Foto: El Espectador Concuerdo con el Centro Democrático: es muy grave que su candidato presidencial, el hijo y el principal asesor de la campaña hayan sido llamados a interrogatorio para que expliquen sus relaciones con el hacker Andrés Sepúlveda. Es grave para ese partido y es fuerte, muy fuerte, para el país. Pero les pido a los lectores que dediquen unos minutos a pensar sobre el hecho. Sepúlveda ha confesado ante la Fiscalía que cometió varios delitos y ha dicho que los llevó a cabo por encargo de esas tres personas. Recibirá diez años de cárcel por su confesión. Los implicados han declarado una y otra vez ante los medios de comunicación que Sepúlveda es un agente del presidente Juan Manuel Santos, infiltrado en las filas del Centro Democrático para hacer un montaje y comprometer al partido de oposición en una trama delictiva. La Fiscalía llama entonces a los señalados para que expliquen la situación, deshagan las acusaciones del hacker y demuestren que se trató de una conspiración urdida por sus rivales políticos. Les pregunto: ¿tenía otra opción la Fiscalía? Yo no veo otra. Tanto si es verdad lo dicho por el hacker, como si resulta cierto lo afirmado por los líderes del Centro Democrático, estamos ante un duro golpe a las reglas democráticas. Por mucho menos se cayó el presidente Nixon. Por mucho menos se hundió en el desprestigio Helmut Kohl, el gran líder de la Alemania de la posguerra fría. Me dirán que no hay punto de comparación, que esas son grandes democracias. Pero si queremos forjar un nuevo país y afianzar una democracia decente no nos queda más remedio que aclarar cada cosa turbia que ocurra en la competencia política. Esta fue de marca mayor. Ocurrió en una campaña presidencial y fue uno de los ingredientes que decidió el ganador de la contienda. No entiendo por qué algunos líderes de opinión de gran prestigio abogan por echarle tierra al asunto con el argumento de que Sepúlveda es un bufón, o con la idea de que se trató de un hecho más de guerra sucia entre campañas políticas exagerado por un fiscal general parcializado en contra del uribismo. Limpiar la democracia de este tipo de acciones es igual o más importante que los acuerdos de paz con las guerrillas para superar la violencia, que aqueja al país desde los años cuarenta del siglo pasado. El país entero debería mostrarse muy decepcionado si al final de este proceso judicial no se aclara nada. Si el fiscal se arredra ante el linchamiento mediático que se gestó esta semana cuando anunció la medida en una entrevista a la W Radio. Los tres líderes del Centro Democrático comprometidos en los hechos, siguiendo la estrategia de otros militantes de esa colectividad acusados de delitos, han empezado a huir del país. Ya David Zuluaga se había ido a proseguir sus estudios en una universidad de Estados Unidos y en días recientes salió Luis Alfonso Hoyos con rumbo desconocido. También la primera reacción de Óscar Iván fue insinuar que por falta de garantías podría tomar el camino hacia el exterior, rectificó pronto, pero no es descartable que si las cosas se complican vuelva a la idea. Es algo que no cabe en mi cabeza. Personas del Establecimiento, que han proclamado siempre el respeto al Estado de derecho, que han ostentado las más altas dignidades de la vida pública, deciden eludir la Justicia, y buena parte de la dirigencia del país, de manera abierta o subrepticia, justifica su actitud. En alguna discusión un líder político me dijo, a modo de réplica a mi perplejidad, que era lo mismo que había hecho la izquierda en los últimos treinta años: tomar el rumbo del exilio. No tiene ni un pelo de parecido. A los líderes de izquierda sospechosos de tratos con las guerrillas o de alguna acción ilícita excepcionalmente los llevaban a la cárcel, y cuando lo hacían debían primero afrontar torturas y vejámenes ante interrogadores desalmados. Lo más corriente era que los asesinaran –más de 3.000– a sangre fría en alguna calle o en algún paraje rural. Una parte de ellos, para escapar a la arbitrariedad y a la muerte, se fue al exilio en condiciones dolorosas y precarias. En cambio a los vinculados a la parapolítica o los uribistas acusados de actos de corrupción o de relaciones con delincuentes, los citan públicamente a las diligencias, tienen los mejores abogados del país que dan la batalla ante la Fiscalía para lograr que un tercero, es decir, un juez, los exonere; reciben el apoyo de importantes medios de comunicación; y cuando se marchan ni por asomo sufren lo que han sufrido la mayoría de los exiliados de la izquierda. Columna publicada en Revista Semana

Foto Presidencia de la República Santos es hábil, bastante hábil, pero además ha tenido una suerte inmensa. En el año que termina ha confirmado su gran suerte. Cuando el fantasma de la derrota electoral se aproximaba llegó la izquierda para salvarlo. Algo extraordinario había ocurrido también en su primera elección. Noemí Sanín se le atravesó en el camino de Andrés Felipe Arias y le ganó la consulta en el Partido Conservador, lo cual obligó a Uribe a poner todos los huevos en el canasto de Santos. Así se ha cuajado una extraña situación. Un presidente que llega a su primer mandato de la mano de la derecha más dura y a su segundo mandato mediante el empujón decisivo de la izquierda. La suerte económica no ha sido menor. Justo en el momento en el que se desplomaron los precios del petróleo, el valor del café dio un salto, la producción del grano aumentó significativamente y el precio del dólar se trepó. Los rendimientos derivados de esa nueva situación del café no compensan del todo lo que deja de entrar con la baja en el petróleo, pero son un alivio muy importante. Es probable que el gobierno no les tenga que girar a los cafeteros cerca de un billón de pesos en subsidios. A esto se agrega el impacto que tendrá en el mercado interno una mejoría importante en los ingresos de 350.000 familias que dependen del café a lo largo y ancho del territorio nacional. Ahora bien, la suerte mayor de Santos está en el campo de las negociaciones de paz. Este año se ha confirmado la hipótesis de que las Farc habían llegado a La Habana con la firme decisión de firmar un acuerdo para la terminación del conflicto armado. La prueba más importante no son sus declaraciones, aunque han dicho, en varias oportunidades, que la paz es irreversible, o que no se pararán de la Mesa hasta firmar un acuerdo. Lo más significativo ha estado en sus actitudes. La realidad es que las Farc han disminuido sus acciones en más de un 50 por ciento con respecto a las realizadas en el 2013. Lo han hecho por voluntad propia, decretando varias treguas unilaterales. La más importante de todas, la