Por: María Victoria Ramírez M. Columnista Pares. Tengo un nudo en el pecho Lo tengo hace 20 años No me miras, no me tocas, no me escuchas A París llevé un pijama de satín rojo que no estrené No hicimos el amor en París Cuando finalmente dejé mi argolla matrimonial sobre la cama, Dijiste haberlo entendido. De tu lengua bestial brotó fuego Nos quemaste, a mí y a nuestro crío. Existe una maldición milenaria sobre el que intenta romper el vínculo filial: “La infertilidad transmisible” Poema sin título de la escritora Maj Llawöjs. Esta columna es especial porque me siento como una quinceañera. Es mi columna número 15 en el portal de PARES. Es difícil no sentir felicidad cuando uno escribe y encuentras personas receptivas, que incluso reclaman cuando uno deja de publicar. Me sucedió hace algunos años cuanto fui columnista del periódico La Tarde de Pereira, ya desaparecido. Quise conectar mi columna 15 con quien era yo en esa edad temprana. En ese momento no tenía preocupaciones políticas, fue solo tres años después, cuando ingresé a la universidad, cuando empecé a hacerme preguntas, porque los activistas políticos me hicieron hacerme preguntas. Cuando cumplí 15 años, vivía en el municipio de Cartago (Valle), estudiaba en un colegio religioso. Fue el año 1985 y sería el mismo año de dos eventos que marcaron la historia de este país: La toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero. A esa edad ya había sufrido un episodio de estrés que me produjo la caída masiva del cabello, lo que el dermatólogo diagnosticó como Alopesia Areata. El estrés no tenía origen en algún hecho violento. Por fortuna tuvo tratamiento. Mis cuitas eran simples. Recuerdo que como muestra de rebeldía en mi agasajo de 15 años no me vestí de colores pastel, en su lugar me decidí por un enterizo negro. El Palacio de Justicia es quizás uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia. Yo lo recuerdo con cierta distancia. En ese momento no era consciente de lo que eso significaba. Luego pude leer Noches de humo de Olga Behar Leiser y asombrarme con todos los detalles del abuso estatal en el uso de la fuerza, por llamarlo de forma benevolente, muy superior la violencia ejercida por el M-19. Hoy, casi 35 años después, Bogotá y otras ciudades del país vuelven a ser escenario del uso excesivo de la fuerza, esta vez no contra guerrilleros, magistrados y empleados del Palacio de Justicia, sino contra jóvenes indefensos que reclaman justicia por la muerte de un civil a manos de la Policía. Cincuenta años de conflicto armado, violencia del narcotráfico, además de casi dos décadas de uribismo han trastocado la escala de valores de muchos colombianos que equiparan la respuesta airada de manifestantes enfurecidos frente a una injusticia, con los disparos indiscriminados de policías contra personas indefensas. He escuchado frases tan asombrosas como que el estudiante de derecho asesinado por policías se merecía la muerte porque era muy alzado, y que si lo mataron era porque había provocado a los uniformados. Los coros de ultraderecha siempre, sistemáticamente, repiten como loros y la masa hace eco de que las violencias de los rebeldes, armados o no, son equiparables a las violencias de los cuerpos estatales. No, no y no. No es lo mismo, señoras y señores, no es lo mismo. Una piedra no es igual a una bala, ni un manifestante es igual a un guerrillero. Pero, además, lo más delicado del asunto es que se equivocan los policías que consideran que quien protesta, incluso pacíficamente, es un insurgente, y se justifica la fuerza letal o semi letal para controlarlo. No hay que confundir ni dejarse confundir. Las muertes a manos de los policías que ocurrieron en los últimos días, son crímenes de estado. No son actos del servicio que deba investigar la justicia penal militar, son homicidios que debe investigar la justicia ordinaria. Hago eco de la petición de muchos, incluida la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de una urgente reforma a la Policía. Yo hubiese querido en mi columna número 15, hablar de algo mucho más festivo, incluso vestirme de rosa. Hoy como en mis 15, creo que vuelvo a vestirme de negro, para hacer un duelo, que por lo que veo no será el último que tengamos que sufrir en este país.

Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares. Las ciencias sociales y, en particular, los estudios sobre conflictos, violencia y paz lograron un enorme avance con los aportes del sociólogo y matemático noruego Johan Galtung quien es considerado uno de los progenitores de la Irenelogía (estudios sobre la paz) y por más de medio siglo ha contribuido a una visión integral de las confrontaciones en todos los ámbitos y las posibilidades de su trámite por vía del acuerdo y la transformación. Consultor de Naciones Unidas, impulsor de la educación para la paz y de centros dedicados a esa tarea en todo el mundo y mediador en la superación de conflictos internos en varios países, ha merecido los premios Nobel Alternativo de Paz y Gandhi. A riesgo de simplificación, la teoría de la violencia de Galtung supera la visión tradicional que identifica ésta con la agresión directa y reconocible (física, verbal, sicológica) para señalar otros dos escenarios de su expresión indirecta: una violencia estructural, patente en la no realización de derechos, y una violencia cultural manifiesta en los mecanismo de control que impiden la comprensión y contribuye a la perpetuación de las anteriores. En ese triángulo de la violencia, estas últimas explican la violencia directa, refieren a la injusticia social, las limitaciones a la democracia, la represión ilegítima, la exclusión social y política pero también a la aporofobia, la xenofobia, el machismo, la discriminación étnica, sexual y de género. Esa ampliación de la perspectiva del fenómeno lleva a un replanteamiento de la concepción de paz en la que a la fórmula tradicional de los acuerdos para poner fin a conflictos violentos y guerras (paz negativa) agrega una paz positiva: aquella que apunta a superar esas otras expresiones de violencia mediante la satisfacción de necesidades humanas (supervivencia, identidad, bienestar y libertad) y a la convivencia fruto de autonomía, diálogo, cooperación, solidaridad, integración y equidad. En ese horizonte amplio, no obstante lo plausible de buscar superar viejas confrontaciones violentas mediante el diálogo y el acuerdo, es engañoso hablar de una paz plena. Error evidente en las actuales angustias de Colombia. Por eso es interesante ver al país, a la luz de lo anterior y de los dramáticos hechos del 9 y 10 de septiembre, en los que una criminal actuación de un grupo policial contra un ciudadano, que lo llevó a la muerte, desató protestas de indignación y violencia protagonizadas por miles de jóvenes en Bogotá y otras ciudades repelidas con salvajismo por una autoridad de control desquiciada, con un saldo trágico en la ciudad y la vecina Soacha, de 12 personas muertas, según denuncias la mayoría por disparos policiales, las sedes barriales policiales y varios buses destruidos, comercios saqueados y cientos de civiles y policías heridos. En la conceptualización de violencia que señala Galtung, se han establecido tipologías para visibilizar, analizar y establecer alternativas conducentes a proponer a las sociedades, políticas que conlleven a una “paz grande”, es decir un ambiente de realización de derechos y transformación comprehensiva de los conflictos a través del reconocimiento, la reconstrucción y la resolución. En palabras de Estanislao Zuleta “una sociedad preparada para el conflicto es una sociedad preparada para la paz”. Es un ejercicio necesario para comprender la extraña paradoja de nuestro país que en un abrir y cerrar de ojos pasó del sueño de la paz al retorno de las más horrorosas expresiones de violencia. Y la respuesta a por qué, de repente, la cuestionada indiferencia de los pobladores urbanos con la barbarie tornó en indignada asonada popular, gracias a que las redes sociales permitieron conocer el ensañamiento y la crueldad de dos uniformados con un ciudadano puesto en indefensión, el más reciente de una historia de abusos impunes. Si se considera la violencia como el estado en que los seres humanos perciben, según Galtung, “que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales, están por debajo de sus realizaciones potenciales”, quién puede negar que en Colombia, uno de los países más desiguales e inequitativos del mundo y con altos niveles de pobreza, la padece de manera implacable la mayoría de la población y que las medidas para controlar la pandemia del Covid19 la evidenciaron y ahondaron de manera descarnada. El confinamiento obligatorio y la media marcha que lo ha continuado, la política social de migajas, el exceso de facultades otorgadas a la policía, la concentración de poderes en el gobierno, han tenido un efecto devastador sobre los sectores populares y medios, la democracia y los derechos humanos. Una población que se sostiene en su mayoría en la precariedad de la economía informal vio aumentar además el desempleo de la quinta parte de los que recibían salario, el teletrabajo y estudio en casa triplicaron la carga de las mujeres, miles de pequeñas y medianas empresas se fueron a la quiebra, el hambre es notoria en los que deambulan las calles y los trapos rojos en las ventanas de las barriadas, las “ayudas” oficiales son una humillante limosna, el hacinamiento, la angustia y la desesperanza han hecho que en muchos hogares aumente la agresión física y sexual contra la niñez y las mujeres. Las cifras de feminicidios alarman. La tercera edad fue confinada al cuarto de San Alejo. La juventud es el sector poblacional más afectado por esta tragedia, en el último trimestre el desempleo juvenil llegó al 30% y por miles abandonaron las aulas. Durante los paros estudiantiles recientes de manera masiva y contundente ha expresado su inconformidad con un sistema que la ha relegado, un futuro incierto y la negación del derecho a la educación en el que afinca sus esperanzas. Fue la fuerza protagónica del paro nacional del 21 de noviembre de 2019 y días posteriores, en jornada en la que soportó los atisbos de la tropelía represiva que se ha desatado en los últimos días. A la vez, causan dolor y rabia, en medio del horror de las masacres, los asesinatos de cinco jóvenes de Llano verde, Cali, por chupar tallos de caña y de ocho más en Samaniego, Nariño, mientras bailaban y rapeaban. Los están matando por jóvenes. Ni el país ni el gobierno ni las familias comprenden a la