Para la gente que no haya leído su libro ‘Mis años de guerra’, ¿cuánto tiempo duró usted en el Eln? Estuve siete años en el monte. Me había retirado del Eln en el año 91 y firmé el acuerdo en el año 94. Mis relaciones con el Eln habían comenzado desde los 18 años, cuando en el suroeste de Antioquia, en la zona cafetera, estuve vinculado a un grupo de sacerdotes que se fueron a hacer un trabajo social allá, muy inspirados en la teología de la liberación y muy comprometidos con esa lucha social y política. Finalmente, una parte de los jóvenes que empezamos con ellos terminamos en la guerrilla. La influencia de Fidel Castro en la creación del Eln fue total… La brigada que llegó de Cuba era fundamentalmente de estudiantes. Allá no eran entrenados para ser guerrilleros, sino que recibían un entrenamiento básico ante la posible invasión de Estados Unidos. Como no la hubo, se conformó una brigada encabezada por Fabio Vásquez Castaño y empujada por Castro, quien sufrió una desilusión muy grande cuando se dio cuenta de que las potencias terminaron negociando la crisis de los misiles por encima de él. Esa es una diferencia grande con las Farc, que son de origen campesino. Pero, ideológicamente, ¿cuáles son otras grandes diferencias? La ideología del Eln está muy influenciada por la teología de la liberación y de los curas rebeldes de América Latina, con una mezcla subordinada de marxismo. La gran diferencia es que las Farc fueron más un ejército y el Eln es más una organización político-social que hace violencia con armas, pero su estructura interna, su propósito y sus actividades tienen más que ver con una organización social y política. (Además: Así confluirán los procesos de paz del Eln y las Farc) Los fundadores del Eln fueron tres hermanos Vásquez Castaño. ¿Qué fue de ellos? Pues dos murieron en Anorí (Antioquia). El momento de esa crisis fue tan duro que Fabio Vásquez se refugió en Cuba. Uno, por decisión de él, y también porque logró que sus compañeros más cercanos argumentaran que había que proteger al jefe y que era mejor que se fuera para Cuba. Cuando ya se fue superando la crisis del Eln, Fabio Vásquez terminó en un juicio por todas las cosas que había hecho. Lo irónico es que fue a ‘Gabino’ a quien le tocó ir a contarle que lo habían destituido. ¿Irónico por qué? ‘Gabino’ era como su hijo. Fabio Vásquez lo había llevado de 13 años a la guerrilla, por lo cual sentía idolatría por él. Pero ‘Gabino’, como es de malicioso, dijo: “Yo no puedo ir a Cuba a decirle al señor que lo destituimos y que mejor se quede allá”. Entonces encontró una manera de ir a Praga, para destituirlo allá, protegido por una gente del Partido Comunista checo, y claro, esa fue una discusión feroz. Vásquez se quedó el resto de su vida en Cuba. ¿Qué estará opinando Fabio Vásquez, como fundador del Eln, acerca de este paso? Es un mundo tan extraño… La última vez que me encontré con ‘Gabino’ en Caracas, en el 2007, él venía de Cuba y me contó una anécdota, que se había encontrado en un café en La Habana con Fabio Vásquez y que cuando él lo vio se le vino a la mesa a saludarlo, se cuadró militarmente, le hizo un saludo marcial y le dijo a ‘Gabino’: “Ordene, mi comandante”. Un acto muy cómico porque era dentro de un café. ¿Qué opinará de esto? Nadie sabe. Él no habla con ningún colombiano y ya tiene cerca de 70 años. ¿No debería ser el Eln, creado por Castro, el que estuviera negociando en La Habana? Se hicieron dos intentos de negociación en La Habana, protegidos por los cubanos, que se cansaron un poco de eso también. Claro. Los ‘elenos’ siempre se corren en la puerta del horno. En el 2000, época de (Andrés) Pastrana, estuvieron en La Habana negociando con el Gobierno. Yo mismo oí cuando Fidel les dijo: “Pues mi posición es que las guerrillas ya pasaron de moda en América Latina y ustedes tienen que firmar un acuerdo de paz lo más rápido posible”. Luego, en el 2007, volvieron a negociar, con el gobierno del presidente Uribe… Con el comisionado Luis Carlos Restrepo, cuando se logró un acuerdo base, que no es muy diferente al que acaban de hacer con la delegación del gobierno Santos. (También: ‘Proceso con Eln será mucho más complejo que el de las Farc’) Y también se corrieron. ¿Cuál fue la excusa entonces? Para seguir las negociaciones, el Comisionado de Paz les exigió concentrarse en un sitio e identificarse, para poner en práctica ese acuerdo base que habían hecho. Yo fui a hablar con ellos, para planteárselo. Eso no le sonó al Eln… No. La frase que me dijo en ese momento ‘Gabino’ fue: “Estoy dispuesto a ir hasta al Hotel Tequendama a firmar un acuerdo con el presidente Uribe, pero si no nos exigen esa concentración”. Escribí una crónica sobre eso para EL TIEMPO. El presidente Uribe me llamó al día siguiente, a las 8 de la mañana, y me dijo: “Bueno, ¿eso que dicen los del Eln es verdad?”. Cuando le dije que sí, el Presidente llamó al comisionado Restrepo y le ordenó que quitaran esa condición. Pero en ese momento se rompieron las relaciones entre Colombia y Venezuela, cuando Uribe sacó a (Hugo) Chávez de las labores de mediación que le había encargado y ahí se acabó ese proceso. Hasta hoy. ¿Qué razones hay para pensar que ahora no se van a correr? Las condiciones realmente han cambiado para el Eln, para el país y para América Latina. Primero, ellos siempre tuvieron el ojo puesto en las Farc, pensando que estas dos guerrillas, que son por lo menos de un tiempo histórico parecido, tenían que llegar alguna vez juntas a ese proceso, y aquí las Farc les tomaron la delantera. El Eln al principio no creyó que las Farc iban a ir tan lejos, pero ya se dieron cuenta de que van a firmar el acuerdo. ¿Esto demora o acelera lo de La Habana? Las Farc estaban muy preocupadas porque el Eln no se metía en la negociación. Porque en eso la historia ha sido fea: cuando una guerrilla sale de la guerra y se va a la paz, y se queda otra, esa otra agrede a la que sale, se mete en sus territorios y vuelve el conflicto. Los de las Farc estaban muy preocupados. Ya empezaban a sentir esos síntomas en las regiones. Hay capturados del Eln en el Cauca, en zonas de las Farc, haciendo extorsión. Comienzan a hacer proselitismo en las filas de las Farc y a ocupar territorios. Como era una preocupación de las Farc, la entrada del Eln ayuda a la negociación. La segunda realidad es que yo creo que ambas guerrillas ya comprendieron el anacronismo de su lucha armada y que no va a haber triunfo militar. Por lo menos los de las Farc le dicen a uno en La Habana, con una claridad enorme: “la motivación para hacer esto es que comprendimos que no íbamos a ganar la guerra, y cuando uno no tiene opción no le queda sino negociar la paz”. Creo que el Eln está también en esa circunstancia. Lo otro es que para los gobiernos de la región en los que ellos creen, como Cuba, Ecuador y Bolivia, e incluso para Venezuela, es una carga todo este conflicto colombiano y están presionando para que se haga el acuerdo de paz. ¿El Gobierno le puede conceder al Eln menos de lo que les ha dado a las Farc en la negociación? Aunque es una guerrilla más pequeña, el Gobierno no le puede dar menos. De pronto hasta le puede dar un pequeño margen más, porque son, como lo dijo Santos, guerrillas distintas. Al Eln hay que facilitarle un proceso de participación popular, pues su interés es incentivar un movimiento social alrededor de la paz en las regiones. No vi en la agenda, por lo menos en los puntos principales, ninguna alusión a la política petrolera, una de las banderas del Eln. Está escondida en el punto ese de ‘Transformaciones sociales para la paz’, donde hablan del deterioro ambiental. Imagínese: el Eln, el que más oleoductos ha volado en la historia, hablando de deterioro ambiental. A no ser que sea con arrepentimiento… Sin duda que siempre han tenido la bandera social de la nacionalización de los recursos energéticos. Aquí tienen la oportunidad de meter ese tema en un