En entrevistas a Julián Quintana sobre sus denuncias contra el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Álvaro Echandia, he visto reiterar la hipótesis de que la filtración del video, en que Óscar Iván Zuluaga conversaba sobre las Farc con Andrés Sepúlveda, y el escándalo y las investigaciones judiciales sobre espionaje y tráfico de información que involucraban a miembros de la campaña presidencial del Centro Democrático desequilibraron la contienda de 2014 y llevaron a la derrota al candidato del uribismo. Esta conjetura no tiene asidero en lo ocurrido en esos días y tampoco en la historia reciente del país. Los datos puros y duros muestran otra cosa. La candidatura no sufrió mella y más bien se fortaleció. Tampoco se vinieron al suelo otros líderes políticos pillados en parecidas o más graves ilegalidades y corrupciones en los últimos 20 años. Eso, en Colombia, según muestran los acontecimientos, en vez de debilitar tiende a fortalecer. El 6 de mayo de 2014, en la captura de Andrés Sepúlveda y en el allanamiento de las oficinas donde laboraba para la campaña de Óscar Iván Zuluaga, se encontraron las primeras evidencias del espionaje y el tráfico de información reservada con el propósito de lesionar las negociaciones de paz y la campaña rival. Diez días después apareció el video donde Zuluga, en visita a Sepúlveda, indaga por los hallazgos de su investigación sobre las Farc y la paz. A continuación, el 25 de mayo, este candidato anodino, que no lideraba las encuestas, gana la primera vuelta. Mi hipótesis arriesgada y controversial es que, en ese momento, mucha gente dijo para sus adentros: este ‘man’ sí es capaz, este ‘man’ sí se le mide a todo con tal de desbaratar el proceso de paz, este es el que necesitamos. Fue ahí donde se disparó la candidatura de Zuluaga, fue ahí donde se desató la alerta que obligó a todas las demás fuerzas del espectro político a buscar una alianza para cerrarle el paso y aun así estuvo a punto de triunfar en segunda vuelta. Había tenido una experiencia en Europa que me reveló esa actitud de una parte de los colombianos. Fui a presentar los resultados de la investigación de la parapolítica a grupos parlamentarios. Estuve en Londres, Bruselas y Estocolmo. Después de contarles que en ese momento estaban presos 41 congresistas y 47 más tenían investigaciones abiertas, me preguntaron en todos los lados por la adscripción política de los inculpados. Les dije un poco extrañado con la pregunta que el 95 por ciento pertenecía a la coalición de gobierno. Me preguntaron entonces con pequeñas variaciones por la posibilidad de que Uribe tuviera que abandonar su cargo. Tuve que decirles que las encuestas reflejaban un mayor apoyo a la labor presidencial, y agregar que incluso los líderes políticos encarcelados seguían gozando del poder político en sus regiones y en el país y seguramente sus allegados políticos y sus familiares serían elegidos en las próximas elecciones. Me miraban incrédulos y debía repetirles la aseveración. No podían entender la situación y yo no atinaba a darles una explicación convincente. Y vean lo que está ocurriendo con Julián Quintana. Riguroso director del Cuerpo Técnico de la Fiscalía, en una juiciosa investigación, logra la condena a diez años de Andrés Sepúlveda por el Juzgado 22 Penal Especializado. Allí Sepúlveda aceptó los cargos y declaró que comprometió en esta labor a miembros de la fuerza pública y de la Agencia Nacional de Inteligencia que también fueron condenados. En el proceso se hace visible la evidencia de que Sepúlveda gozaba de toda la confianza de los líderes de la campaña de Zuluaga. Sepúlveda conversa relajadamente con el candidato sobre informaciones recolectadas de manera ilegal; va de la mano de Luis Alfonso Hoyos, segundo de la campaña, a donde Rodrigo Pardo, director de Noticias RCN, para tratar de divulgar información sobre las Farc; firma contrato con el hijo de Zuluaga, gerente de la campaña; logra que la Dirección de la Policía le abra las puertas por recomendación de Rafael Guarín cuando era viceministro de Defensa. El doctor Quintana sale de la Fiscalía sin mayor reconocimiento, anónimo, con dificultades para pasar a un cargo de la importancia del que tenía, y un día decide cambiar de idea y de bando y decir que las evidencias para vincular a Zuluaga y a su hijo o insinuar algo sobre Uribe no existen, y que todo esto fue inducido por el director de la Agencia Nacional de Inteligencia. Entonces Echandía, que le entregó a Quintana las pistas para que llegaran a Sepúlveda, aprovechando quizás algún contacto con Rafael Revert y Daniel Bajaña, ahora está en el ojo del huracán y tiene que salir a explicar los nexos entre estos dos hackers y su institución. Porque Zuluaga y sus abogados han construido la curiosa y arrevesada tesis –aceptada por no pocos periodistas- de que si Echandía tuvo con anterioridad alguna relación con Revert o Bajaña quedaría demostrado que todo fue una conspiración contra Zuluaga. Auguro que Quintana ahora sí será muy respetado y tendrá éxito; que Echandía se verá en calzas prietas para mantener su puesto; y Zuluaga y el uribismo van a tumbar los procesos judiciales y van a ganar más puntos para 2018; porque en Colombia la corrupción y las tramas ilegales dan prestigio y votos. Columna de opinión publicada en Revista semana

Entre muchas, hay dos maneras de ver el triunfo de Trump, lo acontecido en el brexit inglés, lo que pasó en el plebiscito sobre la paz en Colombia, la persistencia de Rajoy en España o el inusitado protagonismo de las Iglesias evangélicas en la vida pública brasileña y el escabroso ascenso de Michel Temer al poder en ese país: como un grave retroceso político o como una desesperada reacción ante los aires de cambio que se respiran en el mundo. Para estas dos visiones hay argumentos de peso. Los que hablan de una vuelta atrás no necesitan hacer muchos esfuerzos para explicar su idea. Es fácil señalar que Estados Unidos había dado un salto hacia adelante al llevar a la Presidencia a un negro con una actitud más abierta y comprensiva frente a los migrantes, más inclinado a la solución pacífica de los conflictos, más preocupado por los derechos de las minorías y por los efectos del cambio climático. Con la victoria de Donald Trump todo eso está en cuestión. Tampoco es difícil mostrar la salida de los ingleses de la Unión Europea como un duro golpe a la integración de un continente clave para los destinos de la humanidad. O la nueva investidura de Mariano Rajoy y la prolongación del gobierno del Partido Popular con el apoyo de los socialistas como un freno a los nuevos partidos y un congelamiento de la escena política española. O el triunfo del No como la negación colombiana a entrar de una vez por todas a una era de paz y reformas. O la destitución de Dilma Rousseff como la utilización de hechos innegables de corrupción del Partido de los Trabajadores para cortar de un tajo el proceso de transformaciones económicas y sociales iniciado por esta fuerza política. Más laborioso ponerse a descifrar los signos de ruptura que aterran a la sociedad en uno u otro lado del planeta y que dan pie a la emergencia de astutos demagogos que hacen eco de los miedos, de las incertidumbres, de los prejuicios y de los atavismos de grandes sectores de la población. Vi en una madrugada madrileña el último debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, y oí, entre admirado y temeroso, que temas nunca tratados, temas que antes no aparecían o solo se robaban alguna alusión marginal en la controversia, ahora eran el centro del gran debate político: el aborto, las minorías sexuales, los negros, los latinos, el acoso sexual de quienes ostentan algún poder, la