Dijo Uribe en su cuenta de Twitter: “Deplorable que el secretario de Estado John Kerry aplauda un acuerdo de impunidad a FARC que nunca lo aceptarían con Al Qaeda”. Respondía a la declaración del jefe de la diplomacia norteamericana, quien calificaba el pacto sobre justicia entre las FARC y el gobierno como “un avance histórico hacia un acuerdo final de paz para acabar con más de 50 años de conflicto”. Encerrado en sus odios, en sus venganzas, en sus miedos, el expresidente no ha podido entender que la política de Estados Unidos hacia América Latina está cambiando. Le oí decir a Bernard Aronson, delegado del presidente Obama para las negociaciones de paz de Colombia, que el gobierno norteamericano no ponía las diferencias ideológicas como un obstáculo insalvable para las relaciones con gobiernos o fuerzas políticas, que había desechado la enemistad ideológica como fundamento de su política exterior, que respetaba las decisiones democráticas de la región. Esa afirmación me permitió entender el fondo de la nueva actitud frente a Cuba y el respeto o la distensión que ha mostrado frente al ascenso de gobiernos de izquierda en toda América Latina. Nidia Díaz, una exguerrillera de El Salvador, ahora diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación, contaba hace poco en un foro, que Estados Unidos fue clave en la legitimación del primer triunfo presidencial del Frente. Mauricio Funes había ganado las elecciones por escasos 6.000 votos y la derecha salvadoreña quería impugnar el resultado y recibió un no rotundo de la comunidad internacional especialmente del Departamento de Estado de Estados Unidos. Quizás esto sea temporal, quizás sea limitado, quizás sea apenas la brisa fresca de Obama al final de su mandato, pero son señales que no se pueden ignorar a la hora de tomar decisiones políticas. El cambio ha sido recíproco. También los gobiernos de izquierda de la región, algunos de ellos encabezados por antiguos jefes guerrilleros, han doblado la página de la enemistad irreconciliable con Estados Unidos girando hacia una política de autonomía y concertación, de cooperación en medio de las diferencias. El realismo se ha tomado las relaciones de lado y lado. Bajo esa luz el gobierno de Obama ha estado metido de pies y cabeza en las negociaciones de paz de Colombia y Uribe, que conoce desde el principio esta realidad, se ha dejado ganar por la intemperancia y no ha dado su brazo a torcer. Le ha ganado el odio. Lo ha cegado el odio. Algo muy extraño en un político calculador y pragmático. No ha podido ver los cambios en la política norteamericana y menos ha visto los cambios de las guerrillas colombianas. Por eso se ha equivocado de cabo a rabo. Pensó que las conversaciones de La Habana fracasarían, que las FARC no tenían ninguna voluntad de dejar las armas, que simplemente le estaban tendiendo una trampa a Santos. El tiempo le ha mostrado su error. Entonces ha cambiado el discurso. Ha planteado que quizá las FARC sí vengan a la vida civil, pero bajo la sombra de una impunidad total. Tampoco esto le está resultando. Las FARC han aceptado concurrir a tribunales de justicia, aceptar responsabilidades, asumir penas, participar de la reparación y acatar la restricción de la libertad en ese proceso de justicia. Eso tiene un enorme significado, porque la guerrilla había llegado a la Mesa con la ilusión de una amnistía y un indulto incondicional. No pudo ver el viraje de las guerrillas. Ellas, a diferencia, comprendieron que la solución militar es un imposible, comprendieron los cambios en Estados Unidos, se percataron de que la lucha democrática podría proporcionarles las victorias que la guerra les había negado y entendieron también que en el mundo de hoy es imposible pasar del monte a la política sin hacer una escala en la justicia. Decidieron aceptar unos cambios mínimos con la ilusión de que la democracia les dé la oportunidad de luchar por sus ideas más radicales. Uribe está en una hora definitiva. Puede rectificar. Puede empezar a comprender que las cosas han cambiado. Puede quitarse la venda que ha tenido sobre sus ojos en los últimos años. Lo puede hacer sin pagar costos muy altos ante sus seguidores. Debe saber que la mayoría de sus partidarios tiene una fe ciega en sus decisiones, debe saber que tiene capturado el corazón de mucha gente y esa gente lo sigue a donde vaya. No puedo ocultar que un viraje de Uribe sería transcendental para la reconciliación del país. También un cambio de actitud del procurador Alejandro Ordóñez. Como están las cosas, ellos dos no son imprescindibles para la firma del acuerdo de paz. Pero, sin duda, son decisivos para acelerar la reconciliación del país y la normalización de la democracia. Sin ellos el posconflicto será difícil y prolongado. Columna publicada en Revista Semana

Vi este titular en un diario de Guatemala en junio pasado: ‘Un país entero movilizado contra la corrupción’. Entré a las páginas y vi fotografías donde miles de personas en varias ciudades del país pedían la renuncia del presidente de la República Otto Pérez Molina. Luego hice memoria de los últimos años en Colombia y no pude encontrar imágenes parecidas. No recordé que alguna vez mi país saliera a las calles a manifestar su repudio a la corrupción. Me puse a mirar la trama que estaba produciendo semejante protesta y la comparé con lo que ha ocurrido en Colombia y quedé aún más impresionado con la diferencia. Resulta que la grave crisis de Guatemala tiene su origen en el descubrimiento de una operación mediante la cual el presidente, la vicepresidenta y varios ministros recibían sumas de dinero a cambio de disminuir de manera fraudulenta los impuestos que debían pagar los importadores del país. Hice un recuento de los últimos escándalos en Colombia, de los que han ocurrido en los últimos 15 años, escogí algunos, solo algunos, los que retenía en la memoria: la defraudación de la salud, casos de SaludCoop EPS, Caprecom, Coomeva EPS y los desvíos de parafiscales; Agro Ingreso Seguro y el abuso de los recursos del Ministerio de Agricultura; robo a Bogotá en la construcción de TransMilenio por la 26 y en las irregularidades en la contratación de la recolección de las basuras; los líos en la construcción de la vía Bogotá-Girardot; y el insólito fraude a la democracia realizado por los más de 125 parlamentarios y cerca de 500 políticos locales vinculados a la parapolítica, muchos de los cuales están acusados además de asesinatos, despojos de tierra y participación en el narcotráfico. Muy grave lo de Guatemala, pero un juego de niños comparado con lo que ha ocurrido en Colombia. Por eso nunca pensé que los escándalos del país centroamericano terminaran en la renuncia y el juicio al presidente y a la cúpula del gobierno. No me cabía eso en la cabeza. Pensaba que terminaría como acá, con la condena judicial de un grupo de funcionarios y dirigentes políticos, especialmente mandos medios, algunos de los cuales se irían del país alegando persecución, mientras que otros iban a la cárcel y seguían mandando desde allí. Nada de gran crisis política. Nada de un revolcón total en las siguientes elecciones. Me equivoqué. No solo cayó el gobierno, también se modificó radicalmente el