Se ha dicho muchas veces: mientras el sistema político colombiano funcione como lo hace, mientras las reglas de juego estén a disposición y acomodo de la vieja clase política, nada va a cambiar. De Odebretch no quedará más que la anécdota. El fiscal general de la Nación, amparado en una supuesta legalidad, transfirió la responsabilidad de investigar los hechos relacionados con los sobornos que presuntamente recibieron las campañas de Santos y Zuluaga al Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad con bajísima capacidad administrativa y nula voluntad política para investigar estos hechos. El CNE es probablemente el organismo de control más politizado del sistema político colombiano. Dos hechos han puesto la lupa sobre el CNE. El primero tuvo que ver con las declaraciones del magistrado Armando Novoa en relación con la inscripción de la señora Nubia Stella Martínez Rueda como nueva directora y representante legal del Centro Democrático. El magistrado aceptó la inscripción (ver documento 1), pero advirtió las irregularidades que existen en los estatutos del Centro Democrático. Según el consejero, estos no responden a los principios democráticos y tienden a favorecer un partido unipersonal, algo así como un partido monárquico. Los estatutos determinan que todas las decisiones son tomadas por el presidente fundador (el monarca), es decir, el expresidente Álvaro Uribe, según los estatutos designa al director, veedor, convoca asambleas y es el único con puesto vitalicio, a todas luces una estructura que viola los principios democráticos de la Constitución política. Esto significó una ofensiva del uribismo para acabar con la imagen de Novoa. El segundo hecho fue el escándalo de corrupción con la firma brasileña Odebretch. Lo primero que se debe advertir es que el fiscal Néstor Humberto Martínez se lavó las manos cuando trasfirió la responsabilidad de la investigación al CNE. De hecho, el fiscal aún tiene competencia, está claro que sobre el caso Odebretch, el delito no culmina con la supuesta entrega de dinero a Giraldo o con el no reporte del pago total de los servicios de Duda Mendonça en la campaña de Zuluaga. La investigación penal no excluye la investigación electoral. El funcionamiento de la firma Odebretch es similar al de una estructura criminal internacional sofisticada, la cual tiene la capacidad de mover millonarias sumas de dineros por medio de operaciones transnacionales, creación de empresas ficticias, lavado de activos, todo esto con la máxima de no dejar rastro. Por su parte, el CNE es un órgano politizado donde los partidos políticos eligen a los agentes que los van a controlar, es decir, no hay control. Además, su estructura administrativa es pequeña, no tiene capacidad investigativa, su nómina depende de la Registraduría y no tiene la experticia para hacerlo. Las primeras de cambio indican que cuando el furor mediático se ahogue y no haya más qué decir sobre el caso, el CNE en un día cualquiera emitirá resolución en la que asegure que ya todo pasó. Aquí la nómina que va a engavetar la investigación. El actual presidente de CNE es Alexánder Vega, del Partido de la U, el hombre de Miraflores Guaviare es muy cercano de los ñoños y en los pasillos de la corporación se dice que no da un paso sin la aprobación de ellos. El otro consejero con el aval del Partido de la U es Bernardo Franco, quien en teoría debió salir en el 2016, año en que cumplió la edad de retiro forzoso, sin embargo, desde el 2010 sigue apostado en la silla del CNE; sobre Franco se cuestionó la cercanía que tuvo con Carlos Fernando Sánchez, quien fue candidato a la gobernación de Santander del parapolítico Hugo Aguilar. La cuota del Partido Liberal esta en cabeza de Héctor Elí Rojas, conciencia jurídica del clientelismo liberal. La llegada de Rojas al CNE resultó ser un premio de consolación por parte de la colectividad, recordemos que se quemó para el Senado y semanas después fue nombrado magistrado. El segundo representante liberal es Emiliano Rivera, este se hizo célebre porque decidió no investigar la campaña de Óscar Iván Zuluaga en el caso del hacker Sepúlveda. Por parte de los conservadores, encontramos a Carlos Camargo, hombre cercano al exregistrador Carlos Ariel Sánchez, yerno de la senadora conservadora Nora García Burgos y primo de David Barguil, además fue candidato a la personería de Bogotá en el 2012, para esa elección se denunció que tanto Sánchez como el exprocurador Alejandro Ordóñez le estaban haciendo campaña. La segunda conservadora es Ángela Hernández, ficha del exprocurador Ordóñez. Por el Centro Democrático está Felipe García, quien un mes antes de posesionarse como consejero ejercía como abogado del Centro Democrático, por supuesto este no da un paso sin la aprobación del partido. Por Cambio Radical esta nada más y nada menos que Yolima Carrillo, familiar del representante a la Cámara Antenor Durán Carillo y mujer cercana a la casa política del condenado por homicidio Kiko Gómez. Carrillo fue la protagonista en pasarle la pelota a la Sección Quinta del Consejo de Estado la decisión sobre el aval de Oneida Pinto, recuerden que esa decisión permitió que ella ganara las elecciones para que seis meses después fuera destituida. Finalmente, encontramos a Armando Novoa, magistrado que llegó con el apoyo del Partido Verde, el Polo y el Mira: Novoa desde su ingreso a la entidad ha sido crítico con el papel de la misma, y es desde adentro uno de los principales promotores de la reforma política, la cual a su juicio incluye la transformación estructural del órgano electoral, es el único que salvo de ese grupo. La posición del magistrado Novoa provocó que el Centro Democrático y Cambio Radical le frustraran la participación en la Misión Especial Electoral y en los últimos días le ha servido para recibir toda clase de insultos por parte del Centro Democrático. Pero sobre esto no hay que sorprenderse, la estrategia del uribismo siempre ha sido deslegitimar a su opositor. Con insultos pretende minimizar las acusaciones, siempre seguidos del espíritu en el cual, cualquier indicio irregular sobre la conducta de los integrantes del partido hace parte de una estrategia de persecución. Y es que ante los graves hechos que se han presentado, tampoco se puede desconocer el nivel de responsabilidad que posiblemente tuvo cada uno de los implicados. Por un lado está Oscar Iván Zuluaga, quien de comprobarse que recibió dinero de Odebretch para terminar de pagar los servicios de Duda, sería directamente responsable, él, el gerente de la campaña (David Zuluaga) y el director programático del partido (Iván Duque, el otro presidenciable). Ellos fueron a reunirse en Brasil, sin ningún intermediario. En la campaña de Santos, hasta el momento se involucra únicamente al gerente de la campaña. Pero para ambos lados, aún hay mucha tela por cortar. En el CNE prima la lógica; “yo no te investigo y tú no me investigas”, por eso será muy difícil que las pesquisas sobre las campañas de Zuluaga y Santos avancen. Las primeras acciones indican que primará la dilación para que las elecciones del 2018, el debate electoral, oculte ante la opinión pública lo podrido del sistema electoral colombiano. Columna de opinión publicada en Semana.com

