Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares. En las últimas semanas, distintos dirigentes políticos, desde el liberalismo hasta la izquierda, han venido planteando la posibilidad de una convergencia hacia la determinación de un candidato único sobre la base de un programa de cambios. Algo normal y previsible en una democracia cuyo sistema electoral prevé y la realidad impone la definición presidencial en una contienda eleccionaria a dos vueltas. Gustavo Petro, el candidato derrotado en las pasadas elecciones presidenciales con una histórica votación de centro izquierda, ha puesto sobre la mesa la necesidad de una «pacto histórico” para enfrentar el atraso, acceder a la modernidad y la nueva agenda de la humanidad, detener la violencia política y consolidar la paz con reformas sociales que incidan en la superación de la desigualdad. El jefe negociador de los Acuerdos de Paz con las Farc, Humberto De la Calle, recogió la iniciativa con la propuesta de una metodología que priorice la construcción de un programa de consenso entre fuerzas progresistas y reglas para definir candidato. El más reciente pronunciamiento al respecto es el del congresista Iván Cepeda, quien, en medio de una formidable actuación judicial en torno a presuntos delitos del expresidente Álvaro Uribe, resultado de revertir ante los estrados un proceso iniciado en su contra, manifestó sus simpatías por Petro, pero en principio por “Un programa de transformación del país, un modelo de gobernabilidad, con mayorías parlamentarias y con proyecto estratégico para próximas décadas”. Esta propuesta, normal y lógica desde un líder de fuerzas alternativas que compiten legítimamente por acceder al poder en los términos que la estructura constitucional y legal del país lo ordena, fue de inmediato satanizada por partidarios de la derecha, que se sustentan desde la base de que tienen escriturado el manejo del Estado. Posiciones comprensibles en gente del común pero sorprendentes en politólogos y analistas que advierten que tal posibilidad vaticina novedades y que hay que cerrar filas en favor de un establecimiento que ellos mismos cuestionan a diario por deficiente pero que les es más conveniente. Es decir, de acuerdo con estos dictámenes, las fuerzas alternativas tienen vedada la posibilidad de aspirar a gobernar el país en su conjunto –ya lo hacen en algunas ciudades- y su participación no puede ir más allá del decorado necesario para que la, esa sí hegemónica alianza de fuerzas tradicionales clientelistas y en muchos casos criminales, continúe disponiendo del poder en el país a su antojo con los históricos niveles de exclusión, corrupción, injusticia y violencia. Si no es para realizar un programa socio económico de cambio, para lo que se requiere una elección holgada y mayorías parlamentarias, y un proyecto estratégico, puesto que las fuerzas políticas, se supone, no van a cada elección dando palos de ciego, qué es lo que pretenden los ilustres cientistas políticos debería hacer una coalición de centro izquierda en las próximas elecciones y por qué no deberían converger en ella sectores que consideran menos radicales, término que es más un estigma que una definición ajustada a sus propuestas de avanzada. En una democracia la alternación de corrientes políticas en el ejercicio del gobierno, desde la derecha actual a la centro izquierda que podría gobernar, y la posibilidad de transformaciones que diagnósticos irrebatibles señalan como inaplazables es una opción legítima enmarcada en los principios del pluralismo y la participación consagrados en la Constitución de 1991, carta que, en buena medida, constituye el fundamento de los cambios propuestos. Tras siglo y medio de hegemonías de liberales y conservadores y sus guerras civiles, de medio siglo de exclusión del Frente Nacional y de un cuarto de siglo adicional de aniquilamiento de organizaciones políticas y sociales no adeptas al régimen de exclusión, la ascendiente posibilidad de una inflexión histórica hacia un gobierno que altere las prioridades sociales en favor de las mayorías nacionales y de atacar las raíces de la desigualdad encuentra una talanquera en quienes siguen concibiendo la democracia parte de su patrimonio. Artimaña de quienes pretenden ahuyentar a los posibles aliados de una convergencia progresista preguntándoles si están dispuestos a acompañar una agenda de cambios, que muestran como abominables. Por el contrario, el interrogante que asoma frente a esos pánicos interesados, es si el gobierno, su partido y la coalición que lo acompaña, respetarán la legitimidad de una posible victoria electoral de signo contrario, o, con una parte del país ‘empeliculado’ con el cuento del ‘prechavismo’, pretenderán impedirla. Grave preocupación en estos tiempos de zozobra que solo se disipará con una coalición progresista amplia, grandeza de los aspirantes y respaldo unánime al escogido, un programa ambicioso y atractivo para los votantes y una votación de indiscutibles mayorías.

Por: María Victoria Ramírez. Columnista Pares. Debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero. Debajo de las sumas, un río de sangre tierna; un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales, y es plata, cemento o brisa en el alba mentida de New York. Fragmento del poema Oficina y denuncia de Federico García Lorca Este mes, en el que de nuevo crímenes imperdonables se han cometido en Colombia, es el mismo mes en el que se cumplen 84 años del fusilamiento de Federico García Lorca, exactamente el 18 de agosto. Alrededor del mundo se realizan homenajes al poeta, y Colombia no fue la excepción. Para esa dolorosa conmemoración, el proyecto Contagio Poesía de la ciudad de Pereira, realizó un video en el que 12 personas, poetas, actores, activistas sociales, entre otros, leyeron obras del gran maestro español, desde distintas partes de Colombia y desde otros países. Las obras completas de García Lorca comprenden prosa, verso, epístolas, partituras musicales y dibujos. Una de las ediciones más bellas es la de Editorial Aguilar, con prólogo de Jorge Guillén. Hasta hace apenas unos años, descubrí una faceta desconocida del maestro, la de pianista. Me emocioné muchísimo cuando escuché algunas piezas de un cancionero popular porque he admirado y disfrutado con la poesía y la prosa de García Lorca en líneas como: “la ciudad está dormida y acariciada por la música de sus románticos ríos…”. “Cuando sueno tan triste y muriente es porque lloro algo que se fue para siempre…” o “Quiero morirme siendo ayer. Quiero morirme siendo amanecer”. O en escritos que dejaban ver su veta de humanista, es decir, universal. En una de las últimas entrevistas que diera García Lorca, poco antes de morir, manifestaba: “Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos; pero odio al que es español por ser español nada más, yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el sólo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego no creo en la frontera política.” Leer la poesía de Lorca o escuchar la musicalización de sus poemas en la voz de Silvia Pérez Cruz cantando Pequeño vals vienés, de Fito Páez, Romance de la pena negra o Paco Ibáñez, Romance de la luna luna, ayuda en estos momentos sombríos en los que la tenaza de la muerte nos acecha en formas microscópicas y macroscópicas, visibles e invisibles. Sus versos dan fuerzas para continuar respirando. Las masacres de jóvenes en Samaniego, Nariño, en Cali y en Medellín perpetradas en los últimos días, nos sacuden, nos cuestionan, nos lastiman. Como lo expresa muy bien el profesor Guillermo Aníbal Gärtner Tobón, exmilitar y abogado risaraldense, Magíster del Instituto de Altos Estudios de la Universidad de Granada, en un mensaje sobre estos acontecimientos expresa: “Desde niño he vivido tantos episodios dolorosos aquí en Colombia. En el Quindío, durante la época de la violencia liberal conservadora, luego en Antioquia, saltando como se dice, tiempos del peor terrorismo de Estado y de la guerra sucia, y tantas cosas terribles que probablemente seguirán pasando, triste, triste y doloroso de estos jóvenes en esa condición y en esas circunstancias, es algo que me ha golpeado de una manera que solamente éste tu poema interpreta” el profesor se refiere al siguiente al poema escrito por Miguel Ángel Rubio Ospina: SONETO DE URGENCIA PARA CONJURAR LA SANGRE A los nueve jóvenes asesinados en Samaniego, Nariño. Fueron nueve sueños detenidos por las ráfagas, nueve razones para el estallido y la pena, nueve tristezas, nostalgias, nueve profundas llagas, ya se oyen los aullidos de la hiena. ¡Ay Samaniego como dueles en la entraña! Como el olvido nos recuerda tu nombre en sangre, la mano negra que tu fe daña, y el gatillo asesino, hienas de la masacre. Este soneto te escribo para conjurar la sangre, con el corazón negro de tanta cochambre, con la sed de un país nuevo, una patria sin hambre. Con la esperanza puesta en la juventud marchante, en la risa de tus veinte años, en la sensualidad tocante, para silenciar las hienas, con la urgencia de tu enjambre. En 1936 los fusiles nos arrebataron al mundo un espíritu inmenso. Sobre este crimen atroz, Pablo Neruda diría: “Los poetas de América española y los poetas de España, no olvidaremos ni perdonaremos nunca el asesinato de quien consideramos el más grande entre nosotros, el ángel de este momento de nuestra lengua. Y perdonadme que de todos los dolores de España os recuerdo sólo la vida y la muerte de un poeta. Es que nosotros no podremos nunca olvidar este crimen, ni perdonarlo. No lo olvidaremos ni lo perdonaremos nunca. Nunca”

