Las dos encuestas presidenciales que salieron esta semana –la de Invamer y la de Cifras y Conceptos– esconden más de lo que dicen. Sin la definición de Álvaro Uribe y de las Farc no hay nada claro. El apoyo de Uribe a un candidato y la postulación de un nombre por parte de la guerrilla una vez se desarme completamente le darán un vuelco a los sondeos. Por eso a un año de la contienda electoral las cosas están menos definidas y más confusas que de costumbre. Aun así los datos de estas consultas a la ciudadanía revelan algunas tendencias. No se necesita un gran esfuerzo intelectual para establecer la importancia que tiene la definición del expresidente Uribe en esta campaña presidencial. Llevó a Santos en 2010 al Palacio de Nariño y estuvo a punto de llevar a Zuluaga en 2014. Dos políticos sin mayor liderazgo y arrastre en la opinión. Luego, contra todos los pronósticos, impuso el No en el plebiscito de 2016. Lo que más desconcierta es que, en medio de 28 grandes escándalos de corrupción o de trato con ilegales originados en su gobierno, todavía una franja importante de las personas consultadas dicen que votarán por el candidato que señale Uribe y, además, el Centro Democrático, partido que dirige en forma autocrática, registra el mayor número de adeptos en estas encuestas. Uribe hará saltar su candidato a los primeros lugares en la lista de aspirantes y, a la vez, sacará del juego a competidores que dependen de su apoyo para seguir en la contienda. De ese lote hacen parte varios líderes del Partido Conservador. Esto es, desde luego, una situación atípica. El que un candidato dependa más del guiño de un jefe político que de sus propias cualidades o de la manifestación democrática de un agrupamiento partidario no es lo normal. Pero así ha sido la política colombiana en los últimos años. El impacto que tendrá la postulación de las Farc o la adhesión de esta fuerza -convertida en partido político- a un candidato no será menor. Ese día se crispará el ambiente electoral. Las fuerzas de la derecha van a aprovechar el momento para radicalizar la disputa por el Congreso y por la Presidencia. Van a echar mano de todos los fantasmas que agitaron a lo largo de las negociaciones de paz. Ahora bien, el éxito o el fracaso de esta fuerza política dependerá de la prontitud de su desarme y de las decisiones que tome en su congreso del mes de agosto. Si insisten en darle un carácter marxista-leninista a su movimiento -tal como lo afirman en las tesis que pusieron a circular en el mes de abril- están fritos. Esos grupos han sido completamente marginales en Colombia. Tienen chance de crecer, conquistar una respetable bancada parlamentaria y jugar duro en la campaña presidencial si toman la bandera de la reconciliación en sus manos, crean un movimiento pluralista, hacen del acuerdo de paz su programa de gobierno y apoyan un candidato presidencial al centro del espectro político. Con definiciones de este tipo podrían morder una tajada de los electores que votaron Sí en el plebiscito del 2 de octubre y generar cambios importantes en el mapa de la izquierda. La polarización no se desvanece. Al contrario, se mantiene en todo su furor. Las dos encuestas ponen en primer lugar a Germán Vargas Lleras y en segundo lugar a Gustavo Petro. Pues bien, esos dos candidatos, en ausencia de una definición de Uribe y de las Farc, representan a los dos polos de la contienda. No obstante, Claudia López y Sergio Fajardo, que quieren poner en primer lugar la discusión de temas distintos a la paz y romper la polaridad entre izquierda y derecha, tienen un puesto importante en la mitad de la tabla. Sorprende el crecimiento de Claudia López. Pero sorprende más que la baraja de candidatos independientes o de izquierda -en un país que hasta hace muy poco giraba en torno a unos partidos y a unos liderazgos tradicionales- tengan una suma tan alta en la Gran Encuesta que realiza Invamer y auspician SEMANA, Caracol TV y Blue Radio. Petro, Fajardo, Clara López, Claudia López, Jorge Enrique Robledo y Piedad Córdoba recogen el apoyo del 45,4 por ciento de los encuestados. Y una última anotación. En el análisis de las encuestas que realizaron los directores de estos tres medios de comunicación – Alejandro Santos, Juan Roberto Vargas y Néstor Morales– resaltaron que los encuestados consideran que los tres grandes problemas del país son el desempleo, la salud y la corrupción, muy lejos de las otras preocupaciones. La paz está en un noveno lugar y apenas un 2,4 por ciento de los consultados la considera el tema principal. Se preguntaron si esto significa que la campaña presidencial girará en torno a los tres grandes problemas y los electores escogerán entre quienes mejores propuestas agiten en estos aspectos. No creo que esto ocurra. La campaña tendrá un muy alto ingrediente emocional y los temas derivados de los acuerdos de paz son los que más polarización producen. Resultará muy difícil salir de esos debates. Columna de opinión publicada en Revista Semana

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, siempre tan ponderado, siempre tan ecuánime, ha respondido de mala manera a los llamados de atención que estamos haciendo desde la Fundación Paz y Reconciliación sobre la expansión de grupos armados ilegales o de estructuras del ELN a varias zonas dejadas por las Farc, o sobre los enormes riesgos de la anarquía criminal en estos territorios. En una entrevista al diario El Tiempo, con la intención de desvirtuar nuestras valoraciones, ha dicho que estas investigaciones no se hacen sobre el terreno y ha señalado también que nuestra intención es ofender a la fuerza pública y desconocer sus grandes esfuerzos y sacrificios para aclimatar la paz del país. Sus palabras fueron: “A mí me parece que hay una actitud despectiva, soberbia, olímpica, de gentes que se sientan en un escritorio en Bogotá a pensar sobre sitios que ni siquiera en la imaginación saben cómo son y no les importa la gente que vive y que está disfrutando de una tranquilidad que no conoció en tres generaciones”. También dijo que “Combatir al Clan del Golfo, a los Pelusos, al ELN tiene riesgos y decir que esos riesgos no se están corriendo, cuando los soldados sí se están exponiendo, es una ofensa”. No, señor ministro, durante tres años nos dedicamos a recorrer los territorios del conflicto con un grupo que llegó a tener 50 investigadores, 37 de ellos en terreno, para hacer un diagnóstico riguroso y preciso sobre los retos para construir la paz que tendrían el Estado y la sociedad en los 281 municipios donde habían tenido presencia las Farc y el ELN a lo largo de 30 años. En ese esfuerzo hicimos una clasificación de esos municipios de acuerdo con la vulnerabilidad en justicia, en seguridad, en mercados ilegales, en pobreza, en vías de acceso y presencia institucional. Al mismo tiempo señalamos los desafíos que deberíamos enfrentar para construir Estado, mercados legales y ciudadanía. Los resultados están en tres libros que se pueden conseguir fácilmente en las librerías del país. Hay allí propuestas concretas tanto para victorias tempranas en la construcción de la paz como para cambios de mediano y largo plazo en la búsqueda de la reconciliación de los colombianos. Digo apenas algunas. Es preciso llegar con un dispositivo policial y de justicia a 300 sitios del país y adelantar una reforma de la fuerza pública y de la justicia local para reemplazar la manera arbitraria, pero eficaz como las guerrillas tramitaban los conflictos. Es urgente el cambio en la legislación y en la institucionalidad minero-energética para superar las minerías ilegales y el desastre