Cuando Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverri estampen su firma en un acuerdo para terminar la guerra y empezar a construir la paz, nadie dudará en darles un sitio muy destacado en la historia colombiana. Quizá suenen en Oslo para el Premio Nobel de la Paz. Será un momento en el que buena parte del país les hará innumerables reconocimientos. Yo quiero hacerlo ahora cuando Santos está lejos de despertar un gran entusiasmo, cuando el rechazo a las Farc es generalizado, cuando, a quienes defendemos sin ambages las negociaciones de La Habana nos tildan de aliados del terrorismo y defensores de regímenes dictatoriales. Quiero decir que ha sido supremamente difícil para Santos iniciar y mantener una negociación de carácter político con una guerrilla a la que la inmensa mayoría de la opinión pública no le atribuye razones valederas para la rebelión armada y a la que se la pensaba derrotada y a punto de desaparecer. Una guerrilla que tiene en su rostro la huella amarga del secuestro de miles de colombianos. No es fácil, digo, para un político ir contra la corriente en un asunto tan espinoso como la guerra y la paz. Era mucho más fácil seguir alimentando el odio contra las Farc, seguir diciendo que eran una reducida banda de criminales en medio de una democracia profunda; era mil veces más fácil seguir jurando que la desarticulación completa de las Farc y su sometimiento a la Justicia era cuestión de pocos años, quizás el lapso de un gobierno; seguir tras la ilusión del triunfo militar que Uribe había logrado fijar en la memoria de la opinión nacional. Santos supo que si al enemigo se le despoja de razones no hay salida posible. Supo que las razones de la guerra son las razones de la paz. Supo que restituirles el carácter político a los guerrilleros y reconocer las graves limitaciones de nuestra democracia era abrir una ventana para las reformas y la paz. Lo hizo y ha mantenido la decisión contra viento y marea. Eso es para mí bastante meritorio. En los años que vienen veremos si sus convicciones y su carácter le alcanzan para abrir más que una ventana, si es capaz de abrir una gran puerta a las transformaciones sociales y políticas y a la reconciliación de los colombianos. Ese día recibirá un título que en nuestro país no tiene nadie, o casi nadie, tendrá la insignia de reformador y visionario. Tampoco era fácil para Timochenko iniciar unas negociaciones de paz a poco tiempo de recibir el mando de una guerrilla vieja, desconfiada, acosada por la degradación del conflicto; saltar sobre la perturbación que había causado en las filas guerrilleras la muerte de Alfonso Cano; decirles a todos los guerrilleros que el interlocutor para la paz sería el antiguo ministro de Defensa de Uribe, el mismo que había encabezado una feroz ofensiva, no exenta de guerra sucia, contra sus filas. No es nada fácil dejar atrás cincuenta años de guerra en un país lleno de odios y rencores, en un país donde abundan la trampa y el engaño. Sé que a los medios de comunicación y a mis colegas columnistas les resulta imposible conceder algún mérito al jefe de una guerrilla acusada con razón de innumerables crímenes, al mando de una insurgencia que aún no ha firmado la paz y que no está plenamente garantizado que lo haga. Yo lo hago a conciencia, con la ilusión, quizá vana, de que esta nota sirva de estímulo para que Rodrigo Londoño Echeverri se mantenga firme, absolutamente firme, en su decisión de llevar a las Farc a la paz, ahora, sobre todo ahora, cuando vienen los momentos más difíciles y decisivos para las Farc. Muy pronto la guerrilla pasará, en la Mesa de La Habana, de los puntos donde era ella quien reclamaba reivindicaciones, a los puntos donde es ella quien recibe las demandas. Vendrá la voz de las víctimas, vendrá la discusión sobre la verdad, la justicia y la reparación. Llegará el día de cesar definitivamente todas las acciones y la compleja planeación del desarme y la desmovilización. Ahí se necesitará carácter, mucho carácter, señor Timochenko, para aplacar las voces disidentes; y comprensión, mucha comprensión, para asimilar los reclamos, las críticas y los ataques que lloverán sobre La Habana. Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos mis lectores. Columna publicada en Revista Semana

Por: Katerin Erazo, periodista Este fin de semana, el negociador jefe del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”, en medio de una entrevista hecha con Efe, mostró su optimismo frente a las negociaciones de paz con el Gobierno y reconoció los gestos iniciales de Petro. Sin embargo, el jefe guerrillero se mostró un poco escéptico ante un posible desarme del grupo. "Las FARC entregaron las armas y comenzaron a matarlos", argumentó Beltrán, mencionando que estos artefactos no son solamente el modo de defensa del ELN, sino también de las comunidades en los territorios que controla. "Esto es un proceso de pacificación y Colombia necesita y está bien pacificación, pero más que eso necesita paz, que es abordar las causas estructurales que generan el conflicto, que es social, político y armado", dijo Beltrán en la entrevista. También mencionó su desacuerdo con Estados Unidos, debido a que este país incluirá a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional por acoger a sus representantes en las negociaciones de paz, postura que el ELN considera como un "atropello" e injusticia por parte de Washington hacia Cuba. "Es un doble atropello. Porque Cuba defendió el protocolo que firmamos con el Estado colombiano con cinco países testigos (…) para nosotros, el hecho de que Cuba mantenga su política de Estado de apoyo a la paz en Colombia es un ejemplo y lo agradecemos", afirmó Beltrán, quien reside desde hace cinco años en la isla. Pese a los acercamientos por parte de este grupo armado y el Estado, han aflorado diversos cuestionamientos frente al posible acuerdo de paz con el ELN y frente a la política de la “Paz Total”. Los grupos de oposición han utilizado los recientes ataques armados a la fuerza pública por parte de grupos armados ilegales para cuestionar el proceso. Otro elemento que ha generado inquietud, fue la reciente declaración del comandante principal del ELN, Eliécer Herlinto Chamorro, alias “Antonio García”: “Nosotros no podemos entrar en ese mismo costal, sí vamos a dialogar y sí vamos a conversar, pero no somos muy de la idea de decir que vamos a hacer una paz total, además las guerras son necesarias”, dijo Antonio García por las emisoras de la guerrilla. Dicha declaración hizo que el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, mostrara su desacuerdo frente al proceso de paz: Alias “Antonio García” también se refirió a los parámetros que se deben cumplir para que no suceda lo mismo que con el anterior gobierno de Iván Duque: “por el momento lo más importante es hacer lo que no hizo el gobierno anterior, cumplir unos protocolos de retorno de nuestra delegación en seguridad, dado que había un compromiso del Estado colombiano, firmado frente a otros países, que una vez hubiese una ruptura de los diálogos, la delegación debía regresar, donde quedara expreso la seriedad con que los gobiernos y los estados deben responder a escenarios de negociación, efectivamente el gobierno de Duque incumplió”, añadió García. Sin embargo, señaló que en el gobierno de Petro sí hay garantías y cumplimientos para proseguir con estas negociaciones de los diálogos, “hasta ahora el nuevo Gobierno ha cumplido con el protocolo de regreso, tiene voluntad para reanudar los diálogos y el primer paso es que la delegación retorne, luego entraríamos a conversar, cómo volver a empezar, de qué manera y qué ajustes deben hacerse”, agregó el comandante del ELN. Por su parte, la alta comisionada de la ONU en funciones para los derechos humanos, Nada Al-Nashif, manifestó su optimismo por la política de la “Paz Total” y, así mismo, el interés por parte de la oficina de Naciones Unidas para ayudar a esta política por la que está trabajando el nuevo gobierno colombiano. "Mi oficina está dispuesta a apoyar esos esfuerzos y urge al Gobierno a tomar las medidas necesarias para proteger la población y los defensores de los derechos humanos de los crecientes niveles de violencia por parte de grupos armados y bandas criminales", mencionó Al-Nashif en la apertura de la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De igual manera, Michelle Bachelet, quien era la jefa provisional de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, también mostró su interés por los compromisos de los sectores de seguridad en Colombia, en especial las políticas que apuntan en la lucha contra el narcotráfico. Se espera que en las próximas semanas se reanuden las negociaciones de paz, tal como aseguró Pablo Beltrán en la entrevista con Efe: “estamos en un proceso de reanudar las conversaciones”. Según Luis Eduardo Celis, coordinador de la Línea Migración, Región y Frontera de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la entrevista hecha a Beltrán ha dejado elementos importantes; en primer lugar, la disposición de ambas partes de retomar las negociaciones, basadas en la experiencia que acumuló el proceso llevado entre 2014 y 2018 durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos; y, en segundo lugar, el planteamiento de las dos partes, es decir, que van a componer sus equipos negociadores e instalar la mesa de diálogo en las próximas semanas. Celis también mencionó que para ver avances en estas negociaciones se requiere por parte del Gobierno la agilización de las medidas para levantar las órdenes de captura y de extradición que el anterior gobierno de Iván Duque impuso, para que de esta manera la delegación del ELN pueda salir de La Habana en el marco de protocolos de consultas que ambas partes han pactado durante el Gobierno Santos.

