Foto tomada del Espectador Es indignante lo que ha ocurrido en Cambio Radical. La dirección del partido y los parlamentarios prefirieron que Carlos Fernando Galán se apartara de la jefatura, a revocar el aval que el secretario general, Antonio Álvarez Lleras, le había otorgado a Oneida Pinto para aspirar a la Gobernación de La Guajira. El miércoles pasado en una entrevista para la radio RCN, alarmado por los avales que estaba repartiendo Cambio Radical –pensaba en el de Oneida Pinto, en el de Luis Pérez para la Gobernación de Antioquia y en el de Rosa Cotes para la Gobernación del Magdalena–, dije que Carlos Fernando Galán tendría que pensarlo muy bien y renunciar a la dirección del partido si no le permitían revisar estos avales y atender los graves cuestionamientos que tenían estas personas. Ese día varios periodistas le contaron, a su manera, a Galán, que yo había pedido su renuncia y le preguntaron si estaba dispuesto a hacerlo. Le hablaron específicamente del caso de Oneida Pinto quien ya afrontaba un escándalo nacional por su vinculación con Francisco ‘Kiko’ Gómez, preso y acusado de los más diversos delitos. Dijo que sí, y el jueves, ante la negativa del partido a reconsiderar la situación, cumplió su promesa. Para mí es un trago amargo. Galán había intentado también retirarles el aval a cinco candidatos, entre los que se encontraba Kiko Gómez, en las elecciones de 2011, debido a los informes que mi equipo de investigación había realizado. No pudo. Ya estaban inscritos y el Consejo Electoral sentenció que no se podía volver atrás. Por eso, en estas elecciones regionales, tenía la firme esperanza que Carlos Fernando Galán ayudara a depurar la política, tal como había sido su condición al momento de reasumir la jefatura de Cambio Radical. Así se lo dije en las conversaciones que tuvimos durante esta semana y sentí en él la disposición firme a darse nuevamente la pela para atajar candidaturas cuestionadas. No puedo entender cómo un partido que en las próximas elecciones presidenciales tendrá un enorme protagonismo opta por respaldar a personas cuestionadas, y obliga a renunciar a un líder nacional respetable y con gran futuro político. Oneida Pinto ha venido en estos días a Bogotá a desarrollar una intensa labor ante los medios de comunicación. Se presenta como una humilde mujer descendiente de los wayúu que se ha hecho a pulso en la política, que no tiene nada que ver con Kiko Gómez y tampoco tiene nada que esconder. Quizás su problema menor sea su vinculación histórica innegable con el exgobernador ahora preso. Toda su trayectoria ha estado vinculada al fenómeno de la parapolítica. Comenzó su carrera acompañada de su tío Sergio Hernández Pinto, quien fue concejal por el Partido Moral,  Movimiento de Renovación Laboral, de Miguel Pinedo, político que fue condenado a nueve años de prisión por mantener nexos políticos y electorales con el bloque Tayrona de las AUC. Ha sido alcaldesa de Albania por mano propia en dos oportunidades y entre 2007 y 2011 a través de Yen Keller Hernández, avalado por el Partido Alas Equipo Colombia, también de la parapolítica, quien trabajó como su conductor y fue destituido e inhabilitado por 13 años por la Procuraduría General de la Nación por delitos relacionados con la firma de un contrato sin el lleno de los requisitos. Más le valía a Oneida Pinto no meterse en la búsqueda de la Gobernación y a Cambio Radical no arriesgarse a darle ese aval y desatar esa controversia con Carlos Fernando Galán. Albania es un municipio pequeño desprendido en el 2000 de Maicao, y entre 2003 y 2013, tiempo en el que el grupo político de Oneida y Kiko han tenido la Alcaldía, ha recibido más de 300.000 millones de pesos en regalías. El escrutinio de las contrataciones realizadas con esta enorme cantidad de dinero traerá sorpresas seguramente desafortunadas para la candidata y para el partido. En la Fundación Paz y Reconciliación reposa bastante información sobre este caso, y también sobre muchos casos de herederos de la política que se presentaran en estas elecciones o de nuevas fuerzas con trazas de financiación ilegal o indebida. Esta vez también haremos un gran esfuerzo por corroborar estas informaciones con trabajo de campo en las regiones y la daremos a conocer a la opinión pública, para seguir aportando nuestro granito de arena al mejoramiento de la democracia en Colombia. Pero desde esta columna quiero hacerle un llamado a los directores de los partidos para que asuman la responsabilidad de mirar con lupa los avales, y atender las inquietudes de quienes desde los medios de comunicación o desde las investigaciones académicas estamos tratando de poner un dique de contención a la vinculación entre ilegales y políticos y a la dolorosa corrupción de la vida política local y regional. Columna de opinión publicada en Revista Semana

Por: León Valencia Uribe fue uno de los primeros en hablar de la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, lo hizo el 4 de julio de 2012, en el lanzamiento de la plataforma del Centro Democrático, con el argumento de la reforma a la Justicia. Después, el 21 de diciembre de 2013, las FARC propusieron en La Habana un “gran acuerdo político nacional para una Asamblea Nacional Constituyente” con el propósito esencial de refrendar los acuerdos de paz. Recientemente fue el fiscal general Montealegre quien armó un alboroto proponiendo una constituyente con presencia de las FARC. No son los únicos que están en la idea. Por los lados de la izquierda la mayoría de los dirigentes ven con buenos ojos una convocatoria de este tipo y en la coalición de gobierno también hay voces en esa dirección. Se sabe igualmente que es una aspiración del ELN en las negociaciones de paz. Creo entender por qué actores políticos o institucionales de las más diversas tendencias están buscando un espacio constituyente. El recuerdo de la Constituyente del 91 es bueno, por las reformas realizadas y por el ambiente de esperanza que se generó en el país en los cuatro años siguientes. El momento que vivimos tiene además algunos parecidos con aquel final de los años ochenta: hay una asombrosa pérdida de legitimidad de algunas instituciones, una crisis de liderazgo, un proceso de paz en curso y un clamor de cambio en algunos sectores