mapa político y en la primera vuelta presidencial triunfó Jimmy Morales, un comediante que no tenía ningún chance antes del escándalo; en segundo lugar quedó Sandra Torres desplazando a Manuel Baldizón, candidato oficialista que encabezaba las encuestas hace pocas semanas. El vendaval anticorrupción amenaza con barrer a una parte importante de la elite. Veremos qué pasa el 25 de octubre, día de la segunda vuelta electoral. Y ahí viene la pregunta. ¿Por qué no se presenta un fenómeno igual en Colombia? ¿Por qué acá con hechos muchísimo más graves nunca ha tenido que renunciar un presidente? Porque siguen las mismas elites políticas gobernando el país y en las regiones la cosa es más grave, allá hay sustitución de elites, pero los que llegan están aún más involucrados con las mafias y más comprometidos con la corrupción. Lo que ha ocurrido en Guatemala es el despertar de la censura social y política a la corrupción y eso aún no existe en Colombia. Acá hay acciones judiciales, algunas de ellas eficaces, las hubo en el caso de la parapolítica, pero ni la ciudadanía, ni buena parte de la dirigencia política tiene reclamos éticos a sus elegidos o a sus compañeros de partido. Hace poco se dio el vergonzoso caso en el que los exministros de Uribe que no tenían cuestionamientos judiciales suscribieron una carta para defender a quienes con serios indicios estaban en graves procesos ante los tribunales. No solo ocurre en ese partido político, no hay excepción, en todos los grupos se presentan estos casos, la diferencia es de intensidad y magnitud. Las elecciones de octubre son un espejo de esta situación. Es triste ver a dirigentes políticos con una trayectoria personal limpia defendiendo a copartidarios con serios cuestionamientos, y más triste aún será ver las grandes votaciones de estas personas en las próximas elecciones. Y si no hay censura social y política para la corrupción y la ilegalidad, tampoco puede haber gran reconocimiento y protección para quienes se juegan la vida y la tranquilidad personal para investigar a los corruptos y a los mafiosos desde el aparato judicial o desde la prensa y la academia. El magistrado Iván Velásquez es un caso emblemático. Perseguido en Colombia por investigar la parapolítica, es héroe en Guatemala por destapar la grave corrupción de la Presidencia, así me lo dijeron un taxista y otras personas hace unos meses en una visita a ese país. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Afinales de mayo de 2012, en compañía de Ariel Ávila, me reuní con el entonces canciller Nicolás Maduro y unas semanas después visité al presidente Santos para contarle los pormenores de esa conversación. A lo largo de 2011 habíamos realizado una investigación en la línea de frontera entre Colombia y Venezuela y fruto de esa indagación se había publicado La Frontera Caliente un libro con datos dramáticos de la situación de los pueblos fronterizos. El embajador de Venezuela en Colombia, Iván Rincón, nos había llamado para decirnos que el presidente Chávez estaba leyendo el libro y quería reunirse con nosotros para conocer más detalles de la investigación. Fuimos a Caracas y no fue posible el encuentro con el mandatario venezolano. Nos dijeron que los quebrantos de salud lo obligaban a un plan de recuperación para enfrentar las elecciones del mes de octubre que se presagiaban complicadas y duras. Nos recibió Maduro en la Cancillería, un domingo en la tarde. Tenía también el libro en sus manos y un enorme interés por conocer historias y datos de la frontera. Fue una conversación de varias horas. Empezamos por las cifras y le dijimos que no eran menos de 30.000 los homicidios reportados en diez años en esa frontera y datos conservadores decían que el contrabando de gasolina alcanzaba 1 millón de barriles por año, el de whisky 9 millones de botellas y el de cigarrillos podía contarse en millones y millones de cajetillas. Le aseguramos que el narcotráfico estaba creciendo de manera alarmante. Entramos a mirar las responsabilidades y dijimos que le hablaríamos con toda franqueza aunque esto pudiera generarle molestias. La frontera en ese momento estaba tachonada de grupos ilegales que en complicidad con sectores de la fuerza pública y con líderes políticos de los dos lados controlaban negocios jugosos. En algunos pasos fronterizos estaban las guerrillas complacidas por sectores afines al chavismo y en otros estaban los herederos de los paramilitares consentidos por fuerzas de la oposición de Venezuela. En cada caso le dimos ejemplos concretos. Maduro nos dijo que la llegada de Santos al gobierno había significado un viraje de las relaciones entre los dos países y que tanto el presidente Chávez como él tenían la decisión de colaborar con la paz de Colombia y con la transformación de las fronteras. Habló de la necesidad de un plan conjunto de largo plazo y reconoció que abajo, en la base de la pirámide política y militar, se podían presentar problemas de control y fenómenos de corrupción, pero arriba había una alineación con el gobierno de Chávez y por ello una voluntad compartida entre Caracas y Bogotá podría dar grandes frutos. Esas mismas cosas las hablé con el presidente Santos tiempo después, haciendo énfasis en dos casos preocupantes de la coyuntura: la situación de La Guajira y los nexos del gobernador Francisco Gómez y su aliado Marcos Figueroa con las mafias venezolanas que llegaban hasta la Policía en Maracaibo, igualmente el control de los pasos de frontera en Arauca y en el Catatumbo por fuerzas de la guerrilla y el incremento de las tensiones sociales y militares en estos lugares. También sentí gran interés del presidente por abocar un plan conjunto y de largo plazo sobre la frontera, cosa que ya se había hablado en los primeros encuentros con Chávez. El tiempo ha pasado y el plan conjunto no ha visto la luz. Entre tanto murió Chávez, la situación económica y social en el vecino país se ha deteriorado, la inestabilidad política se ha agudizado y las dificultades del gobierno de Maduro se han multiplicado. Pero también a este lado se sienten las consecuencias de la crisis económica y las angustias sociales derivadas de ella. Es una situación explosiva y dolorosa que el gobierno de Venezuela ha inflamado aun más con el cierre de la frontera, la deportación y el atropello a miles de colombianos, acciones que sin duda alguna le producen réditos políticos en el interior del país, pero alteran de manera infame las relaciones entre los dos países y la tranquilidad diplomática de la región. El presidente Santos ha hecho bien en no dejar que la oposición de derechas encabezada por el presidente Uribe se apodere de la bandera nacionalista y de la protección verbal de los colombianos. Las declaraciones duras y la decisión de explorar espacios internacionales han sido movidas sagaces de Santos en la disputa política interna. Pero eso se agotó y ahora es urgente la reunión directa con Maduro para poner fin a la crisis humanitaria mediante el cese de las deportaciones y la apertura de la frontera; pero, sobre todo, para idear conjuntamente un plan de largo plazo y aprovechar las negociaciones de paz que se adelantan con las guerrillas en función de un posconflicto fronterizo que ofrezca soluciones a los graves problemas que vive la población de ambas naciones. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Una de las vergüenzas de la política colombiana vuelve a jugar duro. El Partido Opción Ciudadana tiene 10.032 candidatos propios en las elecciones de octubre, entre ellos ocho para gobernaciones y 317 para alcaldías. No es lo único. Tiene también coaliciones importantes en Santander con el Partido Liberal para buscar la elección de Didier Tavera, y en Boyacá, Casanare y Tolima. Este partido fue fundado en Bucaramanga en el año 1997 bajo el nombre de Convergencia Ciudadana y su principal conductor ha sido Luis Alberto Gil. Durante algunos años se denominó Partido de Integración Nacional, PIN, y hace poco optó por el nombre de Opción Ciudadana. Las elecciones parlamentarias de 2010 fueron el punto más alto de esta fuerza política, logró nueve senadores y 11 representantes a la Cámara. Ha sido el partido más vinculado a la parapolítica y sus cuatro principales jefes, Luis Alberto Gil, Enilse López, Carlos Martínez Sinisterra y Hugo Aguilar, han afrontado procesos y condenas por su vinculación con los paramilitares. Por momentos se pensaba que este partido se disolvía por los escándalos y también por las divisiones; pero Gil, con una habilidad enorme y una billetera abultada, lo ha recompuesto con nuevas alianzas y con la conquista de nuevos territorios. En cambio, los disidentes terminan debilitándose o desapareciendo. En estas elecciones está distante de Hugo Aguilar y de Carlos Martínez, que fueron grandes electores en 2010 y 2011, pero ha encontrado un poderoso aliado en Yahir Acuña, decisivo en el departamento de Sucre y con influencia en la costa Atlántica, en Casanare y en el Valle. Mantiene, a su vez, algunos nexos con Enilse López, alias la Gata. La alianza con Aguilar le permitió dominar la política en Santander por 12 años, y ahora es probable que en coalición con los liberales mantenga ese poder mientras la casa de los Aguilar se debilita. Después del importante triunfo de 2010 me visitó en mi oficina Ángel Alirio Moreno, representante legal del partido, y tuvimos una larga conversación sobre el futuro de su fuerza política. Quería hablar de las denuncias que en compañía de Claudia López habíamos hecho sobre la mayoría de sus candidatos a Cámara y a Senado. Moreno había sido militante del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, Moir, y mantenía intacto su discurso de izquierda, bastante lejano de las proclamas paramilitares. Tenía, además, un pasado limpio de líos penales. Esos ingredientes le conferían legitimidad para hablar de la lucha que pensaba dar para cambiar la historia de su organización. En esa conversación se quejó de la desigual valoración que hacíamos los investigadores académicos y los medios de comunicación de la penetración de la ilegalidad en los partidos. Dijo que exagerábamos lo que tenía que ver con su grupo y minimizábamos lo de los partidos mayoritarios: Liberal, Cambio Radical, La U, Conservador. Señaló que la parapolítica había sido un hecho inevitable en las condiciones que se dieron a finales del siglo pasado y principios de este siglo y había impactado a todos los partidos, pero de modo más ostensible y drástico a los partidos del ‘Establecimiento’. Manifestó que se la cargaban al PIN –como se llamaba en ese entonces el partido– porque era una fuerza venida de abajo, de fuera de las elites que habían gobernado siempre el país. Remató diciendo que el pasado no se podía borrar, pero sí era posible construir un futuro distinto. Se proponía reconocer las fallas ante el país, cambiar el nombre y buscar la renovación de sus líderes. A mí me parecieron sinceros sus propósitos, y dado que tanto Luis Alberto Gil como los demás fundadores y jefes afrontaban procesos judiciales muy complicados le confería alguna posibilidad de éxito a su tarea. No ha resultado así. Logró modificar el nombre. Se apartó Martínez y ahora Aguilar, la Gata se debilitó. Pero Gil mantuvo las riendas de la organización a través de su esposa, la senadora Doris Vega, y ahora, después de salir de la cárcel, ha vuelto por sus fueros. No solo ha pactado la gran alianza con Yahir Acuña, uno de los políticos más cuestionados, para apoderarse del departamento de Sucre y ha realizado una jugada maestra en Santander, sino que ha abierto las puertas de Opción Ciudadana a miles de candidatos que no fueron recibidos en otros partidos y de esa manera ha conseguido que en Antioquia, un departamento donde no tenía mayor influencia, se registren 1.136 avales. Es verdad, como dice Ángel Alirio Moreno, que los partidos mayoritarios han tenido y tienen una gran influencia de organizaciones ilegales y ese es el principal problema de la democracia colombiana, pero no hay duda de que Opción Ciudadana ha sido la fuerza más vinculada a la ilegalidad y en estas elecciones están haciendo honor a su historia. Columna de Opinión Publicada en Revista Semana

Vi a María Susana Portela, alcaldesa de Florencia, un día antes de que la Fiscalía la detuviera bajo graves cargos de corrupción en compañía de su esposo, dos funcionarios del municipio y 11  concejales. Compartimos tribuna en el primer foro ciudades y posconflicto convocado por ONU-Habitat y realizado en el diario El Tiempo. Es una mujer vivaz, hermosa, que dijo cosas muy interesantes sobre la realidad del Caquetá y la necesidad de una articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, para sacar adelante la paz del país una vez se firmen los acuerdos en La Habana. Habló de su compromiso con la reintegración de las guerrillas a la vida civil y de su esfuerzo por el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de Florencia. Mientras la oía, recordaba que había estado involucrada en un escándalo el año anterior que la había llevado temporalmente a la cárcel –irregularidades en el contrato de construcción de la Ciudadela Siglo XXI–, y también su esposo, Diego Luis Rojas, había sido encarcelado en febrero pasado acusado de ofrecerle 200 millones de pesos a un fiscal para que cerrara las investigaciones que cursaban sobre la alcaldesa. Me dije que quizás no eran ciertas las acusaciones y espanté los pensamientos negativos para saludarla y escucharla con atención y tranquilidad. Pero las noticias del día siguiente me devolvieron a la realidad. Sobre la señora Portela pesan muchos señalamientos que difícilmente resultarán falsos. Me ha ocurrido varias veces en los últimos años. Cuando en las investigaciones que realizamos aparecen graves cuestionamientos sobre mujeres con liderazgo político tiendo a no dar crédito a los hallazgos. He creído con devoción en la idea de que las mujeres son siempre más respetuosas de lo público, menos proclives a la vinculación con fuerzas ilegales. Pero la mayoría de las veces me he tenido que rendir ante la evidencia. Ahora se presentan a las elecciones regionales y locales 41.505 mujeres. Las de mayores aspiraciones y posibilidades son: Clara López a la Alcaldía de Bogotá, Nancy Patricia Gutiérrez a la Gobernación de Cundinamarca, Dilian Francisca Toro a la Gobernación del Valle, Rosa Cotes a la Gobernación del Magdalena, Yolanda Wong a la