Siento envidia, una gran envidia, por lo que está ocurriendo en España. Con perdón de mis amigos españoles, debo decir que me gusta esa crisis, me encanta que el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español hayan perdido la hegemonía que ostentaron a lo largo de 40 años, me llena de esperanzas que de un tirón, en unas elecciones, hayan aparecido dos partidos nuevos con la votación y la representación suficientes para estremecer la vida pública de España. Me complace el enredo en que está el PP para formar gobierno y la encrucijada en que se encuentra el Psoe. Todo eso tiene un sabor a cambio. Me gusta el origen de la crisis política, aquella indignación que se tomó las calles del país y las redes sociales para protestar por la corrupción enorme y por las medidas de ajuste que apuntaron a cargar todo el peso de la recesión económica en las clases medias y en la masa trabajadora. Muchos analistas pensaron que la indignación no tendría consecuencias políticas. Que las manifestaciones espontáneas, la movilización ciudadana no se transformarían en acción y en organización política. Se equivocaron. Muy pronto aparecieron por la izquierda Podemos y por la derecha Ciudadanos, agrupamientos que encauzaron la indignación, y ahora tienen en calzas prietas a los ya viejos partidos de la España posfranquista. Me gustan los temas que están en el centro del debate: la corrupción, la reforma social, la profundización de las autonomías territoriales o la independencia de Cataluña y la transformación del sistema electoral. Que la discusión sobre la ETA, la violencia y el terrorismo no sea el plato del día. Que la preocupación principal no sea cómo salvar a los banqueros abusivos. Todo eso está bien, diría que está muy bien. De ahí la envidia. Porque en Colombia tenemos un presidente de origen liberal, perteneciente a una familia que participó del poder a lo largo del siglo XX; a este presidente lo acompañan Cambio Radical, encabezado por un dirigente político también de origen liberal y también perteneciente a una familia que gobernó al país en el siglo anterior; el propio Partido Liberal, liderado por un mandatario de finales de ese siglo; el Partido de la U, compuesto por parlamentarios que igual dieron sus primeros pasos entre los liberales; y el Partido Conservador, la otra cara del bipartidismo que ha gozado de la hegemonía política desde los albores de la república. Pero hay más. La oposición de derechas está en manos de un grupo político: el Centro Democrático, liderado por otro expresidente que militó en el liberalismo la mayor parte de su vida, y la oposición de izquierdas, además de marginal, está liderada por personas que llevan no menos de 30 años en el trajín electoral saltando de un grupo a otro en una búsqueda infructuosa por encontrar una alternativa al bipartidismo. El desaliento es mayor si se explotan los temas de debate. En el centro de la controversia en nuestro país están, desde hace 30 años, la violencia, la seguridad y la paz. De ahí no salimos. Ni los cambios sociales, ni la globalización económica, ni el ordenamiento territorial con sus demandas de autonomía y descentralización, ni la modernización del sistema electoral han ocupado la atención principal en las campañas políticas. Repetimos partidos, repetimos líderes, repetimos temas y, por consiguiente, repetimos la ominosa corrupción y un lacerante egoísmo social. Cabe la posibilidad de que en España no cuaje un verdadero cambio político. Ya sea porque el Psoe se preste de alguna manera para que Rajoy conforme gobierno y repita la investidura, o porque en una convocatoria a nuevas elecciones el Partido Popular y Rajoy obtengan la mayoría suficiente para persistir en el poder. Pero puede ocurrir que los socialistas encuentren una fórmula para resolver las diferencias con Podemos en torno a la independencia de Cataluña ,y den paso a una coalición de izquierdas en la que las nuevas fuerzas surgidas de la indignación tengan un protagonismo cierto para formar un nuevo gobierno; o que, en el escenario de la convocatoria a elecciones, los españoles decidan ampliar su votación por las nuevas fuerzas políticas y entierren de manera categórica el bipartidismo. Entre tanto, en Colombia tendremos que esperar a la terminación de la guerra y a la firma de una paz duradera para pasar a otros temas y a otras preocupaciones; para promover con libertad, sin la coyunda de la violencia, la indignación social y saborear entonces la posibilidad de nuevas fuerzas, nuevos liderazgos y nuevas caras en los gobiernos locales y en el gobierno nacional. Tendremos que esperar un tiempo a que se presente una crisis como la que vive la política española con sus esperanzas de cambio y con las incertidumbres y temores que traen las grandes tormentas de la vida pública. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Me encontré con Padura, a principios de noviembre, en la terraza del Museo Napoleónico, en el sopor de una tarde habanera. Hacía poco había recibido el Premio Princesa de Asturias de mano del rey Felipe VI; y sus amigos, sus amigos del barrio Mantilla, sus amigos escritores, decidieron agasajarlo hablando de su vida y de su escritura y haciendo que él leyera en casa el discurso que había hecho ante el jurado y ante los reyes de España. Querían celebrarlo porque en las palabras del acta del premio habían comprobado una vez más que el gran mérito de Padura era ser de ahí, de ellos, de todos ellos. Había dicho el jurado: “Es un autor arraigado en su tradición y decididamente contemporáneo; un indagador de lo culto y lo popular; un intelectual independiente, de firme temperamento ético”. Y él había respondido: “A Cuba, a su cultura y a su historia debo todo lo que soy personal y humanamente, porque pertenezco profundamente a la identidad de mi isla, a su espíritu formado por tantas mezclas de origen y credos, a su vigorosa tradición literaria”. Supimos, María Elvira Bonilla y yo, de este evento, por un cercano a Padura, nos dijo que allí podríamos saludarlo y quizás hablar con él un rato. Compartimos con María Elvira una pasión extraña por el arraigo, por la identidad, una admiración por quien va con su mundo a cuestas, con su pasado a cuestas, por quien no disimula su andares y eso nos llevaba hacia Padura, queríamos ver otra vez en su voz un pedacito del barrio donde ha vivido toda la vida, un poco de su personaje, el detective Conde, quizás algo de ese mundo desastrado de La Habana escondida que trae en cada una de sus novelas, de pronto una pelota de béisbol en la mesa y un asomo de su culto a la amistad. No sé qué vio María Elvira, nunca hemos hablado de eso, pero yo me perdí esa tarde en evocaciones, fui derecho a El viejo y el mar, un libro que leí con el asombro que le cabe a un adolescente en un lugar de las montañas antioqueñas, alguien que nunca había visto el mar, que nunca había imaginado el mar, que no sabía de sus embrujos, ni de la sabiduría extraña de los pescadores, ni de las batallas de los hombres con la tormentosa inmensidad del agua. Quizá visité aquella aventura porque