sociales. También hay alguna conciencia de que los constituyentes del 91 no pudieron o no quisieron abordar algunos temas espinosos como un nuevo ordenamiento territorial y una reforma a las Fuerzas Armadas. Pero, precisamente, porque la Constituyente del 91 es la referencia, tenemos que tomar en cuenta tanto sus éxitos como sus limitaciones y no olvidar que en la Constitución que salió de allí hay una definición precisa de las constituyentes del futuro. Esa asamblea se hizo después de la desmovilización y el desarme de las guerrillas que concurrieron al proceso de paz y no tuvo el propósito de refrendar los acuerdos establecidos. Tuvo un fin mayor, quizás no deliberadamente buscado: darle legitimidad plena al pacto de paz y a las nuevas fuerzas que ingresaron a la vida democrática del país. Ese fue su gran aporte. Y la debilidad más importante le vino de la naturaleza parcial del pacto de paz. Dado que las guerrillas más viejas persistieron en el conflicto y que una parte de las elites políticas regionales ligadas a los paramilitares también se mantuvieron al margen, no fue posible encarar las transformaciones a las Fuerzas Armadas y darle un vuelco al territorio. El fantasma de la guerra no permitió ir más lejos. Meter a una constituyente a refrendar los acuerdos mínimos que se han hecho en La Habana, que caben perfectamente en el actual ordenamiento constitucional, es un verdadero desperdicio; y hacerlo sin que se haya dado el ingreso pleno de los guerrilleros a la vida civil es darle la oportunidad a los enemigos de la negociación para que entren a saco en esos acuerdos y sigan agitando todos los miedos, todos los dolores, mostrando la fusilería enhiesta de la subversión. Sería seguir atados al pasado. Una constituyente debe mirar al futuro y afrontar los temas del posconflicto. La fuerza pública que necesitamos después de la guerra. Un reordenamiento del territorio que nos permita romper las brechas, acabar con esta descentralización simulada que nos rige y darle un papel a las regiones, especialmente a las afectadas por este largo conflicto. Una transformación cierta de la Justicia. Y una reforma al obsoleto sistema electoral que abriga el fraude y la escandalosa presencia de dineros ilegales en la disputa política. Sería, como lo fue la Constituyente del 91, una gran bienvenida a las fuerzas que surjan de la paz, pero sobre todo, una oportunidad para renovar la democracia sin el estruendo ominoso de las balas. Y para convocarla el camino más expedito y quizás el único posible dada la situación del país es el definido por la Constitución del 91 en su artículo 376. Es decir, el Congreso define su competencia, el periodo y la composición en una ley que deberá ser votada por mayoría en las dos cámaras. La asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos. La idea de una constituyente conformada mediante un acuerdo entre el gobierno y las guerrillas no parece posible ni deseable. Pero el ambiente que se crea después de un acuerdo de paz seguramente le dará un gran protagonismo a las fuerzas progresistas que enarbolen banderas de cambio. Paralelo a las conversaciones de paz las fuerzas políticas y sociales del país podrían empezar a tejer el gran acuerdo nacional para convocar la constituyente. Esto serviría de acicate a las negociaciones y ofrecería un escenario cierto para la reconciliación nacional. Columna publicada en Revista Semana

Por: León Valencia El memorando de 77 puntos que Álvaro Uribe Vélez llevó a la Corte Suprema de Justicia este martes 5 de mayo es una bomba que ha pasado desapercibida para la opinión. Uribe confiesa las motivaciones de sus acciones en el tormentoso año que va de finales de 2007 a finales de 2008. Allí asegura que había intención de removerlo de la Presidencia y una conspiración interna y externa contra la seguridad nacional de nuestro país. Con ese video en su cabeza justifica todas sus acciones. El problema es que parte de esas acciones se hicieron saltando por encima de la legalidad nacional e internacional y terminaron comprometiendo en líos judiciales a sus colaboradores más cercanos y a futuro pueden también llevarlo a él a responder por graves delitos. El memorando es excepcionalmente revelador, y complementado con el repaso de algunos hechos de ese periodo, intensamente perturbadores de la vida nacional, podemos comprender el porqué de la persecución a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, las ‘chuzadas’, la estigmatización a críticos y opositores acusándolos de pertenecer al terrorismo, la transgresión de normas internacionales en grandes operaciones contra las guerrillas y la ruptura diplomática con Venezuela y Ecuador con hondas repercusiones en las relaciones con los otros países de la región. A lo largo del documento, Uribe habla de un interés de la Corte Suprema de sacarlo de la Presidencia y reitera una y otra vez que había fuerzas en el país y en el extranjero atentando contra la seguridad nacional, dice que era su obligación preguntar por las personas y las organizaciones que urdían estas acciones. En el punto 40 Uribe cita unas grabaciones de las conversaciones entre magistrados de la Suprema divulgadas por El Espectador, y dice que “Alguien más acucioso que mi persona podría inferir de esa publicación que había magistrados interesados en remover al presidente. En efecto esto puede deducirse de las palabras publicadas a uno de ellos”. Y en el punto 69 señala que “La batalla de mi gobierno ha debido enfrentar a personas y organizaciones políticas y no gubernamentales que persistentemente atentan contra nosotros en el país y en el extranjero”. Luego en el punto 76 es más específico y abre un gran campo de justificación de sus acciones. Dice “Operaciones de seguridad nacional son obligatorias como indagar por el caso de la senadora que incitó a un golpe de estado desde México, o por los dineros del chavismo a exmujer de dirigente político, o por utilización chavista de una empresa venezolana en Colombia para financiar grupos políticos infiltrados por el terrorismo”. No eran los únicos temas que preocupaban al presidente Uribe. En octubre de 2007 aparece el escándalo de alias Tasmania, un preso que se inventa el cuento de que el magistrado Iván Velásquez tiene el interés de acusar