mezcla entre lo público y lo privado, los derechos laborales de los recién llegados. Todo eso sacudiendo, como un avión en una turbulencia, las emociones de los blancos, de los instalados, de los que nunca han dudado que el mundo es de ellos, solo de ellos, de los que siempre han tenido a la mano una creencia religiosa para explicar lo que les ocurre, estaba ahí servido en un solo plato, todo eso dando vueltas en la cabeza, todo eso para definirlo en la soledad de una urna, en la intimidad de la conciencia. Había visto antes un hecho insólito, una ministra de Educación, Gina Parody, parada en un atril del Congreso de Colombia, hablando de su condición sexual y de su relación marital con otra ministra, Cecilia Álvarez, defendiendo su labor al frente del ministerio, su lucha contra la discriminación sexual, racial o política en las escuelas y colegios, desafiando la doble moral de los colombianos, buscando una sociedad más incluyente. Y hace poco más de dos años había oído en una publicidad de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, un señor del corazón de las elites del país, increpando a quienes no prestaban sus hijos para la guerra y en cambio querían proseguir en el conflicto armado con los hijos de los otros. También he visto en los últimos meses a una guerrilla –dura como el hierro, siempre afincada en la conciencia de una causa justa, siempre defendiendo a contrapelo de la realidad sus acciones– pidiéndole perdón a las víctimas de Bojayá, a las de la Chinita en Apartadó, a las familias de los diputados del Valle. Algo muy serio se ha empezado a mover aquí y en el mundo, algo profundo, algo que toca al ser humano en toda su dimensión, hay una discusión más allá de la pobreza o de la equidad social, más allá de las relaciones económicas, hay una controversia sobre los valores, sobre la intimidad, sobre la condición humana. De ahí las emociones como ríos desbordados, los jóvenes llorando en las calles de Londres o en las ciudades colombianas o brasileñas un día después de los plebiscitos o de la caída de sus líderes; de ahí el verbo ardiente de los caudillos echándole sal a la herida de los rencores, de los miedos, de la intolerancia para detener a un mundo que se les escapa; de ahí la angustiosa resistencia al cambio que encuentra en las urnas su desahogo. Me inclino a pensar que no habrá vuelta atrás; que la ola de cambios se hará más grande con el paso de los días; que las derrotas serán temporales; que ni el llamado de la naturaleza, ni el grito desesperado de millones de personas que buscan un nuevo lugar en la tierra se podrán ignorar. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Ha empezado a correr la idea de postular a Uribe a la Vicepresidencia haciendo fórmula con uno de los tres precandidatos del Centro Democrático a la Presidencia. Esta propuesta, de concretarse, desatará una gran controversia jurídica porque la función esencial del vicepresidente es reemplazar al presidente en caso de ausencia definitiva y para eso está impedido Álvaro Uribe Vélez. Pero ya el uribismo ha sorprendido al país con mayores audacias, de manera que esta iniciativa no se puede subestimar. No sé qué tanto se ha agitado este propósito en el interior del uribismo. Se lo oí a un grupo de personas que no tiene una gran influencia en esa agrupación política, pero me pareció una jugada tan astuta como difícil de llevar a la práctica. Los resultados del plebiscito le han dado alas enormes al uribismo y han estimulado este tipo de propuestas. No es para menos. El triunfo del No se convirtió en el primer pulso electoral de las elecciones presidenciales, dio un resultado que nadie esperaba y le pegó una patada al tablero político. Los precandidatos del uribismo hasta ahora no pintan mucho en las encuestas de favorabilidad, y el Centro Democrático solo tiene el 20 por ciento del Congreso, 56 de 1.121 alcaldías y un gobernador de 32. Su condición decididamente minoritaria en las instituciones y su aislamiento internacional llevaron a pensar que no tendrían mucho chance de convocar al No y ganar el plebiscito. Se decía, incluso, en algunos círculos políticos, que sería la puntillada final a esta corriente y por eso la victoria del Sí tendría que ser apabullante. Grave equivocación. Uribe y los del No lograron capitalizar la bronca a las Farc, la resistencia al cambio, las visiones tradicionales de la familia, los graves prejuicios frente a las minorías sexuales, étnicas y raciales, las inocultables críticas a Santos. Ganaron por un estrecho margen de votos, pero ganaron y le cambiaron el color a la coyuntura. Ocurrió otra cosa en el mapa municipal. El Sí aventajó por poco al No en el número de municipios: 563 por el Sí, 558 por el No. El contraste con la segunda vuelta presidencial de 2014 es importante. Esa vez le ganó Santos a Zuluaga por cerca de 1 millón de votos, pero en el número de municipios fue distinto: Zuluaga ganó en 613 y Santos solo en 508. Pero lo que debemos resaltar es que cuando está en juego el tema de la paz y las reformas para el país y cuando se pone a votación el liderazgo nacional, la competencia es muy reñida entre el uribismo y el resto de las fuerzas. Hay una correlación clara entre votación por el uribismo en presidenciales y votación por el No en el plebiscito. (Ver mapa ganador por municipio segunda vuelta presidencial) (Ver mapa ganador por municipio en el plebiscito). Se ha discutido mucho en este mes sobre las causas de la extraña derrota del Sí. Se le atribuye a los errores en la campaña del gobierno y de todos los actores políticos afines a la paz, y también, claro está, a las habilidades y trampas manifiestas de Uribe y los impulsores del No. De todo eso hay. Pero ahí no está la razón principal. Tenemos que aceptar que los líderes políticos más que convencer interpretan a un pueblo. Uribe recoge esos sentimientos y esas ideas tradicionales, conservadoras, intolerantes y refractarias a la solución pacífica de los conflictos. Eso tiene un gran arraigo en la Colombia profunda. Uribe como Donald Trump, como Silvio Berlusconi en su momento, dicen lo que mucha gente quiere oír. Hasta el día del plebiscito, Germán Vargas Lleras era el más opcionado para estar en la segunda vuelta presidencial. Ahora se sabe que el candidato que defina el uribismo es el que tendría mayor probabilidad de llegar a esa instancia. Los demás se disputarán esa posibilidad. Con mayor razón si el Consejo Electoral se atreve a validar que Uribe esté como candidato a la Vicepresidencia en el tarjetón. Se le daría así el visto bueno a la pretensión de conformar un binomio como el de Vladimir Putin y Dimitri Medvédev hace algunos años en Rusia: Uribe gobernando en la realidad y quizás Iván Duque ostentado el título formal de presidente. Para que esto ocurra es obligatorio que los temas de la paz y el posconflicto sigan en el primer lugar de la controversia pública. De ahí que no exista la menor posibilidad de que el uribismo se comprometa en serio con fórmulas que faciliten la firma conjunta del acuerdo de paz con las Farc y la culminación rápida de las negociaciones con el ELN, un consenso de país. El uribismo está interesado –y quizás obligado– a mantener sus diferencias en este terreno. Es eso lo más taquillero para ganar la batalla presidencial. Muy pronto tendremos que olvidarnos del gran acuerdo nacional en torno a la paz. Ahora bien, puede ocurrir en esta ocasión lo que pasó en el año 2014. Un factor fundamental para que Óscar Iván Zuluaga perdiera en segunda vuelta fue el haber ganado en la primera generando verdadero pánico en todos los partidarios de la paz negociada. El triunfo del No en el plebiscito puede servir de acicate para que desde la primera vuelta presidencial de 2018 se arme una gran coalición de quienes respaldaron el Sí –desde la centroderecha hasta la pura izquierda–, para garantizar hacia adelante el cumplimiento de los acuerdos de paz y el desarrollo exitoso del posconflicto. Podría escoger como candidato a quien esté marcando mejor en las encuestas en el momento decisivo de la campaña. Columna de opinión públicada en Revista Semana