diálogo social. (Lea aquí: ‘La agenda con el Eln es madura y no dará sorpresas’: Frank Pearl) Es irónico que el Eln llegue a reivindicar sus banderas de los recursos petroleros cuando el precio del barril está por el piso y el futuro está en los recursos energéticos alternativos. Claro. Pero hay otro renglón que está en la problemática, que es la minería y el oro. ¿Acaso el Eln no tiene millones en minería ilegal? Por supuesto que de ahí derivan parte de sus recursos. Por eso esta agenda del Eln me pareció supremamente gaseosa. Ahí cabe todo, para que se sienten a negociar 50 años más… Para entender esa lógica hay que comprender que la agenda de ellos va derivada hacia la sociedad civil, hacia las organizaciones sociales; la agenda queda abierta para que se concrete en ese nivel. Fíjese que el primer punto es la participación de la sociedad civil, que es muy raro, porque no es una negociación sobre la agenda del país, sino sobre un mecanismo de participación de la sociedad civil, de donde derivarán sus puntos. Es con la sociedad civil con la que se van a discutir el segundo y el tercer puntos, que son ‘Democracia para la paz’ y ‘Transformaciones sociales para la paz’, y eso sucederá mientras ellos están en la negociación formal con el Gobierno, recibiendo los insumos que salgan de la sociedad civil como puntos concretos para la negociación de la mesa. Por favor… ¿Y eso cuánto se puede demorar? Todo lo que se quiera. Pero el tiempo de la negociación lo aminora el hecho de que son dos mesas pero un solo proceso de paz. Luego el Eln tomará lo que le sea afín de lo que se ha acordado ya con las Farc. Como los acuerdos sobre justicia transicional, Comisión de la Verdad… Esos puntos fueron los más duros en la negociación en La Habana, los más largos. Pero supuestamente ya están tramitados y no se volverán a discutir con el Eln. Luego, la extensión del proceso dependerá de la habilidad que se tenga para establecer los mecanismos del diálogo social. ¿Usted cree que el Eln aceptará soltar a todos los secuestrados y decretar un cese unilateral del fuego como gesto de buena voluntad? La parte de los secuestrados es una cosa que ellos tienen que aceptar, no hay alternativa. Deberán proclamar, como las Farc, la abolición del secuestro, y empezar a entregar secuestrados y a dar explicación sobre otros, que han muerto en cautiverio. Socialmente hay una gran censura a negociar con secuestrados en la mano, eso ya el país no lo permite. Y segundo, el Presidente se los ha exigido. ¿Quién es el jefe de esa guerrilla? ¿‘Gabino’? ‘Gabino’. Él es la historia de esa guerrilla. Es el que tiene su representación histórica y social. ¿Qué tan cierto es que la organización jerárquica no es tan marcada como en las Farc, que está basada en federaciones y que además hay fuertes disidencias como la de alias Pablito, un potentado en todo tipo de negocios ilícitos? Es cierto que en el Eln se utiliza el método del consenso, que es buscar siempre acuerdos sobre las distintas opiniones dentro de la organización. Eso difiere mucho de las Farc, donde el jefe máximo puede que consulte con su gente, pero tiene la última palabra. Así fue con ‘Marulanda’, luego con ‘Cano’ y ahora con ‘Timochenko’. Tienen una organización más de tipo militar que política y social. En cambio, en el Eln, con el método del consenso, es mucho más difícil tomar decisiones, porque el que está en desacuerdo tiene capacidad de veto de alguna manera, incluso sobre mayorías. Y eso es lo que hace más larga cualquier toma de decisión dentro del Eln. Para aceptar esta negociación tuvo que haber un consenso que debió ser dificilísimo… Pues necesitaron dos eventos para ponerse de acuerdo: un congreso el año pasado y una reunión de mandos ahora en enero. ¿Y cómo van a resolver las distintas opiniones que hay? Metiéndolos a todos en la mesa. Termino esta entrevista con una pregunta ‘light’ para salir de la guerra. ‘Eva lo sabe’, una simpática sección de Noticias RCN, dice que usted les celebra el cumpleaños a sus exmujeres, acompañado de su actual señora y de sus exnovias. Y que a todo eso le mete asado (tiene fama de ser uno de los mejores asadores de la izquierda colombiana)… Sí. Digamos que soy muy amigo de las ex y he logrado el milagro de que también mi esposa sea amiga de mis ex y que mis ex sean amigas entre ellas. ¿Y eso cómo se logra? Será porque soy mejor exmarido que marido. En este caso es un viejo amor mío y yo dije: “Tengo que hacerles una gran fiesta a esos 50 años”. Y bueno, hicimos una fiesta muy graciosa juntando las viejas amistades de ella, que también estuvo en la guerrilla, con sus nuevos amigos del periodismo y de la élite bogotana. Juntamos esos dos mundos, comimos y bailamos hasta tarde. ¿Será un augurio de cómo terminarán en unos años estos procesos de paz, con las viejas guerrillas bailando con las élites bogotanas? Pues ojalá. Que vean que se puede seguir luchando por las causas sociales, pero viviendo pacíficamente y, de cuando en vez, rumbeando. Nunca hay que renunciar a los ideales. Entrevista realizada por María Isabel Rueda Especial para EL TIEMPO

El martes, cuando el gobierno y el Eln dieron a conocer la decisión de pasar a la fase pública de las negociaciones de paz en la ciudad de Caracas, llovieron preguntas sobre esta guerrilla y las características de su negociación. Ensayo mis propias respuestas a riesgo de ser refutado por el gobierno y también por el ELN. ¿Por qué hicieron el anuncio en Venezuela? El ELN se había empeñado en que fuera Venezuela la sede de las negociaciones y el gobierno no estaba de acuerdo por las complicaciones políticas del país vecino; como solución al impase surgió la idea de que los diálogos transcurrieran en cinco países y su arranque fuera en Caracas. En todo caso, es un reconocimiento al apoyo que el gobierno de Maduro le ha dado a la paz de Colombia. ¿Por qué no estaba presente Sergio Jaramillo? El alto comisionado para la Paz se ha desentendido un poco de las negociaciones con el ELN o por lo menos no ha mostrado el mismo interés y la misma atención que ha puesto en los diálogos de La Habana. Se demoraron 28 meses para pasar a la fase pública. ¿Por qué la gran demora? Al principio, el gobierno no le paró muchas bolas a esta negociación dedicado como estaba a buscar un acuerdo con las Farc. Después, cuando quisieron acelerar, se encontraron con la dificultad de entender la lógica del ELN, esa cosa intrincada de poner como punto primero y principal la participación ciudadana en el proceso de paz, algo tan distinto a lo acordado con las Farc. Pero otro factor indiscutible de la fatigante lentitud fue la complicada búsqueda de consensos entre las diferentes tendencias del ELN. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las dos guerrillas? El ELN tiene raíces en la Iglesia, en la rebeldía estudiantil de los años sesenta, en la teología de la liberación, en las enseñanzas de Camilo Torres Restrepo, un cura excepcional, en la Revolución cubana, en la idea de resistir y acompañar más que en la urgencia del poder; las Farc, en la autodefensa campesina, en el encuentro con el Partido Comunista, en la experiencia política que desarrolló en los años ochenta a través de la Unión Patriótica, en la genialidad militar de Manuel Marulanda Vélez que las convirtió en un ejército y en una amenaza real de poder en los años noventa. ¿Qué tanta distancia tendrán con las negociaciones de La Habana? Al principio, el ELN se esforzará hasta el cansancio por darle identidad a su negociación y acentuar las diferencias con La Habana, pero luego se abrirá paso la idea de que son dos mesas y un solo proceso de paz; el enlace de las dos negociaciones empezará cuando el ELN y el gobierno decidan empezar a desescalar la confrontación y entren en la dinámica del cese de hostilidades; cuando el entorno social y político de las Farc se vincule a las iniciativas de participación ciudadana que jalonará la