Por: Germán Valencia. Columnista Pares. A principios de agosto el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, junto al gerente general de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Álvaro Guillermo Rendón, hicieron pública la decisión de entablar una solicitud de conciliación a los consorcios diseñadores, constructores e interventores de Hidroituango. La solicitud la realizaron por una cifra de 9.9 billones de pesos, que se constituye en la suma más alta realizada por una entidad pública a agentes privados en el país. Al hacer pública esta solicitud, tanto el alcalde como el gerente en EPM, aludieron razones de protección del patrimonio público. Consideraron que tenían que proceder a demandar a estos consorcios atendiendo a razones legales y éticas. Dado que, como representantes legales de la empresa, estaban obligados a poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación el detrimento patrimonial en el que se está incurriendo con el proyecto Hidroituango desde el 28 abril de 2018. Un día después, los ocho miembros de la Junta Directiva de EPM, integrada en su mayoría por directivos de grandes empresas privadas de la región, presentaron su renuncia masiva e irrevocable. En la carta de dimisión los empresarios manifestaron estar en desacuerdo con el proceder del alcalde y su gerente. En especial, con la propuesta realizada, en julio pasado, de cambiar el objeto social de la empresa y, en agosto, de demandar a los constructores de Hidroituango. Todas ellas acciones donde no se consultó a la Junta o se pasó por encima las recomendaciones que hizo. Entre la solicitud de conciliación a los consorcios y la renuncia de la Junta, la noticia que mayor impacto creó en la ciudadanía fue la segunda. Para la mayoría de las personas el tema de la demanda revestía poco interés: primero, porque preveían acciones de este tipo por parte del alcalde, ya que en campaña Daniel Quintero había realizado fuertes críticas al manejo que se le estaba dando a la crisis con Hidroituango y, por tanto, se esperaba que tomara acciones como estas. Así, mientras que las empresas aseguradoras y calificadoras de riesgo, como Fitch Ratings y Moody’s, le ponen cuidado a EPM por el tema de Hidroituango, la ciudadanía y la opinión pública está atenta a la estructura de gobernanza y al respeto de las normas y las tradiciones en la administración de lo público. Imagen: Pares. Segundo, porque la ciudadanía, en su mayoría, no comprendía muy bien los plazos con que debía actuar el alcalde y su gerente, debido a la cercanía de la caducidad de la acción legal; y porque desconocía que muchas de las empresas demandadas son antioqueñas, los consorcios están compuesto, entre otros, por importantes empresas paisas como Integral, Soligral, S.A., Conconcreto, Coninsa-Ramón H y Camargo Correa. Y tercero, porque confiaban en que las instituciones de control y protección de la empresa públicas operen. Al ser EPM es una empresa municipal, la ciudadanía suponía que todas las organizaciones gubernamentales tienen los ojos puestos en ella, por ejemplo, las comisiones de regulación, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Procuraduría, las contralorías y las Veedurías, entre otras, e históricamente esta han atendido los problemas de las empresas estatales y han actuado en la ley. De allí que el interés de la ciudadanía está puesto en la renuncia completa de la junta directiva de EPM. Esta renuncia colectiva causó preocupación y críticas. Preocupación por que la forma de gobierno corporativo, que ha sido habitual en la administración de lo público en la ciudad, aparentemente entró en crisis. En Medellín, la ciudadanía está acostumbrada a ver cómo varias personas se ocupan de la gestión de sus grandes empresas. Como pasa con la emblemática empresa Metro, Ruta N, varias universidades y la red de museo, entre otras. A su vez, la opinión pública, entre ellos académicos y representantes de los gremios económicos, han presentado críticas a la decisión del alcalde. La población piensa que el alcalde no está teniendo en cuenta las recomendaciones de las juntas directivas y que actúa como déspota en mandado local. Lo cual está provocando que renuncien los directivos, como sucedió, en la misma semana, con Ruta N, cuyas razones de renuncia fueron muy similares. En interés ciudadano y la opinión pública se sitúa en la crisis por la que pasan las estructuras de gobernanza de la ciudad. Considera que los modelos de gestión, que tradicionalmente operan, están entrando en riesgo. Así lo deja ver la renuncia masiva de la Junta Directiva de EPM y Ruta N. Sobre todo, con EPM, la empresa pública más importante y de mayor tradición para Antioquia; que aporta para la inversión social al municipio 1.5 billones anuales, cuyos activos la ubican en el segundo lugar después de Ecopetrol; y que tiene presencia en muchas regiones del país y en el contexto latinoamericano. Así, mientras que las empresas aseguradoras y calificadoras de riesgo, como Fitch Ratings y Moody’s, le ponen cuidado a EPM por el tema de Hidroituango, la ciudadanía y la opinión pública está atenta a la estructura de gobernanza y al respeto de las normas y las tradiciones en la administración de lo público. Mira con preocupación lo que está sucediendo. Una situación que recuerda la clásica discusión que tuvieron los griegos frente al tipo de gobierno que debían darse en sus polis. Los teóricos de la política han discutido por siglos cuál es la mejor forma de gobierno: sí la de uno, de varios o de muchos. Autores como Aristóteles o Polibio mostraron como frente al manejo de lo público no se puede decir con seguridad cuál es la mejor forma de gobierno. Pueden existir monarcas benevolentes, aristócratas sabios o sistemas democráticos donde prima la participación y la buena consulta. Aunque también pueden hallarse gobiernos tiranos, oligarquías corruptas o pueblos enteros que subyugan a las minorías. Es decir, los cientos de estudios comparados y la inmensidad de casos trabajos han servido para mostrar que lo determinante en los resultados no es la forma de gobierno sino el actuar de sus los dirigentes. De allí que es necesario establecer, proteger y revisar, de manera continua, las normas de juego que dan origen a la gobernanza institucional. Esta forma de acción resulta siendo una de las mejores estrategias para blindar a las organizaciones de los riesgos que puede correr con el vaivén de los políticos nombrados periódicamente; de la configuración de las juntas directivas, donde a veces priman los intereses privados sobre el general; de las decisiones que tomen las juntas administradoras, donde pueden premiarse por anticipado a proveedores o contratistas; y de evaluar los resultados que tienen las empresas, que muchas veces no son los mejores. De allí que las empresas de interés público deberían ser gerenciadas o tener juntas que sean ajenas, lo más posible, a los vaivenes políticos. Juntas que idealmente sean autónomas, tanto al poder de los políticos de turno como a los grupos de interés privados que se pueden beneficiar. En conclusión, si las estructuras de gobierno de las organizaciones de interés público están presentando problemas lo más conveniente es que se revisen las normas de juego. Es necesario que las normas que les dan origen y las regulan se discutan públicamente, de forma abierta, para que la ciudadanía, los políticos y la academia se manifieste. Se requiere evaluar las normas y si es conveniente proceder a su cambio, así las nuevas normas, que deben ser discutidas públicamente, se conviertan en acuerdos construidos colectivamente. Instituciones que salgan del debate y la discusión, propias de gobiernos transparentes y democráticos.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. En estos meses de pandemia, en que hemos debido permanecer en casa, para resguardarnos de esta enfermedad que golpea duro a Bogotá, al país, a la región y al mundo, son más de medio millón de víctimas ya en el mundo, he visto el florecer de una ‘camada’ de libros, que vienen a alegrarnos, a enseñarnos, a desafiarnos a avivar la imaginación y el pensamiento. Esta semana hay tres libros que me convocan de manera especial: Cartas a Antonia, libro póstumo de Alfredo Molano Bravo, “armado” con todo el amor que un hijo, Alfredo Molano Jimeno, tuvo a bien darle vida, compartiendo las cartas que Alfredo en varios momentos le envió a Antonia, su nieta, que hoy se acerca a los quince años. Son cartas, donde Alfredo le comunica a Antonia mensajes del país que él ha vivido: de sus regiones y sus luchas, de sus carencias y riquezas en su gente, que fue lo que más lo atrajo y lo que nos comunicó en su vida y en su obra, la gente más anónima, relegada de derechos, atropellada en su dignidad, ese mundo de campesinos, indígenas y afros, ese mundo en el que el caminó por trochas y más trochas;, quizás el colombiano del mundo del periodismo y la investigación social que más ha caminado. Relató esos mundos es los que Alfredo comunicó mensajes de dignidad y de búsquedas de derechos a su nieta. Será una lectura para volver a escuchar la cálida pluma de este hombre que tanto nos ha enseñado, gracias a Alfredo Molano Jimeno, por darnos esta nueva posibilidad y alegría, y gracias a Antonia por compartir este regalo del abuelo. Aquí se puede ver la presentación de Cartas a Antonia y el cálido dialogo animado por Claudia Morales y las bellas palabras de Antonia, junto a un buen intercambio con Jorge Cardona, veterano periodista de EL ESPECTADOR y Alfredo Molano Jimeno: El segundo libro, que me ha convocado es el de mi amigo y compañero de causas