Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Aunque el gobierno de Gustavo Petro no ha radicado aún la reforma política y se espera que lo haga prontamente, otros proyectos que tocan aspectos de la arquitectura institucional electoral, financiación de campañas políticas, adquisición de derechos políticos y la conformación de las listas para órganos colegiados, ya empezaron su curso en el Congreso. El pasado lunes 05 de septiembre se llevó a cabo una audiencia pública en la Comisión Primera del Senado, citada para oír las opiniones de organizaciones y expertos en materia electoral sobre cinco iniciativas. La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) fue invitada a participar de la audiencia y a presentar las observaciones y recomendaciones a los Proyectos de Acto Legislativo (PAL). De los cinco PAL, tres son referentes a reforma política y dos a arquitectura institucional. Estos han sido radicados por congresistas que pertenecen a la coalición de gobierno, como Ariel Ávila, Humberto de la Calle, María José Pizarro, Roy Barreras y el partido Comunes, de quien su representante en la audiencia fue Julián Gallo. A pesar de que uno de los primeros proyectos presentados por el gobierno Petro, junto con la reforma tributaria, fue el Código Electoral aprobado por el Congreso pasado pero que se cayó en el examen constitucional por vicios de trámite, el primer consenso de los asistentes a la audiencia fue la necesidad de aplazar su trámite para darle prioridad a la reforma a la arquitectura institucional electoral. Es claro que la arquitectura institucional electoral actual presenta muchas fallas y que no tiene sentido aprobar un código electoral que quedaría obsoleto si hay cambios sustanciales tanto en las corporaciones que tienen funciones electorales como en las reglas de juego político-electorales, que es lo que se espera. La organización electoral en Colombia está conformada actualmente por dos instituciones: el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Su principal responsabilidad es la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como las actividades relacionadas con la identidad de las personas. Aunque formalmente el Consejo Nacional Electoral goza de autonomía presupuestal y administrativa, una de las conclusiones del diagnóstico que lleva a la necesidad de una reforma es que no tiene la capacidad suficiente para cumplir sus labores de regular, inspeccionar, vigilar y controlar “toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales y de directivos y candidatos”. Esto quedó claro, por ejemplo, con la incapacidad para hacerle una auditoría al software de escrutinios durante el desarrollo de las elecciones de Congreso de este año. Hoy el Consejo Nacional Electoral se compone de nueve miembros elegidos por el Congreso de la República, para un periodo institucional de cuatro años. Los miembros del CNE son elegidos mediante el sistema de Cifra Repartidora, esto significa que los partidos que tienen más congresistas tienen más consejeros, lo que se ha traducido en una gran ventaja para los partidos mayoritarios. Por otro lado, literalmente, está la Registraduría, que tiene a su cargo el registro de la vida civil e identificación de los ciudadanos colombianos y a su vez, la realización de los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana. La independencia de la que goza la Registraduría y particularmente el registrador, quien hoy es Alexander Vega, ha hecho que no deba rendirle cuentas a nadie y que las irregularidades de sus actuaciones no sean investigadas y sancionadas. La elección del registrador hoy depende de los presidentes de las altas cortes, y aunque depende de un concurso de méritos, no se ha escapado de la politización ni el lobby. Además de estas dos instituciones, las funciones jurisdiccionales electorales están a cargo de la sección quinta del Consejo de Estado. Está integrada por cuatro magistrados y se encarga de decidir sobre “la legalidad de los actos que se expiden en el proceso electoral”. Uno de los principales reclamos que hay respecto a las funciones del Consejo de Estado en materia electoral es la demora en los tiempos para procesar, por ejemplo, nulidades electorales. Ahora bien, hay que decir que además de los temas de arquitectura institucional electoral, en la audiencia se trataron temas referentes a la reforma política. Particularmente, el partido Comunes ha radicado una reforma en la que pretende, entre otras cosas, limitar las posibilidades de los organismos de control para sancionar a funcionarios públicos de elección popular, bajar la edad para que las personas puedan votar, primero a 17 y después a 16 años, hacer del voto algo obligatorio y eliminar la condición del umbral para que los partidos puedan acceder a la personería jurídica y reemplazarla por un número de afiliados. En materia de arquitectura electoral, proponen la creación de un Tribunal Nacional Electoral, que unifique las funciones del CNE y de la sección quinta del Consejo de Estado, y de un Instituto Nacional Electoral, que se encargue de la organización de las elecciones y la vigilancia a los partidos políticos. Seguramente la mayoría de estos temas serán discutidos más ampliamente cuando el gobierno radique su propia reforma. En lo concerniente a reforma de la arquitectura institucional, se oyeron diversas voces, cada una con propuestas distintas, pero coordinadas en la necesidad de hacer una reingeniería al sistema existente. Así, dentro de las instituciones invitadas aparte de Pares estuvieron el Centro Carter, el Instituto para la Democracia Multipartidista, NIMD por sus siglas en inglés, la Misión de Observación Electoral (MOE), Viva la Ciudadanía, el Observatorio Electoral, académicos destacados y el exmagistrado del CNE, Armando Novoa, entre otros. En la intervención de Pares, hecha por Esteban Salazar, se destacó la importancia de llevar a cabo primero la reforma a la arquitectura institucional antes de hablar de la reforma al Código Electoral. Asimismo, la importancia de recobrar la confianza institucional, a través de, por ejemplo, la despolitización de la elección de los magistrados del CNE. Es necesario, según Pares, cerrar las ‘puertas giratorias’ que permiten que los funcionarios pasen del CNE a la Registraduría o a otros organismos de control con funciones electorales, como en el caso de Alexander Vega. También desde Pares se hizo un llamado a evaluar los problemas de diseño institucional asociados a la concentración de poder en manos del registrador y la ineficiencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. El concurso de méritos en manos de la Comisión Nacional de Servicio Civil, como lo propone el senador Ariel Ávila, sería, a juicio de Pares, la mejor manera de elegir a los magistrados del CNE, y garantizaría independencia de los partidos políticos. Como contrapropuesta a la idea de crear una Corte Electoral, Pares cree que se deben contemplar los obstáculos que subyacen a la intención de sacar del Consejo de Estado las funciones de jurisdicción electoral y que sería más viable mejorar la estructura institucional de la sección quinta. De la misma manera, desde la MOE, su directora Alejandra Barrios hizo un llamado a separar las discusiones sobre las reformas política y de arquitectura institucional, pues si se tramitan juntas probablemente no se llegue a los consensos necesarios para su éxito, ni serán aprobadas para las elecciones del otro año. Según lo expuesto por Barrios, hoy el CNE no tiene capacidad de vigilar a las organizaciones políticas especialmente por su origen partidista, pues los magistrados responden es a los intereses de su partido. La MOE solicita aclaración en las funciones administrativas y de las funciones jurisdiccionales electorales, y dar el debate sobre el avance en la creación de una Corte Electoral. En cuanto a las recomendaciones, la MOE destaca la necesidad de establecer periodos institucionales dentro de la autoridad electoral, una conformación escalonada, que haya interdisciplinariedad de sus integrantes y que estos sean al menos siete personas, en una conformación paritaria. Sobre los actos legislativos que tocan las funciones del CNE, el Observatorio Electoral se pronunció diciendo que era necesario tener cuidado de no crear vacíos jurídicos y que se estaban olvidando algunos artículos constitucionales en la modificación de la organización electoral. Según el Observatorio, debería fortalecerse la composición del Tribunal si se crea, o de la sección quinta del Consejo de Estado. Ahora bien, aunque el Centro Carter está de acuerdo con la urgencia de la reforma a la arquitectura institucional y con la despolitización de las instituciones, no sugiere como otras organizaciones que se excluya del todo a los partidos políticos de la organización electoral. Esta es la diferencia sustancial con otros análisis que hicieron parte de la audiencia. Durante la audiencia pública otros intervinientes se centraron en lo referente a la reforma política, haciendo énfasis en la necesidad de avanzar en asuntos como los planteados por la Misión Especial Electoral, que hizo un diagnóstico basado en el punto dos, sobre participación política del Acuerdo de Paz, en la poca legitimidad que tienen hoy los partidos políticos y lo imperioso de buscar maneras para profundizar sus mecanismos de democracia interna, así como los problemas que sigue teniendo la financiación de las campañas políticas y la conformación de listas preferentes, apuntando casi todos a la configuración de listas cerradas y de cremallera. En conclusión, se espera que el Gobierno Nacional atienda la recomendación de frenar el trámite legislativo del Código Electoral para darle preeminencia a una reforma sobre la arquitectura institucional electoral, y que en medio de ese proceso se pueda debatir alrededor de la creación de un Tribunal Electoral que separe la elección de sus magistrados del control de los partidos políticos, de la necesidad de diferenciar las funciones administrativas del actual Consejo Nacional Electoral de las contencioso-administrativas que están a cargo del Consejo de Estado, de que el Consejo Nacional Electoral o quien haga su papel tenga verdadera capacidad de vigilar e inspeccionar los procesos electorales y sobre si la Registraduría debe seguir siendo un órgano autónomo o fusionar sus funciones en un nuevo organismo. Queda en evidencia que la construcción de una nueva arquitectura institucional no debería aplazarse más.

Por: Juan Alejandro Pérez, Asistente de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad El pasado 25 de junio el presidente, en ese entonces recién electo, Gustavo Petro, anunció en sus redes sociales el primer nombre que compondría su gabinete ministerial. Ese nombre fue Álvaro Leyva como ministro de relaciones exteriores o canciller. Leyva llegó al ministerio como una de las fichas clave para alcanzar la Paz Total, en palabras de Gustavo Petro, “será una cancillería de la paz”. Luego del nombramiento de Leyva siguió el de Luis Gilberto Murillo (fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo) como embajador en Estado Unidos. A él se sumaron los nombres de Armando Benedetti en Venezuela, Camilo Romero en Argentina y León Freddy Muñoz en Nicaragua (nombramiento que está en veremos). Petro y Leyva encontraron unas relaciones exteriores destruidas, resultado de la mala gestión del gobierno de Iván Duque que vio la política exterior desde un punto ideológico. Lo que se vio reflejado cuando el gobierno de Duque reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo de la República de Venezuela y rompió relaciones con el país vecino. Y también durante las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, cuando el gobierno de Iván Duque tuvo cierta injerencia en cabeza del entonces embajador allí, Francisco Santos, a favor de Donald Trump. Gustavo Petro en su primer mes como presidente ha procurado subsanar las decisiones que se tomaron en el pasado, pese a ello muchas de sus decisiones y acciones son blanco de críticas. Respecto al nombramiento de sus embajadores, Petro ha priorizado su cercanía política y no el hecho que tengan una carrera diplomática. Esto debe servir para hacer un llamado de atención al gobierno de turno y exigirle que el nombramiento de embajadores obedezca a sus pergaminos en la carrera diplomáticas y no a favores ni cercanías políticas, que ningún beneficio le trae a la política exterior colombiana. Venezuela Gustavo Petro, a diferencia de su antecesor, reconoció a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Tras este reconocimiento se retomaron relaciones con el país vecino y la reapertura de la frontera colombo-venezolana. Armando Benedetti, una de sus fichas más confiables, fue nombrado como embajador en el país vecino y está encargado de liderar la normalización de todas las relaciones con Venezuela (jurídicas, comerciales, defensa, etc.). Benedetti presentó sus credenciales y sostuvo un encuentro con el presidente Maduro, siendo la foto oficial fue un abrazo entre estos dos, lo que claramente desató polémica. - Reapertura de la frontera La decisión de reabrir la frontera colombo-venezolana el próximo 26 de septiembre sin duda alguna es un acierto y rompe con la lectura ideológica del gobierno Duque. Cabe la pena recordar que el 19 de agosto de 2015 Nicolás Maduro anunció la decisión de cerrar la frontera con Colombia. El anuncio de la apertura trae beneficios para los dos países, especialmente para la población que se extiende por los 2.219 kilómetros de frontera, en donde se ha fortalecido la ilegalidad e informalidad producto de la ausencia de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Ahora que se abra la frontera, departamentos como Norte de Santander, la Guajira, Arauca y Cesar podrán trabajar con mayores y mejores herramientas para el mejoramiento de las condiciones de vida de su población. -Retos A) Monómeros La empresa de agroquímicos y fertilizantes Monómeros Colombo Venezolanos S.A., filial en Barranquilla de la empresa Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven), recientemente ha sido objeto de controversia y disputas políticas por su control, antes solo del chavismo y ahora también de las facciones de la oposición venezolana, y en el último tiempo por parte de la derecha colombiana, como lo menciona María Jimena Duzán en su última columna en la Revista Cambio. Vale la pena recordar que hasta hace poco estuvo bajo control de la Superintendencia de Sociedades de Colombia por manejos irregulares en su interior. En los últimos días ha tomado fuerza el hecho de que Gustavo Petro está considerando hacerse con parte de la empresa, por lo que debería comprársela a su homólogo venezolano, que hace unos días registró su nueva junta directiva ante la Cámara de Comercio de Barranquilla. Para ello debe aclarar primero todo lo que ha rodeado a la empresa en los últimos años. Petro debe tener certeza de los manejos que se daban a la empresa desde antes de que