negociación con el ELN; y cuando el ELN entre en el aro de los acuerdos sobre justicia, víctimas y fin del conflicto que se cocinan en La Habana. La negociación con el ELN ¿ayuda o entorpece el proceso de La Habana? Las Farc debieron sentir un alivio con la vinculación del ELN a la paz, la persistencia de los ‘elenos’ en la confrontación complicaba mucho el desarme de los ‘farianos’. La experiencia colombiana muestra que quienes se quedan en la guerra ocupan los territorios de los que se deciden por paz, se apropian de sus rentas, les quitan militantes y en muchas ocasiones terminan por agredirlos. ¿En qué terminará la exigencia de Santos de abandonar el secuestro y entregar los secuestrados para iniciar en firme las negociaciones? Lo mejor que puede hacer el ELN es proclamar de inmediato el abandono del secuestro y devolver sin condiciones a los secuestrados. La realidad es que esta práctica, además de hundir en el horror a miles de familias, le ha hecho mucho daño a la propia guerrilla, porque en los últimos años se convirtió en el delito más repudiado por la opinión. Si el ELN no se apura a salirse de esta grave trama, se verá obligado a responder en cada rueda de prensa por el fenómeno y tendrá que afrontar reclamos reiterados de las víctimas con lo cual empañará la discusión sobre los temas políticos y sociales que le interesan. ¿Cuál es la importancia de la negociación con el ELN? Hay algo obvio: sin esta guerrilla la paz es coja o incompleta y, al menos, durante un tiempo, si se queda el ELN, serán inevitables dolorosas oleadas de violencia en muchas zonas del país y crudas manifestaciones de terrorismo. Pero hay algo más trascendental: una paz que involucre las dos guerrillas cierra un ciclo doloroso de la vida colombiana, da paso por fin al siglo XXI. Hay más: dobla la página de la emergencia de guerrillas en América Latina y deja muy atrás, también, la proliferación de dictaduras militares en la región. Columna publicada en Revista Semana

Es martes 22 de marzo, es temprano aún, estoy en un viejo hotel de La Habana, escribo esta columna apresuradamente porque las urgencias de Semana Santa obligan a su entrega con días de anticipación. Ayer, en las horas de la tarde, John Kerry se reunió con la delegación de paz del gobierno del presidente Santos, y luego lo hizo con la delegación de las Farc. No supimos los detalles de las reuniones. No permitieron que los periodistas y otros interesados nos acercáramos a esas conversaciones. Tampoco hacía falta. El hecho tiene suficiente carga simbólica para obviar su contenido. El secretario de Estado se reunió con una organización que aún aparece en los boletines de prensa del gobierno americano como una fuerza terrorista. Sobran las palabras. Pero este no es el principal acontecimiento que vive Cuba en estos días. El domingo pasado llegó a La Habana el presidente Barack Obama. Habían pasado 88 años desde la última visita de un mandatario de los Estados Unidos. Un tiempo eterno como los años del infame bloqueo económico a la isla. Un tiempo eterno para dos países que comparten historias y mares. El lunes, mientras Kerry se aprestaba para las reuniones con las delegaciones colombianas, Obama se dirigía a la emblemática Plaza de la Revolución para rendir homenaje a José Martí, el gran héroe de la independencia cubana. En las imágenes difundidas en la prensa y la televisión, en reiteradas ocasiones, aparecen las figuras de Ernesto ‘Che’ Guevara y de Camilo Cienfuegos, haciendo de telón de fondo del presidente de los Estados Unidos. Cuba y los Castro se han salido con la suya. Han logrado que el mandatario de la principal potencia del mundo acepte por fin su revolución. Hago una pausa en la escritura y enciendo la televisión. Rueda en la pantalla la tragedia de Bruselas, 31 muertos y 255 heridos; dicen que el terrorismo ha hundido a Europa, otra vez, en la sangre y el dolor. El contraste es impresionante. No solo confrontan a Europa las grandes reconciliaciones que se tejen ahora en la isla. Es también la vida, la tranquila vida, que se respira. Ayer un taxista me decía, no sin orgullo, que un homicidio o un asalto tienen ribetes de gran escándalo en una Cuba que se acostumbró a la convivencia sin armas, sin agresiones. No sé por qué la memoria me lleva un poco más lejos y recuerdo otro evento del año pasado en estas tierras. El encuentro del papa Francisco con el patriarca de la Iglesia ortodoxa. Un cisma milenario había llegado también a La Habana, para su trámite, para el declive, para la solución. Esta bella ironía conmueve. Un país comunista sirve de abrigo a los líderes de dos Iglesias que se separaron cuando apenas amanecía el segundo milenio de nuestra era. Estas cosas pasan en un país que fue la meca de las revoluciones violentas en los años sesenta y setenta. Por La Habana pasaron todas las guerrillas de América Latina para pedir consejo y aliento a un líder, Fidel Castro, que había decidido sembrar de rebeldías a la región en un desafío que parecía más un suicido que una gesta heroica. Ahora Fidel, en su retiro, sirve de sabio de la tribu y con su voz cansina imparte palabras de sensatez y temperancia a los amigos que todavía afrontan conflictos en una región en plena ebullición. El sábado 19 de marzo había pasado por su residencia Nicolás Maduro. Una visita que no disimulaba la intención de afirmar que el nuevo rumbo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba no significaba una alteración de los lazos con Venezuela. No han faltado las palabras de reproche de Estados Unidos al gobierno cubano: se deslizaron en los discursos o en las preguntas de la prensa a Raúl Castro. Los derechos humanos y la democracia fueron, otra vez, tema de controversia. Pero, ahora, la discusión tenía como suavizante la declaración de respeto a las decisiones soberanas de los cubanos. Y esas decisiones tendrán en los años que vienen, con seguridad, un sabor a cambio, un sabor a transformación de las condiciones económicas y sociales de Cuba. Eso se siente en la calle. No he encontrado a nadie, ni entre mis viejos amigos de La Habana, ni entre las personas que he abordado casualmente en hoteles y bares, que no diga que la isla necesita un salto hacia la modernización, hacia la apertura y hacia mejores condiciones de vida. Lo dicen, sobre todo, los jóvenes, que en estos días esperan con especial curiosidad el concierto de The Rolling Stones. Lo dicen no sin pasión, no sin rabia, pero con la convicción de que será un cambio pacífico liderado desde arriba por el actual régimen político. Es algo extraño. Nadie concibe que vendrán otros a cambiar las cosas, nadie concibe que saltarán a la palestra nuevas fuerzas que derrumbarán el régimen, y de allí saldrá la renovación. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Es la respuesta a la pregunta por la intención de voto en un eventual plebiscito para aprobar o negar los acuerdos de La Habana. La encuesta es de Cifras y Conceptos para Caracol Radio y Red Más Noticias y fue divulgada este 16 de marzo. Me llamó la atención el resultado. Porque, ni el proceso de paz, ni el gobierno pasaban por su mejor momento. En La Habana estaban en un grave impasse que obligaba a postergar la fecha de la firma del acuerdo proyectada para el 23 de marzo; el ELN estaba en una escalada de acciones; y Santos caía en las encuestas a registros de menos del 30 por ciento en medio de la agudización de la crisis económica, de la amenaza de un apagón y de una oleada de protestas sociales. Las Farc tienen que ponerle el ojo a este dato importantísimo, lo mismo el gobierno, la Corte Constitucional, los partidos políticos y las organizaciones sociales. La gente quiere decidir ahora sobre un acuerdo que puede cambiar la historia del país y está dispuesta a pasar por encima de todas las críticas, de todas las dudas, de todas las desconfianzas, de todas las broncas con la guerrillas, para decir sí a la paz. Me apoyo en