Gobernación de Bolívar, Milene Jaraba Díaz a la Gobernación de Sucre, Oneida Pinto a la Gobernación de La Guajira, Adriana Gutiérrez a la Alcaldía de Manizales y Nigeria Rentería a la Gobernación del Chocó. Con excepción de Clara López y Nigeria Rentería, las demás tienen serios cuestionamientos por vinculación con fuerzas ilegales; algunas de ellas han afrontado procesos judiciales, otras simplemente actúan en representación de familiares comprometidos con la ilegalidad y su círculo más cercano tiene un pasado poco recomendable, que influirá en las decisiones de gobierno en caso de que la candidata triunfe en las próximas elecciones. También ha ocurrido en las elecciones a Congreso. En los últimos años han sido elegidas con grandes votaciones mujeres con iguales cuestionamientos. Menciono algunas: Olga Suárez Mira y Liliana Rendón en Antioquia, Piedad Zuccardi en Bolívar, Doris Vega en Santander, Teresita García Romero en Sucre, Zulema Jattin en Córdoba y un largo etcétera que en el espacio de esta columna no puedo nombrar. Sería muy injusto echar un manto de duda sobre la mayoría de las mujeres que hacen política con gran éxito o tienen en sus manos responsabilidades públicas trascendentales. Ahora mismo, María Ángela Holguín, con una hoja de vida intachable, es la ministra mejor valorada por las encuestas y en el Congreso se destacan Claudia López, Paloma Valencia, Ángela María Robledo y otras voces de mujeres que no arrastran pesadas acusaciones. Pero hay que decirlo con tristeza: la cuota de herederas de la parapolítica y de las malas costumbres es muy grande. De manera que las organizaciones feministas y los movimientos que reivindican una mayor y más importante presencia de las mujeres en la política no deben poner el ojo exclusivamente en un aumento de sus congéneres en las listas, cosa que poco a poco se está logrando (ver cuadro comparativo entre hombres y mujeres para las próximas elecciones), tienen que mirar más allá, tienen que escudriñar el perfil de las candidatas. El examen crítico y cuidadoso deja muchos sinsabores. Algunas de ellas llegan a los puestos de gobierno o a las representaciones políticas oficiando de amanuenses de sus maridos y sirven de portavoces de las peores afrentas del machismo y del patriarcalismo. Quizás los lectores recuerden la frase: “Si mi marido me pega es porque me lo gané”, dicha por una de las mujeres mencionadas en esta columna. Ahí dejo para no amargarles más el día a mis amigas del feminismo. Columna de Opinión publicada en Revista Semana

No se ve por ningún lado la irrupción del Centro Democrático en las grandes ciudades. Ninguno de sus candidatos está en la punta de las encuestas de las diez primeras ciudades del país. De las capitales de departamento puede ser que en Manizales gane Adriana Gutiérrez, en las demás hay muy pocas posibilidades. En muchos sitios no tienen candidatos propios y se han resignado a buscar alianzas y a apoyar a candidatos de otras fuerzas. Tampoco les irá muy bien en las gobernaciones. Se esperaba mucho más de este partido. Sobre todo esperaban mucho más los seguidores del expresidente Uribe. Habían logrado arrastrar un 20 por ciento del electorado en las elecciones parlamentarias y se encumbraron en la segunda vuelta presidencial hasta un 45 por ciento de la votación. Ahora estarán en un 10 por ciento o un poco más, según cálculos de Paloma Valencia, destacada parlamentaria de esta fuerza política. Dado el buen desempeño en Bogotá en las elecciones parlamentarias y la gran influencia de Uribe en Medellín y Antioquia se pensaba que este partido tendría candidaturas muy fuertes en estos lugares. No ha resultado así. En la capital Francisco Santos está en el cuarto lugar en las mediciones con pocas posibilidades de dar alguna sorpresa, y en Medellín Juan Carlos Vélez arranca de muy abajo y a una distancia considerable de Alonso Salazar quien hasta el momento puntea en los sondeos de opinión. Son varias las razones para un pobre desempeño, especialmente en las grandes ciudades, en las próximas elecciones. Carecen de un discurso urbano; aparte de Uribe no tienen líderes de opinión importantes; tampoco tienen el paraguas del gobierno nacional para ofrecer recursos y aceitar las maquinarias locales; y para completar se han enfrascado en graves disputas internas en la definición de los candidatos. La exaltación de la seguridad como respuesta a la amenaza guerrillera, la crítica a las negociaciones de paz y la dura oposición al presidente Santos resultaron eficaces a la hora de competir por el Congreso y por la Presidencia, pero se convirtieron en argumentos precarios a la hora de convocar al electorado urbano y buscar la gobernabilidad local. Es más, resulta un poco cómico oír a Pacho Santos proponiendo las líneas de la seguridad democrática para afrontar los miedos de los habitantes de Bogotá. Por más que se ha esforzado Uribe no ha logrado transferir a los candidatos el respaldo que recibe en algunos lugares del país. En cambio, el antiuribismo, que ha crecido bastante en estos cuatro años, sí perjudica de manera notoria a quienes levantan las banderas del Centro Democrático. De otro lado, los graves escándalos y las investigaciones judiciales han sacado del juego a líderes importantes de esta corriente política y se han convertido en una barrera para que entren a las filas nuevas figuras. La pelea entre grupos al interior del partido también ha hecho su agosto. En Antioquia sacó del ruedo a Liliana Rendón protegida de Luis Alfredo Ramos, que se perfilaba como una candidata con alguna opción de ganar la Gobernación. El incidente fue vergonzoso. A sabiendas de los cuestionamientos que sectores del empresariado y de la opinión antioqueña tienen sobre Rendón los directivos del Centro Democrático y el propio Uribe impulsaron una encuesta que debía definir la postulación. La señora ganó, pero le birlaron el triunfo y no le entregaron el aval. Otro baldón fue la deserción de Alicia Arango, exsecretaria privada de Uribe, quien se retiró acusando a Fabio Valencia Cossio de malos manejos en la conducción del partido. La inscripción de candidatos se ha cerrado. El cupo de cada partido ya está definido. Retirar candidaturas y pactar nuevas alianzas son las únicas cosas que se pueden hacer de aquí en adelante y esas decisiones son muy difíciles sino imposibles. Pero el Centro Democrático sí puede hacer cambios en su discurso en la coyuntura y también puede y debe reflexionar sobre su futuro habida cuenta de la importancia que tiene su voz en el escenario político colombiano. Puede, por ejemplo, hacer ajustes a su posición y a su actitud ante las negociaciones de paz. Sin declinar críticas y observaciones podría apoyar el acuerdo para un cese bilateral definitivo de las hostilidades y asumir una actitud positiva ante la firma del acuerdo final de paz que se está cocinando en La Habana. Se sintonizaría así con las nuevas realidades de esa negociación. Puede renovar su proyecto político poniendo el ojo en los retos del posconflicto, especialmente en las demandas sociales y en la atención a las angustias de seguridad y de convivencia en las grandes ciudades, tan distintas a las vicisitudes del conflicto armado. Puede repensar las reglas del juego en la toma de decisiones del partido para conjurar con respeto y democracia las graves disputas que se presentan bajo la férula exclusiva de Uribe. Columna de Opinión publicada en Revista Semana

