la familia del gran político y a buena parte del país”. Y agregó “fuimos las Farc-EP las únicas responsables del execrable hecho de haber privado de su vida al doctor Álvaro Gómez Hurtado. Y la Jurisdicción Especial para la Paz, así como la Comisión de la Verdad, recibirán de nosotros los elementos que pueden acreditarlo”. Londoño, en guerra “Timochenco”, trajo las justificaciones de su acción “Desde niño escuché hablar de la violencia liberal conservadora de los años 50 y el papel desempeñado en ella por el doctor Laureano y su hijo. En las Farc este último político aparecía como el senador que había incendiado el Congreso, clamando por el exterminio de las llamadas repúblicas independientes. No resultaba difícil alimentar ideas y sentimientos negativos hacia él”. Confiesa y se arrepiente “Todo eso ciega. Y no solamente a la dirección de las Farc que tomó la decisión de llevar adelante el delito, cuando el doctor Gómez Hurtado era un hombre completamente diferente al de décadas atrás, una especie de profeta que se hallaba por encima del bien y del mal, preocupado fundamentalmente por el futuro del país. Y porque ese futuro fuera de paz”. Frente a la confesión de las exFarc hay reacciones de todo tipo, según los intereses de hoy. Samper y Serpa deben sentir alivio porque se ratifica que su talante y posición social e histórica hace increíbles las acusaciones en su contra, no obstante el proceso ocho mil y la intransigencia de la familia Gómez. La de los Gómez que es una cruzada anti Samper al parecer irrenunciable. Y la del gobierno -uribismo-, en una peligrosa actuación de politización de la justica, que pone en duda la confesión de un compareciente dando a entender que su dictamen es otro, que ha puesto esa visión en manos de una Fiscalía propia y que va a obstruir el procesamiento de las Farc como deponente confeso en la jurisdicción de paz para cobrarse por la trastienda sus resquemores. Con esguinces, manejos, dilaciones, las Farc acaban de dar un paso impensable en un país en el que nadie responde por nada, la corrupción campea impune, en el que ha sido imposible poner en claro los responsables de sus más hondas heridas y donde cunde la mediocridad y el acomodamiento, al punto que el caso Gómez lo esclareció quien lo cometió y nunca consideraron, enredados en sus propias pujas politiqueras, y la ineficiencia y contumacia de sus instituciones. Londoño finaliza su carta a Leyva Durán con una actitud inusual que les franquea a las exFarc la puerta a un país distinto, a pesar de quienes se empecinan en venganzas, al reconocer que “hoy los antiguos guerrilleros de las Farc vemos cuán equivocados estuvimos, cuánto contribuimos al infierno en que se convirtió nuestra querida Colombia”. Se escuchan las voces de los demás responsables de la violencia…

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares. El 15 de septiembre de 1999, el campo de la investigación para la paz en Colombia sufrió uno de los más duros golpes de su corta historia. Ese día fue asesinado el profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia Jesús Antonio Bejarano Ávila. La muerte del destacado docente se produjo en el momento en que entraba a dar clases, a las afueras del edificio del Doctorado de Economía. El mismo espacio donde décadas atrás se habían formado como economista (entre 1968 y 1972) y donde había ejercido labores administrativas como director del Departamento de Economía y decano de la Facultad de Ciencias Económicas. El asesinato de ‘chucho’, como le decían sus amigos, se dio en una época de intenso dolor. Justo, un mes después de haber caído su amigo, profesor de cátedra y mediador de la paz, Jaime Garzón (el 13 de agosto de 1999). Cinco meses más tarde de haber sido asesinado de forma muy similar, en el Campus de la Universidad de Antioquia, el profesor y director del Instituto de Estudios Regionales (Iner), Hernán Henao Delgado (el 4 de mayo). Y un año y tres meses después de ser liquidado otro gran profesor de la Universidad Nacional, Eduardo Umaña Mendoza (el 18 de abril de 1998). Estos cuatro docentes, además de tener en común el haber sido asesinados a finales del siglo XX y ser víctimas de la guerra, fueron ciudadanos que mantuvieron durante toda su vida la esperanza de poder crear las condiciones para construir un país en paz. En esta columna quiero destacar la vida de Jesús Bejarano. Deseo hacerle un reconocimiento, entre los muchos que se están haciendo y que se harán, a este brillante académico, al fecundo pensador y uno de los seres más comprometidos con la paz en el país en toda su historia. A un profesor universitario que supo combinar su vocación intelectual con una vida práctica entorno a construir el bien público de la paz. Digamos, para empezar, que Bejarano (segundo de izquierda a derecha en la foto) se comportó como un verdadero científico social durante toda su vida. Su trabajo indagativo se inició queriendo diagnosticar la realidad económica, política y social del país. Sus trabajos, la mayoría de ellos publicados por la Universidad Nacional en sus cuatro tomos de Antología, nos permitieron conocer las causas de la pobreza y el subdesarrollo del campo colombiano. Imagen: Cortesía Quiero que recordemos a un profundo académico y economista ejemplar, a un abanderado y gestor del diálogo y la paz. Su amplio conocimiento y experiencia le permitió moverse sin dificultad entre la academia y los cargos públicos. Fue miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, director y creador de prestigiosas revistas como la de Estudios Colombianos o la de Economía Institucional, y asesor y consultor de organismos nacionales e internacionales como el Departamento de Planeación Nacional y el Comité de Modelos de Desarrollo de la Cepal. Digamos, para empezar, que Bejarano se comportó como un verdadero científico social durante toda su vida. Su trabajo indagativo se inició queriendo diagnosticar la realidad económica, política y social del país. Sus trabajos, la mayoría de ellos publicados por la Universidad Nacional en sus cuatro tomos de Antología, nos permitieron conocer las causas de la pobreza y el subdesarrollo del campo colombiano. Entre ellas, Economía y poder, Ensayos de historia agraria en Colombia, El régimen agrario: de la economía exportadora a la economía industrial (1979), La SAC y el desarrollo agropecuario colombiano, 1871-1984 (1985) o sus ensayos en el tercer volumen del Manual de Historia de Colombia (1980). Esta prolífica producción académica la combinó ‘chucho’ con una vida pública activa. Desde mediados de la década de 1980, y debido a sus amplios conocimientos sobre temas agrarios, fue llamado, a partir del 7 de agosto de 1986, durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), como asesor económico en la Consejería Presidencial para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación (CRNR) (Decreto 2577). Allí coordinó el diseño y ejecución del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), que se convirtió en la estrategia de paz adoptada por este gobierno para incentivar la dejación de armas y llevar la paz a los territorios en conflicto. La experiencia acumulada, durante los cuatro años que trabajó en el gobierno Barco, le sirvieron a Bejarano para que continuar, durante el Gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994), en la tarea de construir la paz. En este nuevo mandato ocupó dos