juventud y el drama que padece frente a un mundo que a la mayoría les cierra las puertas, los repudia por ser como son y los maltrata sin respeto. Sandra Borda en el libro Parar para avanzar establece un diálogo esclarecedor con los muchachos y muchachas que salen a gritar su desesperanza y a urgir posibilidades en las calles. Basta leer los testimonios de los portales periodísticos Cuestión Pública y La Vorágine para darse cuenta de las razones de la reacción de la muchachada tras el asesinato de Javier Ordóñez por policías. Rabias acumuladas por abusos y palizas que se desfogaron contra los CAI, centros de una autoridad que se ha hecho odiar por arrogante, vengativa, violenta y corrupta, cuya denuncia y exigencia de responsabilidades y reforma es un acto de coraje y liderazgo de la alcaldesa, Claudia López. Testimonios de algunos de los familiares de los muertos: un taxista estudiante de derecho, un vendedor de arepas, dos domiciliarios, todos en el rebusque de la vida, sostén o aspiración de los magros ingresos de sus familias, evidencian una relación tensa entre ellos y los uniformados, por prejuicio, estigma, robos, extorsiones y golpizas. La expresión de una violencia institucional tolerada por el papel que una policía militarizada ha cumplido en el conflicto y la lucha contra el narcotráfico. Como corolario, en los medios, la imagen de un padre que azota en público a su hija por estar en la protesta. Como protector o represor, un reflejo del desencuentro con la juventud. Si se mira hacia los pueblos indígenas y afrocolombiano y al campesinado, su sentido de acción colectiva y lucha les ha permitido sobreponerse a una realidad avasalladora, el asesinato de decenas de sus líderes, el irrespeto de sus territorios, ahora en disputa por bandas criminales, el despojo de sus tierras, los intentos desde representantes del poder terrateniente de imponer sus intereses voraces y revertir normas que a pesar de su limitación y tardanza permiten litigar para recuperar tierras arrebatadas por el paramilitarismo y compensar a las víctimas. En el recuerdo está fresca la violación masiva por soldados de una niña Chamí en Risaralda y otros casos más. A todo lo cual se sumó el virus, que ante el abandono estatal, amenaza con aniquilar el mapa de las etnias sobrevivientes en el país. Y ¿cuál ha sido la “política emocional” del gobierno? , de la que habla Margarita Garrido: la negación, el eufemismo, los perfilamientos. Violencia cultural, simbólica: llamar al achicamiento de los acuerdos con las Farc, “paz con legalidad”; a las masacres, “homicidios colectivos”, en un intento de fingir menor cantidad; al desplazamiento, “migraciones internas”. En los sucesos de violencia protagonizados por miembros de la fuerza pública, el gobierno ha dilatado su reacción de condena, solicitud de castigo y apoyo a las víctimas o sus familias. Ha preferido, antes de reclamar e imponer respeto a la Constitución, exaltar el “patriotismo” y “la gallardía” de los insubordinados contra la autoridad civil de la alcaldesa, transpolar escenarios, acomodar hipótesis y trasladar responsabilidades. Convertir una protesta civil motivada en un rebuscado plan insurgente. Frente a las políticas desarrolladas para controlar la pandemia y sus efectos, la mayoría de los colombianos hemos sido testigos de la predilección del gobierno por los poderosos, la amplitud con el sistema financiero, la generosidad con una empresa ajena, fracasada y poco reputada como Avianca, a la que sibilinamente se le tramitó un préstamo por 1.2 billones de pesos “mostrando la cédula”, como dicen en el campo. La manera tardía y tacaña como se atendieron las necesidades de las pymes para preservar el empleo, el arrebato centralista de agarrar reservas de regalías y pensiones de los entes territoriales para obtener recursos que no fueron empleados en paliar los efectos de la pandemia, la tardanza en pagar sueldos atrasados del personal de salud. A pesar de que la sociedad civil santandereana se opone a la minería en Santurbán, el gobierno se da sus mañas para enviarles mensajes a las multinacionales, como el fracasado “mico” con el que se intentó aprobar en el Congreso el fracking. Con base en las facultades especiales de la emergencia sanitaria y económica (y el Plan de Desarrollo) pavimentó la reforma laboral y pensional en ciernes para legalizar el trabajo por horas y la pulverización del sistema de protección social, adornado con la oferta de una risible mensualidad a los millones de ancianos que no alcanzarán la jubilación. Colombia hoy necesita sin duda poner fin a la conflictividad interna vía acuerdos políticos con las fuerzas que aun conserven ese status o la imposición, frente a la criminalidad, del monopolio de la fuerza por una autoridad militar y policial -esta desmilitarizada- reformada, democrática y respetuosa de los derechos humanos, pero la superación del actual estado de violencias será imposible sin un programa de profundas reformas que atiendan a la materialización de los derechos conculcados, la profundización de la democracia con participación activa de las mayorías y los representantes de la diversidad nacional, empatía con los sectores secularmente postergados, erradicación de la violencia como instrumento de acción política, cumplimiento pleno de los acuerdos con las Farc y una cultura de paz. Una paz positiva en la concepción de Johan Galtung.

Por: Germán Valencia. Columnista Pares. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. La tercera década del siglo veintiuno podría ser recordada por los colombianos como la época de grandes transformaciones institucionales. Los libros de historia económica, política, social y del derecho, que consultará las generaciones futuras, podrían contener el siguiente relato histórico de este decenio: En la década de 2020 los colombianos vivieron un período especial. Iniciaron aquel momento con un encerramiento colectivo de casi un año, debido a la pandemia que los azotó. Al mismo tiempo, sufrieron un rebrote de violencia pública, en especial contra jóvenes y líderes sociales. Y finalmente, se les entregó una serie de informes sobre los horrores vividos durante el largo conflicto armado, por parte de la Comisión de la Verdad. Estos hechos, junto a otros, sirvieron de detonante para que el país entrara en una ola de reformas sin precedentes. Entre ellas, la transformación de la Policía Nacional. Esta organización vivió un momento de crisis que sirvió para realizar una serie de cambios organizativos e institucionales necesarios por aquella época de posconflicto que se vivía. Por aquel tiempo, a inicios de septiembre de 2020, un grupo de uniformados protagonizaron un brutal asesinato en un CAI de Bogotá de Javier Ordóñez, que se complementó, en dos días siguientes, con 13 ciudadanos más asesinados. Estas muertes provocaron el inicio de masivas protestas ciudadanas en todo el país; además de una sentida solicitud de reforma al organismo policial. La reacción del Gobierno nacional, de la Dirección de la Policía, del Senado y de la ciudadanía fue aprovechar ese momento para hacer una transformación de la dependencia ministerial, de su estructura interna, del fuero legal, y, sobre todo, del modelo mental que tenía la Policía para ese momento. La reforma a la Policía coincidió con la celebración de los treinta años de la Constitución de 1991. De allí que se retomara la naturaleza civil de ese cuerpo armado y se realizaron importantes transformaciones. Entre ellas, se pasó la Policía del Ministerio de Defensa al del Interior, separando de manera definitiva a esta organización de las Fuerzas Militares. Los efectos de esa decisión fueron muy positivos. El cambio ministerial permitió quitar el fuero especial que tenía la Policía al pertenecer a la Fuerza Pública. A partir de ese momento, los delitos cometidos por la Policía comenzaron a ser juzgados por la justicia ordinaria. Igualmente, a partir del inicio de esa década, la Policía asumió un trabajo coordinado con los mandatarios locales y regionales. Algo parecido a lo que se tenía antes de 1954, cuando la Policía dependía de las ordenes de las alcaldías y gobernaciones. Con ello, estas autoridades territoriales recuperan el control del orden público. Y se sometió la Policía a la obediencia civil y no militar. Pero tal vez una de las mayores transformaciones de aquella década fue el cambio en el modelo mental de la Policía. Todo comenzó con el agradecimiento público de la ciudadanía a esa organización por el esfuerzo que había realizado entorno al conflicto armado interno, en especial en las guerras contra el narcotráfico y la lucha guerrillera. Al mismo tiempo que se les recordó la función social y convivencia ciudadana que tenían. La ciudadanía quería darle un giro a la mentalidad guerrerista y de control público que tenía la Policía. Quería que ésta asumiera un papel de mediador entre la ciudadanía. La mentalidad para la guerra era inoperante en un escenario de pos-acuerdo. De allí que fue necesario una revisión de los programas de estudio de sus oficiales, y la centralidad de temas como los derechos humanos y resolución pacífica de conflictos en su capacitación periódica. La ciudadanía le pidió a la Policía asumir de nuevo el reto de defender la convivencia ciudadana y la democracia. En este sentido se puede decir, que la participación de la ciudadanía en la reforma a la Policía tuvo éxito. Sirvió para darle una orientación ética, civilista, democrática, educativa y social. Se logró que la Policía se convirtiera en un actor de la protección de los ciudadanos y del libre ejercicio de sus derechos. Fue un periodo de diez años (2020-2030) que le permitió al país ejecutar un proyecto de Modernización y Transformación Institucional de la Policía, con el que logró crear los planes policiales para el país, cambiar las metodologías de entrenamiento y formación, mejorar los gastos de los recursos públicos, estructurar la organización interna y precisar los protocolos de intervención. En definitiva, fue una década de cambios institucionales que le permitió a la Policía afrontar el posconflicto y lograr un relacionamiento con la población civil en su funcionamiento interno. Fueron cambios necesarios para uno momento histórico de posconflicto, que permitieron consolidar la paz y fortalecer una organización grande y tradicional en el país, posibilitando cumplir el sueño de tener una Policía “más humana, más íntegra y más disciplinada”. Que bueno sería que las próximas generaciones se encontraran con este relato histórico.