a Uribe de un asesinato. En noviembre Chávez, quien funge como mediador para el intercambio humanitario, saltándose toda formalidad diplomática, llama al general Mario Montoya para conversar del asunto. Por esos días el gobierno se entera que Gustavo Larrea, ministro del Interior del gobierno ecuatoriano, tiene fluidas relaciones con las FARC. El 11 de diciembre se conocen las intensas presiones de Francia y Brasil para que Uribe negocie con la guerrilla la liberación de Íngrid Betancourt. En abril de 2008 la parapolítica llega a su punto culmen con la detención de Mario Uribe, mentor y primo del presidente. En ese mismo mes estalla el escándalo de la Yidispolítica y el cuestionamiento profundo a la reelección presidencial. Con esta película rodando ante sus ojos Uribe alinea al gobierno y a las Fuerzas Armadas para responder con una contundencia, una frialdad y un cálculo impresionantes. Responde a lo que él cree una conspiración con otra conspiración. Ordena que los organismos de inteligencia indaguen por las actividades de los magistrados, de los opositores, de los periodistas, de todos los críticos, eso sí, sin insinuar nada ilegal, dice. En noviembre 29 rompe relaciones con Venezuela. En marzo de 2008 sin consultar con el presidente Correa ataca el campamento de Raúl Reyes en Ecuador y fractura la relación con este país. En julio, mediante una hábil maniobra de engaño que incluyó la utilización de símbolos de la Cruz Roja Internacional, rescata a Íngrid Betancourt y a otros 11 secuestrados. En ese tiempo monta también todo el aparataje para su segunda reelección lleno de vicios e ilegalidades. Uribe después de confesar las motivaciones y las acciones ordenadas le echa la culpa de las ilegalidades a los subalternos. Es su coartada. Refiriéndose al caso de la exdirectora del DAS dice: “Es víctima de subalternos que ejecutaban a su amaño las tareas y aceptaron violar la ley y acusar a su superiores para negociar sus penas”. ¿Los tribunales y la historia creerán esto? Columna de opinión publicada en Revista Semana

¡Retrocedimos! esa es la palabra para nombrar el ataque de las FARC en el Cauca y la muerte y las heridas a 31 soldados. Echó para atrás el desescalamiento del conflicto porque las FARC violaron el cese unilateral de hostilidades que habían decretado desde diciembre y Santos ordenó reanudar el bombardeo de campamentos y lugares de presencia de la guerrilla. El dolor por la muerte de los compañeros de filas dio más alas a los sectores inconformes en las Fuerzas Militares. El respaldo creciente de la opinión pública al proceso de paz sufrió un golpe. Y las fuerzas de oposición al proceso de paz que estaban a la defensiva volvieron a tener un espacio enorme para las críticas. Las FARC han dicho que se trató de una respuesta al asedio del Ejército en la zona y no de un plan ofensivo sobre los militares. La afirmación es cierta. Los mandos militares han reconocido que andaban en operaciones de búsqueda de guerrilleros en la zona desde hacía varias semanas y a la hora del ataque estaban en un momento de descanso. Pero aún con ese atenuante no deja de ser una violación a la tregua. Esta guerrilla había afrontado en otros lugares la presencia de las tropas oficiales eludiendo a toda costa el combate y esa era la conducta que debía seguir en el Cauca para cumplir los compromisos públicos que había adquirido. También las FARC dijeron, un momento de la conversación con directores de medios de comunicación, la pasada semana, en La Habana, que desde el inicio de la tregua han muerto 20 guerrilleros a manos de las Fuerzas Militares. Lo decían para señalar el sacrificio que significaba para ellos el cese unilateral del fuego. Pero los jefes guerrilleros saben desde siempre que esos son los riesgos que se corren en este tipo de treguas. Después de los hechos del Cauca se han oído diversas propuestas para reencauzar el proceso de paz. Muy pocos hablan ya de acabar con las conversaciones. Del lado del uribismo se dice que lo que procede es acordar la concentración de las FARC en un lugar mientras terminan las negociaciones. Del lado de la izquierda se pide un cese del fuego bilateral de inmediato. Y voceros del gobierno hablan de poner plazo a la firma del acuerdo y acelerar las conversaciones. Ninguna de estas cosas es posible sino se encuentran fórmulas para resolver las diferencias en tres temas fundamentales: el tipo de justicia para aplicar a los involucrados en el conflicto armado, el mecanismo para refrendar los acuerdos después de firmados y las garantías para la acción política de los movimientos que surjan de la paz. Esas son hasta el momento las preocupaciones principales en la Mesa de La Habana. Estos puntos tienen una relación estrecha y además están conectados con otros trascendentales como el cese del fuego, los protocolos para la dejación de las armas y la reintegración a la vida civil, lo mismo que la atención prioritaria a las víctimas con la verdad y la reparación. Nada de esto se puede discutir por aparte. Por eso han transcurrido muchos meses sin que aparezca un acuerdo puntual sobre temas de la agenda para comunicar a la opinión pública. La discusión se está haciendo en subcomisiones y equipos. Por ejemplo, del cese al fuego bilateral y de las características del desarme y la desmovilización se ocupan los militares activos junto a Carlos Antonio Lozada y Joaquín Gómez por parte de las FARC. Pero poco se puede avanzar en este campo si no hay un salto en los acuerdos de justicia. Hasta el momento las dos partes han sorteado los momentos difíciles con sensatez y paciencia. Quizás así suceda con el grave episodio del Cauca. Es muy probable que pasados unos días las aguas se calmen. Pero una racha de incidentes como este puede llevar a un retroceso mayor y el fantasma del Caguán siempre está ahí para asustarnos. Talvez la única manera de acelerar las conversaciones es escoger los tres puntos más sensibles y preocupantes, los que alientan una mayor diferencia, para encontrarles solución aceptable para las partes. En esto es muy importante una intervención directa del presidente Santos y de Timochenko. Se necesita un empujón político de las personas que tienen toda la capacidad de decisión. En el tema de justicia es crucial la Comisión de la Verdad que aparece en el texto que orientó la formación de la Comisión Histórica del Conflicto y las Víctimas. Esta institución ha sido clave en otros procesos de reconciliación. Dado que aparece como un mecanismo aceptado por las dos partes, la Mesa debería ocuparse inmediatamente de establecer su papel, su composición, su ámbito y su mandato. Columna de Opinión publicada en Revista Semana