lo primero que leí de Padura fue Adiós Hemingway, y la memoria me jaló hacia el gran escritor gringo apostado en La Habana sin consideración por lo que estaba ocurriendo en esa terraza donde solo se respiraba gratitud con un autor que ahora deambulaba por el mundo con El hombre que amaba a los perros y, sin embargo, volvía a las calles polvorientas de su barrio para celebrar su dicha. Miraba a Padura y a sus amigos sentados en una estrecha mesa, oía sus voces, una tras otra, y no podía evitar volver a mi adolescencia y a mi tierra y saber una vez más que nunca podré entender, nunca podré entrar en el alma de los cubanos, de los antillanos todos, nunca escaparé de la incertidumbre que desata el rumor sin pausa del mar, esa música constante que besa las playas de una isla, esa danza extraña que se cifra en el vaivén de las aguas. No sabré eso, no lo sabré de verdad y eso me duele. De eso está hecha la obra de Padura. Tampoco podré adivinar qué se siente en un jonrón con bases llenas, porque yo solo jugaba fútbol en las canchas de mi pueblo, solo podía celebrar un gol después de un esfuerzo inmenso, nunca he podido sentir lo que es gritar una por una cuatro carreras con un solo batazo que sacude el corazón de los espectadores mientras una bola silba en el aire y se pierde detrás de las cercas del estadio. De esa emoción está hecho Padura. No descubriré la dignidad con la cual millones de cubanos soportaron el hambre que ahora aparece a retazos en las novelas de Padura, o la oscura restricción a la libertad que han sufrido tratando de encontrar el camino hacia un mundo más equitativo y justo; me quedaré para siempre con la pobreza y la inequidad que he visto aquí y ante las cuales he doblado espadas y buscado salidas con más afán que éxito. Esas cosas también palpitan en los relatos del escritor que al fin pude ver y saludar por un momento en La Habana de siempre, La Habana de las noches largas. Columna de opinión publicada en Revista Semana

¿Qué estaría haciendo Hugo Chávez ante la enorme derrota electoral y la aguda crisis económica que golpea a Venezuela? Voy a aventurar una hipótesis seguramente controversial y quizás abusiva: Chávez estaría tramitando su retiro de la Presidencia del país. Para hacer esta conjetura me apoyo en tres grandes acontecimientos en los cuales el líder político venezolano dio marcha atrás y empezó de nuevo. El primero, el 4 de febrero de 1992 cuando, después de intentar un golpe de Estado, reconoció que había fallado, aceptó declinar la rebelión en una alocución por televisión, en la que dijo: “Lamentablemente, por ahora, los objetivos no fueron logrados”. Se replegó, aceptó la cárcel, se puso, obsesivamente, en la tarea de corregir los errores que había cometido, especialmente aquel de echar mano de la fuerza en vez de buscar el favor de los venezolanos en las urnas y después de siete años de andar en lides políticas, el 6 de diciembre de 1998 ganó ampliamente las elecciones. El segundo, el 12 de abril de 2002, ante una cadena de protestas ciudadanas orientadas por la cúpula empresarial y la acción golpista de un sector de las Fuerzas Armadas, Chávez se retira de la Presidencia y es llevado a unas instalaciones militares de donde es rescatado dos días después por sus partidarios y devuelto al Palacio de Miraflores. Fue un retiro calculado, medido, en el cual Chávez pudo ver dónde estaban los focos de la inconformidad y descubrir uno por uno a los militares, a los políticos y a los empresarios que estaban en procura de sacarlo del poder. De ahí en adelante se dedicó a una minuciosa labor de depuración de las Fuerzas Militares y a una juiciosa tarea de demolición de la oposición abierta o soterrada. El tercero, se produjo al llegar Juan Manuel Santos a la Presidencia de Colombia. Chávez, que estaba alentando a las guerrillas colombianas a intensificar el conflicto armado y que había desatado una campaña de ataques al gobierno de Uribe, atendió inmediatamente el llamado de Santos a un proceso de normalización de las relaciones y se consagró a trabajar de manera discreta pero eficaz por la paz de nuestro país poniendo toda su influencia en función de llevar las guerrillas a la mesa de conversaciones. Solo un verdadero estratega retrocede en la adversidad o regula sus fuerzas en medio de una ofensiva aparentemente exitosa. Esa es una habilidad muy escasa. Solo unos pocos la tienen. Chávez la tenía. No creo que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello sean capaces de semejante proeza. Pero retirarse ahora, pactar una transición pacífica, buscar los cauces institucionales para entregar la Presidencia y asumir la condición de fuerza de oposición sería la salida más inteligente y la más rentable para el futuro del chavismo. También sería un gran alivio para Venezuela. La brutal caída de los precios del petróleo, la infinita desmesura de la inflación, la derrota de la izquierda en países vecinos, la presión internacional sobre el gobierno de Maduro y la impresionante polarización interna no dejan campo para maniobras económicas y sociales orientadas a paliar la situación. No es temerario decir que Venezuela podría ir en los próximos meses a fenómenos de hambruna y desespero social nunca vistos. Retirarse para sacudirse de la corrupción que ha afectado las filas chavistas, para entender las graves limitaciones del proyecto populista en el terreno económico, para repensar la importancia de los valores democráticos, para reorganizar las fuerzas y para servir de muro de contención a cualquier pretensión de la derecha de arrasar con las conquistas sociales. Retirarse ahora como Chávez lo hizo en su momento. Seguramente, en un día no muy lejano el chavismo tendrá una nueva oportunidad de gobierno. Porque la izquierda ha hecho aportes sociales indiscutibles en Venezuela. Ha sacado a millones de personas de la pobreza, ha generado una gran ola de participación política y ha reducido la brecha entre pobres y ricos. Eso nunca lo olvidarán los sectores populares y algunos sectores de las clases medias. El retiro, la reflexión, la autocrítica y la renovación son el mayor reto que afrontan los herederos de Chávez y valdría la pena que le echaran un vistazo a la historia de su caudillo, a su innegable capacidad para retirarse y regresar, avanzar cuando es posible y retroceder cuando es obligatorio. No es un reto exclusivo para la fuerzas chavistas, también en otros lugares de América Latina las izquierdas han estado o están ante la disyuntiva de quedarse saltando por encima de las reglas de juego y golpeando la institucionalidad o retirarse de manera ordenada. Es el caso del peronismo en Argentina, del Partido de los Trabajadores en el Brasil, de los seguidores de Correa en Ecuador y de Evo Morales en Bolivia. Apartarse del poder sin tremendismos, sin ánimo autodestructivo, porque el juego democrático moderno es así, los gobiernos se desgastan, se envilecen con el paso del tiempo y las corrientes políticas que los soportan tienen que aceptar que la alternación, el péndulo, es de la esencia de la democracia contemporánea.