Por: María Victoria Ramírez M. Columnista Pares. «Oh but this whole country is full of lies You’re all gonna die and die like flies I don’t trust you any more You keep on saying !Go slow! … You don’t have to live next to me Just give me my equality Everybody knows about Mississippi Everybody knows about Alabama Everybody knows about Mississippi Goddam.» —– «Este país está lleno de mentiras Todos van a morir como moscas Ya no les creo más Se mantienen diciendo ¡ve despacio! … Tú no tienes que vivir a mi lado, Sólo concédeme la igualdad. Todo el mundo sabe de Mississippi Todo el mundo sabe de Alabama Todo el mundo sabe de Mississippi maldita sea.» Fragmento de la canción Mississippi Goddam de Nina Simone. Este año se cumplen cien años del derecho al voto de las mujeres en los Estados Unidos, en medio del debate electoral en ese país, de la pandemia y de las protestas contra el racismo y la brutalidad policial. Resulta apropiado mencionar a la primera mujer que pronunció un discurso ante el Congreso de ese país. Me refiero a Anna Elizabeth Dickinson, que vivió entre 1842 y 1932, quien fuera escritora y conferencista, defensora de la abolición de la esclavitud y de los derechos de las mujeres. Fue muy conocida por sus discursos públicos elocuentes y convincentes. Mark Twain, en una carta escrita en 1867 diría de ella: “Habla rápido, no usa notas, nunca duda una palabra, siempre dice la palabra correcta en el lugar correcto y tiene la más perfecta confianza en sí misma. De hecho, sus frases están muy bien tejidas y son felices. Su vitalidad, su energía, su mirada decidida, su tremenda seriedad, atraerían el respeto y la atención de una audiencia. Incluso si hablara en chino, también convencerían a un tercio de ellos, aunque usara argumentos que no resistieran análisis.” La independencia de los Estados Unidos de Inglaterra no derivó en el reconocimiento automático del derecho a la igualdad de las mujeres, y tuvo que pasar más de un siglo entre la independencia y el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres estadounidenses, tal y como sucedió en Colombia y en casi todo el continente. La lucha sufragista y la lucha contra la esclavitud estuvieron siempre muy cerca en los Estados Unidos, puesto que las distintas luchas por el reconocimiento de los derechos humanos son causas hermanas y porque las mujeres establecieron alianzas con los grupos abolicionistas para ir avanzando en sus conquistas. Según Estela Báez-Villaseñor “Uno de los valores más importantes de la doctrina liberal es la igualdad, componente ideológico inalterable que ha sido interpretado y aplicado de distintas formas a lo largo del devenir histórico de Estados Unidos, y al cual se le ha invocado en la pugna de grupos específicos al insertarse dentro del marco de acción y protección del aparato institucional. Así ocurrió durante el siglo XIX con las demandas de un sector de las mujeres por el sufragio femenino, y de distintos elementos de la sociedad por la abolición de la esclavitud.” Sin embargo, la colaboración entre sufragistas y abolicionistas se rompió cuando las demandas de las primeras fueron ignoradas en la decimoquinta enmienda anunciada durante la Reconstrucción. Además, debido a que ese país es un Estado Federado, el avance en los derechos no fue homogéneo. Fue el Oeste del país el que sentó primero un precedente ene este sentido. Pero fue hasta comienzos del siglo XX cuando la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial modificó irrevocablemente la posición de las mujeres. Y ad portas de entrar a una década de profundas transformaciones, negarles el sufragio era incompatible con un discurso político que exaltaba la importancia de su contribución al bienestar nacional y a la sociedad en su conjunto. Por tal motivo, la XIX enmienda que es el equivalente a una reforma constitucional en nuestro país, le otorgó el derecho a las mujeres a elegir. Esta enmienda se ratificó el 18 de agosto de 1920 y estipula que: “El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no les será denegado ni reducido por los Estados Unidos ni por ninguno de sus Estados Federados a causa de su sexo”. Cuando una mujer avanza, todas avanzamos. Por ello, las luchas en Europa fueron la inspiración para que las mujeres norteamericanas presionaran primero por los derechos económicos y posteriormente por los derechos políticos. Aún falta mucho por conquistar tanto allá como aquí en materia de derechos políticos de las mujeres. Aún falta para que una mujer llegue a ser presidente de los Estados Unidos y la paridad política es aún una utopía. Para la muestra un botón: Apenas el año pasado (2019), Nevada se convirtió en el primer estado en tener mujeres en la mayoría de los escaños legislativos estatales (32 de 63, o 50,8%). Si bien las mujeres ocupan la mayoría de los escaños en general, son mayoría en una sola cámara, la Asamblea, donde ocupan 23 de los 42 escaños. El Senado de New Hampshire fue la primera cámara legislativa estatal en superar la paridad de género en 2009, aunque su proporción general en ambas cámaras aún se mantuvo por debajo del 50%. Por otro lado, en agosto de 2020, la senadora estadounidense Kamala Harris fue seleccionada por el exvicepresidente Joe Biden como su compañera de fórmula en las elecciones presidenciales. Harris es la primera mujer de afroamericana en ser seleccionada como compañera de fórmula en una lista de partidos importantes. Harris se une a Geraldine Ferraro y Sarah Palin para convertirse en la tercera mujer en la historia elegida para la vicepresidencia, así como la cuarta mujer, con Hillary Clinton, en una candidatura presidencial de un partido importante. A menudo discuto con amigos y colegas acerca del siguiente argumento: que las mujeres ocupen cargos públicos no garantiza que se preocupen o tomen acciones que beneficien a otras mujeres. Sin embargo, el hecho de que las mujeres no los ocupen es de por sí una inequidad que hay que combatir. Independiente de la filiación política de las mujeres que acceden al poder, es deseable que haya más mujeres en órganos de decisión. Es justo, es sano para la democracia es lo ética y políticamente correcto, e incluso si hablamos de cifras, somos al fin y al cabo más del 50% de la humanidad. Este momento que vive la humanidad nos invita a la introspección y a la reflexión. Cuando reviso la historia de las mujeres sufragistas tanto en Estados Unidos como en Colombia, no puedo sino agradecer a aquellas pioneras que abrieron el camino para las mujeres de mi generación pudiésemos educarnos, participar en política y decidir sobre nuestros cuerpos. Celebro con júbilo esta primera centuria del voto femenino en Estados Unidos, recordando la frase de Clara Campoamor: “Resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa mitad de género humano en política para que sea cosa de dos.”

Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares. El caso de Iván Cepeda Castro es admirable en un país de acomodos, intereses y abyección como Colombia. Ingresó al Congreso comenzando el siglo en listas de izquierda pero con la cauda de quienes respaldan su indeclinable lucha por el respeto de los derechos humanos, la justicia social y una salida política negociada al conflicto sociopolítico que por décadas ha desangrado a Colombia. Hijo de dos comunistas militantes, los periodistas Manuel Cepeda y Yira Castro. Su madre, una convencida y admirable partidaria de las causas justicieras, en los 60s del siglo XX, murió temprano. A su padre lo mataron los servicios de inteligencia del Estado aliados con los paramilitares en uno más de tantos asesinatos aun sin esclarecer ordenados desde los cuarteles. Manuel, director de Voz el periódico de comunistas, “intelectual orgánico de la Revolución”, era admirado por el mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc- al punto que tras su asesinato bautizaron un frente de guerra con su nombre. Era un revolucionario comprometido pero nunca fue condenado por delitos contra la seguridad del Estado. Como parte del proceso de negociación de paz promovido por el gobierno de Belisario Betancur en 1982, las Farc integraron un frente civil representativo para hacer su tránsito político. La Unión Patriótica se convirtió en una convergencia de inconformidades y en un logro electoral para las fuerzas alternativas con importantes escaños en concejos, asamblea y el Congreso, aparte de varias alcaldías. Tal éxito desató las iras de la ultraderecha que impugnó la agenda de reformas liberales y modernizantes para el sistema político de las presidencias de Betancur y Barco, como la elección popular de alcaldes y gobernadores y la opción por el diálogo para salir del conflicto. La anatematizaron como avanzada del comunismo en los estertores del muro de Berlín. La alianza de ultraderecha con las mafias del narcotráfico creció a la sombra de la contrainsurgencia y sembró de horror al país con el paramilitarismo. Camino al Congreso, para intervenir en los debates aprobatorios de los proyectos que buscaba aprobar los Convenios de Ginebra para que rigieran las reglas del derecho humanitario en el conflicto interno de nuestro país, un escuadrón clandestino puso fin a la vida del entonces senador por la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas. Su hijo, que se transportaba en un bus urbano hacia la universidad en el centro de la ciudad, entrevistado por los medios, en medio de la sorpresa y con la serenidad, valentía y contundencia que lo han caracterizado, les dijo que lucharía porque el crimen de su padre y de miles de colombianos víctimas de la guerra no quedara impune. Bajo su liderazgo se fundó el Movimiento de Víctimas del terrorismo de Estado -Movice. Iván Cepeda, se formó como filósofo en los centros universitarios mas humanistas y críticos del pensamiento socialista pero temprano se distanció del modelo soviético, asumió a fondo la causa de la defensa de los derechos humanos, las víctimas, la denuncia de los perpetradores, la causa de la paz y de una democracia con justicia social. Con esa misión llegó a la Cámara de Representantes y desde entonces, luego en el Senado, se convirtió en el vocero y referente de la defensa de las víctimas del conflicto. Su compromiso lo llevó a incursionar en las aguas turbias dispuestas por el gobierno de Álvaro Uribe desde 2002, que trataron de legitimar mecanismos de control social y contrainsurgencia ajenos a los mandatos constitucionales y muy afines a la doctrina de seguridad nacional que guió a las dictaduras del Cono Sur y flageló a esos pueblos. De su investigación sobre las andanzas del expresidente publicó, junto con Jorge Rojas, el libro A las puertas del Ubérrimo y luego, con el sacerdote Javier Giraldo, Víctor Carranza “El patrón”. Ambos contundentes denuncias sobre el entorno del paramilitarismo como medio contrainsurgente que había sido develado por Gustavo Petro años atrás y tuvo que polemizar con varios congresistas que conocen el monstruo por haberle servido o haberse favorecido de sus tropelías criminales. Confrontó al expresidente Uribe, ahora congresista, quien valido de su ego, no ha tenido mayor argumento que cuestionarle su legitimidad democrática por la filiación comunista de sus padres y su opción por el cambio en un país de desigualdades e injusticias y estigmatizarlo en esa corriente forma de los perversos de inculpar al que ve y denuncia por haberse apartado del mundo de los ciegos en el que todo se ve bien. Como parlamentario, Iván realizó un debate para denunciar el compromiso, entorno y nexos