Por: León Valencia Vino Fernando Vallejo, estuve con él en la Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz. Lo invitaron, porque, ¡cómo no invitar a uno de los mejores escritores del país! Les dijo, no voy, no creo en esa paz, lo de La Habana es una farsa. Venga diga eso, le dijeron, y vino y lo dijo. Ya saben, Vallejo tiene un desprecio enorme por los políticos, por los militares, por los de las FARC, por Santos y Uribe y Pastrana, por el papa y un verbo fácil para mostrar la oscuridad de todos, para descubrir las miserias de todos, y despierta emociones con sus palabras y arranca aplausos en el auditorio y también conatos de rechifla. Ya lo han dicho, convirtió la cantaleta de las mamás paisas en literatura y practica el arte con infamia, va desgranando una ofensa tras otra, tiene licencia para hacerlo, conoce la lengua como nadie, cada palabra rueda en la frase con ardor. Sinvergüenza le dijo a Santos, subió a la Presidencia predicando la guerra y se reinstaló en ella predicando la paz, y pensaba yo al lado: afortunadamente. ¡Qué tal que se hubiera empeñado en la derrota militar de las guerrillas! Ese es Vallejo, cosas que le parecen malas, a mí me parecen buenas. ¡Generales que van a La Habana! ¡Con qué derecho! Cuando son sus soldaditos, reclutados entre la gente pobre del pueblo, los que pagan el pato, mientras ustedes están mandando desde la seguridad de las oficinas de Bogotá, bañándose en la piscina del Club Militar y mamando a lo grande del presupuesto, dijo Vallejo, y allí su voz fue más enfática y más adolorida. Precisamente por eso, digo yo, de los generales, no solo tienen el derecho sino la obligación moral de ir a terminar esa guerra, tienen el deber de parar el desangre, no pueden seguir enviando a jóvenes campesinos a que mueran y maten a sus pares en la selvas de Colombia. Son ellos, además, los que tienen que asegurar que el desarme de las guerrillas sea transparente y total, y son ellos quienes tendrán que asumir la responsabilidad de proteger la vida de los guerrilleros que vengan a la vida civil y garantizar que puedan hacer política sin armas. Y vuelve a Santos. Hace cinco años, una semana antes de que lo eligieran, el manipulador de marionetas repetía como disco rayado que Álvaro Uribe era el más grande presidente de la historia de Colombia. No bien salió elegido y al más grande presidente de la historia de Colombia y su protector le dio su buena patada en el culo. Y digo yo: ¡qué bueno ese cambio de opinión! Dónde estuviéramos si Santos hubiese seguido en la línea de resolver a tiros nuestro conflicto y mantener una confrontación abierta con los vecinos del sur de América. Dónde… Si hubiese mantenido la política de perseguir a las cortes y a la izquierda y a los periodistas críticos. ¡Hay lealtades que matan! Y no faltó la pelea con Jesucristo, no podía faltar, por aquella frase ¡No les deis perlas a los cerdos! Sí se las doy, dijo, y a mis perros caviar. ¡Ah! Sus perros, su amor por los perros, la defensa de los perros ocupó parte de su discurso y otra vez se desató contra Antanas Mockus y Beatriz Londoño con la historia de que alguna vez ordenaron electrocutar a 400 perros en Engativá. Le he oído eso en varios discursos, como si fuera una afrenta personal. Alguna vez apareció en un escenario con una larga rastra de perros para hacer más patente la herida que le había dejado la acción de los políticos. Alguien del público le reclamó, a viva voz, soluciones para Colombia, y él volvió a decir: que no se reproduzcan. Porque así es Vallejo, piensa que el mal es la humanidad misma, que no hay redención posible para los hombres y pensaba yo, ahí, a su lado, oyendo la perorata: si es así, tampoco la hay para los perros, porque no hay perros sin hombres. Un animal que recorrió el largo camino de la selva inhóspita a los patios y las habitaciones de las casas no tiene cómo volver atrás. Le murmuré, sin la pretensión de que me tomara en cuenta, que a quienes teníamos hijos y nietos nos correspondía construir un mundo mejor para ellos y él, quizás, estaba obligado a imaginar un mundo mejor para sus perros. La manera no sé. Pero en todo caso la guerra no es buen ambiente para unos y para otros. También los perros sufren la orfandad, también lloran a sus amos, los he visto y no soy muy amigo de los perros. Columna publicada en Revista Semana

Por: León Valencia Hay una frase de Jorge Hernán Cárdenas, uno de los candidatos a la rectoría de la Universidad Nacional, que describe, con justificado dramatismo, lo que ocurrió en la elección del rector del principal centro académico del país: “Creo que hoy se perdió un momento histórico para la Universidad Nacional y lamento que el Consejo Superior Universitario no lo haya podido ver”. En realidad fue la ministra Gina Parody, a la cabeza de este consejo, quien no entendió la trascendencia que tendría la elección de un rector con nuevas ideas, con pasta de líder, con visión de país, en la universidad emblemática de Colombia. No supo aprovechar el ambiente de cambio que había entre estudiantes y profesores para darle un impulso decisivo a la educación superior en el país. No respetó la consulta más votada, la más discutida, en la historia de la universidad. Así no vamos a dar un salto en la educación, así Colombia no será nunca la más educada de América Latina, eslogan pomposo que nombra los retos educativos de Santos. No es con una hueca retórica de cambio y con una copia apresurada de indicadores de calidad del mundo desarrollado, como vamos a romper el atraso educativo del país. Es poniendo el oído en nuestra propia historia. Es aprovechando las oportunidades y los momentos para empujar las transformaciones. Es insistiendo en la formación profesional, doblando la inversión en educación pública y exigiéndoles a los privados rigurosos estándares de calidad. La Universidad Nacional está en el