Quien primero habló del asunto fue Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz; dijo que esta sería una paz territorial. Un concepto muy afortunado. Porque fue un grave error desdeñar los territorios, olvidar los territorios, donde se realizaron las desmovilizaciones de las guerrillas y los paramilitares a finales del siglo pasado y principios de este. Florecieron nuevamente las violencias y los pactos entre legales e ilegales para controlar las regiones donde se habían realizado los acuerdos. No fue solo un error del Estado. También aquellas guerrillas y aquellos paramilitares no quisieron o no pudieron quedarse en los territorios adelantando un proceso de reconciliación con base en el impulso a mercados legales para el desarrollo, compromisos de reparación y labores de organización social y política para fortalecer la democracia. Ahora, al parecer, las insurgencias tienen otras ideas. Me atrevo a decir que el nuevo plan estratégico de las Farc de cara al posconflicto es impedir que se disuelva el grupo en medio de los avatares de la transición a la vida civil, conservar y ampliar la base social y política y mantenerse en los territorios donde han actuado durante 50 años. Si los lectores se detienen a analizar uno por uno los acuerdos hasta ahora realizados en La Habana encontrarán un hilo conductor, una lógica, territorial y social. En el acuerdo agrario, brilla la idea de zonas de reserva campesina; en el de participación política, las circunscripciones electorales de paz; en el de narcotráfico, la sustitución voluntaria de los cultivos en sus zonas y una solución de vida para los campesinos cocaleros; incluso, en el de justicia, la clave es la reparación directa de las comunidades afectadas como parte de la pena para los inculpados. Todos los pactos huelen a territorio y a comunidad. Las Farc quieren quedarse en las zonas donde han actuado, hacer allí su proceso de reintegración y buscar desde allí un protagonismo político y social nacional. No obstante, en las últimas semanas irrumpió un gran ruido, un estruendoso ruido, las Farc dijeron que se debía discutir la presencia de la fuerza pública en esos territorios. Fue Troya. El general (r) Jorge Enrique Mora, negociador de paz, salió a rechazar esta petición de la guerrilla a nombre del gobierno. Los opositores apelaron a la comparación con las llamadas repúblicas independientes de los años sesenta para atacar la declaración de las Farc. Sería lamentable que por este tipo de discusiones se le echara tierra a la gran idea de los territorios de paz. Sería minar los cimientos de la reconciliación. Las Farc, desde luego, tienen que ser muy cuidadosas al referirse a la presencia militar y policial en las regiones del posconflicto. Ese es quizás el tema más sensible de las negociaciones de paz. Se trata del monopolio de las armas por parte del Estado. Ni la sociedad, ni el gobierno pueden declinar este punto. Cualquier duda o cuestionamiento a este postulado es un papayazo para felicidad de quienes critican las negociaciones de La Habana y una preocupación para la ciudadanía. Pero alguna razón les cabe a las Farc al hablar de cambios en las Fuerzas Armadas de cara al posconflicto y a los territorios en donde se hará la dejación de las armas y la reintegración de las guerrillas a la vida civil. El mismo comandante del Ejército, el general Alberto José Mejía, está adelantando una juiciosa reflexión en el interior de la institución armada para delinear la reforma de las Fuerzas Militares en el escenario de terminación de la guerra interna y en el marco de los grandes desafíos que afronta la seguridad en el mundo. Sabe el general Mejía que una cosa ha sido el despliegue del Ejército para adelantar la gran guerra irregular que ha vivido Colombia en los últimos 50 años, y otra cosa será el papel de las unidades militares para proteger a los miembros de las Farc en su reintegración a la vida civil, disuadir las amenazas de nuevas violencias y defender a la población de las agresiones. El gobierno no puede matar el tigre y asustarse con el cuero. No se puede asustar con los gritos del procurador y del uribismo que insistirán una y otra vez en que se trata de repúblicas independientes. La delimitación de unos territorios de paz donde el Estado, la sociedad civil y las guerrillas desarmadas y en transición se encuentren para construir instituciones democráticas, mercados legales y ciudadanía es el punto clave, el corazón, de estas negociaciones de paz. En esos territorios es necesario redefinir las funciones de la fuerza pública y hacer cambios en su despliegue territorial, también es obligatorio transformar los dispositivos de justicia recogiendo la experiencia en tramitación de conflictos que han impulsado las guerrillas y las organizaciones sociales en estos territorios donde no hicieron nunca presencia los jueces y los fiscales. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Me cuesta mucho entender por qué el procurador Alejandro Ordóñez ha pedido la absolución de José Miguel Narváez, acusado de una larga colaboración con los paramilitares y de haber participado en los asesinatos de Jaime Garzón y del senador Manuel Cepeda Vargas; y por qué ha dedicado en los últimos meses tantas energías a defender al magistrado Jorge Pretelt, acusado de varios actos de corrupción y también de adueñarse de tierras de campesinos en la región de Urabá en tiempos del azaroso conflicto armado que asoló esa región. He comprendido sus críticas al proceso de paz. No las he compartido. Me ha parecido además que tienen un muy definido sabor político. Pero se afincan en la defensa de las víctimas. Ese es el filo de la argumentación y en varias reuniones que he tenido con él, a lo largo de este año, le he escuchado razonamientos inteligentes y quizás bien intencionados sobre la necesidad de proteger jurídicamente, hacia el futuro, los acuerdos con la guerrilla. Le he escuchado que su gran preocupación es que, con acuerdos mal hechos, o con acuerdos que después se incumplen, continúe la violencia. Su punto fuerte, éticamente fuerte, es la no repetición. En los casos de Narváez y Pretelt ocurre todo lo contrario. Tomó partido por personas que han vulnerado de manera ostensible la vida y los derechos de los ciudadanos o han afrentado al Estado y a la sociedad. Algunas de las irregularidades las han realizado, además, en calidad de funcionarios públicos del más alto nivel. Narváez cuando era subdirector del DAS y Jorge Pretelt como magistrado de la Corte Constitucional. Lo cual sugiere que, en vez de asumir la defensa, el procurador debería estar contribuyendo a recaudar información para ayudar a la Justicia. No. La función se invierte de manera escandalosa: la Justicia acusa y el procurador absuelve. No es la primera vez que ocurre esto. En muchos procesos de la parapolítica actuó en forma similar. Lo hizo en los juicios de Mario Uribe, Habib Merheg, Álvaro Araújo Castro, Ciro Ramírez, Luis Humberto Gómez Gallo, para citar algunos. También en la llamada Yidispolítica en los procesos de Sabas