realizada entre la primera y la segunda vuelta electoral cuando frenaron en seco el plan militar que tenían para conmemorar los 50 años de su nacimiento. Fue también en ese mes escaso cuando firmaron varios acuerdos y anunciaron el inicio de la discusión sobre el cese definitivo de las hostilidades y los protocolos para el desarme. Otro hubiese sido el desenlace político si arrecian las acciones y paralizan la mesa en medio de la reñida contienda entre Santos y Zuluaga. Los duros golpes que recibieron las Farc en los últimos años y la pérdida de la ilusión del triunfo militar son la explicación más corriente para la decisión de firmar la paz. Pero hay otra. Quienes están ahora a la cabeza de esta guerrilla en sus expresiones militares o sociales son una camada que se formó en la Juventud Comunista y que está ansiosa de volver a la política. También Santos llegó en el momento de ese relevo generacional. Pero, para el año 2015, Santos está obligado a tener algo más que suerte y habilidad. Si su meta es firmar el acuerdo, ir a la refrendación y sellar el proceso con un triunfo contundente en las elecciones locales, tendrá que mostrar un verdadero talante reformista que asegure el cumplimiento de los acuerdos con la guerrilla y ofrezca reales oportunidades para el protagonismo político y social de la izquierda. Tendrá que ganar a las Fuerzas Militares y de Policía para el proceso de paz, respondiendo a los miedos y a las angustias que las acechan, asegurando un lugar digno para ellas en el posconflicto y aislando a los sectores que han intentado e intentarán sabotear los esfuerzos de reconciliación. Tendrá que salir con todo el equipo negociador y con sus aliados políticos a convencer a una opinión pública escéptica, desconfiada y llena de resentimientos con la guerrilla. Ni una de estas cosas será fácil. Para adelantar las reformas chocará con sectores empresariales que poco entienden la necesidad y la urgencia de abrir puertas a la inclusión y a medidas elementales de justicia social. Para convencer a los militares y a la opinión pública chocará con una oposición de derechas que de manera inteligente y astuta ha enarbolado la exigencia de cárcel y de inhabilidad política para los jefes guerrilleros, sabiendo que con esas condiciones tocan fibras sensibles de la ciudadanía y pueden hacer imposible la firma del acuerdo de paz. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto de Presidencia de Colombia La cifra es dura. En los primeros 100 días de su segundo mandato el presidente Santos tiene un 56 por ciento de imagen desfavorable y apenas un 40 por ciento de imagen favorable. El único consuelo es que su principal opositor, el senador Uribe, tiene un desfavorable de 50 por ciento y un favorable de 41por ciento.  La aceptación y el desprestigio están muy parejos. Los datos son de la encuesta de Ipsos Napoleón Franco realizada entre el 7 y el 10 de noviembre. El contraste con los 100 días del primer mandato es enorme. En aquellos meses de 2010 Santos y Uribe estaban por encima del 70 por ciento en favorabilidad. Me atrevo a darles una explicación a la caída en las encuestas y al empate negativo que tienen ahora. Santos no ha logrado imponer una nueva agenda para el país, pero a Uribe se le ha desgastado bastante la vieja agenda. Santos hizo un gran esfuerzo en su primer mandato para convertir la paz y la prosperidad en un propósito nacional.  No pudo. Ahí estaba Uribe para decirle día tras día al país que lo más importante era la seguridad, que la tarea principal seguía siendo derrotar a las guerrillas. La paradoja es que a Uribe también lo ha perjudicado la insistencia en la seguridad. Sectores importantes de la opinión empezaron a pensar que quizá no era tan eficaz el camino escogido por Uribe para poner fin al conflicto ya que después de sus  ocho años de gobierno las guerrillas seguían vivas y los paramilitares habían mutado en bandas criminales con un potencial delictivo no muy lejano al que tuvieron los paras. Santos decidió entonces iniciar su segundo mandato con un mensaje distinto.  Radicalizó el discurso de la paz y lo vinculó a la educación y a la equidad. Fue una fuga hacia adelante. Quiso marcar una diferencia mayor con la seguridad, la confianza inversionista y la cohesión social que fueron los pilares de Uribe. Dejó a un lado la palabra prosperidad que arrastraba un halo de confianza inversionista y se la jugó a hablarles a las clases medias y a los sectores populares con la ilusión de la paz y con la promesa de un salto en la educación y en la equidad. Es un caso extraño en política. Porque, si las palabras tienen un valor verdadero, si el anuncio es sincero, quiere decir que el presidente en ejercicio ofreció más ruptura que continuidad. ¿Podrá Santos convertir estas tres palabras en un propósito nacional? ¿Podrá desplazar definitivamente la agenda de seguridad o convencer a la opinión de que la palabra paz puede ser el mejor sinónimo de seguridad? La percepción de la ciudadanía en estos primeros 100 días no va en esa dirección. El 67 por ciento de los encuestados considera que Juan Manuel Santos no está cumpliendo con lo prometido y el 80 por ciento no aprueba su gestión en seguridad. Solo aumenta un poco la confianza en las negociaciones de paz. El tiempo que ha transcurrido es corto y el proyecto es muy ambicioso y difícil de llevar a la práctica. Por eso no se puede hacer un juicio definitivo. Para llegar a la firma de la paz falta quizás el trayecto más difícil. Se trata de ganar a la opinión pública y a las Fuerzas Armadas para poner en marcha una justicia transicional con verdad, reparación y penas alternativas distintas a la cárcel, a la extradición y a la imposibilidad de hacerse elegir a cargos de representación política. Pero se trata igualmente de convencer a las guerrillas de disminuir sensiblemente la confrontación e iniciar el tránsito rápido hacia el cese definitivo de las hostilidades. Esto en medio de la oposición feroz del uribismo. No es menos difícil empezar a tomar decisiones que anuncien un serio viraje en la educación y en la lucha por la equidad social. El programa de 10.000 becas en las mejores universidades para los estudiantes pobres con las más altas calificaciones es un buen paliativo. Pero a la fecha no se ha definido una gran modificación en el presupuesto de educación y una propuesta integral de reforma al aparato educativo. Tampoco hay nuevas decisiones en otros asuntos clave para romper las brechas sociales. No hay audacias en seguridad social, en régimen salarial y en la estructura tributaria. Las propuestas para el campo están atadas al inicio del posconflicto. Y todo esto entraña un enorme forcejeo con las clases altas del país que quizá Santos no está dispuesto a afrontar. Solo están las tres palabras de esperanza y por lo visto la ciudadanía esperaba más realidades en los primeros 100 días. Santos tendrá que entender que no puede llegar a la refrendación de los acuerdos y a las elecciones locales en esta situación. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto tomada de Internet Cada vez que voy a Berlín dedico una tarde entera a visitar el Muro. La última vez fue en el verano de 2013. Había tenido que salir de Colombia porque el director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, descubrió que había un plan para atentar contra mi vida y las de Ariel Ávila, Claudia López y Gonzalo Guillén en Bogotá. El grupo que haría el atentado venía de La Guajira. Estuve cerca de dos meses deambulando por Europa a la espera de que las autoridades pudieran identificar a quienes promovían el atentado y contener las acciones. A principios de junio llegué a Berlín y fui a cumplir con el ritual. Me planté ante la imagen en la que Brézhnev la da un beso apasionado a Honecker. Después recorrí los 1.326 metros de ese fragmento del Muro conocido como East Side Galley. Otra vez vi uno por uno los 103 dibujos que evocan ese momento definitivo de la historia contemporánea. Voy para recordar que gente sin armas, sin derramar una gota de sangre, cambió el mundo. Voy para hacer memoria de lo que viví en el interior del ELN en los días en que cayó el Muro. Voy para no olvidar que la guerrilla colombiana perdió una oportunidad de oro para cambiar su historia. Recorro con indecible pesadumbre los bordes del Muro. La caída del Muro corrió pareja con el segundo congreso del ELN. La dirección de esta guerrilla que había percibido las señales de cambio en la Unión Soviética con la llegada de Gorbachov, que en las discusiones internas reconocía la crisis irreparable del mundo comunista, no tuvo la audacia y el arrojo para hacer el viraje en ese evento, no fue capaz de dar el paso hacia la paz, no se aventuró a buscar nuevas ideas para continuar por la vía democrática y la lucha por los valores de dignidad, de justicia y de equidad que había anunciado el padre Camilo Torres Restrepo en los años sesenta. No faltaron luces para advertir lo que vendría después. El cura Manuel Pérez Martínez, comandante general, y los demás miembros del comando central, entendían que el mundo estaba cambiando de manera radical. Eso fue lo que me animó a presentar una propuesta de paz en los días previos al congreso. Me dijeron que había muchas cosas razonables en el documento, pero me advirtieron que los militantes y combatientes del ELN no estaban preparados para asumir este reto. Insistí en presentar esta discusión a la dirección nacional en pleno y al congreso. Me permitieron hacerlo a pesar de que el reglamento impedía que saliera al debate interno una posición que no tuviera consenso en el comando central. La discusión fue apasionada e interesante, pero al final primó la posición de Manuel Pérez. De 102 delegados solo 32 votaron a favor de acompañar los esfuerzos de negociación y paz que ya estaban adelantando el M-19 y otras guerrillas. El ELN prefirió continuar en la acción armada al lado de las Farc. Así empezó mi salida de la guerrilla. Fueron momentos de soledad infinita. Momentos en los que se derrumbaron los sueños puros de mi juventud. Pero también fueron momentos de liberación espiritual. Ojalá las Farc y el ELN no pierdan la nueva oportunidad que tienen de negociar la paz. Nota: En 1996 apoyé a 12 compañeros de reinserción que querían obtener y trabajar una tierra en el suroeste de Antioquia. El acuerdo de paz decía que podíamos apelar al cumplimiento de la Ley 160 de tierras. Así lo hicimos. Constituimos la Sociedad Agropecuaria Horizontes Limitada y buscamos un crédito con la Caja Agraria para desarrollar el proyecto productivo. En enero de 2000 un grupo de militares del Batallón Juan del Corral secuestró y asesinó a José Evelio Gallo y a Uberney Giraldo. Los desplazaron a todos. Dos familias se fueron al exilio. En 2006 recuperaron la finca, pero los atacaron de nuevo y los desplazaron. Ha sido una gran infamia. Los militares fueron condenados y diez de las familias demandaron por daños morales al Estado. En audiencia de conciliación obtuvieron una compensación. Ahora cursa una demanda colectiva por daños económicos y otra de restitución del predio. Desde el principio he puesto mi nombre para apoyarles, pero no recibí un solo peso de la finca cuando la estaban explotando, ni utilicé mi derecho a demandar por daños y perjuicios. No recibiré un solo peso si al final ganamos las nuevas y justas demandas. Pero ahora la Unidad de Restitución de Tierras a través de Juan Diego Restrepo, columnista de Semana.com y editor de Verdad Abierta, quiere callar mis críticas bien documentadas a la aplicación de la Ley de Restitución acudiendo a la mentira. No me callarán. No cederé ante su nueva infamia. Columna de opinión publicada en Semana.com

Mi columna del 24 de marzo fue un llamado de atención al presidente Santos sobre los graves errores que se están cometiendo en la restitución de tierras. El presidente respondió, en un acto de campaña con las víctimas, en Cali, el 3 de abril, que “había cuellos de botella o funcionarios que no estaban haciendo lo que deberían hacer”. A renglón seguido anunció cambios importantes en la implementación de la Ley 1448. Era un mensaje claro. Tuve la esperanza de que muy pronto habría un relanzamiento de la política de restitución de tierras, pero las cosas siguen igual y ahora veo la necesidad de insistir en el tema a riesgo de que los lectores se aburran de mi cantaleta. Me justifico. Creo que la restitución de tierras es la prueba ácida del gobierno en materia de reformas y paz. Un fracaso en la restitución mata todas las esperanzas en la reforma agraria que se anuncia en los acuerdos de La Habana. Si Santos no es capaz de devolverles la tierra a los campesinos que fueron obligados a abandonar sus parcelas por medio de la fuerza y la violencia mucho menos será capaz de entregar nuevas tierras que deberá expropiar con indemnización a propietarios legales. El gobierno nacional dijo en un Conpes al momento de aprobar la ley que los reclamantes ascenderían a 360.000 y las hectáreas despojadas o abandonadas se acercarían 6.500.000. Dijo, además, que esperaba que en los primeros cuatro años se registraran 160.345 reclamantes y se profirieran 79. 