corazón de nuestra historia. Ha sido el sueño de las clases pobres y medias de Bogotá y las regiones. Ha sobrevivido a dos siglos de tormentas y aún hoy, en pleno auge de lo privado, concentra el 30 por ciento de la producción científica del país y tiene el mayor número de estudiantes y de profesores de alta graduación. ‘La Nacho’ es más que un lugar de formación, es una pasión. Pero ahora, cuando más la necesitamos para ponernos a tono con el ascenso del conocimiento en la región y en el mundo, cuando el país está cerca de terminar una larga guerra y soplan vientos de renovación social y política, la universidad emblemática no tiene capacidad para recibir siquiera una parte importante de más de 100.000 estudiantes que tocan año tras año sus puertas. Para ampliar una planta de profesores que hace mucho rato fue desbordada. Para reconstruir unas instalaciones que se están cayendo a pedazos en su sede central. Para acceder a los desarrollos tecnológicos que jalonan la educación en otros lugares del mundo. La Universidad Nacional está en una crisis pavorosa. Esa es la verdad dolorosa. Es lo que la ministra no entiende. Se necesita un rector con talante para defender la educación pública y reclamarle al Estado una inversión especial que permita resolver la crisis y darle sostenibilidad a la universidad. Un rector abierto a los avances del conocimiento en el mundo y dispuesto a enfrentar las exigencias de la paz y el posconflicto en el país. Un rector que sirva de aliado crítico de la ministra en su cruzada por darle un viraje a la educación del país. Fue tal su incomprensión que ni siquiera se detuvo a mirar las cifras de la consulta. Esta vez, en medio de dificultades tecnológicas para votar, sufragaron 23.293 entre estudiantes, profesores y egresados, que duplicaron el número de la anterior elección de rector. De ellos solo 2.438 votaron por Ignacio Mantilla, rector en ejercicio, y más de 20.000 por el resto de candidatos, destacándose Mario Hernández, por quien votaron 11.869 personas. Allí había una señal inequívoca de rechazo a la actual administración. Fue tal su incomprensión que después de la consulta citó a los candidatos a la rectoría para oírlos en sus propuestas y los dejó plantados para irse a un programa de variedades en la televisión de la mañana; fue tal su incomprensión que el día de la designación del rector, por parte del Consejo Superior Universitario, se fue a otro evento en Manizales. Así fue como la ministra decidió darle su respaldo a Mantilla para continuar en la rectoría, asegurando su reelección. Así fue como prefirió a una persona que tiene indudables méritos como profesor universitario, pero está muy lejos de ser un gran líder, con interlocución política, espíritu de cambio, talante independiente y ambición de futuro. Una persona capaz de enfrentar la crisis de la universidad y de liderar su transformación para convertirla en la cabeza de la renovación de la educación superior pública. Lo hizo muy mal la ministra en esta ocasión y es probable que siga actuando de esta manera en las elecciones que se avecinan en otras 28 universidades públicas, a no ser que cambie de actitud y oiga las voces que llegan desde afuera de su pequeño círculo de yuppies. Columna de Opinión publicada en Revista Semana

El presidente Santos estará este lunes en Madrid con el propósito de impulsar el fondo de cooperación internacional para el posconflicto. Pero aún no se ha abierto en el país el debate sobre esta etapa de la paz. Solo sabemos que su acento será territorial y conocemos que la va a liderar el general Óscar Naranjo en su condición de ministro consejero. Por otro lado, la intensidad de la confrontación armada se redujo de manera drástica en el 2014 según el informe reciente de la Fundación Paz y Reconciliación. Las acciones de las FARC disminuyeron en un 40 por ciento y, lo que es más impresionante, en comparación con 2013, hubo cerca de 14.000 víctimas menos entre muertos, heridos, secuestrados y desplazados. Son logros tangibles de las negociaciones de paz aún sin haberse firmado el acuerdo. Por eso es urgente empezar a discutir sobre lo que ocurrirá una vez se pacte el cese al fuego bilateral definitivo y se estampe la firma sobre los acuerdos de La Habana. Ya tenemos por cierto que los anteriores procesos de paz no significaron un verdadero salto hacia la reconciliación del país porque no llegaron al territorio, porque no se propusieron transformar las condiciones que habían propiciado la violencia en las regiones. Ocurrió entonces que en un primer momento cayó verticalmente la violencia pero al poco tiempo volvió a subir. Esta vez tiene que ser distinto, esta vez tenemos el reto de que la población de la Colombia profunda sienta que la paz cambia su vida y la violencia ceda definitivamente. No desdeñamos la dimensión nacional del posconflicto, pero creemos que la prioridad está en lo local. En el informe de la Fundación Paz y Reconciliación dibujamos también el mapa donde han estado las FARC y el ELN en los últimos 30 años. Son 281 municipios. Nos dimos a la tarea de clasificarlos con indicadores de presencia de economías ilegales, pobreza, ausencia de Estado y limitaciones en sus vías de comunicación. Queríamos saber cuántos y cuáles municipios tenían un riesgo extremo, o un riesgo alto, o un riesgo medio, de caer en nuevas violencias después de la desmovilización y el desarme de las guerrillas. Queríamos indagar por las tareas que a corto, mediano y largo plazo tiene el Estado en esos lugares. El panorama no es muy alentador. 