de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo. A pesar de los esfuerzos del expresidente las denuncias trascendieron. Uribe herido clamó venganza, denunció a Cepeda y supuso que las Cortes le iban a hacer la corte. Falló. Al no poder domesticar la rama judicial, como doblegó otros factores de poder, emprendió una innoble campaña de desprestigio contra los magistrados. Desde que ejerció el ejecutivo al no controlarlas, ha buscado reformar las cortes a su acomodo. A pesar de todos los malabares, la denuncia del expresidente contra el senador, por fraude procesal y manipulación de testigos se le devolvió. En la investigación se evidenció que las cosas fueron al contrario. Con una orden de detención domiciliaria en contra, Uribe desató sus iras y su poder contra Cepeda, con la ventaja de un gobierno puesto por él, una fiscalía amiga y periodistas fanáticas. ¿Por qué el expresidente se metió en ese lío? El trasfondo está en los orígenes y responsabilidades de los crímenes del paramilitarismo en el país. Pero no fue Cepeda el que lo provocó, él como ciudadano acudió al poder judicial y defendió su honor. Ganó y evidenció una conjura urdida por Uribe. La Corte halló méritos pero en una decisión cuestionada lo puso en manos de la Fiscalía. Uribe, que antes se había sometido a la Corte al amparo del fuero de senador, ahora elude su competencia y busca abrigo en la Fiscalía en una jugada que puede salirle mal porque, por más marrullas que intenten sus abogados, las causales de su imputación ya están establecidas y un eventual archivo del proceso lo dejará libre pero no impoluto. Entretanto, Iván Cepeda, el ciudadano que sin poder ni recursos, valido de amor por la vida y convicciones se fajó con un poderoso y lo orilló hasta la evidencia pública, está al borde del linchamiento de una sociedad que adora a sus verdugos. Y no solo sacrifican a Cepeda sino al poder judicial porque enfilan contra un juez para desprestigiar decisiones de una sala colectiva. A Uribe no lo persigue un magistrado, sino la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Parte de los ataques contra Cepeda se centran en su papel protagónico en el proceso que logró la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno Santos y las Farc que conllevó la desmovilización de una decena de miles de guerrilleros y la ilusión de reconciliación y tranquilidad para las regiones, ahora en riesgo ante el retroceso de la visión de “paz con legalidad” que impera desde el gobierno uribista de Iván Duque. Y ahí la perversión del ataque sectario, puesto que se etiqueta a Cepeda por los desmanes y crímenes que habría cometido la guerrilla como si su militancia de izquierda derivara en responsabilidad por convergencia en algunos ideales, señalamiento fascista que de raíz condena a que en el país no tiene cabida quien piense diferente a quienes detentan el poder. Si bien Cepeda ha exhibido con razón su satisfacción por su concurso en la firma de los acuerdos también ha reconocido con dolor las inconsecuencias e incumplimiento de miembros de las Farc que se sustrajeron de ellos, como en el caso de Jesús Santrich, a quien acompañó con lealtad en un enrevesado proceso judicial para confesar con tristeza su decepción por la actitud posterior de ese y otros dirigentes sin por ello cejar en el empeño de llevar a las guerrillas motivadas por razones políticas a reinsertarse a la vida civil en un entorno con garantías para el ejercicio democrático y respeto por la vida. En una reciente columna, Iván Cepeda dijo que el caso que lo confronta con Uribe ha sido una lección de ciudadanía por lo que implica en la impugnación al poder abusivo, la reivindicación de derechos y como contribución al fortalecimiento de la democracia. Guarda la esperanza de que tarde o temprano, como tantas causas incomprendidas o satanizadas por quienes no quieren ver la luz, la verdad y la justicia se impondrán.

Por: Germán Valencia. Columnista Pares. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. La economía colombiana está en tiempos de depresión. Las razones que la causan son evidentes. El encierro prolongado, debido a la pandemia, ha afectado todas sus variables. El desempleo supera hoy los 20 puntos, la producción cae 15,7% en el último trimestre y la pobreza se ubicará, según pronósticos de la CEPAL, en un 34 por ciento (siete puntos por encima de lo que estaba hace un par de años). Ante este catastrófico momento es normal que los economistas, quienes se comportan de manera similar a los médicos, se realicen dos preguntas. La primera, es sobre la cura, es decir, sobre cuáles deben ser las acciones de política que es necesario tomar e implementar para normalizar las actividades económicas. Y la segunda, es sobre el tiempo que durará el tratamiento, sobre los meses o años que se tomará tener efecto la vacuna para salir de la crisis y volver a la normalidad que se traía. Las respuestas, como es habitual, las buscan los hacedores de políticas en las teorías económicas. Una mirada retrospectiva a la historia de su disciplina les hace ver que existe un rico portafolio de medidas que pueden tomar. Entre ellas, las ortodoxas que defienden las bondades del mercado y las fortalezas de las empresas privadas para sacarnos del hueco. También están las cuasi-heterodoxas, que entregan al gobierno la salvaguarda de la economía, a través de un incremento en el gasto público. En esta columna quiero destacar una de las teorías más populares entre los economistas. Se trata de la teoría macroeconómica keynesiana. Hace 85 años, John Maynard Keynes, en medio de la gran depresión que se vivía en los años treinta, propuso una serie de fórmulas para salir de ésta. La situación por la que pasaba la economía mundial era, en ese entonces, muy similar a la actual, en especial en las variables de desempleo, que estuvieron por encima del 25%, la caída de la producción, en especial de la gran industria y la construcción, y la pobreza generalizada. Ante esta situación la fórmula económica que propuso Keynes fue afectar positivamente la demanda efectiva. Es decir, consideró que era necesario trabajar en los componentes de la Demanda Agregada: en los niveles de Consumo, de Inversión, de Gasto del gobierno y de las Exportaciones Netas. Esta es una receta económica, que funciona como fórmula médica, para reactivar la producción, promover el empleo y aumentar los ingresos de todos los agentes de la economía. Esta receta, aunque fue realizada para enfrentar una crisis de sobreproducción, muy distinta a la actual, continúa siendo una fórmula muy valorada en la economía mundial para reanimar la demanda agregada. Remedio que en Colombia podría tener efectos positivos en el enfermo cuerpo económico; aunque la recuperación y normalización podría tardar varios años. Veamos cómo operaría la fórmula keynesiana en nuestro contexto. En primer lugar, el modelo pone la esperanza de reactivación en el Consumo de los hogares. Sin embargo, como bien lo mostró esta semana el DANE en la Encuesta de Pulso Social en Colombia solo 17, 9 millones de personas tiene un trabajo. La crisis destruyó 4.2 millones de empleos y la tasa de desempleo está en 20.2%. Lo que significa que los hogares han visto reducida su capacidad de consumo y mientras no tengan empleo, que es la principal fuente de ingresos de la gran mayoría de los colombianos, no tendrá posibilidades este actor de aumentar la demanda efectiva. Le sigue en su orden, la Inversión de las empresas. Pero estas tampoco están incentivadas a invertir en estos momentos. Miles de empresas han cerrado sus puertas de forma definitiva, en especial, las pequeñas y medianas. Y las que se han mantenido en tiempo de pandemia han permanecido casi paralizadas, asumiendo grandes costos laborales y endeudándose para sobrevivir. Además, en los próximos meses, muchos negocios funcionarán a media marcha, debido a los protocolos de bioseguridad. De allí que, en estos momentos el sector privado no tiene incentivos para invertir y jalonar la demanda. En tercer lugar, está el gasto del gobierno. La propuesta keynesiana argumenta que, en épocas de vacas flacas como la actual, el gobierno debería ampliar el gasto público. Lo que, precisamente, ha hecho el gobierno Duque, al promover la construcción de infraestructura pública y apoyar el consumo de los hogares más pobres. Pero los efectos para la reactivación han sido pocas. Además, se espera que el gasto no aumente mucho. El déficit fiscal de 2020 será de 8,2% del PIB y los recursos cada vez más escasos. Finalmente, está el incremento en las exportaciones nacionales. Situación que es muy poco probable. La crisis generalizada en el contexto mundial ha puesto el nivel de demanda de productos a las economías externas en un último plano. El énfasis actual de la mayoría de gobiernos es similar al que se esta adoptando en Colombia: que los consumidores demanden y compren productos nacionales. Esto como forma de compensar la baja demanda externa y de incentivar a las empresas locales. En definitiva, el modelo keynesiano, aunque bien concebido, tiene problemas de efectividad en corto y mediano plazo en Colombia. Los consumidores, quienes dependen en gran parte de los ingresos de los trabajadores para demandar, tienen la expectativa de que sus ingresos sean bajos en los próximos años. Los cálculos de la gente, según la Encuesta de Pulso Social del DANE, habla de que por un año los hogares se verán limitados en el consumo necesario de alimentos o ropa; y por dos años, en bienes suntuarios como autos usados, viajes o casas. La misma encuesta del DANE nos dice que en los próximos dos años el 86.1% de las personas no piensan adquirir vivienda. En esta lógica, industrias tan importantes como la construcción, claves para la generación de empleos y reactivación económica, no están incentivados a producir viviendas por el momento, esperaran que pase el tiempo y los hogares comiencen a ahorrar. Esperaran que tengan la posibilidad de pagar las primeras cuotas para cubrir el punto de equilibrio para el inicio de obras. Solo 17, 9 millones de personas tiene un trabajo. La crisis destruyó 4.2 millones de empleos y la tasa de desempleo está en 20.2%. Lo que significa que los hogares han visto reducida su capacidad de consumo y mientras no tengan empleo, que es la principal fuente de ingresos de la gran mayoría de los colombianos, no tendrá posibilidades este actor de aumentar la demanda efectiva. Imagen: Pares. Finalmente, el incremento del gasto público estará en manos de los mandatarios locales y regionales. Estos tendrán la tarea de crear empleos e ingresos, si quieren que sus territorios no se llenen de pobreza. Sus planes de desarrollo, que apenas están estrenando, están siendo adaptados para que logren impactar con la inversión gubernamental las cifras de empleo y bienestar. Ahora, como lo sugieren los keynesianos, es tiempo de utilizar las finanzas públicas abriendo zanjas y aplanando vías terciarias. O como pasa en Bogotá, subsidiando el consumo a través de las rentas básicas. En conclusión, la salida que propone la teoría keynesiana para salir de la recesión podría tener efecto positivo sobre la economía. En especial, el papel tan importante que tiene el gasto público local y regional para incentivar el empleo y luchar contra la pobreza. Pero el efecto que se espera con este tipo de acciones, dirigidas a incentivar la demanda efectiva de los actores, tendría efecto en el mediano y largo plazo. Lo que significa que deberán pasar varios años para estar de nuevo en una economía como se traía en los últimos tiempos.