255 sentencias. Ahora la Contraloría, con base en la Encuesta Nacional de Víctimas de 2013, señala que el número de grupos familiares obligados a abandonar sus tierras asciende a 537.502 y las hectáreas son 7.668.423. El problema crece. Y miren cómo están las cosas después de tres años de implementación de la ley. Según el Departamento Nacional de Planeación, a septiembre 1 de 2014, se han registrado apenas 67.726 reclamantes y la Unidad de Restitución de Tierras ha presentado ante los jueces 5.365 demandas y estos han proferido 691 sentencias. Las hectáreas restituidas a esa fecha eran un poco más de 30.000. Estas cifras gritan. Estas cifras son una lápida sobre la Ley de Restitución de Tierras. Tanto si se toma la proyección de reclamantes y de hectáreas del gobierno, como si se acude a las cifras de la Contraloría, se puede ver, sin lugar a dudas, un bajo nivel de solicitudes de restitución, una baja estructuración de demandas por parte de la Unidad de Restitución y un reducido número de sentencias de las jueces. ¡Y ojo! Esta es solo la primera parte de la restitución porque la segunda es aún más compleja, la segunda consiste, nada más y nada menos, en entregarle el predio al campesino y organizar con él un proyecto productivo. De eso hay apenas unos cuantos ejemplos y no son alentadores. Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, ha tomado muchas de las críticas como un asunto personal. No ha querido ver los cuellos de botella de la restitución y las inocultables fallas de los funcionarios que reconoce el presidente Santos. Pero la situación es cada día más crítica y el malestar entre algunas organizaciones de víctimas está creciendo y también la preocupación entre quienes dedicamos parte de nuestro tiempo a estudiar la implementación de la ley. Digo una vez más. Es necesario un verdadero revolcón en el proceso de restitución. Andrés González de Planeación Nacional señaló en una presentación del balance de la ley que “el bajo registro de reclamantes se debe a poca o mala difusión y a miedo de las víctimas a nuevas agresiones”. La pedagogía y la generación de confianza en las víctimas es el primer tema a revisar. Otras medidas urgentes. Para definir dónde se debe restituir no se puede acudir al concepto previo de las Fuerzas Militares, la obligación es restituir el predio y proteger al campesino o compensarlo si no puede o no quiere volver al lugar. Es necesario privilegiar las restituciones colectivas sobre las individuales, tal como lo hizo el Tribunal Superior de Antioquia la semana pasada en una sentencia que les restituyó 50.000 hectáreas a comunidades indígenas; con ese cambio se multiplicarían los casos y las hectáreas restituidas. Cuando no hay opositores a una reclamación se debe restituir por vía administrativa, obviando los trámites judiciales. Es urgente cumplir la meta de 134 jueces y 60 magistrados, ahora solo hay 34 jueces y 15 magistrados. Y para completar se debe revolcar la nómina y poner al frente de este proceso a funcionarios que tengan a la vez alta representación política e indiscutibles calidades técnicas. Columna de opinión publicada a través de Semana.com

Foto Carlos Martínez (PARES) Uno es lo que sueña. Uno muere cuando un gran sueño muere.  He tenido el privilegio de soñar y la desdicha de ver morir mis sueños. Soy ducho en el arte de imaginar felicidades y correr tras ellas y descender luego al abismo de la derrota y el dolor. Un día, un sacerdote, en una conversación, cambió mi vida. Fue Ignacio Betancur. Fue en su despacho de parroquia. Me enseñó una religión extraña, me dijo que no había causa más noble que proteger la dignidad humana, me habló del Cristo que llevaba en su alma, de un hombre que había dado la vida para señalar que era imprescindible estar dispuestos al mayor sacrificio para defender a quienes les era pisoteada su dignidad, a quienes eran víctimas de la injusticia, a quienes les faltaba el pan, el techo y el amor. Era el principio de los años setenta del siglo pasado. En América Latina y en el mundo había una gran agitación y la palabra revolución sacudía el corazón de los jóvenes. Corrí tras esa ilusión. En las tardes, después de salir del colegio, me iba al campo a enseñarles a leer y a escribir a los campesinos, también a promover organizaciones sociales para defender sus derechos vulnerados por grandes dueños de tierra o por autoridades sin escrúpulos. Volvía a mi casa, en la noche, cansado y feliz. Por el rumbo del compromiso social llegué, muchos años después, a la guerrilla. Allí supe, en días de espanto, que la guerra, la nuestra y la de quienes nos enfrentaban, en vez de proteger o restablecer la dignidad humana, la rompía en mil pedazos. Lo vi en el rostro de mis amigos de izquierda asesinados y en las multitudes que acompañaron los féretros de Luís Carlos Galán, de Bernardo Jaramillo y de Carlos Pizarro; lo percibí en la desazón y la angustia de los familiares de los secuestrados y desaparecidos; lo sentí, de manera brutal, un día en que llegó la noticia de que mi guerrilla, la que yo dirigía, había asesinado a monseñor Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca; lo comprendí  llevando la estadística atroz de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la fuerza pública y las masacres de los paramilitares  y los desplazamientos y los exilios que todos los actores armados empujaron. Busqué una negociación, busqué la paz. Muchas veces en mis columnas y en mis libros evoco estos recuerdos, esta derrota dolorosa, para no olvidar que tengo un sueño, para no olvidar que me equivoqué en el camino elegido para buscar esa ilusión. Pero esta semana tengo un motivo especial para hablar de la posibilidad de restablecer la dignidad humana que la guerra rompió y para generar  condiciones de vida más justas, más equitativas, para los pobres de Colombia. Oí a personajes muy influyentes de la radio, a empresarios, a líderes políticos, a sacerdotes, a cantantes y actores, a intelectuales, a gente del común, diciendo que creen en la paz que se está tejiendo en La Habana y en las conversaciones con el ELN.  Diciendo que se comprometen a perdonar y a buscar el perdón.  Diciendo que llegó la hora de doblar la página de la guerra y encarar la necesidad de cambios sociales largamente aplazados. Es una campaña publicitaria, lo sé.  Pero la voz de uno siempre tiene un eco en su corazón y la voz de muchos siempre tiene un eco en la multitud.  Esta semana, quizá, Colombia ha empezado a dar un giro, ha empezado a dejar de creer en la salida militar al conflicto para empezar a pensar en que la salida negociada es el camino hacia la paz. Eso para mí es nuevo. Eso desata en mí nuevos sueños, nuevas ilusiones. En muchos debates en la radio o en la televisión me dicen que todo el mundo quiere la paz, que es un absurdo  que una persona, o un país, quieran la guerra.  Les digo que ese absurdo es muy común. Les digo que en Colombia desde hace muchos años la mayoría de la opinión ha estado por la guerra, es decir, por doblegar al contrario por la vía militar, por destruir al enemigo mediante la violencia. Eso  ha sido así  para la guerrilla y sus seguidores y también para las elites políticas del país y sus partidarios. Por eso hay guerra. No hay otra explicación. Pero si una mayoría de la opinión, de todos los lados de la opinión, cree en la salida negociada y se la juega por ella, la guerra llega a su fin. Columna de opinión publicada en Semana.com