Al momento de escribir esta columna Dilian Francisca Toro aún no ha inscrito su nombre como candidata a la Gobernación del Valle. Podría no hacerlo. Sería un acto de sensatez y de respeto por la democracia. Actitud que no han tenido ni Roy Barreras, quien se ha encargado de defender a capa y espada esta candidatura; ni Angelino Garzón, quien se ha prestado para una alianza a todas luces vergonzosa. La exsenadora Toro ostenta un récord de menciones y señalamientos por parte de personas vinculadas a las mafias. Rocío Arias la asoció a la parapolítica, lo mismo hicieron alias Don Diego y alias Rasguño. La Corte Suprema de Justicia la investiga por lavado de activos, la obligó a renunciar al Senado y la llevó a la cárcel por un tiempo. Para rematar, la Fiscalía le adelanta otra indagación por tráfico de influencias. No solo estas menciones e investigaciones ensombrecen la trayectoria de la señora Toro. Su entorno político ha estado ligado a diversos escándalos, los de la familia Abadía y los de su propio esposo, Julio César Caicedo. No se trata entonces de una mención aislada de algún rival político, cosa que abunda en la vida colombiana. Se trata de una sarta de cuestionamientos que debieran valer para que el partido de la Unidad Nacional y su presidente Roy Barreras le negaran el aval. El mismo senador Barreras se quejaba en la campaña pasada de la inmensa cantidad de dinero que se movía en las filas de Dilian Francisca Toro. Decía que así era imposible competir en la política vallecaucana. Precisamente eso, el dinero, es lo que le permitió a la señora conseguir en 2006 una votación que la llevó a la presidencia del Congreso, votación que aumentó a más de 150.000 sufragios en 2010. Dinero y votos, más dinero y más votos. Esa es la argamasa del aval y de la alianza política. Es eso lo que tiene jodida la política del país. Lo de Angelino es triste, es una señal inequívoca de su decadencia. Ya había dado bastante lora tocando puertas aquí y allá para conseguir un aval para su candidatura. Pero pagar el precio de someterse a los dictados del senador Barreras y a una alianza tan cuestionable es la tapa. No debiera estar para eso una persona que ha alcanzado tantas dignidades. La gestión pública de Angelino no ha sido memorable. En ninguno de sus cargos ha dejado una huella. Ni una reforma importante, cuestión que le competía por su origen en la izquierda radical. Ni una gran obra, cosa no imposible por la influencia y las responsabilidades que ha tenido. No dejó una impronta como gobernador, ni como ministro, ni como vicepresidente. Pero ejerció estos cargos y también su labor de constituyente y embajador con decoro, con mucha decencia. Nada común, nada fácil en la política colombiana. Ha sido a su vez un verdadero símbolo de superación. Un hombre que vino desde abajo, desde la marginalidad, hasta las más altas cumbres de la vida pública a punta de inteligencia, de empeño, y de un don de gentes inigualable. Por eso resulta lamentable que para alcanzar una alcaldía, que podría ser el cierre de su carrera, se meta a estos pactos y condescendencias. El argumento de Roy y de Angelino es el de siempre, el de los políticos más sinvergüenzas, mientras no haya una condena judicial en firme no se le puede poner talanqueras a la gente, aquella célebre admonición: “Ayúdeme con su voto mientras lo meten a la cárcel”. Lo dicen una y otra vez y saben que el país acepta esto, saben que los umbrales éticos no existen en la vida nacional, saben que tendrán votaciones copiosas. Pero el costo para la democracia es enorme. Cuatro gobernadores y 30 alcaldes, que en las elecciones de 2011 tenían investigaciones o serios cuestionamientos, fueron destituidos o encarcelados, después de haber sido elegidos. Otros muchos, a pesar de las investigaciones, se han mantenido en el cargo y han seguido haciendo de las suyas con el erario público y en alianzas con ilegales. Es la consecuencia directa de estas decisiones de los partidos y los dirigentes. La señora Toro tiene, por supuesto, todo el derecho a defenderse judicialmente y las autoridades están obligadas a presumir su inocencia. Es el sagrado campo penal. Pero ni los columnistas, ni los medios de comunicación y mucho menos los partidos políticos están obligados a pasar por alto los señalamientos y las investigaciones. Al contrario, nuestro deber es alertar a la ciudadanía y difundir hasta el cansancio estas informaciones para que los electores puedan escoger a conciencia a sus mandatarios. Esa va a ser una tarea crucial en los meses que restan para las elecciones locales. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Foto tomada de ejercitodecolombia.blogspot.com El presidente Santos sabía que las Fuerzas Armadas serían claves en la ejecución de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Sabía que sin el apoyo decidido de los militares sería muy difícil, sino imposible, devolverles la tierra a los campesinos que la habían perdido en los largos años de conflicto armado. Pero de manera extraña les dio un papel negativo, restrictivo, en el proceso de restitución de tierras. Las comisionó para que obstaculizaran la tarea no para que la impulsaran. A través del Decreto 599 del 21 de marzo de 2012 puso a los militares a valorar la situación de seguridad de las zonas objeto de restitución y a decidir en cuáles se podría iniciar la tarea y en cuáles no. Le dio el nombre de microfocalización a esta labor. El resultado ha sido que de 73.000 solicitudes de restitución solo se han llevado a los jueces un poco más de 7.000 y los tribunales han proferido 1.368 sentencias restituyendo alrededor de 100.000 hectáreas, las demás solicitudes están represadas por efecto de la microfocalización. En tres años de aplicación de la ley no estamos ni en el 5 por ciento de las metas trazadas por el gobierno al momento de expedición de la ley. No sé a quién se le ocurrió esta pésima idea que ha contribuido a la enorme lentitud del proceso y que ha facilitado que los despojadores busquen amparo en sectores de la fuerza pública para entorpecer la restitución. Me niego a pensar que fue el propio Santos el cerebro del decreto. Tanto en reuniones privadas como en las declaraciones públicas siempre le he oído al presidente que la Ley 1448 es la prueba de fuego de la reconciliación, siempre he sentido que esta norma está en su corazón y que no ahorraría esfuerzos en su aplicación. Desde esa visión lo más lógico hubiera sido convocar a las Fuerzas Armadas a acompañar el retorno de los campesinos a todos los lugares donde fueron despojados y dejar en manos de las autoridades civiles y de las organizaciones de víctimas la priorización de las zonas. El Decreto 599 tiene un halo de injusticia que contradice abiertamente la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Pongo un ejemplo que muestra la aberración. La adjudicación de bloques para la exploración petrolera o de títulos mineros nunca pasa por el arbitrio de los militares, a nadie