León Valencia, quien ha tenido el valor de reincidir en el género de la novela, luego de El Pucho de la vida, donde mostró que no solo es buena pluma como analista político, sino que tiene igualmente una profunda vena literaria ya probada y seguro que en esta su segunda novela: La Sombra del Presidente, donde con seguridad a colocado los temas del país, de la política, de los personajes reales que transitan por un camino literario. Así está presentada la novela de León, en el portal de la Editorial Planeta: “Las familias Ferraro y Echeverri han estado unidas desde los tiempos en los que la violencia del narcotráfico y del paramilitarismo comenzaba a campear en la Colombia de comienzos de los años ochenta del siglo XX”. Llevar a la literatura los temas nacionales, temas tan actuales y tan sufridos, serán una nueva posibilidad de pensar a Colombia, con sus desafíos y sus búsquedas, con sus tragedias e infortunios, vistos desde una obra literaria, nutrida desde las vivencias de un hombre como León, que ha vivido y de manera intensa, las dinámicas políticas de esta Colombia donde mafias, guerras, políticos, han convivido hasta el presente. El 9 de marzo de este año, se cumplieron 30 años del acuerdo de paz firmado por el Gobierno del Presidente Virgilio Barco y la guerrilla del M-19, fue el primer acuerdo de paz contemporáneo, el que abre este ciclo de construcción de paz, al cual concurrió las FARC en 2016 y concurrirá el ELN, en los próximos años. Protagonista del Acuerdo de Paz de hace 30 años con el M-19, desde el lado gubernamental, fue Rafael Pardo una persona de rigor y compromisos con una Colombia que deje atrás las lacras que la laceran y Pardo ha escrito un libro que ha titulado 9 de marzo de 1990 para compartir su vivencia en estas negociaciones, documento histórico, que hay que leer y seguir aprendiendo de los que han sido artífices de esta obra de paz que nos ha dejado logros y nos sigue desafiando. Los libros son vida condensada, son voces generosas que siempre se pueden consultar, gracias a todos los que han trabajado en estos libros que a mi me convocan y a los cuales les invito a volverlos parte de su lecturas y experiencia.

Por: María Victoria Ramírez M. Está enamorada del asesino que la obliga noche tras noche a exprimir su memoria de la ancestral leyenda multiforme y extensa para salvar por un momento su indefensa vida Y mientras cuenta y cuenta Scherezada el Califa la besa y acaricia lujurioso y ella tiene que seguir entreteniéndolo contando porque el verdugo espera en cada madrugada Está a merced de quien la oye emocionado pero no levanta la sentencia a muerte El artista tiene siempre un mortal enemigo que lo extenúa en su trabajo interminable y que cada noche lo perdona y lo ama: él mismo. Poema Scherezada de Raúl Gómez Jattin. En la ciudad de Pereira, en el mes de agosto, se realizará la XIV versión del Festival Internacional de Poesía de Pereira, Luna de Locos. Para esta columna realicé una entrevista a su director, el reconocido poeta y gestor cultural Giovanni Gómez. Para comenzar la conversación, quise que respondiera a la pregunta ¿Qué diferencia a nuestro Festival de otros de Colombia, como por ejemplo el de Medellín, o incluso de otros Festivales en el mundo? “Luna de Locos nació en septiembre de 1998 como una actividad extra académica de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, que empezamos a hacer lecturas en el Planetario de la Universidad. Gracias al acompañamiento y la respuesta que fuimos consolidando, creamos una revista de poesía seis meses después. Con los años, el sueño de hacer un festival de poesía, en un momento donde el Festival de Medellín y el Festival de Bogotá eran una gran bitácora, un faro, con la Casa Silva, de lo que era la poesía contemporánea de ese momento, nosotros nos alimentamos de todas las gestiones que ellos hicieron, y así empezó el germen de nuestro propio festival. Lo que ha hecho a este festival entrañable, más que importante, es que ha buscado ser parte de la identidad de la ciudad, ha buscado volverse una manifestación de la actividad cultural de Pereira y ser el anhelo de muchos creadores que están surgiendo y quieren conocer Colombia y apuestan por ello a través de esta puerta.” Con mucha paciencia, debieron esperar varios años, hasta que en el año 2007 despegó formalmente la primera versión de Luna de Locos. Se han realizado hasta el momento trece versiones presenciales y en 2020, se realizará la XIV versión, que es, además, la primera en formato virtual. Luna de locos ha tenido a muchos poetas del mundo en esta ciudad e incluso en municipios vecinos, las voces de la mayoría de los grandes poetas y poetisas colombianos han estado presentes en este festival, al igual que las jóvenes apuestas. Este año, pese a la situación de la pandemia, el festival se realiza con la idea de dar cuenta del presente de la poesía contemporánea y de mantener el cuidado porque la poesía siga siendo un elemento trascendental en la agenda cultural de la ciudad. ¿Cómo ve las voces de la poesía femenina colombiana? “Yo siempre he visto a los poetas y las poetas como voces representativas. El festival a lo largo de su historia ha sido muy diverso, faltan muchas personas por invitar, no lo niego, pero también hemos invitado a muchas personas de todo el país. Nosotros creemos que la poesía existe por los logros como creador que puede hacer el ser humano. Obviamente que hay una sensibilidad, hay una experiencia de mundo en cada uno y eso da unos matices y una autenticidad y da un lugar propio a la hora de la escritura, pero nosotros no hemos invitado a las poetas como una tensión frente a una desigualdad manifiesta que la historia ha tenido, eso no lo niego. Creo que la forma en que más respetuosos podemos ser con ellas es tratarlas como poetas, en las mismas condiciones que los poetas, con la misma rigurosidad y respeto. Eso ayuda mucho en un reclamo justo y a entender la equidad de género como un lugar de encuentro que se tiene que dar de manera natural.” Esta contingencia sanitaria que ha estremecido al planeta, ha tenido efectos también en el Festival. El poeta Giovanni Gómez compartió la experiencia de organizar un festival con todas las restricciones que la situación impone: “Obviamente, esto nos ha hecho replantear muchas cosas, asumir una rutina que es parte de este tiempo, también nos ha hecho confiar y creer más en las cosas buenas que hemos hecho. Trabajar desde la casa es también una bendición porque uno está más cerca de su familia. Hacer un festival virtual nos ha hecho volcarnos a un fenómeno digital que nosotros ya estábamos asumiendo desde el año pasado con algunas emisiones por streaming y que estaban dando buen resultado, y este año ya habíamos decidido darle más espacio a esto, pero nunca pensamos que esa iba a ser la totalidad de la propuesta del festival. No desdecimos de la situación, esto nos ha dado la oportunidad de acercar muchos poetas que por sus agendas no habían podido venir a Pereira, pero con esta forma de comunicación pueden hacerlo virtualmente y eso le sigue dando vida al festival y posibilidades a la agenda cultural en el mundo. Hemos tratado no solamente de asumir la situación sino de pensarla y buscar opciones para hacer esta propuesta interesante para la gente y que no sea una presentación más sino un lugar de encuentro entre tantos que estamos trabajando en nuestra casa.” A continuación se muestra la invitación a uno de los eventos que tendrá lugar en este festival que se llevará a cabo entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre. Esta pandemia nos ha arrebatado muchas cosas y frente a la pregunta de si el maestro, como director del Festival o como creador, siente que algo le ha sido robado o arrebatado, estas fueron sus palabras: “No me atrevería a decir que me han robado algo. Hay muchas cosas que han cambiado. Por supuesto, los apoyos han sido menores porque todo el mundo está viviendo esta crisis, pero la siento como un reto en el cual debemos asumir muchas posibilidades nuevas y lo acepto de una manera humilde, buscando formas para enfrentar e imaginar este presente.” Antes del confinamiento obligatorio no se me había ocurrido entrevistar a Giovanni Gómez, aunque había participado como espectadora en distintos eventos del Festival. Él, gentilmente, accedió a darme esta entrevista de forma remota, desde su casa, con una hermosa biblioteca de fondo, lo que de algún modo me dio la confianza para preguntarle sobre la relación artística con su madre, la maestra Luz Dary Gil, que también es poeta; y si como artista siente que hay un sello de ella en su obra. Comparto su reflexión: “Ha sido una cercanía de sensibilidades, eso es parte del oficio. Creo que todos nos retroalimentamos porque nadie es indiferente al influjo de su mundo y obviamente mi madre es parte de mi mundo y yo como hijo soy parte de su mundo. Con el equipo del Festival que cuenta con un pintor, un fotógrafo y dos poetas, tenemos una misión y tenemos una conversación en torno a eso”. Un festival de poesía, especialmente en momentos en que el espíritu necesita de canales para respirar, es una ventana maravillosa que como pereirano abrigo y valoro, y del que me siento orgullosa. Sea esta columna mi reconocimiento a Giovanni Gómez, a todos los integrantes del Festival, a todos los creadores que han pasado por él en estas trece versiones, a quienes han contribuido a hacerlo realidad con trabajo o con apoyos económicos, para que permanezca en el tiempo, a que la palabra del mundo se tome esta ciudad y a que nuestras voces lleguen a muchos rincones del mundo.

Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares La detención domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es un duro golpe contra la hasta ahora intocable figura del polémico y cuestionado líder. Fracasó la presión desde sus huestes políticas, medios y periodistas, que destaparon su corazón uribista, exigiendo a la Corte desde abdicar hasta prevaricar. Intentan convertir el proceso judicial en escenario de una batalla ideológica y arriesgan el argumento venal de que su papel histórico lo absuelve así sea culpable. Su esposa incluso aduce que los magistrados no obraron en derecho sino alienados por el entorno de animadversión, mas que reclamo de dolor un insulto a la judicatura. Eluden deliberadamente que este proceso inició porque en venganza por un debate en su contra en el Congreso de Iván Cepeda por paramilitarismo, Uribe lo denunció por manipulación de testigos pero las cosas van en quien actuó así fue el expresidente. No obstante la arremetida, la Sala de la Corte decidió por unanimidad, parece tener suficientes elementos de juicio para encausarlo por soborno y fraude procesal y tomó la medida de aseguramiento basada en un cúmulo de evidencias de su manía de traficar con testimonios. La causa seguirá en un ambiente polarizado en el que sus partidarios se negarán a aceptar algo distinto a una absolución lo que, de no ser por circunstancias extra procesales, parece improbable. Una decisión judicial que debió honrarse por las otras ramas del poder, a la altura de un Estado de Derecho, intentó interferirse por el Presidente de la República mediante juicios personales de valor de pretensiones absolutorias, fue rechazada anticipadamente con una diatriba del partido de gobierno contra los magistrados vinculándola con una lunática conspiración izquierdista -a lo que se sumaron gremios y funcionarios públicos infringiendo el Código Disciplinario- y la amenaza vengativa de una constituyente para acabar con las cortes, con la mira en la que lo juzga y la denostada Justicia Especial para la Paz. El encierro obligado del caudillo en “El Ubérrimo” es el epílogo de una gloria desvanecida por múltiples actuaciones cuestionables, varias de las cuales cursan en despachos judiciales. En la misma semana que se le impuso detención domiciliaria, un juez ordenó medida similar contra el mas oscuro de sus abogados por los mismos delitos, se produjo la captura de Francisco Antonio Angulo, alias el ‘Piloto’, vinculado con la masacre El Aro y el homicidio del abogado defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, por sentencia del Tribunal Superior de Medellín que también compulsó copias solicitando se investigue la posible participación de Uribe Vélez, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, condenó a la Nación a pagar una millonaria indemnización al senador Gustavo Petro y su familia por la persecución a manos del departamento de inteligencia de la Presidencia de Uribe y decisiones similares favorecieron al exmagistrado Iván Velásquez y a la periodista Claudia Julieta Duque. Tras medio siglo de consenso de las principales fuerzas políticas en las razones sociales del descontento y de búsqueda de alternativas para una solución política del conflicto armado y con las Fuerzas Armadas cualificadas para una confrontación a gran escala, gracias al “Plan Colombia”, luego del fracasado intento de negociación en el gobierno Pastrana, un desconocido Álvaro Uribe capturó respaldo nacional con la propuesta de derrota militar de la insurgencia, replanteando la conceptualización de sus causas y su carácter político hacia la calificación de terrorismo, en el preciso momento en que los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York pusieron contra la pared las protestas anti estadounidenses y a las fuerzas beligerantes contra sus aliados. Con un país inclinado hacia la derrota militar de la guerrilla, opción alimentada por un cúmulo de acciones inhumanas y depredatorias y un alto desprecio por la política y encantamiento con las armas por parte de las Farc y el ELN, Uribe logró legitimación para adelantar su estrategia contrainsurgente que, en términos de inteligencia, desmovilizados, bajas, reducción de activos, despeje de zonas, arrinconamiento a las selvas y desprestigio político -junto con la arremetida paramilitar en la que los tribunales indagan la participación de Uribe- , fueron golpes contundentes que debilitaron en forma notoria a la guerrilla, dando un vuelco estratégico a la confrontación. Ese incuestionable logro en la reversión de la correlación de fuerzas hacia las armas del Estado y recuperación de la soberanía en gran parte del país, no pudo ser, sin embargo, el gran triunfo que esperaba Uribe Vélez. Enceguecido con llevarse el mérito histórico de la derrota de la guerrilla en Colombia, sus dos gobiernos (2002-10) estuvieron salpicados de abusos del ejército, detenciones masivas y arbitrarias, desplazamientos y despojo de tierras, violaciones a los derechos humanos, persecución, espionaje y campañas de desprestigio a sus críticos, magistrados y defensores de derechos humanos, asesinato de opositores con participación de agencias del Estado, envilecimiento del derecho internacional, agresión a países vecinos y el ignominioso caso de los asesinatos de civiles a cambio de dádivas a los militares perpetradores para aumentar el conteo de bajas, como muestra del éxito de la confrontación militar, con miserable desprecio por las víctimas. Uribe pudo haberle causado a la insurgencia el mismo revés estratégico sin haberse llevado de largo el Estado de Derecho, pero su ego tenía afán. Partícipe de la estrategia y en buena medida sacando partido de los éxitos, como Ministro de Defensa, pero manteniéndose a distancia de los cuestionamientos y fracasos, al lograr la presidencia, Juan Manuel Santos (2010-18), aupado por el uribismo, cambió el rumbo esperado y en lugar de la obstinación con el exterminio de las Farc, advertido de su debilitamiento pero también de que la vía militar era la prolongación por años de un sin sentido, abrió la puerta de la desmovilización mediante un acuerdo sobre condiciones para la renuncia a las armas, medidas sociales para las zonas afectadas y un modelo de justicia restaurativa de gran acogida internacional. La firma del acuerdo de paz con las Farc y el intento con el ELN fue, por encima de la pretensión de la derrota militar, la noticia que premió el mundo. Al parecer -hay testimonios de ello- esa era la puntada final de Uribe pero no alcanzó. El Nobel le correspondió a Santos. Encantado con su fórmula vencedora, buena parte del país y la institucionalidad le soportó todo a Uribe y aún lo venera, al punto que él se impuso desde su hubris la misión de amasar a Colombia a su imagen y semejanza. Empero, además de la deslealtad con las normas del derecho de guerra y la degradación de los derechos humanos, la violación de la Constitución y los códigos utilizando terceros a quienes premió contra las evidencias criminales, reelegirse con trampa la primera vez, intentarlo reincidiendo en la segunda, favorecer el enriquecimiento de sus hijos, mirar de soslayo la corrupción, sabotear rastreramente los acuerdos con las Farc, armar embelecos ilegales contra sus opositores, querer imponer a sus candidatos con trampas, dividir al país e incentivar el sectarismo, distorsionar permanentemente los hechos a su acomodo, burlarse de los tribunales aparentando acatamiento mientras promueve patrañas y tantos episodios aun no aclarados de su discurrir, son demasiadas sombras éticas como para que sus incondicionales pretendan erguirle pedestales. Con todos esos antecedentes, hechos probados y varios de sus colaboradores en prisión por los mismos, muy por el contrario a sus ambiciones de ayer, rescatar algo de su legado requeriría un acto de grandeza histórica difícil en un carácter soberbio: acudir voluntariamente a la justicia especial de paz y a la Comisión de la Verdad a esclarecer episodios en los que se lo involucra, lo que sería un gran aporte a la reconciliación nacional. Debería hacer suya la máxima que le espetó al senador Gustavo Petro en el congreso mientras, según denuncia Daniel Coronell basado en escuchas judiciales legales, ordenaba espiarlo y acusarlo falsamente: “una vida sin examen, no merece ser vivida”.

