Ayúdenos con sus denuncias en este enlace de Reporte Ciudadano, garantizamos total reserva.

Foto: El Espectador.com ¿Cómo evalúa las actuaciones del actual presidente de la Cámara de Representantes Rodrigo Lara Restrepo? León Valencia: Las actuaciones del presidente de la Cámara de Representantes Rodrigo Lara, las califico como un acto de suprema politiquería. No se puede llamar de otra manera al hecho de utilizar a las Farc como instrumento para hacer campaña política en favor de su candidato o de su partido. ¿Con que elementos se puede jugar en estos momentos utilizando a las Farc, si hoy por hoy ellas no están en la guerra? León Valencia: Utilizando el rencor y los odios naturales en la población que se derivan de los hechos de guerra. Es a esto a lo que acude Rodrigo Lara para darse vitrina en los medios de comunicación ante la falta de unos argumentos inteligentes para defender su postura. Las Farc ya se desarmaron y en estos momentos están haciendo política. Este es el objetivo de los Acuerdos de Paz, que ellos puedan no solo ir al Congreso de la República, sino además a la plaza pública. ¿Quiere decir entonces que mientras las Farc cumplen, personas que representan la institución como Rodrigo Lara, torpedean la implementación de la paz? León Valencia: Es muy triste que esto ocurra. No es posible que un personaje político como Rodrigo Lara que ha dado muestras de no tener mucha lucidez intelectual, se muestre dispuesto a utilizar el cargo que hoy ocupa para torpedear la implementación de la paz, y vaya uno a saber la razón por la que el resto de parlamentarios, en este caso de los de Unidad Nacional, no le ponen freno a sus actuaciones. En su defensa el presidente de la Cámara dice que hay muchos vacíos jurídicos y que es necesario ponerlos en discusión para solucionarlos. León Valencia: El presidente de la Cámara parece no saber que el proceso de reconciliación es un proceso político; que el Acuerdo de Paz que se firmó con las Farc es un acuerdo político y que el trabajo del Congreso de la República es la de dar viabilidad jurídica, para que estas fuerzas ingresen a la institucionalidad del país, porque el argumento que estos dieron durante 50 años de guerra es que el Frente Nacional los excluyó y que los gobiernos posteriores se negaron a darles espacio. ¿Comparte entonces las declaraciones del ministro del Interior Guillermo Rivera en las que asegura que el presidente de la Cámara actúa con “mala fe”? León Valencia: Totalmente. Las actuaciones de Rodrigo Lara en la presidencia de la Cámara están llenas de mala fe. ¿Es coherente que se invite a un grupo armado a que pacte la paz y haga parte de la democracia y no se le permita el ingreso al “templo de la democracia”, es decir al Congreso de la República, más exactamente a los espacios de discusión en la Cámara de Representantes? León Valencia: El Congreso de la República es el principal centro de la democracia. Si las Farc no tienen acceso a este lugar, es un síntoma de que tampoco tendrán las garantías para participar en los demás escenarios de debate público. Eso demuestra que las actuaciones de Rodrigo Lara Restrepo no son hechas con un mínimo de reflexión y análisis profundo, sino con actos politiqueros.

¿Qué significado tiene el fallo de la Corte Constitucional donde blinda los Acuerdos de Paz? En Colombia siempre ha habido una enorme desconfianza hacia las políticas de Estado. De cómo darle continuidad a los compromisos que se realizan durante los diferentes Gobiernos a determinada gestión. Esta decisión de la Corte Constitucional da las garantías de que Colombia le va a cumplir a la paz con las Farc. ¿Para cumplirle a la paz es necesario un fallo que blinde los Acuerdos de Paz? En una sociedad donde se excluye la trampa, no sería necesario porque garantizaría que con el pasar del tiempo los Acuerdos de Paz no se van a burlar, pero en Colombia siempre habrá el temor o la sospecha de que quienes se oponen le encontrarán algún boquete para tratar de cambiar las cosas y amoldarlos a su manera. ¿Qué otra cosa considera necesaria para cumplirle a la paz en Colombia? También es necesario un respaldo de la sociedad colombiana a la decisión de la Corte Constitucional. Se debe incentivar el apoyo ciudadano a estas medidas de Estado, porque sin este respaldo, con el tiempo se puede perder todo este esfuerzo. ¿Si será posible que la emoción por la paz en los colombianos se mantenga al menos en el mediano de plazo? Para que esto se dé lo primero que se debe garantizar es que quienes ganen las elecciones en el 2018 sean personas favorables a la paz, para que exista un respaldo político y popular durante cuatro años más. ¿Cuando habla de riesgos, se refiere a lo que anuncia el Centro Democrático y sectores del conservatismo que se opusieron al proceso de paz? Por supuesto. Nunca hay un blindaje definitivo, lo que hay es un blindaje político. Ellos han anunciado que llamarán al constituyente primario a pronunciarse en contra de los Acuerdos de Paz. Los uribistas seguirán insistiendo y para eso cuentan con una parte de la sociedad que les respalda. Nadie los puede sacar de ahí, porque creen que tienen mayorías y que tienen la razón absoluta. Nuestra tarea es demostrarles que están equivocados, y que no son mayorías. Ganaron el plebiscito… Dentro del grupo de ganadores del No, el Centro Democrático era una parte, de hecho creería que mínima. El plebiscito también lo ganaron los cristianos, sectores del conservatismo y colombianos que sin pertenecer a ningún grupo político, no gustan de las Farc. Para decirles No a las Farc, no es necesario ser uribista. ¿Para lograr este fin cual sería el camino más expedito? El único camino para hacerles frente es derrotarlos políticamente. ¿Qué opina de las polémicas actuaciones del presidente de la Cámara de Representantes Rodrigo Lara Restrepo, frente a la implementación legislativa de los Acuerdos de Paz? Me da una tristeza enorme que una persona con buen apellido, pero de tan pocas luces intelectuales y políticas, adquiera este protagonismo tan grande en la discusión sobre la paz. Esto se da en primer lugar por pertenecer a un partido político importante como Cambio Radical, con un líder tan fuerte como Germán Vargas Lleras. Me parece además peligroso que se le confiera esta potestad, que está aprovechando para hacerlo a su medida, con zancadillas y maniobras de la más baja condición. Mucha gente en las redes sociales lo vitupera diciendo que es una persona maldadosa, con una mente perversa. Yo no tengo esa opinión. Pienso que es una persona con pocas luces, buscando un salto político para su vida y me da tristeza que esto ocurra en un partido que tiene un candidato a la presidencia bastante fuerte y que puede jugar un importante papel en la vida del país.