He tenido la fortuna de llegar a este momento. Había perdido la esperanza de que esto ocurriera en el curso de mi vida. El azar de una existencia asediada por los riesgos me trajo hasta aquí. Es una fiesta que no puedo eludir. El sentimiento estuvo ahí mientras el presidente Santos y Timoleón Jiménez firmaban el acuerdo de paz en una Cartagena ahogada por el calor de la tarde. Siguió ahí por horas mientras abrazaba a mis amigos o a personas que no conocía en una ciudad siempre dispuesta para la celebración. Pero en la noche, cuando apagué las luces de mi cuarto en el pequeño hotel que me abrigó por esos días, mi memoria se fue al pasado y el dolor de la derrota, ese escozor en el corazón que nunca se puede describir con elocuencia, me mantuvo despierto hasta la madrugada. Recordé los días en que unos sacerdotes llegaron a mi pueblo en un confín lejano de Antioquia hablando de revolución. Había una palabra, la palabra dignidad, la más bella palabra de mi adolescencia y mi juventud. Encerraba propósitos de equidad, justicia y democracia profunda. Antes de conocer el abrazo de una mujer. Antes de escuchar el susurro del amor, alguien me dijo al oído la palabra dignidad. Me fui tras esa palabra a vivir en casas de labriegos que soñaban conmigo en el futuro, que en medio de los cantos de la noche, con guitarras que desgranaban una música triste, tristísima, acariciaban la ilusión de un mejor mañana. Llegué después a las calles de Medellín y compartí con obreros el sabor adictivo de la protesta social. Supe de los derechos humanos que Héctor Abad Gómez y Carlos Gaviria explicaban con un fervor que embelesaba a jóvenes descreídos, que deambulaban en una ciudad que empezaba a vivir la más oscura de las épocas. Esos años ochenta, esos primeros años noventa, tan dolorosos para las madres de Antioquia. Morían los jóvenes enganchados por el narcotráfico, morían los jóvenes ilusionados por la revolución en el fuego cruzado de soldados, paramilitares y guerrilleros. Morían, cuando apenas aprendían a acariciar los hijos de amores furtivos en las azarosas noches de las comunas. Supe que la vida era leve y efímera. Sentí que podía morir en cualquier momento y dije que quería hacerlo con dignidad, con la frente en alto, con la esquiva posibilidad de la defensa. Me fui a la guerrilla tras esa ilusión. Regresé un día, no sin el asombro ante la suerte de estar vivo, con la amargura de haber comprobado que la violencia y la guerra agregan más dolor al dolor y más desigualdad a la desigualdad, que no había redención posible tras la huella de sangre que dejaba la confrontación en los campos colombianos. Regresé con la derrota pintada en mi rostro. Desde ese día me dediqué a buscar, con un afán mayor al de mis años de militancia, la terminación de la guerra. El lunes 26 de septiembre en Cartagena sentí el alivio de la victoria, la victoria de la paz, lo volveré a sentir este domingo cuando se cierren las urnas y el Sí haga mayoría indiscutible. Lo sentiré una vez más en los meses que vienen cuando el ELN entre por fin a las negociaciones de paz. Pero serán sentimientos pasajeros, sentimientos que se perderán con los días, porque en mi memoria y en mi corazón hay un sentimiento más poderoso, una comprensión más dolorosa, la certeza de que perdimos todos, perdió la guerrilla, perdieron los militares, perdieron las elites políticas, perdió la sociedad entera. La derrota es inapelable. Son más de 8 millones de víctimas y cerca de 250.000 muertos, la inmensa mayoría civiles. Un holocausto fraguado lentamente en la atroz oscuridad de una patria que se negaba a mirar el desastre y a parar la tragedia. Ni la pesadilla de todas las dictaduras militares de América Latina acopió tanto horror. Las partes reclamaron la victoria después de la firma del acuerdo. Lo comprendo. También reclamarán el triunfo este domingo cuando el Sí resulte mayoritario. Los acompañaré en esta celebración. Pero la gente del No, en la insensatez de su credo, reclamará igualmente el esplendor de la disidencia que fue capaz de dejar constancia de su disgusto con esta forma concertada de terminar la guerra. El país será mejor, no tengo la menor duda. Pero será mucho mejor si con el paso de los años, cuando el fuego de la vanidades se apague, reconocemos la derrota, la triste derrota, que significa no haber sellado la paz antes, mucho antes, a principios de los años noventa, cuando solo teníamos el 20 por ciento de las víctimas, cuando la confrontación no había tocado el fondo de la degradación, cuando todavía se respiraba algún aire de idealismo. Está cayendo el telón de la guerra y empezará la disputa por la historia, por la memoria. Ahora serán los relatos. Espero que los años vayan tejiendo una visión del fracaso. Algo parecido a la derrota que se ve y se siente en las imágenes de la Segunda Guerra Mundial en la Europa devastada. Para que las generaciones venideras se miren todos los días en el espejo roto de este desastre y no se atrevan a levantar las armas y a cantar de nuevo los himnos de la guerra. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Vean estas cifras: en los últimos 38 años, es decir, desde el gobierno de Julio César Turbay Ayala hasta hoy, se han invertido 332,95 billones de pesos en la guerra a precios de hoy; en cambio, si se cumplen los acuerdos de La Habana, en los próximos diez años, se invertirán en la paz 25,3 billones. El primer cálculo es de Diego Otero Prada en un libro que acaba de salir a la luz pública (ver gráfico). El segundo es de la senadora Claudia López en su esfuerzo por orientar y comprometer al Estado con un verdadero posconflicto (ver gráfico). No son los estimativos más altos, hay otros estudios más completos que elevan a lado y lado los costos. El lector deberá ir a otras fuentes para tener visiones diversas y quizás complementarias. El profesor Otero establece el monto juntando las inversiones públicas en defensa y justicia. Nada más. No incluye otros costos del Estado y tampoco agrega los enormes gastos en que incurrieron las guerrillas, los paramilitares y los empresarios. Aun así la cifra es descomunal. Quiere decir que la institucionalidad gastó en promedio 8,76 billones por año en el conflicto. La senadora López examina lo que serán las nuevas obligaciones del Estado después de acuerdos entre las Farc y el gobierno: atención social y económica para los miembros de las Farc en su proceso de reintegración, 528.000 millones de pesos; inversión en las tareas de desminado, sustitución de cultivos ilícitos y justicia, 6,1 billones; la implementación de la apertura política, 323.000 millones; los 16 programas de desarrollo territorial, 18,3 billones. El promedio anual de inversión en la paz sería de 2,53 billones. Es decir, el costo de la paz no alcanza a representar un tercio de lo gastado año por año en la confrontación. Escogí los datos de Otero porque hacen parte de una serie larga que va hasta 1964, y de manera simple muestran el grave sacrificio de las finanzas del Estado en una guerra tan cara como inútil. En esta estadística son los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe los que le dieron un salto enorme al gasto. El gobierno de Pastrana invirtió 30,66 billones y los dos mandatos de Uribe sumaron 104,27. Santos mantuvo la tendencia a escalar el gasto