llegara el hoy cuestionado Guillermo Rodríguez Laprea, último gerente general nombrado por Juan Guaidó. Se deberían plantear preguntas como las siguientes: ¿qué responsabilidad política tiene el gobierno de Iván Duque con Monómeros?, ¿qué sucedió con el paso de Jorge Luis Pacheco por la empresa?, ¿cuál es la relación del aumento en el mercado de una empresa como Nitrofert, en cabeza de Andrés Piñero, con Monómeros? Probablemente esas y muchas más preguntas que no tienen una respuesta sólida hicieron que en los últimos días el presidente de Colombia anunciara que el “Gobierno colombiano comprará fertilizantes en el exterior y los subsidiará”. Es una decisión prudente, ya que no se puede hacer compra de un nuevo activo sin saber muy bien qué es lo que se adquiere. B) Tren de Aragua El Tren de Aragua es una es una organización criminal que opera desde Venezuela hasta Chile y a día de hoy tiene a Bogotá en medio de una ola de asesinatos diarios. El Tren de Aragua representa un reto muy grande, porque requiere que haya una articulación desde el gobierno de Venezuela hasta el gobierno de Chile. Por ello es necesario que el ministro Leyva entable comunicación con los demás gobiernos, para poder así establecer acciones conjuntas entre países que están siendo golpeados por este grupo delincuencial transnacional. Para el caso específico de Venezuela, donde se encontrarían presos en la cárcel de Tocorón los cabecillas del Tren de Aragua alias ‘Niño Guerrero’ y a alias ‘Giovanny’, el gobierno, en cabeza de Diosdado Cabello, se ha lavado las manos públicamente sobre su responsabilidad en este asunto. La alcaldesa Claudia López solicitó la participación de la cancillería y de las embajadas de ambos países para que se puedan aislar a los jefes del grupo criminal, ya que podrían estar coordinando desde la cárcel todas las acciones. Por el momento la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) desconoce la existencia de acuerdos en materia de intercambio judicial y policial entre Colombia y Venezuela que faciliten la lucha contra el Tren de Aragua. Nicaragua El pasado 12 de agosto se presentó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para condenar las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen nicaragüense en cabeza de Daniel Ortega. Colombia se ausentó de dicha sesión, lo que dio paso a suposiciones y críticas sobre la posición del gobierno respecto al régimen de Ortega y la violación continua a los derechos humanos. Este hecho hizo que la oposición citara al ministro Álvaro Leyva a un debate de moción de censura. Tras el manto de suposiciones, la Cancillería en un comunicado indicó que la ausencia obedeció a razones estratégicas y no a razones ideológicas. La razón específica según lo reveló el periodista Daniel Coronell es que Colombia está buscando conciliar con Nicaragua que los pescadores raizales de San Andrés puedan seguir pescando en aguas que hace poco le pertenecían a Colombia, pero que le fueron otorgadas al país encabezado por Ortega. Comunicado Cancillería En entrevista con Coronell, Leyva terminó de aclarar estos hechos y condenó al régimen nicaragüense. Estas declaraciones, según Julio Sánchez Cristo, hicieron que Nicaragua tomara la decisión de retirar el beneplácito al León Freddy Muñoz, quien fuera designado embajador en el país centroamericano. Esto establece tres retos para la Cancillería respecto a Nicaragua. El primero es que deben trabajar para dejarle claro a toda la comunidad nacional e internacional que condenan fehacientemente el régimen nicaragüense. El segundo obedece al arreglo bilateral necesario sin necesidad de llevar este caso al Tribunal de la Haya para que cientos de familias raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia puedan continuar con su actividad pesquera en aguas nicaragüenses. El tercero obedece a poder establecer la embajada de Colombia en Managua, capital de Nicaragua. ¿Qué más acciones realizará Colombia a nivel internacional? Colombia sin duda alguna en cabeza de Álvaro Leyva y el embajador en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, están y deben continuar en la reconstrucción de la relación bilateral con Estado Unidos. Deben seguir trabajando para generar de nuevo lazos de confianza con el gobierno estadounidense, lazos que se vieron afectados tras la injerencia de integrantes del gobierno Duque en las pasadas elecciones presidenciales del país norteamericano. La próxima semana Gustavo Petro tendrá un espacio para intervenir ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en New York, para poder posicionar temas en la agenda mundial que Colombia puede liderar. Sin duda alguna centrará su intervención en la Paz Total, buscando afianzar el apoyo de la comunidad internacional. Seguramente también mencionará su idea sobre lo que debe ser el nuevo enfoque sobre las drogas y lucha contra el narcotráfico, además de las acciones para contrarrestar el cambio climático.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Los oferentes del servicio público de energía eléctrica en el país están “fríos” y pronto se calentarán. El presidente de la República, Gustavo Petro, les ha dicho que intervendrá la tarifa eléctrica, pues este es un factor que se ha vuelto determinante para aumentar la pobreza en Colombia. Y que, a la vez, coloca en tensión el orden público, al ser los paros y manifestaciones públicas la única forma que tienen los usuarios-consumidores de protegerse. Petro les ha dicho a los empresarios que su gobierno buscará modificar la fórmula tarifaria para calcular el precio del servicio de otra manera. Con esto intentará controlar el alza desproporcionada que sufre este servicio en el país, el cual alcanzó en agosto de este año, según cifras del DANE, una variación acumulada del IPC del 25.9%. Y que en ciudades como Santa Marta, en la Costa Atlántica, supera el 49%, lo que profundiza y aumenta la crisis económica en los hogares. Este anuncio de intervención lo hizo Petro el 09 de septiembre en Cartagena, en la clausura del XXIV Congreso de ANDESCO, la asociación que agrupa a los empresarios de los servicios públicos domiciliarios y comunicaciones en Colombia. Allí el presidente advirtió a los empresarios que le pedirá a su ministra de minas y energía, Irene Vélez, que ponga en práctica las funciones estatales que tienen, aquellas que, incluso, quedaron consignadas en el Plan de Desarrollo del Gobierno Duque, las cuales les permite intervenir en el establecimiento de la fórmula tarifaria. Esto significa que el actual gobierno quiere retomar algunas de las tareas que le dio la misma norma que creó el mercado de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. Allí, en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, se le confiere al presidente de la República el poder para intervenir en el modelo energético del país y cambiar la forma como se establece la tarifa de los servicios públicos. Funciones que la Presidencia le ha delegado, por casi tres décadas, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), pero que debido a varios problemas, entre ellos, la imposibilidad de cambiar la fórmula tarifaria, a causa del poder de la industria, no le está siendo posible realizar bien su trabajo. Además, no ha sido debidamente acompañada por las superintendencias de Industria y Comercio y de Servicios Públicos Domiciliarios para regular y hacer cumplir las normas del mercado. Las grandes empresas han logrado mantener casi intactas las leyes bajo las cuales se gobiernan, logrando construir procesos para mantener los precios que más les favorecen; de allí que, según Petro, se vea este servicio como una “especulación financiera”. Un mercado complejo donde las empresas comercializadoras acuden al mercado para comprar energía. Allí con los generadores de energía elaboran contratos de largo plazo –llamados forwards– en los que hasta las empresas más pequeñas pueden fijar un precio marginal elevado de la energía. Son pactos libres entre empresas de comercialización y generación, siendo lo más importante para ellas la tasa de retorno, presentando una conducta estratégica para elevar esos precios y nunca retornar a un nivel de equilibrio, perjudicando siempre al consumidor. La confluencia de estos aspectos ha provocado que hoy tengamos una tarifa del servicio público de electricidad que refleja muy bien el poder que tienen los diversos grupos de interés en los distintos componentes que tiene la tarifa. Esta la estructuran, en primer lugar, por las cuatro actividades básicas del servicio: generación, transmisión, distribución y comercialización, y, en segundo lugar, se remuneran las pérdidas del sistema y las restricciones, estas dos últimas remuneran las pérdidas de energía y las ineficiencias que se generan en las actividades de generación y transmisión. Lo que significa que en la tarifa actual, el componente de la generación de energía es el que mayores ingresos y beneficios obtiene del sistema, o al menos es el que obtiene retornos bastante generosos. De allí que Petro se pregunte: ¿por qué si el insumo de la generación es tan abundante (el agua), eso no se refleja en la tarifa? Y la respuesta está en que los generadores se han cuidado de presionar al regulador para que fije las tarifas de acuerdo a una regla de costos –en la que se incluyen todos los costos de producción– y oferta de energía, donde el precio de la energía que está cobrando es el de bolsa, que coincide con los precios altos de los mercados de futuros. Ante esta situación, como lo advirtió el presidente, se propone como solución intervenir el sector, específicamente la manera como se fijan los precios de la energía en la bolsa. Hacer uso del poder que le asigna la ley de vigilar, controlar y regular este servicio. Con el objetivo de cumplir el mandato constitucional de velar por que estos servicios se presten al mayor número de personas y al menor costo posible. Es decir, cuidar el interés general y público de los y las colombianas. En conclusión, se avecina una intervención del Gobierno Nacional en el sector de los servicios públicos domiciliarios. Una intervención que se focalizará, en primera instancia, en subsidio a los estratos socioeconómicos más bajos, pero que estará dirigida a dar un cambio en la fórmula del cálculo de la tarifa del servicio de energía. Una decisión que tiene con los ojos bien abiertos a la industria, debido a la preocupación en el cambio de las reglas de juego. De hacerlo, será una de las grandes modificaciones de este sector luego de casi 30 años de funcionamiento en los que el mercado de energía no se ha podido tocar. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, periodista El pasado 08 de septiembre se realizó la primera Conferencia Nacional del Trabajo en un gobierno alternativo, organizada por las tres principales centrales obreras del país, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT). Este evento contó con la que participación de sindicatos de varias regiones del país, la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramirez, y la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Al final del evento, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), le entregó a la ministra de trabajo la propuesta de las centrales obreras para lo que será la construcción de la reforma laboral anunciada por el nuevo gobierno y que se estaría trabajando en los próximos meses. En entrevista para el Nuevo Siglo, Maltés mencionó que la propuesta para la reforma que realizaron los grupos sindicales busca un desarrollo a corto, mediano y largo plazo; mencionando también que puede ser posible que, para las propuestas de corto plazo, el Gobierno expida siete decretos presidenciales que viabilicen las recomendaciones del Comité de Asuntos Laborales y Sociales de la OCDE, y el Comité de Expertos y de Libertad Sindical de la OIT José Diógenes Orjuela, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), le dijo a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que durante más de 30 años de lucha su organización ha presentado reclamos por los derechos de los trabajadores. Orjuela mencionó que en esta ocasión presentaron tres puntos al Gobierno. Primero, algunas formulaciones sobre políticas para garantizar los derechos de sindicalización, libertad sindical, negociación colectiva y respeto a los derechos de los trabajadores. Segundo, el proyecto de decretos que son asuntos que la CUT cree que el Gobierno podría resolver en el contexto de ajustes laborales. Tercero, algunas propuestas de proyectos de ley que tengan como fin el desarrollo que ordenó la Constitución del 91 en el Artículo 53, esto sería elaborar un estatuto del trabajo. Según el secretario general de la CUT, la principal ventaja que tendría esta reforma para los trabajadores es garantizar la plena vigencia de las libertades sindicales y la plena vigencia de los derechos de los empleados. En medio de esta Conferencia Nacional del Trabajo, la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, volvió a referirse a la propuesta de que la jornada laboral en Colombia vuelva a ser de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde para la jornada diurna; y de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana para la jornada nocturna; propuesta que irá en la reforma laboral que presentaría el Gobierno Nacional en los próximos meses. Ramírez aclaró que no se busca aumentar el costo de las horas extra, pero que sí se buscará que se mantenga igual a los 4.166 pesos que se han venido pagando durante varios años. Sin embargo, esto dejó incógnitas en algunos trabajadores, teniendo en cuenta que esto vale menos que un dólar. La ministra también reiteró que no se busca aumentar un porcentaje en este valor, debido a la crisis económica por la pandemia, pero también mencionó la importancia de que se cumpla lo justo. “Si hemos dicho que lo justo es que si el trabajador trabaja las ocho horas nocturnas se le pague el recargo y si trabaja tres horas más, pues que se le pague como tiene que ser. Que lo haga, pero pagándole lo justo, lo debido en materia general”, subrayó. Estos posibles cambios han tenido varias opiniones al respecto, en especial por parte del sector empresarial del país, ya que los empresarios consideran que generar trabajo formal es costoso para los empresarios. Se espera radicar la reforma laboral en el Congreso el próximo año, para la legislatura que comienza en el mes de marzo. Sin embargo, Diógenes Orjuela, secretario general de la CUT, mencionó que los proyectos de ley que presentaron, al igual que los decretos sugeridos por las centrales obreras, son cosas que el Gobierno podría hacer inmediatamente. Los trabajadores del país esperan que esta reforma laboral sea beneficiosa para ellos, teniendo en cuenta que hay mayor disposición por parte del Gobierno, generando más apoyo y confiando en que se realicen mejores modificaciones a las que se realizaron en el año 2002, cuando dictaron algunas normas para apoyar el empleo por medio de la Ley 789.