Por: Walter Aldana Político social alternativo En su discurso de triunfo el 19 de junio, Petro anunció el impulso a tres pilares de desarrollo durante su mandato: la justicia social, la justicia ambiental y la paz total. Esta última entendida como la negociación política con el ELN, el sometimiento a la justicia de las diversas estructuras armadas ilegales que operan hoy en Colombia y los diálogos regionales con carácter vinculante tanto al Plan de Desarrollo Nacional como al Presupuesto General de la Nación. La semana pasada se conoció que el tema de los diálogos regionales se había debatido en un consejo de gobierno y que allí se habían trazado las líneas gruesas del contenido de tales diálogos, así como su operatividad regional; esto con el visto bueno del equipo ministerial, de consejeros, directores de entidades y la misma vicepresidenta. En total se estipularon 48 procesos de diálogo en toda la geografía patria. Para nuestro caso, en el departamento del Cauca se ha determinado por el ejecutivo nacional un diálogo denominado “Macizo colombiano”, que vincula a 37 municipios, bajo la conducción del consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco, con sede en Popayán, nuestra ciudad capital. Cumple el presidente Petro con su promesa de campaña de generar un amplio espacio de participación de las denominadas fuerzas vivas del departamento para construir el Plan de Desarrollo Nacional. Pero hasta aquí, solo poesía; el valor real lo tiene al darle a este ejercicio el carácter de vinculante, lo que significa la asignación de recursos para el desarrollo de los acuerdos y las prioridades que surjan de él. Las y los caucanos tenemos sobre-diagnosticado este territorio, es el tiempo de la implementación. Los planes de desarrollo departamentales y municipales existen; los PDET, aunque incumplidos por el Gobierno, se concertaron; los documentos Conpes, aunque sin plata, están; los planes de vida de los pueblos indígenas, los de etnodesarrollo de los hermanos afro y los agroalimentarios y agroambientales del campesinado, están escritos. Así mismo, la solicitud de constitución y delimitación de zonas de reserva campesina se alimenta día a día con la lucha por el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos. En el marco del diálogo social del Macizo colombiano, una serie de aspiraciones sociales deben ser convertidas en política pública: a) Popayán ciudad región y lo que ello implica como pacto por la vida y el desarrollo (con los actores armados presentes en el Cauca), constituyente educativa departamental y compromiso de inversión regional; b) Mesa Interétnica e Intercultural del Cauca como espacio de resolución de conflictos con la participación del Gobierno Nacional; c) prohibición de la minería de oro y de otros productos, exceptuando las explotaciones tradicionales, por ser el Macizo la fuente de vida; y d) la figura de derecho del “permiso previo del campesinado” para mega proyectos. Otras reivindicaciones se relacionan con la infraestructura pública necesaria para la región, como: la doble calzada entre Santander de Quilichao y Popayán; la vía al mar; la pavimentación total del anillo vial del Macizo; la construcción de la carretera entre la cabecera de Santa Rosa y el corregimiento Descanse; programas de saneamiento básico y agua potable en nuestro Pacífico Medio, entre otras. Las instituciones y los funcionarios como garantes y las comunidades organizadas como titulares de derechos; todas y todos al diálogo regional, camino al Plan de Desarrollo Nacional, en una nueva forma de construcción, de la periferia al centro, que puede contribuir a un cambio que determine políticas públicas que afecten, ojalá para bien, a las comunidades. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: León Valencia, para @infobae He conversado con algunos amigos chilenos desde el pasado domingo 4 de septiembre, cuando su pueblo le dijo ‘no’ al texto constitucional elaborado en la más novedosa de las Convenciones Constituyentes que en el mundo han sido. He querido entender lo qué pasó. No es fácil desde lejos comprender las razones del rechazo tan elevado a una Constitución producto de largas deliberaciones entre convencionistas que fueron elegidos en medio de una gran euforia en 2021. El ambiente que rodeó el plebiscito que decidió cambiar la constitución de 1980 era muy distinto al de hoy en Chile. También la situación que se vivía en los días en que se eligió la Convención Constituyente. En ese tiempo retumbaba con fuerza el eco del estallido social de 2019. El país estaba cruzado de lado a lado por vientos de cambio. La juventud y los movimientos sociales se habían lanzado a las calles a protestar. Todos los partidos políticos habían pasado a la defensiva ante la avalancha incontrolable de inconformidad social. Querían cambiarlo todo. La composición de la Convención fue el reflejo de esa inconformidad y del protagonismo de los movimientos sociales. Una asamblea que se distribuía ente 78 hombres y 77 mujeres no tenía precedentes. Tampoco la gran participación de los jóvenes y de los indígenas y de la diversidad regional. A mi modo de ver, los convencionistas fueron fieles al grave momento de su elección y a su origen social. Pero el momento de efervescencia había pasado y la situación de Chile tuvo severos cambios en solo tres años. Ya para las elecciones parlamentarias del año pasado los partidos recobraron el protagonismo y el Congreso que salió tiene un equilibrio entre fuerzas emergentes que le apuestan al cambio y fuerzas más inclinadas a la derecha y a la conservación del statuo quo. En la primera vuelta presidencial, José Antonio Kast, en representación de la derecha, le ganó por poco, pero le ganó, a Gabriel Boric, y este tuvo que modificar bastante su discurso de izquierda, corriéndose al centro del espectro político para vencer a Kast en segunda vuelta. Hay más. Después del triunfo y de la posesión de Boric, la situación económica y social de Chile se ha agravado por la creciente inflación y la crisis que ha hecho saltar las alarmas de una sociedad desigual, pero que había tenido años de gran prosperidad en tiempos no lejanos. Las encuestas han castigado severamente a Boric que se mueve en ellas en un treinta o treinta y cinco por ciento. La Constitución que elaboraron —imbuidos del espíritu del estallido social— con una modificación de la estructura institucional y el reconocimiento de una variedad de derechos a grupos poblacionales, minorías étnicas y regiones, con una agenda emblemática de reivindicaciones a los excluidos, radicalizó la oposición de las derechas, asustó a sectores poco avisados y desconcertó a sectores sociales de creencias tradicionales. Sé muy bien que no es fácil advertir los cambios en el ánimo de los pueblos, descubrir la variación de la opinión ciudadana. Chile vivió en solo tres años varios sacudones políticos. Algo así como un tobogán donde subían y bajaban las emociones, las inconformidades, los reclamos, el deseo de cerrar el largo ciclo histórico iniciado por Augusto Pinochet y de cerrar también un ciclo más corto: el de la transición, abandonando a los partidos que lideraron el paso de la dictadura a una democracia controlada, pautada, por normas que habían salido de las manos del dictador. Los convencionistas solo pensaron en la legitimidad que les había concedido el pueblo en un momento de ánimos exaltados y de ilusiones desbordadas. No leyeron que la opinión se había movido, que la derecha se estaba reorganizando, que los partidos no se iban a dejar sacar del escenario político a sombrerazos. Pero la letra con derrotas entra. La reacción de Boric el día después del rechazo a la nueva constitución fue serena y comprensiva del momento. Llamó a buscar un acuerdo para realizar el cambio. Un cambio que incluya a todas las fuerzas políticas y sociales. Un cambio que cierre el ciclo histórico que abrió Pinochet con su infame dictadura, pero que a la vez recoja enseñanzas de la transición, la principal de todas: la concertación, la capacidad para transar en sociedades que se han difuminado en múltiples grupos y tendencias, en una incontable diversidad de intereses y fuerzas.