Pretelt y Diego Palacio. En todos esos casos prevalecieron las pruebas de la Fiscalía y se produjeron fallos condenatorios en una derrota sin atenuantes de Alejandro Ordóñez. Esas decisiones judiciales tendrían que haber llamado la atención del procurador. No es posible que un funcionario con tan grande responsabilidad en la definición del presente y del futuro del país no haga un balance de sus actuaciones y no saque lecciones para proseguir su labor. Muy poca gente defiende hoy a los inculpados por la parapolítica. Algunas personas tachan de exageradas algunas sanciones o establecen atenuantes para las conductas de aquellos líderes políticos o funcionarios que en un contexto de guerra y agresión se aliaron con ilegales y se desviaron de su función pública, pero ahora se oye muy poco el argumento de la inocencia, de la exoneración completa. La sociedad ha venido aceptando la imperiosa necesidad de proteger la democracia de la ligazón entre mafias y política. Pero el procurador sigue como si nada hubiera ocurrido con sus conceptos y fallos. Ahora se mete en una hondura mayor. La absolución de José Miguel Narváez sería un grave mensaje para las víctimas que Alejandro Ordóñez está obligado a proteger y también un duro golpe a la no repetición que Ordóñez invoca. Pocas personas estuvieron tan involucradas como Narváez con las paramilitares, se le consideraba allí, como se le consideró en la Federación de Ganaderos, un gran experto en inteligencia y un audaz ideólogo de la derecha. Desde esta doble condición promovió y justificó actos de violencia contra personas contrarias a sus creencias. Las acusaciones que ahora tiene encima son apenas la punta del iceberg. Vencido en juicio quizás opte por contar una historia que tendrá tanto de escabrosa como de beneficiosa para que en el país nunca se vuelvan a proclamar razones ideológicas para matar a la gente. Las copiosas declaraciones que ha dado Ordóñez en defensa de Pretelt y la manera como ha contribuido a aplazar y dilatar durante esta semana, en la Cámara de Representantes, la votación para enjuiciar al magistrado, configuran un enorme desafío a la opinión pública que ha visto circular en todos los medios de comunicación pruebas y más pruebas de los actos de corrupción de Pretelt. Ordóñez ha servido de portaestandarte para buscar el archivo del proceso y con ello ha logrado que parlamentarios que no se atreven a dar la cara a la opinión se hagan los locos y mantengan en vilo al principal tribunal del país y en ejercicio a uno de los magistrados más controvertidos y onerosos para la imagen de la Justicia. Columna de Opinión publicada en Revista Semana

Por: León Valencia Esperé con alguna ansiedad el balance electoral de Gustavo Petro y Álvaro Uribe. Me preguntaba cómo asumirían la condición de principales derrotados en las elecciones locales, qué lecciones sacarían y qué responsabilidades aceptarían. Inteligentes como son y conocedores agudos del trajinar político, me decía, harán un análisis profundo de las razones de la derrota y del papel que jugaron ellos en la debacle. No fue así. Petro, en un entrevista al diario El Tiempo y en un discurso publicado en Las2orillas habló de la incomprensión y la traición de la clase media. “La clase media, antes pobre, que en los barrios populares creó la izquierda y el progresismo, más de 2 millones de personas, hoy creen en el modelo de consumo depredador, que como aspiración social, ofrece la derecha”, dijo. A la vez descargó la responsabilidad en sus concejales y en su movimiento. “Progresistas es un movimiento que en el momento en que la bancada fue elegida conmigo decidió pasar al Partido Verde. Se perdió. Afuera en la ciudadanía no existía. Quienes podían haber agenciado el movimiento (los concejales) decidieron pasar a los verdes con un mal resultado”, señaló. Uribe en un texto que llamó Para ajustar y mejorar, reflexivos sin desaliento le adjudicó la derrota a los candidatos y a los directivos regionales del Centro Democrático. Tachó a los candidatos de no tener discurso, de no medir su poca acogida popular, de no prestarse para alianzas constructivas; a los directivos de trenzarse en enfrentamientos sin consideración por el partido y sus tesis; y encabeza el documento diciendo que su único pecado es haberse demorado en tomar decisiones esenciales. Ambos atribuyeron también parte de la derrota, a poderosos enemigos externos. Petro al ataque de la prensa tradicional y Uribe a dineros corruptos del gobierno y a las acusaciones prevaricadoras del fiscal y los jueces en su contra. Ni el uno ni el otro se detuvieron a pensar en la pertinencia de sus tesis políticas, en su estilo de dirección y gobierno y en la manera como afrontan la construcción de su partido o movimiento. Es ahí donde están los mayores problemas. Petro llegó al gobierno de Bogotá apoyado en la ola de indignación que desató la corrupción de los Moreno Rojas –de la cual él había sido un conspicuo denunciante– y en las conquistas sociales que había logrado la izquierda en sus dos anteriores gobiernos. Con esas realidades logró una votación importante en los estratos bajos de la población y arañó votos suficientes en las clases medias y en los estratos altos para completar su triunfo. En el ejercicio del poder continuó con éxito la lucha contra la pobreza y los indicadores dan fe de este esfuerzo, pero fue incapaz de responder a las demandas de las clases medias centradas en la movilidad, el equipamiento urbano y el ascenso social. Ahora trata de encubrir esta grave limitación de su gobierno con una crítica a las aspiraciones legítimas de estos sectores de la población enarbolando un discurso de radicalismo ambiental y de censura al consumismo. Pulió el fracaso respondiendo a las críticas de los formadores de opinión y de los rivales políticos con una exagerada pendencia, con una sorprendente improvisación en el desarrollo de planes y políticas, con una negación a buscar alianzas con fuerzas diversas para aclimatar su gobierno y con una enorme indiferencia en la construcción del movimiento político y en la promoción de sus compañeros como líderes y candidatos. No fueron los funcionarios más capaces y los concejales quienes lo abandonaron. Fue él quien los abandonó. Es él quien no se la juega por nadie. Terminó desistiendo de tener candidato propio a la Alcaldía, consiguiendo 58.000 votos para la lista progresista y eligiendo un solo concejal, después de ocupar el segundo puesto del país y la principal plaza electoral de Colombia. Uribe tuvo la gran visión de poner en primer lugar la seguridad y lanzar una ofensiva sobre las guerrillas empezando el siglo y con esa bandera ganó la Presidencia y gobernó durante ocho años. Las expectativas del país cambiaron y ahora está en curso la salida negociada y la paz. No obstante, ha persistido obstinadamente en la seguridad democrática y en la solución militar para la confrontación rural y, lo más desatinado, le impuso a su movimiento esa tesis para resolver los graves problemas urbanos y locales que son el fundamento de las elecciones que acaban de pasar. En la gestión de su partido es la cara opuesta de Petro. En él no existe la indiferencia. Él se la juega por su gente, acompaña a los candidatos y marca una a una todas las decisiones. Resulta muy difícil la iniciativa propia al lado de Uribe. Pero el resultado ha sido parecido. Uribe perdió en su patio la Gobernación y la Alcaldía y el Centro Democrático obtuvo para concejos en el país 1.150. 