destinando en el primer mandato 94,14 billones, y en lo que va corrido del segundo mandato 35,24 billones. Ahora bien, la enorme inversión de los dos antecesores de Juan Manuel Santos en la guerra significó un crecimiento desmesurado de las víctimas. Al contrario, en el gobierno de Santos estas disminuyeron significativamente por la apertura de las negociaciones de paz. Es muy escandalosa y triste esa correlación entre aumento de inversiones del Estado en la guerra, desmesurado crecimiento de las víctimas y ausencia de negociación. Tanto el impresionante crecimiento de la inversión en la guerra, ese salto inmenso en las finanzas del conflicto, como el pavoroso aumento de las víctimas, que ocurrió a mediados de los años noventa, revela un grave error histórico de las elites y de la guerrilla. Las negociaciones de Tlaxcala y Caracas tendrían que haber terminado con éxito. Nos hubiéramos ahorrado la catástrofe que siguió. Eso era difícil verlo en medio de la niebla, de la oscura niebla, de la guerra. Pero había señales evidentes de la tragedia. El asesinato de cuatro candidatos presidenciales anunció el desbordamiento de la violencia. Las elites políticas regionales y los empresarios del campo estaban profundizando la alianza con los paramilitares. Las guerrillas se metían abiertamente en el secuestro y el narcotráfico. Sectores de la fuerza pública se hundían más y más en la corrupción y en la alianza con los ilegales. La degradación del conflicto era evidente. Pararlo. Negociarlo. Era la gran tarea del momento. Pero no. Todos los actores afilaron los cuchillos y se trenzaron en la más atroz de las confrontaciones. Lo que vemos en las cifras es que este periodo acapara el 80 por ciento del dinero invertido en el conflicto y produce tamb ién el 80 por ciento de las víctimas. Lo más absurdo, lo más irracional, lo que no tiene justificación alguna es que los principales protagonistas de estas decisiones desde el lado de la institucionalidad, los expresidentes Pastrana y Uribe, sigan empeñados en mantener el escenario de la confrontación. ¿Cómo puede el Estado romper el techo al que llegó la inversión en defensa si continúa el conflicto? ¿Cómo se puede obviar la sangre y el dolor en la población civil si continúa esta guerra degradada? Es la insensatez de llamar al No en el plebiscito del 2 de octubre. Tampoco es comprensible que sectores de las elites empresariales y políticas del país, tan sofisticadas, tan admiradas en algunos círculos internacionales, acudan al argumento de la crisis económica, para negar o limitar la destinación de nuevos recursos, no los tradicionales, no los que ya se han venido invirtiendo, para, de verdad, hacer posconflicto en las regiones afectadas por la violencia. El argumento no cuadra porque peor situación económica se vivía cuando Pastrana y al principio del gobierno Uribe, y fue allí donde se dio el salto de la inversión en defensa. La paz es más barata, mucho más barata, tienen que cumplir. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Tuve la ilusión de que el papa Francisco lograría conmover y, quizás, transformar a la Iglesia católica colombiana. Que su bondad, su espíritu de cambio, su tranquila comprensión de las diferencias, su acercamiento a los humildes sacudiría la conciencia de los jerarcas de la Iglesia en nuestro país. Pensaba que se iba a fortalecer la vocación misionera de los sacerdotes, su compromiso con los más pobres. Creía que la Iglesia toda le pondría la cara a los grandes problemas del país y abrazaría las causas progresistas. Lo escribí en una columna a mediados de 2013. Ha ocurrido todo lo contrario. Tengo la sensación de que la mayoría de los obispos van hacia atrás, está en una fuga hacia las épocas más conservadores, más indiferentes ante la dolorosa realidad que viven sus feligreses. Veo, con una profunda desilusión, que la mayoría de los obispos no oyen a Francisco, no quieren oírlo, no se dan por enterados de los grandes cambios que están ocurriendo en el mundo y de la gran sensibilidad del papa ante esta realidad. Francisco ha seguido dando testimonios de su liberalidad, de su humildad, de su irreverencia. Dijo una vez ante un grupo de periodistas: “Si una persona es gay, y busca al Señor, quién soy yo para juzgar”. Fue un bello acto de comprensión ante una comunidad que se manifiesta cada día con mayor fuerza en el mundo. Otra vez llamó por teléfono a Jackelina, una mujer divorciada, de San Lorenzo, en Argentina, que había formado una pareja con Julio Sabbata, otro divorciado, por lo cual les habían negado la comunión en su parroquia. En la sorpresiva llamada Francisco le restituyó a Jackelina el derecho a permanecer en la Iglesia y a practicar todos sus rituales. Después señaló que “un divorciado que comulga no está haciendo algo malo”. Más importante para nosotros ha sido su apoyo a la paz. No hace mucho envió este mensaje: “Espero que los países que trabajaron para hacer la paz y que dan la garantía que esto siga adelante lo blinden a tal punto que jamás se pueda volver a un estado de guerra. Muchas felicidades a Colombia que ahora da este paso”. Pero la cúpula de la Iglesia católica en Colombia, en contravía de estas señales, se ha unido a la cruzada que adelantan el procurador Ordóñez, el uribismo y las Iglesias evangélicas contra Gina Parody, ministra de Educación, quien hizo pública su condición homosexual y que, en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, está promoviendo la adopción de nuevos manuales de convivencia en los colegios con el fin de prevenir y conjurar la discriminación por motivos de orientación social, raza o situación social. En este punto y en las discusiones sobre la familia, la Iglesia católica anda a rastras de sectores evangélicos especialmente fanáticos ignorando la apertura de Francisco. Pero lo grave, lo inaudito, es la posición sobre los acuerdos de paz de La Habana. La Conferencia Episcopal colombiana acaba de declarar su neutralidad en la crucial decisión que deberá tomar la ciudadanía en el plebiscito. Más grave aún si, como cuenta un confidencial de SEMANA, esta declaración se hizo para responder al respaldo al ‘Sí‘ que pronunció el arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve. ¿En qué se parece esto a la posición absolutamente clara del papa? Hablan de hacer pedagogía para que la gente vote a conciencia, y yo no veo cómo se puede educar desde un lugar neutral en una situación en la que el uribismo, desde el primer día de la mesa en La Habana, está haciendo una muy eficaz didáctica a favor del ‘No‘ con especiales aliados en otras Iglesias. Estas son discusiones públicas que el lector conoce, pero quiero contar algo que no ha trascendido a la opinión. La Iglesia ha jugado un papel importantísimo en la construcción de una gran red de programas de desarrollo y paz en zonas campesinas atravesadas por el conflicto armado, Redprodepaz. La injerencia de obispos y sacerdotes en esta Red ha sido benéfica y por eso su voz es muy escuchada. Hace unos meses, en asamblea de esta organización, se eligió por unanimidad al sacerdote Jorge Tovar como coordinador nacional. Luego de su elección, Jorge, por motivos personales que no tienen nada que ver con su fe y con su apego a la Iglesia católica, decidió retirarse del sacerdocio y tramitó la salida con su obispo. A raíz de este hecho un grupo de 25 obispos le envió a la Redprodepaz una carta solicitando la convocatoria de una nueva asamblea con el propósito de sacar a Jorge del cargo. El argumento es la pérdida de confianza por no haber manifestado su decisión de retiro antes de la postulación a la coordinación. Pensé mucho antes de dar a conocer la discusión que se libra al interior de la Redprodepaz. Tengo el temor de hacerle daño a una organización que va a prestar un gran servicio en el posconflicto. Pero decidí hacerlo, porque la carta refleja la tendencia general de la Iglesia colombiana a colocarse por fuera de la actitud comprensiva del papa con las opciones a veces dolorosas de sus fieles. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Era cuestión de tiempo. Desde cuando la ministra de Educación, Gina Parody, en un acto de valentía y honestidad, hizo pública su condición gay y su relación marital con su compañera de gabinete Cecilia Álvarez, personas y organizaciones homofóbicas esperaban ansiosas la oportunidad para cobrarle la osadía. La encontraron en las últimas semanas. La revisión de los manuales escolares que había ordenado la Corte Constitucional motivada por hechos como el doloroso suicidio, por discriminación y acoso, de Sergio Urrego fue el esperado pretexto. Con montajes, con mentiras, o con verdades a medias, se abalanzaron sobre la ministra. Primero fue la diputada Ángela Hernández del Partido de la U, en Santander, quien señaló que en los colegios estaban induciendo los niños a la homosexualidad. Luego fue la circulación de un video sucio y mentiroso para desacreditar las decisiones de la corte. Después fue la crítica desde las Iglesias a un documento de recomendaciones sobre los manuales, elaborado por expertos contratados en un convenio entre el Ministerio de Educación y el PNUD. La cosa pasó a mayores con las movilizaciones y las protestas en algunas ciudades. No es el único ingrediente que atiza el fuego contra la ministra. El empeño de Viviane Morales en la promoción de un referendo para echar al suelo el derecho de adopción de las parejas del mismo sexo, la cruzada del procurador contra todo lo que huela a reconocimiento y derechos para minorías sexuales, y las graves dificultades que afrontan Santos y el gobierno nacional con la opinión pública configuran un entorno muy adverso a la talentosa ministra. Pero no es el momento para amilanarse, para esconderse, para eludir el debate, sobre temas que están en el corazón de la época y que para fortuna del país tienen recibo en una Corte Constitucional que ha puesto los ojos en los cambios que vive el mundo. La heterosexualidad y la separación tajante entre las estéticas femeninas y masculinas han perdido el monopolio de la legitimidad. La educación, las redes sociales, los medios de comunicación y las estructuras políticas y religiosas están obligados a dar cuenta de esta realidad. La arremetida contra los gais y el cuestionamiento a las nuevas visiones sobre la educación y la familia tienen asiento en tres premisas falsas: una, la homosexualidad y la transgresión a los roles asignados por la cultura machista a los hombres y a las mujeres constituyen una desviación, una enfermedad, que es curable mediante la negación y la represión; dos, el reconocimiento a la diversidad sexual y las manifestaciones públicas de esa condición diversa inducen y fomentan las prácticas desviadas; tres, la familia es el coto cerrado de los padres y el principal lugar en la construcción de imaginarios y valores. La predisposición a una orientación sexual distinta a la heterosexual viene con las personas. Los esfuerzos para demostrar lo contrario han fracasado. La aceptación y el reconocimiento de esta realidad han sido un gran aporte a la libertad; una manera de aliviar las angustias que conlleva sentirse diferente; una forma de atenuar el dolor que significa ir en contravía a las mayorías y vivir en carne propia la discriminación. La libertad no crea, ni recrea, la homosexualidad, solo saca a la luz algo que estaba escondido, algo que no se podía manifestar. La familia ha dado un vuelco enorme y se parece muy poco a la que había hace 100 años o, incluso, hace 50 años. Los padres cuidaban, definían y controlaban la educación, el trabajo, el amor y el futuro de sus hijos. Hoy eso parece una locura. Podían someter al trabajo a los menores, ejercer la violencia sobre ellos, definir si iban o no a la escuela y a qué carreras, entregarlos en matrimonio. Todo. Ahora, los padres están buscando para sus hijos de solo tres meses instituciones que los cuiden. La educación se ha tornado obligatoria y en muchos países los padres son castigados si eluden este mandato, también si obligan a trabajar a los menores o si los golpean. Los hijos están en la calle o en las redes sociales y los padres son los últimos en conocer sus amores. Son hijos del Estado y la sociedad más que de los padres y dependerán cada vez más del Estado en la medida en que la educación, la salud y la vivienda se convierten en bienes públicos. De ahí que la discusión sobre estéticas, valores, preceptos y contenidos de la educación tiene un carácter público, y es perfectamente legítimo y además obligatorio que el Estado intervenga para asegurar que los niños crezcan en un ambiente de libertad, de respeto a la diversidad y de solidaridad con sus compañeros de todas las orientaciones sexuales posibles. Y una nota final. Me ha decepcionado que la Iglesia católica colombiana haga eco de grupos evangélicos fanáticos apartándose ostensiblemente de la actitud bondadosa y comprensiva del papa Francisco con los gais. Tampoco atiende las nuevas ideas de Francisco sobre la familia y la libertad. Es así de triste: una parte de los obispos le está dando la espalda al innovador jefe de la cristiandad. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Leí con insistencia el discurso en el que Uribe fijó la posición del Centro Democrático sobre el plebiscito por la paz, lejos de sus correligionarios católicos y al lado de la cuestionada Iglesia Carismática Internacional. Nunca le había visto al exmandatario un texto tan confuso, tan oscuro, tan embrollado, tan saturado de frases impropias, de proposiciones contradictorias, de actitudes a contrapelo de su propia historia. Califica una y otra vez de ilegítimo el plebiscito, pero llama a participar en la campaña y a votar el día de su realización. Le dice ‘No‘ a los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc y a renglón seguido le dice ‘Sí‘ a la paz. Señala tajantemente que los líderes de las Farc tienen que ir a la cárcel y no pueden participar en política, y afirma, sin asomo de duda, que el triunfo del ‘No‘ permitirá renegociar los acuerdos y seguir adelante con el proceso de paz. Ataca la justicia transicional para las Farc, pero a la vez propone justicia especial y perdón judicial para los militares y policías presos por delitos en relación con el conflicto armado. Este discurso no tiene ni pies ni cabeza. Era más entendible la estrategia de resistencia civil que lanzó hace cuatro meses con bombos y platillos. En ella llamaba a colocarse por fuera de la refrendación, a tomarse las calles, a recoger millones y millones de firmas como alternativa a la votación en el plebiscito, prefiguraba la abstención, aspiraba a deslegitimar la paz por la vía de una rebeldía masiva de la población. En su delirio afirmaba que la Mesa de La Habana se vendría al suelo en medio de la movilización ciudadana. En la rueda de prensa de la Iglesia Carismática Internacional no menciona una sola vez esta idea fallida. Del estruendoso fracaso de esa estrategia surgió la extraña posición de ahora. No tiene lógica alguna que, de triunfar el ‘No‘, las guerrillas vayan a aceptar el tipo de negociación que Uribe les ofreció a lo largo de sus dos gobiernos. Ya eso está ensayado y no funcionó. Las Farc nunca acudieron a la mesa que les proponía un mandatario obsesionado con la rendición de las insurgencias. Con el ELN ocurrió que Uribe negoció dos años en La Habana, en la misma Habana que ahora repudia. Se llegó a un “acuerdo base” que