este registro para señalar que es obligatorio que esta variedad de instancias y fuerzas actúe con una gran sensatez, con el más puro sentido común, con el mayor espíritu práctico. Las Farc han objetado el plebiscito porque no es fruto de un acuerdo entre las partes y porque no tiene carácter vinculante, pero eso podría tener solución en la corte. Algunos grupos políticos y la propia guerrilla prefieren una Asamblea Nacional Constituyente porque no tiene ese halo legitimador del gobierno que tendría el plebiscito y porque permitiría la deliberación y la construcción de las reformas en un escenario colectivo y democrático, pero eso aplazaría de modo fatal la refrendación y socavaría la intención positiva que en este momento tiene el electorado. La Corte Constitucional le prestaría un invaluable servicio al país si se apoya en otras decisiones históricas: el Plebiscito de 1957, la Constituyente de 1991 y el Mandato por la Paz de 1997, pronunciamientos ciudadanos fundados en heterodoxias jurídicas, actos extraordinarios que no estaban en la letra de la Constitución y la ley, pero tenían pleno respaldo en el espíritu de reconciliación y de convivencia que se abrió paso en la legislación colombiana en la segunda mitad del siglo XX. Respaldada en estos antecedentes y apelando a la facultad de modular las leyes, la corte podría introducir cambios en el texto del plebiscito para conjurar los reclamos que se le hacen al mecanismo y facilitar la manifestación pronta de la ciudadanía ante el inminente acuerdo de paz que se teje en La Habana. Las ideas no son mías. Se discutieron en el Consejo Nacional Electoral a propósito de una ponencia del magistrado Armando Novoa. Nombrar como Mandato de Paz esta convocatoria, darle carácter vinculante, abolir el umbral y orientar que su organización y promoción descansen en fuerzas de la sociedad civil. Novoa, que fue protagonista de la Constituyente de 1991 y de sus desarrollos posteriores como miembro del llamado Congresito, promueve estas modificaciones con argumentos históricos y jurídicos incontrovertibles y, sobre todo, con un gran sentido de realidad, con los ojos puestos en este momento decisivo del país. Si la Corte Constitucional sigue este camino y las partes en La Habana lo avalan tendríamos una hoja de ruta para la paz, con cinco pasos que nos pondrían a las puertas del posconflicto en 2016: firma del acuerdo final, que se daría a más tardar en junio; concentración de las Farc en las zonas de ubicación en el lapso de 60 días después de la firma; realización del Mandato de Paz, quizás hacia el mes de septiembre; transformación en leyes y decretos de los acuerdos respetando a cabalidad el carácter vinculante que surja de la refrendación ciudadana, tarea que se podría preparar conjuntamente entre el gobierno, el Congreso de la República y las Farc desde el momento en que se cierre el acuerdo; y desarme y reintegración a la vida civil de los miembros de la guerrilla. Las Farc en los últimos pronunciamientos han mostrado sensibilidad por el tiempo y ahora es más importante que tengan en cuenta ese factor. La encuesta de Cifras y Conceptos y otras encuestas, si bien muestran esta disposición mayoritaria de la ciudadanía, revelan también que cuando pasan mucho tiempo sin mostrar resultados concretos en las negociaciones se pierden puntos valiosos en la opinión. Estoy seguro de que el día de la firma del acuerdo, cuando el presidente Santos y Timochenko rubriquen la terminación de la guerra, el apoyo a la paz dará un salto y para ese momento debería estar lista la fecha de la refrendación para aprovechar el fervor que despertará el acontecimiento. Columna publicada en Revista Semana

Vi la imagen de Lula llorando ante sus copartidarios después de haber comparecido ante la justicia. Lo habían llevado preso a declarar sobre lavado de activos, desvío de fondos y sobornos en Petrobrás, la gigante empresa petrolera del Estado brasileño. Tienen la sospecha de que alguna parte de los 8.500 millones de dólares de la trama de corrupción fue a dar a los bolsillos del mandatario. Fue, según algunos comentaristas, una acción desproporcionada. Al presidente más popular que ha tenido Brasil en toda su historia le allanan su casa para indagar si escondía pruebas de los actos de corrupción y lo capturan para llevarlo a los tribunales a dar su versión en calidad de investigado, sin que aún tuviesen testimonios o indicios suficientes de su culpabilidad, sin que antes se hubiera negado a comparecer ante las autoridades. Después, en el transcurso de esta semana, he visto las imágenes de Samuel Moreno Rojas recibiendo la condena por haber recibido 2.970 millones de pesos de coima, por la adjudicación de un contrato de ambulancias por más de 67.000 millones de pesos cuando ejercía como alcalde de Bogotá. “Por qué me dio tan duro” fue el lamento que dirigió al juez que ordenaba un castigo entre 15 y 20 años por este descarado acto de corrupción. Viendo estas imágenes mi memoria fue hacia otros hechos recientes. La renuncia y captura de Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, el año pasado, tras liderar una mafia de ministros y funcionarios responsables de una millonaria defraudación aduanera. La brutal caída electoral de los partidos mayoritarios de España, en especial el Partido Popular y su líder Mariano Rajoy, envueltos en impresionantes fenómenos de corrupción que condujeron al impasse y a la aguda crisis que afronta la política en el país ibérico. No enuncio más casos porque seguramente los lectores de esta columna habrán visto en los últimos años y en los últimos meses, en la páginas de los periódicos o en los noticieros de televisión, a una variedad de políticos del país y de otros países, concurriendo a los tribunales para responder por el saqueo de bienes públicos o por apropiación indebida de dineros privados utilizando palancas del Estado. Habrán visto la destrucción de proyectos políticos, la disolución de movimientos y la desaparición de liderazgos y candidaturas promisorias debido a su participación en actividades ilegales. En unos casos es la izquierda, en otros la derecha, no hay manera de hacer diferencias. Detengámonos a mirar el caso de Samuel Moreno. Ya sabemos que no se trató de un hecho aislado, del error de un mandatario al que de pronto le ofrecieron un dinero para dar curso a una contratación y él, sin pensarlo mucho, lo aceptó; todo lo que ha salido a la luz pública indica que se trató de un gran plan para saquear a Bogotá en compañía de su hermano Iván y de un grupo de contratistas. Una estafa monumental a una ciudad. ¿Cómo un nieto de presidente, hijo de una mujer que también había hecho una gran historia en la política colombiana, con una tradición para cuidar y con un enorme patrimonio económico, perteneciente a un partido alternativo que empezaba a conquistar un espacio en la vida nacional, se mete a conciencia en semejante trama de corrupción? Muy difícil de entender. Algunas personas, que conocen bastante a los Moreno Rojas y al propio Samuel, me explican que este clan familiar tenía la obsesión de llegar a la Presidencia y vieron la Alcaldía de Bogotá como un escalón y a la vez como un botín para financiar la campaña por la primera magistratura del país. Un verdadero absurdo que golpeó a la izquierda y la alejó aún más de la posibilidad del poder nacional. Incomprensible también la parábola del Partido de los Trabajadores. Una fuerza política liderada por un obrero mecánico que alcanzó la gloria conquistando la Presidencia de un país inmenso, que en ejercicio del mandato hizo saltar al Brasil a los primeros lugares del liderazgo económico y social del planeta, que lo tenía todo para perdurar en la vida brasileña como emblema de renovación y de cambio, se mete, en cabeza de buena parte de sus dirigentes, en una espesa trama de corrupción. Ojalá Lula salve su reputación, ojalá logre demostrar su inocencia, pero en todo caso quedará comprometida su visión y su capacidad para impedir tamaño fracaso. Lo que ha quedado en evidencia es que la corrupción es ahora el principal cáncer de la política y que puede dar al traste con el proyecto más altruista, con el más progresista, con el más comprometido con la sociedad y con el cambio. Que el principal reto de las organizaciones partidarias y de los organismos de control del Estado es, en este momento, imaginar nuevas formas de disuasión de la corrupción y nuevos medios de vigilancia. Pero, quizás, lo más importante sea recuperar la ética como presupuesto esencial de la política. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Esto suena increíble: “En Bogotá el 65 por ciento de los encuestados cree que las cosas en la ciudad están empeorando. En diciembre de 2015 el 64 por ciento opinó en igual sentido. El 26 por ciento de los consultados cree que las cosas están mejorando, mientras en diciembre de 2015 el 30 por ciento opinó en el mismo sentido”. Por otro lado, Peñalosa ha recibido la aprobación de solo el 35 por ciento de los indagados. Son los resultados de la encuesta Gallup publicada el 1 de marzo. La percepción de la ciudadanía es que la situación está peor que en el último tramo del gobierno de Gustavo Petro. No ha valido la insistente proclama de que las cosas no iban a cambiar inmediatamente. No ha valido el cobijo amable que le han dado los medios de comunicación a la administración de Enrique Peñalosa. Es cierto que el tiempo es muy corto. Son apenas cuatro meses después del triunfo y dos meses después de haber asumido el mando de la ciudad. Pero lo más corriente es que los mandatarios tengan un periodo de gracia, un tiempo de condescendencia y aceptación. Es lo que ha ocurrido en las otras cuatro ciudades más pobladas del país. Allí los nuevos alcaldes han recibido una gran aprobación. El castigo de la opinión tiene una lógica incuestionable. Peñalosa está cometiendo los mismos errores que le endilgaban a Petro: el estímulo a la polarización y una sorprendente improvisación. Cada anuncio es un desafío, cada decisión es un invento sin estudios ni sustento. Solo que el palo de Peñalosa cae sobre sectores de la población diferentes a los que fustigaba Petro. Sobre los usuarios de TransMilenio, que recibieron de un solo golpe el alza del 11 por ciento en los tiquetes cuando el salario mínimo había recibido un aumento de apenas el 7 por ciento; que, además, en sus innumerables bloqueos y protestas por el mal servicio, sufren de primera el calificativo de simples saboteadores enviados por Petro y la presión policial en vez de alguna atención de los funcionarios de la Alcaldía. Sobre los vendedores ambulantes que sin alternativas de nuevos espacios para su trabajo afrontan la amenaza del desalojo y del despojo. Sobre los miles de funcionarios del Distrito que han perdido la esperanza de que les renueven sus contratos en una administración que ha llegado para barrer con todo lo que venía de atrás. Peñalosa ha tenido el mejor ambiente, la mejor actitud de los forjadores de opinión, para hacer las cosas con calma, para planear cada paso, pero le ha ganado la arrogancia y la bronca con la anterior administración y se ha dedicado en estos dos primeros meses a lanzar iniciativas que generan agudas controversias y socavan la confianza ciudadana. Ya se ganó la pelea con el alcalde de Mosquera, quien recibió la notificación inconsulta de que en su territorio se harían los talleres que soportarían la construcción de la primera línea del metro. Ya se empiezan a oír las voces, tímidas aún, de personas expertas en movilidad que cuestionan el cambio abrupto de todo lo que estaba en curso sobre esta obra decisiva para el futuro de la ciudad, y en sectores de la ciudadanía crece la sospecha de que lo que busca Peñalosa es dilatar y dilatar decisiones sobre el metro y, entre tanto, utilizar los recursos para crecer a TransMilenio como única alternativa de transporte. Ya levantó una polvareda con la pretensión de urbanizar 1.400 hectáreas de la reserva ambiental Thomas van der Hammen, en un momento de aguda sensibilidad por el cambio climático y por el azote de sequía y calores que está sufriendo la ciudad como consecuencia del fenómeno de El Niño. No hay peor momento que este para anunciar la vulneración de humedales o la tala de un pulmón verde. La hipótesis del alcalde y su gobierno es que la aceptación ciudadana irá creciendo con el paso del tiempo, que ahora es necesario tomar medidas que tienen un gran costo en las encuestas; que, tal como ocurrió en su administración de hace 18 años, al inicio habrá baja popularidad y al final se tendrá una buena calificación ciudadana. La hipótesis mía es muy distinta. Peñalosa no ha logrado asimilar los cambios del mundo, del país y de la ciudad en los últimos 20 años y está gobernando como si esto fuera un conglomerado urbano del siglo pasado, una Bogotá noventera. No entiende que en movilidad no hay soluciones únicas o, incluso, mejores, que es obligatoria la confluencia de todos los sistemas de transporte si se quiere mitigar el grave atasco en las grandes urbes. No entiende la emergencia de nuevas angustias: la suerte ambiental del planeta, la discriminación y la segregación, la impresionante interacción social a través de redes y contactos posmodernos. Si sigue por este camino perderá aún más apoyo popular y más temprano que tarde los medios de comunicación empezarán a hacer las preguntas pertinentes y las críticas necesarias. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Es una conmemoración triste, pero podría ser alegre. Este lunes se cumplen 50 años de la muerte de Camilo Torres Restrepo. El ELN, la guerrilla en la cual Camilo ofrendó su vida, no ha decidido aún saltar a las negociaciones de paz y emprender el camino hacia la vida civil. Hace muchos años espero con angustia que el aniversario del sacrificio del sacerdote más entrañable tenga ocasión en días de reconciliación entre el Estado y aquella insurgencia. Pensaba que este año ocurriría ese milagro y, entonces, en vez de luto, tendría una alegría en mi corazón. No será así. Encontré a Camilo a mediados de 1972 en la casa cural de mi pueblo. Entre sus proclamas, en un pequeño libro, estaba su fotografía, la que el Ejército le había entregado a la prensa después de su muerte. Un rostro desencajado, adolorido. Tenía 17 años y unos sueños pobres, tan pobres como mi familia, tan pobres como mis vecinos y mis amigos de una larga infancia. Nada me había hecho pensar que tendría una causa a la cual consagrar la vida, nada me había traído una ilusión que me diera sentido y coraje para vivir. Fue en una visita al padre Ignacio Betancur. Me había invitado para hablar del paro y de las protestas estudiantiles de mi colegio. Habíamos entrado en huelga con el propósito de sacar a un rector déspota y conseguir una dotación decente para un claustro perdido en las montañas de Antioquia. Pero el cura me hizo preguntas escasas del movimiento y me habló más, mucho más, de una revolución que ardía allende los linderos de mi pueblo. Me hablaba de un gran movimiento campesino y de una gran protesta social que en conjunto con el alzamiento guerrillero, que prosperaba en las montañas, daría al traste con los gobiernos injustos que habían aherrojado la historia del país. Me decía que esas eran las ideas de Camilo, que en eso había pensado Camilo. Por eso, se había empeñado primero en generar grandes movilizaciones sociales y políticas y después se había ido a la guerrilla para dar ejemplo. De eso me habló esa tarde mi sacerdote en Pueblo Rico. Encima del escritorio del padre Ignacio podía ver El diario del Che en Bolivia y a su lado un folleto con las proclamas de Camilo. Ignacio sintió la avidez con que miraba esos textos. Habían pasado tres horas de conversación y por las ventanas se asomaba la noche. Me dijo que saldría a oficiar la misa y que, si quería, podría