Por: María Victoria Ramírez. Columnista Pares. Eunice no sabía leer, pero aprendió a escribir en las piedras con sus manos. Ella que no albergó en su vientre la continuidad de su especie (para no condenarla al lavadero y la cocina), crió seis hijos ajenos y machacó con la piedra día a día sales y especias entre más de 5840 almuerzos, por más de 16 años. No sabía leer, pero leía las cartas y el tabaco, así, entre bruja, nana y cocinera con el paso de los años, me heredó una piedra con la huella de su mano izquierda: tesoro encontrado y revelado, piedra recorrida desde la Divina Providencia hasta Alejandría. Los barrios que viví y donde le conté a la piedra mis secretos, forzándola a mi diestra, resistiéndola golpe a golpe. Piedra cocinada, domada, amoldada, pulida, canto rodado entre la mano y el ajo, piedra de la rabia y el silencio. Piedra desnuda, arena tras arena, cuerpo de Eunice revelado en su origen. Poema Piedra Domada de Yorlady Ruiz López*. A lo largo de todo el territorio nacional se vienen impulsando unas 60 iniciativas que buscan la declaratoria de Emergencia por violencia machista, por feminicidios, en general, por violencias basadas en género. Algunas de las manifestaciones de los grupos de mujeres tienen que ver con plantones, conversatorios, recolección de firmas y acciones legales que hagan que pare la racha de violencia contra las mujeres. La situación es alarmante. En el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19, el gobierno colombiano expidió el decreto 460 del 22 de marzo de 2020, para atender la violencia contra las mujeres, exacerbada durante el confinamiento, como ya lo han dicho desde las autoridades hasta las organizaciones de mujeres no solo de Colombia sino de todo el mundo. Este decreto que debe cumplirse a nivel nacional, compromete instituciones del orden municipal y departamental, como alcaldías, comisarías de familia, organismos judiciales y de policía, y requiere que las partes interesadas, en este caso las mujeres y sus organizaciones, actúen para que se cumpla, por cuenta de que en una situación inédita como esta, otros temas no ocupen los recursos económicos, el personal y los esfuerzos a atender otras tareas, también urgentes, como las ayudas humanitarias, la crisis económica y la atención de los enfermos de COVID-19. Un decreto específicamente para atender la violencia de género es una gran oportunidad para actuar, para hacer visible que la situación de emergencia sanitaria tiene un efecto negativo desproporcionado en la vida de las mujeres y las niñas, y que estamos atentas y comprometidas a hacer lo posible porque nuestros derechos no retrocedan. Desde los entes estatales tanto nacionales como locales, entiéndase Vicepresidencia de la República, instancias locales como Oficinas de género y de la mujer en los departamentos, se reconoce la situación, se hace seguimiento a las cifras, sin embargo, las medidas tomadas son poco efectivas puesto que el fenómeno no se detiene. A pesar de que el Gobierno Nacional expidió el decreto 460 de 2020 que ordena medidas de obligatorio cumplimiento para garantizar el derecho a una vida libre de violencias al interior de la familia y es deber del Estado actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Esto, en aras de garantizar la continuidad de los servicios para atender las violencias contra las mujeres y poner a disposición todos los medios posibles para facilitar la denuncia y solicitud de protección, en el marco de la incorporación del enfoque de género en la respuesta a la crisis generada, se hace necesario incidir para que las Comisarías de Familia y los entes que las regulan implementen en debida forma acciones inmediatas para la protección de la vida de las mujeres, en cumplimiento del decreto 460, teniendo en cuenta que es deber de los Alcaldes velar por la implementación y cumplimiento de estas disposiciones. La realidad es que el decreto no se está cumpliendo. Pero se hace urgente difundirlo y tomar acciones para que se cumpla. Algunos de sus apartes más importantes se presentan aquí: ARTÍCULO 1. Prestación ininterrumpida del servicio en las comisarías de familia. A partir de la fecha y hasta tanto se superen las causas de la Emergencia Económica, Social y Ecológica los alcaldes distritales y municipales deberán garantizar la atención a las y los usuarios y el cumplimiento efectivo de las funciones administrativas y jurisdiccionales a cargo de las comisarías de familia, frente a la protección en casos de violencias en el contexto familiar y la adopción de medidas de urgencia para la protección integral de niñas, niños y adolescentes, adoptando medidas orientadas a contrarrestar el riesgo de contagio de coronavirus COVID-19. Para el efecto deberán: a. Priorizar en el marco de las funciones de policía judicial, los actos urgentes, especialmente cuando esté en peligro la vida e integridad física de la víctima, las capturas en flagrancia y las inspecciones a los cadáveres. b. Ofrecer medios de transporte adecuado a la situación de Emergencia Sanitaria cuando se requiera el traslado de niñas, niños, adolescentes, mujeres, y personas mayores víctimas de violencia intrafamiliar a lugares de protección y aislamiento. ARTÍCULO 4. Campaña de prevención de la violencia intrafamiliar. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las gobernaciones y alcaldías implementarán campañas de prevención y estarán continuamente, a través de canales virtuales, informando, invitando y dando herramientas a las familias para prevenir las diferentes formas de violencia que se puedan presentar al interior de las mismas durante la emergencia. ARTÍCULO 5. Obligatoriedad de las medidas. Las medidas adoptadas en el presente Decreto serán de obligatorio cumplimiento independientemente de las instrucciones que se impartan en materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de coronavirus COVID-19. El decreto 460 de 2020 tiene una serie de herramientas para proteger en el marco de esta cuarentena los derechos de la diversidad de las mujeres. Pero si no se difunde entre las organizaciones de mujeres, entre la población en general y si no se hace seguimiento a su cumplimiento, en el mar de asuntos que tiene que atender el estado en esta crisis, puede quedarse en letra muerta. Además, es importante velar porque aquellas herramientas, mecanismos y acciones que sean efectivos y puedan permanecer luego de la cuarentena, puedan volverse permanentes. Hay que aprovechar la oportunidad que en medio de la crisis se presenta, puesto que es una norma nueva que agiliza la atención a las mujeres víctimas de violencia, y si incidimos oportunamente para su implementación se convertiría en un derecho adquirido de carácter permanente. Cuando se trata de la vida de las mujeres, su seguridad e integridad, los mecanismos ágiles que contempla el decreto son muy adecuados y debemos procurar su permanencia. La sociedad Consultoras S.A.S, de la que hago parte, viene proponiendo ante distintas instancias tanto de cooperación nacional como internacional, una Acción Urgente para propender por el cumplimiento del Decreto 460 de 2020, que tiene los siguientes componentes: 1- Interlocución con las de Secretarías Municipales que tengan a su cargo las Comisarias de Familia de la ciudad, con el fin de incidir en el cumplimiento e implementación del Decreto 460 de marzo de 2020. 2- Que una vez se realice dicho acercamiento, incidir para que con voluntad política se implemente el Decreto, generando si es posible el compromiso escrito de dichos funcionarios para que se establezcan herramientas tecnológicas, para recepción de denuncias y así proteger la vida y la salud de las mujeres en momentos de pandemia , sin perjuicio de la atención personalizada cuando sea necesario. 3- En caso de que las Secretarías no tengan voluntad política o no cumplan con nuestra solicitud o compromiso de implementación del decreto 460 de marzo de 2020, se presentarán mecanismos legales existentes en Colombia: Solicitudes, Derechos de Petición ante la Alcaldías y Comisarias de Familia, Procuradurías de Familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fiscalía General de la Nación y demás entidades que correspondan, para exigir el cumplimiento del mismo . 4- Adelantar una estrategia de divulgación del decreto 460 de 2020 que se apoye en nuevas tecnologías, en materiales didácticos, en elementos virtuales y de educación remota que aborde los temas pertinentes como la ley 1257 para prevenir todas las formas de violencia basadas en género, la violencia contra la comunidad LGBTIQ, que eduque sobre la ruta de atención, pero sobre todo que le dé a las mujeres y a las niñas la fortaleza emocional y la decisión de reclamar sus derechos y la garantía de que el Estado y la sociedad en general no son indolentes frente a la tragedia humanitaria que esta pandemia ha desnudado en torno a las mujeres y las niñas. *Yorlady Ruiz López, poeta y artista plástica. En el año 2012 fue ganadora del Premio de Poesía Colección de Escritores Pereiranos con el libro “Diarios Íntimos”. También fue reconocida con el Premio Nacional de Poesía XII Festival de Poesía de Medellín en el año 2002.

Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares. Mucho se ha escrito y especulado sobre las razones para que un sector de la sociedad puede tener una actitud adversa y radical contra la paz. Desde luego, quienes fueron víctimas y profesan una ideología de extrema se inhiben de un análisis del contexto comprensivo de la historia del conflicto. Odiarán por siempre. Pero militar en una causa contra una solución no sangrienta de una guerra de décadas y liderar una posición como esa, es maldad. Si tal forma de ver la alternativa a la tragedia humanitaria se convierte en la orientación de la política de un gobierno, el país cayó en el absurdo más fatal. En predios del Alto Comisionado para la Paz, como quedó en evidencia en el episodio despachado a las volandas de la cartilla de la Esap, con la “paz con legalidad” se sustenta que la violencia es el resultado del progresismo liberal -que ha guiado el desarrollo democrático de Occidente por siglos. El “Bien común” determinado por “el creador” es roto por el individualismo, el materialismo y el ateísmo contra “valores morales” como la obediencia y la mansedumbre. La rebeldía y la inconformidad son pecados. Herejías que deben conjurarse. Durante décadas la clase dirigente del país aceptó en consenso que la subversión radicaba en raíces económicas, sociales y políticas y ese criterio orientó las sucesivas negociaciones de paz de gobiernos liberales y conservadores desde que el M19 planteó la posibilidad de alternativas para el cese del levantamiento a través del diálogo nacional. Nunca se supo en qué podrían terminar las conversaciones porque no se llegó a acuerdos específicos, pues la oposición de sectores ultraderechistas y los cálculos estratégicos de la guerrilla mataron el intento. El gobierno gamonal contrainsurgente de Álvaro Uribe aupado por el terror sembrado por el paramilitarismo rompió esa tradición para imponer la vía de la pax romana, la destrucción del enemigo sin miramientos. Para evitar el encarte humanitario y el reconocimiento, marcó a la insurgencia con el sello infamante de moda en la época de Bush padre, terrorismo. E hizo extensivo a los sectores inconformes y adversarios de sus políticas, tales señalamientos lo que conllevó persecución y no pocas veces la muerte. Al tiempo ofreció una generosa negociación a los grupos paramilitares, que, en palabras de uno de sus consejeros, “ya habían cumplido su misión histórica”. La última generación del siglo XX y la primera del XXI crecieron con el imaginario esparcido por los medios, de que los campesinos que defendiéndose del ejército y protegiendo sus cultivos fundaron las Farc, los universitarios que cuestionando la exclusión del Frente Nacional y por la utopía de una sociedad igualitaria crearon el ELN, incluido el cura Camilo Torres, y el EPL, los partidarios de Rojas Pinilla indignados por el fraude que puso en el poder a Pastrana padre, cofundadores del M19, eran una manada de depredadores y asesinos. Y sí, la guerrilla cometió crímenes, pero nunca renunció a que la razón de su insubordinación era la justicia social y la apertura democrática. Negarles eso era convertirlos en bandas de facinerosos que había que erradicar a cualquier precio. Uribe los quiso de rodillas para ofrecerles el último vaso de agua. Santos, su ministro de defensa y Sergio Jaramillo, asesor del ministro y cerebro de la nueva visión, consideraron que, debilitado el enemigo, era más provechoso en lo político y para economía y la historia, tender la mano. Retomaron el criterio de las causas objetivas del levantamiento, el carácter político de los beligerantes y la negociación como vía civilizada para poner fin conflicto armado. La agenda trascendió el desmonte de la guerrilla hacia acuerdos sobre temas centrales de la realidad rural y la participación política que la república señorial no tramitaría por cauces normales. Pero un viraje de tal magnitud, frente a una política que en números requería contar con el apoyo de quien buena parte de la sociedad consideraba -el así lo cree- el “salvador” por haber arrinconado, con unas fuerzas armadas que heredó fortalecidas, a una insurgencia en evidente expansión y, en apariencia, recuperado un Estado fallido. Aunque en la realidad, su mesianismo autoritario desconfiguró la institucionalidad de la Constitución del 91 cooptando el Congreso, atacando las cortes, neutralizando los organismos de control e imponiendo la reelección y afrentando a la oposición. Tal vez fue Ramón Jimeno, quien advirtió que una opción por la desmovilización negociada de las Farc sin el beneplácito de Uribe era un riesgo. Juan Manuel Santos, elegido presidente con los votos del uribismo, en un mal cálculo pateó el tablero. Quién sabe por qué no intentó la atracción política de su antecesor y mentor, siendo reconocido como un hábil ajedrecista. Así, se ganó un enemigo acérrimo del proceso y medio país electoral en contra, como lo demostró el plebiscito ratificatorio de los acuerdos, que aun con las trampas, fue una derrota deslegitimadora. Plantear la salida negociada a un electorado volteado hacia la guerra por el uribismo fue audaz pero una estrategia de comunicación a veces ingenua y grandilocuente, otras veces catastrofista, en lugar de promover concurrencia hacia un objetivo plausible como la paz, la espantó. Eso de poner a soñar a la gente con remansos de tranquilidad cuando todavía humeaban los cañones de los fusiles mientras los medios afines al expresidente se dedicaban a mostrar a la guerrilla en desbandada o una saturación de sus atrocidades, que hacían repudiable cualquier concesión, no era creíble ni comprensible. Santos logró, eso sí, gracias a la maniobra y la “mermelada” -termino que el mismo acuñó para denominar los arreglos burocráticos con el Congreso- imponer unas mayorías parlamentarias que legitimaron un acuerdo balbuciente tras el No en el plebiscito y aprobaron las normas básicas de la desmovilización y la arquitectura de la justicia transicional. Sin embargo, como todo arreglo clientelista, al llegar un ejecutivo de otro signo replanteó los términos y hoy la paz carece de dolientes en el Capitolio, salvo la centroizquierda y el santismo. Tan mezquino es el respaldo de algunos sectores políticos al acuerdo que podrían votar contra el ahora. El país necesitaba pedagogía para entender por qué era más humano intentar una solución negociada del conflicto, mas con una sociedad polarizada debido a que el uribismo asumió la gestión de Santos como una traición. Esa inconsistencia no la pudo tapar ni el Nobel que premió y trató de apuntalar el proceso. Se requería política fina y de altura, una mayor dimensión conceptual de la paz y una sociedad vigorosamente movilizada hacia ese objetivo, sin desconocer el incansable papel de cientos de organizaciones de la sociedad civil que se echaron al hombro la tarea de proclamar la buena nueva de la paz en los más recónditos parajes y a todas las poblaciones posibles. El gobierno fue incapaz de llevar el Estado a los territorios abandonados por las Farc y se los dejó al ELN, las disidencias, las bandas delincuenciales y un paramilitarismo de nuevo desatado contra las reformas y para mantener el saqueo y el despojo, con su población a expensas de la violencia macabra atemorizadora y una cacería salvaje de líderes sociales en una estrategia preventiva que busca decapitar opciones de cambio. Las regiones que más apoyaron el proceso de paz son las que mas reciben el suplicio. La cuenta de cobro llegó. No obstante que buena parte del electorado crítico, informado, sensible, progresista, advertido de lo que venía, le dio una votación histórica a Gustavo Petro, la visión confesional, latifundista y autoritaria de Uribe se impuso a través de interpuesta persona y la consigna que sin tapujos exhortaron los más radicales del Centro Democrático de “hacer trizas ese maldito papel” es realidad. Se atiende a los desmovilizados y se adelantan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial -Pdet, pero con nuevos parámetros hacia el control social y con mínimos recursos, las fumigaciones con glifosato y la erradicación forzada de cultivos reemplazaron el Plan Integral de Sustitución Voluntaria, la Reforma Rural Integral está en nada, la Circunscripción de Paz fue embolatada y la vida de líderes sociales y desmovilizados se dejó a su suerte. La administración Duque defiende que está cumpliendo los acuerdos, se ufana ante los organismos internacionales y de paso aprovecha esos recursos, pero desarticuló la concepción de reconciliación que por consenso sustentó la negociación. Como no se reconoce le carácter político de la insurgencia, se insiste en que la justicia que debe juzgarlos es la penal ordinaria, el único actor criminal en la violencia del país es el terrorismo y la única verdad es la de los vencedores. Por eso el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición es sujeto de intentos permanentes de reforma y se tolera de mala manera y se retuerce la construcción de memoria. Para esa visión, el contenido de los acuerdos y la institucionalidad de la justicia de transición carece de legitimidad, dado que se creó como una concesión a un enemigo derrotado y sus bases filosóficas radican en el ideario progresista que las corrientes uribistas impugnan como causa de los males de la sociedad. Poco a poco la apuesta por el diálogo y la negociación como alternativas de solución pacífica de conflictos, el pago de la deuda histórica con los territorios y las comunidades rurales, el empoderamiento de sus liderazgos, la ampliación de la democracia participativa y una nueva política para enfrentar el problema de la droga, con acento en soluciones de carácter social para los pequeños cultivadores, se relegaron por medidas autoritarias de represión y dependencia. La promesa civilizatoria de las negociaciones de La Habana se redujo a desarmar una guerrilla y languidece en medio de matanzas y horrores. Pero no ceja la esperanza de ese Canto por Colombia hasta que amemos la vida.

Por: Germán Valencia. Columnista Pares. El Acuerdo Final firmado con las Farc-ep en 2016 es un tratado de paz comprensivo. Es decir, su contenido beneficia tanto a los firmantes de la paz como a los cerca de 50 millones de habitantes que tiene el territorio nacional. Temas tan importantes como la Reforma Rural Integral, la Solución al Problema de Drogas Ilícitas o la Verdad, la Justicia y la No Repetición para las víctimas son de universal aplicación y ayudan a todos los colombianos. Así lo ha reconocido el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, de la Universidad de Notre Dame en EEUU, encargado de hacer seguimiento al Acuerdo Final; y también, los diversos analistas y centros de investigación que hacen estudios comparado de procesos de paz en el mundo. Todos ellos coinciden en afirmar que este Acuerdo es único en el mundo y que contiene reformas estructurales que le apuntan a ponerle fin al conflicto y a beneficiar a toda la población. Debido a este carácter comprensivo, el Acuerdo Final alberga un amplio conjunto de metas e indicadores, y tiene como horizonte de implementación un plazo de 15 años. Es decir, las tareas que se pactaron en La Habana deben realizarse en el corto, mediano y largo plazo. Así, en el balance que hace el Instituto Kroc hasta noviembre de 2019 habla de un avance de forma completa de un 25% (un 15% tienen un nivel de avance intermedio, un 36% en estado mínimo y un 24% sin iniciar ejecución). Entre los avances que se reconocen como más importantes ha sido el diseño de los PDET o Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Desde su reglamentación en 2017, con el Decreto 893, se logró construir 16 pactos regionales, como quedó establecido en el punto 1.2 del Acuerdo Final relativo a la Reforma Rural Integral. Los cuales atendieron a los 170 municipios (11.000 veredas) más afectados por el largo conflicto armado, y a cerca de 2.5 millones de víctimas. Pero como se ha argumentado, el carácter abarcante de la implementación del Acuerdo Final hace necesario que se trabaje en extender estos PDET a otros territorios de la geografía nacional. Son cerca de seis millones y medio de víctimas más y los restantes 933 municipios, 18 áreas no municipalizadas y el Distrito Capital que esperan se trabaje también con ellos en atender sus necesidades. Programas que están pensados para que de manera colectiva se realicen los diagnósticos de necesidades y se prioricen los proyectos de inversión y gestión. Como bien lo reconoce el Gobierno nacional, a través del Registro Único de Víctimas, la mayoría de las personas que pertenecen a esta población están en las principales ciudades del país. La capital de la República es el territorio con mayor número, con 802,208 y le siguen Medellín con 696,069 y Cali con 220,799. En general, son las grandes capitales las que concentran tanto a las víctimas del conflicto armado como a los firmantes de la paz en proceso de reincorporación. Lo que se espera es que el resto de ciudades capitales y grandes municipios se comporten de manera similar. El objetivo en los próximos meses es expandir a todo el territorio nacional la implementación de Acuerdo Final, empezando por los PDET. Foto: Pares. De allí que sea lógico que sigan en la lista las capitales de departamento como los territorios que deben ser atendidos frente a la necesidad de implementar los PDET. Por esto no sorprendió la priorización que realizó este 27 de agosto la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, del PDET Bogotá-Región en su Plan Distrital de Desarrollo 2020 -2024 Un nuevo contrato ambiental y social para el siglo XXI. Allí contó cómo las localidades, rural de Sumapaz y urbanas de Bosa y Ciudad Bolívar, serán priorizadas para la construcción de estos especiales programas. Estos territorios fueron priorizados en el Plan debido a que, precisamente, son los territorios más afectados por el conflicto armado del distrito capital. También es allí donde habitan la mayor cantidad de víctimas registradas en la capital: Bosa tiene 35.339, Ciudad Bolívar 38.775 y Soacha 42.917l. En esta importante tarea la alcaldía ha encargado a la Alta Consejería Distrital para las Víctimas la coordinación de los diseños de los PDET y le asignó una partida presupuestal de 15.787 millones. Lo que se espera es que el resto de ciudades capitales y grandes municipios se comporten de manera similar. El objetivo en los próximos meses es expandir a todo el territorio nacional la implementación de Acuerdo Final, empezando por los PDET. Este es el componente más avanzado de la ejecución del tratado de paz. Las ciudades capitales deben poner a funcionar próximamente esta importante estrategia de planeación y construcción participativa. Eso sí, haciendo adaptaciones metodológicas, introduciendo nuevos componentes y priorizando poblaciones y componentes particulares de desarrollo. De continuar con esta iniciativa de implementación de los PDET en las grandes ciudades se estará dando pasos firmes en la construcción de la paz territorial. Se estará llevando las bondades del Acuerdo de paz al resto de colombianos. Y estará cumpliendo con la palabra que se empeñó con las víctimas en las negociaciones de La Habana para atender sus necesidades en la fase del pos-acuerdo.

Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares. Tal vez, ni siquiera, lo que más influyó en un amplio sector de la opinión pública para colocarse del lado de los adversarios de los acuerdos de paz del gobierno Santos con las Farc, haya sido su animadversión a esa agrupación guerrillera -nacida como insurgente al sistema, tratada como tal por décadas y declarada terrorista en el primer gobierno de Álvaro Uribe- sino la matriz de desprestigio desatada por el uribismo contra lo pactado, tan eficaz y mal respondida que logró calar con su mensaje distorsionador de los contenidos de la negociación hasta presentarla como provocadora de un cúmulo de situaciones a las que una cultura rural, clientelista, patriarcal, clasista, estratificada y premoderna aún se resiente. En el plebiscito del 2 de octubre de 2016, que sometía a aprobación popular los Acuerdos de Paz, se impuso por mínima votación el No, apoyado por factores meteorológicos, pero con peso determinante de los efectos de una campaña de manipulación que puso el acento en “sacar a votar emberracada a la gente”, provocada mediante publicidad y redes falaces acerca del contenido del pacto de La Habana, de carácter tan extravagante que impactaron en un país machista y clasista. Mucha gente se comió el cuento de que votar no era evitar el homosexualismo, el libertinaje de la mujer, la desobediencia de los hijos, el ateísmo y muchas idioteces más. Fue tan avasalladora la estrategia de propaganda negra que, preocupado ante la posible derrota deslegitimadora del plebiscito, el gobierno de Juan Manuel Santos tuvo que retroceder en una política pública apoyada por la Organización Mundial Salud, de respaldo a la libertad sexual y reproductiva de la mujer, orientación sexual y de género y libre determinación de la personalidad, derechos humanos universales, ante el anatema de que se trataba de una inducción al homosexualismo en un país de armarios repletos y cogidas de la mano entre machos pasándose la camándula. Ahora resulta que aquello no fue solo una estrategia para avasallar la ilusión de paz sino que hace parte de un ideario firme y bien compartido en el gobierno y su partido, el cual se pretende imponer como dogma guía del aconductamiento de la nación hacia principios de fe, buenas costumbres y una moral orientada por preceptos medievales. Los rezos beatos en algunas dependencias ministeriales, el desafío presidencial a la Constitución en sus advocaciones por medios institucionales a la virgen de Chiquinquirá, la beatería histriónica del embajador ante la OEA no son situaciones al azar, los une la identidad confesional, conservadora y arcaica que caracteriza a este gobierno. Para que una afirmación como esta dejara de ser una especulación amañada de los adversarios, una cartilla publicada como parte de un curso de la Escuela Superior de Administración Pública -Esap-, de la que es director el hasta hace poco reconocido analista liberal Pedro Medellín Torres, en convenio con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos, probable Ministro de Justicia, de autoría de Camilo Noguera Pardo, asesor de Ceballos en “paz con legalidad”, abogado y filósofo “sergista”, es decir de la Universidad Sergio Arboleda, tanque de pensamiento del actual gobierno, nos saca de dudas. Según ese centro académico, Noguera es “líder de la estructuración conceptual y la estrategia pedagógica de la cultura de la legalidad que impulsa el gobierno”. Veamos en que consiste tal estructuración. De acuerdo con la visión de cultura de paz con legalidad de Noguera Pardo, horizonte que expone el gobierno: “la Cultura de la Legalidad tiene un doble rol: primero, un rol educativo. Educa en las virtudes, capacidades y actitudes para lograr la vida en comunidad, justamente en edificar lo diverso que surge de la multiculturalidad resultante de las olas migratorias; segundo, es una finalidad terapéutica, y es que la cultura de la legalidad desarraiga vicios anquilosados en los imaginarios sociales de las comunidades”. Vicios como la inconformidad, la crítica, la resistencia y la opción por el cambio. Toda una lección de antidemocracia. En esta concepción arcaica, confesional, servil y antiliberal “La dimensión educativa debe ocuparse de promover y fomentar formación, valores, capacidades, virtudes y actitudes que consigan hacer del agente moral – es decir, de las personas que conforman una comunidad- una fuente de institucionalidad, mediante el cuidado y promoción de actitudes y virtudes concretas tales como la mansedumbre, la justicia, la temperancia, la empatía, la compasión, entre tantas otras.” La misión de la educación es predicar la resignación y el conformismo. Ese pensamiento ha sido trasladado sin rubor ni consideraciones a la Esap, entidad oficial encargada de la formación de administradores públicos y gobernantes seccionales, como queda evidente en el curso “Paz, convivencia y cultura de la legalidad” -con seguridad requisito obligado para los afortunados. En la cartilla que orienta el módulo “Paz con legalidad” se afirma, de manera contundente y sin decirlo, que la orientación liberal y progresista que guió los acuerdos de paz con las Farc son de las “causas generadoras de violencias secundarias; violencias, por demás, que no se suceden por casualidad y que no vienen de la nada, sino que son resultado de entramados teóricos que, muchas veces de manera silenciosa, se anquilosan, se instalan y se enquistan en los imaginarios colectivos de las comunidades e incluso se imponen al través de agendas legislativas y medios de comunicación y entretenimiento.” A manera de cruzada agrega como advertencia y mandato para la nueva feligresía, que antes era gente en preparación para aspirar a cargos públicos en el marco de la liberal Constitución de 1991, que “Estudiar esos entramados teóricos o por lo menos hacerlos conscientes, es el primer paso (punto de partida) para conocer lo que habita tras la violencia, pues todas las prácticas humanas se derivan de teorías previas.” Y no es muy difícil advertir que el inconformismo y la inestabilidad radican en el “castrochavismo”. Para concluir de manera tajante y aterradora “Dicho más llanamente: cuando la teoría es nociva, las prácticas envilecen. Los pilares del progresismo ideológico son la base rectora de las sociedades contemporáneas y, por ende, el núcleo que ha generado y multiplicado formas de la violencia conducentes, de uno u otro modo, al extravío moral y, en algunos casos, al suicidio, que es, sin más, la manifestación más patente de la violencia.” En ese discurso confesional, moralista, premoderno, ordoñista -de Ordóñez caballero de la virgen y exprocurador- del gobierno y la nueva Esap ¿habrá salvación?