En estos días he recibido incontables muestras de respeto y de cariño en las redes sociales a raíz de mi retiro de la revista Semana y quiero expresarles a todos mi gratitud. Hace ya casi siete años inesperadamente me invitaron a escribir en Semana como columnista y hace apenas diez días me dijeron también inesperadamente, que lamentablemente debían prescindir de mi columna. Alguna razón me dieron, pero no quise indagar más. Di por suficiente la explicación y agradecí los años en que pude buscar explicaciones a lo que ocurría en el país y expresar con libertad mis opiniones sobre los graves problemas que aquejan a Colombia. Me afligía mucho entrar cada semana a mirar lo que pasaba en el conflicto armado o en la política nacional y local que eran mis temas favoritos. Pocas cosas me alegraban. Pero debo confesar que me divertía escribiendo. No es fácil escribir con independencia, mantener un filo crítico, hablar sin contemplaciones de personajes de la vida pública que saltan con facilidad los umbrales éticos. Sustentar en hechos las afirmaciones, esquivar la calumnia y la injuria, no ceder a los halagos, a las presiones o las propuestas indecentes que menudean en nuestro país. Cuando empecé a escribir en medios hice un pacto con mi conciencia para cumplir estos preceptos. Lo he intentado día tras día y espero haberlo cumplido. Lo intentaré una y otra vez en cada tribuna que tenga. Seguiré en el debate público, a través del análisis político de los hechos y acontecimientos de la vida nacional, especialmente en lo que tiene que ver con el conflicto armado y las apuestas que impone la etapa de posconflicto en cada territorio del país, tarea en la que me acompañan las personas que conforman los diferentes equipos de investigación de la Fundación Paz & Reconciliación a quienes agradezco todo su apoyo y cariño. Doy gracias a todos los colombianos que me han demostrado su afecto en estos últimos días, con el que me siente me comprometido y al que he de corresponder dando continuidad a mi labor como analista e investigador. León Valencia

La reforma política acordada en La Habana se convirtió en una comedia de cuatro actos en la que una variedad de actores se burlaron del país y de los acuerdos de paz. El último acto ha tenido como actor principal a Rodrigo Lara un parlamentario que encarna como pocos los vicios políticos que se querían superar con los cambios al régimen y a la organización electoral. Ha sido en todo caso un teatro sin el ingenio y el encanto de la ópera bufa, una manifestación de la ramplonería a que nos tienen acostumbrados sin que nadie se indigne y proteste. Primer acto. Las delegaciones del gobierno y de las Farc acuerdan la conformación de una comisión con expertos de alto nivel para darles un vuelco a las instituciones electorales del país, con el fin de modernizarlas y hacerlas más transparentes, autónomas e independientes. Nada más justo. Bajo el manto del Consejo Nacional Electoral, de la Registraduría Nacional del Estado Civil y de la Sección Quinta del Consejo de Estado, se llevó a cabo la infiltración del narcotráfico en la campaña de Ernesto Samper que dio origen al famoso proceso 8000; se gestó el fenómeno de la parapolítica que terminó en la condena y la cárcel para 61 congresistas; se producen elección tras elección el trasteo de votos y el fraude a lo largo y ancho del país; se cocinan escándalos como el de la multinacional Odebrecht y su financiación a las más recientes campañas electorales. Han sido organismos tutelados y amañados por los políticos, han sido espectadores inanes de las irregularidades y la corrupción. Las negociaciones de paz eran un escenario ideal para hacer el compromiso de cambiar el andamiaje que organiza y vigila las elecciones. Pero no eran el lugar para definir la naturaleza de las transformaciones. Era absolutamente necesario recurrir a la sociedad civil y al Congreso para precisar y tramitar el contenido de las reformas. Por eso la mesa de La Habana se limitó a darle el mandato a una comisión que operaría una vez se firmara el acuerdo final. Segundo acto. La Misión Electoral Especial -en la cual se destacan los nombres de Alejandra Barrios, que ha encabezado en los últimos años la observación electoral en el país desde la sociedad civil, y Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia- en un trabajo juicioso logra diseñar un nuevo sistema electoral con tres pilares: una Registraduría Nacional del Estado Civil transformada en un organismo más técnico, dedicado a servir de soporte logístico y organizador de las elecciones; un nuevo Consejo Electoral como suprema autoridad de la contienda, con autonomía y herramientas para prevenir las irregularidades con origen predominante en los principales organismos de la Rama Judicial; y una Corte Electoral con capacidad para investigar y sancionar a los transgresores de la democracia. Fueron más allá y se propusieron abrir las puertas para nuevas expresiones sociales y políticas en los jóvenes y las mujeres; limitar la personalización de la política y el clientelismo; institucionalizar y fortalecer a los partidos mediante la lista cerrada y la atribución de responsabilidades a los directores en el otorgamiento de avales; y establecer un régimen más severo de inhabilidades y sanciones. Entregaron estas propuestas en una reunión a puerta cerrada el 24 de marzo de 2017 en Cartagena, en la que participaron el presidente Santos, los directores de los partidos y todos los organismos implicados en las reformas. La campaña que previamente se había desatado para deslegitimar los cambios por parte del presidente del Consejo Electoral, del registrador nacional, de los magistrados del Consejo de Estado y de algunos líderes políticos se manifestó allí en toda su intensidad. Muy poco de estas reformas les