Foto Prensa JMS Quiero pedir la comprensión de mis lectores. Esta no es una columna. Es un manojo de sentimientos. Este jueves me encontré con el general Jorge Enrique Mora Rangel y lo abracé y no pude evitar el llanto. Quería agradecerle lo que está haciendo por la paz de Colombia, quería decirle que el honor de representar a un país en la búsqueda de la reconciliación no es menor al sacrificio de haberlo representado en la guerra. No pude. Pero él sintió mi corazón y oyó una por una las palabras que tenía en el alma. El domingo cuando el presidente Santos dijo que el 15 de junio el país escogería entre la paz y la guerra desfilaron en mi memoria uno por uno mis amigos muertos en esta larga y dolorosa confrontación. Me ocurre a menudo. No he podido nunca evitar la pesadumbre de  mirar sus ojos y escuchar sus voces en mis noches de soledad. Es un lugar de la memoria al  que vuelvo siempre que escucho a alguien que puede decidir de verdad sobre la paz o la guerra. Oigo su voz y recuerdo las voces queridas que deambulan en mi historia profunda.  Es un lugar al que vuelvo cuando abrazo a mi hijo Fernando que es hijo de sangre de mi mejor amigo que murió en la guerrilla cuando apenas salíamos de la adolescencia. Por esos recuerdos, por esas angustias, no tengo nunca un dilema, nunca una duda, cuando se trata de escoger  entre quien quiere firmar una paz generosa y quien busca la destrucción o la rendición de las guerrillas. Fue eso y solo eso lo que impidió que acompañara al doctor Álvaro Uribe Vélez en las elecciones de 2002. Nos encontramos en el Hotel Rosales Plaza de Bogotá para hablar de la situación del país. Estaba en una crisis pavorosa el proceso de paz que adelantaba Andrés Pastrana con las Farc y Uribe abogaba por acabar con esas negociaciones. Me pidió que le ayudara en su campaña presidencial y yo, que tenía una gratitud inmensa con él porque había contribuido mucho con la reinserción de mis compañeros en Antioquia, tuve que decirle que no podía hacerlo porque no compartía su pensamiento sobre el conflicto colombiano. En el año 2012 cuando el presidente Santos anunció que había culminado la etapa exploratoria con las Farc y empezaban las negociaciones de paz en La Habana sentí una alegría inmensa. Ese año mes por mes las Farc estaban realizando un promedio de 200 acciones y le estaban produciendo a la fuerza pública 180 bajas entre muertos y heridos. Las Farc tenían otra vez la iniciativa en algunas zonas del país  y el conflicto con la carga atroz de desplazados, de civiles asesinados, de poblaciones enteras vulneradas, empezaba a tomar una fuerza inusitada. Ese año estábamos culminando el informe general del Grupo de Memoria Histórica en cabeza de Gonzalo Sánchez y habíamos llegado a la cifra de 220.000 muertos y 6.000.000 de víctimas. No tuve la menor duda. Tenía que acompañar al presidente en sus esfuerzos de paz desde mis columnas y desde mi condición de investigador social. Esta semana he oído al senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático y a otros amigos de la izquierda decir que es lo mismo votar por Santos que por Zuluaga. Dicen que no comparten las ideas y los planes económicos y sociales de Santos. Dicen que el clientelismo y la corrupción son iguales en uno y otro lado. Dicen que no van a perder su independencia o su condición de opositores. Son argumentos importantes. Pero, no sin rubor, quiero hablar de mi experiencia.  Mi apoyo a quienes se comprometen con la paz no ha significado nunca declinar la crítica o perder la independencia. Mis críticas a las inequidades sociales y mi batalla contra la  corrupción y la parapolítica han sido tan férreas que he debido soportar dos exilios y la amenaza permanente de sectores políticos aliados de la ilegalidad. No he cedido. Durante estos dos años Uribe y el ahora candidato Zuluaga han hablado en contra de las negociaciones con las Farc y han hecho todo para acabarlas.  Es eso lo que me empuja a votar por Juan Manuel Santos. Lo hago con el mismo sentimiento que me llevó a abrazar al general Mora, con el mismo sentimiento con que he estrechado la mano del presidente Santos a lo largo de estos dos años en los que, contra viento y marea, ha mantenido la mesa de La Habana. Columna de opinión tomada de Semana.com

Foto de MinInterior Vuelve la idea de reformar la política colombiana. Esta vez para desmontar el grave desequilibrio entre los poderes públicos que trajo la reelección presidencial aprobada en el mandato de Uribe; para intentar nuevas sanciones a fenómenos como la parapolítica y otras modalidades de ilegalidad y corrupción; para abrir la democracia y darle garantías de vida y de competencia limpia a las nuevas fuerzas que surjan de los acuerdos de paz; y para intentar una vez más fortalecer los partidos y acabar con la emergencia y consolidación de clanes políticos y microempresas electorales que hoy pervierten el oficio político. La tarea es descomunal. Se trata en primer lugar de echar al suelo el mito de que tenemos la democracia más sólida y más persistente de la región y de reconocer que la política colombiana está atravesada por la violencia, las mafias y el clientelismo. Se trata de conjurar para siempre la tentación izquierdista de acudir a las armas para cambiar las instituciones y ofrecer mecanismos democráticos para realizar las transformaciones.  