Por: Guillermo Segovia Mora. Especial para Pares. “Les urge mas que abran los bares que los juzgados”, esta frase de un meme refleja la postración de la Justicia en este período de cuarentena obligada por la pandemia del Covid 19. Tras casi tres meses de parálisis del sector -excepto determinados asuntos como la tutela, cuota de alimentos y penales- no ha habido un solo pronunciamiento sobre la situación económica y de salubridad de usuarios y funcionarios del sector judicial en el espacio permanente del presidente por medios de comunicación, ni de la gris Ministra de Justicia notoria por su ausencia -salvo para edulcorar la masacre de presos en La Modelo. No hubo ni un editorial ni una nota periodística y las quejas y lamentos de abogados litigantes se pierden desesperadas en las líneas abiertas de los programas radiales. Justicia en apuros Mientras que la situación generada y las medidas asumidas para la garantía de derechos como la salud y la educación ha dado pie a análisis, debates y propuestas sobre el impacto de las reformas neoliberales, la mercantilización de esos derechos, la vuelta necesaria a una mayor presencia del Estado, los efectos de la crisis en la prestación de servicios y los cambios que la presencia amenazante del virus generará, dando mayor énfasis y anticipando la virtualización con sus consecuentes impactos en la sociabilidad y aprendizaje. En este panorama la justicia apenas figura por la controversia que ha generado su politización en casos como la insólita aprobación de la doble instancia en el caso del exministro Arias, la ostensible parcialidad del Fiscal General Barbosa en lo relacionado con la denominada “Ñeñepolítica” – que revela posibles delitos en la elección del Presidente Duque Márquez- y la forzada detención domiciliaria del gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria y los embates de la derecha contra la JEP. Durante tres meses cerca de 30 mil funcionarios y empleados de la Rama Judicial y la mayor parte de los 300 mil abogados inscritos ante el Consejo Superior de la Judicatura han padecido esa demostración de desinterés y abandono. La preocupación de los vinculados a la rama es un retorno bajo condiciones de bioseguridad, que se cumplan viejas promesas salariales, de aumento de jueces y empleados, optimización de infraestructura y que la obligada virtualización de servicios sea realidad para mejorar la cobertura nacional y garantizar eficacia en la descongestión y acceso a la justicia, donde se acumulaban a finales de 2019 casi 2 millones de procesos por resolver, a lo que se sumaran los pendientes de la cuarentena. La preocupación de los litigantes, es por los ingresos no percibidos en un tiempo tan prolongado lo que ha llevado a varios a interponer tutelas en defensa del derecho al trabajo, el mínimo vital y la puesta en marcha del expediente digital, que no han sido favorables, entre otras, por oposición del propio gobierno, circunstancias que seguro llevarán a su pauperización. La engañosa virtualidad Los decretos expedidos por el gobierno y reglamentados por el Consejo Superior de la Judicatura en el marco de la emergencia económica y sanitaria a causa del Covid-19, se ocuparon de garantizar el aislamiento de los despachos judiciales mediante la suspensión de términos judiciales, prorrogada en tres ocasiones y que se levantará el próximo primero de julio. Estas medidas están orientadas a garantizar las actuaciones judiciales a través de medios electrónicos para progresivamente instaurar el denominado expediente digital, previsión establecida en el Código General del Proceso de 2012, apenas avanzada a pesar de los cuantiosos recursos periódicamente anunciados y que genera dudas de su pronta realización. Si bien la introducción de herramientas digitales es una exigencia y puede contribuir a la mejora en la prestación del servicio judicial, por sí misma no constituye una solución como han pretendido hacerle creer a la opinión el gobierno, algunos tertulianos, columnistas y abogados con ínfulas cibernéticas efectistas. La cobertura promedio en nuestro país es de 11 jueces por cada 100 mil habitantes, un rezago total frete a los promedios de 65 de países europeos miembros de la Ocde, club al que ingresamos en época reciente y que exige superar ese bache y mejorar ostensiblemente el presupuesto de la rama. De otra parte, frente a una pésima calidad de instalaciones en la mayoría de despachos (estrechez, carencia de sanitarios, escasez de implementos) que demanda atención inmediata, la digitalización judicial costaría U$ 800 millones de dólares (cerca de $3 billones de pesos) y su funcionamiento anual cerca de U$ 200 millones (algo mas de $700 mil millones). Recursos que de existir, exigirían previa inversión, la modernización total de la rama (más despachos, más servidores, mejores condiciones) para que no se convirtieran en una fantasía sobre ruinas. Los problemas desnudados en materia de justicia por la pandemia dejan en evidencia el desdén de los gobiernos por garantizarle ese derecho a los ciudadanos y el interés por instrumentalizar las altas cortes en favor de sus propósitos e intereses políticos, que en los casos en que no ha sido viable provocan confrontaciones con graves repercusiones institucionales como lo atestiguan los procesos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en cuyo gobierno la Corte Suprema de Justicia fue objeto de espionaje controlado desde el Palacio de Nariño, en una página vergonzosa para nuestra historia que por desgracia se sigue repitiendo. De allí que las sucesivas propuestas de reforma fracasen en intentos por controlar el poder judicial o la reacción de las altas cortes de no ceder privilegios del clientelismo, no obstante que se venden como alternativas al retraso, la lentitud y la congestión que niegan de hecho el derecho ciudadano al acceso y a una pronta y cumplida justicia. Democratizar la abogacía El sector está afectado en su calidad por el cada vez más evidente distanciamiento en la formación profesional de los abogados por condiciones económicas y sociales, ejercicio clasista y mercantilización de la profesión prescindiendo de valores éticos. Como lo muestra un reciente estudio de DeJusticia, la calidad profesional y los campos del ejercicio del derecho los marcan cada vez más los costos universitarios y las relaciones de poder, no obstante que algunos centros universitarios de tradición han logrado colonizar altos espacios de la judicatura. Así las cosas, evitando mencionar a las entidades por su nombre y a riesgo de generalizar, egresados de universidades de alto costo y por ende de alta calidad se desempeñan en los casi invencibles bufetes privados, altos cargos en la justicia, el ejecutivo, organismos de control, en el Congreso de la República y el arbitraje. Quienes provienen de centros educativos de mediano costo y calidad mediana ocupan cargos intermedios en los tres poderes o se dedican al litigio y quienes provienen de pregrados de bajo y costo y baja calidad (universidades de garaje) así como universidades públicas regionales proveen a las notarías, niveles de base de la Fiscalía, cargos asistenciales en las diferentes ramas del poder y el litigio independiente. Siendo notoria la pérdida de presencia de la universidad pública en las esferas del poder, en particular la Universidad Nacional. El retorno a los despachos después de un prolongado cese obligado, en toda la vida republicana del país, por un motivo distinto de las justas, permanentes y nunca satisfechas demandas de los servidores judiciales. Inmerso en la aparente virtualización de la justicia, también es una oportunidad para que operadores, litigantes y ciudadanía afrontemos con urgencia la necesaria reforma a la justicia que no solo implica la modernización de los aspectos señalados para que se garantice el derecho a la justicia, sino la reglamentación de la enseñanza para propiciar calidad y la democratización del ejercicio de la judicatura y acceso a la burocracia para superar la estratificación clasista en la que se ejerce la abogacía como correlato de las desigualdades socioeconómicas y falencias de la democracia en el país.

Por: María Victoria Ramírez M. La cocina nunca lució tan vacía de orden, los platos se fueron amontonando, bichos empezaron a poblar la casa ante migajas en descomposición. Tú y yo con la mirada impávida, como si no nos importara el espacio lleno de todo, menos de limpieza y armonía. De nada nos dimos cuenta hasta que giramos la mirada hacia nosotros y nos vimos la mugre en el otro porque no fuimos capaces de reconocerla. La mirada agonizante nos delató. Empezaron a poblarnos bichos que sentenciaron la descomposición de aquello que fue. En aquellos últimos días no supimos sostener una cocina limpia, menos a nosotros mismos. Habíamos muerto.* Poema Trastos, del libro Callar nunca fue una opción de Dina Luz Pardo Olaya** Uno de los sectores que más ha sufrido los efectos económicos del COVID-19 es el cultural. Al punto que la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) publicó el 26 de mayo de 2020 un decálogo en su defensa “con el objetivo de sensibilizar sobre los efectos negativos que la pandemia ha ocasionado al sector artístico y cultural, así como ratificar la contribución decisiva que aporta la cultura para el desarrollo de la región y el bienestar de la ciudadanía iberoamericana”. Destaca esta declaración que, en la región de América Latina y el Caribe, las industrias creativas y culturales aportan entre el 2 y el 6 % del PIB y emplean a casi dos millones de personas. El organismo multilateral ha lanzado una campaña denominada #TiempoDeCultura para visibilizar la contribución que muchas iniciativas han realizado durante la crisis para fortalecer el sector. De los diez postulados que presenta esta declaración, quiero compartir los puntos 1 y 7: “Declaramos que, para los Estados Iberoamericanos, la cultura debe ser considerada como bien de primera necesidad, incluyéndola entre los beneficiarios explícitos de todas las políticas y ayudas públicas. El futuro va a ser cada vez más digital, en consecuencia, es necesario reforzar la digitalización de contenidos de las instituciones culturales iberoamericanas (como son museos, bibliotecas o archivos) y poner ese gran acervo al servicio de los ciudadanos a través de programas y equipamientos culturales, trabajando junto con otros sectores para acortar la brecha digital existente”. Coincido plenamente con la OIE en que la cultura es un bien de primera necesidad, diría yo, un derecho fundamental. No imagino estos últimos dos meses sin literatura, sin música, sin cine, sin yoga y sin internet. A esta ciudad en la que habito, Pereira, se le conoce como la ciudad de las puertas abiertas, lo cual suena paradójico y hasta chocante en tiempos de encierro como el que padecemos. Y aunque esta zona se ha destacado por la música popular, festivales del despecho y los collares de tusas, también ha construido una tradición literaria que cuenta con expresiones como el Festival Internacional de Poesía Luna de Locos que se realiza desde 2007 y que en su versión XIII, en agosto de 2019, contó con la presencia de poetas internacionales como Hugo Mujica, Raquel Lanseros, Sara Jackson, José Mármol, Marisol Bohórquez, Bruno Galluccio, Diane Régimbald, Johannes Göransonn, Deyvi Gutiérrez, entre otros. Y es precisamente la poesía una de las cosas que ha hecho soportable la incertidumbre de esta pandemia. En mi caso, a través de la lectura de uno de mis poetas favoritos, el inmenso Federico García Lorca en líneas como: “la ciudad está dormida y acariciada por la música de sus románticos ríos…”. “Cuando sueno tan triste y muriente es porque lloro algo que se fue para siempre…”; o “Quiero morirme siendo ayer. Quiero morirme siendo amanecer”. O en una de sus últimas entrevistas cuando afirma: “Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos; pero odio al que es español por ser español nada más, yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el sólo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego no creo en la frontera política.” En medio de esta crisis y como bálsamo para las almas agotadas y dolientes por la escasez de libertad, surgió #ContagioPoesía, una estrategia estética de resistencia contra el tedio del confinamiento, promovida por dos poetas de esta región Jhon Harold Giraldo Herrera y Miguel Ángel Rubio Ospina, en la que empecé participando con lecturas de poesía de García Lorca y José Saramago y terminé siendo parte del equipo que la convirtió en proyecto cultural. “Todo empezó como una iniciativa espontánea de lecturas de poesía en casa para compartir con amigos y algunos seguidores amantes de la poesía. Desde su lugar de refugio, el profesor Jhon Harold, poeta, periodista y crítico de cine, tomó la palabra y a partir de lecturas de poesía de autores pereiranos, nos ha brindado voces tan reconocidas para la ciudad como Eduardo López Jaramillo o Luis Fernando Mejía, hasta los nuevos talentos de la poesía pereirana; hablo de Cristian Cárdenas o Mariana Ossa, entre muchos. A sus lecturas se une su hijo Camilo, que no solo nos ha mostrado que heredó de su padre el amor por la poesía, sino su talento para la misma”. Posteriormente se une Miguel Ángel, haciendo una variante de la propuesta; a través de un canal de Youtube, invita a poetas locales, nacionales e internacionales, a enviar su video leyendo poesía o a amantes de la poesía leyendo poemas de sus autores favoritos, el video inicia con una breve reseña de la vida literaria del autor invitado, y se reparte por diversos medios virtuales, listas de difusión de Whatsapp, Facebook, Instagram, etc. A lo largo de mes y medio de cuarentena, se realizaron 52 lecturas de poetas nacionales y extranjeros que hoy se encuentran al alcance de todos en la web. Poetas de la talla de Javier Alvarado, panameño, mención honorífica del premio Casa de las Américas en el 2010; José Ramón Ripoll, poeta español, ganador del prestigioso premio Loewe de poesía 2016; Carles Sanuy, poeta catalán; Fadir Delgado, poeta colombiana residencia artística del ministerio de cultura en Canadá; Germán Escallón, libretista, actor, productor de televisión, creador de esa magnífica telenovela Amar y vivir, de 1988; Hernando Guerra Tovar, poeta colombiano premio de poesía Dámaso Alonso en España 2017; colaboraciones especiales de Martha Senn, mezzosoprano colombiana, quien compartió versos de Enrique Buenaventura y León Valencia, politólogo y escritor, que nos deleitó con los versos del maestro caucano Horacio Benavides. Hubo representación de diversas regiones del país, Bogotá, Huila, Nariño, Barranquilla, Guamal (Magdalena), Calarcá (Quindío) y Pereira; y de diversos países, España (Madrid y Cataluña), Venezuela y Panamá. Así mismo, se leyeron poemas en español, griego, latín y portugués. De las 52 lecturas realizadas, 28 son voces femeninas (23 mujeres leyeron su propia obra y 5, la obra de otros autores). Además, #ContagioPoesía fue la tribuna para el prelanzamiento de la antología poética Fisuras y cicatrices del colectivo poético y cultural Aquelarre, compuesto por 12 poetisas de nariñenses que en su mayoría son integrantes de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Alguno de los seguidores de esta iniciativa en las redes sociales, afirmaba que en realidad lo que se había hecho era un festival virtual de poesía. Uno de los poetas risaraldenses que compartió su obra en #ContagioPoesía, Carlos Vicente Sánchez, CAVISA, acaba de ser nombrado director de la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía. Por su trayectoria como gestor cultural y su compromiso con la formación de públicos y animación de lectura sé, sabrá contagiarnos de palabras, de lectura, de poesía. A cargo de la tarea de convertir #ContagioPoesía en un producto digital de animación a la lectura y promoción de escritores en poesía de Pereira, desde diversos canales y plataformas de trabajo y visibilización, está Juan Esteban Jaramillo Osorio, licenciado en Comunicación e Informática que es el cuarto jinete de este proyecto. Como dato estadístico, al cierre de esta columna, el canal cuenta con 90 suscriptores y 3.667 vistas. Esta iniciativa que comenzó, sin proponérselo, como una forma de paliar los efectos sicológicos del encierro, se convirtió en uno de los proyectos culturales beneficiados por la Convocatoria de estímulos Cultura en Casa 2020 de la Secretaría de Cultura de Pereira. Como resultado de este proceso y gracias a la beca obtenida, se publicará la Primera Antología Digital de Poetas Pereiranos. Queremos que en las voces que seleccionemos estén los poetas clásicos pereiranos, las voces de las poetisas, las de los jóvenes, las voces de las diversidades sexuales y étnicas, todas ellas se quitarán el tapabocas y resonarán en esta antología para contagiarnos de belleza. *El poema, en la voz de su autora, se encuentra en: https://www.youtube.com/watch?v=mGavbtkBEmE **Dina Luz Pardo Olaya es poetisa, periodista radial, dirigente gremial, activista política y excandidata al concejo de Barranquilla. Nació en San Marcos (Sucre) el 7 de noviembre de 1973 y reside en Barranquilla. Miembro de la Sociedad de Escritores del Atlántico y del Colectivo Artístico Cultural Luna y Sol.