servía, a cada una le encontraban objeción. La reforma política empezó a morir. Tercer acto. Con la presión de la Registraduría Nacional y del Consejo de Estado el gobierno nacional deshecha el 80 por ciento de las propuestas de la Misión Electoral Especial y le presenta al Congreso, para el trámite rápido, un deslucido proyecto de reforma en el que apenas brillan la lista cerrada, la financiación preponderante de las campañas por parte del Estado y las facultades de Policía Judicial para el Consejo Electoral. Cuarto acto. La reforma política llega a la Cámara de Representantes y allí sale a relucir el protagonismo de Cambio Radical y de Rodrigo Lara, quien preside el organismo. Este partido, en una alianza no disimulada con el Centro Democrático en el seno de la Comisión Primera, se lanza contra lo poco que ha quedado del propósito inicial pactado en La Habana, y en medio de insultos y gritos le van dando sepultura a una de las mayores ilusiones que había dejado el acuerdo de paz. Para este martes está anunciada la votación del proyecto y tal como están las cosas lo mejor es que se hunda la iniciativa. Le hará mucho daño a la democracia una reforma que apenas hace retoques cosméticos a la institucionalidad electoral, pero alienta la percepción de que se cumplió con lo pactado y que se debe cerrar por largo tiempo la discusión sobre los cambios profundos del sistema electoral colombiano. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Por fin la Justicia colombiana decidió examinar la conducta de Bernardo ‘Ñoño’ Elías. No lo hizo motu proprio, tuvo que empujarla la Justicia de Estados Unidos con el destape de los sobornos de la multinacional Odebrecht. A la Fundación Paz y Reconciliación, que realizó una minuciosa investigación sobre las elecciones de 2014 y en el libro Los herederos del mal hace una radiografía de la voluminosa contratación de recursos públicos que controlaba el senador y de su extensa red de aliados políticos señalados por corrupción o por nexos con ilegales, no le pararon bolas. La Fiscalía tiene evidencias de que el Ñoño Elías obtuvo coimas por no menos de 20.000 millones de pesos de la firma Odebrecht. Pero esa cifra puede ser escandalosamente inferior a la tajada que recibió por la asignación a dedo de 90.000 millones de pesos de los cupos indicativos entre 2010 y 2014, y por la contratación múltiple generada en entidades del orden nacional y local o por Gobernaciones y Alcaldías bajo su influencia directa. En alianza con el senador Musa Besaile llevó a Alejandro Lyons, hoy investigado por delitos que van desde corrupción millonaria hasta el homicidio, a la Gobernación de Córdoba. Las Alcaldías bajo su influencia en este departamento no son menos de 7, empezando por Sahagún, su tierra natal. Buena parte de los 140.143 votos que obtuvo para Senado los alcanzó en esas tierras. Pero su control se extiende a La Guajira donde encontró como aliada a Cielo Redondo, exalcaldesa de Uribia, con enorme poder en todo el departamento y con un variado prontuario delictivo. Allí Elías obtuvo 16.950 votos en 2014, la primera votación para Senado. También logró la segunda votación en el departamento de Sucre donde heredó el capital político de su suegro, el excongresista Eric Morris condenado por parapolítica. Algunos meses después de las elecciones de 2014, Bernardo Elías acudió a nuestras oficinas para hablar de las afirmaciones que hacíamos en el libro. Nos sorprendió con su simpatía y su gran capacidad para argumentar y explicar su trayectoria política. Lo oímos por un largo rato. Ahora he revivido con mi equipo los recuerdos de esa conversación. Para empezar nos dijo que no iba a refutar nada de lo que decía nuestra investigación, pero quería mostrar que su conducta no difería de que tenía la inmensa mayoría de los parlamentarios, y su relación con el presidente Santos no era diferente a la que tuvo con Álvaro Uribe Vélez. Hay tres tipos de parlamentarios, dijo: los que dedican la mayoría de su tiempo a elaborar y presentar proyectos de ley; los que prefieren los debates y el control político; y los que invierten sus grandes esfuerzos en hacer gestión de recursos para su región y sus electores, y por eso se la pasan haciendo cola en los ministerios y los institutos descentralizados. Los de proyectos y debates que son pocos, no más del 20 por ciento de los senadores y representantes, obtienen el grueso de la votación de la opinión, de la favorabilidad que logran entre los electores menos vinculados a las militancias políticas. A los demás nos toca perseguir a los electores en su casa, su barrio y su vereda, establecer vínculos permanentes con los líderes, mostrar obras, buscarles trabajos a los más cercanos. Estoy muy orgulloso, nos comentó, de haber llevado el acueducto a mi pueblo natal que había pasado 200 años sin este servicio básico. Igual he promovido obras en muchos municipios de la costa Atlántica. Es eso lo que me ha dado popularidad. La gente vota por eso. Ustedes dicen que de allí derivo cuantiosos dineros para la campaña, pero eso no es lo importante, lo importante es la solución de problemas a la población. Soy muy exitoso en estas labores y a eso se debe mi alta votación. Lo decía con una enorme convicción. La misma que he sentido en la conversación con muchos políticos a lo largo de los últimos años. Insisten en que su labor es servir de intermediarios entre la región y el Estado central, entre sus electores y el Estado, para conquistar beneficios directos individuales o colectivos, contratos, puestos, dádivas, pequeñas y grandes obras, en un país hambriento de oportunidades. El clientelismo puro y duro adquiere en sus labios una increíble naturalización. Ahora bien, se cuidan bastante para no mostrar que en esa operación de intermediación se quedan con una jugosa parte que oscila entre el 10 y el 30 por ciento de los recursos para invertir en sus campañas y para enriquecerse personalmente. La habilidad y el carisma pueden producir resultados asombrosos. En el caso del Ñoño Elías tuvimos un cálculo que puede resultar muy exagerado para los electores, pensamos que la inversión en la campaña de 2014 se acercó a los 8.000 millones de pesos. Es eso lo que ha generado una verdadera perversión de la democracia. Para competirle a este tipo de políticos los demás recurren al mismo procedimiento: se apoderan de grandes cuotas de contratación, hacen más sibilina y más sofisticada la intermediación, saltan por encima de barreras éticas y legales, y en esa carrera, en algún momento, exageran tanto, que la Justicia laxa y poco inclinada a escudriñar el lado oscuro de la política no tiene más remedio que intervenir. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Me dijo monseñor Fidel Cadavid, obispo de la Diócesis de Sonsón-Rionegro: “Es una tristeza, la división del país va a afectar la visita del papa Francisco”. Estaba en el Congreso Diocesano de Reconciliación en La Ceja, Antioquia, convocado por la Pastoral Social, que reunió a más de 300 personas entre sacerdotes, monjas y laicos de la región, en el último fin de semana del mes de julio. También otros asistentes me expresaron su gran preocupación por las controversias en que estaba metida la Iglesia. En esos días había sido declarado en excomunión José Galat, uno de los portavoces del conservatismo, por los graves ataques contra el papa Francisco. En la región se habían expresado posiciones encontradas en el seno de la Iglesia al valorar las negociaciones de La Habana y al acudir al plebiscito del 2 de octubre de 2016. Esas mismas inquietudes las he oído entre comunidades religiosas o espacios sociales influidos por la Iglesia católica en muchos lugares del país en los últimos años. Hay una innegable fractura en la Iglesia. La división es más profunda que la generada en los años sesenta por la decisión del padre Camilo Torres de vincularse a la guerrilla y por la irrupción de la teología de la liberación en América Latina. Los signos son, desde luego, muy distintos. En los años sesenta y setenta del siglo pasado la ilusión de una revolución armada sacudió al continente, el ejemplo de Cuba cundió y la mayoría de las organizaciones sociales y políticas de izquierda se asociaron a la perspectiva de una solución violenta de los conflictos. Una parte minoritaria, pero influyente, de la Iglesia católica se comprometió con el desafío rebelde. Las elites se embarcaron en dictaduras militares para responder a la amenaza, y el baño de sangre no se hizo esperar. La jerarquía católica, con pocas excepciones, fue solidaria con esta respuesta dolorosa a los anhelos de cambio. En Colombia, el cardenal Alfonso López Trujillo encarnó la persecución, el destierro y el silencio para los disidentes. Camilo fue el emblema de la entrega y el sacrificio de la minoría contestataria. La derrota fue inapelable. La única aventura armada que prosperó fue la de los sandinistas en Nicaragua. La izquierda y la Iglesia rebelde retornaron luego al cauce democrático y sin abandonar sus apuestas sociales insistieron una y otra vez en las reformas institucionales. En Colombia ocurrió algo muy distinto. No hubo ni dictaduras militares ni derrota definitiva de la insurgencia. Una sucesión de gobiernos civiles ensayó a la vez una presión militar sobre las guerrillas y unas ofertas insuficientes de negociación. Entre tanto se producía un holocausto silencioso que dejó el horror de más de 8 millones de víctimas según los registros oficiales. La jerarquía católica acompañó este discurrir de la política con más sumisión que lustre. Los católicos rebeldes se redujeron a pequeños guetos civiles y a unos pocos cruzados que engrosaron las filas guerrilleras. En 2012, el presidente Santos y las Farc rompieron la rutina de la guerra y decidieron iniciar unas negociaciones de paz con el expreso compromiso de que irían hasta el final del conflicto armado. Se produjo lo impensable: las elites políticas se dividieron alrededor de la paz y con ellas la Iglesia católica. No obstante, la correlación de fuerzas en el seno eclesial ya no es tan clara y contundente como en los años sesenta del siglo pasado. Se sabe que una mayoría precaria de los obispos acompaña al uribismo en su oposición al acuerdo de paz, y desde esa posición obligaron al conjunto del episcopado a declarar su neutralidad en el plebiscito; pero las voces en favor de la reconciliación están creciendo en la Iglesia como lo vi con claridad en el evento de La Ceja. Los jerarcas católicos afines al uribismo no solo cuestionan la paz acordada con las Farc, critican también la actitud comprensiva del papa Francisco con las minorías sexuales y con los divorciados, la vindicación de una Iglesia misional más cercana a los desvalidos y humillados. Se asociaron con los evangélicos adversos al proceso de paz y, muchos de ellos, desde los púlpitos, llamaron abiertamente a votar No en el plebiscito. Francisco no es ingenuo, debe saber que llega a un país dividido, a una Iglesia divida, a un mar proceloso. Tendrá que tomar atenta nota de las declaraciones reiteradas de personas como José Galat. Por la boca de ese anciano arcaico y loco hablan altos dirigentes religiosos y políticos que no se atreven a ir de frente contra la autoridad papal, que eluden el debate, porque temen que el arraigado catolicismo que anida en las clases populares del país se espante ante el desafío que le están plantando al jefe indiscutido de la Iglesia. Y al final de esta columna no puedo evitar una alusión al ELN, organización que abrigó a Camilo Torres a y una legión de sacerdotes y monjas que dieron la vida en las épocas de la rebelión y que hoy anhelarían que esta guerrilla reforzara la corriente católica que se la juega por la paz. Dar el paso al cese al fuego y a las hostilidades en medio de la visita de Francisco sería un ramo de flores para un pontífice que necesita argumentos para insistir en la unidad y la transformación de la Iglesia colombiana. Columna publicada en Revista Semana