dedicar un tiempo a leer en la soledad de su oficina. No volvió esa noche, quizás se quedó en alguna comida y en una larga charla con gente del pueblo, quizás entró sigilosamente y se fue a dormir. Estuve allí hasta pasadas las once, leyendo apresuradamente, saltando páginas del Diario, deteniéndome un poco en las proclamas, descubriendo un mundo, acercándome a dos hombres que eran una leyenda en toda América Latina, bebiendo a sorbos ideas que eran más que una ilusión, ideas que tejían un sueño. Aún hoy puedo sentir la grave alucinación que generó en mí aquel encuentro. Me fui a la casa de mis padres y no pude dormir. Me senté en el ancho corredor que circundaba la casa y me puse a escribir una larga carta para Camilo y para el Che. Les prometía que dedicaría la vida entera a buscar la dignidad que ellos habían anhelado para la gente de mi país y de todo el continente. Que también ofrecería mi vida, si fuere necesario, para que la justicia brillara en estas tierras. Fueron promesas sagradas en el altar de mi conciencia. En cada aniversario de Camilo y en cada conmemoración del Che dedico un pedazo del día a preguntarme si les he cumplido. Repaso los años de mi labor social en zonas agrarias y en la Medellín de los años ochenta. Recuerdo uno por uno los años en la guerrilla. Me detengo a pensar en los años de investigación y de escritura, en estos años, después de haber firmado un acuerdo de paz. Quiero pensar que con mis equivocaciones, que no han sido pocas, con la hiel de la impotencia que a veces me acecha, con mis flaquezas que son muchas, he cumplido. Cumplí cuando me fui a la guerra y busqué en la aventura más azarosa el triunfo esquivo del alzamiento armado. Cumplí cuando supe que mediante la violencia agregaba más horror a la exclusión y más dolor a la inequidad y, entonces, me decidí por la paz. Así puedo soportar el paso del tiempo y ser feliz a veces, ser muy feliz a veces. Así puedo brindar con tristeza por la memoria de Camilo en un día que podría ser muy alegre si mis viejos compañeros del ELN se propusieran por fin dejar las armas y abrazar la paz. Columna de opinión publicada en Revista Semana

El lunes pasado, el presidente Santos lanzó una nueva ofensiva contra el crimen organizado. Instaló el Comité de Seguimiento a Organizaciones y Bandas Criminales en el que participan cinco ministerios, incluido el de Posconflicto, y habló de intensificar la persecución mediante acciones coordinadas de la fuerza pública y la Fiscalía. Señaló que en su gobierno se han producido 19.000 capturas, se han neutralizado 59 cabecillas y se han incautado 10.000 armas. Fue una señal para las negociaciones de La Habana, donde se discute un acuerdo integral para desmontar a los herederos del paramilitarismo y brindar garantías para la reintegración de las Farc a la vida civil; fue también una señal para Washington a donde viajaba a celebrar los 15 años del Plan Colombia y a solicitar un nuevo plan para la seguridad y la paz del país. En septiembre de 2014 y en abril de 2015 se hicieron anuncios similares. Pero hay una falla en el diagnóstico y por eso hay una falla en los planes. Desde 2007, cuando se culminó la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, se viene cometiendo el error de considerar a los grupos armados que los reemplazaron como simples bandas de narcotraficantes sin pretensiones sociales y políticas, sin arraigo en comunidades, sin nexos con empresarios y sin una penetración profunda en la fuerza pública. Bandidos puros, a perseguir con la Policía y, eventualmente, con el Ejército. Bandidos, que no superan la cifra de 5.000. Bandidos, que se pueden desmantelar persiguiendo a sus jefes, en la estrategia de perseguir ‘objetivos de alto valor’. Bandidos nuevos que nada tienen que ver con los anteriores paramilitares, porque aquellos, dicen, se acabaron en la negociación del gobierno de Uribe. Nada de eso es cierto o, mejor, nada de eso es totalmente cierto. A pesar de las capturas y las incautaciones, el portafolio de las organizaciones criminales en vez de achicarse se ha ampliado a una intensa labor de microtráfico en las ciudades, a grandes operaciones de minería ilegal, contrabando, extorsión, trata de personas y diversificación del lavado de activos e inversión en negocios legales. La frase que hace algunos años pronunció Marta Sáenz Correa, entonces gobernadora de Córdoba, es realidad en muchos sitios del país. Dijo ella, que el principal empleador de los jóvenes en su departamento eran las bandas criminales. Hoy, esas fuerzas y esas actividades, sin duda, ligan a más gente que la caficultura y la ganadería que son las otras dos fuentes principales de empleo en el campo colombiano. Hay variaciones muy importantes en las estructuras y en las alianzas de las bandas criminales. Han dejado atrás organizaciones verticales de alcance nacional y funcionan en redes, con pactos y confrontaciones aquí y allá, aferradas a mercados locales y a transacciones con empresarios, políticos y miembros de la fuerza pública en las regiones, pero vinculados también a enlaces transnacionales. Sé bien que para el presidente Santos y para las Fuerzas Armadas resulta difícil reconocer abiertamente realidades como la grave persistencia de la relación entre legales e ilegales y el alcance económico y social que tienen las bandas; y resulta aún más difícil enunciar en las estrategias medidas concretas para deshacer el perverso entramado entre agentes del Estado, prestigiosos empresarios privados y poderosos criminales. Hay una oportunidad de oro para reducir a su mínima expresión la criminalidad y la ilegalidad que las elites políticas deberían aprovechar. La paz con las guerrillas podría ser el escenario para poner en marcha un ambicioso plan integral contra los herederos de los paramilitares y contra todas las manifestaciones mafiosas del país. Ocho puntos clave, un plan integral: uno, en conjunto con el sector privado trazar la ruta de sustitución de los mercados ilegales y criminales ofreciendo alternativas de empleo decente a los cientos de miles de colombianos que hoy sirven en esas actividades. Dos, una depuración completa de la fuerza pública. Tres, una depuración y reorganización de los partidos que hoy avalan sin pudor alguno a políticos con nexos ilegales. Cuatro, adelantar, en 11 zonas del país comprometidas en el posconflicto, dispositivos coordinados entre fuerzas pública y Fiscalía, para perseguir, cercar, capturar y judicializar a integrantes de las bandas, lo cual implica unidades especializadas en Policía, Ejército, jueces y Fiscalía, lo mismo que una gran dotación de recursos. Cinco, diseñar una oferta de sometimiento a la justicia sin ningún viso de negociación política, pero con incentivos precisos para quienes abandonen las actividades criminales. Seis, insistir en el cambio de la política antidrogas poniendo el énfasis en la sustitución voluntaria de cultivos, en la despenalización del consumo y en el freno al tráfico internacional. Siete, perfeccionar la cooperación y los acuerdos con los gobiernos de la región para perseguir el crimen transnacional. Ocho, ampliar el Comité de Seguimiento a Organizaciones y Bandas Criminales a integrantes de la sociedad civil y a representantes de las guerrillas que firmen la paz, y establecer la conducción personal y permanente del presidente de la República en esta instancia. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Acabo de oír a Frank Pearl y afirma: “No es cierto que el ELN esté dispuesto y listo para continuar conversaciones de la fase exploratoria. Desde finales del año pasado, a través del conducto formal que tenemos establecido, el gobierno nacional ha planteado opciones claras para continuar los diálogos, sin que hasta hoy hayamos obtenido respuesta”. Recibo este mensaje con perplejidad, porque hace dos días había leído un mensaje del Comando Central del ELN diciendo que el ELN había esperado en estos dos meses una convocatoria del gobierno nacional para reunirse a culminar la fase exploratoria y pasar a la etapa pública y esto no había ocurrido. ¿Quién dice la verdad? Quiero apelar a usted, Nicolás Rodriguez Bautista, en calidad de Comandante General del ELN y  la voz histórica de la organización para aclarar la situación. En los tiempos en que militaba en el ELN se tenía por un valor supremo cumplir con la palabra empeñada y poner siempre la verdad por delante. Le oía decir siempre eso a Manuel Pérez y a Usted. Qué pasa ahora? Acá, en Bogotá, en estos últimos meses, me encuentro con mucha gente de buena voluntad comprometida con la paz, que me pregunta con mucha preocupación por el futuro del ELN. Se especula mucho, dicen algunos que el ELN está dividido y no puede tomar la decisión clara abrir las negociaciones, dicen otros que no tiene autonomía y está condicionado por el gobierno de Venezuela. Este no es un momento cualquiera, es un momento especial, después de varios años de dura confrontación militar, el país empieza a manifestarse poco a poco a favor de la salida política, los anhelos de paz han tomado mucha fuerza. Sería muy importante un pronunciamiento suyo aclarando todas estas dudas y diciéndole a los colombianos que han decidido pasar a la fase pública de la negociación saltando por encima de todos los obstáculos internos y externos. León Valencia

Recientemente Pablo Catatumbo, negociador de las Farc en La Habana, afirmó en tono categórico que ellos no habían matado al papá de Álvaro Uribe. Contó también otra historia del secuestro y la muerte del papá de Carlos Castaño. Dijo que lo secuestraron porque para ese tiempo esa familia estaba metida hasta el cuello en el narcotráfico y en el paramilitarismo, y que su muerte se produjo en un cruce de disparos en el momento en que el Ejército intentó rescatarlo. Sé que me estoy adelantando bastante a los acontecimientos que desatará la firma de los acuerdos de paz con las Farc. Quizás la Comisión de la Verdad que acordaron en La Habana solo se empiece a conformar en el próximo año. Pero las versiones sobre la muerte de estas dos personas han tenido tan enorme trascendencia en el conflicto armado del país que no quiero que se olviden a la hora de hablar de los secretos de nuestra dolorosa guerra. La importancia de la muerte del padre en la vida de Álvaro Uribe está fuera de discusión. ‘El día más triste de su vida’ es el titular de SEMANA en un artículo de hace algunos años, presentando el libro No hay causa perdida, en el que Uribe relata el acontecimiento. También es clara la sensibilidad que despierta la autoría del asesinato. La negación de Catatumbo fue inmediatamente controvertida por el partido Centro Democrático en un comunicado público y por la familia Uribe en medios de comunicación. Hay aquí una grave disputa por la memoria y la verdad. Ahora bien, esta discusión no tendría la carga que tiene si no estuviera atada a una pavorosa intensificación del conflicto armado en los lugares y en los tiempos en que Uribe ha tenido el poder. En Antioquia cuando fue gobernador y en Colombia en dos periodos presidenciales. El expresidente niega tajantemente que la acusación hacia las Farc en la muerte de su padre tenga una influencia crucial en las decisiones que ha tomado en su vida pública. Dice en su libro: “Siempre he querido evitar que mi imagen sea asociada con una idea de martirio o con la falsa impresión de haber incursionado en la política motivado por la tragedia familiar”. Pero es difícil aceptar esta convicción porque cualquiera que lea los discursos de Uribe como candidato o como gobernante puede sentir el furor con que invoca las afrentas de la guerrilla. También dice mucho el que una parte de su gabinete ministerial fuera víctima manifiesta de las Farc. En esos dolores innegables estuvo enredada nuestra guerra y de allí se deriva la estela de crueldad que arrastra. Carlos Castaño no negó, ni escondió, que el secuestro de su padre fuera una de las motivaciones en su faena de muerte contra la izquierda. Contó el episodio a su manera y logró conmover a no poca gente. Y fue más allá. Utilizó las agresiones de la guerrilla contra empresarios o políticos como argumento para reclutarlos para las Autodefensas Unidas de Colombia. En muchas de las entrevistas que hicimos en las investigaciones de la década pasada encontramos esas historias. Castaño sintió que podría hacer un movimiento de alcance nacional, un gran movimiento, que no tendría que detenerse ante la atrocidad, acudiendo a todos los ofendidos por la insurgencia. Esa cruzada la realizó con una audacia suprema entre 1990 y 1998 y con ese emblema logró agrupar a una fuerza poderosa que subordinó al Estado en gran parte del territorio nacional y produjo una catástrofe humanitaria que apenas empieza a ser evaluada. En los días en que se discutía en La Habana la pertinencia de la Comisión de la Verdad, algunos dirigentes políticos y formadores de opinión se pronunciaron en contra de la idea. Unos por considerar que en vez de ayudar a la reconciliación abriría nuevas heridas y ahondaría los odios que existen en Colombia, otros porque la consideraban un tribunal amañado que tendría como finalidad exonerar a las Farc de sus responsabilidades y poner las culpas en los hombros de una parte de la dirigencia tradicional del país. No se pueden negar de plano estos peligros y el gobierno y la guerrilla tienen la obligación de disipar los temores conformando una comisión de las mayores calidades humanas y éticas y de una seriedad profesional fuera de toda duda. Pero esclarecer las circunstancias en que fueron asesinados Alberto Uribe y Jesús Antonio Castaño y, especialmente, en el caso de Uribe, establecer quiénes fueron los autores del crimen, será un hecho esencial para la convivencia pacífica de los colombianos. Los resultados podrían derrumbar leyendas de un lado o del otro y arrojar enseñanzas claves para las generaciones futuras. Columna de opinión publicada en Revista Semana

No voté por Enrique Peñalosa, no obstante había hecho el compromiso íntimo de que esperaría mucho tiempo antes de salir a cuestionar algún aspecto de su administración. Quería participar del nuevo ambiente que se respira en los medios de comunicación,tenía la ilusión de que Peñalosa saltaría por encima de la polarización que ha vivido la ciudad en los últimos tiempos y haría un gobierno sensato, aterrizado, gerencial. Pero arrancando su mandato ha dicho cosas tan sorprendentes, tan contradictorias, tan carentes de sentido común, sobre el trascendental tema del metro, que me he atrevido a enhebrar una columna de interrogantes. Hago memoria: durante dos años se hicieron estudios de ruta y suelos, estudios de demanda de pasajeros y estudios de ingeniería de detalle, a cargo de tres prestigiosas firmas internacionales, para definir que el metro, en su gran recorrido, sería subterráneo; que iría en forma de herradura arrancando de Bosa, buscando los cerros orientales por la avenida Primero de Mayo y tomando las carreras 13 y 11 para atravesar el centro y dirigirse a la calle 127 donde daría la vuelta hacia Suba y Engativá; que costaría, en su primera línea, hasta la 100, trece billones seiscientos cincuenta mil millones de pesos y de las arcas de la Nación saldría el 70 por ciento, mientras que el Distrito cubriría el 30 por ciento. Se pagó por estos estudios la no despreciable suma de ciento treinta mil millones de pesos. Fueron avalados por el Banco Mundial (eventual fuente de crédito de la obra). Fueron aprobados por el gobierno nacional. Todo estaba listo para arrancar. Pero ahora Peñalosa dice que el metro será en buena parte elevado, que saldrá de Mosquera y tomará la avenida Caracas para ir hacia el norte de la ciudad, que la primera línea será más corta y los costos serán mucho menores. Si entiendo bien, tenemos un metro completamente distinto diseñado por el doctor Enrique Peñalosa. Y