ambiental y social que se está generando. Es necesario encontrar alternativas de empleo legal para los cientos de miles de jóvenes empleados en los mercados criminales. Después de firmado el acuerdo de paz del Teatro Colón orientamos nuestro trabajo a monitorear el cumplimiento de lo pactado y a producir informes periódicos de la marcha del posconflicto. De ahí es de donde salen nuestras preocupaciones por la expansión de grupos armados a varias zonas dejadas por las Farc y la toma y control de los negocios que esta organización dominaba, especialmente en la costa Pacífica nariñense, en el Chocó, en el Bajo Cauca antioqueño, en el Catatumbo y en Arauca. Usted, señor ministro, no ha querido ver esta expansión en todo su dramatismo; ni el impacto que pueden tener las disidencias de las Farc; ni el hecho lamentable de la complicidad que en algunas zonas tienen sectores de la fuerza pública con el Clan del Golfo y otros grupos criminales, lo cual facilita su expansión y su acción criminal contra la misma Policía mediante el plan pistola que ya cobra la vida de 17 uniformados; ni la ligazón que tienen con la paz los 37 líderes sociales asesinados después del acuerdo del Colón. Nosotros, a la vez que damos cuenta de estas realidades dolorosas, resaltamos en los reportes los logros, los enormes logros, que ha tenido la paz hasta el momento. Hago una sola comparación para mostrar lo fabuloso que ha sido iniciar las negociaciones y suscribir el acuerdo: en el año 2012, cuando empezaron las conversaciones en Cuba, se presentaron 4.114 homicidios en los 281 municipios del conflicto y en 2016 solo ocurrieron 3.157. El proceso de paz salvó cerca de 1.000 vidas entre un año y otro. Y otro hecho que no ha sido usual en anteriores procesos de paz en Colombia y tampoco lo es en la actualidad en otros países; un hecho que el país no ha aplaudido lo suficiente: el cese al fuego bilateral y definitivo de las hostilidades se ha cumplido a cabalidad tanto por parte de las Fuerzas Armadas como por parte de las Farc, solo se han presentado tres incidentes menores. Nota. Muy grave la decisión de la Corte Constitucional de abrir la posibilidad de que el Congreso le meta la mano a puntos esenciales de los acuerdos de paz suscritos con las Farc. Uno de los rasgos nacionales más deplorables es la trampa. Con una triste frecuencia se incumplen los acuerdos públicos y privados. Ahora se invoca la soberanía del Congreso para incumplir un acuerdo para el cual el presidente Santos estaba facultado por varios artículos de la Constitución Nacional, empezando por el artículo 22. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Al mismo tiempo que estaban realizando las elecciones en Francia, donde competía Marine Le Pen en cabeza de una ruidosa fuerza de derecha, ocurría en Colombia la convención del partido que mejor representa a esa corriente política en nuestro país. No pude evitar las comparaciones. Los discursos de la convención uribista se parecían mucho a las exhortaciones que hizo Le Pen a lo largo de la campaña por la Presidencia de Francia. Le Pen difundió una y otra vez la idea de una Francia postrada,de un país en el abismo, de una Europa asediada. Apeló al miedo.Insistió en el odio a los migrantes y en el cierre de fronteras. La xenofobia fue el ingrediente más denso, el más visible, de su discurso. En algún momento habló de retirar a Francia de la Unión Europea. Aislar, segregar, señalar, a las miles de personas que buscan un cobijo en el país que proclamó la libertad, la igualdad y la fraternidad y que ha sido puntal en la integración del Viejo Continente. Los graves ataques del terrorismo en Francia, en el mismo París, le servían de telón de fondo para las duras apuestas en seguridad;las víctimas, ese dolor inmenso en el corazón de Europa causado por el islamismo radical, le servían de condimento para increpar a sus rivales, para decirles que era necesario un cambio de las reglas de juego, para llamar a los votantes a romper la continuidad. Y acá, en el lugar de convenciones de la Iglesia Carismática, el sábado, un día antes de las elecciones francesas,los líderes del Centro Democrático se trenzaron en una dura competencia para ver quién hacía el díscurso más duro, quién pintaba un cuadro más deprimente del país, quién elogiaba más a Uribe y le ofrecía mayor lealtad, quién atacaba más el proceso de paz, quién era más persuasivo al señalar la posibilidad de que Colombia terminara pareciéndose a Venezuela. La competencia fue muy pareja, incluso quienes en algún momento han ofrecido cierta moderación, cierta ponderación, escogieron las palabras más cortantes, las más delirantes, de su repertorio. Carlos Holmes Trujillo señaló entonces que “Santos actuó como un secuestrado de la tiranía de Chávez y Maduro por su apoyo a las negociaciones de Cuba. Aceptó la justicia que querían las Farc. Castró la democracia colombiana”. Iván Duque, espoleado por copartidarios que lo acusan de santista camuflado, dijo que en 2002, antes de llegar Uribe al poder, estábamos en la misma situación de ahora, sin norte, sin horizonte, y, por ello, el reto consistía en devolverle la esperanza al país. Remató diciendo: “Queremos que el presidente de la República sea genuinamente uribista”. El punto más alto del delirio llegó con la intervención de Fernando Londoño, quien levantando un fajo de papeles indicó que “el primer desafío del Centro Democrático será el de volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las Farc”. Y agregó: “Ese papel en su conjunto, esas 312 páginas, es basura fruto de un robo, el robo que le hicieron al plebiscito, a la voluntad popular”. Así, con algunas variaciones, fue el tono de Paloma Valencia, Alejandro Ordóñez y demás oradores. Un poco extraño todo esto. Porque en la misma semana había estado en Colombia el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el organismo que reúne a los embajadores de las potencias del mundo, para elogiar el proceso de paz, para decir que Colombia iba por muy buen camino en el fortalecimiento de la democriacia y la conquista de la reconciliación, para hacer notar la diferencia con la situación venezolana. Pero así de extraña, así de delirante, será la campaña electoral. La comunidad internacional y una parte de las fuerzas políticas, las que promovieron el ‘Sí’ en el plebiscito, insistiendo en que con el proceso de paz se abre una nueva época en Colombia, se cierra un ciclo doloroso de violencias y empieza la reconstrucción del país. Entre tanto, una coalición de fuerzas políticas en la que estará el Centro Democrático, la mayoría del conservatismo y sectores de las iglesias cristianas y católicas, las que impulsaron el ‘No’ en el plebiscito, insistirán en la situación catastrófica del país, en el fantasma del castrochavismo rondando las instituciones y en deshacer el acuerdo de paz. En Francia, a pesar de que el Frente Nacional encabezado por Le Pen creció y obtuvo una gran votación en primera vuelta, no pudo llegar al poder, porque Macron, su rival, logró aglutinar las demás fuerzas políticas para impedir que la derecha se saliera con la suya y produjera una ruptura de hondas proporciones en el escenario europeo. Ese puede ser también el signo de las elecciones colombianas. Que el temor a este uribismo delirante se imponga y se genere un gran acuerdo entre la centro-derecha y la centroizquierda para ganar las elecciones y avanzar en la construcción de la paz. Pero puede ocurrir también que en medio de la dispersión de las fuerzas de la paz se crezca el populismo de derecha y entonces el resultado de las elecciones colombianas será más parecido al de Estados Unidos que al de Francia. Columna de opinión publicada en Revista Semana