By: León Valencia, for @infobae Translation by: María Victoria Ramírez A few days ago Invamer published its opinion poll and said that 79% of those surveyed support the reestablishment of diplomatic, commercial and consular relations with Venezuela. On the other hand, not a single voice is heard from the political opposition or from the Colombian business community in favour of maintaining the recognition of Juan Guaidó as president of Venezuelans. It is a clear example of the irrationality to which Iván Duque and Uribismo had led the country. Pepe Mujica once said that ideology can lead human beings to stupidity. Well, the rupture of relations with the neighbouring country was a mixture of ideology and unforgivable ignorance. With this cocktail there was a mess that will take us a long time to repair. No matter how many ideological disagreements the Duque government and Uribismo had with Maduro and his government, no matter how much criticism they had of the Venezuelan political regime, they were not authorized by international law and common sense to interfere in the affairs of Venezuela and conspiring to overthrow the government. They also did it from a total ignorance of the Venezuelan reality. They had no idea of ​​the tight control that Chavismo had and still has of the Armed Forces, of the roots that it still has in some sectors of the population and of the serious division and dim light of the Venezuelan opposition. That supine ignorance produced this phrase by Duque: "Maduro's days are counted." With that "Maduro" is that now President Gustavo Petro normalizes relations that the majority of the country applauds and the opposition does not dare to criticize. Because diplomacy is a resource invented by humanity for relations between countries, all the more so if there are conflicts, and all the more so if at some point two countries are at opposite poles. The formal part goes quickly, which is very good. Foreign Minister-designate Álvaro Leyva went to Táchira state to meet the Venezuelan Foreign Minister, before Gustavo Petro's inauguration. After the inauguration, the two embassies were opened and the appointed ambassadors – Armando Benedetti representing Colombia and Félix Plasencia representing Venezuela – are people with strong influence in both governments. These decisions will be followed by the normalization of border crossings, the reestablishment of flights between Caracas and Bogotá and the opening of the 15 Colombian consulates in Venezuela and the 9 Venezuelan consulates in Colombia. This process will take a little longer, but the two governments have hinted that there is a willingness to shorten the time. But the underneath work will be hard. Restarting the vigorous commercial trade we had will imply a great effort on both sides. It is estimated that by the end of this year we will reach the figure of 1.2 billion dollars in that exchange, far from the 8 billion we had at the best moment of the relationship. It is also mandatory to re-establish a partnership between the two countries to exploit Monómeros, an essential company for the development of our agriculture. Forging joint strategies to overcome crime and violence on the border will also take time. At this time, the long border corridor is under the control of the ELN, the FARC dissidents, the Clan del Golfo, the Sinaloa Cartel, La Frontera, La Línea, the EPL and El Tren de Aragua. Drug trafficking and a variety of illegal businesses that go as far as sexual slavery have grown exponentially due to the lack of institutional control on both sides of the border. Peace is another field of collaboration between the two countries. It will not be easy. The government of Nicolás Maduro would have to take distance from the ELN in order to take up a neutral position that would contribute to the peace negotiations. It is about generating incentives for the guerrillas to advance towards a bilateral cessation of hostilities and contribute to reassuring the country's hottest border. It is about seeking an agreement between the two countries to unleash a social pact and an ambitious development plan along the border that moves the ELN towards peace.

Por: Katerin Erazo, periodista El presidente Gustavo Petro anunció que el 26 de septiembre será la fecha de apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, para reanudar las conexiones con el país vecino. Así mismo lo anunció el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, quien celebró el reinicio de la cooperación entre ambos países. La frontera fue cerrada a la circulación de vehículos en agosto de 2015 por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que después rompió relaciones con Colombia en febrero de 2019, una diferencia que empieza a quedar atrás con el nuevo mandato del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esta frontera concentra tres pasos fronterizos los cuales son: Cúcuta-San Antonio de Táchira, Maicao-Zulia y Arauca-Apure. Tras la ruptura de las relaciones, hubo un incremento del flujo migratorio de venezolanos hacia Colombia. Además, según la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la total ausencia de presencia estatal colombiana y venezolana en la frontera, consolidó en las regiones fronterizas dinámicas ilegales, que se fueron reflejando en el flujo ilegal de mercancías, personas, armas, etc., intensificando las dificultades económicas y alimentando las condiciones para el fortalecimiento de mercados y actores ilegales. La frontera entre Colombia y Venezuela se encuentra bajo control del ELN y otras estructuras armadas ilegales, las cuales mandan más y de manera más eficaz que las fuerzas armadas estatales, como asegura la Línea Migración y Frontera de Pares, la cual dice que hay una amplia evidencia que demuestra el control efectivo que estas organizaciones tienen sobre el territorio. Por esta razón, teniendo en cuenta la política de la Paz Total del gobierno Petro, se deben reabrir las relaciones con Venezuela, para contar con su apoyo frente a esto, de lo contrario, podría seguir afectando particularmente el comercio de ambos países y la seguridad. Nataly Triana Guerrero, asistente de investigación de la Línea Democracia y Gobernabilidad de Pares, mencionó que la reapertura es el primer paso para una reducción de pasos de cruces ilegales, que posiblemente pueden disminuir las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos. Además, resaltó que está implicaría obligatoriamente una colaboración policial y judicial entre ambos países. Socorro Ramírez, posdoctorado en relaciones internacionales y experta académica en la relación Colombia-Venezuela, mencionó en una entrevista con Pares que reconstruir esta relación binacional implica que cada país tenga capacidad para atender a sus nacionales en el otro país, y también resaltó la importancia de la reactivación de los puentes internacionales, para que fluya el comercio legal y la reconstrucción de las interacciones económicas. Ramírez también mencionó que la comunicación entre las autoridades locales, alcaldes o alcaldesas y gobernadores de municipios y regiones fronterizas, es clave para esta reapertura. Así mismo, los gremios económicos y las cámaras de comercio, los cuales deberán coordinar sus actividades. Otro punto de vista sobre este tema, es del director de la Cámara Colombo Venezolana y actual ministro de comercio, industria y turismo de Colombia, Germán Umaña, quien dice que esta reapertura se puede analizar en dos etapas; la primera es reconstruir la confianza en las fronteras, la cual se podría lograr a medida que se recuperen los indicadores sociales para la recuperación de la ciudadanía binacional, mejorando las condiciones de empleo, aumentando la seguridad y los derechos humanos y la disposición del sistema al servicio de los que produzcan. La segunda es perfeccionar los acuerdos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en un periodo corto, con el fin de dar más seguridad jurídica al acuerdo binacional y no solo en los temas de defesa comercial, sino en temas de fronteras, para mejorar indicadores sociales e institucionalidad. “Vamos a construir y para allá vamos, ese es el esquema virtuoso que se está presentando y no hay otra forma sino de mirar positivamente el futuro de la integración de Colombia y Venezuela”, mencionó Umaña. Reconstruir las relaciones con Venezuela implicaría tener unos acuerdos, con el nuevo mandato de Gustavo Petro se espera que ambos mandatarios sigan trabajando de la mano para que no solo trabajen con la reapertura de la frontera, sino también se apunte a construir la política de la Paz Total que el nuevo gobierno ha venido trabajando.