337 votos, lejos de los partidos de la Unidad Nacional y muy lejos también de la izquierda que acumula entre verdes y Polo más de 2 millones de sufragios. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Es muy posible que el gobierno, el ELN y las Farc se estén preguntando cómo entrelazar las negociaciones de paz de las dos guerrillas. La pregunta debió ser más angustiosa en estos días porque a la vez que se lograba un acuerdo entre el gobierno y las Farc para iniciar la tregua bilateral definitiva el 16 de diciembre, se producía la emboscada en la que 12 miembros de la fuerza pública perdieron la vida a manos del ELN. Las inquietudes abundan. ¿Cómo se garantizará que la confrontación con el ELN no perturbe la tregua definitiva con las Farc? ¿Es posible hacer dos acuerdos de justicia, dos refrendaciones, dos marcos legislativos, dos procesos de desarme y desmovilización? De puro atrevido voy a recomendar unas medidas para enlazar las avanzadas negociaciones de las Farc con las incipientes del ELN. Me apoyo en una frase que le oí a Nicolás Rodríguez Bautista, comandante del ELN. Decía que se trataba de un solo proceso de paz con dos mesas de conversaciones. ¿Pueden el gobierno y las Farc acoger este criterio? ¿Cómo se haría esto realidad? Propongo cuatro acuerdos. Uno, parar la guerra también con el ELN mediante una tregua bilateral que pueda utilizar la verificación internacional que acompañará el cese definitivo de las hostilidades con las Farc. El ELN ha dicho reiteradamente que está dispuesto a iniciar las negociaciones tramitando un acuerdo de cese de las operaciones y el gobierno debería cogerle la caña a esta guerrilla. Creo que es muy difícil negociar con el ELN en medio de acciones armadas como las de Boyacá o de grandes ofensivas del Estado contra los elenos. La resistencia que en la opinión pública tuvo la idea de negociar en medio del conflicto en el caso de las Farc se hará más intensa en el caso del ELN. Dos, para apuntalar las negociaciones con el ELN se está gestando una mesa social. El gobierno debería facilitar que la Marcha Patriótica y las organizaciones sindicales y sociales que han acompañado las negociaciones con las Farc participen en este proceso y debería, igualmente, darle un gran impulso a este escenario para que vaya creciendo en la sociedad y en la opinión pública el apoyo hacia la paz. Las Farc por su parte podrían llevar a ese espacio algunos puntos políticos y sociales que se dejaron en el congelador en La Habana. En medio del protagonismo de la sociedad civil se puede avanzar con mayor rapidez hacia un solo evento de refrendación de los acuerdos. Tres, las instancias de dirección del ELN deberían comprometerse a estudiar cuidadosamente uno por uno los acuerdos de La Habana y definir qué parte de esos compromisos acogen como propios. Se trataría de negociar a partir de lo ya negociado con las Farc para evitar repetir las discusiones y alargar innecesariamente las conversaciones. Para nadie es un secreto que las reivindicaciones agrarias, las aspiraciones de participación política y las demandas de atención a los campesinos cocaleros de las dos guerrillas tienen mucho parecido. Cuatro, una delegación del ELN debería participar en el tramo final de las negociaciones de La Habana. Tendría la función de observar las discusiones y los acuerdos que se están realizando en temas claves como la concentración de los combatientes para dar curso al cese definitivo de las hostilidades, el plan para el desarme de todas las estructuras y el sistema de seguridad para el tránsito de las guerrillas a movimiento político. No se trataría de una delegación con poderes para discutir y comprometer la firma del ELN en estos acuerdos. Estos delegados tendrían la función de escuchar lo que se discute en La Habana y llevar al seno del ELN información de primera mano sobre los protocolos con los cuales el gobierno y las Farc pondrán fin a la confrontación. Lo más natural, lo más lógico, es que el ELN se proponga desarrollar una negociación autónoma, realizar un proceso largo como el de las Farc y hacer valer su imagen y sus reivindicaciones. Tiene una historia profunda y propia, tiene a figuras emblemáticas como el cura Camilo Torres Restrepo, tendrá el acompañamiento de muchos obispos y sacerdotes en su búsqueda de la paz. Pero estas particularidades también pueden brillar en medio de unas negociaciones enlazadas con el proceso de La Habana. Sé que al gobierno y a las Farc les resultará muy difícil apartarse del libreto que han desarrollado hasta el momento y que mirarán estas sugerencias como una complicación más en las ya complicadas conversaciones de La Habana. Pero creo que deben intentar unos puntos de encuentro entre las dos negociaciones y deben hacerlo ahora en medio del ambiente positivo que se generará una vez anuncien la apertura de la mesa con el ELN. Columna de opinión publicada en Revista Semana

La resolución 80847 de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se les imponen sanciones a los azucareros y se ordena revisar el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar, en sus 194 páginas, hace un juicioso análisis de las prácticas fraudulentas que generaron aumentos concertados y permanentes de los precios del producto, restricciones de la oferta y limitaciones a la competencia entre los ingenios. La resolución recoge uno por uno los descargos de los representantes de las empresas y de los gremios y los controvierte con sólidos argumentos y pruebas. He oído y visto la información de los medios y le he puesto particular atención a los líderes políticos y dirigentes empresariales vinculados por afectos o por intereses económicos a la industria del azúcar que repiten renglón a renglón lo que ya fue refutado en la resolución. No se van a quebrar los azucareros, la multa representa una ínfima parte de sus ingresos operacionales; no fue una decisión improvisada y arbitraria, es fruto de una larga pesquisa en la que los investigados tuvieron ocasión de defenderse; no es una deliberada persecución política a grupos que le han hecho desplantes a Santos o han tenido serias diferencias con el gobierno nacional en el trascendental asunto de la paz, es una respuesta a la demanda de otro grupo de presión de la vida nacional, el de los productores de alimentos -Nacional de Chocolates, fabricantes de bocadillos veleños, Nestlé, Coca-Cola, Noel, Bimbo y otros-, que se sentía lesionado por los altos precios de un insumo básico para su industria. Quiero hacer una nota particular sobre RCN Televisión. Varios meses atrás, en una columna, me refería a la grave inconveniencia que