La situación es así: desde que se iniciaron las conversaciones, hace más de tres años, el ELN ha insistido en acordar un cese bilateral al fuego y hace poco el presidente Santos dijo que estaba dispuesto al acuerdo. La visita del papa Francisco le ha metido una enorme presión al asunto. También las elecciones que se avecinan y la tranquilidad que traería el silencio de los fusiles en una contienda electoral que se anuncia incierta y reñida como ninguna. Es algo que parece tan sensato, tan pleno de beneficios, que llama a que de inmediato se instale en Quito una mesa técnica que dé luz a los compromisos y obligaciones de las partes y que establezca los protocolos que regirán el pacto. Pero cuando se empieza a hablar en público o en privado de los detalles, comienzan a saltar los miedos y los obstáculos y la cosa se enreda tanto que el tema empieza a perder fuerza de inmediato. El escepticismo es enorme. Ni los medios de comunicación ni la opinión pública le paran mayores bolas al debate. La primera discusión que aparece es el tipo de cese al fuego. Para el ELN lo mejor sería la suspensión temporal de los ataques entre los contendientes y unos arreglos humanitarios específicos. Para el gobierno, en cambio, adquiere sentido un cese al fuego si tiene vocación duradera y si está acompañado del abandono del secuestro, la extorsión y la voladura de los oleoductos. Recientemente, el ELN ha abierto un poquito las puertas estableciendo una lista de lo que ellos consideran hostilidades que el gobierno debería suspender o acabar para, ahí sí, ampliar sus propias obligaciones. Exigen –en su lenguaje– el cese a la agresión contra el movimiento popular y tomar medidas concretas contra los miembros de la fuerza pública aliados del paramilitarismo; el incumplimiento a las garantías de derechos humanos acordadas con el movimiento social; las acciones que provocan el confinamiento de las comunidades; la judicialización de los líderes y la protesta social; y el hacinamiento infrahumano de la población carcelaria. La segunda discusión, no menos difícil, es sobre la verificación. El gobierno ha manifestado en diversas oportunidades que le resulta muy complicado firmar, con letras grandes, un cese bilateral al fuego y a las hostilidades si no hay una concentración de las guerrillas y una verificación plena del pacto. Prefiere, de darse, lo que hizo al principio con las Farc: desescalar la confrontación, es decir, que cada una de las partes anuncie unilateralmente el cese de actividades y la opinión pública se convierta en juez del cumplimiento. En cambio, para el ELN es posible formalizar una delimitación de los territorios donde tienen presencia y suspender allí mutuamente las operaciones. ¿Será posible saltar por encima de los miedos y los obstáculos? ¿Será posible, en un mes que falta para la llegada del papa, concretar el acuerdo? Se necesitaría una inusual flexibilidad entre los negociadores de ambos lados en Quito. Sería obligatorio trabajar a marchas forzadas y darle un gran margen de maniobra a una comisión técnica compuesta por militares y mandos del ELN. Se requeriría una intervención directa de Santos y de Nicolás Rodríguez Bautista, jefe del ELN, para superar algún impase que se presente tal como lo hicieron, en momentos cruciales en La Habana, el presidente y Timochenko. Pero la ocasión lo amerita. Pongo un ejemplo concreto. Un apoyo explícito de Francisco a la paz con las Farc y al cese del fuego con el ELN en la congregación de más de un millón de personas que seguramente acudirán al acto en Medellín se convertirá en una bendición inapelable para el catolicismo de un departamento que en su mayoría se ha opuesto a los acuerdos de paz. La mesa de Quito tiene en sus manos la llave para ampliar significativamente el apoyo popular a la terminación definitiva de esta larga guerra. Sería un error imperdonable que desperdiciaran esta oportunidad. Así mismo, el impacto de un acuerdo de cese bilateral al fuego y a las hostilidades en las elecciones del año próximo será quizás decisivo. A la oposición de derechas encabezada por el expresidente Uribe se le hace agua la boca esperando eventos de violencia en medio de la contienda electoral. Cada acción armada potencia el discurso de este sector político y le da valiosos puntos en las encuestas. Un ambiente pacífico y tranquilo es letal para las aspiraciones del uribismo y beneficia a las fuerzas del centro del espectro político y de la izquierda. Ahora bien, algo debe estar cambiando en el ELN porque las cinco condiciones que publicaron al final del anterior ciclo de los diálogos no tienen este tinte maximalista y ese tono de exigencia inmodificable que han tenido sus pronunciamientos a lo largo de estas conversaciones. También se nota que la delegación del gobierno está comprendiendo que esta negociación es muy distinta a la de La Habana, que el ELN es de verdad muy diferente a las Farc y los tiempos son otros. Estas dos realidades pueden llevar a que las partes modifiquen sus expectativas y se transen por un cese al fuego y a las hostilidades hasta más allá de las elecciones, y con un discreto monitoreo internacional que simplemente le dé un salto a las negociaciones y mantenga la esperanza de un acuerdo de paz definitivo con el nuevo gobierno. Columna de opinión publicada en Revista Semana Le puede interesar: El ELN en el territorio colombiano Video: Proceso de Paz con el ELN ¿última oportunidad?