Por: María Victoria Ramírez M.* Todos hemos estado dentro del cuerpo de nuestra madre. Todos hemos sido niños y nuestras madres entonces eran enormes. Mamábamos de sus pechos. No recordamos nada, pero nuestro aprendizaje perceptivo, emocional y sensoriomotor comienza mucho antes de nuestra memoria consciente. Comienza incluso mucho antes del parto y estamos configurados por él y por las innumerables asociaciones simbólicas que vienen con el lenguaje, la cultura y una vida de género que divide el mundo por la mitad y graba entre nosotros una frontera, como si fuéramos más diferentes que parecidos. Del libro La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres de Siri Hustvedt Risaralda es uno de los departamentos que configuran el Paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por las Naciones Unidas. Es una de las regiones con mayor riqueza en aves del mundo y fue desde aquí, gracias al café, que Colombia entró a la modernidad. Y en este territorio de montañas, según el censo poblacional de 2018, habitan 943.401 personas. La capital, Pereira, aloja casi la mitad de la población del departamento (49,5%), de los cuales el 50,3 % somos mujeres, y digo somos porque soy pereirana. Pero no todo aquí son manantiales de agua y aves del paraíso. La brecha de género es un hecho irrefutable. Según el DANE (Departamento Nacional de Estadística) el desempleo entre las mujeres del departamento de Risaralda se ubica en el 10,4 %, mientras que entre los hombres es de 7,5%. Así mismo, el 37,5% de los hogares de Risaralda están en cabeza de una mujer, el 29,6% de ellos están en condiciones de pobreza monetaria mientras que el 21,7% están en condiciones de pobreza multidimensional. De acuerdo al informe publicado en 2018 titulado “Perfil actual de la informalidad laboral en Colombia: estructura y retos” del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario de Bogotá, las tasas de informalidad para las 13 ciudades principales de Colombia, oscilan entre el 41,5 % y el 70,50%. En Pereira, esta cifra se ubica en una informalidad total del 49,66% y desagregado por género, hombres 46,26 y mujeres 53,76%. Las cifras anteriores muestran que ya antes de la crisis sanitaria que vive el mundo, las mujeres eran las más afectadas por el empleo informal, con cuatro puntos porcentuales por encima de los hombres a nivel nacional, mientras que para la ciudad de Pereira la informalidad de las mujeres superaba en 7,5 puntos la de los hombres. Estimo que estas cifras variarán ostensiblemente como resultado de la crisis del Coronavirus, pero que seguirán favoreciendo con mayor rigor el desempleo femenino. De acuerdo con el informe Forensis de 2018, publicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) de Colombia, que es la fuente oficial que recolecta, procesa y analiza la información derivada de la práctica forense, en el departamento de Risaralda se realizaron 5.709 exámenes médico legales que incluyen: violencia interpersonal (1855) , violencia intrafamiliar (473), violencia de pareja (799), accidente de transporte(1802) , presunto delito sexual (424) y lesiones accidentales (56). La siguiente tabla muestra la tasa por cada 100.000 habitantes según delito y sexo de la víctima en Risaralda: Con las medidas de confinamiento las mujeres del sector informal debieron refugiarse en sus casas, como todas las demás, con el agravante de que no tienen posibilidades para conseguir el sustento, ni tener acceso a créditos o beneficios. Unido esto se presenta una situación de violencia intrafamiliar que se exacerba en condiciones de aislamiento, como consta en el informe de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, en el cual se afirma que en Colombia : “el número de llamadas a la línea 155 que reportaron hechos asociados a violencia intrafamiliar creció durante la cuarentena en 982 llamadas, lo que representa un incremento del 142%.”, en relación con el período entre el 25 de marzo y el 11 de abril (18 días) del año anterior. Por su parte, en Pereira se han prendido las alertas por aumento de casos de violencia según el informe de la Personería de la ciudad [1] sobre las mujeres en confinamiento. Se señala que el maltrato sicológico y abusos son los principales agravantes. «Evidenciamos que los casos en razón de la cuarentena observan otras dinámicas, es decir, hemos acompañado casos de mujeres con connotaciones muy especiales. Las mujeres solicitan acompañamiento a la Personería por su seguridad”. Desde esta dependencia han tipificado una de las mayores denuncias, como por ejemplo que las mujeres se sienten intimidadas por sus parejas, pues creen que no pueden asumir y cuidar de sus hijos, además de tratarlas como cargas económicas. Las medidas estrictas y tempranas de confinamiento en Colombia han traído como efecto reducir la tasa de crecimiento de los contagios y las muertes, en comparación con otros países de la región como Brasil y Ecuador, que sufren crisis sanitarias graves. Pero no puede ocultarse que los efectos colaterales de esas decisiones han sido la crisis económica y el crecimiento en los niveles de violencia contra las mujeres y las niñas al interior de los hogares. Sin embargo, quiero llamar la atención sobre otro efecto colateral que no es tan visible: la sobrecarga de trabajo que muchas mujeres han tenido que soportar en estos dos meses y medio de confinamiento, combinando el teletrabajo, las tareas domésticas (cocinar, lavar, limpiar la casa), el cuidado de los mayores y las tareas escolares de los hijos. Le escuché a una mujer que llamaré Julia, para mantener su identidad protegida, que pese a tener pareja, manifestó su intención de renunciar al trabajo en medio de esta cuarentena. Decía que cedería la conquista de su autonomía económica porque siente que ya sus fuerzas se agotaron. Una de mis amigas en teleconferencia por ZOOM, como está de moda ahora, cuando le compartí esta preocupación opinó que sería mejor que renunciara al marido desconsiderado y holgazán antes que al trabajo. Pero si la situación lo permite, otra opción sería aprovechar este momento único, en el que la inequidad golpea con más fuerza y se hace inocultable, para discutir sobre la redistribución de las tareas domésticas, de las labores de cuidado, para educar a todos los miembros de la familia en la construcción de nuevas reglas de juego y sacudir un poco los cimientos del patriarcado. Si esto se logra, quizás cuando se levante la cuarentena, Julia pueda conservar su trabajo y decida conservar su relación de pareja, sin sacrificarse ella misma. [1] La Personería es la entidad que hace las veces de Ministerio Público en los municipios de Colombia, vela por el cumplimiento de la Constitución, las reglas, los acuerdos y las sentencias judiciales. https://www.personeriabogota.gov.co/#transparencia ——————– *María Victoria Ramírez Martínez es graduada en Ingeniería eléctrica y electrónica del Fontys Hoegescholen de los Países Bajos, Magíster en Ingeniería Eléctrica y Doctorada en Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es experta en temas de eficiencia energética y optimización. Activista feminista, fundadora de la Corporación Nuevo Arco Iris. Durante cuatro años fue gerente de la Corporación Contigo Mujer, una organización dedicada a procurar el reconocimiento de los derechos de las mujeres y el enfoque de género en las políticas públicas. Fue columnista del Periódico La Tarde de Pereira durante una década. Es socia de la empresa Consultoras S.A.S. de la ciudad de Pereira, una empresa de asesoría en temas tecnológicos, de energías alternativas y proyectos económicos y sociales con enfoque de género.

Por: Luis Eduardo Celis* Hay un conflicto armado que se desarrolla en 120 municipios donde el ELN mantiene vínculos con comunidades, donde tiene solidaridad con algunas comunidades de vieja data, donde se impone sobre otras comunidades. El ELN en medio de un conflicto de seis décadas, mantiene su esencia de lucha política mezclada con prácticas criminales que afectan comunidades. Es una acción compleja llena de grises: quienes digan que son solo altruismo revolucionario se equivocan, quienes afirman que son solo una banda criminal codiciosa y narcotraficante, también se equivocan. Este conflicto armado solo se resolverá de manera definitiva en un proceso de diálogo y negociaciones, con la mayor participación social y ciudadana. Lo otro son fracasos y la continuidad de tristezas y sufrimientos para las comunidades y un lastre para esta precaria democracia que hay que transformar y ampliar. El Estado no puede controlar al ELN, mucho menos derrotarlo. Este Gobierno, el del presidente Iván Duque, no tiene en su ADN político el interés de una negociación, no les interesa ni les conviene políticamente, ya vemos el sistemático incumplimiento con el acuerdo firmado con las FARC, en ese espejo se mira el ELN y no le gusta lo que ve y maximiza todas las dificultades para afirmarse en su convicción de que no hay posibilidad de avanzar con este Gobierno. El ELN no tiene en su ADN, la variable opinión ciudadana. Vive ensimismado en su propio mundo, es rígido en su quehacer político, solo ve la confrontación con su contraparte y desconoce a la sociedad que anhela y trabaja por una paz con transformaciones que es el planteamiento del ELN. Este grupo se podría sintonizar y ganar respaldo en la sociedad, desafortunadamente eso no lo ve y se mantiene en su proyecto de fuerza y resistencia lo cual lo aleja de una sociedad con la que podría trabajar por un proceso de paz, no ahora, pero sí con un gobierno interesado en resolver este conflicto armado, con transformaciones que son necesarias en los 120 municipios donde permanecen y extensivos a una Colombia que requiere nuevos acuerdos y derroteros de acción social y política. El ELN termina un cese unilateral de 30 días, gesto importante que cae en el vacío de un gobierno que piensa más en el sometimiento que en la variable negociación. Tres dificultades de un proceso de paz Hay tres grandes dificultades a superar para un proceso de paz exitoso: un gobierno que tenga una oferta de negociación que pueda incluir al ELN, una dinámica de participación social, política y ciudadana que se involucre a fondo en la solución de este conflicto, con energía y propuestas y un ELN que se decida, con firmeza, por el camino negociado para salir de un proyecto de resistencia armada que no trae nada bueno para las comunidades donde permanece ni para el país, que debe seguir trabajando por transformaciones en una acción social y política sin violencia. El ELN vuelve a su accionar armado y en los meses que vienen volveremos a ver un muerto aquí y otro muerto allá, una bomba aquí y otra bomba allá, un pequeño riachuelo de sangre que se puede tornar en ríos de sufrimiento. Hay un conflicto armado por superar y aún estamos lejos de ello. ____________ *Investigador en temas de paz y conflicto. Sociólogo de la Universidad Nacional.