importantes cargos públicos: primero como director de la ya creada CRNR (Decreto 1858 del 15 de agosto 1990); y luego como consejero en la Consejería Presidencial para la Paz (Decreto 0053 de 1992). En el primer cargo logró entregarle al país la desmovilización de cerca de cinco mil alzados en armas del Ejército Popular de Liberación (EPL), del Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Y en el segundo, afrontar el duro reto de negociar la paz con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en Tlaxcala y Caracas. Esta fue una tarea difícil, pues se agruparon en una misma mesa muchos intereses y actores. Además, se agravó la situación debido a las exigencias del Gobierno de un cese unilateral al fuego y a la insistencia de los armados de negociar en medio del conflicto. De allí que las negociaciones no tuvieron el éxito esperado y provocaran, finalmente, la renuncia de Bejarano a la Consejería. A pesar de esta salida, las labores en torno a la paz de Bejarano no pararon. Su trabajo en torno a la paz continúo en las embajadas centroamericanas, primero, de El Salvador y, luego, de Guatemala. Su amplia experiencia en procesos de paz fue aprovechada por aquellos países para realizar aportes a las negociaciones que se tenían allí con otras guerrillas, como representante de Colombia en el Grupo de Países Amigos del Proceso de Paz y Negociación. Y que ayudó a feliz término, al suscribir los acuerdos que posibilitaron la desmovilización de las guerrillas en ambos países. Como académico, Bejarano supo aportar a aquellos procesos y a su vez recoger las lecciones de esa importante experiencia. Aprendizajes que quedaron consignados en el libro Una agenda para la paz: Aproximaciones desde la teoría de la resolución de conflictos, publicado en 1995. Trabajo que es considerado por nosotros los académicos como el primer intento en el país por aportar a una genuina teoría de la resolución negociada de conflictos desde Colombia; y a Bejarano el ser reconocido como el fundador de las investigaciones sobre paz en el país. Finalmente, luego de regresar de sus labores de diplomacia por la paz, su compromiso en temas rurales y de negociaciones de paz lo puso al servicio de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Gremio que presidió y alternó con su labor de científico social crítico. En esos momentos, al comienzo del Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), se iniciaban los Diálogos del Caguán con las Farc-ep y Bejarano insistió en señalar los riesgos que tenía con estas negociaciones de la paz. Además, de la importancia y necesidad que se tenía de involucrar la sociedad civil en las negociaciones de paz. De allí que se comportó como un crítico académico y líder gremial de la negociación política, convirtiéndose, tal vez esta voz crítica, en uno de los factores que llevó a que se produjera la muerte unos meses después. Su amplia experiencia en procesos de paz fue aprovechada por aquellos países para realizar aportes a las negociaciones que se tenían allí con otras guerrillas, como representante de Colombia en el Grupo de Países Amigos del Proceso de Paz y Negociación. Y que ayudó a feliz término, al suscribir los acuerdos que posibilitaron la desmovilización de las guerrillas en ambos países. Imagen: Pares. De allí que la propuesta sea la de aprovechar la ventana de oportunidades que abrieron las personas que componían el antiguo secretariado de la extinta guerrilla de las Farc-ep, para hablar sobre el asesinato de Jesús Bejarano ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Debemos convertir este espacio en un buen y justo momento para rescatar la obra de Bejarano y recuperar su legado intelectual, para poner de ejemplo esta corta, pero fecunda vida, destinada a indagar por el origen de la guerra, sus dinámicas y las maneras de llegar a una resolución pacífica. A presentarlo como lo que es: un mártir de la paz en Colombia. Y como símbolo del deseo que tenemos de no querer repetir esos momentos de destrucción violenta de nuestro capital humano, académico y cultural.

Por: María Victoria Ramírez. Columnista Pares. Cuando te encuentres de camino a Ítaca, desea que sea largo el camino, lleno de aventuras, lleno de conocimientos. A los Lestrigones y a los Cíclopes, al enojado Poseidón no temas, tales en tu camino nunca encontrarás, si mantienes tu pensamiento elevado, y selecta emoción tu espíritu y tu cuerpo tienta. A los Lestrigones y a los Cíclopes, al fiero Poseidón no encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si tu alma no los coloca ante ti. Desea que sea largo el camino. Que sean muchas las mañanas estivales en que con qué alegría, con qué gozo arribes a puertos nunca antes vistos, detente en los emporios fenicios, y adquiere mercancías preciosas, nácares y corales, ámbar y ébano, y perfumes sensuales de todo tipo, cuántos más perfumes sensuales puedas, ve a ciudades de Egipto, a muchas, aprende y aprende de los instruidos. Ten siempre en tu mente a Ítaca. La llegada allí es tu destino. Pero no apresures tu viaje en absoluto. Mejor que dure muchos años, y ya anciano recales en la isla, rico con cuanto ganaste en el camino, sin esperar que te dé riquezas Ítaca. Ítaca te dio el bello viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene más que darte. Y si pobre la encuentras, Ítaca no te engañó. Así sabio como te hiciste, con tanta experiencia, comprenderás ya qué significan las Ítacas.. Poema Ítaca de Constantino Cavafis Hace algunas semanas que he venido repasando los rostros de las mujeres con las que me he encontrado a lo largo de mis 50 años de existencia. No es que tenga alguna enfermedad terminal o que sienta temor por la pandemia del coronavirus. Es que hay momentos de la vida en los que uno decide hacer un balance y detenerse en aquellas personas que han hecho de la vida algo significativo. Yo he sido afortunada, me he encontrado con mujeres maravillosas, con algunas he entablado amistades muy largas, con otras, he compartido experiencias interesantes que vale la pena contar y porque no, a través de esta columna, rendirles un homenaje. Leonor Esguerra Rojas es una de esas mujeres que me impactaron. Cuando la conocí, hace más de 10 años, ya pasaba de los 80 años, llevaba su cabello corto blanquísimo, con bella sencillez. Tenía una conversación tranquila e inteligente porque se interesaba tanto por lo elevado como por lo sencillo. Ella se gozaba la vida y disfrutaba sin preocupaciones de la buena comida, los dulces y de un trago, si la ocasión lo permitía, porque su salud era, hasta ese momento, de hierro. Tuve el gusto de conocerla en un taller de mujeres activistas latinoamericanas, en el que trabajaba como traductora para las mujeres angloparlantes que asistían al evento. Me llamó la atención que una mujer de su edad hablara tan bien inglés. Sus maneras tan delicadas y su manejo exquisito del lenguaje me causaban admiración. En 2012 se realizó en Bogotá el lanzamiento del libro titulado La Búsqueda, escrito por la peruana Inés Claux Carriquiry, que narra el testimonio de vida de Leonor. En sus páginas encontré las respuestas a lo que me había impresionado al conocerla, y me impresioné mucho más al conocer detalles de una vida apasionante, de rupturas y recomenzares. Estudió como interna en el colegio Marymount de Bogotá y a los 17 años, cuando se encontraba cursando tercero de bachillerato, decidió tomar los