El fervor y el optimismo con el que Alejandro Ordóñez ha acometido su campaña presidencial me han hecho recordar al general Harold Bedoya Pizarro. Bedoya, separado por Ernesto Samper de la comandancia general de las Fuerzas Militares a mediados de 1997, salta a la arena política precedido de una gran popularidad. Había logrado el reconocimiento en la opinión atacando desde adentro, bien instalado en la institucionalidad, las iniciativas de paz y derechos humanos del jefe de Estado; criticando abiertamente al primer mandatario y aupando a los opositores que habían pedido insistentemente su renuncia a causa de la crisis política desatada por el Proceso 8.000. Pensó entonces que ese discurso y esa actitud le permitirían convertir la favorabilidad momentánea en una lluvia de votos en las elecciones de 1998. Ordóñez está en un libreto parecido. Convirtió la Procuraduría General de la Nación en una tribuna para desvirtuar las negociaciones de paz, golpear sin miramientos al presidente Santos y al gobierno y alentar permanentemente a las fuerzas de oposición. Anulada su elección por el Consejo de Estado, debido a tráfico de influencias en su designación, se ha apresurado a lanzar su candidatura a las elecciones de 2018 convencido de que puede capitalizar los odios y las desconfianzas que recaen sobre Santos, las Farc y los acuerdos. El entusiasmo inicial de Bedoya Pizarro tenía sus buenas razones. En el momento de su abrupto retiro de las Fuerzas Militares marcaba un 40 por ciento de intención de voto en las encuestas y la popularidad de su blanco de insultos y críticas, el presidente Samper, estaba por el suelo. Pero la dicha le duró poco. No pasaron muchos meses para que su candidatura se fuera desinflando hasta terminar en una lánguida votación de 192.173 sufragios. Luego se lanzó a la Alcaldía de Bogotá y le fue aún peor. También Ordóñez tiene la ilusión de arrastrar a la mayoría de los electores que votaron No a los acuerdos de paz en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, fungiendo como el más radical de la fronda opositora y el más firme defensor de las ideas de la derecha ultramontana. Pero para lograr este cometido necesita del aval de Álvaro Uribe –que es el gallo en el gallinero de los adversarios de la paz– y eso es poco probable. Uribe lo mira de reojo. Sabe que Ordóñez es un recién llegado a sus filas. Sabe que en el primer periodo al mando de la Procuraduría pasó de agache frente al gobierno de Santos y solo vino a sacar las uñas después de su reelección. Tiene más viva que nunca la traición de su candidato a la Presidencia en las elecciones de 2010 y le resultará muy difícil arriesgarse con otro advenedizo en su círculo. Ahora bien, los parecidos entre Bedoya Pizarro y Ordóñez no empiezan en la manera como llegaron a sus aspiraciones presidenciales. La verdad es que hicieron gestiones similares el uno en la cúspide de las Fuerzas Armadas y el otro en el encumbrado cargo de la Procuraduría General de la Nación. Bedoya fue quizás el comandante más ineficiente, el más vencido, de toda la historia de las Fuerzas Militares: bajo su mando el Ejército recibió 17 grandes derrotas consecutivas a manos de las Farc. A la vez fue en su tiempo cuando se gestó el gran fenómeno paramilitar que asoló al país a finales del siglo pasado. Escondía todos los fracasos en una retórica virulenta contra las guerrillas. Lo que perdía en los campos de batalla lo ganaba vociferando en los micrófonos. A Ordóñez no le fue mejor. Puso a una institución que tiene por mandato la misión de representar a la sociedad civil, al pueblo entero, a defender los intereses de una facción política, con lo cual enlodó de triste manera el Ministerio Público; se lanzó contra los derechos esenciales de minorías que son especialmente protegidas en las democracias modernas; impuso sanciones de destitución a personas de orillas ideológicas antagónicas que luego se cayeron en otros tribunales. La salida de la Procuraduria corona una carrera de clientelismo y corrupción. Ni la voz ni las actitudes de Alejandro Ordóñez han sido menos elementales y menos incendiarias que las del ya fallecido general Harold Bedoya Pizarro. Semana tras semana salía de su despacho una sarta de injurias contra las negociaciones de paz que se adelantaban en La Habana, y en medio de su obsesión opositora tuvo la osadía de reunirse en La Haya con funcionarios de la Corte Penal Internacional para solicitarles su intervención en el proceso de paz colombiano. No se puede descartar del todo que Uribe decida abrigar la candidatura de Alejandro Ordóñez, tienen discursos similares, odios comunes, obsesiones parecidas. Además el exprocurador ha buscado afanosamente hacer méritos para lograr ese favor y se ha puesto obediente, detrás de Uribe, en el plebiscito, en la convención del Centro Democrático y en todas las cruzadas que emprende el jefe indiscutible de la derecha. Pero si este milagro no ocurre, el destino que le espera a Ordóñez no será muy distinto al de Harold Bedoya Pizarro Columna de opinión publicada en Revista Semana

Ahora que el expresidente Álvaro Uribe pintó, en un foro en Atenas, un cuadro irreal y angustioso de lo que ocurre en Colombia para desestimular la inversión extranjera en el país y para deslegitimar al gobierno y a las instituciones, pensé en el significado de la palabra patria y me acordé de una situación de Uribe cuando estaba en Oxford, y por ahí derecho hice memoria de otros episodios de mi estadía en Holanda a finales de los años noventa. El gobierno de Holanda había tenido le generosidad de recibirme en su país para escapar a las amenazas de muerte que me asediaron a mediados de 1998. Estuve allí cerca de año y medio. En ese tiempo Uribe fue invitado por la Universidad de Oxford para un curso de perspectivas políticas. En Ámsterdam me enteré de un hecho alarmante. Werner Mauss, un espía alemán, había decidido contratar a un grupo de abogados en Londres para llevar a la cárcel a Uribe. No supe el tipo de acusación que le harían. Supe, eso sí, que se trataba de una retaliación por la intervención de Uribe –cuando oficiaba como gobernador de Antioquia– en la captura y reclusión