que va a solicitar territorios para buscar oro o petróleo le dicen que en tal o cual lugar no puede porque hay dificultades de seguridad. Al contrario, le adjudican los bloques o los títulos y luego disponen todo para que los militares protejan la explotación. ¿Por qué a los campesinos que van a reclamar sus propias tierras les salen con el asunto del conflicto armado? Pero vamos más lejos en esta argumentación. El principal cordón territorial del abandono y el despojo pasa por Urabá, Córdoba, Bajo Cauca, Montes de María y llega hasta Magdalena, Cesar y La Guajira. En estos territorios el conflicto armado se redujo de manera sustancial por la derrota de las guerrillas y la desmovilización parcial de los paramilitares. ¿Por qué se recurre al fantasma de la guerra para restringir las zonas de restitución? Líderes campesinos de los cuales me reservo su nombre me han dicho en varias zonas cosas como esta: “A un kilómetro o dos de la tierra que reclamo está una base militar que tiene cerca de 2.000 efectivos y no entiendo por qué no hay condiciones de seguridad para mi retorno”. Ahora bien, la única causa del fracaso palmario en la restitución no es la actitud de los militares. Hay otras razones de la agobiante lentitud del proceso. No han querido poner el acento en las restituciones colectivas, tampoco han decidido acudir a la vía administrativa cuando no hay opositores y el aparato estatal dedicado a la restitución es limitado y poco eficiente. Pero el control de la focalización por parte de los militares es un peso muerto en el proceso. También su negligencia a la hora de defender a las víctimas –de las cuales han muerto 69 en sus reclamaciones– y presionar a quienes se quedaron con las tierras de los campesinos para que cumplan la ley. El nuevo ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, le haría una gran contribución a las víctimas y a la paz del país si aboga por la derogatoria del Decreto 599 y si, además, se pone en la tarea de encabezar una cruzada de las Fuerzas Armadas para acelerar la restitución de tierras. Y el presidente Santos está en mora de cumplir la promesa que hizo en Cali, en la campaña electoral, cuando aseguró que le haría ajustes decisivos al proceso de restitución de tierras. ¿Por qué no ha hecho la reforma anunciada? La esperanza en la restitución de tierras está muriendo. Es así de triste. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Se va Juan Carlos Pinzón con la fama de haber sido un formidable ministro de Defensa. No lo fue. Pero así son las cosas en Colombia. Le dio gusto a Uribe y al uribismo. Les dio gusto a los generales. Le dio gusto a Santos cuando los medios destaparon los grandes escándalos al interior de las Fuerzas Armadas. Les habló duro a las FARC y las desafió de palabra cada semana y eso es muy popular en el país. De todo esto deriva su reconocimiento. Pero esas cosas eran fáciles. Lo difícil, lo realmente difícil, era impedir que las FARC se reorganizaran como lo hicieron y evitar que las bandas criminales volvieran a tener el poder que hoy tienen. No permitir que sectores de las Fuerzas Militares actuaran soterradamente contra el proceso de paz y filtraran información para Uribe. Atacar los fenómenos de corrupción en las filas. Acompañar a los reclamantes de tierra y no dejarlos matar. Facilitar que los labriegos del Catatumbo accedieran a la zona de reserva campesina y se apartaran de la guerrilla y le cogieran cariño al Estado. Contribuir a que la opinión pública le apostara a la reconciliación del país. Esas sí eran tareas titánicas que Pinzón no cumplió ni como viceministro ni como ministro. También hace muchos años el general Harold Bedoya Pizarro salió en hombros de la conducción de las Fuerzas Militares por vociferar día y noche contra las guerrillas e impedir cualquier acercamiento con ellas. Mientras hacía eso las FARC les propinaban a las tropas 17 grandes golpes consecutivos y ponían al Ejército al borde de la derrota. No ha habido en la historia nacional un general más bocón y más inepto. La verdad es que las FARC sufrieron sus más grandes derrotas entre 2002 y 2008 en un ciclo que iniciaron los generales Tapias y Mora. En ese tiempo perdieron todas las ventajas estratégicas. Pero a partir de allí cambiaron radicalmente la operatividad y transformaron su estructura. En los años 2011, 2012 y 2013, mediante el despliegue de pequeñas unidades a lo largo y ancho del territorio nacional y le ejecución de operaciones menores, lograron remontar a un promedio de 180 acciones por mes y producirles a la fuerza pública bajas similares a las que lograban en 2002. Esas cifras son inapelables y están bien documentadas. El nuevo ascenso de la guerrilla había empezado claramente en los tiempos de Uribe. El Ejército insistía en la persecución de objetivos de alto valor y lograba victorias impactantes como las muertes del Mono Jojoy y Cano, pero en el diario acontecer las FARC habían renacido. Ni Pinzón ni los altos mandos lograron descifrar con rapidez los cambios en la guerrilla y no entendieron la urgencia de volver a la infantería pura y dura. No fue muy distinta la historia con los grupos del crimen organizado. Uribe le vendió al país un desmantelamiento pleno de los paramilitares. La verdad fue una desmovilización parcial. Quedó el 80 por ciento de los mandos medios, como bien lo dijo alias Ernesto Báez. Ellos organizaron las llamadas bacrim. Ahora entre grandes y pequeñas suman 97 que han diversificado su portafolio de negocios criminales y controlan parte de la minería del oro, el contrabando de gasolina, la extorsión, la trata de personas, los juegos de azar, el narcotráfico y el microtráfico. No era difícil agradar a los uribistas con las diatribas periódicas contra el proceso de paz y con la permisividad hacia la filtración de información reservada por parte de altos oficiales. Tampoco era difícil agradar a Santos cuando las cosas se salían de madre por las denuncias de la prensa y entonces Pinzón se ponía del lado del presidente para sacar a los generales y después todo volvía al silencio. Ocurrió cuando el general Mantilla y su cúpula, ocurrió cuando apareció la escandalosa conversación entre el general Barrero y el coronel González del Río, volvió a ocurrir cuando se descubrió la operación Andrómeda y las aventuras del hacker Sepúlveda. Para satisfacer las demandas de las Fuerzas Militares, Pinzón acudió una y otra vez al Congreso de la República para insistir en la ampliación indebida del fuero militar, en vez de dedicar sus esfuerzos a preparar a la fuerza pública para el posconflicto y para asumir con dignidad y entereza la justicia transicional. Tampoco se preocupó por servir de aliado de las víctimas que reclamaban la tierra que les habían despojado, dando vía libre a la microfocalización en todo el territorio y dedicando sus fuerzas a acompañar el retorno. Optó por restringir y restringir las zonas donde se podía restituir en un ejercicio que ha favorecido a los usurpadores. Llega Luis Carlos Villegas en un momento crucial para las Fuerzas Armadas y necesitará mucho carácter, mucha independencia y una visión de estadista para dirigir la transición hacia la paz. Entre tanto, al joven Pinzón le espera la primera embajada del país y quizás una candidatura presidencial. Columna de opinión publicada en Revista Semana