se vino al suelo cuando Luis Carlos Restrepo, alto comisionado de paz, le pidió a esa guerrilla, en una reunión en Caracas, que se concentrara y que sus miembros se identificaran para proceder a definir los términos de la justicia y la reinserción que tendrían. Nadie en ninguna parte del mundo ha negociado la paz para salir de la mesa hacia la cárcel, ninguna fuerza guerrillera ha puesto la firma en un acuerdo que le niega su elegibilidad. Eso no existe. Eso es un engaño. Eso es una treta para garantizar que el conflicto armado y la violencia sigan su curso. Y la tapa del embrollo llega con la oferta a los militares. Les dice que cambien la justicia transicional, que es una puerta segura hacia la libertad y hacia la terminación definitiva del conflicto, por un perdón judicial incierto, por un perdón judicial que Uribe no pudo darles cuando tenía las riendas del poder. Ni bobos que fueran. Ahora bien, que la propuesta sea tan confusa, tan contradictoria, tan engañosa, tan difícil de convertir en un eslogan, no significa que no pueda ganar, no significa que esté condenada a perder. Los casos de votaciones extrañas, de votaciones que nadie esperaba, abundan en estos días en países con una mayor cultura política que la nuestra, con una tradición democrática más profunda y larga que la nuestra. El No puede ganar si la coalición por el ‘Sí‘ a la paz se confía, o se descuida, o simplemente se deja arrinconar por los mensajes de un señor alucinado con los fuegos fatuos de la guerra y el poder. En Estados Unidos un estrambótico Donald Trump consiguió 14 millones de votos entre los republicanos y ganó la nominación presidencial atacando a los negros, a los latinos, a los musulmanes, a las mujeres, a los homosexuales y a los héroes de guerra, tomando distancia de los tradicionales jefes del partido, insultando a periodistas, proponiendo un nuevo y feroz nacionalismo en un momento de auge de la globalización. En España el gobernante Partido Popular y su líder Mariano Rajoy contra todos los pronósticos aventajaron a los demás partidos, y están en la posibilidad de continuar en el poder en medio de una impresionante ola de corrupción del régimen, de la persistencia de la crisis económica y del fastidio de los electores jóvenes que votaron otras opciones. En el Reino Unido los electores sorprendieron, ¡y de que modo!, al primer ministro David Cameron, jefe de los conservadores, que había convocado un referendo para dirimir una disputa al interior de su partido en torno a la permanencia o la salida de la Unión Europea. Llovieron los votos por la salida contra el sentido común, contra Camerón y contra los laboristas. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Algún día, Rodrigo Lara y Cambio Radical tendrán que aceptar el grave error de haberle concedido el aval a Oneida Pinto para la Gobernación de La Guajira. Esta semana quedó al desnudo la capacidad de daño de Oneida en solo cinco meses a la cabeza del departamento. A principios de junio fue anulada su elección, pero ya había ejecutado el 89 por ciento del presupuesto, había barrido conlos dineros asignados para la alimentación escolar y había dejado un impresionante desgreño administrativo donde resulta muy difícil, si no imposible, seguirles la pista a los contratos y establecer el destino de las inversiones. Todo esto lo denunció Jorge Enrique Vélez, quien hace un mes aceptó el encargo de la Gobernación. Las consecuencias sociales de estas acciones tienen el rostro de la tragedia y han ahondado aún más el hueco oscuro en que se encuentra esta región del país. En lo que va corrido del año han muerto por desnutrición otros 40 niños y los escándalos por falta de agua potable, alcantarillado, vivienda y vías de comunicación han sido el pan de cada día. Con Rodrigo Lara, presidente de Cambio Radical, he debatido, con respeto de mi parte y con ataques personales de su lado, sobre la grave inconveniencia de avalar a Oneida Pinto y a otros jefes políticos regionales con importantes cuestionamientos de alianza con ilegales o de corrupción. Oneida es apenas uno de un gran número de casos, pero es muy emblemático. En el tiempo de la campaña les advertimos a Cambio Radical, a la opinión pública y a los organismos judiciales y de control electoral, la inocultable responsabilidad de esta líder política en la utilización indebida de los enormes recursos de regalías en el municipio de Albania en varios periodos de gobierno, su vinculación con Kiko Gómez preso y acusado de diversos delitos, señalamos incluso la inhabilidad por la que a la postre le fue anulada su elección. No pudimos detener su triunfo. Se armó una trama política para llevarla a la Gobernación y producir el desastre que denuncia Jorge Enrique Vélez. El Consejo Electoral rechazó la inhabilidad con ponencia de la magistrada Yolima Carrillo, militante de Cambio Radical y familiar de Antenor Durán Carrillo representante a la Cámara por La Guajira. Una vez elegida, Oneida nombró a Eugenio Benjumea, esposo de Yolanda Carrillo, en la Secretaría Privada y a José Alberto Durán Rodríguez, sobrino de Antenor Durán, en la Secretaría de Hacienda. La mayoría del gabinete hacía parte del mismo clan político. Así quedó fácil entregar aceleradamente numerosos contratos tanto a los alcaldes afines como a organizaciones privadas. Este modus operandi lo hemos visto una y otra vez en estos años. Los candidatos cuestionados no se retiran aunque sepan que la probabilidad de que los destituyan una vez elegidos sea muy alta. Los partidos tampoco hacen nada para negarles el aval. Como gobernantes dedican gran parte de sus esfuerzos a evitar que prosperen los procesos judiciales en su contra y, por si no tienen suerte en este campo, aceleran el saqueo y la corrupción para salir con los bolsillos llenos de la administración. Pruebas al canto. De los gobernadores elegidos en 2011 seis fueron destituidos, también 30 alcaldes. Habían sido cuestionados y sin embargo ganaron las elecciones y estuvieron por un tiempo a la cabeza de las administraciones produciendo desastres parecidos a los de Oneida. Otros lograron detener las investigaciones en su contra. ¡Y para que se asombren! Miren una cifra de los elegidos en 2015. Hasta el momento hay 139 alcaldes con investigaciones abiertas en la Fiscalía, algunos ya detenidos (ver datos recopilados). Ahí están miembros de la mayoría de los partidos. No todos lo son por corrupción o por alianza con ilegales y seguramente muchas de las indagaciones no avanzarán, pero si lo hacen y llegan hasta la destitución y la captura, tendremos una gran estela de graves irregularidades en sus administraciones. Antenor Durán se fue lanza en ristre contra Jorge Enrique Vélez en una sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes y un grupo de alcaldes produjo una carta cuestionando también duramente al gobernador (e). Es el descaro mayor. Un argumento principal es que no se puede calificar a los guajiros de corruptos. Es el populismo y el regionalismo al que siempre acuden los políticos cuestionados para tapar la indebida utilización de los recursos públicos. También Oneida se presentaba como una víctima de los medios de comunicación y de la discriminación y la ojeriza de la gente del interior. Y lo digo de nuevo. Los partidos políticos no tienen disculpa. Todos podrían controlar la entrega de los avales, todos podrían, si quisieran, depurar su filas. No es difícil. Si un pequeño centro de estudios puede recoger información calificada sobre el asunto, cómo no pueden hacerlo los grandes partidos. Pero los umbrales éticos en estas fuerzas son muy bajos. Espero, en todo caso, que Jorge Enrique Vélez siga por la senda que ha tomado y que Rodrigo Lara en un acto de contrición lo respalde. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Analistas, académicos, políticos, organizaciones de la sociedad civil e incluso el Gobierno están de acuerdo en que un escenario de postconflicto traerá un aumento significativo de la conflictividad social en los territorios. Transformar dichos conflictos en oportunidades de cambio, y no en brotes de violencia colectiva, debe ser una prioridad. El reciente paro camionero y el trámite que tuvo deja lecciones para el Gobierno nacional y para la sociedad civil. En primer lugar, es fundamental que el Gobierno sea coherente con el discurso de diálogo y construcción de paz con enfoque territorial que promueve desde la mesa de negociación de La Habana. No puede suceder que el diálogo y la concertación sean la base de la construcción de acuerdos que pongan fin al conflicto armado, pero que no sean un referente para la tramitación de conflictos y protestas sociales. Jean Paul Lederach ha dado luces importantes acerca de la concepción de construcción de paz; esta implica entender que los conflictos no se “finalizan” –como lo plantean el Gobierno y la oposición–, sino que se transforman. El resultado esperado de las negociaciones es transformar el conflicto armado en apertura política, mejores condiciones para la ruralidad del país y un nuevo enfoque de la lucha contra el narcotráfico. Así mismo, los conflictos sociales deben tratarse desde la perspectiva de la transformación para lograr cambios institucionales, normativos y relacionales, que permitan solucionar las causas objetivas de los conflictos sociales en los territorios. La segunda lección para el Gobierno es que un conflicto social latente y mal manejado se traduce en violencia colectiva con altísimos costos. Trece paros camioneros en los últimos quince años no son el resultado de una situación fortuita o coyuntural; son el resultado de años de incumplimiento y falta de seguimiento a acuerdos, de políticas públicas insuficientes y permisivas con la corrupción, que ayuda a explicar el problema de sobreoferta que aqueja al sector. Al pésimo manejo del ejecutivo se le suman los abusos por parte de la fuerza pública, en particular del ESMAD. Continúa la estigmatización de la protesta social, y para superarla se requiere la adopción del enfoque de seguridad humana en las tareas de control del orden público y manejo de la seguridad. Del lado de la sociedad civil también hay lecciones importantes. Por un lado, se debe señalar que la protesta social como derecho no puede justificar, bajo ninguna circunstancia, acciones que atenten contra los derechos de los demás o contra el interés general. Bloquear vías, atacar vehículos, lanzar piedras y papas bomba no son otra cosa que una forma de chantaje y vandalismo. Nuestros anhelos de paz deben venir acompañados de formas innovadoras y creativas de protesta, entre otras razones, porque las vías de hecho han probado ser útiles para llamar la atención de la institucionalidad, pero poco efectivas para proveer soluciones de fondo a las distintas demandas de la ciudadanía. En términos de costos y beneficios, es evidente que el balance del paro es negativo: 2.5 billones de pesos en pérdidas económicas (Cifras de Fenalco), escases de alimentos en Boyacá y Nariño (este último incluyendo medicamentos), 977 licencias de vehículos de carga y 377 licencias de conducción suspendidas, entre otros. Teniendo en cuenta que los acuerdos logrados luego de cuarenta y cinco días de paro no se alejan mucho de las pretensiones y propuestas iniciales de Gobierno y transportadores, la pregunta es: ¿valía la pena paralizar al país con tan grandes pérdidas? La última lección que nos deja este paro tiene que ver con los liderazgos sociales. Desde amenazas con bloquear la entrada de alimentos a las ciudades capitales hasta la destrucción de vehículos de carga ajenos al paro, han hecho parte de las estrategias promovidas por algunos líderes camioneros para llamar la atención del Gobierno. Por si fuera poco, el vínculo de líderes camioneros como Pedro Aguilar con el cartel de la chatarrización llevan a preguntarse acerca de qué tan bien están representados los intereses de los pequeños propietarios de camiones. Es imperativo que generemos nuevos liderazgos, alejados de las lógicas de corrupción y de las posiciones radicales; se necesitan líderes que entiendan que las vías de hecho no funcionan y que el diálogo es la herramienta fundamental para el postconflicto. Debemos pasar de un modelo de diálogo basado en posiciones, a uno basado en intereses colectivos. Para el caso de los camioneros, su posición enfatizaba la necesidad de mantener la tabla de fletes, sin embargo, de haberse dado, esta intervención sobre el mercado hubiera generando mayor sobreoferta de vehículos, agudizando la problemática que se intentaba solucionar. En gran medida, el éxito en este nuevo intento por construir paz en Colombia depende de nuestra capacidad de aprovechar el postconflicto para generar transformaciones sustantivas, no solamente en el ámbito formal de las leyes y las políticas públicas, sino también en la cotidianidad de la relación Estado-Comunidades. Las luchas sociales deben darse en el marco del respeto por el interés general, y el Gobierno debe atenderlas brindando todas las garantías para ejercer el derecho legítimo a la protesta. * Coordinador de la línea de investigación de Conflictos Asociados al Desarrollo, Fundación Paz y Reconciliación. Columna de opinión publicada en : www.colombia2020.co

Si yo fuera Santos habría llevado en el avión presidencial a La Habana, el 23 de junio, a participar en la firma del cese al fuego y a las hostilidades bilateral y definitivo, a los 16 gobernadores y a los 29 alcaldes de los territorios donde se van a instalar las zonas de concentración de las Farc. Igualmente habría invitado a algunos líderes sociales de esas zonas. Si yo fuera Santos, el día del acuerdo final de paz haría una segunda copia del tratado y lo pondría para una firma simbólica o quizás real de todos estos mandatarios locales. Días antes les enviaría el texto con la petición expresa de que lo estudiaran a conciencia y el día de la ceremonia los invitaría a pasar uno por uno a la mesa para que rubricaran su compromiso con los acuerdos. Tal vez invitaría a personas representativas de las comunidades a que fungieran de testigos de la firma de la paz. Si yo fuera Santos el primer decreto que haría, en uso de las facultades extraordinarias que la ha concedido el Acto Legislativo para la Paz, sería el de la participación activa y decisoria de los alcaldes y gobernadores del país en todas y cada una de las tareas del posconflicto. Me esforzaría para detallar los compromisos de los mandatarios locales en la reforma agraria integral; en la promoción de la participación política de las fuerzas surgidas en la transición, especialmente en el desarrollo de las circunscripciones especiales de paz; en la implementación del Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito; en el cumplimiento del acuerdo sobre las víctimas; y en todos los compromisos de seguridad para las comunidades y para las Farc en el punto del fin del conflicto. En el segundo decreto conformaría una Misión Especial sobre Autonomía Territorial, Descentralización y Nuevo Sistema de Relaciones Intergubernamentales para la Construcción de la Paz con el fin de hacer una reforma del asunto a corto plazo. Si yo fuera Timochenko les ordenaría a todos los comandantes que están viniendo desde La Habana a Colombia a preparar las condiciones para la firma del acuerdo final que, en concertación con el gobierno, le dediquen dos horas a conversar con esos alcaldes y esos gobernadores. También, el