Y se trata de ganarle por fin el pulso a las fuerzas de la extrema derecha que impidieron forjar una democracia moderna y vigorosa a la largo del siglo XX. El presidente Santos acaba de presentar los primeros puntos de la reforma dentro de un proyecto de acto legislativo concertado con los partidos de la Unidad Nacional que tiene además cambios importantes para el aparato judicial; en el Congreso se escuchan otras propuestas de las bancadas de oposición; y el año próximo estaremos, quizás, en un referendo para aprobar los acuerdos de La Habana. Serán dos años de intensa discusión. No es mucho lo que ofrece Santos en esta primera iniciativa, pero es un buen punto de partida que ojalá no se malogre en el trámite parlamentario. La prohibición absoluta de la reelección presidencial; la ‘silla vacía’ para sancionar a los partidos que elijan parlamentarios vinculados a la ilegalidad y a la corrupción; y la instauración de listas cerradas y bloqueadas a los cuerpos colegiados son tres medidas para corregir el zarpazo que Uribe la pegó a la constitución del 91 y a la política colombiana en sus ocho años de gobierno y para deshacer entuertos de las últimas reformas. Ahí falta un mundo, faltan cosas esenciales: conquistar el respeto a la vida para los opositores y disidentes, aprobar un verdadero estatuto para la oposición, reformar el sistema electoral, democratizar los partidos políticos para que la lista cerrada no se convierta en una trampa, facilitar el acceso de todas las expresiones políticas a los grandes medios de comunicación.  Muchos de estos cambios están enunciados en el punto dos de los acuerdos entre el gobierno y las Farc  y se deberían empezar a discutir antes de que termine el año para ir creando un ambiente propicio para el referendo. El primer bache que debe superar la ola reformista es el Congreso.  La composición no ayuda.  En el lado derecho está la bancada uribista que se opondrá con uñas y dientes a reformas clave para las paz y a grandes incentivos para la izquierda y para la pluralidad política. En el centro un grupo impresionante de parlamentarios herederos de la parapolítica y beneficiarios del clientelismo que se opondrán soterradamente a cambios que pongan en riesgo su poder regional y su presencia en la política nacional. Del lado de los cambios y las reformas solo queda, por convicción, un grupo influyente pero minoritario que deberá desplegar un liderazgo impresionante para sacar adelante las propuestas del presidente.Pero, aun suponiendo que el Congreso aprueba la reforma propuesta por Santos y que, además, la ciudadanía aprueba el referendo con los acuerdos de La Habana, no podemos cantar victoria. Falta lo más importante. Falta una decisión de las elites políticas. Falta un gran movimiento por la renovación de la vida pública. Una fuerza capaz de convocar a la ciudadanía para que sancione en las urnas a los políticos corruptos, a los aliados de las mafias, a los beneficiarios del clientelismo.  Falta que la ciudadanía se decida a imponer una sanción social y política a quienes se amparan en la ilegalidad y la violencia para acceder y conservar el poder político. Solo si los directores de los partidos —la mayoría de ellos gente decente y comprometida—  se niega a admitir en sus filas y a dar avales a gente cuestionada o a sus herederos, aunque no se encuentren judicializados, es posible iniciar la reforma de los políticos, que es, sin duda, la gran tarea para transformar la vida pública del país. Columna de opinión tomada de Semana.com

El país sigue arrojando hechos favorables a la izquierda, pero la izquierda no se da por aludida, no se mueve, no se sacude. Es una verdadera lástima. Está desperdiciando una oportunidad fabulosa para meterse en serio a la contienda presidencial. Óscar Iván Zuluaga no despega, parece como si no existiera. Tanto que en la encuesta de Cifras y Conceptos aparece por debajo de Enrique Peñalosa, que aún no ha sido proclamado candidato. Es muy probable entonces que uno de los temas de la reunión entre Uribe y Pastrana hubiese sido la búsqueda de un candidato viable, quizás alguien del Partido Conservador para jugar a dos bandas: salir de Zuluaga y dividir al conservatismo para restarle fuerzas a Santos. Pero esta maniobra no es fácil. Un personaje de renombre, un Luis Alberto Moreno, por ejemplo, difícilmente se mete a última hora en una campaña para correr el riesgo de quemarse. Tampoco es sencillo bajar del bus a Óscar Iván Zuluaga después de haber sido proclamado con bombos y platillos en una tortuosa convención. Ahí está la primera circunstancia favorable para la izquierda. Un candidato unitario con arrastre en la opinión pública tiene todas las posibilidades de situarse rápidamente en el segundo lugar de la competencia. Pero este no es el único hecho favorable. Hay más. El avance de Santos en las encuestas es lento, la intención de voto a su favor es aún baja y ya estamos a cuatro meses de las elecciones, de ahí que la pretensión de ganar en primera vuelta no está cuajando. La izquierda podría forzar una segunda vuelta y por primera vez competir con opción por el sillón presidencial. También ocurre que la única persona en dificultades en el uribismo no es Óscar Iván Zuluaga. El propio Uribe está sufriendo en las plazas públicas ante el asedio de manifestantes que lo rechiflan o le tiran tomates, como sucedió en Tunja y en Soacha. Le reclaman airadamente las violaciones de los derechos humanos o las decisiones económicas onerosas para el campo que su gobierno acometió. Se ha roto el encanto y Uribe corre el riesgo de convertirse en un político en decadencia al que mucha gente le falta al respeto. Y, para completar el ambiente, el Tribunal de Cundinamarca acaba de suspender la destitución de Petro y en consecuencia se abre paso la revocatoria y el alcalde de Bogotá tiene todo para lanzarse al ruedo electoral en una batalla política en la que fungirá como víctima de una conspiración de la derecha. Esto, sin duda, fortalecerá las alternativas electorales de la izquierda del país. No puede haber mejor escenario. Santos ni deslumbra ni avasalla y Uribe, al parecer, ha entrado en un túnel oscuro. Pero la indefinición de la Alianza Verde, el estancamiento de la candidatura de Clara López y la dispersión en tres posibles opciones presidenciales de las izquierdas no permiten capitalizar el momento. Se necesita un verdadero revolcón de esta corriente política. Lo mejor, el gran hit, sería que el Polo, la Unión Patriótica, la Alianza Verde y la amplia gama de independientes se unieran para proclamar un solo candidato y ese pacto, solo ese pacto, ameritaría aguardar a las elecciones parlamentarias y realizar allí una consulta popular para escoger la fórmula presidencial. El escenario es improbable porque los líderes del Polo y de la Unión Patriótica se niegan a meterse en este proceso con el argumento –ya fuera de lugar– de que Peñalosa ni es de izquierda ni garantiza una verdadera independencia tanto de Uribe como de Santos. En estas condiciones, la Alianza Verde debería emprender inmediatamente una fuga hacia adelante para aprovechar el papayazo que le está ofreciendo la coyuntura. Tendría que presentarle al país la candidatura de Enrique Peñalosa, un programa de paz y de reformas profundas y unas reglas de juego tajantes y claras, para que en ninguna circunstancia este proyecto resulte al final en manos de Santos o de Uribe. Creo que Enrique Peñalosa entiende que las circunstancias lo han ubicado al lado de la izquierda y así lo ha dejado ver en las últimas semanas. Ha hecho a un lado las referencias negativas sobre Gustavo Petro y está concentrado en los temas nacionales y en la promoción de la lista encabezada por Navarro al Senado. Sabe que sería una gran estupidez permitir que se le arrimara el uribismo con los síntomas de decadencia que experimenta. Columna de opinión publicada en Revista Semana