En el juicio a los hechos escabrosos, delictivos y vergonzosos de la campaña presidencial de 2014, los protagonistas y la Justicia han descubierto una fórmula genial para que el juego termine empatado, los principales responsables salgan libres de culpa y queden en la cárcel los personajes secundarios, los lavaperros. La fórmula es así: en un primer momento, en las filas de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, revienta el escándalo. Descubren que alguien ha cometido un grave delito. Este negocia con la Justicia, se declara culpable, demuestra que todo se hizo bajo la conducción del candidato y de su hijo David y recibe una condena mediada por los beneficios de la confesión. En un segundo momento, la campaña de Santos es acusada desde las filas del uribismo de un delito parecido o más grave. El principal implicado está, desde luego, ligado oficialmente al presidente y de comprobarse la trama se desatará una preocupante crisis institucional. Puede leer: Que no ocurra lo mismo en el día 181 En un tercer momento llega la solución: la Fiscalía desestima las pruebas que implican a Zuluaga y lo exonera, a renglón seguido exonera también a la persona cercana a Santos que había sido acusada. La calma regresa. Los medios de comunicación mencionan el caso esporádicamente, quizás algún columnista insista en el tema por un tiempo hasta ser tachado de repetitivo y cansón. El primer caso ya se cerró y está en camino hacia el olvido. Andrés Sepúlveda, contratado por la campaña de Zuluaga para operar las redes sociales, es pillado por Álvaro Echandía, director de la Agencia Nacional de Inteligencia, y por Julián Quintana, director del CTI de la Fiscalía, con la ayuda de Rafael Revert y Daniel Bajaña, compañeros de oficio de Sepúlveda en labores de espionaje y compra de información reservada, con el propósito de dañar el proceso de paz y favorecer al candidato en sus aspiraciones presidenciales. Sepúlveda acepta los cargos, recibe una condena de diez años, implica de manera directa a cinco miembros de la fuerza pública de bajo rango que también son condenados y entrega pruebas fehacientes de que todo fue concertado con el candidato y con su hijo. El proceso judicial empieza a dar vueltas y vueltas hasta que salta un ratón: Quintana, quien instruyó el caso y llevó a la cárcel a Sepúlveda, dice –haciéndole el mandado al uribismo– que todo fue inducido por Echandía, que en la utilización de Revert y Bajaña hay cosas ilegales, que se trató de una infiltración en la campaña de Zuluaga. Ahí termina todo. Zuluaga y Echandía son exonerados por la Fiscalía. Los medios acogen discretamente la noticia. Nadie se atreve a controvertir los fallos. Todo vuelve a la normalidad. No importa el sabor a farsa, el olor a engaño. El segundo caso apenas empieza y ya muestra todos los signos del anterior. El brasileño Duda Mendonça, asesor de Óscar Iván Zuluaga en la campaña presidencial de 2014, declara a la revista Veja que una parte de sus honorarios, cerca de 3 millones de dólares, fueron pagados por la compañía Odebrecht después de un acuerdo con Zuluaga y su hijo. Estalla el escándalo en Colombia, en las propias filas del partido uribista se desata la polémica, la gravedad del hecho es inocultable, la carrera política de Óscar Iván Zuluaga está de nuevo en peligro, su candidatura a las elecciones de 2018 parece zozobrar. Pero a los pocos días el exsenador Otto Bula, del entorno uribista, capturado por recibir sobornos de Odebrecht, declara que la campaña de Santos también recibió un millón de dólares de la compañía. El fiscal general de la Nación recibe la acusación, la anuncia en comunicado solemne y solicita al Consejo Electoral que investigue las filas de Santos. Roberto Prieto, gerente de la campaña, queda en la mira. Hay una alta probabilidad de que el desenlace sea igual o parecido al del hacker Sepúlveda. El señor Duda Mendonça afrontara sus líos en Brasil y probablemente recibirá alguna sanción. El señor Otto Bula quizás afronte lo mismo en Colombia y, con algunos beneficios derivados de su confesión, pernocte un tiempo entre rejas. Le recomendamos: Nadie se declara santista El tiempo irá corriendo, la campaña electoral por la Presidencia de 2018 entrará en su furor. El fiscal general, impelido por esta realidad y con el afán de no perjudicar a fuerzas tan importantes para el país, encontrará la manera de cerrar el caso y exonerar a Zuluaga y a su hijo David nuevamente, también a Prieto y no tocar a Santos. Es una fórmula equitativa, tranquila, que deja a todo el mundo contento. Alguno de los implicados así sea inocente, o su falta sea menor, no protestará, no insistirá en que se esclarezca de verdad lo suyo y se vaya a fondo en la investigación de su rival, para qué volver a agitar las aguas, para qué remover el avispero, quizás se vuelve a enredar la cosa, mejor dejar así. Las que se joden son la democracia, la transparencia, la decencia política. El que se jode es el país que ve crecer la corrupción y campear la impunidad. En medio, claro está, de un debate enorme sobre la necesidad de la ética política, de un llamado ferviente a respetar lo público, en un momento donde todos los políticos se rasgan las vestiduras y hablan de anticorrupción, de salvar la democracia, donde los mismos protagonistas de los escándalos anuncian más leyes contra el cáncer de la corrupción. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Foto: La Patria No empezó bien la concentración de los guerrilleros. El gobierno falló. Se había comprometido a tener construidas las zonas comunes de los campamentos y listos los materiales para que los miembros de las Farc levantaran sus cambuches el 31 de enero y ese día había muy poco o nada. Ahora, Carlos Córdoba, gerente de estas zonas, hizo un nuevo compromiso: dijo en el programa Pregunta Yamid que el 1 de marzo sí estarían completamente adecuados 23 de los 26 campamentos. Esperamos que esta promesa se haga realidad. La Fundación Paz y Reconciliación, en los días previos al 31 de enero y ese mismo día, consultó a personas de esas zonas veredales, a representantes de las autoridades locales y a los jefes guerrilleros encargados de conducir las tropas hasta los sitios de concentración y llegó a la conclusión de que los compromisos del gobierno se habían cumplido solo en un 25 por ciento. En ninguno de los campamentos se había logrado el ciento por ciento de la adecuación. Solo en La Paz (Cesar), en Anorí (Antioquia) y en Mesetas (Meta) había un avance considerable de las obras. En algunos sitios como en Montañita (Caquetá), en Tibú (Norte de Santander) y en El Retiro (Guaviare) no había nada, todo estaba por empezar. Al principio el doctor Carlos Córdoba y otros funcionarios del gobierno intentaron desmentir los datos que estábamos difundiendo y aplacar las críticas que estábamos haciendo, pero en los medios de comunicación empezaron a circular fotografías y videos que daban cuenta de la situación de las zonas de concentración: retroexcavadoras que apenas empezaban a hacer la remoción de tierra en algunos lugares o explanadas donde no había aún ningún indicio de infraestructura. Después de esto tuvieron que aceptar que no era el mejor comienzo. Lo más grave es que no hay una explicación válida. Las zonas veredales se pactaron el 23 de junio y desde ese momento se debió nombrar al gerente y arrancar el aprestamiento. No se hizo. Lo que vemos es una terrible improvisación. Dice Sergio Jaramillo que estaban esperando la realización del plebiscito y le oí decir a Carlos Córdoba que como el acuerdo no estaba en firme se podía incurrir en detrimento patrimonial si se arrancaba la contratación. Es una explicación falaz. El triunfo del Sí era la única hipótesis con la que se trabajaba en el gobierno. Con esa idea y con el apoyo de la comunidad internacional se funcionó y se contrató en el último año de las negociaciones. Es más, aun después de la pérdida del plebiscito, se siguió contratando en todos los campos que tenían que ver con el proceso desde el Fondo de Paz y desde otras instancias del Estado. Nada se paró. Las únicas cosas que no se contrataron con la anticipación necesaria fueron el personal, los lugares y las obras para abrigar a los guerrilleros durante el desarme y la desmovilización. Lo que ha ocurrido en estos días es un campanazo de alerta