Por: Katerin Erazo, periodista En sus primeros 30 días de gobierno, Gustavo Petro ha visitado distintas regiones del país que históricamente han sido afectadas por el conflicto o han sido olvidadas por el Estado: Chocó, Catatumbo, La Mojana, Providencia, sur de bolívar y Buenaventura, han sido algunos de sus destinos. Su última visita fue al municipio de Santa Lucía, Atlántico, el pasado 08 de septiembre. Allí, Petro planteó que el país deberá evaluar y debatir con rapidez una posible emergencia económica para no llegar, en sus términos, a un estado de hambre por causa de la crisis climática, pues, según meteorólogos, las lluvias podrían aumentar en los próximos tres meses, afectando la seguridad alimentaria de múltiples comunidades. El primer viaje que hizo Petro como jefe de Estado fue a Quibdó, capital del departamento del Chocó, una de las poblaciones más importantes en la región del Pacífico del país, donde escuchó las necesidades de las comunidades y visitó algunas víctimas de la violencia. Durante esta visita, el presidente lanzó la Política Integral de Seguridad Humana, que bajo el concepto de Isaac Morales, Coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), esta política pone a las personas en el centro de las gestiones que debe hacer la institucionalidad para garantizar todas las condiciones de seguridad del ser humano, el mandatario enfoca esta política en el desarrollo de las acciones que quiere implementar en materia de seguridad, de acuerdo a los contextos que se vivan en cada una de las regiones del país. “La fuerza pública tiene unas competencias, unas responsabilidades, pero no logra en sí misma solucionar de manera definitiva los problemas de violencia en una región como Chocó”, resaltó Gustavo Petro durante su viaje al Chocó. El mandatario también estuvo visitando El Tarra (Norte de Santander), un municipio donde ganó las elecciones con el 81,18% de los votos a favor. Según la Línea Migración, Región y Frontera de Pares, los catatumberos calificaron como histórica su visita, debido a que ningún jefe de Estado había pisado esas tierras. Allí, Gustavo Petro propuso un tránsito para esta subregión: abandonar el primer lugar de exportación de cocaína en el mundo para convertirse en la Capital Nacional de la Paz. Hablo de disminución sustancial de la hoja de coca, dejación de armas por parte de los grupos ilegales y construcción de la universidad pública en el Catatumbo, generando efusividad en los pobladores. Durante sus viajes por las regiones, Petro llegó a la isla de Providencia, donde tuvo un encuentro con los líderes y lideresas sociales y raizales, logrando dialogar sobre el proceso de reconstrucción de la isla, tras el impacto del huracán lota. El presidente ordenó la reconstrucción económica de la isla, por medio de la industrialización de la pesca raizal. Después, luego del asesinato de los 7 policías en el corregimiento de San Luis (Neiva), Gustavo Petro se dirigió a este municipio, sosteniendo un diálogo con la comunidad, liderando un consejo de seguridad con la cúpula militar y policías, y anunciando una inversión en materia de salud, conectividad, educación y mejoramiento de la carretera; afirmando que esta inversión sería un eje de transformación por medio de la contratación con la comunidad. Finalmente, el primer mandatario lideró el pasado 06 de septiembre un Consejo Integral de Seguridad Humana y la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) por la Vida en el distrito de Buenaventura ante la preocupación por parte de los líderes y lideresas sociales por la violencia que se sigue presentando en la ciudad. Luego de concluir la jornada, Petro manifestó que una solución para este puerto del pacífico es enfrentar el lavado de activos y la exclusión social. Las visitas que ha realizado el mandatario demuestran su compromiso e interés por las regiones del país, pues son municipios que han sido completamente olvidados por la institucionalidad. Además, es algo simbólico que en sus primeros días de mandato haya priorizado estas zonas que han sido tan golpeadas por la violencia y que incluso otros presidentes han preferido evitar por temas de seguridad.

Miguel Ángel Rubio, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil “Hijo, el médico sin mirarme, me dijo al aire que iba camino a una pérdida total de la memoria. Hizo una pausa y agregó -Pero eso no duele” La izquierda al poder en Colombia, Petro y los secretos de la izquierda en su camino a la presidencia, p. 83 En Colombia muchos continúan intentando explicarse el triunfo presidencial y parlamentario de la izquierda, en un país que aún vive con el fantasma de Venezuela y Cuba cuando de socialismo se trata. Ese fantasma invocado en los últimos años por la derecha y las élites colombianas fue conjurado en las pasadas elecciones de 2022 en las que ganó Gustavo Petro, exmilitante del M19, exsenador, y quien fuese alcalde mayor de Bogotá en el periodo 2012-2015. Sus posturas siempre estuvieron y están en el espectro ideológico de la izquierda, al lado del Polo Democrático, Progresistas, facciones del Partido Verde y Colombia Humana. Un triunfo histórico que posiciona por primera vez a la izquierda en el poder y tuerce el cuello al cisne de los gobiernos de élite que han gobernado por siempre a Colombia; solo algunos presidentes como Alfonso López Pumarejo y Gustavo Rojas Pinilla tuvieron asomos tímidos de izquierda en sus gobiernos, en los cuales los cambios no fueron significativos, ni perduraron, pues fueron fácilmente borrados por las hegemonías bipartidistas conservadoras y liberales, que como bien lo explica León Valencia en su más reciente libro La izquierda al poder en Colombia, Petro y los secretos de la izquierda en su camino a la presidencia (2022), impidieron las posibilidades reales de acceso a cuotas de poder de opciones políticas alternativas, bien de izquierda o comunistas, mediados entonces por el miedo a los cambios ideológicos que muchos países de Latinoamérica empezaban a dar hacia enfoques más socialistas. “Pero el gran invento tenía un defecto: les cerraba el paso a terceros partidos, cualesquiera que fuera su signo ideológico. Ni las fuerzas abiertamente adversas al sistema capitalista, ni las disidencias de los partidos Liberal y Conservador tenían posibilidades reales de llegar al poder mediante competencia electoral”, p. 36. El autor acude en su relato histórico a fuentes verídicas que tienen el adobo de sus vivencias personales en los movimientos sociales de izquierda, campesinos y subversivos, y los momentos de la historia de Colombia bien conocidos y relatados por el propio León Valencia. Al comienzo del texto se evidencia en primera instancia la insípida izquierda de raigambre campesina, más liberal que permeada por ideas comunistas, previas al Frente Nacional, pacto que cesó la violencia bipartidista entre liberales y conservadores, pero que no resolvió el germen real de sus causas, que era la inclusión democrática de otros sectores sociales, siempre al margen del poder y de la toma de decisiones. El libro camina también por las luchas guerrilleras de los años 60 y 70, las apuestas de paz de los años 80 y sus derrotas, el genocidio de la Unión Patriótica, los diversos diálogos de paz entre estas guerrillas y el Gobierno, el Estatuto de Seguridad de principios de los 80, la unidad de las guerrillas en busca de una salida democrática, el ataque a Casa Verde, hasta llegar a la constitución de 1991, concertada entre los dos partidos del Frente Nacional, Liberal y Conservador, y un tercero que primero en armas y después en democracia, rompió el nudo gordiano de la exclusión democrática, el M19. La segunda parte del libro es entonces la entrada de la izquierda al poder político, su aumento en curules en el Congreso, los debates de país y apuestas presidenciales, el periplo de los 90 narrado entre unas élites que resisten a un nuevo orden constitucional, unas guerrillas poderosas que aumentan su poder de daño y la incidencia total y plena del narcotráfico en la política y en la vida nacional. También nos lleva a un ejercicio poderoso de memoria, que es la lucha constante de León en el libro, que la memoria no se borre, pero también que no sea una memoria de monumento, sino una memoria en movimiento, que permita desde el pasado comprender los procesos del presente y pensarse una izquierda del futuro. Una memoria que con el tiempo no nos duela. “Esa noche dormí muy poco. Me puse a pensar en el largo camino que había recorrido la izquierda colombiana para acariciar por primera vez la posibilidad del triunfo. En los mecanismos de exclusión que habían ideado las élites para impedir que las izquierdas llegaran al poder nacional en la larga historia del país. En las batallas democráticas y también en las sangrientas reyertas que habían protagonizado buscando las alcaldías, las gobernaciones y la presidencia de Colombia. En los acuerdos de paz que habían suscrito para abrir la democracia poco a poco, pedazo a pedazo y conquistar una que otra reivindicación social. En los dolores vividos y en los dolores causados. Afirmé una vez más la convicción de que al centro de la disputa siempre habían estado la democracia y la inclusión”, p. 17. Para el lector este libro se convierte en una bitácora de viaje por la historia reciente del país, su construcción narrativa amable, amena, digna de un conversador de horas a quien no se le agota el tema, permite una comprensión del fenómeno Petro/Francia, del ascenso del primer líder político de izquierda a la presidencia y de la primera mujer negra a la vicepresidencia. Dijo León en el concurrido lanzamiento oficial del libro en el Gimnasio Moderno de Bogotá el pasado 07 de septiembre, que el papel de Francia Márquez como símbolo poderoso en la campaña le permitió a Petro una votación altísima en los sectores más pobres y olvidados del país, el litoral Pacífico, el sur y el Caribe. Conversaciones con líderes como Belisario Betancur, expresidente de Colombia y quien llegó como otros tantos presidentes con la bandera de la paz, sirven de trasfondo para contar en este libro la profunda crisis de la lucha democrática de la izquierda, los acontecimientos de la toma del Palacio de Justicia, los diálogos de paz, la crisis de Armero, y nos adentra en unos años 80 que, como un partido de tenis, jugaba la pelota entre las luchas guerrilleras y la penetración del narcotráfico en la política, la incapacidad de liderazgo de dos presidentes acorralados y el rompimiento de ese acorralamiento con la llegada de la constitución de 1991. Otra charla o encuentro relatado por León Valencia en su libro es la que tuvo con el expresidente uruguayo Pepe Mujica. Esta corresponde a un periodo de exilio del autor por Latinoamérica, en la que se permitió explorar los procesos políticos de ascenso de las izquierdas en otros países. Esta entrevista al quizá más importante líder latinoamericano de principios de siglo, es una indagación de Valencia sobre cómo lograr una apertura democrática en Colombia con el expresidente sureño. “En las conversaciones con Pepe Mujica le pregunté por el futuro de la izquierda uruguaya. Ya habían ganado la alcaldía de Montevideo y conquistado una buena representación parlamentaria, pero los competidores presidenciales más fuertes eran el Partido Blanco y el Partido Colorado. Me dijo que el triunfo del Frente Amplio, donde se agrupaba la izquierda era cuestión de tiempo. Por una razón histórica muy profunda, dos de cada tres jóvenes que entraban al padrón electoral votaban por la izquierda: ‘Los exguerrilleros tupamaros y la izquierda uruguaya tenemos un discurso heroico para conquistar a la juventud porque enfrentamos la dictadura de Bordaberry y padecimos la persecución y el horror de las cárceles, que en realidad eran tumbas en vida para presos políticos’ ¿Y Colombia? -pregunté- ¿Cuál puede ser nuestro discurso heroico? Ese es un problema grave de ustedes -Me dijo- La guerra que han adelantado es demasiado cruel. De lado y lado, claro está, pero a la izquierda siempre le cobran con mayor rigor los desafueros. -Sólo les queda el camino -dijo- de convertir la reconciliación en su discurso heroico. Fragmento de una conversación con Pepe Mujica en el 2003”, p. 178. Este es un acercamiento apenas evocador a un libro que deben leer las nuevas generaciones de líderes políticos, los jóvenes hoy en el centro de las discusiones políticas a nivel mundial y nacional, protagonistas de cambios como los de Chile y Colombia, pero también para la militancia de izquierda que a veces parece sufrir de una amnesia selectiva. Sobre todo, es un libro también para las derechas y los apolíticos, que aun cuando estén en un espectro ideológico distinto, leyendo este relato en primera persona, autor-protagonista, se permitirán tener un fresco histórico de cómo fue el ascenso al poder de la izquierda en Colombia, comprender sus errores y ¿por qué no?, entender finalmente que lo más sano para la vida de un país es el péndulo de la democracia, que a veces nos lleva a la izquierda, otras veces a la derecha, y que en Colombia estuvo mucho tiempo quieto de un lado, el de la coacción, la violencia, la exclusión y la restricción política a otros modos de gobernar. Referencias Valencia, León (2022). La izquierda al poder en Colombia, Petro y los secretos de la izquierda en su camino a la presidencia. Bogotá: Planeta.