En los últimos años he dedicado parte de mi tiempo a un oficio muy doloroso y muy triste: a contar la guerra, a registrar las acciones y campañas de la fuerza pública, de la guerrilla y de los paramilitares y bandas criminales, a numerar muertos, heridos y desplazados. A evaluar cada tregua o cualquier disminución, por leve que sea, del conflicto. Lo hice en la Corporación Arco Iris, lo hago ahora en la Fundación Paz y Reconciliación. Lo hice también en el Grupo de Memoria Histórica que dirigió Gonzalo Sánchez. Espero con una ansiedad de demonios que termine esta confrontación armada para dedicar mis días a cosas más amables. Es angustioso y es difícil, tremendamente difícil. Porque el nervio de la guerra es la estratagema, es el engaño. Ninguno de los protagonistas de un conflicto narra lo que va a hacer o lo que hizo como si esbozara los planes de una obra pública o rindiera cuentas de un legítimo y próspero negocio. Se simula un ataque y se realiza otro, se exageran los triunfos y se minimizan las derrotas, se esconden con obsesión las acciones sucias y degradantes, se le atribuyen al enemigo las operaciones más infamantes, las más indebidas, las más repudiables. Es una lógica inapelable de los contrincantes. Es la esencia de la guerra. La verdad es dolorosamente elusiva y la independencia de quienes nos dedicamos al análisis de la confrontación es apenas una bella ilusión. Pero, aun así, hay que intentar la distancia, hay que buscar la aguja en el pajar, es una necesidad ética y social descifrar, sin subordinación a ninguno de los bandos, lo que está ocurriendo en ese lugar oscuro que es la guerra. Vamos al ejemplo de la reciente tregua. Las Farc dicen que cumplieron a cabalidad el cese unilateral de hostilidades entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, y el ministro de Defensa dice que el cese fue una mentira más de la guerrilla. La ciudadanía, como es lo lógico, tiende a creer en la voz oficial que tiene un argumento simple y directo: es constatable que hubo acciones de la guerrilla en ese tiempo. Los simpatizantes de la insurgencia, por su lado, se sentirán más cómodos con la versión de las Farc y dirán que los incidentes armados que hubo obedecieron, seguramente, a labores defensivas de la guerrilla. Podíamos quedarnos con esas dos versiones y todos tranquilos. Pero esa no puede ser la actitud de analistas y estudiosos del conflicto. En la Fundación Paz y Reconciliación hicimos nuevamente el seguimiento del accionar de las Farc a lo largo de 2013 acudiendo a las fuentes oficiales, a los partes de la guerrilla, a los periódicos regionales y a las visitas a terreno en los lugares más conflictivos del país y establecimos que esta organización tuvo un promedio mensual de 182 acciones, entre las que se destacaban una ofensiva inclemente contra la infraestructura energética del país. En cambio, en el mes de tregua tuvieron cuatro acciones ofensivas, se vieron involucradas en 12 acciones en las que la fuerza pública tuvo la iniciativa e hicieron presencia en otros cuatro incidentes en los que no se sabe a ciencia cierta quién estuvo a la ofensiva. Decimos entonces que la guerrilla cumplió en un 95 por ciento la tregua. Se salvaron muchas vidas. Se aminoraron las pérdidas económicas. Se respiró alguna tranquilidad en la Navidad, que es un tiempo especial para el mundo católico. Horas después de la finalización de la tregua unilateral vino un grave atentado en el municipio de Pradera, en Valle, con un muerto y más de 50 heridos, todos civiles. Una acción de crudo terrorismo. El ministro de Defensa salió inmediatamente a responsabilizar a las Farc y al momento de escribir esta columna la guerrilla no había reconocido el hecho. Quizá sean las Farc las autoras, pero difícilmente lo van a aceptar por la abierta violación al derecho humanitario que implica. Existe una posibilidad menor de que no sea la guerrilla y a mí me gustaría investigar para saber si el frente sexto está o no en esta línea de terrorismo. En todo caso las repercusiones en la opinión de este atentado tendrán que indicarles a las Farc que es casi imprescindible decretar una tregua unilateral durante la campaña electoral para evitar una lesión muy grande al proceso de paz. Columna de Opinión publicada en Revista Semana

No le ha ido bien a Uribe en las últimas semanas. Su figura empieza a perder terreno considerable en las encuestas. Cae paulatinamente su favorabilidad y el desfavorable llegó a un 40 por ciento en el último sondeo de Gallup. Eso es bravo para un hombre acostumbrado a un alto grado de aceptación. Las negociaciones de paz avanzan y están echando al suelo la perspectiva del fracaso, hipótesis en la que había fundado Uribe su regreso al poder. La aviesa jugada de uno de sus aliados, el procurador Ordóñez, para sacar a Gustavo Petro de la Alcaldía de Bogotá ha elevado el protagonismo de la izquierda en la coyuntura y ha opacado la persistente acción opositora del uribismo. Su campaña para el Congreso ha perdido brillo y la de su pupilo Óscar Iván Zuluaga a la Presidencia no despega. La reacción de Uribe frente a esta realidad desconcertante tiene tintes desesperados. En recientes declaraciones dijo que había un oscuro pacto entre el presidente y las Farc para impedir la acción electoral de su grupo político y acusó a la guerrilla de estar amenazando de muerte a los campesinos para que votaran por Santos. Antes había armado un gran escándalo con una información sobre la feria de puestos y contratos con los que Santos estaba comprando su reelección. Ahora está dedicado al debate sobre el deterioro de la seguridad invocando el poderío guerrillero y exagerando todos los indicadores de violencia. Es un discurso desesperado por las fantasías, los descaros y las contradicciones que lleva por dentro. A nadie en su sano juicio se le puede ocurrir que una guerrilla jugada hasta la muerte contra el establecimiento y rígida como el hierro esté ahora en campaña para elegir a Santos y dispuesta a utilizar la violencia para lograr el cometido. Pero a Uribe se le ocurre este desvarío mental porque en las campañas de 2002 y 2006 la invocación de la maldad y del terror de las Farc era el expediente seguro para subir en las