en la cárcel de Itagüí, por largo tiempo, de Mauss, en el momento en que se aprestaba a abandonar el país luego de haber mediado en la liberación de Brigitte Schoene, secuestrada por el ELN. De inmediato busqué al hoy expresidente para avisarle de la situación, y entiendo que esa fue una de las motivaciones para regresar al país un poco antes de terminar el curso que lo había llevado a Europa. No fue el único episodio en que Colombia, la patria, estuvo en mi corazón por encima de diferencias políticas o sociales. Eran años duros, los años más duros de las tierras y los hombres que vieron primero mis ojos, de las palabras que fueron primero en mi voz, de las alegrías que fueron primero en mi alma. En Europa se multiplicaron los eventos para contar lo que ocurría aquí. La estela de muerte que recorría los campos en medio del atroz enfrentamiento entre el Ejército, las guerrillas y los paramilitares, el desplazamiento forzado, el asesinato o el asilo de líderes políticos y sociales. El horror que sacudió al país entre 1995 y 2005, ese lapso innombrable de tiempo donde se produjo el 70 por ciento de las víctimas de todo el conflicto. Acudía a esas reuniones con un pudor extraño, con un recato quizás inapropiado; no era capaz de la condena inapelable, de la acusación temeraria, me aferraba a la ilusión de que en algún momento seríamos la comunidad que significa patria, un lugar donde los mitos y las lenguas y los sueños comunes prevalecen sobre las diferencias; me decía una y otra vez que algún día encontraríamos la senda de la paz y la reconciliación. En la lejanía, en la angustia del exilio, me abrazaba al hermoso dictado de Rainer Maria Rilke, “La verdadera patria del hombre es la infancia”, y al decir de Octavio Paz, “La palabra es la única patria del escritor”. Había leído esas cosas cuando deambulaba por la ciudad de mi juventud, por la Medellín de los años ochenta. Quería cuidar ese tiempo, ese lugar y esas palabras que habían fundado mi espíritu. Quería regresar algún día al hogar, al gran hogar, con sus graves disputas y sus alegres acuerdos. Después Uribe se hizo a la Presidencia del país y desde allí hablaba con una obsesiva insistencia de la “patria”, y debo decir que al principio esa invocación era muy grata, hasta cuando sentí que hablábamos de cosas distintas. En sus labios esa palabra era una cisura, una facción, un llamado vehemente al litigio, un pendón desafiante. Lo que ha hecho ahora en Atenas, lo que ha dicho en esa distancia inmensurable, es de sus convicciones, de sus aprensiones profundas. Valen muy poco las admoniciones, los llamados a la cordura. Valen nada aquellas palabras de Néstor Osorio, embajador de Colombia en Londres, señalando que no es la manera de hacer oposición, que una cosa es la crítica a un gobierno y otra el desprestigio del país, que una persona que ha ocupado en dos periodos la Presidencia de la República tiene mayores responsabilidades que el resto de los nacionales. Eso está muy lejos de frenar a Uribe. Lo seguirá haciendo porque está en su memoria, porque su patria es una ideología y unos propósitos políticos y ahí no caben sensibilidades poéticas, no caben fraternidades con los compatriotas de ideas antagónicas o solo diferentes. No caben valoraciones equilibradas o solo veraces. Es probable que con el paso del tiempo la pendencia se torne más intensa. Si la paz sigue su marcha y los acuerdos de verdad y justicia dan sus frutos, la ira de los impugnadores podría incluso aumentar. En esa circunstancia la campaña en el exterior sería aún más agresiva. No vale la pena hacerse ilusiones. Pasará mucho tiempo para que la palabra patria tenga un valor común. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Sé bien que los lectores, los generosos, que buscan en mis escritos alguna explicación a los acontecimientos del país o del mundo, y también los de mala leche, los que ojean mis columnas buscando un pretexto para hilar diatribas que me socaven o me hieran, esperan siempre un relato político. Pero en estos días, en medio de la celebración del aniversario de Cien años de soledad, no he podido escapar al recuerdo de las conversaciones que tuve con mi padre mientras leíamos juntos la novela que cambió de un tajo la manera de narrar de los colombianos. Quiero hablar de esa intimidad. Hacía muchos años había tenido la alucinante experiencia de oír a mi padre, durante varios meses, leer en voz alta, en la sala de mi casa, las aventuras de Don Quijote de la Mancha. Era un niño al que un grupo de amigos le daban licencia, para que se sentara en un rincón a escuchar la lectura que mi viejo hacía para ellos de las obras clásicas de la literatura en un pueblito perdido de Antioquia. Fue, quizás, en noviembre de 1973, tenía ya 18 años, cuando cayó en mis manos un ejemplar de la asombrosa historia de los Buendía. Leí esa entrada triunfal a la narración, esa página y media que termina en el primer punto y aparte, en la que dice “José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aun más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil” –el imán que había llevado Melquiades a Macondo- “para desentrañar el oro de la tierra”. Y fui con el libro a donde mi padre para decirle que ahí estaba redondo y puro un personaje, que seguramente nos llevaría a la memoria indeleble que compartíamos de Don Quijote. Ahora era yo quien le leía al viejo, en su lecho de enfermo, una historia y unas palabras que le eran familiares porque había vivido 15 años en las orillas del río Magdalena, en territorio sin duda macondiano. No hubo felicidad más grande. Por días y días leímos y comentamos uno por uno los episodios de una historia familiar en un lugar imaginario del que después se dijo que contenía el universo entero o que allí se cifraba toda la historia de la América Latina. Mi padre, que era tan agudo descubriendo las semejanzas y las diferencias entre las cosas, me fue llevando de la mano en la comparación entre dos obras tan distantes en la geografía y en el tiempo. No fue sino que supiera un poco más de lo que ocurría en esa “aldea de veinte casas de barro y cañabrava” para que me dijera “Sí, Melquiades y sus gitanos despiertan