El 7 de mayo de 2014, Fernando Londoño, en una columna, en el diario El Tiempo, describe el proceso de paz como una conspiración urdida por Juan Manuel Santos y su hermano Enrique, que incluye “matar a Álvaro Uribe o acribillarlo en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, asesinar a Fernando Londoño para advertir a cualquier imprudente el costo de oponerse, neutralizar a las Fuerzas Militares para desaparecerlas en el momento oportuno”. Ahora, el 8 de junio de 2015, en su columna de Las2orillas, insiste en que su atentado fue ordenado en La Habana y contó con la complicidad de Enrique Santos, quien para ese entonces adelantaba conversaciones exploratorias con las FARC. Por estas acusaciones temerarias Londoño salió de las páginas deEl Tiempo. No ocurrirá lo mismo en las2orillas, un portal que está haciendo un gran esfuerzo para darles cabida a las voces más contradictorias y radicales. Pero dadas las consecuencias que pueden tener este tipo de declaraciones en boca de un personaje influyente como Londoño y el respeto y la admiración que profeso por Enrique Santos quiero hablar del columnista y sus delirios. No sabe Fernando Londoño el estupor y la angustia que sentí el día en que intentaron matarlo. Me importaba su vida, su salud, su familia. Tenía una gratitud inmensa con él por la manera decorosa como cerró el proceso de reinserción de mi grupo de paz, en los días en que oficiaba como ministro del Interior. Volví a sentir en mi corazón el repudio inmenso que he tenido siempre por el atentado personal, por la vulneración de los seres humanos en estado de indefensión, por el ataque a civiles. Conocía, además, las negociaciones secretas que se adelantaban con las FARC y pensé que podrían malograrse. Aprendí desde niño con mi padre que ninguna diferencia de ideas debe llevarse al plano personal. Eso me ha salvado de odios. Eso me ha permitido abrazar mil veces a personas con las que tengo grandes diferencias. Fue una de las razones de mi salida de las guerrillas. Metido en la aventura de las armas me di cuenta de la imposibilidad de hacer la guerra atendiendo solamente a las bondades de una causa política, a los dictados de unas convicciones, a los designios de la ilusión revolucionaria. Supe que nuestra confrontación armada descendía con facilidad al rencor, a la reyerta personal, a esa cosa aterradora que me había prohibido mi padre. Supe que la venganza era un alimento inocultable de nuestra tragedia. Fernando Londoño ha mezclado su dolor, su rabia por el atentado atroz, con sus diferencias profundas y legítimas con la manera como se desarrolla el proceso de paz. Desde ahí, desde ese lugar contaminado, desde ese espíritu extraviado, arremete columna tras columna contra las personas que están a la cabeza de las negociaciones por parte del gobierno. La mayoría de las veces es el presidente Santos el blanco de sus ataques, pero también pasan por su lente Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, el general Naranjo, Frank Pearl, en fin… Pero lo que está haciendo con Enrique Santos es grave. Acusarlo de planes de asesinato o de la intención de desaparecer las Fuerzas Armadas a sabiendas de la repercusión que esto puede tener en sectores militares, en grupos políticos descontentos con las negociaciones de paz o incluso en fuerzas ilegales que se nutren de la guerra, es alentar venganzas y retaliaciones en un país tan fácil para la acción violenta. La injusticia es más grande tratándose de Enrique Santos, un hombre que se mantuvo en el alar del periodismo alentando siempre el debate y la deliberación pública con gran sentido de pluralidad y de tolerancia, que fue capaz de dejar el oficio cuando sintió que su voz podía quedar enredada en las disputas políticas que se vendrían con el ascenso de su hermano a la Presidencia. Que ha estado siempre al lado de la salida negociada al conflicto armado del país desde las primeras conversaciones de paz en los tiempos de Belisario Betancur y por eso y, solo por eso, se prestó para realizar los primeros contactos con la guerrilla cuando nadie apostaba un peso por un nuevo intento de reconciliación nacional. El país tendrá mucho que agradecerle a Enrique Santos si las negociaciones que se adelantan en La Habana terminan en la firma de un acuerdo de paz y también si fructifican los acercamientos con el ELN y Fernando Londoño sabrá entonces que sus hijos y sus nietos tendrán un lugar mejor para vivir, un lugar donde se proscriba por fin el atentado personal y la guerra misma. Columna publicada en Revista Semana

El jueves en la noche, horas después de que el gobierno y las FARC anunciaran el acuerdo de conformar una Comisión de la Verdad, tuve la primera prueba de las enormes dificultades que tendrá esta comisión para cumplir con los objetivos de esclarecer lo que ha ocurrido en el conflicto armado, de contribuir al reconocimiento de las víctimas y de promover la convivencia en los territorios. Fue en Voces RCN, en una discusión con Miguel Gómez Martínez. Le dije a Gómez –una persona sin tacha, de la que no tengo noticia de que haya cometido algún delito– que una cosa era la responsabilidad política y otra la judicial, que para el país era vital que, por ejemplo, la familia a la que él pertenecía reconociera su participación relevante en las decisiones políticas de Estado que nos metieron en esta guerra. Que esa era, precisamente, la función primordial de la comisión. La reacción fue de una dureza impresionante. Me recordó mi pasado guerrillero, me acusó al aire de cuanta cosa se le ocurrió. Se había despachado ya contra la comisión diciendo que era un triunfo de las FARC y tenía la misión de establecer la responsabilidad única del ‘establecimiento’ en el conflicto. Terció Juan Gabriel Uribe para reivindicar la memoria de Álvaro Gómez Hurtado y su condición de víctima. Los argumentos eran de gran peso, sentidos, legítimos. Álvaro Gómez es uno de los emblemas de la victimización en nuestro país. Sometido al horror del secuestro por el M-19 y asesinado luego en un complot político aún por esclarecer. Son tan fuertes los hechos, tan conmovedores, que deberían inhibir cualquier alusión a las responsabilidades de él y de su padre en las violencias que han azotado al país. Pero no creo que ese sea el camino para sanar las heridas y empezar por fin la reconciliación del país. Fue Álvaro Gómez quien instigó el ataque que obligó a Manuel Marulanda Vélez a tomar de nuevo las armas y a dar inicio a las FARC. Eduardo Pizarro Leóngómez lo describe así: “En encendidos discursos, en el Congreso de la República, el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado venía denunciando desde 1961 la existencia de 16 repúblicas independientes que escapaban al control del Estado y en las cuales, según su retórica reaccionaria, se estaban construyendo unas zonas liberadas”. “Se trataba ante todo de Marquetalia, Riochiquito, Guayabero, el Pato, Sumapaz y la región del Ariari. Ante esta presión el presidente Guillermo León Valencia decidió exterminar a sangre y fuego estos enclaves comunistas. Como consecuencia