para la fase siguiente, para el día 181, cuando se haya producido el desarme completo y todos los guerrilleros estén vestidos de civil dispuestos para empezar su nueva vida por fuera de la guerra. La construcción de estos campamentos era algo muy sencillo comparado con le reintegración de los combatientes a la sociedad. Se trataba de arrendar un predio, construir vías de acceso en caso de que no existieran, llevar servicios públicos y levantar algunas edificaciones. Cosas logísticas. La situación será completamente distinta el día 181. Ese día un número posiblemente mayor a 15.000 personas, entre exguerrilleros, exmilicianos y presos recién liberados, estarán a la espera de trasladarse a los lugares donde van a trabajar, a vivir y a realizar su acción política y social. Ya no se tratará de arrendar predios, sino de comprar algunos, de ofrecer proyectos productivos y viviendas permanentes, de proteger a los excombatientes y darles garantías para su actividad política. Quienes tuvimos alguna cercanía con las negociaciones de La Habana sabemos que esto no quedó bien negociado y estructurado. Que se hizo a las carreras en las sesiones que tomaron el nombre de Cónclave. No hay en esos acuerdos claridad sobre un plan diferenciado para los mandos medios. No hay detalles de los retos que implica un modelo de reintegración colectiva, en los territorios y dirigido conjuntamente por el gobierno y los líderes del partido político que resulte de las Farc. No es por aguar la fiesta. Pero a pesar de que les he escuchado a funcionarios del gobierno decir que el modelo de reintegración de las Farc será muy distinto al de los paramilitares no se ha enunciado ese nuevo proyecto, ni hay adecuación de la institucionalidad para desarrollarlo. La reinserción de las Autodefensas Unidas de Colombia se hizo de manera individual, en las ciudades y dirigida por el Estado. Cada bloque paramilitar entregaba las armas y se disolvía. Cada uno de sus miembros quedaba en manos del Estado. No será el caso de las Farc. Es posible que el día 181 no todos los guerrilleros estén en la tónica de volver con sus jefes a los lugares de origen a embarcarse en un proyecto de vida colectivo, pero una parte importante de ellos lo intentará y para eso no veo aún el plan. Faltan apenas tres meses para diseñar y poner en marcha ese programa, ojalá lo logren. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Es imposible que no me recuerdes –me dijo–, en los tiempos en que anduve contigo me hacía llamar Santiago y apenas salía de la adolescencia, ahora me llamo Fabián y, ya ves, estoy al mando de cuatro frentes guerrilleros y dos compañías móviles que operan en Chocó, parte de Antioquia y parte del Valle, en el corredor Pacífico”. Por un momento me fui al oscuro laberinto de la memoria a buscar su rostro, a mirar sus ojos, en el esquivo pasado de mi vida. Lo encontré en el calor denso y húmedo de una tarde monteriana. Habían pasado 27 años desde cuando nos despedimos. “Tienen mucha suerte –nos había dicho el dueño de la lancha rápida que nos recogió en una de las bocas del río San Juan–; en estos días no ha llovido y no creo que llueva durante la mañana”. Resultó verdad. No recibimos una gota de lluvia en las cuatro horas largas de viaje. Le pusimos la cara a un sol opaco sentados en un incómodo madero, en silencio, porque las palabras se las llevaba el viento mojado que saltaba del río a medida que la embarcación daba saltos y avanzaba. Ahora estábamos en un campamento en el corazón de la turbia selva chocoana. Fabián había entrado por el costado derecho de una caseta cubierta por un hule grueso que aumentaba en dos o tres grados el calor del mediodía. No tuvimos tiempo para descansar del viaje y mirar con detenimiento los alrededores. Descargamos los morrales, recibimos el saludo de Fabián y de los otros cuatro mandos de la guerrilla y empezó una reunión que duró siete horas. No había sido fácil aceptar la invitación a conversar con un frente de guerra que estaba en el centro de la controversia nacional, porque persistía en el secuestro de Odín Sánchez Montes de Oca y se alzaba como el principal obstáculo para empezar las negociaciones de paz con el ELN; y tampoco había sido fácil llegar al lugar en una jornada cierta a bordo de un avión y tres inciertas en carro, en lancha y a pie. Pero, para mi sorpresa, el diálogo resultó fácil, fluido y claro. No obstante, profundo y conmovedor, como si hurgaran con un escalpelo en mis recuerdos. Había recibido la extraña invitación del comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN para hablar de la situación del país y de las negociaciones con el gobierno nacional. No se trataba de mis viejos compañeros del mando central, no se trataba de los negociadores del ELN en Quito. Se trataba de un hombre que decía haber compartido conmigo el momento decisivo de su vida, el día en que por mi llamado decidió quedarse en la guerra en vez de irse a estudiar. Fue lo que puso por delante su mensajero: “Le manda decir Santiago que no puede rehusar la invitación porque usted tiene todo que ver con su historia y sus decisiones” A pesar de la grave invocación les pedí a Ariel Ávila y a Andrea Aldana, compañeros de trabajo, que fueran primero y miraran la utilidad que tendría para la liberación de Odín Sánchez y para la paz una visita y una conversación de esta naturaleza. Fabián había tomado nota de mis inquietudes y las respondió en la primera hora de la conversación. Dijo que el Frente de Guerra Occidental era muy escéptico sobre las posibilidades de llegar a una paz con cambios en favor de la población más pobre y de las regiones donde estaba el conflicto. Chocó, por ejemplo, qué sería de esa tierra, cómo hacer que la paz sirviera para sacar al Pacífico negro y desastrado de la marginalidad, la corrupción y la explotación infame de los recursos naturales, dijo. Que en el Quinto Congreso del ELN habían votado en contra de establecer conversaciones con el gobierno y habían quedado en minoría, pero tenían toda la disposición de respetar las decisiones mayoritarias y por eso habían decidido liberar a Odín y facilitar el inicio de los diálogos. Que no harían ninguna disidencia y en la eventualidad de un acuerdo final de paz asistirían al sexto congreso para examinar lo acordado y votar a conciencia, sabiendo de antemano que aun si ellos no aprobaban lo convenido volverían a someterse a lo que definiera el conjunto del ELN. Miraba a Fabián, lo comparaba con el chico que se hacía llamar Santiago 27 años atrás, no había perdido el aire de campesino cordobés, de chilapo, tenía la vivacidad de aquel, la malicia de aquel, la decisión inapelable de aquel, pero su rostro era un poco más moreno, cetrino quizás por la huella del verde oscuro de la selva, se había estirado y era más grande, más fuerte, más seguro. Hablé largo de mi experiencia, de la inutilidad de la guerra, de la imperiosa necesidad de buscar caminos pacíficos para luchar por las reformas del país, de la posibilidad cierta de conservar la dignidad, pero también de los sinsabores de la paz. No fui capaz de ignorar o de contradecir su desconfianza sobre una paz con cambios para la vida de las comunidades negras. Les dije que sus reclamos eran justos, pero estaban en la obligación de intentar un modelo de paz con justicia en las tierras que los abrigaban y que había gente dispuesta a ayudarles en ese empeño. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Ala hora en que escribo esta columna se están haciendo todos los preparativos para la posesión de Donald Trump. Faltan apenas unas horas. Pero aún la palabra incertidumbre define el momento que vive Estados Unidos. También cabe la palabra división o polarización, como quiera que la mayoría de los parlamentarios demócratas han anunciado que no concurrirán a la ceremonia, los formadores de opinión arrecian las críticas contra el presidente electo y las encuestas dicen que es el mandatario que llega con menos favorabilidad a dirigir los destinos del país. Quizás nunca antes había ocurrido que las semanas que separan la elección de la posesión fueran un tiempo de agudos debates sobre lo que hará o no hará el presidente, sobre el futuro de Estados Unidos, sobre el camino que tomará Trump. Antes, los analistas se dedicaban a mostrar con alguna certeza los cambios que traería el nuevo inquilino de la Casa Blanca, a especular sobre la manera como desarrollaría las propuestas de la campaña, a hacer cábalas sobre el nuevo gabinete. Ahora no hay certezas. Para algunos cumplirá lo que dijo en campaña, es decir, echará a andar el plan de rupturas y graves desafíos que ha proclamado; para otros, cambiará de ideas o simplemente no podrá realizar lo prometido. El gabinete que ha conformado -con predominio de miembros del Tea Party y de empresarios tan afines a su credo, tan parecidos a su sombra- y la obsesiva insistencia en sus gestos y consignas después del triunfo tendería a darles la razón a quienes creen que irá con todo a transformar la política interna y externa de Estados Unidos. Pero el proyecto es tan ambicioso que suena descabellado. Desafiar a China, acercarse a Putin y Rusia, modificar lo que ha sido la política frente a Europa desde los tiempos de la Guerra Fría, retraer a Estados Unidos del ambicioso libre comercio en curso, cerrar las puertas a los musulmanes, poner un infamante freno a la migración latinoamericana, exaltar el racismo, las desigualdades de género y la utilización de la violencia, en un mundo multipolar, renuente a confrontaciones globales, sacudido por el terrorismo islámico, parece una locura. Implicaría ampliar el apoyo ciudadano, conseguir base social estable y comprometida, llevar a primer plano la fracción de la derecha radical del Partido Republicano y romper el bipartidismo generando, quizás, al otro lado del espectro político, en el ala de izquierda de los demócratas encabezada por Bernie Sanders, otro agrupamiento político. Ahí tendríamos un primer posible desenlace. Sería el triunfo de Trump sobre todo el establecimiento de Estados Unidos, los demócratas y los republicanos tradicionales, la generación de una gran crisis política, el cambio de un mapa político que ha permanecido estable por 150 años y el surgimiento de nuevos partidos. Sería también la crispación, la enorme crispación, en las relaciones internacionales. El aumento de las tensiones en los principales puntos estratégicos del mundo, la posibilidad de nuevas intervenciones de Estados Unidos en los conflictos de Asia, África y América Latina, el desarrollo de confrontaciones bélicas localizadas, pero atadas a maniobras globales. Ahora bien, una ambición tan desmedida, una posición tan desafiante, puede llevar a una reacción dura y concertada del liderazgo político tradicional de Estados Unidos, puede llevar a que el bipartidismo se proteja, a que la institucionalidad y la prensa desaten una presión constante y decidida para separar a Trump de la Presidencia y terminen ganando ese pulso. Ahí tendríamos un segundo posible desenlace. Pero no hay que descartar un tercer desenlace, un más apacible desenlace, de este momento clave del país más poderoso del mundo. Puede ser que, como han afirmado varios analistas a lo largo de los últimos meses, lo de Trump sea más bulla que realidad, que sus duras apuestas sean apenas posturas para arrancar una negociación. Puede ser que el sistema de pesos y contrapesos se imponga y el establecimiento gringo logre apaciguar al impetuoso empresario. Puede ser que haya cambios pero más equilibrados, más graduales, que los anunciados. Para no dejar esta columna como una simple descripción, para que mi modesto esfuerzo por desentrañar lo que ocurrirá con Trump no quede en un mero ejercicio de especulación sobre escenarios de futuro con igualdad en las probabilidades, quiero adelantar mi pronóstico: creo que será muy difícil que Trump termine su mandato. Hay un rasgo especial de Donald Trump, una marca de identidad: Trump no le tiene miedo al fracaso, no teme hacer el ridículo. Se dice que ha pasado por cuatro grandes ruinas en su gestión empresarial y ha salido de ellas, que ha llegado a esas crisis corriendo riesgos que otros potentados no correrían. La campaña electoral puso de manifiesto también el atrevimiento y la arrogancia con que va soltando juicios que la opinión enfrenta con irritación o con burla. Apoyado en este rasgo de Trump digo que buscará llevar a cabo su propósito y no le importará fracasar en el intento. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Arrancó temprano la carrera por la Presidencia en las elecciones de 2018. Santos anunció la salida de Germán Vargas Lleras de la Vicepresidencia y esta es la señal de partida. También otros candidatos están muy activos en los medios esbozando las ideas que van a agitar y dando sus primeros pasos en la organización de sus campañas. La agenda, es decir, el tema central del debate, será definitiva en la escogencia del presidente de los colombianos. Sergio Fajardo le dijo a El Tiempo que el país debía doblar la página del Sí y el No a la paz y abocarse al debate sobre otros grandes problemas nacionales, la corrupción en primer lugar, ese grave cáncer de la democracia. Es algo que muchos colombianos hemos esperado: que la guerra y sus consecuencias dejen de ser el principal tema de las campañas presidenciales, que otras preocupaciones salten a primer lugar, que el miedo y la inseguridad dejen de ser el ingrediente primordial de los debates políticos. Pero es muy difícil que eso ocurra. El plebiscito por la paz del 2 de octubre marcó, quizás irremediablemente, la campaña por la Presidencia. La sociedad colombiana se dividió en dos campos y los líderes políticos de los bandos difícilmente dejarán que cambie el libreto. A Uribe, al Centro Democrático y al sector conservador aliado no les interesa que el debate gire hacia otros lados. Ni bobos que fueran. La crítica al acuerdo de paz y sus derivaciones les permitió arrastrar a la mitad del electorado y postularse como una alternativa con gran opción para 2018. No van a soltar el hueso. Le van a sacar hasta la última tira de carne. Ya lo vimos en estos días con motivo del baile de los guerrilleros con veedores internacionales, o con la anunciada visita del presidente Hollande a una zona de concentración de las Farc, ya lo veremos en el día a día de la campaña cuando los líderes de la guerrilla salten a la política. Lo mismo les ocurrirá a otros partidos y candidatos. La U y el Partido Liberal, protagonistas principales del acuerdo de paz en el lado del gobierno, orgullosos de su labor, insistirán en la defensa del proceso en su fase de posconflicto. Del abanico de sus precandidatos, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Roy Barreras y demás, tendrá preferencia quien pueda representar con mayor idoneidad la idea de una paz estable y duradera. Lo mismo harán los líderes de las Farc y una parte de la izquierda que se la jugó por el acuerdo. A esta corriente política no le queda otra alternativa que adelantar una campaña en función de la paz y las reformas acordadas. Ya las Farc, en este espíritu, han anunciado que apoyarán un candidato de transición por fuera de sus filas. También Clara López, una segura precandidata del mundo de la izquierda, buscará alianzas en esta dirección. Ahora bien, no son pocas las fuerzas y las candidaturas que lucharán por llevar el debate a otro ámbito y buscar aliados saltando por encima de la polarización que generó la negociación de La Habana. No es solo Fajardo. La paz no es el tema preferente de