87 municipios están en riesgo extremo, 85 en alto y 104 en medio. Sobre todos, sin duda, hay que trazar un plan de posconflicto que abarque por lo menos diez años. Pero, en los primeros 12 meses, después de la firma de los acuerdos, hay que concentrar la acción en los de riesgo extremo y riesgo alto. Es lo que algunos llaman plan de choque y nosotros preferimos llamar victorias tempranas de la paz. Para esto hay que contar también con los resultados de las elecciones locales. En la segunda vuelta presidencial Santos ganó en 182 de estos municipios y Zuluaga en 99. Si la victoria de Uribe en estos territorios crece será aún más difícil aplicar los acuerdos de paz. Las tareas son variadas y complejas. La gente debe saborear de inmediato algunos frutos de la paz. Unas horas más de luz eléctrica en su vereda, una vía de comunicación anhelada por años, una escuela, un hospital. También debe vislumbrar que, donde predominaban los negocios ilegales de las drogas, las minerías y el contrabando, surjan emprendimientos legales y alternativas económicas para mejorar la vida de las comunidades. Una cosa dura en esos territorios será la conquista del monopolio de las armas por parte del Estado, el freno a las múltiples ilegalidades, la tramitación de conflictos sociales y la aplicación de justicia. Para nadie es un secreto que las guerrillas por mano propia o a través de las acciones comunales o de otras organizaciones sociales ha realizado estas labores durante años en las zonas rurales de estos municipios. Ahora le corresponde al ministro Naranjo construir con las comunidades y con las propias guerrillas desmovilizadas y desarmadas formas oportunas de resolución de los conflictos, de seguridad y de freno a las violencias y a las ilegalidades desde una perspectiva democrática. Tanto para aplicar el plan de choque como para gestionar el posconflicto se necesita una institucionalidad de transición, no es posible hacer la tarea a través de los mecanismos ordinarios de contratación y de gestión. En esto ya tenemos ejemplos propios como el Plan Nacional de Rehabilitación aplicado hace 28 años y múltiples experiencias internacionales. Las tres condiciones esenciales de la institucionalidad transitoria tienen que ser: alta gerencia, transparencia y participación activa y decisoria de las comunidades locales. Más allá del dinero, la comunidad internacional tiene que contribuir con su experiencia a forjar un modelo de posconflicto para Colombia. Columna de Opinión publicada en Revista Semana

Foto: Archivo el Tiempo La intensidad del conflicto armado en el país tuvo el año pasado una notoria disminución en relación con 2013. Así lo señala un informe de Paz y Reconciliación según el cual ha habido reducción de combates, muertos, heridos, secuestrados, desplazamientos forzados y ataques a la población civil. Sin embargo, según el estudio, lo que sí aumentaron el año pasado fueron los ataques a bienes particulares y a la infraestructura energética del país. Según León Valencia, director de Paz y Reconciliación, tras revisar las cifras del conflicto del año pasado se pudieron establecer cinco conclusiones básicas. (Vea el gráfico: El conflicto se redujo en el 2014) La primera es que hubo una reducción cercana al 40 por ciento en la intensidad de la confrontación en comparación con el 2013. Esto, a juicio del estudio, se debió a varias razones y una de ellas es que las Farc declararon varios ceses unilaterales del fuego, que en total cubrieron 56 días. “Otro factor que explica la reducción es que las Farc se han dedicado, desde finales del año 2013, al trabajo político, a reconstruir su base social y, en general, a preparase para el posconflicto. Incluso, se podría decir que las Farc han comenzado a pensar en la opinión pública y ahora sus acciones armadas son calculadas no únicamente desde el punto de vista militar”, dice el informe. Otra conclusión es que a pesar de que el 2014 fue un año electoral, también fue uno de los más pacíficos, pues la guerrilla no utilizó su vieja estrategia de afectar el proceso electoral. Las Farc cumplieron –reza el informe– en un 98 por ciento las treguas unilaterales, pues en las 5 que hizo en el año solo se cometieron 2 violaciones a las mismas, lo que, a juicio de los realizadores del estudio, “comprueba que existe mando y control de la comandancia” de este grupo. La cuarta conclusión señala que si bien las Fuerzas Militares mantuvieron su accionar, en varias regiones se presentaron reducciones significativas en la operatividad, pero a renglón seguido establece que esto no se puede considerar como una desmoralización de la Fuerza Pública, sino que más bien obedece a un proceso de “desescalamiento” del conflicto armado. El estudio considera que existe una alta coincidencia entre el ritmo de la confrontación militar y el de la mesa de negociación y que cuando las negociaciones fluyen, las Farc disminuyen la intensidad de su accionar armado. “Las acciones armadas se han convertido en un mecanismo de presión que ejercen las Farc sobre el ritmo de la negociación”, señaló el reporte de Paz y Reconciliación. Valencia aseguró que su estudio muestra que hubo una notoria disminución en el accionar bélico de las Farc el año pasado, lo que, según sus cuentas, implicó 1.000 muertos y heridos menos entre los combatientes de esa guerrilla y de la Fuerza Pública. “Creo que el 2014 fue el primer sorbo de la paz”, aseguró León Valencia. Sin embargo, el reporte de todas maneras señala que “al analizar la actividad militar de las Farc es notorio cómo se han privilegiado los hostigamientos, ataques a la infraestructura petrolera y energética y en general acciones que involucran pequeños contingentes guerrilleros, mientras que acciones de combate siguen en una reducción importante”. Sobre la guerrilla del Eln la indagación de Paz y Reconciliación mostró que este grupo incrementó de manera significativa su accionar bélico durante el año anterior, preciso cuando el Gobierno decidió iniciar exploraciones de paz con sus líderes. Nota publicada en www.eltiempo.com