hábitos y, el 25 de junio de 1948, ingresó al convento del sagrado Corazón de María en Nueva York. Durante 20 años, consideró que la vida religiosa la hacía plena pero, los acontecimientos nacionales y las contradicciones mismas de la Iglesia Católica entre su teórico compromiso con los pobres y lo que la jerarquía eclesial permitía a sus comunidades, y el poco espacio para ideas nuevas dentro de la comunidad religiosa, lograron que la Madre María Consuelo, como ahora se llamaba, se hiciera militante del Ejército de Liberación Nacional junto a los sacerdotes españoles del grupo Golconda, Domingo Laín y Manuel Pérez. Reflexiona Leonor en los comienzos de su vida guerrillera: “lo que yo experimento es que el guerrillero es un hombre que, porque le ha perdido el miedo a la muerte, se ha convertido en guardián de la vida”. Huyendo de la cárcel en Colombia por su actividad insurgente, viaja a Nicaragua, a finales de los 70, a apoyar la revolución sandinista y llegó a trabajar en una cárcel para mujeres del régimen somocista. En los años 80, luego de su experiencia en Centro América, Leonor regresa a Colombia y, en su relación con las mujeres de los comandantes guerrilleros comparte su reflexión sobre el papel de la mujer y el machismo no sólo en el sandinismo sino también en el ELN. Ella les explicó a las guerrilleras que el triunfo de la revolución no garantizaba condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Que los hombres sandinistas no eran ni más fieles, ni más respetuosos, ni menos violentos con sus mujeres. Esta reflexión le costó que los comandantes del ELN no le permitieran volverse a reunir con sus mujeres. Desde 1994, luego de múltiples búsquedas, de tener varias identidades, de viajar con pasaportes falsos, Leonor decidió recuperar su cédula original y empezar una inserción a la vida civil que no pasó por participar en ninguna negociación de paz. Luego de una reflexión interna sobre el nivel de degradación de la guerra en Colombia y de haber sido aislada dentro de la organización guerrillera, intenta convertirse en una mujer común y silvestre, empieza trabajar en una ONG. Se sentía feliz de haber logrado insertarse como persona común, batiéndose como cualquiera para lograr alimentarse, pagar un arriendo, sin depender del aporte económico de una organización o partido político, o de los recursos de la familia destacada de la que provenía. Leonor es una feminista de las que yo llamo feliz, que se ganaba la vida haciendo traducciones del inglés al español y viceversa. Poseía un sentido del humor exquisito, una sonrisa fresca que es signo de un espíritu absolutamente libre. Pensaba que este es el momento en que la mujer debe asumir las riendas de su destino y del de la humanidad porque el patriarcado ha llevado a la humanidad a un despeñadero. Cuando le pedí autorización para escribir sobre ella, en su acento bogotano y con una mirada traviesa de complicidad, me dijo “querida, regio” y me contó que le harían una crónica en una revista literaria muy prestante, “eso para una ilustre desconocida como yo, es una maravilla”. Tengo la certeza de que quiero llegar a los 80 años y más, con el espíritu, la vitalidad, la dignidad y la lucidez de Leonor a sus 80 años. No sé dónde y cómo se encuentra en este momento, pero si llega a leer estas líneas, quiero que sepa que cuando pienso en ella siento ternura, gratitud y admiración. Que, como ella, sigo haciendo mi propia búsqueda.

Para Andrés Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares. El derribamiento, por jóvenes del pueblo misak, nasa y pijao, de la estatua ecuestre de Sebastián de Belalcázar entronizada en el cerro-pirámide Tulcán, lugar sagrado de los pubenses originarios pobladores de Popayán, al finalizar una de sus ya históricas marchas de apoyo a la paz y reclamo de satisfacción de sus demandas sociales, cobra doble significado en estas épocas de irreverencia y desenmascaramiento de versiones de la historia acomodadas al querer de los vencedores e impuestas a rajatabla sobre la base de narrativas garantes de servilismo, mansedumbre y resignación. De una parte, es una reivindicación identitaria de los pueblos indígenas del Departamento del Cauca, junto con los afrodescendientes esclavizados, las expresiones del sojuzgamiento colonial que devino a las hazañas “civilizatorias” de los invasores, que no se desconocen pero requieren contexto y balance. De la otra, el desquite de una de las tantas marrullas de la aristocracia terrateniente descendiente de los colonizadores que, a propósito de un aniversario de la fundación de Popayán, cambiaron -como es costumbre- el acuerdo de elevar una efigie del cacique Puben y, en su lugar, instalaron una del español. “A quien le va a gustar que le monten una estatua del responsable encima de sus muertos”, dijo en elocuente descripción un dirigente indígena caucano. El gobernador del departamento quiso resolver por la fuerza la situación desconociendo el gesto y el derecho de los indígenas y ofreció recompensas para quien los delatara a la autoridad y denuncias penales, actuación anacrónica y despótica, digna del periodo que se impugna y vigente en sectores de la sociedad payanesa. Otra actitud asumió el Gobierno Nacional, a través de los ministerios de cultura y el interior -tal vez enmendando los recientes alevosos insultos a los indígenas en una conversación de funcionarios- en una mesa de concertación con las Autoridades Indígenas del Sur Occidente. Se acordó que la estatua no será restituida, los indígenas honrarán sus antepasados y declarar el cerro Territorialidad Sagrada, Ancestral, Identitaria y Cultural del Pueblo Misak. Lo que se haga allí será por iniciativa y en diálogo con las autoridades indígenas y don Sebastián apeado y descalabrado no se sabe a dónde irá a parar. Para comunicar el acuerdo, el delegado del Ministerio del Interior señaló que fue un logro del “diálogo social, el diálogo intercultural y la integración intercultural”, posición consecuente con los postulados constitucionales de un país multiétnico y pluricultural. No obstante que, en demostración de la incoherencia gubernamental en estas materias, nadie menos que el director del Archivo Nacional de Colombia, Enrique Serrano, en alarde de su hispanismo dijo que casi el cien por ciento de los colombianos “Nos identificamos más con el caballo, con el penacho, con la espada, que con el traje del indígena, que con las plumas, que con el bastón”, para luego hablar de que tirar estatuas de opresores es violencia simbólica y cuestionar la beatería del gobierno, laicismo radical. Lo contrario, no. La defenestración del exterminador de indígenas y fundador de ciudades -lo positivo no puede encubrir lo inhumano- aunque pionera en Colombia, hace parte de un movimiento mundial con epicentro en EE.UU., que desde hace años cuestiona que se rinda honores a personajes responsables de la esclavización y el genocidio de millones de seres. Antes, las expresiones de repudio habían bajado de sus pedestales y desbaratado efigies de Stalín, Ceausescu y Sadam Hussein. En EE.UU., hace bastante es objeto de juicio crítico la veneración pública al “descubridor” Cristóbal Colón y, a raíz del asesinato policial de George Floyd y las fuertes protestas que desató, tomó fuerza la reivindicación de movimientos como Black Lives Matter de desentronizar símbolos de explotación y odio, que fue escuchada en todo el