de lo anterior las autodefensas se transformaron en guerrillas móviles dando origen al inicialmente llamado Frente Sur –1964– dos años más tarde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”. Veinte años antes también la retórica encendida de su padre, Laureano Gómez, había contribuido poco a poco a gestar la violencia entre liberales y conservadores que duró desde el trágico 9 de abril de 1948 hasta 1957, cuando se firma el pacto del Frente Nacional del cual Gómez, padre, fue signatario. Esas son cosas lejanas y la familia Gómez ha dejado de tener la preeminencia política que tuvo en la vida nacional. Pero la reacción de Miguel Gómez da cuenta de una faceta de Colombia. Aquí las elites políticas y económicas nunca han reconocido su gran responsabilidad en la violencia. Tenemos dos ejemplos recientes. De los 128 parlamentarios investigados o condenados por parapolítica solo tres: Eleonora Pineda, Rocío Arias y Alfonso Campo Escobar reconocieron su vinculación con los paramilitares, a los demás los han tenido que vencer en juicio. Hubiese sido mejor que no pagaran un día de cárcel, pero aceptaran las responsabilidades y tuvieran una sanción social y política. Tampoco ha habido manera de que las Fuerzas Militares le pongan la cara a los falsos positivos. Lo relacionado con más de 1.000 civiles ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado se está diluyendo penosamente en unos cuantos procesos individuales. También a quienes ahora o antes hemos tenido algún papel en la conducción de las guerrillas o en la promoción de la revolución armada nos cuesta reconocer nuestra grave responsabilidad. Fue un error histórico descomunal convocar a los campesinos a engrosar las guerrillas después de la gran tragedia que significó la violencia liberal-conservadora. No existía la menor posibilidad de una respuesta masiva y, entonces, la guerra se convirtió en una aventura de minorías campesinas y estudiantiles que mediante expedientes de terror en zonas apartadas del país prolongaron al infinito la reyerta. Pero mayor error aún fue el echar mano del secuestro y del narcotráfico para alimentar la confrontación. El detalle de lo que ocurrió será el gran aporte a la verdad de todos los jefes guerrilleros. Si en algún momento la Comisión de la Verdad, que espero sea la confluencia de personas de las más altas calidades éticas, me llama a declarar, acudiré con humildad a aportar mi granito de arena para la reconstrucción del país. Columna Publicada en Revista Semana

Por: León Valencia La cosa ha sido rápida y radical. En un abrir y cerrar de ojos Claudia Gurisatti le está dando la vuelta al sistema informativo de RCN Televisión, le está marcando un parecido indiscutible a NTN24. Pensé que Gurisatti entraría pisando suave, que haría un reconocimiento del terreno y empezaría a hacer los cambios poco a poco. No la conocía. Los que la conocen me decían lo contrario. Ella es desafiante, irreverente, audaz, inteligente, alzada, obsesiva, me advertían. Cuenta, además, con el apoyo irrestricto de Carlos Julio Ardila, propietario del medio y tambor mayor de la familia Ardila, agregaban. Me contaron una anécdota. En la pasada campaña electoral estaba listo el debate entre Santos y Zuluaga en RCN Televisión. Gurisatti fue escogida por el canal para dirigir el debate. Del equipo de Santos protestaron y dejaron ver que no irían al round bajo la batuta de una persona abiertamente parcializada a favor del candidato uribista. RCN, con la orden de Ardila, mantuvo la decisión. En la Casa de Nariño acordaron no asistir. Solo que de la campaña de Zuluaga, un día antes, cancelaron el compromiso con el pretexto de que el candidato estaba enfermo. Así pasó desapercibido el pulso que Gurisatti le ganó al presidente Santos. Ahora ha demostrado que viene con todo a imponer su estilo enRCN. Metió a Soraya Yanine, su compañera en NTN24, a la subdirección y arrasó con el equipo que bajo la conducción de Rodrigo Pardo estaba cubriendo las noticias de la Presidencia y las que venían del proceso de paz de La Habana. Se fueron Camilo Chaparro, Juan Carlos Giraldo, Jairo Gómez y Juan Carlos Ossa. Todos ellos distantes del credo uribista. No he oído en estos días voces de alarma por esta situación. Pero es grave. Con solo dos grandes canales de televisión abierta, que forman la opinión de la inmensa mayoría de los colombianos, ya es bastante precaria la pluralidad informativa del país. Pero si, además, en uno de ellos, quien orienta la información declara su intención de poner el medio a favor de una causa política, el panorama se torna totalmente oscuro. Sé que Claudia Gurisatti tiene en su alma heridas que la acercan a Uribe y a su grupo. En el mejor momento de su carrera periodística, empezando el año 2001, los organismos de seguridad del Estado le dijeron que las Farc tenían un plan para matarla y con esa carga encima tuvo que salir del país apresuradamente y solo ahora regresa con sus baterías contra el proceso de paz y su distancia con Santos. Ahí no está el problema. Santos bien puede recostarse en los medios de la familia Santo Domingo y de Sarmiento Ángulo. Pero este país es más que las Farc y Uribe, más que Santos y Uribe. Este país quiere ser un territorio de muchos colores, un lugar donde florezcan las más diversas opiniones. Un país donde se oiga a las regiones, a los negros, a los indios. La obligación del periodismo es recoger todas las voces. NTN24 no ha sido un lugar del periodismo, es un órgano de propaganda, en el más puro sentido leninista, para atacar día y noche a las izquierdas de América Latina y propagar las ideas de las derechas del continente. Pero en el vasto panorama de la región este medio no era relevante. En cambio en Colombia RCN Televisión si lo es. Acá se disputa la mitad de la audiencia. Acá en pueblos y ciudades las dos cadenas reinan día y noche en los televisores encendidos llevando información con la cual la gente toma decisiones. Hay quienes establecen una similitud entre el modelo informativo de Gurisatti y el que desarrolló Fox News, el medio que se la jugó toda a una idea y a una figura política y logró catapultar a George Bush y a los republicanos en un momento decisivo de la vida norteamericana. Pero Fox News es televisión por cable. No es una buena comparación. Estados Unidos ha tenido una gran variedad de alternativas periodísticas y de medios influyentes, también una historia de escrutinios al poder desde la prensa que ha tumbado presidentes, ha destapado grandes escándalos de corrupción y ha sido crucial para terminar guerras como la de Vietnam. No son para nada ajenos a la monopolización y a la manipulación de la información y ahora el panorama no es alentador, pero están lejos de nuestras graves limitaciones. Estamos en un momento virtuoso del país. Existe la posibilidad de terminar una guerra de más de 50 años y también la probabilidad de una apertura a cambios políticos y sociales. Hay muchas señales en esa dirección. Pero la señal de Gurisatti, de RCN Televisión y de la familia Ardila Lülle está en contravía a esas transformaciones tan urgentes de la vida nacional y también puede ser riesgoso para el grupo empresarial. Columna publicada en Revista Semana