Germán Vargas Lleras. Él buscará un espacio para debatir sobre la infraestructura y la modernización del país, pero también está definiendo poner el fenómeno de la corrupción como leitmotiv de su campaña. Claudia López y el Partido Verde enarbolarán barreras de transparencia y de construcción de Estado, ciudadanía y mercados legales en las regiones para romper las brechas que ha alimentado el conflicto armado. Y habrá candidatos, como Jorge Enrique Robledo y Gustavo Petro, que han tomado distancia de los acuerdos de La Habana e intentarán poner en primer plano los debates sobre la pobreza y la iniquidad en medio de la crisis económica y de las insatisfacciones de amplios sectores de la población. No están solos en esta preocupación. El Foro Económico Mundial acaba de decir que “La exclusión social y las desigualdades son los principales riesgos de la economía en 2017”. Imponer la agenda, llevar el debate a su propio terreno, hacer que las encuestas pregunten sobre sus temas, que los medios le jalen la lengua a sus entrevistados sobre las ideas que están agitando, es el primer reto de los candidatos. A pesar del peso que va a tener el tema de la paz, no es descartable que otras preocupaciones de la sociedad salten al primer lugar en la campaña, y, si eso ocurre, un outsider tendrá serias posibilidades de pasar a segunda vuelta e incluso de ganar la Presidencia. Ahora bien, como lo vimos en la campaña de 2010, en la disputa entre Santos y Antanas Mockus, no basta con jalonar el debate hacia un tema. Mockus logró, en momentos estelares de la campaña, que la transparencia y la ética en la gestión pública fueran los temas claves. La gente, en especial los jóvenes, empezaron a ver el grave problema de la corrupción, a entender que la trampa, el engaño campeaban en la vida pública. Las encuestas acariciaban a Mockus. Pero Antanas no dio la talla en otros temas, no fue capaz de presentarse como un candidato integral, capaz de afrontar los demás problemas del país. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Se me ocurrió esta columna al recibir mensajes de Navidad y Año Nuevo de Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo, precandidatos presidenciales del Centro Democrático. Me alegró mucho recibirlos. Me he encontrado con estos dos líderes políticos en debates y, a pesar de las duras controversias que he sostenido con su partido, han sido siempre respetuosos, siempre apegados a sus argumentos, sin estridencias verbales, sin ofensas, aunque firmes, aunque recios. Ahora expresaban afecto y buenos deseos. No es el signo de la mayoría de los dirigentes de esa fuerza y tampoco lo es de líderes de otras agrupaciones. Estas actitudes serán de enorme importancia en la campaña política que se avecina. Es lo que necesita el país: debatir con carácter, con argumentos, con pasión, las profundas diferencias que tenemos, pero alejar el odio, alejar la rabia, de la discusión. Este propósito es muy distinto al de superar la polarización, resolver las diferencias, buscar un gran consenso nacional. Acabar con la polarización no es posible, pero tampoco es deseable. Así hubiesen fructificado los esfuerzos que hicieron el papa Francisco, Kofi Annan, ex secretario general de Naciones Unidas, Bernie Aronson, delegado de Estados Unidos para las conversaciones entre el gobierno y las Farc, y no pocos líderes colombianos por acercar a Uribe y a Santos en torno a las negociaciones de paz, el país seguiría profundamente dividido. Colombia ha entrado de lleno en los debates que sacuden al mundo. Es la disputa por los valores que regirán a la humanidad en el siglo XXI. La pregunta es qué haremos con nosotros, con nuestras inclinaciones sexuales, con nuestra diversidad racial, con la familia, con las transformaciones corporales y mentales que vendrán con los avances en la biotecnología, la nanotecnología y la ingeniería genética, con las modificaciones en el mundo del trabajo que traerá la robótica, con el cambio climático y la posibilidad del colapso de la vida humana. Ya hemos visto las enormes tensiones que han generado las discusiones de género, la despenalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de adopción de niños por este tipo de parejas, los derechos de los indígenas y los negros, las agresiones sexuales de personajes de las elites a menores humildes, el consumo de alucinógenos y psicoactivos, la segregación social que viven algunas poblaciones y los debates sobre las afectaciones ambientales de las industrias extractivas. Por supuesto la paz. En la mayoría de estos temas hay arraigadas creencias, nociones que han sobrevivido miles de años en la memoria de la gente, ideas fijas que han acompañado al ser humano desde la cuna y no son fáciles de abandonar por más que la ciencia o la interacción humana muestren lo contrario. Yuval Noah Harari en su reciente libro Homo Deus trae un ejemplo fabuloso sobre la resistencia a aceptar la teoría de la evolución, que tiene ya 150 años de enunciada y se ha enseñado persistentemente en colegios y universidades. Cita una encuesta de Gallup de 2012 donde solo el 15 por ciento de los estadounidenses cree que el Homo sapiens evolucionó únicamente por medio de la selección natural, al margen de toda intervención divina. La encuesta establece resultados por niveles educativos hasta llegar a los doctorados, y dice que allí apenas el 29 por ciento atribuye la creación de nuestra especie a la selección natural. Harari señala la especial sensibilidad que despiertan algunos temas en la conciencia de los hombres, sobre todo aquellos que los tocan directamente, que remueven sus creencias, que les generan incertidumbres, que los muestran como seres cambiantes. Y ese va a ser el signo de los debates políticos de los próximos años y las próximas décadas en Colombia. No hay modo de que sean tranquilos, equilibrados, objetivos, no hay posibilidad de que se generen grandes consensos. Y es muy bueno que salgan a la luz. Que se conviertan en el alimento de las decisiones electorales, que se sometan al juego de la democracia. Pero tenemos que lograr que estas disputas se alejen de la agresión, de la violencia, de las conspiraciones y la primera tarea en ese camino es superar el odio y la rabia en los debates. No es nada fácil. La guerra ha dejado muchas heridas, las prácticas políticas también. Es difícil pedirle a un dirigente político que le han asesinado a su padre o secuestrado o desaparecido a un familiar o que se ha sentido excluido y marginado toda la vida que disipe estos sentimientos en su espíritu, pero es una obligación inapelable con el futuro de nuestros hijos y del país. No es imposible hacerlo. Martha Nussbaum en el libro Emociones políticas hace un largo recorrido por autores para demostrar que se pueden y se deben generar sensibilidades altruistas, emocionalidades más comprensivas de los otros, actitudes civilizatorias, en la vida pública. No hay que acudir solo a la razón. Es menester que los líderes políticos actúen con responsabilidad en ambientes crispados como el nuestro y vigilen también la expresión de sus sentimientos. No se puede repetir el espectáculo de las elecciones presidenciales de 2014 y tampoco lo ocurrido en el plebiscito por la paz. Se desbordaron la guerra sucia, las agresiones verbales y las conspiraciones. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Esta columna me duele. Es la última del año. No debería estar escribiendo sobre hechos tristes. Debería contar alguna historia alegre, un libro, un autor, que en 2016 me hubiese dado un rato de felicidad, digamos De animales a dioses, ese relato fabuloso de la historia de la humanidad, de Yuval Noah Harari. Pero debo escribir sobre las amenazas a la vida de un gran ser humano, de un amigo, de un pastor que está jugando un papel enorme en la reconciliación del país. Tuve la fortuna de conocerlo cuando hacía el seminario y se iba los fines de semana a compartir las angustias con los mineros y los campesinos de Angelópolis, un pueblo a dos horas de Medellín. Íbamos juntos a las minas para oír a niños que forjaban sus primeros músculos arañando socavones de una tierra ingrata y a hombres que perdían el brillo de sus ojos en la aviesa oscuridad de los carbones profundos. Íbamos a encontrarnos con campesinos que saltaban sobre su timidez ancestral para decirnos cosas de su vida, para contarnos los azarosos pleitos con sus patronos, o para hablarnos de los sueños de sus hijos. Mi espíritu se fue macerando en el agua ardiente de esos infortunios y fue tomando el sabor de una ilusión radical, de una vindicación armada, en cambio, Darío mantuvo la calma, se apegó aún más a su Iglesia, se ordenó sacerdote y se dedicó con todo el corazón a una opción tranquila por los pobres. Hizo sus primeros años en el campo, en los predios que lo vieron nacer, en la zona cafetera tan religiosa y pacata, de campesinos minifundistas con algunos ricos hacendados que aún añoraban los tiempos de siervos y poramberos, explotados y humillados, siempre al lado de los humildes. Llegó a Medellín como obispo auxiliar para explorar soluciones para los jóvenes que empezaban a perder su vida y sus ilusiones en las ardorosas fauces del narcotráfico. No pude seguir sus huellas, pero nunca estuve lejos de su vida, indagué año tras año a qué lugar iba y qué hacía y me alegraba de su firme apostolado social, de sus inapelables convicciones, de su entrega a las causas del pueblo. Lo volví a ver años después de mi regreso de la guerrilla y entendí que en su moderación había comprendido mejor que yo a este país sembrado de odios y venganzas. Cali no ha sido su cruz, Cali ha sido su realización, el punto donde se anudan sus ilusiones, una ciudad negra, la más negra de las grandes ciudades colombianas, también blanca, de elites egoístas que miran de soslayo esos barrios trepidantes de Siloé y Aguablanca, que desdeñan ese conflicto armado que sacude cada rincón del Pacífico y se anuncia al mundo a través de Buenaventura y de un mar opaco como ese vientre misterioso de las selvas del Chocó. Fue allí como arzobispo, me dijo un día, para alentar la participación de miles de jóvenes en la vida política y social del país y para buscar un diálogo eficaz entre ese mundo ignorado, ese mundo amenazado, avasallado, golpeado, por la ignominia de la guerra y la discriminación y los encumbrados grupos empresariales del Valle del Cauca, tan cultivados intelectualmente, tan modernos en su vida personal, pero tan ciegos en el trato a sus trabajadores y a los desvalidos. No tiene nada de extremista, nada de radical, solo posiciones firmes frente a la mentira y la injusticia, solo compromisos con la verdad y con el anhelo de paz. Por eso un día fue capaz de decir que a Alfonso Cano no lo habían matado en un combate limpio, que su muerte había ocurrido en condiciones de indefensión. Después, esquivando el escepticismo sobre la paz del ELN, le dijo al país que estaba dispuesto a ayudar a traer a este grupo –que en algo escucha sus consejos– a la vida civil. Recientemente, a contrapelo de las orientaciones de la Conferencia Episcopal, alzó su voz para llamar a votar Sí en el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz. Ahí está el origen de las amenazas de muerte que le llegaron recientemente a la casa de su obispo auxiliar. La derecha atrabiliaria no le perdona la cruzada de reconciliación. No quiere que siga en Cali. Quieren obligar al papa a que lo traslade a otro lugar, o, quizás, piensan que, si esto no pasa, algún plan atroz se les ocurrirá para sacarlo del medio. Así lo dice Darío sin espantarse, sin perder la sonrisa de siempre. Me aterran esas cosas y siento un vacío en el estómago y pienso que eso no tendrá cabida en la Colombia de la transición. Que el país necesita a este obispo mesurado, conciliador, par indiscutible de Francisco, un papa al que escuchan poco en estas tierras de graves antagonismos. A mis lectores les debo entonces una columna sobre Harari, del que leí en alguna biografía que es de origen judío, vegano y gay y desde esa condición hace hipótesis atrevidas y creíbles sobre las religiones, los atavismos alimentarios, la homosexualidad, el dinero, los imperios, la revolución cognitiva, la agraria, la científica, el vasto pasado y el incierto futuro de la humanidad, todo en dos libros, en 1.000 divertidas páginas. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Ojo! Actitudes como las que vivimos en la violación, la tortura y el asesinato de la niña Yuliana Samboní son el fermento de críticas incontrolables a las elites y de graves confrontaciones sociales. Son también un pésimo ejemplo para toda la sociedad. Un hombre de apellidos sonoros, educado en los principales centros educativos del país, perteneciente a un exclusivo círculo de Bogotá, a plena luz del día comete un crimen horrendo y desata una insospechada ola de indignación. Como lo demostraron las primeras investigaciones, las acciones de Rafael Uribe Noguera no fueron locuras del momento, arrebatos, impulsos incontrolables en medio de un delirio, fueron actos calculados. Tampoco tuvieron este signo las labores de encubrimiento realizadas por su familia y el silencio sobre el nombre del agresor que en principio guardaron algunos importantes medios de comunicación. La gente vio en no menos de tres oportunidades a Uribe en el barrio intentando raptar a Yuliana, y ahora se sabe que la dosis de cocaína y la ingesta de licor fueron después de la vejación y muerte de la menor, para prefigurar una enajenación que atenuara su atroz comportamiento. Buscaba una niña pobre, marginal, indefensa, sin voz, con la esperanza de que nadie reclamara por ella, con la seguridad de que podía perpetrar el crimen y nadie se atrevería a tocarlo, quizás, amparado en experiencias anteriores donde sus actos quedaron en la oscuridad. Los hermanos del homicida engañaron a la Policía y por largas horas ocultaron el sitio donde se habían dado los hechos. Durante ese tiempo intentaron con una frialdad estremecedora tapar el crimen y organizar una coartada que salvara de la cárcel a su familiar. Alcanzaron a internarlo en una clínica y empezaron a forjar la leyenda de los trastornos mentales, de la intoxicación, de la enfermedad. Quizás otras veces, frente a otros abusos, habían hecho cosas parecidas. Algunos medios de comunicación daban vueltas alrededor de las contundentes informaciones que salían de la acuciosa patrulla policial, y obviaban mencionar el nombre del sospechoso y de la familia en un extraño silencio. Aún en las emisiones centrales del lunes, cuando ya la familia Uribe había aceptado su responsabilidad, mantenían esta actitud. No es la primera vez que esto ocurre. Con algunas excepciones, cada vez que están involucrados en delitos personas de familias ricas e influyentes hay consideraciones especiales, atenciones, tendencia a disculpar sus acciones. Muy pronto los más hábiles abogados del país están a su disposición y los procesos judiciales se traban, se aplazan, se prolongan y pocas veces terminan en condenas. Antes estas cosas pasaban desapercibidas, eran algo natural, algo normal, privilegios de ‘personas de bien’ que la gente aceptaba con resignación, pero en los últimos tiempos la sociedad civil ha empezado a reaccionar. Fue lo que ocurrió este lunes cuando medios como Las2orillas, SEMANA y otros saltaron el canon y rápidamente le pusieron nombre y rostro a la noticia, las redes sociales se colgaron de allí y organizaciones de mujeres y personas adoloridas por la infamia se fueron a las puertas de la clínica a deshacer las mentiras y