Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Con la reforma tributaria, el país experimenta hoy uno de los momentos más decisivos, en términos del juego de la economía política. El gobierno Petro destapó, desde antes del siete de agosto, su principal carta. Tan pronto se posesionó, le encargó a su ministro de hacienda, José Antonio Ocampo, poner en la agenda legislativa una ambiciosa reforma fiscal con la que se busca recaudar durante el primer año, por lo menos, 25.8 billones de pesos, que irán incrementándose hasta los 50 billones en el cuarto año. De aprobarse esta reforma, el Gobierno Nacional contará en 2023 con los recursos necesarios para los diversos programas sociales que aspira desarrollar, como el de inversión social contra el hambre, el de transición energética y las reformas agraria y la pensional. Pero si no la aprueban, se encontrará en un gran aprieto para cumplir a los electores lo prometido. De allí que el Gobierno insistirá, en todos los espacios, sobre la conveniencia para el país de aprobar esta ambiciosa apuesta legislativa. Hay que advertir que un hecho importante en esta dinámica política es la situación en la que se encuentra la nombrada reforma: desde el mismo momento en que el Gobierno lanzó su carta, el juego pasó de inmediato a las manos del poder legislativo. Ahora son los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado de la República quienes tienen en su cancha la posibilidad de aprobar –total o parcialmente– o rechazar esta fundamental iniciativa. En esta posibilidad se contempla el gran poder que tiene el Congreso de la República de producir o modificar las reglas de juego que todos debemos acatar. El legislativo cuenta con la autonomía y la capacidad para aprobar la ampliación de los recursos del Gobierno Nacional, haciendo que los diversos agentes de la economía contribuyan con mayores aportes para el fisco, mediante el pago de impuestos. De allí que buscará aprovechar este momento político para aumentar su poder o el de los miembros que lo componen. El Congreso sabe que con sus decisiones muchos o pocos actores se benefician, mientras que a otros les pasa lo contrario. En el caso de esta reforma tributaria se beneficiará la población que gane menos de 10 salarios mínimos legales vigentes mensuales, a la que no se le cobrará más impuestos y además recibirá los efectos positivos de varios de los programas de inversión. Pero se perjudicará a los demás actores económicos, sobre todo a los que más tienen y reciben ingresos en el país. Es sobre estos últimos agentes –los más privilegiados– en los debemos poner cuidado y analizar en el juego político que se vivirá en los próximos meses. La reforma hará que estas personas hagan sus críticas, actúen y recurran a los gremios que defienden sus intereses para que los protejan y eviten, o reduzcan al máximo, las posibles pérdidas de bienestar. No querrán perder los beneficios tributarios ganados ni permitir que se les asigne nuevas responsabilidades tributarias. La teoría de los grupos de interés dice que estos actores, aunque no quieren llegar al Gobierno, sí buscan hacer uso de los diversos elementos de poder que tienen a su alcance para conseguir sus objetivos propuestos en un contexto político específico, que en este caso es evitar que pierdan con las propuestas legislativas, en especial, con  la reforma tributaria. Como agentes de un sistema político, buscarán aglutinarse con otros para defender sus intereses. Presionarán, mediante los grupos de interés que los congrega, a los tomadores de decisiones para que maximicen sus beneficios. Para lograr su fin, los grandes grupos de interés económicos usarán, primero, la capacidad financiera de la que gozan, contratando estudios que muestren –en informes, documentos e investigaciones– lo peligrosa que es la reforma para el país y lo inconveniente que resultaría para la economía, en términos de empleo, competitividad e inversión extranjera, como lo está haciendo la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (Andi), el gremio que representa a las empresas nacionales y que es el recurso más poderoso con el que cuentan estas para la defensa de sus intereses económicos. También, buscarán persuadir a la opinión pública, a través de los medios de comunicación y publicitarios –los canales formales e informales de información que tienen– sobre los daños que para otros actores tiene la reforma y que afecta seriamente a los benévolos empresarios, que, según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), ya soportan excesivos tributos nacionales, territoriales, parafiscales y sectoriales, como ellos lo intentan demostrar. Y si esta primera opción no funciona, intentarán corromper, como grupo de interés, a los legisladores –no tanto al ejecutivo, pues este ya reveló las cartas en su contra–.  