Por: Katerin Erazo, periodista El 07 de septiembre los partidos Cambio Radical, Conservador y La U definieron sus posturas frente al nuevo gobierno, el primero como partido independiente y los conservadores y los de La U como de gobierno; declaraciones que ratifican nuevamente las mayorías de Petro en el Congreso. Cambio Raical manifestó que, a pesar de que serán independientes, van a apoyar los proyectos que consideren constructivos para el país, pero mantendrán una postura crítica frente a lo que consideren que no aporta al desarrollo de Colombia. “Siendo coherentes con los valores e ideología que nos moviliza como organización política, en Cambio Radical hemos decidido tomar distancia del actual gobierno. Vamos a apoyar los proyectos que consideremos realmente constructivos para el país; pero así mismo, mantendremos una postura crítica ante las iniciativas del ejecutivo que no aporten al desarrollo y equidad de Colombia”, así lo afirmó el director de Cambio Radical, Germán Córdoba Ordóñez. Además, Córdoba mencionó que no apoyarían el proyecto de la reforma tributaria presentada por el ministro de hacienda, José Antonio Ocampo, debido al efecto que podría tener en los colombianos más vulnerables, como la afectación a la canasta familiar y otras que podrían afectar a los ciudadanos o hasta el turismo y sector productivo. Sin embargo, según Camilo Díaz Suárez, investigador nacional de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la declaración de independencia de Cambio Radical no afectaría mucho al Gobierno, ya que, para los proyectos de origen gubernamental, tiene asegurado un trámite con la coalición de gobierno. Por su parte, el Partido Conservador, que se declaró oficialmente colectividad de gobierno, indicó que acompañará el mandato de Petro y la agenda legislativa que ha venido presentando al congreso, siendo por primera vez un partido de derecha que acompaña a la izquierda. Dicha decisión dejó con un sabor amargo al exministro de hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien calificó como una “vergüenza” la decisión tomada por el partido. También, el Partido de la U informó de su decisión de apoyar al Gobierno Nacional en las iniciativas que vayan encaminadas a concretar las propuestas que le apunten a la construcción de la paz y la disminución de la pobreza. Según un informe, hecho por la Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad de Pares, los partidos se declaran de gobierno, independientes u oposición, en un marco del Estatuto de la Oposición, dado que su objetivo general es garantizar la plena participación ante las decisiones del ejecutivo por parte de los partidos políticos contradictores. De esta manera, los miembros de la oposición podrán comunicar, publicitar y determinar o controlar, las acciones del Gobierno. Los partidos independientes, por su parte, podrán moverse de acuerdo con sus intereses y los partidos que se declaren de gobierno, respaldarán y se involucrarán en el desarrollo legislativo. Así, fue la manera en que quedaron las mayorías del gobierno de Petro en el Senado Legislativo de 2022 a 2026: Fuente: Valora ANALITIK Gustavo Petro contará con el 75 % de los apoyos en la cámara baja, de acuerdo con los movimientos y partidos que se declararon oficialistas ante el Gobierno. De los 187 representantes que tiene el país, 140 serán de gobierno, entre ellos están liberales y conservadores, así como miembros del Pacto Histórico, la Coalición Alianza Verde – Centro Esperanza, La U y Comunes. Fuente: Valora ANALITIK Los independientes sumarán 29 congresistas en la Cámara de Representantes, entre los que estarán miembros de Cambio Radical, el Nuevo Liberalismo, Mira, entre otros; y la oposición estará conformada por el Centro Democrático (15) y la Liga de Gobernantes Anticorrupción (2). Díaz dio su opinión respecto a las decisiones que tomaron los partidos: “considero que la decisión del Partido Conservador corresponde a la lógica de como ha actuado hasta el momento: apoyar a un gobierno/gobernante, a cambio de participación en el gobierno. En especial, ahora que en la cabeza del partido está el cuestionado Carlos Trujillo, quien presuntamente ha construido su caudal electoral a partir de relaciones clientelares, como ha denunciado Pares. De todas formas, la decisión es sorpresiva e histórica, si se toma en cuenta la base ideológica del partido” Finalmente, Díaz también mencionó que es coherente la decisión de Cambio Radical, teniendo en cuenta las líneas rojas que no comparten con el gobierno. Sin embargo, resaltó que, debido a la situación del partido, en la que también se ha beneficiado históricamente del reparto burocrático gubernamental, no se permitió declararse en oposición.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Aún no se conoce una “prueba reina” sobre el escándalo de corrupción que los periodistas Sebastián Nohra y Valeria Santos revelaron hace meses en Blu Radio, acerca de la asignación de proyectos en los municipios PDET que pasan por un organismo colegiado llamado OCAD-Paz, el cual distribuye los recursos de regalías en esos municipios, que son 170 en total. Las denuncias de varios alcaldes que no han querido hablar públicamente por miedo a retaliaciones, aseguran que para la aprobación de los proyectos debían pagar coimas que sumarían hasta el 12% de los proyectos a diversos personajes, entre ellos funcionarios públicos y políticos. Los recursos aprobados solo el año pasado superan los $4.4 billones, por lo que un cálculo simple daría la famosa cifra de $500.000 millones que se habrían perdido en coimas. A pesar del silencio que ha reinado en las semanas, y ya meses, siguientes a la denuncia, el pasado 07 de septiembre se llevó a cabo un debate en el Congreso en el que la representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao, denunció que solo en el Cesar estarían “embolatados” $41.000 millones de la paz. El nombre que salió a la palestra fue el del representante conservador Alfredo Ape Cuello. El nombre de Ape Cuello se sumó al de Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el posconflicto, Aníbal Quiroz, contralor delegado para las regalías, Álvaro Ávila, director del Sistema General de Regalías, y Luis Alberto Rodríguez, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), como presuntos involucrados en estos hechos de corrupción. Así, los cuatro congresistas conservadores que han sido mencionados en este escándalo son el senador Samy Merheg y los representantes a la Cámara Wadith Manzur, Alfredo Ape Cuello y Yamil Arana. Por sus presuntos vínculos con estos hechos la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar a los cuatro congresistas, que se reeligieron para el periodo 2022-2026. Recientemente no ha sido inusual la mención de políticos conservadores en denuncias por presunta corrupción. Como lo reveló Daniel Coronell, buena parte de los recursos que asignó Susana Correa desde el Departamento de Prosperidad Social presuntamente beneficiaron los caudales electorales de políticos de este partido, que gestionaron recursos para departamentos y municipios donde registraron altísimas votaciones en marzo de este año. En medio de la crisis de la mayoría de partidos tradicionales, sin tener mucho peso en la opinión pública y menos en los debates importantes que ha tenido el país en el último tiempo, es sorprendente que los conservadores hayan logrado una curul más en el Senado (16 en total) y cuatro más en Cámara de Representantes (25 en total) con respecto a 2018. Como lo explicó Ernesto Medrano en el portal de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), los conservadores fueron uno de los partidos más beneficiados por la “mermelada” en el último cuatrienio. Los congresistas salpicados Ahora bien, ¿quiénes son estos políticos salpicados en el escándalo de los OCAD-Paz? Samy Merheg es pereirano, senador conservador desde 2010, de profesión administrador de empresas y sucedió a su hermano Habib Merheg en el Congreso, después de que este renunciara en 2009. Sobre Habib Merheg pesan innumerables escándalos y acusaciones que, como recoge La Silla Vacía, incluyen un proceso activo por parapolítica por presuntos nexos con el Bloque Central Bolívar —que está actualmente en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP)—, adjudicación