El expresidente Cesar Gaviria Trujillo presento al país la idea de que en el momento en que se aplique un régimen de Justicia Transicional, luego de una eventual firma de la paz entre el gobierno nacional y las Farc,  se tenga en cuenta no solamente a los jefes de las Farc y a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, sino también al grueso de la sociedad civil, que de una u otra manera han participado de la guerra en Colombia. “Han surgido inquietudes sobre la necesidad de que la justicia transicional también cubra a los sectores no combatientes de las distintas ramas de la sociedad que de alguna manera fueron financiadores, auxiliadores o pactaron compromisos con grupos paramilitares o guerrilleros por beneficios electorales o por simple intimidación y con el fin de adelantar su tarea proselitista. Ellos no han tenido acceso a ninguna de las disposiciones de la ley de Justicia y Paz, creo que por imprevisión tanto del Ejecutivo como del Legislativo”, dijo el expresidente en un extenso artículo en el diario El Tiempo el pasado 15 de febrero, haciendo énfasis en que no se pueden abrir procesos judiciales por doquier, que necesariamente irían por la vía de la justicia ordinaria,   porque según el exmandatario, esto daría al traste con la paz que se logre firmar. En la misma dirección se ha pronunciado  el director de la Fundación Paz y Reconciliación León Valencia,  quien ha dicho  en distintas ocasiones que  no se debería afrontar el tema de la verdad con implicaciones judiciales,  porque sería un gran sacrificio para las Fuerzas Militares, sino asumirlas como una verdad política tanto para militares, guerrilleros, políticos y empresarios involucrados en el conflicto. León Valencia ha señalado en distintos foros y seminarios donde se ha tratado el tema, que “actualmente existen 4 mil militares presos en el país bajo el riesgo de que los beneficios jurídicos se conviertan en una Picota pública para los militares. Este un miedo grande frente a la justicia transicional”. En este orden de ideas León Valencia coincide con el expresidente Cesar Gaviria, cuando este asegura que “No podemos,  si de veras queremos poner fin al conflicto, elevar responsabilidades penales por cada denuncia que los no combatientes hagan frente a la Comisión de la Verdad. Ello impediría y dificultaría llegar a la verdad. Allí no llegaremos si a ella no acuden los no combatientes libres de temor.” El expresidente Cesar Gaviria al igual que lo ha hecho León Valencia, va un poco más allá asegurando que, Si a los jefes paramilitares, incursos en gravísimos delitos de lesa humanidad, se les ha tratado con normas laxas, es apenas justo que también los no combatientes reciban indulto a cambio de su reconocimiento de los delitos cometidos, de su solicitud de perdón y de su voluntad de reparar a las víctimas. En efecto, si la parapolítica por ejemplo, que se trató por vía de la Justicia Ordinaria, a pesar de que fue un proceso que surgió  como consecuencia de las declaraciones del Proceso de Justicia y Paz, se hubiese llevado dentro de los lineamientos de la Justicia Transicional, muchos de los hechos que hoy por hoy no se conocen y que por tanto no se han podido cerrar judicialmente, ya hubiesen surtido su debido trámite y no estaríamos abocados a que luego de que se cierre un caso y el político juzgado se encuentra  a punto de salir de la cárcel, las confesiones que se lleven a cabo luego de su primer juzgamiento, den paso a una segunda y una tercera investigación en su contra. Vemos entonces que el definir quienes entren a formar parte de un proceso de Justicia Transicional en Colombia, va a ser un tema de largo debate, en el que se espera que las decisiones finales, aunque no dejen contentos a todos, sea la mejor en aras de lograr una paz sostenible en todo el territorio.

Mi sorpresa fue enorme. El expresidente Gaviria se atrevió a decir que los beneficios de la justicia transicional se debían aplicar a todos los involucrados en el conflicto y de inmediato Santos, el fiscal general, las FARC, sectores del uribismo, el general Jaime Ruiz Barrera, notables juristas y miembros de organizaciones de derechos humanos, salieron a respaldar la idea. Gaviria mencionó en su propuesta a los miembros de la fuerza pública, a los guerrilleros, a líderes políticos, empresarios y miembros de la Rama Judicial que auspiciaron el paramilitarismo. Eso nunca había ocurrido. Era un tema polémico a morir. Siempre que alguien mencionaba el asunto le llovían objeciones. Desde la derecha o desde la izquierda se prendían las alarmas contra la impunidad. Unos, para hacer énfasis en el castigo implacable a los insurgentes y para salvar responsabilidades de los miembros del Estado y los empresarios; otros, para insistir en el carácter especial de la rebelión y el delito político y hacer hincapié en el castigo a los funcionarios públicos y a los miembros de las elites políticas y empresariales. ¿A qué se debe el cambio? Creo que la idea de la reconciliación nacional ha tomado fuerza. Creo que el país ha empezado a comprender que en 50 años se presentaron dos fenómenos concomitantes. Se gestó una rebelión armada que le ha disparado desde afuera a la democracia y, al mismo tiempo, una legión numerosa de líderes políticos, funcionarios del Estado y empresarios empezaron a dispararle desde adentro a la democracia en escandalosas alianzas con fuerzas ilegales. Ahora se empieza a comprender que una verdadera paz implica una doble reconciliación: de las guerrillas con el Estado, y de las elites políticas y empresariales –que han utilizado la violencia y la ilegalidad– con la democracia. Es así de apasionante y de histórico el momento. ¡Bienvenidos todos a la justicia transicional! La tarea es monumental. Solo miremos los procesos en curso susceptibles de incluir en este marco. De la guerrilla hay 22.000 expedientes abiertos por rebelión y 2.020 presos en 138 cárceles; los paramilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz fueron 4.346, y solo una parte menor ha recibido sentencias y beneficios; de la parapolítica y los empresarios hay, al decir del fiscal, más de 12.000 procesos; entre tanto, 61 parlamentarios y varios centenares de políticos regionales han recibido condenas; de los miembros de la fuerza pública hay 14.000 procesos y cerca de 4.000 presos. Todos los números se agrandarán a medida que el proceso de paz avance y se clarifique el tamaño de las guerrillas y de las fuerzas regulares e irregulares involucradas. Ubicados en este universo enorme estamos obligados a examinar el carácter de la justicia transicional. Se diferencia de la matriz de la justicia moderna y también de lo que fueron los indultos y las amnistías de los anteriores procesos de paz. En la modernidad la justicia se apegó a unos principios básicos: prevalencia de lo jurídico sobre lo político, vocación de permanencia, justicia igual para todos, castigo proporcional a la falta. Sonará extraño, pero la justicia transicional contradice estos preceptos. En ella prevalece lo político, porque nace de un pacto entre fuerzas enfrentadas; tiene vocación transitoria; se aplica para un segmento de la población; hace diferencias entre los