Por: Guillermo Segovia Mora. Especial para Pares. El 9 de marzo de 1990 el gobierno de Virgilio Barco y el Movimiento 19 de Abril, a través de su comandante, Carlos Pizarro Leongómez, firmaron el primer acuerdo de paz de Latinoamérica desde le Revolución Cubana (enero de 1959). Apenas un mes después, Pizarro fue asesinado. Esa paz fue su legado. -¡Nos robaron! gritó indignada doña Alicia, de visita en la casa de mi familia ese 19 de abril de 1970 para seguir las elecciones presidenciales. Con los oídos pegados a una radiola Zenith, nos sorprendimos cuando, al entrar la noche, las emisoras dejaron de informar sobre los resultados de la votación. Al otro día, los periódicos confirmaron la trampa: en los cómputos de la Registraduría ganó el conservador Misaél Pastrana, en el corazón de millones de colombianos “mi General” Rojas Pinilla. A la gente no le importaba que la “gran prensa” le restregara los meses anteriores que Rojas, al que la dirigencia conservadora y liberal acogió con entusiasmo en 1953 como el salvador de la patria, ante la horrenda hemorragia que habían desatado y no podían parar, y echó a las patadas en el 57 -cuando se les quiso quedar-, había sido un corrupto y execrable dictador. Le bastaba recordar, la leche y las mogollas que Sendas -el programa social que lideraba María Eugenia, la hija del General- repartía en los pueblos; que había inaugurado la televisión y que había hecho el aeropuerto Eldorado. Decía que “la oligarquía le tenía miedo” porque iba a gobernar para el pueblo. El presidente Lleras mandó a todo el mundo a dormir temprano. Rojas se refugió en su casa y la gente se cansó de gritar ¡fraude! Parecía que no iba a pasar nada. Parecía. Porque con esa fecha triste se bautizó una guerrilla nacionalista que sumó gente del ala de izquierda de la Anapo, partido del General, cristianos radicalizados, disidentes de las FARC y exmilitantes comunistas, identificados en que a su proyecto de toma del poder por la vía de las armas había que ponerle pueblo y acelerador para instaurar un “socialismo a la colombiana”. El Movimiento 19 de Abril, tras esporádicas y espectaculares actuaciones, se convirtió en el dolor de cabeza del gobierno del liberal Turbay Ayala, quien le dio licencia a las Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia y organismos de investigación judicial, para que le pusieran su “tatequieto” a los subversivos, cruzada en la cual se ensañaron con todo aquel que hablara de derechos humanos o cambio social. Sin embargo, el “Eme” se metió en el alma popular y crecía imparable. El gobierno de Belisario Betancur tuvo que “cogerle la caña” al audaz comandante general del M-19, Jaime Bateman, de indultar a los presos políticos y amnistiar a los combatientes e iniciar un gran diálogo “un sancocho nacional” para acordar cómo sacar al país de la pobreza y la falta de democracia. Muerto Bateman en un accidente aéreo el 27 de abril de 1985, Betancur y el M-19 establecieron negociaciones sobre reformas políticas, económicas y sociales, proceso al que se acogieron otras agrupaciones insurgentes. Pero Colombia estaba viche para ese tipo de acuerdos. Belisario quiso quitarle a la guerrilla las banderas y ésta conejeó al gobierno al hacer de la tregua un espacio táctico para escalar la guerra. El Presidente había anunciado en la posesión que en su gobierno “no se derramaría una sola gota más de sangre colombiana” y al finalizar parecía cierto porque el país quedó anémico por el desangre, pues con ese cuerpo famélico se ensañaron guerrillas, militares, sicarios del floreciente narcotráfico y las reactivadas autodefensas al servicio de la contrainsurgencia. Los grupos paramilitares se expandieron y estructuraron a nivel nacional, financiados por mafiosos y hacendados, con el beneplácito de políticos ultraderechistas y estamentos militares, desatando un plan de exterminio contra las organizaciones sociales y la izquierda para revertir el ascenso de estos sectores y en la perspectiva de aislar y aniquilar a la insurgencia. La Unión Patriótica, movimiento político surgido de los acuerdos con las Farc, perdió más de 3 mil militantes a manos de sicarios. Diezmados por los golpes militares y presionados por los cambios geopolíticos de finales de los 80, algunos de los grupos insurgentes optaron por la desmovilización negociada que ofreció en 1986 el liberal Virgilio Barco y proseguiría César Gaviria. El aura de Pizarro En el Departamento del Cauca, en la vereda de Santo Domingo, a donde se llega por carreteras destapadas que serpentean la cordillera, los vientos estremecen y el frío se nota en los rostros cuarteados, durante meses se instaló el campamento donde se concentró el M-19 para las negociaciones. Allí visité a Carlos Pizarro León-Gómez, a la postre comandante general de esa organización, para una entrevista y luego regresé un par de veces acompañando a Rafael Pardo Rueda, director del Plan Nacional de Rehabilitación y los demás miembros del equipo negociador del gobierno. No es sino revisar las primeras fotos de los encuentros de Pizarro y Pardo para advertir que iba a pasar algo, como efectivamente pasó a comienzos del 89 con la firma de los acuerdos que llevaron a la desmovilización definitiva del M-19, acuerdos que éste supo honrar y defender aun cuando la nefasta clase política tradicional intentó trampear para dejar sin base los compromisos, condicionando el trámite legislativo de algunos de los asuntos a que le dejaran colar arreglos a favor de la mafia. Lo de siempre. Sonrisa cálida, mirada altiva, buenas maneras aprendidas en cuna aristocrática, atractivo y encantador para las mujeres, simpático y cordial con los hombres, pensando siempre en perspectiva, soñador, enigmático y magnético, un modo de hablar muy particular, con énfasis al final de las palabras que se volvió moda entre la militancia, como el sombrero blanco que llevó durante sus últimos años en la montaña, y una prosa recursiva y emotiva, era difícil entender cómo ese joven estudiante de la Universidad Javeriana, hijo de militar y amigo de los ricos de Bogotá y Cali, fue a parar a la Juventud Comunista, a las Farc y después al M-19 y quiso hacer realidad su ideal de cambio, justicia y democracia a través de la lucha armada. Pero así como fue intransigente en su determinación insurgente también fue terco en imponer contra la oposición de muchos su decisión de acordar la desmovilización. Determinado el contenido del pacto llegó con su gente a Tacueyó y en un acto solemne pronunció unas palabras, envolvió su revólver en la bandera tricolor y lo tiró al arrume de armas que habían hecho sus compañeros, ante el llanto incontenible de Vera Grabe. Luego viajó a Bogotá, llegó al palacio presidencial ese 8 de marzo de 1990 y estampó su firma en el documento de paz junto a la del Presidente de la República Virgilio Barco, para renunciar a las armas a cambio de reformas y seguir en le lucha política por los canales institucionales. Unos meses después, estuvo en el Museo del Chicó para la presentación de un libro compilado por Jesús Antonio Bejarano, asesor de Pardo, asesinado años después. Lucía una camisa de seda blanca de cuello Nerhu que le daba un aura especial. Estaba muy contento con la sorpresiva votación que había obtenido como candidato a la Alcaldía de Bogotá, inscrito a última hora, y con la simpatía que comenzaba a despertar su candidatura presidencial, aunque se le notaba la preocupación por el riesgo inminente de un atentado en su contra, más aun cuando semanas atrás habían asesinado al carismático candidato de la UP, Bernardo Jaramillo. De las cenizas del colosal error que constituyó la toma y la monstruosidad de la retoma del Palacio de Justicia y en medio de la racha de terror desatada por el narcotráfico y el paramilitarismo, la terca izquierda convergía y se insinuaba posibilidad de gobierno. La tensión no le impidió a Pizarro contarnos, en medio de risas, el episodio reciente en la Universidad Nacional, donde se había bajado de la tarima en la Plaza Che Guevara, arremangándose la camisa, para agarrase a trompadas con unos saboteadores que le gritaban traidor. Se retiró del evento luego de una copa de vino, porque al día siguiente debía viajar temprano a Barranquilla en desarrollo de la campaña presidencial. El 26 de abril de 1990, alertado por el alboroto y los murmullos recorrí de prisa los pasillos del edificio donde funcionaba el Plan Nacional de Rehabilitación y entré a las oficinas de la Consejería Presidencial para la Paz. Allí imperaba un ambiente de desazón y la mala noticia se advertía. -¿Qué pasó?, le pregunté a Ricardo Santamaría, asesor de Pardo, y enjugándose el llanto me contestó: -¡Lo mataron! En la confusión y la tristeza regresó a mi mente la imagen del día anterior, la camisa blanca de Pizarro, la bandera de la paz empapada con su sangre. Un sicario lo acribilló en pleno vuelo y la escolta oficial del DAS a su servicio ultimó al asesino para sepultar cualquier confesión que pudiera llevar a la verdad: la alianza de narcotraficantes, paramilitares y el organismo de seguridad estatal, que ensangrentó al país en esos años en desarrollo de un plan de exterminio de la izquierda en auge y de cuyas andanzas criminales dan cuenta todavía hechos recientes. Miles de personas fuimos a darle el adiós al Capitolio Nacional donde fue velado. La marcha fúnebre lo acompañó a la Quinta de Bolívar para hacerle un homenaje en la casa que habitó el Libertador, su personaje más admirado. La muchedumbre lo llevó por la Avenida calle 26 hasta el Cementerio Central, donde habita desde entonces. Algunos dicen que han conversado con él, otros le hablan con entusiasmo y hay quienes le agradecen milagros. Para dar fe del compromiso del “Eme”, Antonio Navarro siguió la campaña presidencial con el lema ¡Palabra que sí! En la Constitución de 1991, hija de la reacción del país progresista contra el exterminio y por sus derechos, quedaron plasmadas algunas de las ideas que motivaron su lucha. Abril, un mes mágico que evoca apertura y amor, signó la vida y la muerte de una legión de soñadores. El 9 en el año 1948, mataron al líder popular Jorge Eliécer Gaitán. En años diferentes, aquel 19, se robaron las elecciones presidenciales, se bautizó una guerrilla macondiana. Un 23 vio la luz y un 28 se eternizó el emblemático comandante “Pablo”, Jaime Bateman, personaje legendario que podría haber salido de la pluma de “Gabo”, Gabriel García Márquez, fallecido un 17. Y dos días de abril marcaron la vida de Pizarro: el del fraude y el de su asesinato. En Colombia, dos formas históricas de truncarle las ilusiones al pueblo. Pero quedan muchos abriles.

Por: Guillermo Segovia Mora – Especial para Pares Si algo deslumbra de las actuales movilizaciones en Colombia, jalonadas por una juventud osada, incansable y jubilosa, es la explosión de arte y creatividad. Las ingeniosas, certeras y sentidas consignas, las comparsas, las marionetas, las pintadas, las tamboradas, los trastos de cocina tañendo en la noche, el “cacerolazo sinfónico” y el monumental Canto de Colombia del 8 de diciembre. Expresiones que de alguna manera le dan la razón a aquel irreverente que profetizó que la revolución sería una fiesta. “Parar para avanzar”, dice el llamado paradojal a la protesta. “Por ti mamita, que te dieron la cita cuando ya te habías muerto”, resume la tragedia de la salud un cartel. “Nos quitaron tanto que hasta nos quitaron el miedo”, grita otro contra la represión. “Porque todo lo tenemos, marchamos por los que no tienen nada”, expresa solidaria una pancarta”. “Somos el futuro de la nación, por eso exigimos salud y educación” y “Soy estudiante, quiero estudiar para cambiar la sociedad”, corean los muchachos su determinación. “Que luchar por la vida no nos cueste la vida” clama la gente. “Dilan no murió a Dilan lo mataron”, es la sentencia frente al asesinato y atropellos del Esmad. “Tengo 80 años, pensé que jamás iba a ver esto. Ya puedo morir tranquila”, escribió una abuela en una cartulina. “¡Resistencia!” gritan aquí y allá junto con el histórico “El pueblo unido jamás será vencido”. Hay muchas frases mas que establecen responsabilidades en la violencia, coreadas por miles en grados de secundaria y universitarios, plazas y estadios. En calles, parques y salones la gente se junta para deliberar, para planear. Hay vivencia de comunidad. Simbólicamente las viejas consignas y banderas de los partidos de la izquierda y los sindicatos, sin dejar de estar presentes en la identidad de muchos de los participantes, han cedido el protagonismo a la Wiphala aimara multicolor, insignia referencial a los pueblos originarios de América, al respetado rojo y verde de la Guardia Indígena Nasa del Cauca, al arcoíris o rosa LGTBIQ, al blanco estandarte de la paz, al rostro de Dilan Cruz mártir de estas jornadas, al violeta de las mujeres maltratadas y violentadas, al tricolor patrio, a cientos de mensajes pegados en la piel en las camisetas o escritos a brochazos o grafiteados en las paredes. Es una insurrección cultural incomprendida por el poder porque lo interpela a fondo y ante la cual responde de la peor manera, no la asume, la reprime y así la crece. En los días previos al paro la policía realizó atolondrados allanamientos a colectivos culturales, con su cuenta de cobro por fustigar al presidente, como a la revista Cartel Urbano, y conminó al portal 070 a suprimir indicaciones sobre como protestar con seguridad (bautizado “Manual antiEsmad). Estas semanas de movilización ha sido constante el asedio, maltrato y constreñimiento a periodistas y prensa alternativa. Los artistas comprometidos con el paro viven una andanada de infamias por las redes. Foto: Pares. Se percibe un ánimo de censura oficial, como quedó manifiesto al ordenarse borrar murales del Salón Nacional de Artistas donde se cuestionaba en la calle la dependencia del país a EE.UU. y el gobierno al servicio de los poderosos y, luego, cuando la Policía cubrió el que denunciaba militares responsables de asesinatos extrajudiciales, con lo que, por el contrario, viralizó la imagen. Varias son las denuncias sobre vetos por parte de embajadas a artistas y escritores. La imposición de un censor en Radio Televisión de Colombia fue impedida luego que el recién posicionado quedara en evidencia pero en compensación pasó a asesorar las comunicaciones de la presidencia de la república la víspera del paro, dando continuidad a la estigmatización de la protesta diseñada desde allí. No obstante, la creatividad, audacia y verdad de la calle y la plaza