irregular de tierras y lavado de activos, entre otros. A su vez, Samy Merheg se vio involucrado en un caso de corrupción sobre la recolección de basuras en Dosquebradas, Risaralda, en 2018, por unos audios en los que aparece referenciado. El exalcalde de Dosquebradas, Fernando José Muñoz, que pertenecía a su grupo político, fue imputado por ese caso el 13 de abril de este año, junto a otras doce personas por “presunto direccionamiento de contratos públicos y apropiación de recursos públicos”. Los contratos que investigan son por casi $3.000 millones. Asimismo, Samy Merheg ha tenido un renovado interés por el Guaviare, uno de los departamentos que más ha sufrido las consecuencias de la deforestación. Durante los últimos años, según denuncia Alfredo Molano Jimeno, Merheg ha “sacado pecho” por la gestión de recursos que ha hecho en favor de este departamento, en el que se llevó un poco más del 16% del total de los votos. Según recoge en su columna Molano, Merheg “posó de haber conseguido más de $38.000 millones en obras entre la Macarena y el Guaviare” y se autonombró padre de una vía que habría costado “más de $320.000 millones”. Dentro de los financiadores de la campaña de Merheg este año, aparece una empresa llamada Cable Satélite de Caldas SAS, cuya representante legal es Martha Sofía Lopera Duque. Lopera, según la Revista Semana, apareció en 2008 como una de las beneficiarias de un adjudicatorio de baldíos en el Vichada que, según el Incoder, sería irregular. Hoy hay una demanda en curso de Lopera contra el Incoder, que se encuentra en el Consejo de Estado, en donde pide nulidad del auto y las resoluciones de 2007 y 2008 expedidas por el Incoder donde se le revocó la adjudicación del predio El Triunfo. Dicho predio, según un informe del Incoder de 2011, tiene una extensión de 1.288,1 hectáreas y hace parte de 31 predios que en ese momento estaban en proceso de recuperación en La Primavera, Vichada, asociados al proceso de adjudicación indebida a personas relacionadas con el hermano de Samy, el exsenador Habib Merheg. Fuente: Cuentas claras en elecciones – Consejo Nacional Electoral (CNE) Fuente: RUES Según la representante a la Cámara Carolina Giraldo, en Risaralda ha habido una inversión a través del OCAD-Paz de más de 30.000 millones que fueron aprobados para 8 municipios que no son PDET, y los proyectos no se han ejecutado. Otro de los involucrados es Wadith Manzur, quien es representante a la Cámara por Córdoba desde 2018. Manzur es ingeniero industrial y es hijo de Julio Manzur Abdala, otro político cordobés que fue senador desde 1994 hasta 2009, quien está investigado por parapolítica y fue recientemente expulsado de la JEP. Manzur Abdala fue capturado en 2015 con fines de indagar sus presuntos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia y en 2017 la Procuraduría le pidió a la Corte Suprema una condena para Manzur Abdala, por “haber promovido grupos paramilitares en el departamento de Córdoba entre los años 1993-2006”. Manzur Abdala aportó cerca de $150.000.000 a la campaña de su hijo este año. La fórmula en Cámara de Julio Manzur en 2006 fue Nora García Burgos, quien en su salto a senado tuvo a Wadith Manzur como su fórmula en Cámara en 2018. Para 2022, como Nora no se lanzó de nuevo y le legó su curul a su hijo, Marcos Daniel Pineda, la fórmula de este fue, de nuevo, Wadith. De esta manera, se ha consolidado el “matrimonio” político entre los Manzur y los García Burgos. Para completar, los apellidos de uno de los financiadores, Alberto Carlos Valverde Pineda, quien donó $30 millones, coinciden con los de la jefe de control interno disciplinario de la Defensoría del Pueblo, María Carmenza Valverde Pineda. A la cabeza de la Defensoría está Carlos Camargo, yerno de Nora García Burgos. Fuente: Cuentas claras en elecciones – CNE Por su parte, Alfredo Ape Cuello es un representante a la Cámara conservador por el Cesar, que ha estado en el Congreso desde 2006, aunque en 2010 no pudo dar el salto a Senado y volvió a Cámara en 2014. Ape Cuello es administrador de empresas de la Sergio Arboleda y ha sido un aliado de vieja data del clan Gnecco, aunque ellos militan en el partido de la U. También es cercano a Didier Lobo, senador de Cambio Radical, con quien hizo campaña este año a pesar de que eso podría considerarse doble militancia. Ha construido su propio caudal electoral a través de #equipoazul y son sus aliados los alcaldes de La Paz, Martín Zuleta, involucrado con el escándalo del OCAD-Paz; Chimichagua, Celso Moreno; El Paso, Andry Aragón; Pueblo Bello, Danilo Duque, La Jagua de Ibírico, Ovelio Jiménez, la Astrea, Juan Manuel Ortega; entre otros, todos en el Cesar. También el diputado José Mario Rodríguez Barriga. Durante esta campaña recibió el apoyo político de la familia Muvdi, de tradición liberal y a la que pertenece Pedro Muvdi, excongresista condenado por sus vínculos con paramilitares. Alfredo Ape Cuello en 2009 fue investigado por presuntos vínculos con los paramilitares, pero la investigación precluyó en 2010, porque según la Corte Suprema de Justicia no había material suficiente para seguir con ella. Su hermano, Manuel Guillermo Cuello Baute, fue destituido e inhabilitado 17 años en 2015 después de ser Superintendente de Notariado y Registro, porque recibió dádivas para favorecer al notario de Montelíbano, Córdoba, Andrés Benítez Martínez, en un proceso disciplinario. En 2018, el Consejo de Estado decidió mantener la investidura de Ape Cuello después de una denuncia que lo señalaba de haber financiado la campaña del entonces alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez. También enfrentó otra demanda por pérdida de investidura por sus constantes inasistencias al Congreso, de la que también salió bien librado. Su nombre apareció en la investigación del grupo de los “Buldozer”: congresistas que habrían hecho lobby en favor de la multinacional brasilera Odebrecht. En mayo de 2022 se reactivaron las indagaciones en su caso, sin que hasta el momento se haya conocido su avance. En este momento reposan en la Corte Suprema de Justicia 12 procesos privados vinculados a su nombre. Fuente: Sistema de Consultas de la Rama Judicial Ape Cuello también es particularmente cercano a Luis Alberto Rodríguez, quien era director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y también estaría involucrado en los presuntos hechos de corrupción de los OCAD-Paz. Por iniciativa de Cuello, Rodríguez fue condecorado con la Orden de la Democracia Simón Bolívar el 24 de agosto de 2021. Por último, está Yamil Arana, un joven magangueleño que es representante a la Cámara por Bolívar. Es economista de profesión y tiene una especialización en gestión pública, y fue la fórmula de Nadya Blel, la primera votación del conservatismo en Senado y quien es hija de Vicente Blel Saad, condenado por parapolítica. Eso significa que Arana hace parte de este clan, que este año consiguió que también quedara como representante a la Cámara Juliana Aray, y que es dueño de la gobernación de Bolívar, en cabeza del hermano de Nadya, Vicentico Blel. Arana está en el Congreso desde 2018 y su votación en 2022 fue impresionante: el tercer representante a la Cámara más votado del país, con un poco más de 113.000 votos. Yamilito, como es conocido popularmente, proviene de una familia con una larga tradición política en su municipio natal. Su tío, Anuar Arana, fue alcalde de Magangué elegido para el periodo 2008-2011, pero su elección fue declarada nula por el Tribunal Administrativo de Bolívar por intervención en la celebración de contratos por el arrendamiento de un edificio de propiedad suya y de su familia al Consejo Superior de la Judicatura. Por su parte, su primo Yalil Arana, fue candidato a la alcaldía de Magangué en 2019, pero perdió frente a un aliado de La Gata, Carlos Cabrales Isaac. El grupo de aliados de La Gata, sin embargo, se rompió para esta elección pues Yalil contó con el apoyo de quien fue representante hasta este año, Karen Cure. Hoy Yalil es concejal de Magangué por el Estatuto de Oposición. Yamil Arana sería uno de los representantes más cercanos a la mano derecha de Luis Alberto Rodríguez, y quien presuntamente estaba encargada de las relaciones entre el DNP y los congresistas, María Alejandra Urrutia, según lo relató el periodista Sebastián Nohra.