mundo. La figura escultórica de Colón rodó por el suelo y quedó sin cabeza en Boston, fue pintarrajeada en Miami y ardió, de paso al lago donde la tiraron, en Richmond, Virginia. La historia constata las preferencias del navegante por el sufrimiento atroz de los doblegados indígenas -sometidos a feroces mastines, destrozados con el filo de las espadas, atravesados por lanzas de acero, aplastados por los caballos- y su avaricia sin límites. Imágen: Pares. Para un hiriente relato de su hazaña basta leer testimonios de sus contemporáneos como la Relación de la Brevísima destrucción de Indias de fray Bartolomé de Las Casas o La visión de los vencidos de Miguel León Portilla. Y si se quiere una narración dolida desde el presente, el capítulo La invasión del libro Huellas de Germán Castro Caycedo. La grandeza ética del navegante la refleja una de sus cartas: “los indios son tan sencillos en el trueque y tan pacíficos frente a la guerra que con las astucias de un comercio honesto, o con la violencia de las armas será fácil de obtener de ellos cuanto se quiera”. La estatua del comerciante de esclavos y líder civil Edward Colston en Bristol, Inglaterra, fue derribada y empujada a las aguas del puerto con disgusto de las autoridades pero Gran Bretaña ha ido cediendo en la necesidad de revisar el motivo de sus cultos para sancionar símbolos de pasados que avergüencen. Por esa razón la que conmemoraba al fundador del Museo Británico fue retirada por sus directivas por su vinculación con el sojuzgamiento de hombres negros al igual que se dejó sin nombre un edificio de la Universidad de Liverpool. Grandes marcas como Nike, Adidas, Nestlé, Qaker, Netflix, Facebook y Disney han replanteado sus mensajes e imágenes. En Washington, la senadora demócrata Nancy Pelosi agitó el debate al pedir que se retiren las esculturas a los jefes confederados del sur de los nichos del Capitolio esclavistas e inspiradores del supremacismo blanco. Reclamo que otros hacen llegar hasta los “Padres fundadores”. En Amberes (Bélgica), el gobierno local decidió desmontar por su cuenta la estatua del rey Leopoldo II, ante los reclamos por sus iniquidades y los más de 15 millones de muertos durante la dominación colonial en el Congo. En la Universidad de Edimburgo revocaron el nombre del filósofo David Hume por su pensamiento racista. Como contrapartida afirmativa al grafiteo (vandalización lo llaman otros) de figuras de la revolución y la república por sus posiciones colonialistas, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, anuncia que levantará una estatua en homenaje a la lideresa negra guadalupana, Solitude, heroína contra la dominación francesa en El Caribe, en reconocimiento a las luchas antiesclavistas. El periódico Los Ángeles Times acaba de pedir perdón por sus tradicionales posiciones racistas y a favor del domino blanco y promete “hacerlo mejor en adelante”. La disputa por desmontar íconos y discursos dominantes y elevar nuevos referentes es un síntoma de las nuevas realidades y mentalidades que relacionan a los ciudadanos con su historia. Regresando al país, tal vez el primer intento por resignificar los símbolos dominantes en el pasado de Bogotá, lo realizó Gustavo Petro desde la Alcaldía, al descolgar el cuadro del fundador colonial Gonzalo Jiménez de Quezada, cuya crueldad con los nativos y codicia están bien documentadas, del salón que llevaba también su nombre y reemplazarlo por una pintura del libertador Simón Bolívar, ataviado con ruana, llamada “El Chamán” y de autoría de Luís Luna, y rebautizar el auditorio con el nombre de “Los libertadores”. Un poderoso mensaje que apenas duró su gobierno, pues al asumir el “gerente” Peñalosa, ordenó reponer a Jiménez de Quesada y embellecer el monumento que lo homenajea en la Plazoleta del Rosario. Dos visiones de la historia de la ciudad en disputa: la sublimación del pasado colonial o la exaltación rebelde de las luchas de Independencia. Todavía “El chamán” está en las bodegas de objetos en desuso en el Palacio de Liévano. En la conmemoración de los 200 años del Grito de Independencia (2010) , la agenda oficial, plena de auto celebraciones de la “seguridad democrática” como supuesta continuidad de esas jornadas heroicas, en la cabeza afiebrada del uribismo, se distrajo con un hecho disruptivo: el escultor Nelson Fory al cubrir con pelucas afro al fundador de la ciudad y los precursores de la Independencia, caballeros blancos o blanqueados, sitos en el Camellón de Los Mártires de Cartagena, envió un mensaje imposible de ignorar contra la invisibilización de los afrodescendientes y mestizos en las célebres jornadas libertarias de “La heróica”. “De la historia nuestra caballero”, llamó su intervención concientizadora, tomando un verso de “La Rebelión” de su paisano Joe Arroyo, que es un canto contra “la esclavitud perpetua”. Los monumentos, como el lenguaje, comunican visiones de mundo, revelan en un objeto artístico los hechos y personajes preferidos por quienes predominan en la sociedad en un momento histórico -unos con más consenso que otros, algunos con ninguno- sea para ensalzar a los tiranos o en gratitud a sus liberadores y héroes, ora para respaldar una esperanza o venerar un engaño colectivo y dejar un legado a la posteridad. Imagen: Pares. Tanto en esa efemérides, como diez años después en la celebración de la Batalla de Boyacá (2019), uno de los hechos más notorios, desde la academia, pasando por los medios de comunicación, hasta las movilizaciones sociales, fue la emergencia de las regiones, los territorios, la mujer, los indígenas y los afrocolombianos reafirmando su papel en las gestas libertadoras y en las nuevas luchas para hacer realidad su reconocimiento y derechos. Inolvidable que esas dos fechas hayan sido enaltecidas con movilizaciones indígenas, “mingas” en respaldo a la paz, las demandas por justicia social y reconocimiento a su autonomía, acompañadas por organizaciones sociales de diversa índole. Fue la forma de decir que ya la historia no se escribe a punta de perfiles laudatorios, justificaciones de injusticias y vergonzosas exclusiones. Ahí están si no para corroborarlo, los monumentos al holocausto, al soldado desconocido, al memorial al “Che” Guevara en Santa Clara, a los horrores del estalinismo, el Bolívar desnudo, las “Auras solas” de Beatriz González en los columbarios de la 26 en Bogotá para que no se olviden los miles de masacrados y los “Fragmentos” de Doris Salcedo, las armas de las Farc hechas suelo para que pisemos y reflexionemos sobre los males de la guerra. Y las víctimas esperan que el Centro de Memoria Histórica de Bogotá sea un reconocimiento a su padecimiento y no una reivindicación acomodada de algunos actores del conflicto, como con ironía describe el engaño de los homenajes, Juan Manuel Roca en el poema La estatua de bronce. Desde la alteridad, irrumpiendo con grafitis, performances e intervenciones, se publican las reivindicaciones, luchas, duelos y lealtades de los pueblos. Con imaginación interpelan al pasado para reclamar su lugar en la historia, al presente para potenciar la justeza de sus luchas y al futuro con la utopía de una sociedad sin exclusiones ni inmerecidos privilegios, garante de derechos y diversidades, en armonía del hombre y la mujer con la vida y la naturaleza y orgullosa de su historia común. Una estatua es algo más que un adorno y los pueblos del mundo ya lo saben.