han sido superiores. Artista es el que interpreta el alma popular Durante años se argumentó que el país no cambiaría si no cambiaban sus artistas. Amontonados todos en la despectiva calificación de “farsándula” para significar su participación en el circo distractivo, su arribismo y su mínimo interés por los asuntos del país. Los pocos que se atrevían eran vapuleados por la intolerancia impuesta por años de hegemonía del discurso anticomunista y el aislamiento, antídoto de estas élites contra el descontento social, como sucedió con Jorge Emilio Salazar. Pues bien, como en otros tantos aspectos, eso cambió para siempre con el Paro Nacional del 21 de Noviembre y su prolongación en el tiempo debida a la apropiación ciudadana del pliego convocante al que se le han sumado reivindicaciones diversas que expresan un descontento cultivado en años de desigualdades, discriminación, corrupción y abusos. Así lo hicieron saber los colectivos de mujeres de distintos sectores organizativos con la puesta en escena del impactante y sensibilizador guión del colectivo LasTesis de Chile “El violador eres tú”, que recorre el mundo, para repudiar la violencia sexual, el abuso y el sistema patriarcal. A los tímidos apoyos iniciales al pero de Carlos Vives y Juanes prosiguieron proclamas abiertas y valientes de los chocoanos Goyo (quien tuiteó “No se rinde el que nació donde por todo hay que luchar”) y Tostao de Choquitawn, los rockeros de Doctor Krápula y Aterciopelados y la moderna voz del porro sabanero Adriana Lucia. J. Balvin desconcertó en positivo al animar su concierto en Medellín con un llamado al presidente de la república a escuchar la voz de la protesta y a garantizar la educación para la juventud. En sus presentaciones en Medellín y Bogotá, el insigne salsero Rubén Blades dejó mensajes solidarios y también los hizo llegar el cantante Residente. El cineasta Ciro Guerra fue categórico en su apoyo al paro como lo había sido con el elenco de El Litigante en el Festival de Cannes al denunciar el asesinato del realizador araucano Mauricio Ledesma. Desde la alfombra roja del Festival de Cine de El Cairo el actor Alejandro Aguilar, protagonista de La Frontera, que narra la tragedia del pueblo Wayuu, denunció el asesinato de Dilan Cruz por el Esmad en las protestas de Bogotá. Carolina Sanín, la reconocida escritora y actriz de la exitosa película Litigante, manifiesta su inconformidad sin retórica. Actores como Robinson Díaz, Julián Román, Carolina Ramírez, Diana Ángel, Elkín Díaz, Nórida Rodríguez, Fabio Rubiano, Cony Camelo, Carolina Guerra, Jimmy Vásquez, Diego Vélez, Julio Correal, la Asociación de Actores de Colombia (ACA), y muchos mas, son activos promotores de la movilización. Margarita Rosa de Francisco se solidarizó desde París. Los escritores Santiago Gamboa, Mario Mendoza, Yolanda Reyes, William Ospina han hecho sentidas columnas de respaldo y análisis del acontecimiento. Los trinos de periodistas como Catherine Juvinao, Felix de Bedout, Yamit Palacio, entre tantos, han sido contundentes. Las caricaturas de Matador marcan época junto con Vladdo, Picho y Pucho y varios mas. El humor de Tola y Maruja y la Tele Letal de Martín de Francisco y Santiago Moure, ridiculiza con inteligencia los yerros y afugias del poder Desde todos los rincones del país se han compuesto canciones en joropo, salsa, vallenato, cumbia y ranchera para puyar al gobierno y celebrar la fiesta y protesta popular. El versátil compositor e intérprete Edson Velandia con el tema “Su Madre Patria”, cuestionado y censurado por su aguda y directa crítica a los políticos que han manejado el país, había anticipado muchas de las razones que motivan la actual inconformidad. Con el tema “Ivan y su bang bang” le puso música a las razones de la convocatoria y con “El cri, cri” homenajeó a la cacerola como instrumento de la protesta popular. Desde luego, no es el único. Un canto por Colombia Una iniciativa por redes de Alejandro Riaño, el exitoso “gomelo” “Juanpis González”, caricatura de los displicentes estratos adinerados, y Santiago Alarcón, quien hiciera una clamorosa personificación del asesinado humorista crítico Jaime Garzón, secundada por la cantante Adriana Lucía, para realizar un concierto de apoyo al paro con el lema “Nos sobran las razones”, recibió respaldo amplio de los artistas, impensable en otras épocas. Mario Muñoz, @subcantante de la banda Doctor Krápula, Aida Bossa, Edson Velandia, Kraken, Mario Duarte, Diamante Eléctrico, Los Petit Fellas, Lucio Feulliet, Santiago Cruz, Monsieur Perinne, Cesar López con su escopetarra de la paz y la cantadora Toto la Mompoxina, entre otros, se sumaron comprometidos. El 8 de diciembre, en un concierto político histórico, la emblemática carrera séptima de Bogotá vio marchar 250 mil personas tras una tarima rodante y estacionarse frente a 3 plataformas fijas para ver 40 artistas en escena y una atronadora batukada en medio de la lluvia y la alegría. El público entusiasta alternaba coros a sus artistas favoritos, a Edson Velandia (“…que los sostenga su madre patria”) y el “Únanse al baile de los que sobran” de la banda chilena Los Prisioneros, rescatada en ese país de los años de la dictadura para animar el levantamiento ciudadano. Eventos similares se dieron en varias ciudades del país con el lema “Un Canto a Colombia”. Inolvidable evento digno de ser reconocido en la XIV Reunión del Comité Intergubernamental de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que se realiza por estos días en Bogotá, por primera vez en Latinoamérica. Artistas liderados por la laureada actriz Patricia Ariza realizarán al cierre del evento un plantón para comunicarle al mundo las demandas del arte en el paro nacional. Con una soga anaranjada al cuello actores, productores y directores expresarán su posición frente a la promocionada bandera de gobierno de la economía naranja y su inconformidad con la relegación de la cultura: “No somos una naranja, SOMOS UN UNIVERSO”. Colombia vive un extraño y mágico momento de insubordinación, rebeldía y trastorno comparable a los carnavales, esas antiquísimas celebraciones paganas que permitían al pueblo poner patas arriba el orden para expresar sus rechazos y temores. Rito iniciático, de renovación, de cambio. No es del caso entrar en la discusión si el carnaval subvierte o es válvula de escape. Si precede el cambio o lo canaliza. Lo cierto es que hoy en Colombia, los que sobran se han apropiado del baile. Eso sí, con un largo pliego de pendientes esperando respuesta. Y en esta fiesta, son protagonistas con honores la cultura y el arte.

Por: Guillermo Segovia Mora. Colaborador Pares Colombia está en paro. Las centrales obreras y de pensionados junto con las dos principales organizaciones de estudiantes de educación superior, la federación nacional de maestros, las organizaciones nacionales y regionales de indígenas, afrodescendientes, campesinos y de otros sectores confluyeron en un pliego de peticiones y la realización de un cese de actividades nacional en reclamo al cumplimiento de anteriores acuerdos, oposición a varias medidas económicas y sociales en curso o proyectadas y respeto a los acuerdos de paz por el gobierno de Iván Duque, denominadas en su conjunto “El paquetazo”. La consigna: “Parar para avanzar ¡Viva el Paro Nacional!”. Tras diez días de insubordinación multitudinaria, efervescente y creatividad contestataria, el ejecutivo trata de quitarle el protagonismo a la plaza, fingiendo no darse cuenta que, en adelante, nada será sin ella. El paquetazo neoliberal Los convocantes rechazan los lineamientos de la reforma pensional divulgados en primicia en octubre por el periódico Portafolio centrados en el marchitamiento de Colpensiones administradora pública del régimen de prima media y el fortalecimiento del régimen individual que manejan las administradoras privadas, el aumento de edad y semanas de cotización así como del monto de la misma. También cuestionan el decreto que termina la estabilidad reforzada para personas en condición de discapacidad, el piso mínimo de protección social y los beneficios económicos periódicos, estos dos últimos como sucedáneos paupérrimos del derecho a una pensión. Esta reforma es urgida por el sector privado y es parte de los requerimientos de la OCDE, aunque en la coyuntura del paro el gobierno haya decidido desmentir su contenido y anunciar concertación en busca de un mejor momento. Por el lado del régimen laboral piden archivar el proyecto de legalización de la contratación laboral y cotización al sistema de seguridad social por horas, que el partido de gobierno promovió y llevó al Congreso bajo la iniciativa de Álvaro Uribe -principal gestor como congresista y presidente de varios iniciativas y medidas que conllevaron la pérdida de conquistas laborales y el desmejoramiento de los ingresos de los trabajadores- así como no dar trámite a la idea de la federación de comerciantes, avalada por la ministra de trabajo, de la vinculación laboral de jóvenes entre 18 y 25 años con el 75% del salario mínimo. Propuestas que como la de pensiones quedaron parias con la reacción sindical. De otra parte, los trabajadores del sector público rechazan la iniciativa del ministro de Hacienda Carrasquilla de juntar en un holding entidades financieras del sector público o con participación de éste para imponer criterios de mercado a su actividad, abrirlas al sector financiero y adelgazar sus nóminas y la venta del 20% de la petrolera Ecopetrol y la participación en la productora eléctrica ISA, entidades fuertes aun en manos del Estado, en busca de financiar faltantes presupuestales. En el tema tributario se reclama la supresión de billonarias exenciones a las grandes empresas que la reforma en curso lleva a $ 10 billones (la bobadita de U$ 2.850 millones) y que el recaudo se destine a inversión social, así como una estructura impositiva progresiva. A esas preocupaciones se suma la insatisfacción y exigencia de los universitarios frente al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno en las jornadas de movilización de 2018, pues si bien el presupuesto inercial aumentó, advierten que los propósitos de gratuidad, cobertura, calidad, infraestructura y énfasis en ciencia y tecnología no se están cumpliendo. Las organizaciones indígenas, afro y sindicales demandan que se honre lo pactado en materia socioeconómica en anteriores movilizaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos y se proteja a la población y los liderazgos, en particular en el Departamento del Cauca. En conjunto se demanda del gobierno medidas efectivas para proteger la vida de líderes sociales, indígenas y guerrilleros desmovilizados con cerca de 600 asesinados desde el inicio del actual gobierno, que se suspenda las pruebas de fracking, la explotación minera en páramos y zonas de riesgo ambiental, la deforestación y la caza y pesca de especies en peligro, compromisos elusivos de la campaña de Duque. El cumplimiento pleno de los acuerdos de paz con las Farc, fragmentados por el gobierno, la reiniciación del diálogo suspendido con el ELN, medidas eficaces para garantizar equidad de género y dar vía legal a puntos pendientes de la consulta anticorrupción de agosto de 2018, son otras reivindicaciones unitarias. Las calles son del que las camina El pliego era conocido por el gobierno dada la convocatoria pública del paro desde el 4 de octubre y la participación de miembros del comité impulsor en instancias de concertación legales, sin embargo, su reacción se produjo apenas un par de semanas antes de cumplirse la fecha fijada, un tanto precipitado por los hechos de Ecuador y, en especial, Chile, donde el alza del precio del metro explotó una olla a presión al fuego durante los años de dictadura y los gobiernos de concertación pluripartidista posteriores emparejados en el modelo neoliberal, cuyo éxito en la pirámide escondía desencantos acumulados en sectores medios y carencias hirientes en los mas pobres. Pero Duque no actuó hacia el diálogo, por el contrario, intentó burlar las peticiones como producto de especulaciones y mentiras para luego, invadido de los miedos de un vecindario incendiado, optar por demonizar al movimiento social, con acusaciones del partido de gobierno de obedecer al izquierdista Foro de Sao Paulo (en pronunciamiento leído por el senador Álvaro Uribe), pasando por descalificaciones gubernamentales (a las “brisas bolivarianas”), denuncia de presencia de saboteadores extranjeros (venezolanos), anuncio de medidas represivas, facultades a los alcaldes, militarización, cierre de fronteras y una campaña propagandística por televisión divisoria entre un país de buenos y malos. Así las cosas, las movilizaciones convocadas para el Paro Nacional del 21 de Noviembre lograron una sorprendente participación histórica, multitudinaria (se calculan 2 millones), festiva e impactante en la mayoría de ciudades del país -en la que se destacaron Bogotá echada a la calle, Medellín considerada bastión del uribismo, Popayán y Cali- que se disolvería al final de la tarde en la frustración de hechos incontrolados de vandalismo y represión desaforada del Esmad, en especial en la Plaza de Bolívar de Bogotá y barrios marginales de la capital y Cali, a lo que al caer la noche casi todo el país en sus centros urbanos respondió con la solidaridad de un masivo y estruendoso cacerolazo. La jornada de marchas pacíficas del 22 dio paso a escenarios de confrontaciones callejeras y actos vandálicos en varias ciudades con intensidad en particular en Bogotá, donde se suspendió el transporte público y fueron afectados el sistema de estaciones de TransMilenio, bienes públicos y sedes de entidades y comercios. En la noche, la capital vivió una estrategia de terror como la noche anterior Cali, cuando una bien calculada cadena de rumores y videos por redes propalaron posibles asaltos y asonadas que desataron la desconfianza y la violencia entre vecinos, sin que las autoridades le hayan dado una respuesta clara a la ciudadanía sobre responsables, denuncias contra la policía y desfogue de la xenofobia. No obstante que las redes ciudadanas denunciaron una estrategia de miedo soterrada de las autoridades y afectos al gobierno. El clima de tensión lo crispó la orden de las autoridades civiles y de policía de impedir a toda costa movilizaciones y bloqueos de apoyo para evitar el fortalecimiento del paro con los ojos puestos en la prolongación de las protestas en Chile que llevaron a la profundización de las demandas ciudadanas y finalmente a la concreción