implicados fijando su atención en los máximos responsables; implica beneficios que van hasta penas alternativas distintas a cárcel; pero, implica también la decisión de acudir a los tribunales y comprometerse de manera solemne con la verdad, la reparación y la no repetición, lo cual la aparta de las amnistías y los indultos generales e incondicionales. Gaviria, en la presentación de la propuesta, ha hecho énfasis en los beneficios y solo ha tocado de lado las obligaciones con las víctimas. Quizás esto ha generado un ambiente favorable entre los sectores implicados en el conflicto y ha puesto en alerta a las víctimas. Pero en la medida en que avancen la reflexión y el debate se verá que una aplicación cabal de la justicia transicional obligará concesiones tan dolorosas como necesarias para todas las partes. Pienso en la fuerza pública. Estuve el fin de semana pasado en Popayán con los oficiales de la Tercera División y de la Fuerza de Tarea y el lunes con los coroneles del curso de ascenso a generales –Caem– y pude oír y sentir la preocupación que tienen sobre su situación en las batallas jurídicas que se avecinan. Les dije que ellos tenían todas las condiciones para acudir con la máxima dignidad a la justicia transicional porque, en una larga guerra irregular, era imposible que no cometieran delitos en relación con el conflicto, pero también era impensable que la sociedad, las víctimas y la contraparte no comprendieran su sacrificio y su compromiso con el país. Columna publicada en Revista Semana

Foto tomada de www.terra.com.co El lunes apareció un trino en el que Tomás Uribe Moreno decía que León Valencia, a nombre de Arco Iris, había firmado con la Oficina del Alto Comisionado, en 2014, tres contratos por un valor de 1.600 millones de pesos para promover los acercamientos de paz con el ELN. Me acusaron de columnista vendido al gobierno y a Santos de comprar las conciencias de los formadores de opinión. Me apresuré a aclarar que desde hacía dos años no trabajaba en esa organización, que ahora era el director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Que no tenía nada que ver con esos contratos. No hubo ninguna rectificación de la mentira. Al contrario, el papá de Tomás y los uribistas multiplicaron por miles los trinos y los medios de comunicación los reprodujeron. La batería mayor iba contra Antanas Mockus, quien está haciendo un llamamiento al país para que salga a marchar por la vida el 8 de marzo. Le sacaron a relucir un convenio que Corpovisionarios, la organización no gubernamental fundada por Mockus, había hecho con el gobierno nacional para impulsar la movilización social y la cultura de paz. También Mockus aclaró que la iniciativa de la marcha no tenía que ver con ese contrato. Hace tres meses me habían acusado de lo contrario recurriendo a otra mentira. El columnista de Semana.com, Juan Diego Restrepo, haciéndole un mandado a un funcionario público, escribió que no tenía autoridad moral para criticar al gobierno en la restitución de tierras porque había recibido dineros de una demanda ganada por un grupo de víctimas en Antioquia. No había recibido un solo peso, pero Restrepo no se ocupó de rectificar la mentira y la versión siguió circulando. Pero estas acusaciones falsas me han hecho pensar sobre mi papel de investigador en temas duros del país a través de Pares y de formador de opinión como columnista, director de un espacio en Canal Capital y panelista ocasional en programas de radio y televisión. ¿Puedo persistir en una posición crítica y a la vez dirigir una fundación que adelanta convenios con gobiernos o con empresas privadas o está dispuesta a realizarlos? ¿En qué consiste la independencia y la libertad? ¿Qué es ilegal? ¿Qué contraviene la ética? ¿Qué es indebido? Tengo la obligación moral de responder a estas preguntas. No soy capaz de seguir escribiendo sobre temas de coyuntura sin antes aclarar estas dudas, sin disipar estos dilemas éticos. Les pido a mis lectores que me disculpen. Me puse a mirar lo que he hecho en los últimos 20 años después de que me vine a la vida civil y empecé a participar en los debates del país. En Arco Iris, en el gobierno de Álvaro Uribe, de la mano del ministro del Interior Fernando Londoño Hoyos y como parte de los acuerdos de paz, recibimos un gran aporte en dinero para sostener la fundación. En esos tiempos iniciamos la investigación sobre las relaciones entre los políticos y los paramilitares y produjimos el libro de la parapolítica. El escándalo ha llevado a condenas judiciales a 61 parlamentarios, la gran mayoría de ellos pertenecientes a la coalición de gobierno de Uribe. Un día, al inicio de ese debate, Uribe me reclamó por obviar su deferencia y meterme a denunciar a sus amigos, le respondí que mi deber era dar cuenta pública de la investigación adelantada afectara a uno o a otro actor político. En 2011 convinimos con el Ministerio del Interior, en cabeza de Germán Vargas Lleras, que les haríamos seguimiento a las elecciones locales para mirar relaciones de candidatos con fuerzas ilegales. Lo hicimos con una financiación mixta del gobierno y de la cooperación internacional. La investigación afectó a un número importante de candidatos afines al gobierno de Santos y algunos de ellos fueron luego destituidos o encarcelados. El malestar de los jefes de los partidos de la Unidad Nacional fue enorme y así se lo hicieron saber a Santos. También el procurador Ordóñez criticó duramente la transferencia de dineros públicos a la fundación para adelantar este tipo de indagaciones y desestimó los resultados. Acudo a un ejemplo con la empresa privada. Los directivos de AngloGold Ashanti acudieron a Pares para que realizara una investigación sobre la actitud de las comunidades y los gobiernos locales frente a posibles explotaciones mineras en los departamentos de Chocó, Nariño y Cauca. Les hablamos de nuestra irreductible independencia y fueron totalmente respetuosos de la actitud y de los resultados. Como ven nunca he declinado la independencia y la crítica en los convenios con gobiernos o con la empresa privada y creo que ningún gobierno debería exigirles subordinación a la academia o al periodismo por aplicar legítimamente a la financiación estatal. Columna de opinión publicada en Revista Semana