en José Arcadio lo que los libros de caballería despertaron en nuestro venerado Quijote, una búsqueda incansable, un afán de justicia, ese delirio en el que estamos seguros de poder descifrar los misterios del hombre y la naturaleza”. Desde ese momento, desde esas palabras, siempre han estado juntos en mi memoria los personajes y las historias que tejieron en sus obras emblemáticas Cervantes y García Márquez. En sus glorias y en sus abismos.Cuando forjaron castillos y cuando cavaron sus tumbas. José Arcadio Buendía en su enajenación completa, atado a un árbol en el solar de la casa, en una larga agonía tiene la misma tristeza de la última despedida del hidalgo de la Mancha. Las derrotas del coronel Aureliano Buendía en las guerras con los conservadores, su regreso a Macondo en esa soledad atroz, siempre tuvo para mí un aire a los duelos que uno tras otro perdía el sinigual caballero en los campos de Castilla. Desde luego hay una distancia enorme entre ese mundo de caballerías y el trópico indomable, me lo advirtió mi padre en una de sus anotaciones al margen de nuestra lectura. La fantasía amorosa de Dulcinea se parece muy poco a la pasión desenfrenada que desata Pilar Ternera en el primero de los Buendía. Son tan distintas los aromas del amor. Decía don Quijote de su pretendida: “Yo sé bien a qué huele aquella rosa entre espinas, aquel lirio del campo, aquel ámbar desleído”. En cambio, “José Arcadio la siguió buscando toda la noche en el olor de humo que ella tenía en las axilas y que se le quedó metido debajo del pellejo”. También me dijo alguna vez mi viejo -quizás advertido de que me estaba metiendo poco a poco en las arenas movedizas y drásticas de la confrontación armada en nuestro país: “No vayas a creer nunca que en las aventuras armadas nuestras subyace el honor de los duelos medievales que nos cuenta Cervantes.Mira en lo que termina el coronel Aureliano Buendía, después de haber promovido 32 guerras plagadas de horrores y traiciones y al borde de fusilar a su amigo entrañable el coronel Gerineldo Márquez; se detiene, lo desata del cepo al que estaba amarrado y le dice ‘ponte los zapatos y ayúdame a terminar por fin esta guerra de mierda’”. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Una tormenta sacudió el proceso de paz en las tres últimas semanas. El rayo que desató la tempestad fue la sentencia de la Corte Constitucional que abría las puertas para que los congresistas, sin el aval del gobierno, pudieran presentar modificaciones a los proyectos de ley que le han estado dando vida jurídica a los acuerdos de paz de La Habana. No fue el único fogonazo en el cielo. También era evidente que tanto el gobierno como las Farc no estaban cumpliendo con los compromisos solemnes que habían adquirido el 24 de noviembre en el Teatro Colón, y en medio de esa situación la oposición uribista arreciaba sus ataques a los acuerdos de paz y en la opinión pública se respiraba un ambiente de pesimismo. Las Farc debían entregar todas sus armas el 31 de mayo y abandonar las zonas veredales transitorias de normalización para iniciar su reincoporación a la vida civil. Era el famoso y esperado Día D+180. Era el minucioso plan acordado en La Habana en los días finales de la negociación. Pero cuando faltaban 20 días para la fecha límite solo 1.000 de los 7.000 guerrillleros habían entregado sus armas y solo una de las 942 caletas de armas declaradas ante Naciones Unidas había sido abierta. Pero al lado de ese plan había otro: el Estado debía -en fechas concomitantes con el desarme de las Farc garantizar la amnistía para la inmensa mayoría de los guerrilleros, levantar las órdenes de captura para los postulados a la justicia especial para la paz, liberar a los innumerables presos de esta organización y rodear de seguridad a los guerrilleros en tránsito a la vida civil y a los líderes sociales comprometidos con la paz. Estaba obligado a tener listo el plan de reincorporación y el paquete de leyes y decretos que regularán el posconflicto. Más lejos, mucho más lejos, estaba el gobierno que las Farc en el cumplimiento de estas metas. Ni las incertidumbres jurídicas habían sido despejadas, ni la seguridad física parecía garantizada; entre tanto, 40 líderes sociales habían sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz y también algunos familiares de guerrilleros. De 25 proyectos de ley que deben tramitarse en el fast track solo se han presentado 12, de los cuales 5 han logrado aprobación y 7 están en trámite. Más angustioso aún es el hecho de que ningún guerrillero tiene claro su destino después de abandonar las zonas veredales de transición. Las Farc tenían la disyuntiva más preocupante. Si paralizaban indefinidamente la entrega de armas e insistían en quedarse en las zonas veredales de normalización hasta que los compromisos del gobierno se cumplieran a cabalidad, le daban al uribismo un “bocado de cardenal” y aplazaban o quizás anulaban su participación en la campaña electoral de 2018. Pero si aceleraban su desarme y desmovilización, se metían en un túnel de incertidumbres sobre el cumplimiento de los acuerdos y en una ola de presiones de sus propios combatientes. Escogieron el segundo camino. Optaron por una fuga hacia adelante. Se comprometieron a culminar la entrega de armas el 20 de junio, a salir de las zonas el 1 de agosto y a dar por entregadas todas las caletas el 1 de septiembre. También disolverán todas las estructuras milicianas y de apoyo y entregarán la lista de sus integrantes para su legalización plena en el proceso de paz. Esperan, claro está, que el gobierno pueda mover, coordinar y disciplinar a toda la institucionalidad para dar un gran salto en la “implementación” de los acuerdos. Que pueda ganar la voluntad de los congresistas de la coalición de gobierno para respetar sin ambages el espíritu y la letra de los acuerdos de La Habana. Que pueda cumplir con las amnistías, la reintegración digna, la seguridad física, las reformas a la política y al agro, las garantías para la participación política, todo antes de que termine el año, todo antes de que empiece en firme la campaña política. Columna de opinión publicada en Revista Semana