En los últimos tres meses he ido dos veces al Chocó. La primera vez entré por el Bajo Calima y tomé una lancha para navegar por el río San Juan, recorrer varios caseríos del sur del departamento y oír, durante un largo día, en un lugar de la selva, a la dirección del frente de guerra Occidental del ELN; en la segunda oportunidad fui a Quibdó y a Istmina, para oír a organizaciones sociales, a comunidades indígenas y negras, a sacerdotes y pastores de las Iglesias, a funcionarios del gobierno departamental y a varios alcaldes. Vine con una sombra de horror en mi corazón. Vi y oí cosas que había visto y oído a mediados de los años noventa en la costa Atlántica. Esa escalada de terror, ese holocausto que se produjo cuando los paramilitares en asocio con políticos, sectores de la fuerza pública y empresarios se lanzaron sobre los territorios que estaban, o decían que estaban, ocupados por las guerrillas. Vine del Chocó con la amarga sensación de que se había desatado la misma tragedia silenciosa del Caribe hace 20 años: las masacres, los desplazamientos, los despojos, los secuestros, la destrucción del tejido social y un daño profundo al medioambiente. A pesar de lo que había oído, a pesar de lo que había visto con mis propios ojos, me negaba a creer que esto fuera cierto; no podía aceptar que el país repitiera un ciclo tan doloroso, que el Pacífico fuera el espejo angustioso de lo que pasó en el Atlántico. Me dediqué por unos días a hurgar en la prensa y a indagar con amigos que también habían visitado la región, para comprobar que también otros ojos veían lo mismo, también otras manos palpaban lo mismo. Encontré una crónica en la que la periodista Salud Hernández-Mora describe la estela de dolor que está dejando, en los caseríos, el enfrentamiento entre ELN y las autodefensas gaitanistas; supe de nuevos secuestros del ELN; leí un informe de la Defensoría del Pueblo, donde abundan los datos sobre los asesinatos y los desplazamiento forzados de las poblaciones; repasé una entrevista a monseñor Juan C. Barreto, obispo de Quibdó, en la que señala la “falta de compromiso de la fuerza pública en la persecución a las bandas criminales”. Conocí la sentencia en la que la Corte Constitucional le da un plazo de seis meses al gobierno nacional para erradicar la minería ilegal en el Chocó y un año para descontaminar el río Atrato. Esto no empezó ayer, esto no es nuevo, solo que ahora es más intenso, más generalizado, más evidente, ahora está en su punto más alto, ahora tiene todo el color de una catástrofe humanitaria y ambiental. La alarma se desató con varias noticias: el río Atrato, el emblemático río Atrato, ha dejado de ser lugar para la pesca, la contaminación de mercurio ha dejado sin comida a los ribereños; en 26 de 30 municipios hay una explotación ilegal e indebida de oro y platino, también de maderas; los cultivos de coca se han multiplicado; los grupos paramilitares y el ELN se han lanzado sobre los territorios dejados por las Farc; y las rutas del Pacífico para el tráfico de toda clase de productos ilegales son ahora más atractivas y más libres. Y los datos sociales no son menos alarmantes. El índice de pobreza extrema es de 39,1 por ciento y el de pobreza de 65,9 por ciento, cuando los índices nacionales son de 8,1 por ciento y 28,5 por ciento. El de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en el Chocó es de 79,2 por ciento, mientras que en el país es de 27,7 por ciento. La esperanza de vida en Chocó es de 70,64 años, mientras que el promedio nacional es de 76,15. El 79 por ciento de los habitantes de Chocó presentan al menos una necesidad básica insatisfecha, mientras que a nivel nacional este indicador es del 27,6 por ciento. El indicador de calidad de vida es el más bajo del país: 58 puntos frente a un promedio nacional de 79. Hay un telón de fondo de esta situación. Todo lo que se hace en el Chocó es ilegal, el 85 por ciento de su territorio es área protegida de explotaciones mineras y madereras, pero en 26 de los 30 municipios se están adelantando estas actividades de la peor manera y de la mano de organizaciones criminales. La producción de licores fungía como la única empresa legal importante y ahora esa labor se realiza en el departamento de Caldas. Y el cobijo de todas las actividades fraudulentas es la clase política que está inmersa en una corrupción comparable a la de La Guajira. En las conversaciones adelantadas escuché un clamor: el gobierno nacional tiene que poner sus ojos en el Chocó. Tiene que parar la escalada de violencia. Tiene que frenar la corrupción. Tiene que contribuir a la conformación de una gran mesa humanitaria, social y de paz, donde se pueda tramitar de manera concertada una salida para la crisis del departamento. La situación no da espera. El acuerdo de paz con las Farc y las negociaciones que se adelantan en Quito con el ELN pueden servir de pretexto para estas decisiones. La sentencia de la Corte Constitucional tiene que convertirse en un acicate para que el Estado reaccione y tome medidas urgentes. De lo contrario el caos que se avecina es innombrable. Columna de opinión publicada en Revista Semana

De atrevido les voy a dar dos consejos no pedidos al Comité de Escogencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición compuesto por José Francisco Acuña, Diego García Sayán, Claudia Vaca, Álvaro Gil Robles y Juan Méndez; y también voy a hacer una recomendación para los futuros magistrados y miembros de las dos instancias: la judicial y la de la verdad. Señores del comité de escogencia tienen ustedes a la vez un gran honor y una gran responsabilidad con el país. El acuerdo de paz del Teatro Colón entre el gobierno nacional y las Farc, el Acto Legislativo 01 de 2017 y los decretos 587 y 588 del 5 de abril de 2017 crean un ambicioso y equilibrado sistema de verdad y justicia para cerrar el conflicto armado y abrir las puertas de la reconciliación nacional. (Ver los decretos). Pero el espíritu y el contenido de estos acuerdos y disposiciones no valen nada, no sirven para nada, si las personas escogidas para aplicarlas no tienen el compromiso ético, la independencia, el carácter y la valentía para hacerlas realidad. La tarea de escoger a los magistrados de los tribunales y organismos de la Juridiscción Especial para la Paz y a los miembros de la Comisión de la Verdad es igual o más importante que el arduo trabajo que realizaron la guerrilla y el gobierno en La Habana para alcanzar el pacto de paz. Mi primera recomendación es que no piensen en Uribe ni en Santos ni en las Farc a la hora de escoger a este grupo de personas. Piensen en las víctimas. Piensen en el país. Piensen en el futuro. Parece una perogrullada, pero no lo es. En los puntos de diferencia, en los puntos de aguda controversia, los tomadores de decisiones en los últimos años siempre piensan en qué dirá Uribe. Libérense de este fantasma. En Colombia en muchos campos gobierna el miedo a Uribe, es una verdadera desgracia. El uribismo no aprobará ni los Tribunales de Justicia Especial para la Paz ni la Comisión de la Verdad sean cuales fueren sus miembros. Es así. Ustedes mismos, señores miembros del comité de escogencia, han sido calificados de aliados del terrorismo por esta fuerza política y por todos sus voceros en los medios de comunicación. Pero tampoco piensen en la aprobación de los firmantes de la paz, ellos depositaron la confianza en ustedes, ahora deben respetar sus decisiones. La primera cualidad de los escogidos debe ser la independencia. Segunda