significaba que uno de los dos medios más influyentes del país decidiera trocar la información en propaganda. No era, como se entendió en ese momento, el reclamo porque tuviese una línea editorial, eso es legítimo, pero es elemental en el periodismo la distinción entre opinión e información. Tampoco era un eco del Palacio de Nariño, una amenaza destilada por mí por encargo de Santos, como lo dijo en el momento Claudia Gurisatti. He tenido muchas muestras de la distorsión informativa que implica esta posición, pero hay dos que me han impactado. El día de la firma del histórico acuerdo sobre justicia en La Habana, el noticiero concentró sus mayores esfuerzos en pasar imágenes brutales y profundamente dolorosas de la guerra, un despliegue que nada tenía que ver con el momento de alborozo que significaba superar uno de los mayores obstáculos de la negociación. Y en estos días he visto que emisión tras emisión dedican un gran espacio a descalificar la sanción a los azucareros con la versión reiterada de los investigados. Eso puede ser fidelidad empresarial, pero no ejemplo de buen periodismo. Jorge Enrique Robledo y las centrales sindicales me han sorprendido con su posición. La CTC, la CGT y la CUT le dicen al presidente Santos en una carta del 9 de octubre pasado que la sanción es una estrategia para quebrar la industria nacional por mandato de las multinacionales, aseguran que se perderán miles de empleos y se ponen del lado de los azucareros amenazando con ir a la protesta. Lo mismo ha dicho Robledo. Equivocan totalmente su papel. Se entiende que la misión del sindicalismo y de la izquierda situados como están en la oposición, lejos del poder, es defender a los de abajo, a los trabajadores y a los consumidores. Las centrales sindicales y la izquierda son o deben ser otro grupo de presión con la tarea de proteger a los más débiles en el juego de la democracia contemporánea. Los azucareros no necesitan a la izquierda y a los sindicalistas para defender su negocio de la competencia externa. Precisamente, han tenido el poder de impedir que los productores de alimentos o los comerciantes importen azúcar de Bolivia, Guatemala y Costa Rica, o incluso, de comprar las existencias en esos países para especular en el mercado interno colombiano. Han tenido subsidios a manos llenas de parte del gobierno nacional, conseguidos a través de una red de parlamentarios y líderes políticos bien financiados desde la industria azucarera. Pero lo más grave es que esta izquierda y estos sindicalistas, presos de un discurso nacionalista sin sentido en este momento cúlmen de la inevitable globalización, no han logrado siquiera la plena formalización de los corteros de la caña que trabajan de sol a sol con salarios precarios y prestaciones irrisorias que los ingenios proveen a través de empresas satélites. Tampoco han advertido que la izquierda ha tomado la bandera de la defensa de los consumidores en el resto del mundo. Posdata: no estaría mal que el senador Robledo y los dirigentes sindicales vieran La tierra y la sombra, una película que le arruga a uno el corazón, una imagen desalmada de los dueños del azúcar en Colombia. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Por: EL Espectador Un informe realizado por la Fundación Paz y Reconciliación en 21 departamentos del país dejó una conclusión más que preocupante: 152 candidatos para las elecciones locales y regionales del próximo 25 de octubre tienen presuntos vínculos con la ilegalidad, y de estos, más del 80 % tienen altas posibilidades de ser elegidos. Entre las conclusiones está el fenómeno de la parapolítica, que convulsionó al país hace una década y que, según el estudio, se mantiene vigente a través de los herederos de aquellos dirigentes que fueron condenados o procesados por vínculos con grupos de autodefensa. Tal es el caso del departamento del Magdalena, donde Rosa Cotes, esposa del condenado parapolítico Chico Zúñiga, es candidata a la Gobernación. En La Guajira, Oneida Pinto representa los intereses del detenido Kiko Gómez y además cuenta con el respaldo del confeso narcotraficante Gervasio Valdeblánquez, quien fue miembro del desaparecido cartel de Medellín. También hay candidatos vinculados a organizaciones criminales o que fueron condenados por participar en ellas y hoy están en la disputa electoral. Un ejemplo es el del aspirante a la Gobernación del PutumayoJorge Coral Rivas, capturado hace dos días, quien fue alcalde de Puerto Asís y en 2011 se conoció una grabación en la que hablaba con alias Gárgola, jefe de una bacrim conocida como “La Constru”, quien decía que le entregaría $200 millones para la campaña. A diferencia de otros procesos electorales donde los candidatos cuestionados se concentraban en pequeños partidos o en movimientos avalados por firmas, en esta ocasión son las colectividades tradicionales las que más respaldaron a aspirantes de dudosa procedencia. Es decir, los partidos han dado avales de forma irresponsable y en algunos casos a candidatos investigados por la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía; otros, incluso han sido condenados. También se ha hecho evidente el vínculo entre contratistas y candidatos. Uno de esos casos es el del aspirante a la Gobernación de Santander Hólger Díaz, investigado por el delito de concusión por presuntamente haber recibido comisiones del grupo Saludcoop con el fin de actuar a su favor en el trámite de la reforma a la salud en el Congreso. También tráfico de influencias y conflicto de intereses, puesto que su esposa hacía parte de la Regional Santander de Saludcoop. Por otra parte, en este proceso electoral ha sido evidente que la campaña empezó antes de lo que plantea la ley, elevando los costos y violando las normas electorales. El informe señala que esta situación se presenta por la incapacidad de los entes de control de hacer seguimiento verídico de los gastos de los candidatos. Esta situación da pie para que actores armados ilegales o contratistas financien campañas, dados los altos costos para competir electoralmente. Concluye el estudio que todos estos factores dejan sobre la mesa la complejidad de hacer política en Colombia y se evidencia la necesidad de algunos sectores de aliarse con la ilegalidad para ganar las elecciones, perpetuando una estructura corporativa de política, donde los clanes funcionan como empresas electorales. Este caso se refleja con Ovidio Mejía, candidato a la Gobernación de La Guajira, quien se alió con la casa Nueva Guajira de Jorge Pérez Bernier, para poder competir contra Oneida Pinto, quien es vista como la candidata de la casa política Ballesteros y de Kiko Gómez. Un panorama nada halagüeño, pues es claro que pese a la reformas que se han tramitado para acabar con la relación entre política y criminalidad, los partidos no han hecho su trabajo a la hora de entregar los avales y es evidente que en muchas regiones del país se mantienen vigentes los clanes políticos que imponen su voluntad, aun haciendo alianzas con grupos ilegales. La premisa es ganar, sin importar la forma.