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia El pasado 7 de agosto cumplió sus primeros dos años el plan tortuga para la paz. Esta es una estrategia utilizada por el Gobierno Duque contra los que impulsan y apoyan la paz en el país. El Gobierno nacional no quiere avanzar con celeridad en las obras que exige la construcción de este importante bien público. De allí que haya adoptado, como forma de llamar la atención, la ralentización de la implementación del Acuerdo Final. Los planes tortuga, con los que se quiere recordar el caminar de los quelonios, los adoptan, por lo general, los trabajadores que operan servicios de utilidad pública. Son medidas de inacción o cuasi parálisis que toman aquellas personas que prestan servicios públicos o de interés social. Estos servicios se caracterizan por ser necesarios para toda la población, de allí que sea improcedente una parálisis de la actividad. Entre las estrategias más utilizadas por los servidores públicos para levantar su voz de protesta esta: hacer las cosas de forma lenta. Con esta actuación buscan defender sus derechos o ampliarlos. Actúen como chicos rebeldes, haciendo las cosas de mala gana, pues, a pesar de que no desean hacerlas las cosas, debido a la importancia de su trabajo están obligados a hacerlas. El plan tortuga significa no poner todo su empeño en ejecutar las acciones. En Colombia la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Los ciudadanos han establecido la paz como derecho fundamental en el artículo 22 de la Constitución Política, y, en el artículo 95, como deber obligatorio del jefe de Estado. De allí que todo el que llegue al poder debe trabajar en la implementación de aquellas acciones necesarias y convenientes para la construcción de la paz en el país. El Gobierno ha puesto en último lugar la ejecución de la obra pública de construcción de la paz, ha manifestado su descontento con el Acuerdo, ha desaparecido del discurso del Ejecutivo el tema de la paz. Imagen: Pares. Dentro de estas actividades está el cumplimiento de los acuerdos de paz. En 2016 se firmó el Acuerdo Final para la terminación del conflicto. Este acuerdo de paz fue refrendado por el Congreso de la República, establecido como artículo transitorio en la Constitución con el Acto Legislativo 02 de 2017 y avalado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-630 del 11 de octubre de 2017. De allí que sea de obligatorio cumplimiento para el Gobierno nacional. A pesar de esta obligatoriedad, el presidente Iván Duque no ha querido realizar las actividades necesarias para construir la paz en el país. Desde su posesión, hace dos años, se ha opuesto al cumplimiento de lo pactado en el Teatro Colón. Pero debido al carácter obligatorio de la prestación de este servicio público, ha adoptado como estrategia avanzar con paso de tortuga en la realización del mandato constitucional. El Plan tortuga del gobierno Duque quedó consignado en dos textos oficiales. Primero en su documento “Paz con legalidad”, donde presentó en pocas líneas su estrategia de implementación del Acuerdo de paz. Este es un documento que se caracteriza por proponer una serie de acciones muy relacionadas con las políticas de seguridad y la lucha contra las drogas ilícitas. Y el segundo documento es el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. Donde queda ratificado el enfoque de cultura de la legalidad, convivencia y estabilización que le da a la construcción de paz. Allí el Gobierno Duque deja ver su descontento con el Acuerdo Final, por ello insiste que presentará una reforma constitucional para corregir las fallas estructurales que se han hecho evidentes en la implementación de este. En ambos textos, el Gobierno Duque hace evidente su desacuerdo con la implementación del Acuerdo Final, sentimiento que hace visible cada vez que puede. Como pasó con las objeciones a la Justicia Especial para la Paz (JEP), donde ratifica el deseo de reestructurar de manera unilateral lo acordado, tal como lo prometió a sus electores en la campaña a la presidencia entre 2016 y 2018. De esta manera desconoce lo acordado y utiliza cada que puede en sus discursos conceptos distinto a la paz como estabilización, legalidad o consolidación. El Gobierno nacional no quiere avanzar con celeridad en las obras que exige la construcción de este importante bien público. De allí que haya adoptado, como forma de llamar la atención, la ralentización de la implementación del Acuerdo Final. Imágen: Pares. Entre los efectos inmediatos de esta estrategia de deslegitimación de la paz ha sido los avances insignificantes en materia de implementación del Acuerdo Final. Así lo deja ver el último informe del Instituto Kroc, donde muestra cómo, entre diciembre del 2018 y noviembre del 2019, el avance general de la implementación del nuevo gobierno fue tan solo del 6%, una cifra mucho menor que la de los años anteriores. En este informe del tercer año de implementación del Acuerdo Final se muestra los pírricos avances en la asignación presupuestal para las inversiones en los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET), la poca efectividad en la entrega de tierras a campesinos, comunidades étnicas y víctimas del conflicto, y la parálisis casi total en los planes de sustitución concertada de cultivos de uso ilícito. Además el rechazo a las curules para las víctimas y la inexistente reforma política. En conclusión, viene operando en Colombia de manera muy clara y efectiva el plan tortuga para la paz. Son dos años donde se ha avanzado poco en la implementación del Acuerdo Final. El Gobierno ha puesto en último lugar la ejecución de la obra pública de construcción de la paz, ha manifestado su descontento con el Acuerdo, ha desaparecido del discurso del Ejecutivo el tema de la paz, ha redireccionado las inversiones y ha puesto todos los obstáculos que sean posibles para impedir la realización de las obras de la paz.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Acabamos de cumplir 201 años de vida republicana y el próximo año cumplirá 30 años la Constitución Política, que trae el mandato de un Estado Social y de Derecho. En estos 201 años no hemos logrado aún ser una república integrada en la medida que falta mucho Estado y mucha ciudadanía, y aunque la Constitución del 91 fue un gran avance en la construcción de un orden institucional de la democracia, aún falta mucho para hacerlo realidad en el 100% del territorio y en el conjunto de la sociedad colombiana. Tenemos muchos rezagos en todos los órdenes: una riqueza que se concentra de manera grotesca, unas prácticas de exclusión en todas las dimensiones: racismo, clasismo, una cultura patriarcal, una depredación de la naturaleza, unos ejercicios de la política, cruzados por mafias, violencias, corrupciones, un saqueo de los recursos públicos, un descrédito frente a las instituciones estatales y una cuestionada clase política. Todo esto en medio de una sociedad donde los derechos no son derechos, sino mercancías en compraventa. Estos enormes desafíos se dan en una sociedad que ha vivido unas dinámicas de violencia aún no superadas. Violencias que han infringido profundos desgarros y una barbarie no lo suficientemente comprendida en sus motivaciones, sus protagonistas, sus lógicas. Todo ello hace que la dura mano de las violencias, desarrolladas por defensores y retadores de un orden social, sea una pesada carga que hay que aliviar en un proceso de justicia, de reparaciones, de construcción de verdades, de garantías de que esto no volverá a ocurrir. Todos estos enormes desafíos están en curso en la sociedad colombiana. Las élites políticas que han gobernado este país, y donde recaen las mayores responsabilidades del estado actual de la nación, tienen dos variantes: hay una élite de mayor tradición que desde el siglo XIX construyó dos identidades políticas que emularon durante ciento cincuenta años de manera exclusiva, y cerraron el espacio de participación y representación política a terceras fuerzas. Desde mediados de los años 50 del siglo pasado, hicieron una manguala para controlar el poder y eso fue más que evidente y aberrante en el periodo del Frente Nacional. Ese bipartidismo tuvo, y aún tiene, sus responsabilidades en los múltiples ciclos de violencia. Allí están las viejas élites. Y hay unas nuevas élites amalgamadas con la tradición bipartidista, pero diferenciadas en los últimos 18 años. Esas nuevas élites son el producto de seis décadas de narcotráfico ya que no hay dinámica económica sin representación política, y si la vieja élite política está ligada al café y al desarrollo de tres décadas de industrialización y de un desarrollo económico que en alguna medida se ha beneficiado de los capitales narco, en los últimos años hemos tenido un proceso de diferenciación de estas dos poderosas élites políticas. Esto ha quedado más que evidente en la dura pelea entre los expresidentes Santos y Uribe, que pueden ser las cabezas más notorias de estas dos élites. Hay una tercera élite política que se viene conformando en el último medio siglo, y es una élite que representa los intereses y las lógicas de los que nunca han tenido el poder en el país, los populares, donde están las grandes mayorías del país nacional que llamaba Gaitán. Allí están los desheredados de derechos, el mundo campesino, indígena, afros, las barriadas, los jóvenes sin educación ni trabajo, las clases trabajadoras vapuleadas, el referente político de esta nueva élite es Gustavo Petro, que en las pasadas elecciones logró el 44% de los votos, cifra nunca antes alcanzada por un representante del discurso popular y de rupturas. Hay en curso una dura confrontación entre estas élites. La republicana que representó hasta los años 30 la modernización del país y se la jugó por el acuerdo de paz con las FARC con el propósito de cerrar esta larga confrontación y darle nuevas posibilidades a la economía. El presidente Santos siempre fue claro: “Esta paz es un buen negocio” y por supuesto se le abona su compromiso ético con la vida y con cerrar “La fábrica de víctimas”, como bien lo señaló la candidata presidencial Clara López Obregón en la contienda del 2016. A este propósito de paz se ha opuesto el uribismo, una fuerza social y política beneficiaria directa de estas seis décadas de violencia. En esa orilla están los despojadores, los que han negociado con mafias y paras, como bien quedó demostrado en el proceso de la parapolítica; allí están los que le huyen al reconocimiento de responsabilidades en la amplia barbarie, los que se sitúan en un pedestal de inocencia y legalidad, siendo que sus manos están llenas de sangre inocente y se niegan a un ápice de reconocimiento, en tanto los otros responsables de barbaries y sangre, las FARC, están compareciendo ante un tribunal de justicia y reconociendo sus responsabilidades. Vivimos un periodo político donde los viejos poderes, responsables de muchas de nuestras carencias y déficits de democracia, se debaten entre el silencio y grandes operaciones de impunidad, a la par que hay dinámicas de acción desde el mismo Estado, donde el sistema judicial debe afrontar su tarea de judicializar a los responsables de crímenes e ilegalidad. La punta de ese iceberg es el proceso judicial en el que está incurso el expresidente Álvaro Uribe, cabeza y líder de los que se niegan a asumir cualquier responsabilidad de unas violencias que los involucran, ya veremos cómo evoluciona este proceso. Si queremos avanzar en convivencia, derechos, asumir los desafíos ya mencionados, hay que derrotar al uribismo, lo cual implica una alianza entre la élite republicana de vieja data y las nuevas élites populares; tarea difícil, que tendrá en las elecciones del 2022, un nuevo desafío y oportunidad.