ahí empiezan mis preguntas: ¿En qué estudios se apoya el alcalde Peñalosa para tomar estas decisiones? O ¿es posible a puro ojo cambiar el tipo de metro que se va a poner en funcionamiento, el recorrido que va a realizar, las obras que es menester construir y los costos que va a acarrear? ¿Cuál es el verdadero impacto del alza del dólar en los costos de la obra? ¿Cuál es la posición del Banco Mundial frente a estos cambios? ¿Qué dice el gobierno nacional frente a ellos? ¿Con este cambio de perspectiva es serio anunciar que a final de este año se hará la contratación del metro? ¿Por qué arrancar de Mosquera y no de Bosa? ¿Cuál es la diferencia en la demanda de pasajeros en un lado y en el otro? ¿Dónde se ubicarán los talleres de trabajo en este nuevo trazado? ¿Por qué saturar la avenida Caracas con una línea de metro elevado y la ruta de TransMilenio? ¿Qué estudios de suelo se han hecho en la Caracas para definir el tipo de obras que son necesarias para soportar el peso de dos sistemas de transporte encima? ¿Cómo se hace para que siga funcionando TransMilenio por la Caracas mientras se construye por allí mismo el metro? ¿Por qué el ministro de Hacienda ha dicho que mantiene la cifra de 9,65 billones de aporte para la financiación si no hay claridad sobre los costos del nuevo metro? ¿Cómo hará el gobierno distrital para adelantar a la vez la construcción del metro y el ambicioso plan de las troncales de TransMilenio? ¿Cuál es la prioridad de Peñalosa: TransMilenio o metro?¿Por qué Peñalosa no se tomó el tiempo necesario para salir con cifras en la mano y argumentos creíbles a anunciar los cambios, en un proyecto que fue presentado hace unos meses por el presidente Santos como la mayor obra civil de toda la historia del país? Si la decisión es abrir rápidamente la licitación, ¿por qué no se presenta al Concejo la iniciativa de constituir la empresa que habrá de hacer la contratación de las obras? Sé que estas preguntas pueden resultar incómodas en un momento en el que la ciudad vive un nuevo aire y los medios de comunicación quieren mantener buena vibra en torno a la nueva administración. A mí también me gustaría tener la plena confianza de que el metro saldrá adelante. En estos últimos años, oyendo las discusiones sobre movilidad en las grandes ciudades y leyendo a expertos de acá y de afuera, he comprendido que el metro por sí solo no es la solución del problema, pero es un complemento indispensable para encarar las demandas de transporte de una ciudad que roza los 8 millones de habitantes y que está cada día más trancada, más paralizada. De ahí mi preocupación por los anuncios y decisiones de Peñalosa en este primer mes de gobierno. Tengo una preocupación adicional. Me pregunto si un nuevo aplazamiento del metro podría llevar al gobierno nacional a reorientar los recursos hacia las vías de Cuarta Generación o hacia otras infraestructuras en un momento que necesita con urgencia reactivar la economía e incentivar el empleo. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Nadie me está preguntando. Hablo de puro metido. Desde una posición muy distante de los partidos. Además, es muy probable que ni a Santos, ni a la izquierda, ni a la guerrilla se les haya pasado por la cabeza la necesidad de conformar un nuevo gabinete ministerial, un gabinete para la paz. Pero ese si sería un nuevo aire en la política colombiana, ese si sería un mensaje contundente de que algo va a cambiar en el país con la firma del acuerdo entre el gobierno y las Farc. Santos le ha entregado los dos temas cruciales, los dos temas taquilleros, los que quizás definan la Presidencia en 2018, al Partido Liberal y a Cambio Radical. A los liberales los puso a la cabeza de la paz, tienen el jefe de la delegación en La Habana y los ministros del interior y posconflicto. A Germán Vargas Lleras le dio la infraestructura de la cual depende ahora la modernización del país y la reactivación de la economía. Esos son los pilares del gobierno. El resto de los ministerios los ha repartido más o menos equilibradamente entre las otras fuerzas de la coalición. Esta distribución del poder no refleja la realidad de las elecciones presidenciales y regionales de 2014 y 2015. Refleja lo de siempre, unas elites cerradas, herméticamente cerradas, a la participación de nuevas fuerzas. Pero, además, ese equipo, el de Santos, no es el más conveniente, no es el más idóneo, para encarar los retos y las transformaciones que deberá afrontar el país una vez se firme el acuerdo de paz con las Farc y se adelanten las negociaciones con el ELN. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2014, Clara López en representación del Polo Democrático y Enrique Peñalosa en representación del Partido Verde obtuvieron más de 3 millones de votos. Las mayorías en esos dos partidos respaldaron luego a Santos en segunda vuelta y fueron decisivas para su victoria sobre Óscar Iván Zuluaga. Eso no tiene discusión. En las elecciones regionales, el Partido Verde y el Polo pusieron más de 2 millones de votos para los concejos municipales y obtuvieron algunas gobernaciones y alcaldías importantes en las zonas del conflicto armado. A estos dos partidos con un electorado consolidado se le pueden sumar otros movimientos y candidatos independientes con una clara inclinación hacia la izquierda y un compromiso indiscutible con la paz. Pues bien, esos ciudadanos, esos electores y esos partidos, en pura justicia electoral, deberían tener una representación adecuada en el gobierno nacional, deberían tener la oportunidad de influir en las decisiones y en las reformas que tienen que ver con la paz y con el posconflicto desde el Ejecutivo, que es el lugar donde reside el 80 por ciento del poder en un régimen presidencialista como el nuestro. Algo más importante aún. A Santos le convendría mucho que a la hora de utilizar las facultades extraordinarias para legislar sobre los acuerdos de paz tuviera a su lado, en el gabinete, a personas conocedoras de los temas y de las regiones del posconflicto, comprensivas de la otra Colombia, de la Colombia que abriga a las insurgencias y a las poblaciones marginadas. Ese otro país que difícilmente se ve desde Bogotá. Le convendría tener interlocutores idóneos con la Alta Comisión Legislativa que se encargará de tramitar en el Congreso las reformas para cumplir con los acuerdos de La Habana. Le convendría tener líderes que contribuyan a una gran votación en el plebiscito. Santos debería darse esa pela. Emprender esa fuga hacia adelante. Llamar a las fuerzas de izquierda a conformar un gabinete para la paz. No basado en representaciones individuales y en personas que, con un pasado de izquierdas, van al gobierno a validar decisiones abiertamente contrarias al pensamiento de sus partidos de origen. Buscar a personas de carácter, ideas y capacidad técnica que, con el aval del Polo, del Partido Verde y de otras fuerzas independientes, se comprometan a acompañar al gobierno en los retos que vendrán en estos dos años decisivos para Colombia. También las izquierdas tendrían que darse la pela y abandonar la oposición a ultranza para aportar desde el Ejecutivo a las transformaciones del país, sin perder su identidad, sin abandonar sus ideas. No será fácil. Los argumentos en contra de la participación serán de peso. El primero de todos: la gran distancia con la política económica y social de Santos. Pero en estos terrenos es justo reclamar alguna libertad. Así lo acaba de hacer el Partido Liberal en el controversial caso de la venta de Isagén. Habrá, igualmente, mucho temor por las reacciones del electorado y de los opinadores de izquierda, de cara a las elecciones de 2018. Ahí cae como anillo al dedo una frase de los italianos: “El poder desgasta, pero en ocasiones desgasta más la oposición”. Esperaré a que el día siguiente a la firma del acuerdo con las Farc tenga algún recibo esta idea. Columna de opinión publicada en Revista Semana