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares. El título de este artículo es tal vez la frase que mejor sintetiza el balance que, el pasado sábado 26 de septiembre, realizaron un conjunto amplio de actores que fueron invitados a la 1ª Conferencia Internacional para la Implementación del Acuerdo de Paz. Este fue un evento organizado por el movimiento Defendamos la Paz y que sirvió para conmemorar la histórica firma del Acuerdo Final en Cartagena, en 2016, ratificado un par de meses después en el Teatro Colón de Bogotá. En esta primera conferencia hubo tiempo para escuchar a todos. Fue un evento plural, en el que estuvieron presentes los protagonistas de la paz. Desde los actores que negociaron los contenidos del Acuerdo (Humberto del Calle y Rodrigo Londoño) y los países garantes (Noruega y Cuba) hasta el representante del Gobierno Nacional (el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila). Pasando por varios premios nobel de paz y por los representantes de las víctimas y de las comunidades afro e indígenas y las mujeres. Fue un evento que sirvió para hacer un alto en el camino y señalar los avances y logros en materia de implementación del Acuerdo Final, pero también para mostrar vacíos, problemas y retos en la implementación. Entre los logros de estos primeros cuatro años se tienen: la dejación de armas, que fue todo un éxito según la ONU; la reincorporación económica y social de los exguerrilleros, pues cerca de 13 mil de ellos vienen desarrollando de manera innovadora una serie de proyectos productivos comunitarios. Además, la transformación de las Farc de guerrilla en partido político, lo que evidencia su deseo de no querer volver a la guerra y la apuesta decidida por la paz. Un proceso de paz que permitió, en sus primeros dos años, la reducción de los niveles de violencia en el país. En especial, paró las muertes de los soldados y policías. Además, el país logró avances importantes en el mejoramiento de la democracia, con la puesta en marcha del Estatuto de la Oposición. Y finalmente, comenzó a operar un sistema de justicia transicional, sin precedentes en el mundo, que pone en el centro a las víctimas y que está permitiendo el acceso a la verdad, la justicia y la no repetición. El encuentro sirvió también para destacar como la ola de violencia que se está viviendo en los últimos dos años es el principal obstáculo y reto para la construcción de la paz. Todos los asistentes coincidieron en que el principal problema de la implementación del Acuerdo Final es el fenómeno de la violencia. De nuevo, en estos dos últimos años, están apareciendo masacres, muertes selectivas, desplazados y violación de derechos humanos. Es duro que se sigan matando a los que defienden el Acuerdo e intentan construir la paz. El territorio nacional está viendo como una mancha roja se viene extendiendo por muchos lugares. En el pasado reciente muestra un incremento de la guerra. Hay presencia creciente de variados grupos armados organizados. ELN y las Disidencias de las Farc doblaron su presencia en el territorio nacional en estos dos años. También han ampliado su presencia en los territorios y con ello las rentas criminales los grupos armados ilegales como los Pelusos (EPL), los Caparros y el Clan del Golfo. La muerte debe parar, esa es la idea que se quiso dejar con la firma del Acuerdo Final, y no se está cumpliendo. De allí la solicitud unánime: el respeto a la vida de los que defienden y trabajan por la implementación del Acuerdo. Se tiene una responsabilidad de garantizarles la vida y velar por su seguridad y la de sus familias. Imagen: Pares. Esta expansión armada y criminal viene provocado la muerte de miles de líderes y lideresas, de los firmantes de la paz y los defensores de derechos humanos. Según Indepaz, en lo que lleva del año son 203 líderes y lideresas asesinados y 1008 en los cuatro años de implementación del Acuerdo. Son 43 firmantes de la paz asesinados entre enero y septiembre, y 229 en estos cuatro años. Y son 16.000 personas desplazadas en 2020, lo que significa un 96% de incremento en comparación con el mismo período de 2019. Lo que demuestra que el semáforo Duque le está dando luz verde a la guerra. Las masacres, las muertes selectivas y los desplazados están minando la confianza en el proceso. De allí que el llamado más urgente que hicieron los asistentes al evento fue la defensa de la vida. La muerte debe parar, esa es la idea que se quiso dejar con la firma del Acuerdo Final, y no se está cumpliendo. De allí la solicitud unánime: el respeto a la vida de los que defienden y trabajan por la implementación del Acuerdo. Se tiene una responsabilidad de garantizarles la vida y velar por su seguridad y la de sus familias. Los firmantes de la paz (gobierno y ex guerrilla) sabían que en el posconflicto la posibilidad de retornar a la violencia era muy probable. Por eso anticiparon una serie de mecanismos para el cuidado de la vida y mantener la seguridad. El Acuerdo Final identifica y señala una serie de instrumentos y mecanismos para la protección de seguridad que hay que activar y desarrollar, por ejemplo, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Un proceso de paz que permitió, en sus primeros dos años, la reducción de los niveles de violencia en el país. En especial, paró las muertes de los soldados y policías. Además, el país logró avances importantes en el mejoramiento de la democracia, con la puesta en marcha del Estatuto de la Oposición. Y finalmente, comenzó a operar un sistema de justicia transicional, sin precedentes en el mundo, que pone en el centro a las víctimas y que está permitiendo el acceso a la verdad, la justicia y la no repetición. Fotografía: Pares. Se pidió a la Fuerza Pública, a las organizaciones del Estado y a las comunidades a que trabajen juntos por la defensa de la vida. Hay que proteger la vida de los líderes y lideresas y de los firmantes de la paz. No se puede permitir que siga avanzado en la guerra. La esperanza de la paz hay que mantenerla. La protección de la vida permitirá a los reincorporados continuar con sus proyectos productivos, con sus programas de vida, con la reincorporación comunitaria Y a los campesino y víctimas de la violencia que disfruta de su tierra y puede trabajarla para con su trabajo forjar el bienestar de sus familias. En conclusión, el llamado que hicieron los asistentes al evento es invitar al Gobierno Duque a un cambio de luces en el semáforo de la paz y la guerra. Que le den vía libre a la paz y que ojalá se le ponga luz roja de la violencia para siempre. La vida debe de estar por encima de las ideas, de la política y de la polarización. Esta es una invitación para avanzar en la recuperación de la confianza en el Estado.