Estas podrían ser las últimas elecciones en medio del conflicto armado. Las negociaciones de paz con las Farc y con el ELN así lo auguran. En las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2018 la guerra será cosa del pasado. Pero aún hoy, en estas elecciones locales, sin haber firmado los acuerdos, se respira otro ambiente. En las últimos semanas no se registran acciones de las guerrillas, la violencia tiene características distintas; la disposición y la acción del Estado va en dirección a contener la influencia de otras fuerzas ilegales y a limitar el fraude; los defectos de nuestro sistema electoral se hacen más visibles al disminuir la amenaza subversiva. La Misión de Observación Electoral y la Fundación Paz y Reconciliación, que con ayuda de la cooperación internacional hacen seguimiento a los fenómenos electorales, registran hechos y datos que le dan color a estas conclusiones faltando apenas una semana para el día de elecciones. En una acción mancomunada recogieron información sobre atentados y violencia, sobre influencia de fuerzas ilegales, sobre irregularidades y delitos electorales y la hicieron pública o se la entregaron a los órganos de control y de justicia. A la fecha se han producido 161 eventos de violencia directamente relacionados con las elecciones, entre ellos 17 asesinatos de candidatos o funcionarios públicos, 18 atentados y 126 amenazas. Pero la gran mayoría de estos hechos han ocurrido por fuera de las zonas de conflicto armado y no han sido atribuidos a las guerrillas. El signo de las agresiones es la disputa local y la responsabilidad recae en la mano larga del crimen organizado. Por otro lado, la Fiscalía ha ordenado la captura de 44 personas presuntamente vinculadas a actividades ilegales o en hechos de corrupción. Las más notables son la detención de Jorge Coral Rivas, candidato a la Gobernación del Putumayo; Cielo Redondo, cabeza de un clan político con gran influencia en La Guajira; y Jhon Jairo Torres, candidato a la Alcaldía de Yopal. Estas personas habían sido mencionadas en los reportes de la Fundación Paz y Reconciliación junto a más de 150 candidatos a gobernaciones, alcaldías y cuerpos colegiados con serios cuestionamientos. Así mismo, ha quedado en evidencia un impresionante trasteo de votos, fenómeno que en los últimos años se ha perfilado como la manifestación más importante del fraude electoral. La Registraduría Nacional, en una acción sin precedentes, ha anulado la inscripción de 1.605.000 cédulas de 4.212.520 inscritas para estas elecciones. Esto tendrá un gran impacto en los resultados. Con esta acción se ha frustrado la pretensión de desvergonzados grupos políticos que querían torcer los resultados electorales mediante grandes inversiones de dinero, buena parte proveniente de la ilegalidad. Estos cambios en el ambiente electoral no se pueden desdeñar. Antes, el Estado concentraba su atención en atajar la acción de las guerrillas, en conjurar la violencia sobre los candidatos, en contener la presión que ejercían estos grupos para que los electores no concurrieran a las urnas y los ataques reiterados a la institucionalidad local con el propósito de sabotear el certamen electoral. Plan Democracia, lo llamaban. Ahora, dada la decisión de las guerrillas de retirar el tapón a la participación democrática, el Estado está dedicando mayores esfuerzos a combatir otras manifestaciones de vulneración de las elecciones y la democracia. Hay que decirlo con claridad. Nunca había una acción decidida para capturar a candidatos cuestionados antes de las elecciones. Lo que se ha hecho en esta oportunidad es aún pequeño, pero marca un rumbo distinto. Lo mismo ha ocurrido con la vigilancia sobre la trashumancia electoral. Son cosas dignas de aplaudir. Pero hay grandes fallas por parte del Consejo Nacional Electoral en la inspección a la financiación y en el trámite de las denuncias sobre inhabilidades electorales. También los directores de los partidos tienen una deuda enorme con la democracia, al conceder avales a personas con una vinculación abierta a los clanes de la parapolítica o a fuerzas que se nutren de las redes del narcotráfico, de la minería ilegal y del contrabando, o a políticos vinculados con las mafias de la contratación. Su reiterada respuesta de que no se le puede negar el aval a un candidato si no está condenado es una vergüenza. Si la Fiscalía continúa en una labor de limpieza de la política, los jefes de los partidos quedarán muy mal parados frente a la opinión pública. El posconflicto será un escenario virtuoso para avanzar hacia una democracia moderna. Es lo que ha dejado ver en pequeño esta campaña electoral. Pero todo dependerá de un compromiso serio de las elites políticas para reformar la institucionalidad electoral, depurar los partidos y romper con las mafias y la ilegalidad. Entre tanto, nos corresponde a los medios de comunicación y a las organizaciones de la sociedad civil mantener en alto la investigación y las denuncias a pesar de las amenazas que recibimos por esta labor.

No me sorprende que el acuerdo sobre una jurisdicción especial para la paz haya sido el más difícil, el más controversial y el que más tiempo ocupó en las negociaciones de La Habana. Tampoco me sorprende que, después de firmado el texto y realizado el evento de presentación con el histórico estrechón de manos entre Santos y Timochenko, se hayan presentado interpretaciones diferentes en algunos puntos por parte de los firmantes y se haya generado un ambiente de incertidumbres, reclamos y ataques de amigos y contradictores de la paz. Hay un dicho que retrata la situación. Le oí decir a un campesino que “cuando se habla de los huevos la gallina está implicada, pero cuando se habla de la pechuga la gallina está comprometida”. Y ese es el caso. Cuando se habla de tierras, de reformas políticas, de soluciones para los campesinos cocaleros, las Farc están implicadas; pero cuando se habla de verdad, justicia y peparación, las Farc están comprometidas. Ocurre igual para la fuerza pública, para líderes políticos y empresariales involucrados en el conflicto. Ahí se juegan su futuro personal. Ahí se juegan el honor, el legado que le van a dejar a su familia, la vida misma. La discusión sobre justicia transicional en Colombia tiene algo aún más dramático. La negociación entre el anterior gobierno y los paramilitares no fue transparente y dejó una enorme frustración. Ese es el espejo que tienen las guerrillas y que, desde luego, tienen todos los actores del conflicto. Las guerrillas lo saben, los militares lo saben, los políticos lo saben. Por eso las Farc se aseguraron de que su negociación fuera política, no un sometimiento a la justicia. Por eso los guerrilleros buscaron asesores aquí y allá y se preocuparon por cada palabra, por cada coma del acuerdo. Por eso los negociadores del gobierno le daban vueltas y vueltas a cualquier fórmula. Por eso Uribe y Ordóñez han enfilado todas las baterías contra este acuerdo. Todos piensan en las víctimas, no me cabe la menor duda; todos atienden a sus convicciones, lo creo; pero todos piensan primero en ellos mismos y en sus compañeros de aventura armada o de acción política, lo aseguro con toda certeza. Lo de La Habana no se puede parecer en nada a la manera como se tramitó el acuerdo con los paramilitares. Aquel proceso estuvo sembrado de engaños o de ingenuidades o de improvisaciones, o de las tres cosas. Para empezar, los paramilitares y el gobierno hablaban de una negociación política, pero en la Mesa no se discutía nada político, ni reforma agraria, ni reforma política, ni siquiera el narcotráfico cuando todo mundo sabía que se estaba negociando con narcotraficantes natos. Se hizo lo siguiente, pongan atención. El gobierno, en consulta con abogados de los paramilitares, le presentó al Congreso una ley de alternatividad penal con rebaja de penas, exención de cárcel y no extradición mediante un estatus político engañoso; el Congreso en sus debates la convierte en la Ley de Justicia y Paz dándole espacio a las víctimas y a sus reclamos; pero la Corte Constitucional, en su control final, en la sentencia C340, le da un vuelco total a la ley al retirar el estatus político, obligar a confesión para acceder a la rebaja de penas y establecer cárceles para las condenas. Cuando la ley salió de la corte los paramilitares se pararon de la mesa y se negaron a seguir negociando con Luis Carlos Restrepo. El presidente Uribe envió a Sabas Pretelt, ministro del Interior y Justicia, para que les prometiera que no los extraditaría y que emitiría decretos con fuerza de ley para darles nuevas garantías. Así se cerró el acuerdo. Después nada se cumplió. Después todo fue trampa de lado y lado. Porque Uribe muy pronto llevó a los cabecillas a cárceles de máxima seguridad y luego los extraditó. Porque el verdadero jefe máximo de los paramilitares, Vicente Castaño, y el 80 por ciento de los mandos medios nunca se desmovilizaron. Y miren una perla digna de atesorar: se negocia con narcotraficantes, pero la Ley de Justicia y Paz dice en su artículo 10 que el delito de narcotráfico está excluido de los beneficios. Por eso ahora, a los paramilitares sentenciados, se les están incubando procesos por tráfico de drogas para impedirles que salgan de las cárceles una vez cumplen sus ocho años de pena bajo el régimen de justicia y paz. Por estos antecedentes es obligatorio que en el acuerdo definitivo, en el que se dé a la publicidad, se aclare la conexidad del delito de narcotráfico y de otros delitos con la rebelión, el tipo de restricción de la libertad que va a operar, cómo van a concurrir los agentes del Estado y los terceros involucrados, cómo será el trámite de este acuerdo en el Congreso y en la corte. Todo para que no haya celadas, engaños, trampas, como es costumbre, como es pan de cada día en la vida colombiana. Las Farc deberían ser las más interesadas en este asunto, porque solo la seguridad jurídica les permitirá cumplir a cabalidad con el desarme de todos sus combatientes.