a invocar justicia. Esos gritos desesperados, esa rabia, esa pretensión de hacer justicia con la propia mano rompiendo las puertas de la clínica para buscar al responsable y golpearlo y agredirlo, ese llamado angustioso para que se lo llevaran a la cárcel y empezara su camino hacia un tribunal, estaban diciendo una cosa, una sola cosa: falta de confianza en la justicia, graves sospechas de que el asesino podía escapar a la acción penal utilizando sus influencias. También se presentan descuidos, negligencias, impunidad en la persecusión a delitos parecidos en los estratos bajos de la población, pero las circunstancias de los agresores son distintas, la cobertura familiar y social es débil, los recursos para la defensa son precarios, la celeridad para llegar a calificativos tales como ‘el monstruo del barrio tal’ es asombrosa. Se le reprocha con frecuencia a la izquierda que aliente y promueva la lucha de clases, se le dice que eso es cosa del pasado, que la sociedad marcha hacia una mayor equidad en todos los campos. Algo de cierto hay en estas admoniciones, no obstante, casos como el de Rafael Uribe Noguera y las actitudes que generó tienen un gran potencial para activar los reclamos, los resentimientos y las luchas sociales. Un castigo pronto y ejemplar en este caso específico y la promoción de la censura social a la prepotencia, al machismo, al abuso de quienes ostentan dinero y privilegios son más eficaces que la palabrería sobre cadena perpetua, castración y nuevas leyes, que se desata cada vez que se presentan estas tragedias para esconder el rabo de paja de quienes tienen el timón de la sociedad. Nota. En medio de la avalancha de información y discursos sobre los hechos se ha olvidado reconocer y felicitar la eficaz labor de los policías que descubrieron al asesino. Columna publica en Revista Semana

El sentido común permitiría pensar que la consolidación de un proceso de paz, como el que se está desarrollando en Colombia entre el Gobierno y la FARC, abriría el camino para la profundización democrática del país y, sobre todo, daría un respiro a la izquierda democrática, es decir, que le haría las cosas más fáciles al menos electoralmente. Sin embargo, a día de hoy el camino de la izquierda con miras a las elecciones nacionales de 2018 se ve complicado y el futuro no le augura buenos resultados, pues podría estar por debajo de los logrados en 2014. Tres son las tragedias que vive actualmente la izquierda. Por un lado, el país comienza a vivir un nuevo brote de violencia o una nueva guerra sucia: en un mes se cuentan cinco asesinatos y más de una decena de atentados a líderes sociales de base, cercanos a movimientos de izquierda, que han visto la luz después del proceso de paz. En segundo lugar, la llegada de las FARC a la arena política, al parecer causará una división en la izquierda y no la unidad. El Polo Democrático, el partido que mejor representa la izquierda democrática actualmente en el país, esta dividió en dos grandes sectores: los que creen que deberá existir una gran coalición con la gente que sale de la guerra y los que creen que se debe seguir el camino de la división entre la izquierda radical y el centro izquierda. Cualquiera de las dos opciones puede ser una debacle electoral. Pero tal vez la tragedia más grande que vive la izquierda es que su éxito puede significar entregarle el país a la extrema derecha. En el mundo empresarial urbano existe un temor y es que producto del proceso de paz la izquierda llegue al poder. Este mundo sabe que no se trata de que las FARC tengan probabilidad de ganar, esto es algo bastante remoto, pero sí que candidatos como Gustavo Petro o Jorge Robledo comiencen a crecer en las encuesta. Según dicen estos empresarios, esto pondría en jaque no solo el régimen político, sino el modelo económico, de tal forma que ellos, aunque apoyaron el proceso de paz y apoyan la implementación de los acuerdos, apoyarían la extrema derecha en las elecciones de 2018. Es decir, el respaldo al Gobierno Santos y a la democracia liberal progresista que representa la élite urbana Bogotana llegaría hasta finales del año 2017. Este mundo empresarial recibe constantemente versiones sobre lo peligroso que es que la izquierda comience a crecer en las encuestas. Esa frase, que de por sí es ridícula, sobre el modelo de gobierno castrochavista, lo perciben como un riesgo. Por ello cada punto que crezca la izquierda en las encuestas, es un paso más del empresariado a la extrema derecha. Extrema derecha que vive del miedo y que para sobrevivir necesita mantener el fantasma, aunque irreal, de la amenaza de las FARC, quienes ya están en proceso de desarme, y mantener el temor vivo de una gran “conspiración mundial de la ultra izquierda”, como la definen varios de ellos. De hecho, el miedo de una izquierda vigorosa, hace que los asesinatos de varios dirigentes de base le sea indiferente a la mayoría de la élite económica y política del país. Comentarios como “era de esperarse”, “nadie dijo que el postconflicto no sería violento”, “aquí van a haber muchos asesinatos selectivos”, son recurrentes. En cualquier país del mundo todos estos asesinatos causarían un gran debate y sisma político, pero en Colombia solo hay indiferencia. Así que muerte, división y miedo, resumen la gran tragedia de la izquierda en el país que logra la paz después de 52 años de conflicto. Columna de opinión publicada en el pais.com

Contra viento y marea, haciendo concesiones en la renegociación del acuerdo después del triunfo del No en el plebiscito, aceptando que la refrendación se hiciera en el Congreso después de haber insistido durante dos años que se convocara a una constituyente y de haber asistido a un plebiscito que no les gustaba, abriendo sus oídos a la opinión pública que les reclama aquí y allá que les pidan perdón a sus víctimas, las Farc marchan hacia las zonas de concentración y se disponen a su desarme total; entre tanto, comienzan a participar en el debate político. Y para empezar sorprendieron a la opinión con la propuesta de un gobierno de transición. En el momento de la firma del acuerdo de paz del Teatro Colón, Rodrigo Londoño, jefe de las Farc, hizo el planteamiento. Inmediatamente, dirigentes del Centro Democrático abrieron fuego contra la proposición señalando que le estaban pidiendo a Santos compartir el actual gobierno para iniciar la era del castro-chavismo en el poder. Pero muy pronto los líderes de la guerrilla salieron a aclarar que se trataba de buscar una gran coalición entre todos los partidarios del acuerdo de paz, para concurrir a las elecciones de 2018 y asegurar el triunfo electoral, con el propósito de garantizar la implementación de todos los compromisos. La idea nació del miedo que generó el triunfo del No en el plebiscito. Allí las Farc se dieron perfecta cuenta de que la probabilidad de una vuelta del uribismo al poder es enorme. El mismo temor llevó a detener todas las acciones que tenían planeadas para conmemorar los 50 años de existencia a finales de mayo de 2014, cuando transcurría la segunda vuelta de las presidenciales, y Óscar Iván Zuluaga esperaba ansioso que se produjera una escalada de terror de las Farc para alzarse con la victoria. Con un sorprendente pragmatismo, las Farc están declinando la presentación de un candidato propio en las próximas elecciones, y están diciendo que se dedicarán a impulsar la más amplia unidad de los partidarios de la paz desde la primera vuelta presidencial. Pero no será fácil llevar a la práctica esta manifestación de realismo de la guerrilla. No solo recibirá fuego desde la orilla uribista. También encontrará serias resistencias en los partidos que hoy acompañan a Santos en la búsqueda de la paz, y no despertará mucho entusiasmo en Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo que aparecen ya en la baraja de los candidatos presidenciales de la izquierda. Figuras como Germán Vargas Lleras y Sergio Fajardo, que se alistan para la contienda presidencial, no accederán con facilidad a un acuerdo con las huestes guerrilleras desarmadas. Ahora bien, para que la voz de las Farc tenga alguna resonancia en las elecciones venideras, para que su propuesta sea escuchada, primero tienen que administrar bien el impacto que causará su llegada entre los grupos de izquierda y dedicar los meses que vienen a conformar un partido o movimiento innovador, tranquilo, serio e incluyente, para deshacer las graves prevenciones que desata la participación de la guerrilla en la política. Lo más probable es que el Polo Democrático se divida si la postulación de Robledo como candidato a la Presidencia resulta irreversible. Eso empujaría a Iván Cepeda y quizás a Clara López hacia el movimiento que surja de la paz. También es probable que algunos dirigentes del Partido Verde vayan hacia este nuevo agrupamiento. No será suficiente para crear un movimiento atractivo para las nuevas ciudadanías, especialmente para los jóvenes, tan reticentes a comprometerse con las viejas formas de hacer política. Lo que se ve en Europa, en Estados Unidos y en algunos países de América Latina es un desencanto con las elites gobernantes y una búsqueda de nuevas formas de comunicación y de relación con los líderes y los partidos. Acá la situación es más grave aún. Estamos en una sociedad doblemente dividida, doblemente fracturada. Arrastramos las heridas de la guerra, los dolores de la guerra, la división profunda que ha causado la larga confrontación armada; y enfrentamos también la enorme brecha que generan nuevos temas: los derechos de las minorías sexuales, étnicas y sociales, la subversión de las relaciones familiares, la preocupación por las nuevas formas de la corrupción pública y privada. En los últimos años hemos visto asomos de renovación, votaciones sorprendentes por nuevos líderes, generación de movimientos que se encienden y se apagan en un abrir y cerrar de ojos. Pero en medio de la división de la sociedad ha persistido la resistencia al cambio. La gente da una vuelta y regresa a los viejos liderazgos. Quizás la firma de la paz sea el ingrediente que faltaba para que la sociedad colombiana emprenda una fuga hacia adelante, para que dé por fin el salto hacia al siglo XXI. Pero eso dependerá de la manera como procedan las Farc y todas las fuerzas que lideraron el Sí en el plebiscito y han persistido en la reconciliación del país. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Ni el acuerdo de paz del Teatro Colón es mejor que el de Cartagena, ni tiene más apoyo político y social que aquel. Sé que soy crudo y antipático al decir esto. Pero para pensar en el futuro, para proteger lo acordado, es mejor aceptar la realidad tal como es. Se equivocaron los que creyeron que era posible ver la firma de Uribe en un acuerdo de paz. También los que pensaban que quizás con Uribe no, pero con Marta Lucía Ramirez y Pastrana sí. Ni estos ni otros líderes políticos y religiosos tuvieron la grandeza que les pedían ilusionados partidarios de las negociaciones de paz. Quienes elevaron esta petición fervorosa, quienes apelaron a la generosidad de los líderes del No, pasaron por alto los intereses políticos de quienes se opusieron persistentemente a las negociaciones de La Habana. Tampoco miraron con ojo crítico los resultados electorales de los últimos años. El uribismo se crece en la controversia por la paz y en la disputa presidencial. Ahí es fuerte. Ahí tiene un electorado pendiente de un estímulo, pendiente de un llamado. Repito cifras. Su bancada en el Congreso alcanza el 14 por ciento y tiene apenas 56 de 1.121 alcaldes. No pega en los debates locales, no tiene allí suficientes operadores políticos y propuestas. En cambio ganó la primera vuelta presidencial de 2014 y estuvo a punto de ganar la segunda vuelta. Luego ganó el plebiscito repitiendo votaciones en la mayoría de los municipios donde había triunfado en las presidenciales. Además, ha propiciado un gran desgaste de Santos y su gobierno mediante una feroz labor de oposición. Muy ingenuos quienes creyeron que Uribe podría declinar la oposición, cerrar la rentable discusión sobre la paz y regalarle a la actual coalición de gobierno la firma para echar a andar el posconflicto. Nada de eso iba a pasar. En conversaciones con funcionarios del gobierno o con congresistas de diversos partidos les dije eso una y otra vez. Santos, desde luego, estaba obligado a abrir negociaciones con el uribismo y sus allegados, no tenía otra alternativa después de los resultados del plebiscito. Uribe, astuto como siempre, propuso un gran acuerdo nacional y se sentó a negociar con el único objetivo de introducir cambios en los textos de La Habana, para luego, con cualquier pretexto, saltar otra vez hacia afuera del proceso y arreciar sus críticas en función de las elecciones de 2018. La jugada le salió perfecta. En las conversaciones con los líderes del No el acuerdo perdió dientes para las transformaciones agrarias, la eficacia de la justicia transicional y la protección de los derechos de las mujeres y las minorías sexuales; y Uribe, muy orondo, dijo entonces que los cambios no le parecían y nuevamente se declaró en resistencia y lanzó la idea de un referendo para deshacer el nuevo acuerdo. El gobierno y las Farc se quedaron con el pecado y sin el género. La disputa va a continuar en el escenario del Congreso por la refrendación y la implementación, y allí también los uribistas y uno que otro aliado que encuentren entre la diversidad de bancadas intentarán estrategias parecidas para seguir modulando los acuerdos, sin comprometerse con el proceso de paz y con el desarrollo cabal del posconflicto. Veremos si aquí también les dan resultado las maniobras. Pero la batalla principal se librará en las calles y en las veredas del país. Si las fuerzas de la paz se duermen crecerá la movilización en favor de un referendo que tendrá pocas posibilidades de pasar en el Congreso, pero se convertirá en un eficaz preludio de la campaña presidencial. A los partidarios del acuerdo de paz no les quedará más remedio que apelar a los cabildos populares o a otras modalidades de consulta para incrementar el apoyo social y político a la paz negociada. Y viene lo principal, lo decisivo, la disputa por el Congreso y la Presidencia en 2018. Ahora todo mundo ha sido notificado de que no hay blindaje jurídico inexpugnable, que el asunto es político, que si no hay mayorías para sustentar el proyecto de paz y las reformas acordadas, la calidad de la paz está en entredicho. No será nada fácil lograr derrotar al uribismo y alcanzar estas mayorías, especialmente en las presidenciales. Los uribistas y sus aliados tienen dos grandes ventajas en este momento: dados los resultados del plebiscito tienen asegurado su paso a la segunda vuelta; y son una fuerza homogénea con un líder indiscutible. En cambio, la coalición de apoyo a los acuerdos de paz es una amalgama de corrientes y de líderes políticos que van desde la centro derecha a la extrema izquierda. De ahí que no sea descabellada la idea de buscar una coalición amplia, diversa y estable para garantizar el posconflicto y la reconciliación. O dicho en los términos de Timochenko: la postulación de un gobierno de transición que emerja de las elecciones de 2018, pero que tenga desde ya algunas manifestaciones concretas. Si en la primera vuelta de 2018 la dispersión de candidaturas deja a los partidarios del acuerdo de paz con un candidato débil para enfrentar al rival uribista en segunda vuelta, el retorno de Uribe al poder estará garantizado. Columna de opinión publicada en Revista Semana