Por: María Victoria Ramírez. Columnista Pares. -¡Tomad la tierra! -desde su alto asiento dijo a los hombres quien pobló el vacío-. -Para cumplir mi soberano intento habedla en fraternal compartimiento, que os la doy como herencia y señorío. Ya más correr, por acudir primero, cada mortal al llamamiento vino, y cuanto pudo sometió a su fuero: los frutos de la tierra, el campesino; la selva, do cazara el caballero. Colma la troj el mercader y el arca; se adueña el monje del viñedo umbrío: ¡y, ya fuerte sintiéndose el monarca sendas y puentes con barreras marca diciendo; -¡El diezmo! porque el diezmo es mío. Poema La partición de la tierra de Friedrich Von Schiller. En julio de 2010, tuve la ocasión de asistir a la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, convocada por la CEPAL en la ciudad de Brasilia. Una de las ponencias estuvo a cargo de la profesora y feminista de la Universidad Nacional de Colombia Magdalena León, cuyo título he tomado prestado para nombrar mi columna de hoy. El planteamiento central de la ponencia era que, para avanzar en la justicia de género, hay que integrar redistribución y reconocimiento. La propuesta de León, con base en estudios feministas previos y en los suyos propios es que en América Latina “la propiedad puede representar la bisagra que une la redistribución y el reconocimiento en cuanto a justicia social con perspectiva de género.” En dicha ponencia se reconocía que en las primeras etapas del feminismo no se tuvo como prioridad el tema de la propiedad, que hubo un énfasis en el reconocimiento del aporte de las mujeres a la construcción de sociedad y en hacer posible su acceso al trabajo remunerado. León argumenta la idea de que el acceso a la propiedad, no solo la tierra sino en general a los activos, es una fuente de bienestar que se extiende en muchos casos a la familia, puesto que: “Existe cada vez más evidencia en la región de que es más probable que las mujeres compartan, para beneficio de la familia, cualquier ingreso que devenguen individualmente. Por el contrario, es más probable que los hombres gasten en su consumo individual parte de los ingresos que devengan, y que sólo contribuyan con una porción de ellos al fondo familiar.” En el documento final de la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en la que Magdalena León presentó su disertación, denominado Consenso de Brasilia, los gobiernos de los países participantes, representados por ministras, delegadas y delegados del más alto nivel dedicados a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, reunidos para discutir el tema de los logros y desafíos para alcanzar la igualdad de género con énfasis en la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres, tuvieron dentro de sus considerandos: “(…) que el derecho a la propiedad de la tierra, así como al acceso al agua, bosques y biodiversidad en general, es más restringido para las mujeres que para los hombres; que el uso de esos recursos naturales está condicionado por la división sexual del trabajo; que la contaminación ambiental tienen impactos específicos sobre las mujeres en la ciudad y el campo, y que es necesario que el Estado reconozca el aporte de las mujeres a la conservación de la biodiversidad, implemente políticas de acción afirmativa y garantice el ejercicio de sus derechos en este ámbito.” Acordaron múltiples acciones en materia de autonomía económica y laboral para las mujeres, dentro de las cuales quiero citar dos atinentes a la propiedad: · Adoptar el enfoque y medidas de igualdad de género, raza y etnia, en relación con la política económica, fiscal y tributaria, la reforma agraria, el acceso a la propiedad de la tierra, la vivienda y otros recursos productivos, para asegurar la redistribución equitativa de la riqueza; · Garantizar el derecho y acceso de las mujeres a la propiedad de las tierras y las viviendas concedidas mediante los programas habitacionales de los gobiernos, con título de propiedad, respetando el derecho de las mujeres de los pueblos indígenas a su territorio, ya que es la base para el desarrollo económico y cultural. Toda esta discusión de hace 10 años, la traigo a colación porque tiene una enorme vigencia, dado que los desequilibrios de género aún persisten y se han agravado en esta pandemia. Debo reconocer una preocupación por parte de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer de Colombia en promover iniciativas de empoderamiento económico de las mujeres, dado que se sabe, por los datos del DANE, que son las mujeres las más vulnerables y las más afectadas económicamente en esta emergencia sanitaria, tanto en el sector formal como informal de la economía. Controlar los activos propios y los ingresos es de la mayor importancia para minimizar la vulnerabilidad económica de las mujeres y de sus hijos. La propiedad de activos económicos, además de generar ingresos en su uso, también guardan y acumulan valor a través de la vida. Por tanto, son un elemento clave en relación con la seguridad de la familia. Los bienes económicos se pueden vender o hipotecar en situaciones de emergencia y sirven como garantía para obtener crédito para emprender actividades económicas. La construcción de cualquier estrategia para disminuir la pobreza debe tener en cuenta el control autónomo de la mujer sobre propiedad e ingresos. Pero no solo debemos aprender a generar ingresos, a construir un patrimonio propio, sino también a mantenerlo, puesto que la titularidad de los bienes no garantiza que podamos mantenerlos. En la dirección de empoderar a las mujeres económicamente, debo resaltar la iniciativa reciente de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer de la Vicepresidencia de la República, denominada Seminario Web Mujeres de Negocios en el que han logrado convocar alrededor de 600 mujeres en todo el país que o bien, son empresarias o aspiran a serlo. Esta estrategia se adelanta en alianza con la EAN (Escuela de Administración de Negocios) de Bogotá. Es un ciclo de videoconferencias en las que se puede interactuar con los panelistas sobre 12 temas, dentro de los cuales se encuentran Segmentos de mercado, Propuesta de valor, Relaciones con los clientes, Fuentes de ingresos. Es cierto, solo si somos dueñas de nuestro propio patrimonio, si tenemos control sobre nuestras finanzas, si no renunciamos a la autonomía económica, se concreta una dimensión vital de la equidad. De lo contrario, se está a merced de terceros: los padres, de los hijos o de las parejas que, tengan la seguridad cuando llegue el momento, en la mayoría de los casos, tomarán partido por ellos mismos y no desaprovecharán la oportunidad de sacar ventaja; lo digo con conocimiento de causa, o como diría un tío mío: “Yo todo eso lo he vivido”.

Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares. Frente a lo sucedido los pasados 9 y 10 de septiembre todo es un misterio. Hubo un hecho desencadenante, el asesinato por policías de Javier Ordóñez, indignación ciudadana al presenciar en vivo y en directo un “iter criminis” y 12 muertos más, la mayoría producto de disparos de armas de fuego utilizadas de manera indiscriminada por policías adscritos a los Centros de Atención Inmediata, estrategia de acercamiento a la comunidad que terminó en desprestigio por haberse convertido algunos en sitios de extorsión y abuso de autoridad. La alcaldesa de Bogotá, firme en la denuncia de los abusos policiales y desacatada esa noche, sostiene que a nivel distrital, en la que ella es jefe de la institución, jamás hubo una orden de dispersar las manifestaciones a plomo. Lo mismo dicen el Ministro de Defensa, casi en funciones presidenciales en esta crisis, y los comandantes nacional y local. Pero, en 13 de esos centros los policías dispararon a matar de manera indiscriminada, como lo evidencias varios informes periodísticos y denuncias ciudadanas. Entonces ¿Quién dio la orden de repeler con armas de fuego la indignación civil? O fue una reacción reflejo condicionado por el adoctrinamiento de que las movilizaciones sociales hacen parte de una estrategia subversiva en curso y que se tolerarán de manera limitada. Parece cierto que en la protesta actuaron activistas y provocadores pero fue una justificada protesta contra un aberrante abuso de autoridad. Por arte de