advertencia. Tengan la seguridad de que en Colombia sí es posible escoger una nómina de lujo para encarar la tarea de la verdad y la justicia. Sí hay personas fuera de lo común, sí hay personas con una gran estatura moral, sí hay personas que escapan a la polarización política. Aquí la gloria es efímera, los héroes no existen, siempre hay una multitud para injuriar a las personas que se destacan por sus convicciones, por su carácter, por sus enormes realizaciones, para destruir la honra de colombianos sin tacha. No dejen que esta actitud los agobie. Es necesario aprovechar los meses que les han dado para buscar a estas personas en la academia, en las cortes, en las labores sociales, en los círculos empresariales y en las regiones. Futuros magistrados de la justicia especial, futuros miembros de la Comisión de la Verdad, sigan la huella imperceptible de las víctimas anónimas ahí encontrarán la verdad esencial, la verdad que mejor explica el conflicto. La tentación será poner el ojo en los magnicidios, en las víctimas visibles, en los apellidos sonoros. Sé que eso no se puede obviar. Es parte de su tarea. La mayoría, si no la totalidad de esas víctimas notables, ocurrió en los años ochenta y principios de los años noventa del siglo pasado. Pero entre 1995 y 2005 sucedió el verdadero holocausto. Si miran el Registro Único de Víctimas verán que en ese lapso de tiempo se produjo el 70 por ciento de las víctimas de toda la guerra. Son campesinos, negros, indígenas, mujeres inermes, gente de la periferia del país y de los suburbios de las ciudades, gente sin rostro, gente que no pudo hacer oír su voz cuando era agredida. Columna de opinión publicada en Revista Semana

El triunfo del No a las actividades mineras en la consulta popular de Cajamarca, Tolima, el pasado 26 de marzo, ha metido al gobierno nacional en una encrucijada mayor. Si anula el título minero que le otorgó a la empresa AngloGold Ashanti, atendiendo a esta expresión democrática de la población, quiere decir que empieza a ceder la propiedad que tiene la Nación sobre los recursos del subsuelo, que se arriesga a una demanda internacional de la compañía y que se priva de recursos valiosos para el presupuesto nacional. Pero si desconoce la consulta ciudadana, como lo ha planteado el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, en sus primeras reacciones ante la prensa, si hace como si nada hubiese ocurrido, agudiza y prolonga este conflicto social con el enorme riesgo de que derive en acciones de hecho. Es una muy mala estrategia del gobierno decir que es una simple acción política sin ninguna implicación legal, que todo seguirá como antes. Ahora bien, el voto negativo en las consultas no ha sido la única ni la principal, manifestación del conflicto que se ha ido tejiendo entre las comunidades y las empresas, entre lo local y lo nacional, entre las actividades mineras legales y las ilegales. En un libro que saldrá al mercado a finales del mes de abril damos cuenta de un minucioso estudio de 179 conflictos sociales originados en las industrias extractivas entre el año 2000 y el año 2016 y allí se pueden ver los paros, los bloqueos, la destrucción de bienes, los choques con autoridades, los desplazamientos forzados, los innumerables homicidios presentes en las explotaciones de petróleo, carbón, oro y otros materiales. En la base de estos conflictos están la violencia y la ilegalidad presentes en la extracción de los hidrocarburos y minerales, especialmente en la minería del oro donde la explotación ilegal alcanza el 70 por ciento según datos oficiales; las limitaciones y deficiencias de la legislación y la institucionalidad que controlan y regulan las actividades minero-energéticas, o, dicho de otra manera, los graves problemas en la gobernanza del sector que no permiten una vigilancia y control de los impactos ambientales y sociales de estas industrias; la corrupción y la inequidad en la distribución y en la utilización de las regalías provenientes de la explotación de estos recursos naturales no renovables pertenecientes por derecho a la Nación; y la urgencia de un reajuste al ordenamiento territorial. El gobierno ha respondido siempre a estos conflictos de la misma manera que respondió el ministro Arce a los promotores de la consulta ciudadana en Cajamarca. Siempre, desde el olimpo en Bogotá, se dice que el subsuelo es de la Nación, que la ley le autoriza al gobierno nacional la concesión de títulos mineros, que en los paros y las protestas sociales están infiltrados los guerrilleros, que las consultas locales no son vinculantes, que la explotación de estos recursos es indispensable para el desarrollo. Las grandes empresas a su vez han tomado como único interlocutor de su actividad al gobierno nacional, han confiado que de su mano pueden adelantar la exploración y la explotación de los recursos y han obviado un diálogo constructivo con las comunidades y los gobiernos locales. Solo unas pocas se han interesado en mirar lo regional y local, pero han incurrido en prácticas clientelistas y paternalistas que en vez de solucionar los problemas han terminado por ahondarlos. Pero la votación de Cajamarca ha tenido una inesperada resonancia y ha puesto entre los palos al gobierno nacional. No creo que sea fácil ignorar el hecho. El contagio sobre otras diez consultas probables en los próximos meses será enorme. (Ver consultas realizadas y consultas en curso). La inestabilidad jurídica que producirán estas manifestaciones ciudadanas, el desafío que implican para las empresas será inocultable, la inversión nacional y extranjera tendrá muy malas señales. Sin embargo, el momento no es del todo negativo y el gobierno nacional y las empresas deberían aprovechar la situación para superar la encrucijada en que se encuentra la explotación de los recursos naturales no renovables. La Corte Constitucional en una sentencia reciente señala que si bien el subsuelo es de la Nación, su explotación exige la concertación con los gobiernos y las comunidades locales. A su vez en el país se está gestando un ambiente de concertación con motivo del acuerdo de paz con las Farc y las negociaciones con el ELN, fuerzas ilegales que han tenido mucho que ver con la violencia y la ilegalidad en el sector. El presidente Santos tendría que abrir las puertas a un diálogo nacional minero-energético, a un proceso de concertación estratégica con todos los actores locales y nacionales decisivos en el sector, orientado a suscribir un gran pacto nacional. Los objetivos de esta concertación democrática serían sacar la violencia y la ilegalidad del sector; reformar la legislación y la institucionalidad que regulan la exploración, la explotación y el cierre de los proyectos minero-energéticos; hacer ajustes al ordenamiento territorial en función de una explotación sostenible de los recursos naturales; y generar un acuerdo para el manejo transparente de las regalías y para la inversión de las empresas en el posconflicto. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Escribo esta columna solo porque el senador Uribe ha anunciado que presentará una ley contra la corrupción y líderes afines a su pensamiento han anunciado una marcha nacional contra el fenómeno el primero de abril. Solo por eso. Por la gran ironía de estos anuncios. Por la enorme paradoja que representan. No es agradable, no es novedosa, no creo que esto le importe a mucha gente. Pero no pude espantar las imágenes de las seis campañas nacionales en las que, a lo largo de 15 años, ha sido Uribe el personaje determinante y en ellas se han presentado, uno tras otro, grandes escándalos de corrupción y de interferencia de fuerzas ilegales. Con Uribe las campañas presidenciales y las consultas populares descendieron a los infiernos. No voy a cometer el abuso de decir que Uribe ha sido el único que por acción o por omisión ha permitido la captura de las campañas por empresas privadas legales o por ominosas fuerzas ilegales. Eso se convirtió en el pan de cada día en las competencias electorales desde los años ochenta y el caso más sonado fue el de Ernesto Samper en los años noventa. Pero con Uribe estas prácticas llegaron a su apogeo e infectaron todo el tejido democrático. El país recibió con asombro el triunfo arrollador de Álvaro Uribe Vélez en la primera vuelta presidencial en la campaña de 2002. Había tenido un ascenso meteórico en las encuestas entre marzo y mayo, pero aun así nadie esperaba que dejara regados a sus rivales y liquidara la competencia antes de la segunda vuelta. La explicación vino después cuando se descubrió que los parlamentarios elegidos en marzo con la ayuda de los paramilitares –el impresionante fenómeno de la parapolítica– le pusieron a Uribe más de 1.500.000, de los 5.862.655 votos obtenidos ese 26 de mayo. Uribe ni siquiera se preocupó por disimular el hecho, gobernó con todos ellos en medio de los procesos judiciales que afrontaron. Su triunfo en 2006 fue precedido por la Yidispolítica, aquella conjura mediante la cual los ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio compraron el voto de tres parlamentarios para garantizar la aprobación de la ley que le abriera las puertas a la reelección presidencial. Los cinco fueron condenados a cárcel, pero él, beneficiado por la trama de corrupción, no fue tocado por la justicia y accedió cómodamente a su segundo mandato. Intentó habilitar su nombre para una segunda reelección mediante un referendo y el comité promotor de la consulta, en cabeza de Luis Guillermo Giraldo, estuvo en un largo proceso judicial por graves irregularidades en la recolección de las firmas. En esa oportunidad la Corte Constitucional se atravesó en las aspiraciones de Uribe y declaró inexequible la ley que convocaba la consulta. Luego Giraldo fue exonerado por falta de pruebas a pesar de que en algún momento aceptó su responsabilidad y firmó un preacuerdo con la Fiscalía para pagar 54 meses de cárcel. El escándalo de la cuarta campaña apenas empieza. Ante la imposibilidad legal de poner su nombre a consideración postula a Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, y le sirve de jefe omnímodo de debate. Tanto, que siempre ha reclamado, sin que nadie lo desmienta, que Santos le debe completa su primera Presidencia. La mano de la compañía Odebrecht en esas elecciones había permanecido escondida, pero apareció recientemente con la contribución de 400.000 dólares para el pago de un grueso número de afiches. No fue ese el inicio de la relación entre el uribismo y la compañía, ya le habían dado 6,5 millones de dólares a Gabriel García, viceministro y hombre de confianza de Uribe, como soborno para obtener el jugoso contrato de la Ruta del Sol. La costumbre no se pierde en la quinta campaña que pone a jugar el nombre de Óscar Iván Zuluaga a la Presidencia y en la que, además de la financiación de Odebrecht, se presenta el escabroso caso del hacker Sepúlveda y la interceptación ilegal de comunicaciones y la compra de información reservada con el propósito de golpear la campaña rival. En la sexta campaña nacional, la del No a los acuerdos de paz, en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, fue el propio gerente de la actividad, Juan Carlos Vélez Uribe, quien salió a reconocer que habían puesto en marcha una densa estrategia de mentiras aconsejados por asesores de Brasil y Panamá y financiados por importantes empresarios del país. Me pregunté varias veces, antes de hacer esta columna, si sería muy forzado atribuirle a Uribe alguna responsabilidad en las campañas donde él no era candidato o directo beneficiado de los hechos de corrupción o de la interferencia de actores ilegales, pero me sentí autorizado para el planteamiento por la persistente reivindicación que hacen sus seguidores de su liderazgo político y por el exigente control que ejerce sobre su movimiento. Columna de opinión publicada en Revista Semana

En la Fundación Paz y Reconciliación le hicimos un seguimiento paso a paso a lo que ocurrió en los primeros 100 días del acuerdo de paz. El balance es dulce, muy dulce, en puntos esenciales como el respeto de la fuerza pública y la guerrilla al cese bilateral y definitivo de las hostilidades; la concentración de las Farc y el inicio del desarme; la disminución ostensible de las confrontaciones bélicas, los homicidios, los secuestros y los desplazamientos forzados; también por los mensajes de reconciliación que empiezan a florecer en todo el país. Pero es agrio, muy agrio, por el incumplimiento del gobierno en la adecuación oportuna de las zonas veredales de transición y normalización; la creciente ocupación de los territorios donde operaban las Farc por otras fuerzas ilegales y la persistencia de los cultivos ilícitos en esos lugares; el asesinato de 29 líderes sociales ligados a la paz y la ocurrencia de 116 amenazas; los ires y venires que se presentaron en la salida de los menores de edad de las filas guerrilleras; las disidencias o deserciones que se han presentado en algunas zonas; la lentitud y las controversias con las que el gobierno y el Congreso están tramitando las leyes y decretos que pondrán en marcha el pacto suscrito en el Teatro Colón; la solapada estrategia del uribismo contra los acuerdos; y la indiferencia de una parte de la sociedad ante la terminación de una dolorosa guerra que duró 52 años. El acontecimiento mayor de estos 100 días ha sido el compromiso de la fuerza pública y de las Farc con el cese bilateral y definitivo de las hostilidades y el respeto y la protección al proceso de concentración de la guerrilla. El país le debe un homenaje a esta actitud. Solo se ha presentado un confuso incidente en el sur de Bolívar donde murieron dos miembros de las Farc. No ha sido lo habitual en Colombia. Acá las muertes y las agresiones entre las fuerzas combatientes han sido numerosas en anteriores procesos de paz. Es lo que ha ocurrido también en las treguas y en las transiciones en otros países, en los últimos años. El lunar, el espantoso lunar, del inicio de la paz, ha sido el asesinato de 29 líderes sociales después de la firma del acuerdo. Era una racha que venía de atrás, en 2016 la cifra ascendió a 93. Aquí sí no hay diferencia con el pasado. Esta agresión se parece demasiado a la que sufrió la Unión Patriótica. En un acto de cobardía las elites locales asociadas con ilegales, muchas veces con la complicidad de agentes del Estado, amenazan y atacan a civiles indefensos que reclaman sus derechos o se destacan en labores políticas y sociales, personas asociadas a los esfuerzos de paz. La mano artera de las fuerzas que se oponen al acuerdo es evidente. Así fue antes y así es ahora. La respuesta del gobierno también es la misma a la de hace 30 años. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, repite una y otra vez que no hay nada sistemático, que son casos aislados y un día dice que son líos personales de los asesinados y otro día dice que es la guerrilla del ELN. Nunca esperamos que la implementación de los acuerdos funcionara como un relojito, pero la forma como arrancó el proceso es lamentable. Al corte de los 100 días, ninguna de las zonas veredales estaba plenamente adecuada y en la mayoría solo se registran algunos avances. La definición de las zonas se había hecho en junio de 2015, pero la designación del gerente se hizo en diciembre y la contratación de cinco empresas –sin las calificaciones mínimas para emprender la tarea, según lo demostró el periodista Mario Villalobos en Red Más Noticias- encargadas de la adecuación y los suministros se hizo en enero. Es una improvisación e irresponsabilidad inexplicable del alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, encargado del asunto. Tampoco esperábamos una elaboración y un trámite fácil de las leyes . Pero el atraso es alarmante. De un universo de 27 leyes requeridas mediante el procedimiento rápido solo se han presentado 8 y se han aprobado 3. Ninguna de ellas sobre el punto agrario y la reforma política tan importantes en el tratado suscrito. Así terminaron las sesiones extraordinarias del Congreso. Ahora vienen las ordinarias donde la agenda se complicará con las iniciativas propias de los parlamentarios. Entre tanto el uribismo afila sus cuchillos para echar atrás el acuerdo en 2018. Mueve a retirados de las Fuerzas Militares y empresarios contra puntos vitales del acuerdo como la justicia especial para la paz y las transformaciones agrarias. Juega doble en el Congreso participando en los debates y retirándose a la hora de las votaciones. La documentación de estas afirmaciones está en un extenso informe que les entregaremos al gobierno y a las Farc. Allí está la conclusión de que es necesario y urgente un reajuste del proceso: darle todo el poder y todos los recursos a Óscar Naranjo, vicepresidente entrante, para que pueda coordinar al gabinete del posconflicto y a los gobernadores y alcaldes; convocar a un nuevo pacto entre las fuerzas políticas afines a la paz para acelerar la labor legislativa; y generar un gran movimiento desde la sociedad civil para apoyar la implementación de los acuerdos. Columna de opinión publicada en Revista Semana

No es una novedad. Era lo más sabido. Vargas Lleras sería candidato presidencial en 2018. Le aceptó la Vicepresidencia a Santos con esa intención. Buscó al interior del gobierno el lugar y el oficio que le diera réditos suficientes para que su candidatura tuviese un gran pronóstico. Este martes lanza su aspiración y empieza una larga campaña. Hasta hace pocos meses parecía que la presentación de sus realizaciones en el gobierno de Santos, las grandes vías, los acueductos, las innumerables viviendas gratis, tan urgentes en un país con enorme atraso en la infraestructura, serían argumentos suficientes para encarar la competencia. De hecho, el acto de despedida está pensado como un balance de la gestión y la tarjeta de invitación reza: “Lo hicimos posible / un país en marcha / aquí están los hechos”. Pero tal como están las cosas en el país esas conquistas serán apenas un ingrediente del debate. La paz, que dividió aguas en el plebiscito del 2 de octubre, será un tema ineludible. También la corrupción que, a raíz de los sobornos de Odebrecht, se ha convertido en la principal noticia a lo largo de dos meses. Puede leer: Una fórmula genial para la impunidad Los otros miembros de la coalición de gobierno ubican o quieren ubicar a Vargas Lleras como contradictor de los acuerdos de paz. No creo que sea una estrategia que le sirva al país. Al contrario, lo mejor para Colombia es que la corriente que encarna este candidato, aún con sus inquietudes sobre la justicia especial para la paz, aún con sus reticencias frente a algunos aspectos de lo convenido en La Habana, se mantenga del lado del Sí y se proponga honrar los compromisos y contribuir al éxito del posconflicto. Creo además que al propio Vargas Lleras ni le conviene ni le interesa apartarse de la paz y acercarse a la coalición del No. Tengo dos pequeñas historias que quiero que los lectores conozcan. El proceso de paz de La Habana estaba a medio camino y el embajador de Cuba, Iván Mora, me decía que las Farc estaban muy inquietas con la actitud de Vargas Lleras dado su peso político en el inmediato futuro del país. Le dije eso al entonces candidato a la Vicepresidencia y me contestó que estaba dispuesto a ir a La Habana si lo autorizaba el presidente para hablar en forma discreta con la guerrilla. A Santos no le pareció conveniente el viaje en ese momento. Pero Vargas Lleras envió un mensaje claro de respaldo pleno a la negociación y de impulso a lo que se acordara en la mesa. Después, mucho después, el 3 de octubre de 2016, muy temprano en la mañana, cuando el país empezaba a evaluar lo ocurrido en el plebiscito y algunas voces lo culpaban de la derrota, me llamó muy enojado para decirme que era un verdadero descaro que sectores del gobierno le atribuyeran alguna responsabilidad en la debacle, que sus partidarios y aliados habían ganado el plebiscito en todos los lugares donde tenían el gobierno, que eran otros los líderes y otras las regiones que habían perdido. Entendí que quería reafirmar su solidaridad con la causa de la paz y despejar dudas sobre su accionar político. Le recomendamos: ¿Cuáles temas dominarán la campaña de 2018? Por otro lado no creo que Uribe, como piensan sectores de la izquierda, se vaya a acercar de verdad o le vaya a endosar su votación a otro representante emblemático de la elite bogotana. Ya tuvo suficiente con Santos. Le tocaría a Vargas Lleras cumplir la demanda de arrepentimiento y expiación que le hizo José Obdulio Gaviria hace algunos meses y ese no es del talante del nieto de Carlos Lleras Restrepo. Ahora bien, lo más difícil para Germán Vargas Lleras no será comprometerse con la paz y el posconflicto, su reto mayor será desafiar la corrupción y el clientelismo. Ahí tiene que deshacerse de una pesada carga. Su partido, Cambio Radical, ha avalado a una legión de políticos corruptos, algunos de ellos mafiosos y criminales ya metidos en espesos líos judiciales. La decisión de reestructurar ese partido y el posible recurso de las firmas ciudadanas para inscribir la candidatura presidencial es un buen punto de partida. Pero faltará mucho. Seguramente Vargas Lleras, en su vasta labor de contratación de las obras de infraestructura, habrá palpado con sus propias manos el obstáculo que representa para el desarrollo del país la corrupción pública y privada y la red de mafias que se ha tejido alrededor de las obras nacionales y locales. ¿Será capaz de tomar distancia de estos clanes que juegan duro en la financiación de las campañas y tienen un férreo control de los políticos regionales? Y un punto más. El camino hacia las alianzas necesarias para meterse en segunda vuelta parece arduo. A Vargas Lleras lo han atacado de todos los lados en el último año, desde la izquierda y desde la derecha. Ha sido durante mucho tiempo el candidato a derrotar. El campo está minado. Quizás una posición decidida frente a la paz y una gran apuesta contra la corrupción le abra ventanas de comunicación con el centro y con la izquierda. Porque el campo de la derecha está bastante congestionado con diversos candidatos del uribismo y del conservatismo que no quieren que alguien más se arrime a buscar sombra. Columna de opinión publicada en Revista Semana