día de la ceremonia, invitaría a los principales jefes de los bloques de las Farc a que estampen su firma al lado de los mandatarios locales. Como no tengo en mis manos las riendas de la negociación y me limito a opinar, quiero llamar la atención sobre la crucial importancia que tiene comprometer a las regiones en el proceso de paz. Quiero enhebrar una crítica a la palabrería de la participación y a la escasez de hechos y decisiones para vincular a los mandatarios y a las comunidades de las zonas de conflicto en la construcción de la paz. Una crítica a los pretextos que se utilizan para escamotear esa participación. Una de las fallas de los anteriores procesos de paz, o para decirlo de una manera más contundente: una de las causas de la continuidad e intensificación del conflicto, después de varios acuerdos de paz en Colombia, ha sido la falta de una estrategia de posconflicto para las zonas donde ha prosperado la violencia. En los acuerdos con las guerrillas en los años noventa, y en los realizados a principios de este siglo con los paramilitares, había muy pocas palabras sobre los territorios y sobre el papel de los gobernadores y los alcaldes y, desde luego, hubo muy pocas realizaciones. Solo en la visión de Virgilio Barco sobre la paz se tejió un Plan Nacional de Rehabilitación con algunos resultados. Esta vez en los acuerdos de La Habana se menciona en casi todos los párrafos “el enfoque territorial”, todo lo escrito se refiere a las regiones, todo es todo, incluso las penas que habrán de pagar los involucrados en el conflicto acusados de violaciones al derecho internacional humanitario se plantean en clave de reparación para los territorios y las comunidades. Pero en los eventos más importantes del proceso han brillado por su ausencia los gobernantes locales y en las instituciones y organizaciones creadas hasta el momento no aparece la representación regional. En las elites bogotanas afloran tres argumentos para negarles el protagonismo, el poder y la gestión de los recursos a los políticos locales: la corrupción, la politiquería y la incapacidad administrativa. Como si en el Estado central no hubiese corrupción, politiquería y también, en tantas instancias, un grave despelote administrativo. Por supuesto, a los recursos del posconflicto hay que ponerles la lupa. Es necesario exigir transparencia e idoneidad, hay que crear organismos de vigilancia, es preciso escoger las organizaciones locales más capaces para la ejecución de los proyectos; pero el posconflicto, para que sea de verdad territorial, para que aporte a la superación definitiva de la violencia política, hay que hacerlo con lo que da la tierrita, con los políticos que han ganado las elecciones en esos territorios y van a estar al frente de la población en los próximos tres años. Espero con ilusión que esta vez los gobernadores y los alcaldes se hagan oír del gobierno de Bogotá. Columna de opinión publicada en Revista Semana

El plebiscito hay que ir como si nos estuviéramos jugando la vida. Como si fuera el acontecimiento más importante de toda la historia de Colombia. Para que la votación sea la más grande. Para que el Sí sea apoteósico. Nadie se puede confiar. Las encuestas dicen que la gente concurrirá a las urnas y dicen también que votará por el Sí. Es una primera manifestación de respaldo a estas largas y difíciles negociaciones. Pero los enemigos de la paz son muchos, son poderosos, son persistentes, han logrado envenenar la memoria de un gran número de colombianos. No es fácil llegar con la paz al ser humano. La historia ha demostrado que es más fácil promover la guerra. La guerra le habla al corazón de la gente. A sus dolores, a sus odios, a sus venganzas. La paz es una creación cultural, un relato de convivencia, se trata de comprender la diferencia, de ceder algo, de entregar algo, la paz le habla a la razón. En eso se ampara Uribe, en eso se ampara el procurador Ordóñez. Por eso no dan su brazo a torcer, por eso no han aceptado ninguna invitación a meterse en el proceso de paz. Tienen mensajes simples que llegan con facilidad a la gente. Confían en que al final prevalecerá la memoria del rencor. Tienen pruebas de la historia reciente para creerlo. Con la convocatoria a la destrucción militar de las guerrillas, Uribe ganó dos elecciones en primera vuelta y hubiera ganado una tercera si la Corte Constitucional no se le atraviesa. Está convencido de que esta será la oportunidad de demostrar una vez más su arraigo en la memoria de los colombianos, su gran arrastre en la opinión. No solo quiere derrotar la paz firmada, también quiere derrotar a Santos, es el plato más apetecido, el de la venganza, la cachetada al traidor, al que ganó con sus votos y lo abandonó en la primera esquina. Es una motivación que no esconde. Por eso han sido inútiles los llamados a la grandeza que le hacen muchos de sus viejos amigos, que ahora ven una oportunidad para una paz negociada. Son ilusiones de gente bien intencionada que cree que hay un gran espacio en la política para el altruismo. Cuando el espacio para la bondad y para la filantropía en esta actividad es de verdad muy escaso, solo excepcional, en seres excepcionales. Ya ven, todas estas líneas son muy emocionales. Porque a mí se me va el alma en esto. Porque viví la guerra, vi morir a mis amigos en ella, sentí el pavor de las balas y de las bombas. Porque juré que dedicaría mi vida a luchar para que mis hijos y mis nietos y los hijos y los nietos de todos los colombianos no tuvieran que ir a la guerra. Pero ni la firma de la paz con las Farc, ni el plebiscito, ni la culminación del proceso con el ELN, ni la exploración de una posible negociación de los asuntos de justicia con los otros grupos ilegales organizados, que son las cosas que faltan para redondear el inicio de la reconciliación, el punto cero, se hacen solo a golpes de emoción. Hay cálculos de por medio. Decisiones estratégicas tomadas. Santos decidió entregarles a los liberales las riendas de la paz con las Farc. La cabeza de la mesa en La Habana, la jefatura del posconflicto, el liderazgo del plebiscito. Así es la cosa. Nadie se puede llamar a engaños. Pero los demás partidos y grupos sociales, incluidas las Farc ahora en transición, en vez de refunfuñar, tienen que plantearle al gobierno una sana, pero ambiciosa competencia. Tienen que salir a la calle no solo a derrotar a los enemigos de la paz, sino también a ganar el liderazgo de la reconciliación. Quizás haya una forma de medir el compromiso de todos los partidos con la paz. Qué tal si en el plebiscito los votantes dan cuenta también del partido de su preferencia. Si marcan el Sí o el No y a la vez señalan su adscripción o simpatía política. Eso sería un estímulo enorme para que todo el mundo se la juegue, incluso los independientes, los sin partido, que podrán acrecentar la votación sin comprometer su militancia. Eso llevaría a que cada partido o grupo social tenga una estrategia propia. Santos que tenga la suya. Nada está ganado hasta que todo esté ganado tendría que ser la consigna hasta la votación masiva por el Sí, y también hasta sacar adelante las negociaciones con el ELN y una alternativa que ofrezca incentivos para que los demás grupos organizados al margen de la ley tengan también su juego ante la justicia. ¡Pongan cuidado lectores de esta columna! El proceso de paz tiene tres fases: la exploración, la negociación y el posconflicto. Estamos apenas culminando la fase de negociación con las Farc, la de exploración con el ELN y aún no se han empezado contactos oficiales con los demás grupos. Falta mucho. Pero estamos obligados a culminar la tarea dure el tiempo que dure. Columna de opinión publicada en Revista Semana