birlibirloque el gobierno convirtió la excepción, los vándalos, en lo prominente de la jornada de inconformidad para distorsionar la manifestación ciudadana. Ya en los análisis del paro del 21 de noviembre de 2019 y sus alteraciones, que terminaron con la muerte de Dilan Cruz a manos de un miembro del Esmad, venía haciendo carrera en los medios de la derecha colombiana una hábil pero espuria teoría acerca de la agitación social que, en ese momento, sacudía varios países latinoamericanos y había comenzado en Chile con protagonismo de los jóvenes. Se intenta relativizar las causas sociopolíticas del descontento para situarlas en las acciones de una conspiración “rusa”, “castrochavista” y del “Socialismo del Siglo XXI”. Sandra Borda en el libro “Parar para avanzar”, memoria de esa jornada, deja en claro el alcance democrático y transformador del vigoroso movimiento estudiantil colombiano, lleno de inteligencia y compromiso, causas y razones. En el país austral un informe de un centro de investigación amigo del gobierno derechista de Piñera, que pretendía responsabilizar a Rusia y Venezuela de las multitudinarias movilizaciones, quedó en ridículo ante las sandeces argumentadas. En Colombia, una aún no esclarecida escena de terror sacudió la segunda noche del paro N21 en Bogotá y Cali, imputada por el exalcalde Peñalosa a un complot orquestado por “una organización de alto nivel”, de la que jamás se volvió a hablar. La investigación reciente del concejal Diego Cancino y la empresa Cifras & Conceptos sobre el hecho, lleva a la conclusión de que lo que hubo fue un complot para atemorizar a la ciudadanía y justificar medidas de excepción, en la que fue muy activo el twitter de la congresista uribista María Fernanda Cabal. Una situación similar se vivió a mediados de los años 70 en Latinoamérica, cuando, ante el ascenso de los reclamos sociales y la presencia guerrillera, los regímenes dominantes, alineados con EE.UU., prefirieron ceder el sillón a las dictaduras y acabar con el gobierno de Salvador Allende, socialista elegido por voto popular en Chile. Colombia, embozada en el gobierno civil de Julio Cesar Turbay Ayala, asumió el poder la democracia restringida de la seguridad nacional, el mandato estadounidense a sus súbditos en la guerra fría para confrontar el “enemigo interno” o la “expansión comunista”, etiqueta que les sirvió para reprimir las demandas populares y las libertades públicas. No obstante la demagogia del respeto al derecho a la protesta por parte del gobierno y del partido de gobierno, conciben las distintas manifestaciones de inconformad, provocadas por una agenda pro rico y anti acuerdos de paz, que se impuso en las elecciones con el apoyo de los partidos tradicionales y sus derivaciones -que ahora intentan escabullirse-, como parte de una estrategia de desestabilización en la que convergen desde el expresidente Juan Manuel Santos y funcionarios de su gobierno, la izquierda,los verdes, los movimientos sociales, el partido Farc, hasta las disidencias de esa organización, la facción que se arrepintió de los acuerdos de paz, el ELN y grupos delincuenciales, en el propósito del “neochavismo” para llevar al país al comunismo. María Fernanda Cabal acusó al expresidente Santos de estar detrás de los disturbios del pasado 9 de septiembre. Coincide ese argumento en apariencia disparatado, pero jugoso en la polarización y alinderamiento electoral de los que han sacado provecho Uribe y su partido, con la denuncia promovida por la derecha internacional de una lunática estrategia mundial orientada de nuevo a imponer el comunismo que ya no tendría sede en Moscú sino en “moléculas dispersas” y en la que hacen alianza multimillonarios como George Soros y Bill Gates con “países parias” como Rusia e Irán, el Foro izquierdista de Sao Pablo, el Grupo progresista de Puebla y la prensa liberal mundial para imponer una globalización ajena a los “valores tradicionales”. Para fundamentar la impostura encontraron el puntal ideológico oportuno. La prédica de Aléxis López Tapia, un convencido nacionalsocialista chileno que hace causa solitaria desde un canal privado de tv. en Santiago, cuyos intentos de instituir un partido hitleriano y realizar eventos internacionales con representantes de esa expresión proscrita en el mundo han sido contenidos y lleva ya varios años en procura de un paraíso nazi, mascullando contra las debilidades libertinas de la democracia y rumiando contra la modernidad. Siempre habrá una ardid que intente inhibir el cambio. Él lo encontró en una fantasiosa adaptación de la compleja filosofía de la deconstrucción, de la que son artífices los filósofos franceses Gilles Deleuze y Félix Guattari, fundamentando en lo expuesto por ellos, la causa de la actual inconformidad contra el orden neoliberal y pronorteamericano. Para López, hay un plan global de imposición del comunismo que ya no obedece a estructuras identificables y se expresa a través de la suma de acciones individuales de desobediencia para llevar al colapso al sistema e imponer la anarquía. Basta ilustrar la conspiración con los propios ejemplos de este ideólogo de la resistencia a la llamada “revolución molecular dispersa” para entender su “profundidad” pero también su peligro, pues como en un agujero negro, en esa explicación “teórica” cabe todo: los demócratas, Antifa y Black Lives Matter en EE.UU., Podemos en cogobierno en España, “Los chalecos amarillos” franceses, los movimientos lgbt, de género, feminista, abortista, animalista, ecologista, estudiantil, indigenista y pro legalización de las drogas y eutanasia, las centrales de trabajadores y los partidos liberales y de izquierda. Según él, la deconstrucción está presente en el seriado animado “Los Simpson” que en su concepto pasa de ser una sátira de la familia promedio gringa a promover a través del incorregible Bart la sociedad indócil del futuro, por esa misma vía los niños se malcriaron con los “Teletubis” y “Los Horcos” son el paradigma de sociedad que propone el progresismo. De paso, junto a productores audiovisuales, políticos, cientistas, activistas por los derechos, conjurados en este plan, coloca a los “mimos” callejeros que al parar el tráfico socializan en la desobediencia a la ley. Sin negar que en una acción colectiva puedan participar activistas ideológicamente preparados, incluso colectivos subversivos, la explosión de masas que vive el continente de sur a norte, pues en EE.UU. el populismo extremista de derecha de Donald Trump ha desatado reacciones callejeras como la vivida por el asesinato del afroamericano George Floyd por policías blancos, similares en su iracundia a las de Chile y Colombia a finales de 2019, contendidas por la pandemia, y revividas por hechos recientes, amerita explicaciones más profundas y menos panfletarias. Es delirante pensar que miles se sincronicen mental y fácticamente para derribar el Estado e instaurar una dictadura del “desorden”, cuando propenden por policías civilistas, educación y salud públicas, que se acabe la corrupción y la plena vigencia de la democracia, derechos progresivamente conculcados. Según López, los movimientos sociales, horizontalizan la política, dispersan las responsabildades y anonimizan los liderazgos. Son agrupaciones de “máquinas de guerra” que escalan un programa de exigencias a través de la violencia hasta saturar y desquiciar el orden institucional. Una clara desfiguración de esas organizaciones reivindicativas populares, que en el caso colombiano han visto por decenas caer asesinados a sus dirigentes con displicencia del gobierno y ciertos sectores de la sociedad. Por supuesto, la enrevesada teoría fue comprada exprés por los eruditos ideólogos y voceros de la derecha colombiana. Para explicar los sucesos del 21N, López Tapia fue el referente de Fanny Kertzman y Plinio Mendoza, entrevistado de Fernando Londoño Hoyos en “La hora de la verdad”, en el noticiero internacional NT24 de RCN y en el portal informativo uribista “El nodo”. En mayo de este año, la Escuela Superior de Guerra realizó el sintomático foro virtual “Pandemia y Revolución Molecular”, con López como invitado internacional junto a mandos activos y en retiro de las fuerzas armadas y reconocidos analistas y políticos uribistas. Y tras los hechos del 9S, María