encuestas. Se le ocurre también el descaro de acusar a Santos de la utilización clientelista de los recursos del Estado para buscar su reelección –lo cual no debe tener un ápice de mentira– cuando él, precisamente él, está involucrado en el mayor escándalo contemporáneo de corrupción en la búsqueda de su segundo mandato y funcionarios de su círculo más cercano están ante los tribunales respondiendo por el delito de cohecho. Se le ocurre ahora, igualmente, exaltar las acciones de la guerrilla y hablar de la preocupante violencia del crimen organizado contradiciendo de pies a cabeza el discurso del final de su segundo mandato en el que hablaba de unas guerrillas derrotadas, del fin del fin de las Farc, y de una superación del gran fenómeno del crimen organizado encarnado en los paramilitares. No le importa incurrir en semejante contradicción porque piensa que la sociedad colombiana le comprará la idea de que estamos de regreso a 2002 y que la única salida es restituirle su poder para que, ahora sí, acabe con las guerrillas y encuentre una salida para las bandas criminales herederas del paramilitarismo. Me preocupa el desespero porque Uribe o sus seguidores y aliados han hecho bastantes cosas indebidas para tirarse el proceso de paz y para ganar espacio político y en medio del desconcierto y del apremio pueden escalar este tipo de acciones. Pongo ejemplos: filtrar las negociaciones secretas que se estaban desarrollando y el borrador del acuerdo con el ánimo de abortar el proceso; inventar que el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, estaba negociando con las Farc un secuestro en Cuba; hacer públicas las coordenadas donde las fuerzas militares debían recoger a dos de los delegados de las Farc y llevarlos a La Habana; ir a la Corte de La Haya, en cabeza del procurador Ordóñez, a litigar contra el proceso de paz, con el argumento de que se está gestando un pacto de impunidad. Es muy posible que el miedo mío sea infundado. Quizá los uribistas recuperen su empuje electoral y se tranquilicen o, que aun en medio de su decadencia mantengan la calma y no incurran en desafueros. Pero ni el gobierno, ni la izquierda ni las guerrillas pueden bajar la guardia. Uribe tiene a su lado gente fanática que no se detiene ante nada. Tiene además gente de mala condición que, sin tener nada que ver con él, lo necesita y está dispuesta a todo.

Columna Publicada en Revista Semana Llegó el año del gran desafío para los perio-distas, para los encuestadores, para los analistas políticos, para los comentaristas deportivos. El plato está servido. Al lado de dos o tres contiendas electorales vibrantes están el proceso de paz con las Farc y el inicio de negociaciones con el ELN que, de culminar con éxito, podrían cambiar la historia del país; quizás uno o varios referendos y la definición de quién gobernará Bogotá en estos dos años. Las agudas diferencias entre el fiscal, el procurador y la contralora. La disputa con Nicaragua que tendrá nuevos y quizá más duros episodios. Y en medio de esta cascada de acontecimientos políticos estarán dos hechos deportivos: el Mundial de Fútbol, al que regresamos con una gran selección después de 16 años de ausencia; y el Tour de Francia en el que Nairo Quintana tiene la ilusión de vencer. ¿Podrán los comunicadores acompañar a los deportistas sin exagerar sus triunfos ni apabullarlos en las derrotas? La incertidumbre es enorme, la polarización no es menor y las preguntas son incontables. ¿Cómo hacer periodismo independiente y crítico? ¿Cómo contribuir a la reconciliación de los colombianos en este mar de tensiones? A lo largo de 2013 campeó la idea de que el uribismo tendría la lista más votada al Congreso de la República y podría derrotar a Santos en las presidenciales, hoy eso no es tan claro. El candidato Óscar Iván Zuluaga no despega y Uribe descendió al cuarto lugar en la preferencia de los colombianos con una favorabilidad del 52 por ciento y un rechazo impresionante del 40 por ciento, según la última encuesta de Gallup. ¿Empezó la decadencia de Uribe o es solo un efecto de su grave oposición al proceso de paz? La izquierda no pintaba nada en las semanas previas a la inscripción de listas al Congreso, pero en los días de cierre la Alianza Verde logró armar una lista de unidad encabezada por Antonio Navarro, que sin duda disputará parte de los votos de opinión; y el Polo Democrático, a pesar de que se mantuvo solo, tiene en sus filas a Robledo y a Cepeda que cuentan con un arrastre importante entre los electores de izquierda. La reacción ciudadana ante el manotazo del procurador a Gustavo Petro le ha dado un nuevo aire a esta corriente política. ¿Podrá definir un candidato único y con arrastre en la opinión para disputar con decoro la Presidencia de la República? Registro estos cambios en el ambiente político para mostrar cuán apasionante y difícil es seguir estos hechos y advertir la transformación de la percepción ciudadana en cada momento. No menos difícil es cubrir el proceso de paz con todos sus secretos y sus altibajos, las contradicciones frecuentes, la persistencia de las acciones militares derivadas de negociar en medio del conflicto, la desconfianza ciudadana, las jugadas duras y muchas veces sucias de la oposición uribista. ¿Se firmará la paz en 2014? ¿Cuáles transformaciones de la vida nacional vendrán con la terminación de la guerra? ¿Qué quiere decir Uribe cuando afirma en estos días que no se atravesará en las negociaciones de paz? El camino para Santos parece despejado. Pero el respiro se debe más a la ausencia de rivales de peso que a un respaldo claro y definido de la ciudadanía a las realizaciones de estos cuatro años. El proceso de paz no ha sido bien comunicado. Las demandas de los campesinos y las expectativas de salud, vivienda y educación de sectores urbanos inconformes que saltaron con inusitada fuerza a la protesta no han tenido respuesta fundada y seria. Las reformas son pocas y tímidas y su implementación lenta y tortuosa. Solo la firma del acuerdo para la finalización del conflicto antes de las elecciones y una agenda audaz de reformas le puede dar brío a la campaña de reelección. ¿Será capaz de esto Santos? ¿Tiene incentivos para llevar a la guerrilla al acuerdo? ¿Tiene arrestos para meterse en una cruzada de reformas? Dijo el ministro del Interior en días recientes que estaba surgiendo un nuevo país. Los acontecimientos y las expectativas parecen darle la razón. ¿Estarán los medios de comunicación y los formadores de opinión a la altura de los cambios? ¿Serán capaces de darles voz y rostro a ese nuevo país? ¿Serán capaces de darle verdadero espacio a las fuerzas políticas y sociales que surjan con la paz?