de un acuerdo político para convocar una asamblea constituyente. Azarado por la magnitud del movimiento, el día del paro, en su alocución nocturna, el presidente, tras una formal declaración de respeto al diálogo y disposición de escucha, advirtió con vehemencia sobreactuada y nerviosa sobre el tratamiento de orden público a las protestas callejeras. En Bogotá, la noche del 22, al tiempo que Duque volvía a anunciarle al país respeto a la protesta a la vez que detallaba medidas represivas, el alcalde Peñalosa, al ver rebasadas las fuerzas del ejército y la policía en algunos sectores, decretó el toque de queda de manera tan improvisada y desesperada que por imposibilidad o desobediencia se acató parcialmente, en medio de advertencias de saqueos y caos que apenas sucedieron y que el alcalde adjudicó en su afán disociador a una estrategia de autor implícito (sus opositores y del gobierno nacional). El paro firme y el gobierno en maniobras Tras dos días de sorpresas y trasnochos de los asesores de la Casa de Nariño, el sábado 23 el presidente anunció la convocatoria a una “Gran conversación nacional” con todas los sectores y en las regiones sobre la base de un temario condicionado y prolongado hasta marzo de 2020, en una maniobra por deslegitimar el comando de paro y desconocer el pliego cuyas peticiones es reacio a tratar en la medida en que cuestionan aspectos centrales de su agenda de gobierno. La iniciativa se inspira en el diálogo convocado por Macron en Francia para calmar los “chalecos amarillos” y Piñera en Chile en su intento fallido de enfriar el levantamiento y es una extensión de sus desaliñados y controlados “talleres construir país” segunda temporada de los encuentros comunitarios del gobierno de Uribe. Para poner en funcionamiento la estrategia Duque aprovechó una reunión prevista con anterioridad, con alcaldes y gobernadores recién electos, al final de la cual la alcaldesa de Bogotá Claudia López, no obstante manifestar su disposición a contribuir con el diálogo y acuerdos, se encargó de señalarle quienes debían ser los interlocutores: “la calle la representan los dirigentes del paro”. Además, advirtió que si la crisis era del poder no se podía aspirar a solucionarla legitimando ese poder y le pidió al presidente humildad para reconocer errores en la imposición de medidas, falta de gobierno y uso desmedido de la fuerza. La herida por un disparo en la cabeza al joven Dilan Cruz a manos de un agente del Esmad en Bogotá, en la represión de una de las marchas de protesta el sábado 23, ofertó al movimiento, pletórico en símbolos y consignas – los cartelones y canciones caseros, los artistas y sus pronunciamientos, las performance, el apoteósico apoyo de la barra del equipo Santafé en El Campín, de las de Nacional y Medellín en la capital paisa y de América en Cali- , una causa mas de lucha y una petición adicional: la disolución del cuestionado aparato anti motines. El 24 de noviembre en varios puntos de la capital y otras ciudades, entre tensión y tristeza, una juventud y una ciudadanía heridas rogaron por la vida de Dilan mientras se conocía la noticia del suicidio del soldado Brayan Cely luego de grabar un mensaje de apoyo al paro. En la Plazoleta de la calle 80 de Bogotá centenares de artistas se congregaron en un concierto espontáneo unificado alrededor de una contundente consigna “No tenemos miedo”. Luego de reunirse con el presidente en una cita de la “conversación”, el lunes 25, los representantes de los gremios le expresaron su respaldo, minimizaron la crisis, ignoraron el paro y saludaron la “conversación”. En el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, los colectivos feministas con apoyo de las demás organizaciones sociales hicieron sentir su protesta contra el patriarcado y respaldo al paro. El 26, la muerte de Dilan ahondó la indignación provocada por el propio presidente, la ministra del interior y los jefes de policía al afirmar horas antes que se trató de un accidente, cuando videos del momento muestran una acción ofensiva contra jóvenes en huida. Con una noche de vigilia, velas, cánticos, Colombia le rindió honor y avivó el paro en distintos puntos de la ciudad: la Calle 19 con 4ª., donde ocurrió el disparo, frente al Hospital San Ignacio donde Dilan fue atendido y la Universidad Nacional, donde se presentaron choques con el Esmad hasta la madrugada. En otras ciudades del país también se expresó el duelo. Forzado por las críticas al haber relegado al actor principal de la movilización, el presidente recibió al comando de paro y tras manifestaciones mutuas de la necesidad del diálogo, los remitió a la “conversación” tras de lo cual los dirigentes sociales convocaron a un nuevo cese y movilizaciones pacíficas el 27 de noviembre. La Cámara de representantes y Senado de la República los escucharon en sesiones con voceros de todos los partidos, excepto del gobernante Centro Democrático, en la búsqueda de acuerdos para algunos de los temas motivo de la protesta. Tratando de disipar la movilización, en comparecencia de las comisiones económicas y los ponentes de la reforma tributaria (llamada ahora “para el crecimiento económico”), Duque anunció paliativos: reducción progresiva del aporte a salud del 12% al 4% a los pensionados con pensión menor a un salario mínimo -rechazada por gobierno anterior y este por costo fiscal-, 3 días del año sin IVA a algunos productos -un galimatías técnico -, devolución del IVA a las compras de población vulnerable -que compra productos no gravados- y destinar la nueva sobretasa al sector financiero a vías terciarias -obligada porque no hay otra fuente de financiación. El senador Uribe también hizo su aporte al anunciar el retiro de su proyecto de contratación por horas -que sus voceros negaban que existiera. El propio director de Impuestos nacionales puso en duda las concesiones por su inviabilidad fiscal. Los partidarios del gobierno y periodistas simpatizantes en los medios aplaudieron la “conversación” y las “ofertas” pero el movimiento social rechazó los anuncios por distractivos y reiteró la exigencia de que se suspendiera el trámite de la reforma para concertarla. Se trata de un asunto crucial para las partes porque el gobierno está obligado a lograr su aprobación antes del 31 de diciembre y el movimiento social a impedirla, en lo que jugarán un papel fundamental las mayorías del Congreso que podrán a prueba su conexión con el malestar popular. Duque rabia, la gente canta El día 27, en una nueva jornada de paro, el presidente madrugó a una ronda de medios para explicitar sus anuncios de concesiones sociales en la reforma tributaria, promover la “conversación nacional” e iniciar una ofensiva velada contra los promotores del paro, hábilmente camuflada de advertencia de castigo a los vándalos responsables de los desmanes en estas jornadas. La noche anterior, en el congreso de la federación de ganaderos, dirigida por su copartidario terrateniente José F. Lafaurie -a quien le devolvió el manejo de los recursos de la entidad impedidos por el gobierno Santos por malos manejos- arrancó aplausos al llamar “pirómanos” a los inconformes y advertir que no tolerarían que “quienes perdieron las elecciones traten de imponer la agenda de gobierno”, afirmación repetida por el uribismo en escenarios políticos y mediáticos, provocadora y antidemocrática de parte quien está investido para gobernar a la nación. En una emisora, dirigida por su cuñado, fue mas explícito habló de “personajillo” para referirse indirectamente a su contrincante en las elecciones Gustavo Petro, contra quien se rumora el Centro Democrático prepara una maniobra legal para intentar sacarlo de la vida política acusándolo de desestabilizar el país. Petro ha sido un activo convocante a la protesta en las redes e intervenciones en los medios, lo que le valió algunos llamados de atención de periodistas y adversarios que lo quieren fuera de la vida política del país atentos a los 8 millones largos de votos que acompañaron su candidatura en 2018. A pesar de que le han cuestionado estar suplantando a los dirigentes del paro siempre manifestó respeto a la autonomía de la movilización. Su posición es que la agenda neoliberal vigente en Colombia hace un cuarto de siglo y motivo del paro solo se derrota con una movilización organizada, masiva, prolongada y sin concesiones. En esa línea han sido sus trinos y consignas. Actitud que intentarán cobrarle sus detractores y a donde parece han decidido apuntar el gobierno y su partido, al tratar de deslindar el paro entre protesta pacífica y vandalismo y posicionar a Petro y a los promotores del paro como instigadores de violencia, con lo que a la vez intentan desdibujar la razón de fondo de las movilizaciones y justificar posibles represalias. Durante todo el día se produjeron movilizaciones en varias ciudades sin mayores alteraciones. En Bogotá, la Plaza de Bolívar y El Parque de Los Hippies alojaron entusiastas concentraciones. En este último, un “cacerolazo sinfónico” de cerca de 300 músicos interpretando la “Canción de la Alegría”, “La novena sinfonía” y “Colombia tierra querida” puso la nota de entusiasmo hasta el llanto y fue viralizada por miles. En la gala del Premio de Periodismo Simón Bolívar, periodistas y propuestas independientes fueron galardonados por sus trabajos de denuncia, análisis, entrevistas, reportajes y columnas críticas reveladores de la corrupción, el abuso del poder, la violación a los derechos humanos y ambientales y la censura, que en varios casos involucran representantes del poder y el actual gobierno. Al anochecer, la marcha que se dirigía al portal del norte en Bogotá fue disuelta por el Esmad con heridos, detenidos y un periodista comunitario al borde de la muerte. El 28 en varios puntos se expresó apoyo al paro, Medicina Legal dictaminó el homicidio de Dilan Cruz con arma convencional (cientos de balines envueltos en un trapo disparado a quemarropa le perforaron el cráneo) y el nuevo Ministro de Defensa Carlos Trujillo, enrocado desde la cancillería, defendió la actuación del Esmad como disuasiva. Una atronadora tamborada animada por la rockera Andrea Echeverria repicó en la calle 85 de Bogotá. El comité coordinador del paro anunció un “cacerolazo continental” el primero de diciembre en apoyo a varias causas de los pueblos latinoamericanos entre ellos el paro de Colombia y una nueva jornada de movilización nacional el 4 de diciembre. En la capital, artistas como Adriana Lucía, Doctor Krápula, Aterciopelados, Madame Periné, Santiago Alarcón, Totó La Mompoxina, Santiago Cruz, Diamante Eléctrico, Benedic, Sistema Solar, Bomba Estéreo, Alí, Marta Gómez y varios mas piden #Permisoparacantar y logran autorización de la alcaldía para realizar el 8 de diciembre un multitudinario Concierto de apoyo al Paro: ‘Enciende tu voz, un canto por Colombia’. En procura de encontrar una salida al intento gubernamental y de sectores del poder por estigmatizar, erosionar y apaciguar la movilización para evitar negociar las demandas ciudadanas, el Comité de Paro, la Bancada por la de Paz del Congreso, el movimiento Defendamos la Paz -integrado por los equipos negociadores del acuerdo de paz del gobierno Santos y Farc y personalidades defensoras de la negociación- y cientos de organizaciones sociales, instan al gobierno a una mesa de diálogo nacional “plural y diversa” para un diálogo “democrático, incluyente y eficaz” sobre la base del pliego del paro, cumplimiento de los acuerdos con las Farc, exploración de posibilidades con el ELN, garantías a la protesta popular, política de seguridad, derechos humanos y asesinato sistemático de líderes sociales, reforma política y electoral, medidas anticorrupción y protección de los derechos de la naturaleza y el medio ambiente. En el noveno día de protesta (29 de noviembre) con evidente instrucción política los medios hacen inventario de los daños económicos del paro, dan cuenta de sacrificios de gente angustiada por el pan diario y denuncian la violencia contra las fuerzas del orden -ciertas y provocadas por minorías pertenecientes a milicias insurgentes, grupos delincuenciales y tácticas contrainsurgentes- pero ajenas a directrices del paro. En las redes y las calles les responden con las cifras irrefutables de la corrupción, la desigualdad y las violaciones impunes de los derechos humanos por parte del Estado. En Bogotá se da un emotivo recibimiento a la Guardia Indígena Nasa proveniente del Cauca para reforzar el paro y organizaciones de las comunidades negras realizan un plantón frente al Dane para repudiar la invisibilización de la población afrodescendiente en el censo nacional de población. En salones comunales, parques, auditorios y plazas de la ciudad y el país se realizan eventos deliberativos en torno a la agenda temática de una movilización que trascendió a las organizaciones convocantes y se convirtió en un acontecimiento nacional con trascendental empoderamiento ciudadano de peso juvenil y comprensión integral y amplia de derechos, en adelante imposible de desenraizar. ¿Cómo llegamos hasta aquí? La Constitución de 1991 intentó una salida institucional a la falta de democracia, la negación de derechos y la angustiante violencia. Con algunos hechos positivos en participación y mecanismos de protección del ciudadano, bien pronto se encontró el país con el incremento del conflicto armado y la criminalidad del narcotráfico y si mecanismos como la tutela abrían las puertas a derechos como la educación y la salud, la apertura económica en el marco del modelo neoliberal implicó la progresiva pérdida de viejas conquistas en materia de seguridad social y laboral en favor del capital. Con el tiempo, muchas de las expectativas de las minorías se vieron frustradas y animaron procesos organizativos para exigir su cumplimiento. Si bien el hastío con la guerra de guerrillas y el fracaso de varios intentos de paz por cálculos estratégicos de la partes llevó a un amplio sector del electorado a optar por la “seguridad democrática” propuesta en 2002 por Álvaro Uribe y a aceptar modificar la Constitución para darle un segundo período, dado su éxito en la lucha contrainsurgente, el desequilibrio institucional generado, los excesos en materia humanitaria, la privatización de la salud y la educación, la reversión de derechos laborales y pensionales y el abuso de poder mantuvieron su mandato en constante confrontación con las organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales así como con la población indígena y afrodescendiente del sur del