Por: Guillermo Segovia Politólogo, abogado y periodista A un mes exacto de haberse iniciado el gobierno de Gustavo Petro, mientras la emisora radial Caracol destacaba el significativo aumento de la inversión extranjera como una muestra de confianza en el nuevo mandatario y su programa, el expresidente Álvaro Uribe reclamaba el logro como el efecto de las medidas de la administración antecedente liderada por su pupilo, Iván Duque. Por supuesto que esto contradice el vaticinio del uribismo de que si ganaba Petro la plata de afuera no llegaría y la de aquí saldría a las carreras. Queda claro que los inversionistas no se comieron el embeleco del comunismo y el castrochavismo. Desbaratada la conseja anterior, la menguada, vociferante y absurda oposición derechista se ha dado a la tarea de urgir resultados, cuando al año largo de Duque condescendían con que sus yerros eran fruto del aprendizaje, como tituló Semana. Cínico intentar señalar responsabilidad del gobierno actual en la continuidad de masacres y asesinatos de líderes: el escenario y los ejecutores son el resultado de la política de seguridad, lucha contra el crimen y control de la violencia basada en el guerrerismo, el exhibicionismo y el abandono de la búsqueda de la paz por el gobierno Duque. En otros frentes sí que descuella la posición mendaz, anacrónica, aporofóbica y antiderechos de los reductos retardatarios, que ha encontrado eco en un sector mediático vocero de emporios económicos acrecentados sin límite por favorecimiento de gobiernos anteriores. Tal es el caso de la reforma tributaria (primer intento de cumplir principios constitucionales como la progresividad) y los ingentes esfuerzos de gremios, opinadores de derecha y periodistas “neutrales” de convencer a la opinión pública de que se trata de apretar a sectores medios y bajos con el ardid que los gravámenes se desquitarán en el consumidor o comprador final, lo que además es la confesión anticipada de un delito. Paja aparte, Petro ha tenido un arranque exitoso marcado con una aprobación que va desde el 56% de la encuestadora Invamer hasta el 69% del Centro Nacional de Consultoría, destacado maliciosamente en portada por la revista Semana, punta de lanza del antipetrismo. En esto mucho ha tenido que ver la decisión del presidente de “tomar el toro por los cachos” y salir desde el día siguiente a su posesión a ratificar en lugares y eventos significativos los lineamientos de su mandato y a ponerle el pecho en el sitio a graves situaciones de violencia larvadas en la inacción, la incapacidad o las obsesiones del gobierno anterior. En los congresos anuales de los principales gremios del país (ANDI, Asobancaria, Anato, ACM, Andicom), Petro ratificó los criterios del gobierno frente a empresarios de sectores como la industria, el financiero, el turismo, la minería y las tecnologías digitales. El Estado recuperará su función de dirigir y acompañar el desarrollo económico hacia un cambio de modelo orientado a la producción, la redistribución de la riqueza y la reducción de la desigualdad en un horizonte de paz y transición del extractivismo hacia energías limpias, como aporte a la contención del cambio climático como amenaza para la humanidad. Su presencia ovacionada en los territorios con manifestaciones de violencia y la instalación de Puestos de Mando Unificados por la Vida, con participación de la ciudadanía, busca contrarrestar factores desestabilizadores, al tiempo que los diálogos regionales vinculantes para la elaboración de los planes nacional, departamental y municipal de desarrollo, pretenden hacer frente a los asuntos estructurales de carácter económico y social que en parte están en la base de la conflictividad. Se gestiona una Paz Total ofreciendo condiciones de negociación y acogimiento, según el caso, a los actores insurgentes y criminales, con acciones inmediatas demostrativas de un cambio de rumbo y voluntad en el propósito, como el cese de bombardeos indiscriminados donde haya niños, la reiniciación de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional —suspendiendo órdenes de captura y rehabilitando protocolos de negociación—, la posible sustitución del servicio militar obligatorio por uno de carácter social y la búsqueda de diálogo con diferentes agrupaciones para un sometimiento favorable. Frente a la política contra drogas ilícitas el revolcón es significativo. El gobierno se plantea llevar al escenario internacional el debate sobre el fracaso de los mecanismos actuales, propone la legalización de marihuana y cocaína, opta por la interdicción en las fronteras propias, propone una revisión a la extradición con EE.UU. —condicionada en el caso del narcotráfico al acogimiento a la ley colombiana—, prohibió la aspersión con glifosato y promueve la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y un diálogo con las organizaciones de campesinos dedicados a esa actividad. La designación del gabinete ministerial ha constituido un ejercicio sin precedentes de equilibrio y pluralismo para consolidar un amplio frente político de apoyo a los cambios propuestos, tanto los inmodificables como los transables, y garantizar mayorías congresionales que hagan posibles las reformas o iniciativas legislativas fundamentales, como la tributaria para inversión social y saneamiento de las finanzas públicas como el Plan Nacional de Desarrollo, que materialicen el programa de gobierno “Colombia potencia mundial de la vida”. Algunas decisiones pragmáticas en función de ese logro han sido causa de críticas, pero el presidente se ha mantenido, privilegiando el objetivo mayor de que en las legislaturas de este año y 2023 se asegure al máximo el legado de su proyecto reformista en temas como impuestos, paz, electoral, salud, defensa y policía, seguridad, pensiones, justicia, entre otros, además de los propuestos por la bancada del Pacto Histórico, su plataforma electoral. En sectores clave en sus propósitos, Petro ha designado personas de confianza, cercanas en su vida política y probadas en su gestión en la Alcaldía de Bogotá, como también jóvenes profesionales y académicos con afinidades a sus propuestas. Con esto busca tener un seguimiento estratégico directo y de resultados confiables. Tal es el caso de Jorge Iván González en el Departamento Nacional de Planeación, Daniel Rojas en la Sociedad de Activos Especiales, Augusto Rodríguez en la Unidad Nacional de Protección, Alberto Casanova en la Dirección Nacional de Inteligencia, Gloria Cuartas en la Consejería para el Acuerdo con las FARC, Jorge Iván Bula en la Escuela Superior de Administración Pública, Javier Pava en la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres y Cielo Rusinque en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. En Prosperidad Social parecen tensarse las relaciones con dos sectores aliados en los que la habilidad política y el compromiso alternativo de Gustavo Petro debe jugarse a fondo. De una parte, el nombramiento de la directora genera el malentendido de que Petro renunció a su compromiso de crear el Ministerio de la Igualdad que desempeñaría la vicepresidenta Francia Márquez. Las reacciones apresuradas al respeto omiten que esa cartera debe crearse por ley y la entidad no puede quedar acéfala en el entretanto. De otro lado, está el reproche de un sector del feminismo al nombramiento de Rusinque, debido a su posición jurídica frente a acusaciones de machismo o violencia de género, por la cual parece decantarse el presidente. Con motivo del primer mes del primer gobierno alternativo de la historia de Colombia, el analista y escritor León Valencia Agudelo, acompañado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó su libro La izquierda al poder en Colombia, en el que recorre de manera apasionada el intrincado camino de esa epopeya, ante unas élites temibles, un fuerte conservadurismo y unas guerrillas visionarias y otras obtusas, que alargaron el proceso. Ante el histórico logro, explicado en las capacidades y cualidades de Petro y el proceso de paz como por el desdibujamiento del uribismo y el mal gobierno de Duque, Valencia le pide a Gustavo ser el Presidente de la Reconciliación y de la Normalización de la Democracia. En eso está. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: María Victoria Ramírez El Informe final de la Comisión de la Verdad, con sus 14 tomos, tomará un tiempo para leerse, sufrirse, entenderse y asimilarse como parte de la historia colombiana. Para reconstruir el horror de lo que nos ha pasado, la Comisión escuchó más de 14.000 testimonios de víctimas, testigos y responsables y desarrolló un diálogo con cerca de 30.000 personas que participaron en distintos espacios públicos y privados. En esta columna me ocuparé del tomo 2 titulado Hallazgos y recomendaciones, un documento de 792 páginas. Pondré especial atención sobre aquello que concierne a los hallazgos sobre las mujeres en el conflicto armado colombiano, aunque recordemos que la Comisión le dedicó un tomo especial a este tema, el 7, Mi cuerpo es la verdad: experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado, en una próxima columna me ocuparé de él. A lo largo del tomo 2 se va encontrando el reconocimiento a las distintas formas de participación de las mujeres para detener el conflicto y las marcas que este dejó en sus vidas. Lo primero es que se reconoce la lucha de las mujeres por una salida política al conflicto armado en Colombia (pág. 34) y la mención especial de las movilizaciones de las mujeres en torno al derecho a la vida (pág. 108) , que las mujeres de los sectores populares, las niñas y jóvenes en las áreas rurales y marginalizadas urbanas están dentro de los grupos más afectados, junto con los campesinos y los pueblos étnicos (pág. 37), que las mujeres fueron activas a la hora de enfrentar a los actores armados para exigir sus derechos, “muchas mujeres de las comunidades llevaron adelante la interlocución con guerrillas, paramilitares o fuerza pública para exigirles respeto a la población civil, para impedir el reclutamiento de hijos e hijas, para recuperar los cuerpos tirados en quebradas o ríos, para exigir el derecho a la autodeterminación de la población civil en el conflicto armado” (pág. 44). El reconocimiento a las víctimas se hizo no solo en el ejercicio de escucha y en la transcripción de sus relatos, sino en el acompañamiento del duelo en más de 50 eventos públicos: “la Comisión de la Verdad los escuchó en los territorios e hizo parte de esos duelos: desde el primer acto de reconocimiento de la Comisión –que se dirigió a las mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas de violencia sexual y a los familiares de desaparecidos que salieron a buscar a los suyos en los territorios del miedo– hasta el último evento nacional en reconocimiento a las Madres de Soacha que dieron el paso para denunciar las ejecuciones extrajudiciales que se conocen como «falsos positivos»” (pág. 47). Exalta el informe que las mujeres de forma silenciosa contribuyeron a contener los impactos de la guerra en sus comunidades: “durante años, el silencio protector, el apoyo solidario de los grupos de referencia, las respuestas colectivas basadas en la organización histórica de algunos territorios o el trabajo invisible de las mujeres en el sostenimiento de sus familias y comunidades fueron aspectos que contribuyeron a contener los efectos devastadores de la guerra.” (pág. 54). Los liderazgos femeninos fueron blanco de los ataques de los distintos grupos y tanto los homicidios como los desplazamientos y el exilio, conllevaron impactos sobre otras mujeres que las tenían como referentes. “También esos asesinatos, amenazas o exilios tienen un impacto específico en otras mujeres que han visto a estas lideresas como referentes para superar las condiciones estructurales de discriminación que las han mantenido históricamente en una posición de subordinación frente al poder masculino. Con el desplazamiento de las mujeres se lleva a cabo el de sus familias completas, siendo un poderoso impulsor del vaciamiento de los territorios” (pág. 69). Por parte de las excombatientes de las FARC se reconoce la afectación que produjeron en mujeres de las comunidades en las que tuvieron influencia (pág. 71). Reconoce la Comisión las diversas formas de agresión sexual de que fueron víctimas las mujeres y que cometieron los distintos actores del conflicto, entre las que se enumeran las violaciones sexuales, la esclavitud sexual, las amenazas de violación, el acoso sexual, el desnudo forzado, el aborto forzado, las prácticas denigrantes y las humillaciones sexuales. “Las mujeres y niñas fueron ampliamente las más afectadas, el 92 % del total de víctimas [de violencia sexual], particularmente las que habitan áreas rurales. Los mayores registros de las violencias sexuales asociadas a las propias dinámicas del conflicto armado se encuentran entre 1997 y 2005” (pág. 154). En el aparte sobre la relación del narcotráfico y el conflicto armado dice el Informe que “las economías regionales de la cocaína fueron una oportunidad de trabajo, pero también conllevaron formas de explotación, violencia y desigualdad. La expansión de la prostitución fue uno de los reflejos más claros de este negocio” (pág. 358). Igualmente, las consecuencias de las acciones para reducir los cultivos de cocaína tales como la aspersión con glifosato tuvieron afectaciones dentro de las que se cuentan problemas dermatológicos, abortos y malformaciones. Resulta muy valioso que el Informe de la Comisión de la Verdad analice como parte inherente al conflicto las relaciones asimétricas que el patriarcado establece y la guerra desata con mayor furia. “En el marco del conflicto armado, el patriarcado se hizo patente en la forma de pensar y actuar de todos los actores armados y de terceros civiles. Su forma de ver a las mujeres los llevó a profundizar y recrudecer las violencias, lo cual les representó ventajas frente a sus enemigos. En la guerra, estas vidas fueron frecuentemente objeto de todas las formas de desprecio, lo que reforzó la masculinidad bélica de los hombres en armas, que estaba centrada en la misoginia, el prejuicio, el poder de la fuerza y el uso de la violencia.” Los actores del conflicto armado entendieron que atacar a las mujeres, desplazarlas o agredirlas sexualmente era una forma de destruir el tejido social; controlarlas o eliminarlas era ganarle al adversario en todo lo que estaba por fuera del campo de batalla. Se logran establecer patrones diferenciadores de esas violencias contra las mujeres en los tres actores del conflicto: guerrilla, paramiltares y fuerza pública. Entre las guerrillas, particularmente las FARC-EP, las violencias sexuales fueron una práctica que funcionó, en muchos casos, para compensar a los combatientes por fuera de la lucha ideológica y de los estatutos internos. Por otro lado, se constató que estas violencias se dieron cuando no había un control efectivo de sus hombres, sobre todo de las milicias. Y si bien ejercieron violencia sexual contra mujeres civiles, la mayoría se ejerció en las filas. Con la fuerza pública, aunque hay reporte de menos casos, se evidenció que la violencia sexual ejercida contra mujeres civiles fue una forma de atacar a las consideradas enemigas, es decir, a las mujeres señaladas de colaborar con las insurgencias o las sospechosas de ser guerrilleras. La Comisión pudo constatar que los hechos más recurrentes se dieron hacia las mujeres detenidas en el marco del Estatuto de Seguridad, en contextos de tortura. En el caso de los paramilitares, estas violencias contenían una profunda carga de crueldad y sevicia contra las mujeres. Fue un mecanismo efectivo de terror que usaron para desplazar, despojar y controlar los territorios y comunidades en distintas partes del país. Destaco finalmente, que la Comisión realizó un esfuerzo deliberado en visibilizar la violencia sexual dado que “ningún actor admite con franqueza haber violado, acosado o prostituido forzadamente a una víctima. Es más fácil confesar el despojo, el desplazamiento forzado e incluso el asesinato, pero sobre la violencia sexual impera un profundo sentido moral que la convierte en un crimen horrendo, que denota la inhumanidad de los victimarios” (pág. 557). Quiero finalizar esta columna haciendo un homenaje a las víctimas que hablaron, a aquellos que reconocieron los hechos en los que participaron, contribuyendo al esclarecimiento, pero sobre todo al entendimiento de las causas de la tragedia que condensa este documento. A la Comisión, eterna gratitud por el gran esfuerzo de abarcar las múltiples aristas del conflicto, los territorios en los que tuvo lugar, yendo más allá de un esfuerzo descriptivo y logrando una polifonía de que desde el dolor exigen reconocimiento y justicia, pero que también dan una lección de esperanza.