Por: María Victoria Ramírez M. Tal vez porque los años que tengo me permiten escribir lo que siento sin titubear; tal vez porque a mi edad ya sé dónde estoy ubicada en relación con lo que ha sido catalogado de ético o de no ético y ya hace un tiempo que entiendo con bastante claridad que lo ilegal puede ser profundamente ético. Sin esta convicción, las mujeres estaríamos todavía en la Edad Media, pues cada vez que hemos conquistado algo de autonomía, ha sido gracias a unas Antígonas dispuestas a todo para demostrar que, contrarias a las implacables leyes de los hombres, existen también estas otras leyes, las del corazón, del inconsciente y de una memoria ancestral grabada en nuestro cuerpo. Y tal vez por múltiples otras razones que no encuentran la manera de traducirse en las letras del alfabeto, siento que puedo regalarle a esa palabra, “aborto”, unas líneas con el fin de darle una realidad capaz de reflejar una experiencia humana total de lo lícito y lo prohibido. Fragmento del libro Había que decirlo de Florence Thomas El 10 de mayo de 2020 se cumplieron catorce años de la decisión de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en Colombia. En ese momento, todas las feministas del país estábamos muy pendientes de cómo votaría ese alto tribunal, luego de que algunas semanas antes se hubiera abstenido de tomar una decisión, argumentando que había fallas en la demanda interpuesta por la abogada Mónica Roa. Esa decisión sigue causando polémica, y lo que es peor, sigue siendo desacatada por los médicos, las EPS e incluso por jueces de la república que se han inventado una nueva figura jurídica denominada la objeción de conciencia judicial, para sustentar no otorgar tutelas cuando las mujeres se ven obligadas a acudir a la justicia porque sus servicios de salud les niegan el aborto, a pesar de cumplir todos los requisitos en los tres casos que autorizó la Corte Constitucional, a saber: cuando el embarazo es producto de violación o incesto, cuando el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida y cuando hay riesgo para la vida o la salud de la mujer gestante. A lo largo de estos años, las organizaciones de mujeres como Women´s Link Worldwide (cuya directora en Colombia era la abogada Mónica Roa, cuando interpuso la demanda de insconstitucionalidad), la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (de la que hacían parte organizaciones como la Red Nacional de Mujeres), entre muchas otras de orden local, han acompañado a las mujeres para lograr que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, como se le denomina en los decretos y circulares del Ministerio de Salud que reglamentan la IVE, sea un hecho. Cuando todos los mecanismos para lograr que una mujer pueda interrumpir el embarazo fallan, la Corte Constitucional ha sido siempre una esperanza para lograr que el derecho se cumpla en Colombia. Las decisiones de ese organismo han sido tradicionalmente, en esta y otras materias, muy progresistas y garantistas de los derechos de minorías y han sentado precedentes importantes como sanciones a las EPS, a los jueces que incumplen y decisiones para que el Estado colombiano emprenda campañas informativas en los colegios para difundir los derechos sexuales y reproductivos. Es por ello que, en su momento, veía con suma preocupación que una persona como Ylva Myriam Hoyos estuviese dentro de los barajados a ocupar el puesto en la Corte Constitucional que había quedado vacante con la renuncia del doctor Juan Carlos Henao, hoy rector de la Universidad Externado de Colombia. La doctora Ylva Myriam Hoyos sería un peligro dentro de la Corte Constitucional para las mujeres en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos. Durante la Procuraduría de Alejandro Ordóñez hubo una arremetida contra el derecho al aborto conquistado, liderada por su Delegada para la Infancia, la adolescencia y la familia, la doctora Ilva Myriam Hoyos. Ellos imponían sus convicciones personales y religiosas al marco jurídico que rige a Colombia en materia de aborto. Los grupos provida han liderado marchas para manifestarse en contra del aborto y específicamente de la Sentencia C-355/2006 que los despenalizó. Pero de todos los intentos por evitar que las mujeres ejerzan su derecho a interrumpir el embarazo de forma legal y segura, el que me parece más perverso es el que acaba de proponer el senador John Milton Rodríguez, según información publicada por el periódico El Espectador (El Espectador, 2020): “La iniciativa, que está pronta a ser radicada en el Congreso de la República y a cuyo texto solo le falta unos detalles, busca crear un ingreso mínimo que sería entregado a las mujeres que decidan tener hijos que hayan sido producto de violaciones. A juicio del senador que encabeza la iniciativa, John Milton Rodríguez, del partido cristiano Colombia Justa-Libres, se trata de establecer una alternativa al aborto, que es legal en caso de violación.” Este proyecto es realmente una afrenta a lo que las mujeres hemos conquistado en materia de derechos sexuales y reproductivos y de autonomía sobre nuestros cuerpos, y algunos lo han llamado un “subsidio a la violación”. El senador Rodríguez debería tratar de entender el drama que ya significa ser víctima de abuso sexual, para además pretender con la falsa promesa de que el estado garantizará ingresos para que la mujer y el hijo producto de violación subsistan, tratar de evitar la interrupción del embarazo. Hay que aclarar que ninguna mujer está obligada a abortar si es víctima de abuso sexual, lo que tiene es el derecho de hacerlo en condiciones seguras y sin que la encarcelen por ello, si así lo decide. En lo que tienen que concentrarse los legisladores y los encargados de construir las políticas públicas e implementarlas, es en transformar las estructuras que perpetúan la violencia de género, en garantizar que la vida de las mujeres y las niñas esté libre de agresiones, en no incentivar apoyos económicos que discriminan porque premian a la que decide interrumpir el embarazo, pero no brinda apoyo integral a quien habiendo sido víctima del delito de violación, decide no continuar un embarazo. Llama mucho la atención que este proyecto se presente justo en momentos en los cuales las cifras de violencia contra las mujeres y las niñas, en el marco de la emergencia sanitaria, se dispararon de forma vergonzosa. Me uno al llamado de tantas mujeres que han luchado por conquistar la autonomía: ¡Basta ya de que otros e incluyo al Estado, tomen decisiones sobre el cuerpo y las vidas de las mujeres! Con las palabras de Florence Thomas, le hago un llamado al senador Rodríguez y a quienes apoyan la iniciativa de mínimo vital para embarazadas víctimas de violación: “Debemos dejar de banalizar el dolor, las violencias y los insultos infligidos a las mujeres como hacen los políticos, todos aquellos encargados de organizar la vida social e incluso hombres que dicen amarnos”. Entiendan que la carrera por nuestros derechos empezó y no va a parar y que lo mejor es que el estado y los partidos políticos dejen de seguir viendo el problema del aborto como un tema moral y lo aborden como un tema de salud pública.

Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares. Hace diez años, el 12 de agosto de 2010, falleció Apolinar Díaz Callejas. Hoy ese nombre es un recuerdo grato para quienes estuvimos ligados a su vida y luchas y para muchos campesinos costeños pero es desconocido por las generaciones recientes, como lo es la historia de Colombia. De golpe algún estudiante inquieto se encuentra con el fondo que con lo que fuera su valiosa colección de libros se constituyó en la Biblioteca Nacional. Si es curioso, dará con una biografía apasionante de alguien que siempre tuvo fe y esperanza en que la juventud puede cambiar el país. Miembro de una modesta familia sucreña, de Colosó, el joven Apolinar cursó Derecho en la Universidad de Cartagena, durmiendo a veces en las bancas de una iglesia para ahorrarse lo del alquiler de una pieza. A lo García Márquez, buscando futuro, llegó a Bogotá a guerrear contra el frío. De estirpe liberal se vinculó a Diego Montaña Cuéllar, otro personaje grande, en la defensa de sindicalistas encausados por protestar contra las multinacionales petroleras. En esas lo cogió en Barrancabermeja, puerto petrolero rebelde, el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán el 9 de Abril de 1948. Por su actitud frente al suceso fue nombrado miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno que declaró el Poder Popular. Diez días después tuvieron que claudicar porque los arreglos por arriba acordaron que no había pasado nada. Se le reconoció por su fogoso discurso gremial, conocimiento de temas agrícolas y como defensor de la reforma agraria que los terratenientes impidieron en el gobierno transformador de Alfonso López Pumarejo en los años 30. Advertido de sus audacias, el presidente Carlos Lleras Restrepo, decidido a romper el modelo colonial de explotación rural, designó a Díaz Callejas gobernador del Departamento de Sucre en 1967 para que promoviera la organización campesina capaz de acompañar una política de entrega de tierras que tenía que confrontar a cientos de rentistas acomodados, muchos de ellos aportantes de la campaña presidencial. Apolinar hizo la tarea y la gente la sobrepasó. De ahí nació la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), la única organización popular que sin revolución tuvo poder y que por el radicalismo de la izquierda de entonces terminó dividida para satisfacción de los geófagos y se perdió una gran oportunidad. Era, es, esa Colombia rara en la que para acabar con la guerrilla los gobiernos agredían campesinos al tiempo que tenían como asesores en temas agrarios, sociales y sobre la violencia de los 50 a intelectuales de izquierda como Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña, el cura Guzmán Campos y el también sacerdote Camilo Torres Restrepo, muerto en la guerrilla desesperado ante la obstrucción a las reformas sociales. Los poderosos gamonales, rabiosos ante las tomas de tierra que terminaban en titulaciones a favor de los cultivadores, sacaron al incómodo “patilimpio” de Apolinar de la gobernación y Lleras a la defensiva lo nombró viceministro de agricultura. En el gobierno siguiente, de Pastrana papá, los terratenientes, con el “Pacto de Chicoral”, cerraron la posibilidad de la democratización de la propiedad en el campo, con la erguida oposición y la denuncia de Apolinar desde el Senado de la República a donde llegó en 1970 por el Movimiento Popular de Unidad Liberal de Sucre (Mopul), curul que repitió en 1974. Desde el Congreso se comprometió a fondo con las causas populares nuestras, las de América Latina y el mundo. Son recordados sus discursos de condena al golpe sangriento de Pinochet en Chile contra el gobierno de Salvador Allende en 1973. Alberto, uno de sus hijos, quedó atrapado en Santiago como militante de la Unidad Popular y con su activismo lo logró salvar como a decenas de jóvenes colombianos y chilenos por lo que años después, ya en democracia, fue condecorado con la máxima orden que otorga ese país a sus amigos. Frustrado de hacer discursos profundos y vibrantes para un Congreso conformado por provincianos clientelistas a la espera del fin de semana para irse a cebar el rebaño que les mantuviera la vida sabrosa y al servicio del latifundio, se comprometió en la defensa de los derechos humanos, en un continente postrado por dictaduras sangrientas, la revolución cubana ante el cruel embargo gringo y las luchas en Centroamérica y Palestina por sacudirse del oprobio. En 1983, se apartó del liberalismo tras confrontar el gobierno represivo y clientelista de Turbay Ayala. Apoyó con entusiasmo la política de paz de Belisario Betancur a la vez que denunció la masacre del Palacio de Justicia en 1985 y la expansión del MAS, germen del paramilitarismo. Como Diego Montaña Cuellar, Eduardo Umaña Luna, Orlando Fals Borda, Antonio García Nosa, Jaime Mejía Duque, Joaquín Molano Campuzano, Luis Carlos Pérez, Jorge Regueros, Gerardo Molina, Estanislao Zuleta y toda estirpe de rebeldes con causa, intelectuales y luchadores nacidos y vitales en el siglo XX, procuró el cambio de la estructura económico social del país hacia un modelo de equidad y democracia plural. Quería un país más humano, más justo, menos corrupto y asesino. Eso tuvo su costo, la amenaza de muerte de la Triple A -las águilas negras de entonces. Apoyó entusiasta la política de paz de Virgilio Barco y César Gaviria que condujo a los primeros acuerdos exitosos de desmovilización guerrillera (M-19, EPL, PRT, Quintín Lame, Patria Libre, CRS) y el pacto político que produjo la Constitución de 1991. Ya retirado del agite proselitista se dedicó a revisar documentación histórica y desde su perspectiva, formada en clásicos políticos, lectura del marxismo y experiencia vital, se fajó una decena de libros de historia vista con criterio propio y de reivindicación de la reforma agraria, dignos de estudiar si se quiere saber de esta patria atormentada e indolente. Anticipó con claridad las líneas de un acuerdo de paz en el asunto agrario, que consideraba raíz de los males de la nación. De eso sabía Apolinar, escribió Alfredo Molano, ese otro gran ausente. Trabajó con compromiso, aún en la enfermedad que lo arrinconó y fue invencible a reveces como la muerte de Alberto, su hijo, devastado por el cáncer, hecho que lo sumió en una honda depresión. Cuando más duro lo atacaron los achaques más combatió desde el computador, al que se asimiló con esfuerzo. Escribió aquí y allá para denunciar el autoritarismo neoliberal y guerrerista del uribato durante la primera década de este siglo. Entre amigos decíamos que no se moriría hasta que se fuera del poder Uribe -con detención domiciliaria diez años después. Y así fue. Dejó este mundo a los cinco días de que Juan Manuel Santos Calderón asumiera la presidencia, el 7 de agosto de 2010, soltando las amarras de su mentor y anunciando que la vía de la paz al conflicto armado no estaba cerrada. Apolinar fue un comprometido promotor de la solución política negociada pues explicaba la guerra interna en las hondas injusticias sociales y exclusiones políticas agravadas con el tiempo, las que vivió, denunció y por la superación de las cuales agitó ideas y promovió alternativas hasta sus últimos momentos. Si estuviera vivo estaría luchando porque se cumplan los Acuerdos de La Habana con las Farc y en la denuncia de tanta muerte, como en su época, sentenciada en las tenebrosas estancias del poder y la riqueza mal habidos. Su vida se detuvo pidiendo justicia para los pobladores del campo, clamor que sigue vigente como quedó demostrado el 31 de julio pasado en la ‘Audiencia pública por la tierra, el territorio y el campesinado’, promovida por la Procuraduría General de la Nación, donde se evidenció la exclusión política y económica de la Colombia rural. La reciente conceptualización académica social e institucional del campesinado y su inclusión en las estadísticas nacionales son aspectos positivos, no obstante que en la realidad, como dice Rodrigo Uprimny, “Ahora se cuenta pero no lo tienen en cuenta”. Por todo ello, seguirá Apolinar su vigilia porque algún haya tierra, justicia y paz para los labriegos de Los Montes de María.