La encuesta de Gallup publicada esta semana es inapelable. El alcalde Enrique Peñalosa sigue en caída libre, registra apenas un 22 por ciento de aceptación y el rechazo alcanza el 75 por ciento. Está por debajo del menor registro de Gustavo Petro, su antecesor. No parece que esta vez vaya a ocurrir lo que pasó en su primera administración cuando empezó muy mal en las encuestas, pero terminó bien. Esa pretensión se está esfumando. Algunos analistas dicen que alrededor de su Alcaldía había demasiadas expectativas y ahora la opinión le está cobrando un arranque poco afortunado de su mandato. Otros advierten que la ciudad no comprende su visión y sus proyectos y no tiene paciencia para esperar sus grandes realizaciones que llegarán con el tiempo. Difiero de estas dos apreciaciones. Siempre que termina un gobierno difícil, controversial, con graves falencias, al siguiente le queda fácil empezar bien. Basta un poco de inteligencia, bastan algunos éxitos iniciales, modestos, para brillar. Lo difícil ha sido siempre competir con un antecesor altamente valorado, pródigo en realizaciones. No es el caso de Gustavo Petro. No hizo mucho o no lo dejaron hacer y lo poco que hizo fue sepultado por un alud de críticas de los grandes medios de comunicación. Pero Petro hizo bien una cosa, una sola cosa: vender ilusiones y las ilusiones son muy poderosas en la política. Despertó en los habitantes del sur la conciencia de sus derechos sociales; despertó en sectores de las elites la angustia por el cambio climático y la devastación ecológica; sedujo a las minorías étnicas y sexuales con su prédica contra la discriminación; le hizo ver a la ciudad que un metro clásico, subterráneo, era posible y le entregó unos estudios, un compromiso del gobierno nacional para la financiación y la promesa de créditos en la banca mundial; insistió una y otra vez en la valoración de lo público y encontró ejemplos como el de la recolección de las basuras para mostrar el abuso de algunos privados. Ahora bien, estas ilusiones, estos sueños no son invenciones de Petro, no son artificios de un mago en un escenario, son parte de la agenda emergente en las ciudades del mundo, representan el espíritu del siglo XXI. Son visiones que deambulan por la ciudad, visiones que llegan a través de los medios, a través de la academia, a través de las historias de los viajeros que recorren ciudades de Europa y de Estados Unidos. Peñalosa no ha comprendido nada. Está apegado a la agenda de finales del siglo XX. Está atado a la visión de su primer gobierno. Peñalosa no comprende esta ciudad que quiere reinventarse, que quiere ensayar nuevos rumbos y saltar etapas. Solo se necesitaba un poquito de inteligencia para dejar correr estas ilusiones, para alimentar una o dos de ellas, para no consumir esfuerzos en deshacer estos sueños. En vez de esto se dedicó a confrontar este imaginario, a contrastar su visión de ciudad con las aspiraciones surgidas en los gobiernos de izquierda que aun con sus graves errores, aun con el asombroso plan de los Moreno Rojas para robarse la ciudad supieron de los anhelos de las capas más pobres de la población. Peñalosa está lejos de ser un incomprendido, lejos de ser un hombre adelantado, alguien que está a kilómetros de distancia del resto de los bogotanos. Todo lo contrario. La ciudad comprende sus proyectos, sabe que se necesitan más vías, más TransMilenio, más infraestructura, más espacio urbano, más desarrollo, pero eso ya lo ha visto, ya no es novedad, es algo que está en el registro de la ciudad, algo con lo cual no se debe pelear, algo que debe continuar. Ahí no está el debate. Al principio Peñalosa se limitaba, con cierta tranquilidad, a poner el espejo retrovisor y a descargar en Petro el furor de la crítica. Pero con el paso de los meses ha empezado a disparar para todos los lados. Ha perdido la mesura, se ha llenado de rabia y ha dado en calificar a la ciudad, a su gente, de ignorantes, de no comprender su gran visión. El que se enoja siempre pierde. En medio de su decepción con los resultados de las encuestas dijo alguna vez que “la reserva Van der Hammen no tiene nada distinto a cualquier potrero”, para sustentar la necesidad de abrir allí un corredor de movilidad; y en días recientes, para defender su idea de metro elevado, dijo que “a los ciudadanos les parece muy sexi el metro subterráneo porque no lo han usado, pero no saben que tienen que meterse en la tierra como una rata todos los días en túneles que huelen a orines con mucha frecuencia”. Los medios de comunicación no le han ayudado a Peñalosa a comprender la ciudad de hoy. Le han hecho demasiadas concesiones. Las broncas cultivadas por Petro le han servido de mampara a Peñalosa. Los medios han sido permisivos con sus inconsistencias, con sus arrevesadas explicaciones sobre el metro elevado, con el peligro de perder la financiación del gobierno nacional si se reanudaba el proceso con nuevo trazado y nuevos estudios, con sus reversazos, con sus improvisaciones. Quizás una actitud más crítica, más cuestionadora, lleve a Peñalosa a repensar la ciudad, a indagar sobre las tendencias del momento. Aún hay tiempo para enderezar el rumbo, aún hay espacio para la rectificación. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Me quito el sombrero ante los samarios que pusieron 230.000 firmas en el despacho de la juez tercera administrativa para reclamar la devolución de Metroagua al dominio de la ciudad. Hicieron además una inmensa movilización ciudadana. Lograron que el 16 de febrero el juzgado tomara esta decisión trascendental para la salud y el bienestar del pueblo de Santa Marta. Está por terminar el más grande abuso de Inassa, una empresa de aguas de capital español, que en contubernio con la clase política de Santa Marta, había usufructuado, a través de Metroagua, las redes de acueducto y alcantarillado de la ciudad durante 26 años obteniendo enormes ganancias, sin invertir un solo peso en el mejoramiento y ampliación de las redes y en la planta de tratamiento, hasta llegar a una limitada y deplorable prestación de los servicios que significaba enfermedades y sufrimientos, sobre todo en los barrios más pobres y desvalidos. La historia empezó en abril de 1991 cuando el alcalde José Ignacio Vives Echeverría, en vez de convocar una licitación pública y celebrar un contrato de concesión, utilizó la exótica figura del ‘arriendo de las redes’. Después los alcaldes siguientes: Edgardo Vives Campo, Luis Cuello Lopera, Jaime Solano, Hugo Gnecco y José Francisco Zuñiga mediante la figura del otrosí, prorrogaron el contrato en cinco oportunidades, suprimieron las regalías y establecieron cláusulas que obligaban a la ciudad a pagar las inversiones que declarara la empresa si quería recuperar el control de las redes. Todo esto, ante la indiferencia de la dirigencia nacional. Las consecuencias de este tipo de contratación y de la alcahuetería con los españoles son dramáticas. En pleno siglo XXI, 18.000 familias de la ciudad no tienen en sus casas conexión de acueducto y alcantarillado; con el deterioro de las redes, el 58 por ciento del agua que entra en el sistema se pierde; y los rebosamientos y fugas de las aguas negras envilecen las calles en pleno centro histórico de una ciudad que vive especialmente del turismo. Pero eso no es lo peor. Cuatro de cada diez niños padecen enfermedades gastrointestinales. Para que no queden dudas del abuso, Ángel Garrido, presidente del Consejo de Administración de Canal de Isabel II, la empresa matriz, dijo ante la Asamblea de Madrid, el pasado 5 de abril de 2016, que desde 2002 hasta 2016, no habían invertido un solo céntimo en las empresas donde tenían participación en América (Colombia, Panamá, Brasil, México, República Dominicana y Ecuador); que ellos cumplían una labor como socios operadores, que las inversiones correspondían a los gobiernos nacionales, regionales y locales, pero que así como no habían invertido un céntimo, sí habían obtenido utilidades por 60 millones de euros en ese tiempo. En estas querían seguir los españoles con la complicidad de la clase política del Magdalena, pero en enero