A 20 días de la cita electoral de 2015, en Medellín y en Antioquia se perfilan como ganadores Juan Carlos Vélez en la Alcaldía y Luis Pérez en la Gobernación. Es una cruel paradoja. En 2003, cuando las mafias y los paramilitares tenían el dominio en importantes zonas de Medellín y de Antioquia y las guerrillas en declive aún golpeaban en Urabá, en el nordeste, en el Bajo Cauca y en algunos barrios de la ciudad capital se produjo una explosión del voto de opinión que convirtió en alcalde a Sergio Fajardo y en gobernador a Guillermo Gaviria, líderes con una genuina vocación pacifista, alejados del clientelismo y de la trama mafiosa que campeaba en el departamento. Ahora, cuando se están abriendo las puertas de la paz y se necesitan mandatarios comprometidos con las tareas del posconflicto, existe la posibilidad de que regresen al gobierno las fuerzas tradicionales vinculadas al más feroz clientelismo, complacientes con las mafias y opositoras abiertas o encubiertas de las negociaciones de La Habana. Las mismas que fueron derrotadas en 2003 y que, en estos 12 años, solo tuvieron una representación importante en Luis Alfredo Ramos entre 2007 y 2011 en la Gobernación. Guillermo Gaviria, aunque pertenecía a uno de los clanes políticos de Antioquia con no pocos cuestionamientos, tomó el extraño camino de un pacifismo radical inspirado en Gandhi y dedicó sus últimos años a buscar la reconciliación departamental y nacional. Murió en esa búsqueda en medio del ignominioso secuestro de las Farc y el equívoco operativo de rescate ordenado por Álvaro Uribe Vélez. Fue una gran tragedia para el departamento como quiera que allí murió también Gilberto Echeverri Mejía, otro apóstol de la paz. Pero quedaron las semillas de esos liderazgos, y a eso se debe que en estos 12 años se haya librado una intensa lucha entre quienes han querido la renovación política y la paz y quienes insisten en la salida militar y en la viejas costumbres políticas. El triunfo de Sergio Fajardo fue una sorpresa. Del mundo académico, en una campaña de opinión, alejada de la clase política, llegó a la Alcaldía y realizó una labor que fue admirada en el país y en el exterior. Le correspondió atender el tramo inicial de la desmovilización y el desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia y encontrar las primeras oportunidades para los jóvenes de una ciudad asediada por las violencias. Eso fue recompensado por la ciudadanía votando por la continuidad del proyecto, primero en cabeza de Alonso Salazar y luego en cabeza de Aníbal Gaviria. También fue factor clave para que el propio Fajardo obtuviera una copiosa votación en su aspiración a la Gobernación en el periodo que está por terminar. Esto no hubiera sido posible sin el concurso del Grupo Empresarial Antioqueño. El Sindicato, como se le conoce popularmente, asustado con la posibilidad de que la parapolítica y el clientelismo, que habían obtenido un gran triunfo en las elecciones parlamentarias de 2002, se pusieran a la cabeza de la ciudad y del departamento se la jugó a fondo para alentar a la sociedad a buscar nuevos líderes y nuevas propuestas. Los réditos han sido enormes. Las empresas públicas y privadas han tenido un gran impulso en estos años y Medellín es líder en innovación en Colombia y en el mundo. El proyecto progresista, de grandes esfuerzos en la educación, de renovación y transparencia, de apoyo a la paz concertada, está en grave peligro. Detrás de Juan Carlos Vélez no solo está Uribe, opositor endemoniado de las negociaciones de La Habana, también están Fabio Valencia Cossio, quizás el más hábil operador de las redes clientelares, y Sergio Naranjo, cuestionado por presuntos nexos con las mafias. Y la estela de cuestionamientos que rodean a Luis Pérez no es menor. En las elecciones de 2011 estuvo a punto de ganar la Alcaldía, pero las denuncias de vinculación con actores ilegales realizadas por Alonso Salazar contribuyeron a su derrota. La sombra de Álvaro Villegas Moreno, el de las torres Space, campea en las dos campañas. El panorama es angustioso porque la victoria sobre la ilegalidad, la violencia y las mafias en las tierras de Antioquia es aún parcial y engañosa. Es cierto que el homicidio se ha reducido de manera significativa y los actores ilegales ya no son tan ostentosos como en el pasado, pero no es un secreto que tanto en la ciudad de Medellín como en Urabá, Bajo Cauca y otras zonas del departamento operan pactos entre mafias y organizaciones legales para controlar territorios, mercados y espacios políticos. No queda mucho tiempo para reaccionar, pero a Sergio Fajardo, al alcalde Gaviria, al Sindicato Antioqueño y a los candidatos Federico Restrepo, Alonso Salazar y Federico Gutiérrez les cabe una gran responsabilidad en lo que ocurra. No estaría mal que reagruparan las fuerzas para evitar el desastre. Aún Salazar y Gutiérrez pueden buscar la convergencia mediante una encuesta u otro mecanismo de consulta.