país. El viraje inesperado en 2010 de Juan Manuel Santos, ungido por Uribe, hacia una política de negociación política para la terminación del conflicto armado generó un rompimiento al interior de la coalición gobernante en la que Santos supo maniobrar para obtener mayorías en el Congreso y las Cortes y así poder sacar adelante los acuerdo de paz con las Farc a pesar de la rabiosa oposición del uribismo, contrario a arreglos distintos a la desmovilización y desarme de la guerrilla en razón de su posición de negación del conflicto armado. No obstante que, en materia económica se manifestaban en idéntico sentido en el rechazo a la atención de demandas sociales con el argumento de la estabilidad fiscal, atracción de inversión y garantía a la propiedad privada. Pero no solo en la paz había diferencias ideológicas y políticas en el bloque en el poder. La modernización y la globalización trajeron consigo cambios culturales y la reivindicación y demandas que repugnan los sectores tradicionales como la equidad, la democracia deliberativa, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad sexual y de género, el consumo de sustancias psicoactivas, los derechos de la mujer, los jóvenes, las minorías, los animales, la naturaleza y un largo etcétera, temas que hoy dividen a la sociedad colombiana. En un contexto de esas características, el uribismo y el conservadurismo recalcitrante colocaron en la Procuraduría General de la Nación a Alejandro Ordóñez, un cruzado del moralismo medieval, mientras que la línea del gobierno reflejaba en esos aspectos una posición progresista. La quiebra institucional para la manifestación empoderada de esas rupturas y las posibilidades de cambios con decisión política y apoyo ciudadano se produjo con la asunción de Gustavo Petro, exmilitante del M!9, implacable senador en el control político del gobierno de Uribe con sus denuncias sobre corrupción y paramilitarismo, a la Alcaldía de Bogotá y su destitución en un amañado proceso disciplinario del procurador Ordóñez. Petro desprivatizó las basuras en una osadía inconcebible para un establecimiento empresarial y desde el balcón de la alcaldía y las calles, en diciembre de 2014, inspiró una movilización ciudadana sin precedentes en Bogotá y el país que ganó la batalla para su restitución con una lección de impacto histórico en las relaciones de poder en Colombia. En adelante nada ha sido igual. Al tiempo que surtía negociaciones con las Farc, el gobierno Santos tuvo que llegar a acuerdos políticos y programáticos con diversas fuerzas para darle continuidad al proceso en su segundo mandato y para ello se comprometió e incumplió garantías a Gustavo Petro sobre su continuidad en el cargo, a pesar de lo cual el movimiento del alcalde fue un entusiasta promotor del acuerdo de paz. Santos además, afrontó fuertes movilizaciones agrarias, paros en Buenaventura y Quibdó y una poderosa manifestación estudiantil, al final de su segundo mandato, estableciendo con todos acuerdos diferidos en su cumplimiento. Todas esas protestas recibieron un elocuente y activo respaldo ciudadano a nivel nacional con masivas movilizaciones en Bogotá y el resto del país. La paradoja es que en el tema de la paz, gobierno y organizaciones sociales estaban del mismo lado. El histórico proceso de negociación y el Acuerdo de Paz con las Farc suscrito el 26 de septiembre de 2016 estuvo a punto de convertirse en un traumático fracaso tras un tormentoso plebiscito a capricho de Santos, que lo rechazó por una diferencia mínima obtenida, en buena medida, con engaño al electorado abanderando peligros y amenazas hirientes de creencias tradicionales inexistentes para llevar “emberracado” al electorado, como reconoció el coordinador de la campaña del no. La espontánea, masiva, dolida e imponente movilización de los jóvenes y organizaciones sociales en toda Colombia le dio a Santos la fuerza necesaria para no claudicar e imponer una salida institucional al traspié. Finalmente, los acuerdos fueron ratificados el 24 de noviembre con el rechazo del uribismo y la extrema derecha, exacerbados luego con el Nobel de Paz de aquél. El pacto de paz dividió al país entre un bando a su favor integrado por la coalición de gobierno (La U, Cambio Radical, sectores liberales y conservadores), los movimientos sociales, el creciente Partido Verde y la centroizquierda y la cerril oposición del Centro Democrático liderado por Uribe contrario al contenido e implementación de lo acordado. En ese panorama las elecciones presidenciales de 2018 se convirtieron en una disputa alrededor de la continuidad o reversión del proceso. El uribismo supo mimetizar en un candidato joven, atractivo e inexperto, al gusto de Uribe, Iván Duque, la apuesta por retrotraer los aspectos clave del acuerdo de paz, proteger a insignes uribistas de sus enredos judiciales e imponer una agresiva agenda neoliberal encubierta con demagogia. En el bando pro paz, en cambio, los partidos de la coalición santista no lograron cuajar candidatura, mientras la centroizquierda ascendió rauda sobre el descontento popular y regional y los miedos liberados por el acuerdo de paz. La segunda vuelta presidencial entre el candidato del uribismo y Gustavo Petro, con apoyo de alguna parte del centro, la izquierda y el movimiento social, con un programa de reformas progresistas y de profundización de la paz, llevó a una porción mayoritaria de la coalición de gobierno y al establecimiento en su conjunto a derivar hacia Duque. No obstante la histórica votación de la Colombia Humana de Petro se impuso el candidato del Centro Democrático reforzado por los partidos tradicionales, los gremios y las iglesias y sectas. La paz no puede ser el enemigo El estreno de Duque, esperanzador para algunos al situarse como promotor de la consulta anticorrupción, que tras las elecciones presidenciales logró una votación mayor que la suya como mandato ciudadano, fue apenas un truco mediático pues la abandonó a su suerte en un Congreso en su mayoría beneficiario de la coima. La coalición que lo llevó al poder rápidamente se fracturó al intentar reformar los acuerdos de paz, no hacer concesiones burocráticas y promover la agenda derechista del uribismo. Su gabinete constituye un desafío a la concordia nacional al ubicar en los ministerios de política, trabajo y orden público fichas del expresidente. La designación de funcionarios en cargos relacionados con los acuerdos con las Farc constituyen un desafío a la opinión pública que respalda una política de paz, trátese de las consejerías, el Centro de Memoria Histórica, la Agencia de Restitución de Tierras o Radio Televisión de Colombia, alineados en la visión negacionista del conflicto y con hoja de vida o misionalidades arregladas al puesto. En política exterior el afán de protagonismo para convertirse en el líder de una cruzada regional de derecha aupado por EE.UU. contra el régimen venezolano, con el reconocimiento de un presidente autoproclamado y un sainete de “ayuda humanitaria” en la frontera, resguardado por grupos paramilitares que ocultaba un intento de derribar a Maduro, le granjeó a Colombia un pleito inconveniente. Mala reputación internacional constituye su negativa a reconocer los protocolos firmados por el gobierno Santos con el ELN y países garantes para asegurar el retorno de sus comandantes desde La Habana en caso de ruptura de negociaciones -como sucedió en enero de 2019 tras el atentado sangriento de la guerrilla a una escuela de policía- y las presiones contra el gobierno de la isla para que los entregue, lo que lo llevó a una abstención solitaria y vergonzosa en la votación mayoritaria contra el bloqueo a Cuba en la ONU. Duque congeló la implementación del acuerdo con las Farc en aspectos fundamentales como el agrario, restitución de tierras, cultivos ilícitos y participación ciudadana, retrotrayendo la política contra el cultivo de drogas ilegales a la fracasada represión y presionado la vuelta al uso del nocivo glifosato. Intentó desnaturalizar la Justicia Especial para la Paz en favor de los victimarios, aceptó a regañadientes recibir y concertar en diciembre de 2018 con un incontenible movimiento universitario acuerdos presupuestales en favor del derecho a la educación, los que ha interpretado a su acomodo, y eludió despectivamente conversar con la minga indígena del Cauca en demanda de que se cumplan viejos pactos. De manera tozuda impuso en el Congreso una ley de financiamiento (reforma tributaria disfrazada) criticada por inequitativa al reducir impuestos a los grandes capitales para cargar el recaudo en clases medias y bajas, que fue objetada por la Corte Constitucional y es motivo de las actuales protestas al intentarse su trámite sin ninguna revisión ni concertación. En materia de derechos humanos un odioso desdén ante el continuado desangre de líderes sociales, indígenas y desmovilizados de la guerrilla, la implicación provocadoramente negada de miembros de la fuerza pública en algunos de ellos, de directrices para restar exigencias humanitarias en los combates denunciadas por la revista Semana (que trajeron a la memoria la página atroz de los “falsos positivos” en el gobierno Uribe) y su afán de minimizar la criminalidad y la inseguridad, colocaron al Ministro de Defensa Guillermo Botero en la lista de funcionarios susceptibles de moción de censura, ante los fracasados intentos contra el de Hacienda Carrasquilla por corrupción con programas de agua municipales y del Fiscal Néstor Humberto Martínez, quien en una desafiante maniobra, acompañada por la mayoría de congresistas, presas del temor o por simpatía, logró desviar en noviembre de 2018 el debate de su involucramiento en el escándalo de Odebrecht, al explotar la senadora uribista Paloma Valencia en pleno debate un video corrosivo y distractivo contra el senador Gustavo Petro. Las tradicionales jugadas palaciegas y los llamados desde los medios voceros del poder parecían imponerse para impedir el juicio político al ministro, cuando una inesperada denuncia del senador Roy Barreras, corajudo defensor de los acuerdos de paz, el 5 de noviembre sacudió a la nación de manera profunda. El retorno triunfalista de la política de guerra había cobrado la vida de entre 8 y 18 niños en Caquetá, tras un bombardeo indiscriminado en una zona donde se conocía el reclutamiento forzado por parte de grupos al margen de la ley por denuncias hechas por el personero municipal, familiares e informes de inteligencia. El operativo fue la respuesta atolondrada y mediática del gobierno al anunció del regreso a las armas de algunos desmovilizados de las Farc enredados judicialmente. Sin salida, el ministro renunció pero para pasmo de la opinión el presidente le rindió un homenaje por su “patriotismo”, en vísperas del Paro Nacional del 21 de noviembre. Una sociedad ansiosa de cambio El país no ha podido superar, porque su dirigencia y los poderosos no han querido, una abominable brecha social que lo hace el segundo mas desigual del continente y el cuarto del mundo, donde un puñado de terratenientes controlan la tierra fértil dedicada al pastaje, despojaron y se apropiaron de grandes extensiones con complicidad del Estado mientras mal viven los campesinos, un jugoso y parasitario sistema financiero está en muy pocas manos, con el 60% de su población en edad laboral generando el sustento en actividades informales, una clase política ladrona y un empresariado aprovechador. Hechos inocultables en una época en la que, a pesar de todo, la población amplió sus niveles educativos y referentes culturales, dispone de efectivos medios de comunicación a través de Internet y redes, ha hecho conciencia de sus derechos, asume causas de preocupación universal y es muy crítica con un sistema político clientelista, corrupto y reacio al cambio. Para corroborarlo basta echar una mirada al Barómetro Latinoamericano o a la oportuna encuesta oficial del Dane sobre cultura política 2019: la gente cree en la democracia pero no en la que está viviendo, descree de todas las instituciones tradicionales y está ansiosa de cambio. Habla una generación desatada del pasado, angustiada por el hoy y que cree puede incidir en un futuro mejor. Que a quienes la acusan de vaga y vandálica les pregunta de dónde viene su riqueza y quienes han perpetuado la violencia. Que es consciente de que para superar las brechas sociales actuales, como lo ha dicho la propia Ocde, responsable de algunas de las medidas repudiadas, se necesitarán once generaciones si no suceden catástrofes o involuciones. Y que ha decidido no esperar mas. Colombia protagoniza hoy un hecho histórico. En las elecciones regionales de octubre las fuerzas progresistas redibujaron el mapa político y si bien persisten viejas mañas y clanes, los resultados muestran un uribismo reducido y en adelante un electorado joven marcará los destinos. Una parte mayoritaria de la sociedad se ha volcado a las calles y plazas a hacerse sentir, a respaldar un amplio pliego en el que ve en algo representadas sus carencias y expectativas de justicia, a hacer política deliberando sobre diversidad de problemas que la aquejan de siempre y los que preocupan a las nuevas ciudadanías del siglo XXI, a sentirse parte de un colectivo humanista y justiciero que irradia creatividad en su diversidad y en sus manifestaciones artísticas y culturales, a decirle a los que han manejado siempre el poder y la riqueza que la hora del cambio llegó. ¡Es la Colombia que no está dispuesta a vivir otros cien años de soledad!

León Valencia, analista político. Colprensa El analista político y exguerrillero del ELN, León Valencia, aseguró que las acciones terroristas hechas por esa guerrilla y que llevaron suspender el proceso de paz, son las que dejaron sin espacio de negociar al presidente Juan Manuel Santos. “Dejaron sin aire al presidente y por eso debió suspender el proceso. Deja sin aire a cualquiera que defiende la negociación”, sostuvo el analista en una entrevista a Caracol Radio. Para Valencia, los sectores del ELN que están en desacuerdo con la negociación recurren ahora a las acciones militares “amparados ahora en que no hay cese bilateral”. Sin embargo explicó que “estas acciones son preparadas con tiempo, por lo menos hace seis meses, se deben conocer rutinas, toda la logísta. Son acciones preparadas con anticipación”. Insistió en que utilizan ese tipo de artimañas para sabotear a los negociadores. “Los grupos urbanos del ELN son los más contradictorios con la negociación”, finalizó. Nota extraída de El País de España