Por: Germán Valencia. Columnista Pares. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET– representan en la actualidad el mayor avance en la construcción de paz territorial en Colombia. Son la columna vertebral de la Reforma Rural Integral (con los incumplidos Planes Nacionales Sectoriales y la Jurisdicción Agraria). Y simbolizan la promesa hecha a las víctimas de llevar la institucionalidad estatal a zonas más afectadas por la guerra. Desde su reglamentación en 2017, con el Decreto 893, los PDET se convirtieron en la esperanza de más de 6,6 millones de colombianos. Los que habitan las 11.000 veredas (en 170 municipios y 19 departamentos) más duramente golpeados por la violencia en Colombia. Y donde residen, por lo menos, 2.5 millones de víctimas del conflicto armado. Estos programas fueron pensados como instrumentos de gestión comunitaria y planeación participativa del desarrollo. Fueron diseñados para que las comunidades y autoridades locales pensaran sus territorios, y realizaran, en una primera etapa, los diagnósticos de necesidades y priorización de inversiones. Para luego, pasar a una segunda de implementación o ejecución. El balance que se hizo, al finalizar la etapa de formulación en febrero de 2019, es bastante positiva, a pesar de las críticas que se le pueden realizar. Se logró reunir a más de 200.000 personas (entre campesinos, indígenas, afrodescendientes, empresarios, gremios, organizaciones sociales y comunitarias, exintegrantes de la guerrilla Farc-ep y autoridades gubernamentales del orden municipal, departamental y nacional) y priorizar 32.808 iniciativas en los ocho pilares. La Agencia para la Renovación Territorial (ART), quien fue la organización estatal responsable de dirigir el proceso, en compañía de las autoridades locales, la comunidad internacional y la sociedad civil lograron construir 16 Pactos de Acción para la Transformación Regional –PATR–. Qué son las visiones compartidas sobre la paz y el desarrollo de los territorios más afectadas por el conflicto. Fue una experiencia de diagnóstico y priorización de proyectos que sirvió para evidenciar la capacidad que tienen la ciudadanía rural de trabajar por la defensa de sus territorios y agenciar su propia idea de desarrollo. Sirvió para mostrarle al país que si se puede trabajar en impulsar la participación ciudadana y la planeación del desarrollo en la Colombia profunda. Fue también un buen momento para revivir la esperanza en la democracia. Aquella prometida con la Constitución de 1991 donde se le dijo a la ciudadanía que se le entregaría la palabra, que sería consultadas las comunidades sobre la idea de futuro que desean para sus territorios. En síntesis, se vivió durante el tiempo que duró el diseño de los PDET, una auténtica fiesta democrática, un verdadero escenario de participación. Donde se construyeron de manera concertada sus pactos comunitarios para transformar sus territorios. Fue un momento histórico en Colombia donde se privilegió la construcción y planificación colectiva. Pero como se advierte, el diseño de los PDET es tan solo la primera etapa en la búsqueda de soluciones a las causas que dieron origen al largo conflicto armado interno. Son el primer paso en la estrategia para avanzar en el cierre de brechas de desigualdades entre lo rural y lo urbano en el país. La idea que sigue es que los PDET se ejecuten, que se realicen las inversiones en el mediano y largo plazo. El reto actual con los PDET es que las autoridades locales, departamentales y nacionales los incluyan en sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Que se logre una articulación de las entidades del gobierno, en sus diferentes niveles, para abordar las soluciones en plazos de 5, 10 ó 15 años, como lo estipulan los PDET. Para que el trabajo de diagnóstico y priorización de las comunidades sea tenido en cuenta y rinda sus frutos. Tarea que no se está realizando adecuadamente, al menos desde el gobierno central. El gobierno Duque, que se ha caracterizado por promover una narrativa contraria a la paz, ha buscado impulsar el PDET alterando su esencia de transformación local–regional y reduciendo su ejecución a la dimensión municipal. Y aunque se puede evidenciar un interés desde la Alta Consejería para la Estabilización por avanzar con el PDET, se ve como se ha afectando su metodología participativa, reduciendo el presupuesto de entidades claves en su ejecución como la ART o la Agencia de Desarrollo Rural y desconociendo los enfoques establecidos desde el mismo acuerdo de paz. El diseño de los PDET es tan solo la primera etapa en la búsqueda de soluciones a las causas que dieron origen al largo conflicto armado interno. Son el primer paso en la estrategia para avanzar en el cierre de brechas de desigualdades entre lo rural y lo urbano en el país. Fotografía: Pares. De allí que la propuesta sea simple: debemos insistir en que se cumplan con la promesa hecha a 6.6 millones de colombianos de realizar las inversiones necesarias para que los PDET sean una realidad. Trabajar todos en la transformación estructural del campo y el ámbito rural y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad. No podemos permitir que de nuevo se hagan promesas a las víctimas del conflicto y no se les cumpla. No podemos permitirnos una vez más traicionar la confianza de los ciudadanos rurales. El incumplimiento de esta promesa representaría darles la espalda a las víctimas y traicionar la promesa de la no repetición del conflicto. Y lo mínimo que podemos hacer es respaldarlos para que realicen las inversiones que se les prometió. Debemos desde las ciudades activar los procesos de veeduría que acompañen el cumplimiento de las iniciativas. Fortalecer los espacios de decisión establecidos en el acuerdo de paz y evitando que los compromisos se camuflen en el cumplimento de otros indicadores más asociados a los planes municipales o departamentales de desarrollo. En conclusión, resulta fundamental rodear la ejecución de los PDET y monitorear su cumplimiento. Todos los ciudadanos deberíamos convertirnos en garantes para que las iniciativas concertadas sean una realidad territorial y no se queden en un cúmulo de promesas incumplidas.

Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares. Esta semana fue presentado, por parte de la Fundación Ideas para la Paz y Codhes ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, en cabeza de su presidente, el Padre Francisco De Roux, el informe titulado: “Verdad y afectaciones a la infraestructura petrolera en Colombia en el marco del conflicto armado”. Petróleo y conflicto han ido de la mano en la historia de la humanidad y Colombia no ha sido la excepción. El montaje de la industria petrolera se ha hecho desplazando indígenas y campesinos, a las buenas o a las malas, y muchas veces más por las malas. La explotación petrolera llegó al Catatumbo, al Magdalena Medio, al Putumayo entre los años veinte y los años cincuenta del siglo XX. Allí hay muchas historias de despojo y violencia contra las comunidades. la nueva explotación petrolera, la de Arauca, en los años 80, Casanare en los 90 y el Meta en los 2000, también ha venido con sus conflictos, sus tiros y sus voladuras. El primer ataque del ELN, contra la infraestructura petrolera fue el 17 de agosto de 1965, cuando atacó con explosivos las instalaciones de la Texas Petroleum Company, cerca de Bucaramanga. De allí hasta nuestros días los ataques contra trabajadores, directivos, ingenieros, contra los oleoductos, plataformas, infraestructura petrolera, han sido parte de este largo y doloroso conflicto, y no solamente en remotos lugares. En 1988, el ELN puso un carro bomba a la sede central de la OXI en Bogotá al norte de la ciudad, la cual afortunadamente no causa pérdidas humanas, pero sí destruyó la fachada. El Informe presentado por Fundación Ideas para la Paz y por Codhes, trae las siguientes cifras: entre 1986 y el año 2006, se han presentado 4.455 acciones de ataque a la infraestructura petrolera, las regiones más golpeadas han sido el Putumayo con el 24.4% de las acciones seguida de Arauca, donde se han dado el 23.1% -hay que tener presente que este informe va hasta 2016. Y hay una sorpresa en este informe: el mayor responsable de ataques a la industria petrolera son las FARC, con un 33% de las acciones, seguido del ELN, con un 28%, lo cual ratifica que siempre hay algo por aprender, luego de décadas de escuchar y repetir que el principal responsable de esta práctica era el ELN. Este sabotaje, ha representado el derrame de 4.1 millones de barriles, que han afectado el 4% del territorio nacional, con unas estragos ambientales y sociales, de enormes dimensiones. Estas prácticas de sabotaje, ha dejado igualmente trabajadores muertos, mutilados, al igual que campesinos, soldados y guerrilleros. Hay otras dimensiones violentas en la industria del petróleo. Ha sufrido secuestro, asesinatos, desplazamientos de comunidades y líderes sindicales y comunitarios, de esto también hay reportes, que nos han mostrado la sistemática vulneración de derechos en este largo conflicto que aún no logramos cerrar.Este informe es un buen aporte, para un tema que sigue estando presente.Desafortunadamente este es un tema no superado, en las últimas semanas, se han dado ataques a plataformas petroleras en Arauca y Putumayo, las dos regiones que más han soportado esta violencia. El petróleo es un bien público que debe servir para el desarrollo del país y las afectaciones a la industria petrolera deben ser superadas. Sabemos que tenemos muchos debates y discrepancias sobre las políticas petroleras, pero tenemos igualmente muchas identidades, una de ellas es que el sabotaje a la industria petrolera no trae nada bueno para las comunidades que las sufren, para el medio ambiente, para la misma industria y para las finanzas públicas. El sabotaje solo deja daños y mayores heridas y afectaciones. Son décadas de sabotaje, son enormes las afectaciones al medio ambiente, a todas las formas de vida, cientos los mutilados y muertos. Esta aguda realidad debe parar y ser superada. Hay que convocar a una reflexión y un intercambio entre la mayor diversidad social, política y gremial posible, para buscar salidas a una situación que no debe continuar, hay que sacar el petróleo de la guerra. Actualmente, hay una negociación de paz pendiente con el ELN, y sacar el petróleo de la guerra, como un acuerdo de sociedad, puede ser un primer paso. ¿quien asumirá este reto?