Por: Germán Valencia. Columnista Pares. A partir del primero de septiembre se comenzará a vivir en Colombia la época pos-pandemia. No será porque se tenga implementada ya una vacuna contra la Covid-19, ni tampoco porque el número de infectados y muertos llegue a niveles muy bajos. Lo viviremos porque la mayoría de los hogares colombianos comenzarán a recibir de nuevo las facturas de los servicios públicos domiciliarios con el pago habitual. Desde mediados de marzo y hasta el 31 de agosto, cerca de 1.200.000 ciudadanos observaron cómo de nuevo sus hogares pudieron acceder, después de mucho tiempo, a los servicios de agua, aseo o electricidad. El Decreto Legislativo 580 del 15 de abril de 2020 obligó a las empresas prestadoras de estos servicios vitales a la reconexión, suspendidos por la falta de pago. La norma posibilitó, entre otras medidas, la congelación temporal de tarifas, el otorgamiento de plazos de pago de las facturas sin el cobro de intereses y la entrega de alivios económicos para el pago de las facturas a estratos 1, 2 y 3, con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). Estas acciones fueron tomadas como medidas para garantizar el derecho de todos los ciudadanos el acceso a los servicios públicos mencionados en medio de la crisis de salud pública provocada por la Covid-19. Además, como una muestra del apoyo estatal a los hogares en medio de la crisis económica más fuerte en la historia del país. El decreto permitió que los mandatarios municipales y distritales pudieran entregar subsidios sobre el pago de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, a los estratos de menores ingresos. Durante el tiempo que han operado estos apoyos se obtuvieron importantes logros en el país. Se permitió reconectar más de 310.000 familias, que representan alrededor de 1.200.000 colombianos, y se beneficiaron con los subsidios a más de 11 millones de habitantes. En lugares como Bogotá este alivio significó la reconexión de 37.819 hogares, que agrupa aproximadamente a 2,3 millones de usuarios, y un apoyo económico de 26.500 millones de pesos. Sin embargo, a partir de este 31 de agosto, cuando termine la emergencia decretada por el Gobierno nacional, dichos apoyos llegarán a su fin. La Corte Constitucional declaró al Decreto Legislativo 580 como inconstitucional. Lo hizo, no porque las medidas fueran inapropiadas o no estuvieran acordes con los principios de nuestra Carta Magna, sino por fallas de procedimiento en su diseño. El decreto no fue suscrito por todos los ministros del despacho, faltaron las firmas de los ministros de Salud y Protección Social, y de Ciencia y Tecnología. De esta forma, ante la ausencia de la norma, de nuevo volverá a reinar en Colombia la Ley 142 de 1994 de forma plena. Con este régimen de los servicios públicos, que cumplirá dentro de pocos años las tres décadas, los ciudadanos adquirieron el carácter de clientes y el consumo del servicio un pago obligatorio. El Estado debe proteger a los colombianos más desfavorecidos para que mantengan el acceso adecuado a estos servicios. El Estado debe garantizar a los ciudadanos el derecho constitucional a su acceso y utilización (artículos 365 y 366), sobretodo a aquellos que no puedan pagar los servicios debido a la inexistencia de recursos. Imagen: Pares. La Ley prohíbe la gratuidad, obliga al pago y prevé la desconexión a los hogares cuando no se pague por el servicio. En este modelo la función pública del Estado es sólo la de operar los monopolios de la regulación y la vigilancia y control, que están a cargo de la Comisión de Regulación de Agua (CRA) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, respectivamente. A partir del primero de septiembre de nuevo las 310.000 familias, que habían recuperado el estatus de usuarios activos, lo más seguro, volverán a su condición de desconectados. Cifra que aumentará significativamente, pues las miles de familias que antes de la pandemia tenían con qué pagar los servicios ahora se han empobrecido a causa de la recesión económica, y los escasos ingresos que tienen tan solo les alcanzarán para no dejarse morir de hambre. El mismo gremio que asocia a las empresas que suministran estos servicios reconoce lo complejo de la situación. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (Andesco) ha dicho que la clase media, representada en los habitantes de estrato 3, son los más afectados por la crisis, y que lo más seguro es que ellos se les unirán a los usuarios en situación de desconexión. Según el gremio, muchas personas que se sitúan en este estrato perdieron sus empleos y trabajan en actividades informales, lo que los convierte en hogares más vulnerable y afectarán, sin duda, el pago de los servicios públicos de agua, alcantarillado y aseo. Ante esta lamentable situación es necesario buscar soluciones para los usuarios de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. El contexto de crisis debe aprovecharse como una buena oportunidad para discutir nuevamente el carácter economicista de estos servicios. No debemos permitir que luego de avances ciudadanos como la reconexión, se produzcan retrocesos en el avance de los derechos económicos de los ciudadanos. Debemos proteger a los reconectados y evitar que nuevamente se genere un aumento de la brecha social. Desde mediados de marzo y hasta el 31 de agosto, cerca de 1.200.000 ciudadanos observaron cómo de nuevo sus hogares pudieron acceder, después de mucho tiempo, a los servicios de agua, aseo o electricidad. El Decreto Legislativo 580 del 15 de abril de 2020 obligó a las empresas prestadoras de estos servicios vitales a la reconexión, suspendidos por la falta de pago. Imagen: Pares. Es necesario insistir en la prioridad que debe darles el Estado a los servicios públicos de agua potable, saneamiento básico, energía y gas. Estos servicios son determinantes en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y el desarrollo social. El Estado debe proteger a los colombianos más desfavorecidos para que mantengan el acceso adecuado a estos servicios. El Estado debe garantizar a los ciudadanos el derecho constitucional a su acceso y utilización (artículos 365 y 366), sobretodo a aquellos que no puedan pagar los servicios debido a la inexistencia de recursos. En breve, en las nuevas realidades de emergencia económica y social es necesario de nuevo discutir las responsabilidades del Estado frente a estos servicios públicos esenciales para la vida. Es necesario avanzar en la construcción de realidades que permitan una vida digna, donde el acceso a los servicios públicos del agua, el saneamiento básico y la energía eléctrica no dependan de sí se tiene o no dinero para pagar. Debemos trabajar para que estos servicios estén ligados a los derechos fundamentales, para que el valor de la solidaridad se establezca como rector en la prestación de servicios públicos en nuestro “Estado Social de Derecho”.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Cuando en 1949, Laureano Gómez regresa de sus 14 meses de “exilio” en España, pronuncia su famosa expresión del basilisco para ligar al Partido Comunista, con todos los males habidos y por haber. (Aquí lo pueden escuchar) Ahora la versión del basilisco es el castro-chavismo, expresión acuñada por el uribismo, para expresar su convicción de que solo ellos y nadie más que ellos pueden gobernar a Colombia, y sus contradictores políticos están descalificados para cualquier aspiración de ser gobierno. Cuba tiene su historia y sus retos, igual que Venezuela tiene sus retos. Enormes desafíos tienen todas las sociedades y Cuba y Venezuela no son la excepción, pero asimilar los retos de Colombia, a lo que ocurre al otro lado de nuestras fronteras, es una simplificación y una hábil manipulación que termina reduciendo el debate a un juego de descalificaciones que no permiten una controversia de mayor calidad. Es mejor cuando el uribismo afirma que si gana la izquierda, la propiedad privada corre peligro, o que las libertades ciudadanas serán cosa del pasado, o que un gobierno de izquierda es la ruina para la economía, como lo ha hecho Álvaro Uribe en su extensa entrevista con Vicky Dávila y María Isabel Rueda el pasado fin de semana; ese tipo de afirmaciones sin ningún desarrollo, son un mejor punto de partida para el intercambio. Sin duda, una de las cosas que debe garantizar un eventual gobierno de fuerzas políticas que nunca han sido gobierno nacional –porque ya tenemos una tradición de gobiernos de gente proveniente de las izquierdas o del mundo social, desde hace cerca de veinte años en regiones y ciudades– es que tienen las propuestas y la capacidad para desarrollar políticas y gobernar con mejor desempeño que sus contradictores de la derecha, y de manera particular, que la extrema derecha que representa el uribismo, los que creen que todo se resuelve a la fuerza y que nada hacen por superar históricas exclusiones, profundamente arraigadas en la sociedad colombiana. Por lo menos hay cinco grandes exclusiones a superar: la exclusión a la tierra, al crédito, al conocimiento, a la participación de las mujeres, las y los afrocolombianos y el mundo indígena, allí hay una agenda de transformaciones a acometer. Este orden social tiene demasiadas exclusiones, inequidades y desafíos que quienes han gobernado a Colombia en sus 201 años de vida republicana, han fortalecido o no han querido asumir. Hay una fuerza de derechas que quiere mantener ese orden antidemocrático de la propiedad rural, de concentración del ingreso, de desconocimiento a derechos básicos como la educación y la salud, para mencionar dos, que en tiempos de pandemia vemos que son unas graves sus vulneraciones. Si la izquierda quiere ganar espacio, debe sacudirse del sambenito de que va a arruinar la economía, una economía que no solo está arruinada por la pandemia del Covid-19 y que tiene enfermedades estructurales como la concentración de la riqueza de manera grotesca, sino que también tiene que pensarse en tiempos de cambio climático que nos debe llevar a salir del petróleo, el carbón y los minerales como el eje único y central, y trabajar por desarrollar el potencial de ser uno de los siete países que puede hacer crecer su agricultura en un mundo que siempre va a requerir alimentos. Esta es una oportunidad inmejorable ya que muchas sociedades, ante el crecimiento y los cambios en el clima, van a demandar más alimentos que no van a poder producir, por mencionar un tema central. La izquierda debe darle el debate al uribismo que está implicado en cuanta acción ilegal ha pasado en este país en los últimos veinte años y que tiene sus raíces en vínculos estrechos y orgánicos con esa cruel violencia paramilitar, que está en proceso de ser aclarada y sancionada, y cuyos jefes deberían aportar verdad y reconocimiento de responsabilidades para avanzar en una Colombia reconciliada. Entonces, lo que la izquierda en un gobierno debe garantizar son los derechos a la vida, a la protesta, al ejercicio del periodismo con garantías, todo lo que hoy es vulnerado, garantías de ejercicio efectivo a libertades ciudadanas que hoy son conculcadas en este gobierno de derechas, que sigue aferrado a sus intereses y atiza con sus políticas, la violencia en muchas regiones del país. Ese sambenito del Castro-Chavismo hay que aterrizarlo a la discusión de los problemas de la sociedad colombiana y ver cuáles son los caminos para superarlos y seguir ganando como sociedad. Podemos avanzar en una democracia de mayor calidad, que supere las exclusiones históricas y dé garantías a toda la ciudadanía, no como hoy, que el que opina, protesta o manifiesta un disenso, lo callan con plomo. Ese discurso del Castro-Chavismo, es el ‘coco’ con el que el uribismo quiere aferrarse al poder, aquí hay que dejar y superar esos rezagos de guerra fría que sigue viendo en la izquierda a gente indeseable, ese cuento tiene cada vez menos acogida. La sociedad poco a poco apuesta más por cambios y transformaciones, y la izquierda ha demostrado y sigue demostrando que puede gobernar en el marco de las instituciones, la normatividad y esta Constitución Nacional que nos da un ordenamiento institucional que todas y todos debemos respetar, no como lo hace Álvaro Uribe cuando afirma, sin mayor pudor, que la Corte Suprema de Justicia lo tiene secuestrado. Hay mucho por transformar, hay un orden institucional que fortalecer y mucho que debe cambiar, y ese debate está en curso en la sociedad colombiana, y en las elecciones del 2022 veremos nuevamente ese choque entre los que trabajan por mantener las exclusiones, y los que aspiramos a los cambios y la ampliación de esta precaria democracia, llena de mafias, violencia e inequidad.