de 2012 llegaron a la Alcaldía Carlos Eduardo Caicedo y en 2016 Rafael Martínez, mandatarios que le dieron prioridad a recuperar la administración de impuestos que estaba bajo concesiones onerosas a particulares; a intervenir el mercado público, expósito, abandonado a la avaricia de los concesionarios que exprimían jugosas ganancias; y a arrebatarle, por las vías legales y con el concurso de la ciudadanía, el servicio de acueducto y alcantarillado a la ambiciosa y abusiva compañía Interamericana de Aguas S.A. (Inassa). Han ganado una batalla memorable. El último de los otrosís vence el 17 de abril y los españoles habían interpuesto una reclamación de 58.000 millones de pesos, alegando inversiones realizadas con el propósito de quedarse en la administración de las redes, pero la acción ciudadana encabezada por Caicedo y la valentía de una jueza han cambiado la situación. Se ha empezado a hacer justicia. La orden es devolver a la ciudad las redes, toda la información de los usuarios y anular las pretensiones económicas de la compañía Inassa. Ahora le corresponde a la Alcaldía de Rafael Martínez defender el fallo ante tentativas de echarlo para atrás o de incumplirlo, buscar un adecuado operador temporal y abrir una licitación justa que transforme de verdad estos servicios esenciales, en una ciudad que vive la paradoja de estar muriendo de sed cuando está bañada por múltiples ríos y aguas subterráneas que bajan de la Sierra Nevada. Santa Marta le está dando un ejemplo a todo el país. Lo que ocurrió allí durante 26 años no es un caso aislado. La mala prestación de los servicios públicos es la regla a lo largo y ancho del territorio nacional. En un sinnúmero de municipios la alianza entre políticos corruptos y empresas inescrupulosas no permite una prestación digna de los servicios esenciales. Electricaribe es una prueba fehaciente de atropello a una región y a sus pobladores. Pero en todas partes se puede levantar la ciudadanía y pueden surgir líderes políticos con una ética pública que los empuja a ponerse del lado de los usuarios y no de las empresas que los aceitan con coimas y prebendas. Columna de opinión publicada en Revista Semana

El 8 de junio de 2014 Las2orillas publicó un expediente de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía en el que aparecía el nombre de Nicolás Echavarría Mesa, gerente de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, acusado de entregarles dineros a los paramilitares en los tiempos en que había sido presidente de Banafrut, un conglomerado de empresas bananeras de la región de Urabá. No era el único. Los señalados sumaban 226. Tampoco había una investigación formal. Solo era una denuncia de Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, empresario de la zona que se había vinculado a la estructura de los paramilitares. Nicolás Echavarría le solicitó a María Elvira Bonilla, directora del portal, una reunión para hacer unas aclaraciones de la información. Estábamos ya a mediados de junio. Asistí a la reunión por invitación de María Elvira y después de oír a Echavarría sobre el caso de Urabá le dijimos que nos parecía totalmente pertinente y justo que publicara su versión en Las2orillas. Es una persona muy amable y a renglón seguido nos pusimos a conversar del final de la campaña, del momento dramático que estábamos viviendo por la enorme incertidumbre sobre el ganador. Le recomendamos: Nadie se declara santista Nos habló de las diferencias entre lo que decía y orientaba el asesor Duda Mendonça y lo que pensaba y mandaba el expresidente Uribe. Duda, basado en sofisticados estudios de opinión, le aconsejaba a Zuluaga que se corriera hacia el centro y asumiera un tono más conciliador al final de la campaña, que la primera vuelta había sido el momento para afianzar el voto de la derecha, pero en la segunda vuelta era necesario atraer el voto no uribista. En cambio Uribe señalaba que era necesario arreciar el ataque contra Santos, enfatizar su condición de traidor a la seguridad democrática, elevar las críticas a las negociaciones de paz, polarizar el debate político. Nos dijo que la tensión entre Uribe y Zuluaga estaba creciendo porque Zuluaga tendía a ver más razonables los argumentos de Duda Mendonça. Después de dos años y ocho meses los dos temas de aquella conversación volvieron. En la primera semana de febrero, en una extraña coincidencia, la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada en Justicia Transicional declaró como crimen de lesa humanidad la financiación de los bananeros de Urabá a los paramilitares; y en Brasil, Duda Mendonça confesó que había recibido de la firma Odebrecht 3 millones de dólares como parte del pago por la asesoría que prestó a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, abriendo así un debate y una confrontación en el interior del uribismo. La resolución de la Fiscalía es contundente, drástica, con un alcance insospechado sobre el posconflicto que empezamos a transitar. Dice: “Los bananeros de la época, al parecer, aportaron para el sostenimiento paramilitar una gran suma de dinero que terminó llegando a manos de los grupos ilegales a través de las denominadas Convivir cuando estas eran legales, y posteriormente de cooperativas de seguridad”. Puede leer la columna: Una fórmula genial para la impunidad Vincula la financiación con graves hechos que le dan la connotación inapelable de concierto para delinquir. Destaca lo “sucedido el día 7 de noviembre de 2001, cuando en la terminal de carga del puerto de Urabá y de propiedad de una comercializadora frutícola (Banadex), se descargaron y almacenaron por el término de cuatro días, 3.400 fusiles AK-47, además de cuatro millones de cartuchos 7.65, cargamento de armas y municiones que venía desde Nicaragua a bordo del barco Otterloo de bandera panameña”. Ahora se sabe por la enorme documentación del Centro de Memoria Histórica y por las investigaciones de la parapolítica que fue en los años 2001, 2002 y 2003 cuando se produjo la gran expansión de los paramilitares, la más aterradora escalada de masacres, la formación de una enorme bancada parlamentaria afín a las Autodefensas Unidas de Colombia y la devastadora captura del poder local a lo largo y ancho del país. Esa financiación desde Urabá, esos fusiles y esas municiones fueron el ingrediente letal de estas operaciones. Las tensiones entre Zuluaga y Uribe por cuenta de la asesoría de Duda Mendonça tuvieron también un interesante desenlace. Uribe se desmarcó de Zuluaga cuando trascendió que buena parte de los honorarios de Mendonça los había pagado la firma Odebrecht, pidió que la investigación llegara hasta el fondo, dejó literalmente solo a Zuluaga. Quizás Uribe respiraba por la herida abierta de aquella discrepancia de 2014. Nicolás Echavarría podría ser el hombre clave para aclarar estos dos acontecimientos transcendentales para la vida del país. En la conversación de 2014 pude ver que es una persona inteligente, audaz y frentera. Ahora tiene la gran oportunidad de hablar de su papel y el de todos los bananeros y ganaderos en Urabá en la época de los Castaño, al acogerse a la justicia especial para la paz que le dará el beneficio de no ir a la cárcel si actúa con verdad y contribuye a la no repetición de estos hechos. También puede contribuir a esclarecer qué papel cumplieron el candidato Zuluaga, su hijo David y el senador Iván Duque en el pacto con la firma Odebrecht para contratar al asesor Duda Mendonça, dado que oficiaba como gerente de la campaña y fue, seguramente, un testigo excepcional de estas transacciones. Columna de opinión publicada en Revista Semana