Fernanda Cabal, de nuevo, encontró en el pronazi chileno la explicación de lo ocurrido. En el debate académico vaya y venga el análisis de las diversas expresiones ideológicas y políticas que fundamentan los regímenes que han gobernado la humanidad, pero que desde un partido de gobierno se asuma como línea orientadora de la interpretación de un fenómeno social, la visión de un reconocido agitador del fascismo que como corolario a sus prédicas convoca a “resistir con todo vigor” cualquier expresión que propenda por la reforma o el cambio debe ser motivo de preocupación. Más aún cuando se advierte por analistas que en Colombia podría darse una retención arbitraria del poder argumentando la necesidad de contener la supuesta amenaza y en EE.UU., Trump ya ha hecho pública esa posibilidad. En ese ambiente son de cuidado los trinos del ministro de defensa Trujillo provocando a la oposición al señalarla como responsable del incremento de los cultivos de coca por respaldar una solución social como el Pnis y oponerse a la erradicación forzada, la criminalización de los pequeños cultivadores y la aspersión depredadora con glifosato, así como su interpretación, antecedida del justificante respeto a la protesta, de que el Paro del 21S es parte de una estrategia para impedir al gobierno solucionar los problemas. Por el comportamiento de la Policía frente a los manifestantes el pasado 21 de noviembre, la Corte Suprema le acaba de ordenar pedir perdón y poner en cintura las tropelías, al gobierno respeto y garantía de la protesta social y al Congreso una regulación adecuada a la realización de ese derecho, Poco a poco la jornada de protesta antipolicial del 9 y 10 de septiembre trasuntó a una asonada insurgente, aún con el alarmante mensaje que deja de unas autoridades que, en supuesto conocimiento de planes en ese sentido, permitieron lo sucedido. La matanza provocada por policías, salvo en el caso de Javier Ordóñez, fue puesta en trastienda y el consejero de seguridad nacional a la vez que presenta una supuesta reforma cosmética en curso, reclama como responsable de la violencia callejera que, de cientos de detenidos solo unos pocos fueran objeto de medida de aseguramiento. Un deja vú de la Doctrina del coronel Ñungo de la época de Turbay “Es preferible condenar cien inocentes a que se libere un culpable”. Por si fuera poco para no ver los astros alineándose, el expresidente Santos y medios de información estadounidenses cuestionan que la extrema derecha colombiana está trabajando a favor de la campaña de Donald Trump en Miami con el argumento de que el candidato demócrata Joe Biden es un socialista radical que va a convertir a los Estados Unidos al “castrochavismo”. Trump ha ido dejando rastros de que podría oponerse a un resultado electoral adverso y en su última declaración afirma que podría impedir la participación de su adversario electoral. Mientras especulan con moléculas dispersas para reprimir el descontento social, hacen trizas la democracia y las esperanzas de paz.

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares. El 9 de septiembre de 2020 una ola de manifestantes incineró en Bogotá, Soacha y Cali alrededor de 70 Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional. Cinco días después, el lunes 14, otro grupo de jóvenes, compuestos en su mayoría por estudiantes, derribaron en Medellín una estatua dedicada a honrar los Lanceros del Ejército Nacional. Finalmente, el 16 de del mismo mes, el pueblo Misak mandó al suelo la estatua del conquistador de Popayán, Sebastián de Belalcázar, ubicada en El Morro del Tulcán de esta ciudad. De inmediato las reacciones gubernamentales y ciudadanas en torno a este fenómeno colectivo fueron variadas. Entre ellas, catalogar a estos hechos como vandálicos. De allí que en Bogotá se ofreció recompensa por información que ayudara a la captura de los manifestantes involucrados. En Medellín se señaló a los jóvenes de destructores de bienes públicos y lo necesario de condenar estos actos contra el Ejército y apoyar a la institución. Y en Popayán se habló de perdonar los hechos, pero se insistió en la necesidad de defender y reconstruir la icónica figura del conquistador español. Este fenómeno político, a pesar de lo simple que resulta, aborda un tema complejo. El mal uso del poder provoca reacciones de la población. Y como la iconografía son imágenes que quedan en la memoria de los ciudadanos, estos artefactos son violentados y atacados cuando se reacciona contra el poder. El derrumbe de edificaciones, estatuas y monumentos representa un descontento generalizado de la manera como se lleva las riendas del poder. La eliminación de las simbologías de los lugares públicos a manos de la ciudadanía es una respuesta, una reacción frente a algo que no le parece bien. De allí que los tres sucesos de recién ocurrencia ilustran el malestar que sienten los colombianos, la irritación a la que están sometidos, el sentimiento de agravio que existe. Lo que se vio en Bogotá, Medellín y Popayán es una muestra de insatisfacción. La población no está de acuerdo con la violencia con que actuó la Policía Nacional, ni con la manera como se irrespeta la memoria de las víctimas, ni tampoco con tener en las montañas sagradas las imágenes de los genocidas españoles que acabaron con los pueblos ancestrales. El derribamiento de Belalcázar en Popayán muestra una estatua colosal con la cabeza destrozada. Los manifestantes indígenas derribaron y hundieron la cabeza de este monumento público que tiene carácter histórico y sobre todo político. Los habitantes de Bogotá y Soacha no están conformes con la manera como la Policía actuó aquella noche de septiembre con Javier Ordóñez, ni como lo hicieron después con los manifestantes. La destrucción de los edificios no es un llamado a la clausura de estos espacios, sino un llamado a la reforma. No quieren que esos lugares se conviertan en espacios de tortura o de muerte. Reaccionando contra el abuso de poder de la Policía Nacional. Los jóvenes estudiantes de Medellín no estaban de acuerdo con que al frente del Museo Casa de la Memoria y a menos de 100 metros de las placas donde están registrados los nombres de los miles de caídos a causa de la violencia en la ciudad, se ponga una imagen de unos soldados. Estos representan la Fuerza Pública, la que consideran está involucrada en la muerte de estas personas, como lo ocurrido en la Operación Orión en la Comuna 13. Y no están de acuerdo los indígenas del Cauca que cuando visitan la ciudad de Popayán observan a su verdugo, aquel que asesinó de forma cruel a sus antepasados. El derribamiento de Belalcázar en Popayán muestra una estatua colosal con la cabeza destrozada. Los manifestantes indígenas derribaron y hundieron la cabeza de este monumento público que tiene carácter histórico y sobre todo político. Los tres actos deben ser leídos como acciones encaminadas a la destrucción de símbolos del poder. Los tres grupos se manifestaron contra los símbolos que supuestamente los representa. El primer acto fue un ataque contra un símbolo del poder armado policial; el segundo es una reacción de las víctimas de violencia; el tercero en un grito de «¡Abajo, abajo! contra la manera de contar la historia y resaltar a un genocida, despojador y destructor de culturas. Actuaron intentando derrumbar la simbología colectiva que representa al policía, al soldado y al conquistador español. Destrozar un edificio o tumbar un monumento puede ser una oportunidad para hablar, para revisar lo que hacemos, para cambiar lo que se requiera. La destrucción de símbolos es un ejercicio de libertad de expresión, digno de respeto, pero también debe ser un momento para trabajar en la reconciliación y en la construcción de otras realidades. El reto es cómo lograr la convivencia pacífica. La tarea para el gobierno y la sociedad colombiana es avanzar en la realización de cambios o reformas. En la construcción de nuevas mentalidades para la fuerza pública en momentos de transición. En el respeto de la memoria de las víctimas y el reconocimiento de los victimarios y los actos de perdón. Y en asumir narrativas de la historia pluralistas, que recoja la identidad multiétnica y que sea transversal en los relatos para la construcción de una memoria colectiva incluyente.