Les ofrecerán, a través de lobistas, incentivos monetarios y no monetarios para que actúen en su beneficio y cambien los tributos o no aceptarlos. Les podrán dar regalos como viajes, inmuebles, acciones o puestos de trabajo para un conocido; también, les ofrecerán apoyar sus campañas electorales o, incluso, entregar dineros para aumentar sus patrimonios familiares netos. Estos incentivos ofrecidos por los grupos de interés económico, lo más seguro, serán puestos en una balanza por los legisladores, quienes los comparan con los que otros agentes del juego de la economía política les ofrecen; por ejemplo, los apoyos políticos que le podrá dar la ciudadanía en las próximas elecciones mediante el voto popular, si apoyan la reforma que los beneficie como grupo. Y escucharán los ofrecimientos que el mismo Gobierno Nacional podría entregarles a cambio de la aprobación legislativa. En síntesis, estamos frente a un escenario donde se verá actuar con agresividad y usando todo el repertorio de elementos de poder a los grupos de interés. También veremos a un Congreso moviendo fichas y haciendo cálculos racionales que le permita aprovechar el poder monopólico que tiene de generar normas. Finalmente, a un Gobierno Nacional que deberá saber actuar como jugador estratégico para lograr que se acepte su reforma, de lo contrario peligrará su gestión gubernamental. De allí la necesidad de que, como ciudadanía, también usemos nuestros elementos de poder político para presionar las decisiones que más nos favorecen. Tenemos que unirnos, como lo hacen los otros grupos de interés de la industria, para buscar presionar al legislativo usando estrategias que nos beneficien; actuar mancomunadamente para que el poder que poseemos en el mercado de votos se use para que los honorables congresistas no caigan en la tentación de recibir los incentivos de los grupos económicos. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Katerin Erazo, periodista Rodolfo Galvis, un reconocido líder social y defensor de derechos humanos de la región del Catatumbo, quien había desaparecido el 10 de septiembre del año 2021 en zona rural de Tibú, Norte de Santander, fue encontrado en horas de la noche del 06 de septiembre. La Personería de Tibú y la Pastoral Social fueron quienes lo desplazaron hasta el municipio (Tibú) en donde paso la noche como persona libre. Investigadores de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) aseguran que aún no se conocen más detalles del lugar donde fue retenido, ni tampoco del grupo que cometió el delito. Sin embargo, la emisora Blu Radio aseguró que el ELN lo liberó. La Comisión de Derechos Humanos de Cúcuta se dirigió hasta el punto donde se encuentra Galvis, con el fin de apoyar su desplazamiento hacia la ciudad de Cúcuta para el reencuentro con su familia, que lo espera con los brazos abiertos. Según la Investigadora Nacional de Pares, Paola Perdomo, la familia de Rodolfo Galvis, proveniente del Cesar, al haberse enterado minutos después de su rescate, organizó inmediatamente todo el plan para poderlo recibir, ya sea en Cúcuta o posiblemente en Tibú. Se espera que este encuentro se dé en horas de la tarde, información que fue recolectada gracias a Madres del Catatumbo por la Paz. Rodolfo Galvis es integrante del Diálogo de convivencia por la paz (DIACONPAZ) y de la Precooperativa Agroindustrial Semilleros de Paz y de Colombia, defensor de derechos humanos, líder campesino y de restitución de tierras. La última información que se tuvo sobre su paradero antes de su desaparición, fue que se encontraba en la vereda La Silla, en el corregimiento Campo Dos del municipio de Tibú, en Norte de Santander, donde presuntamente iba a concretar la venta de un terreno. Sin embargo, sus vecinos y familiares no volvieron a conocer de su ubicación. Según su hijo, Jonathan José Ortiz, Rodolfo Galvis fue privado de su libertad por un grupo armado ilegal, “al parecer, un grupo armado lo interceptó y se lo llevó”, aseguró Jonathan en 2021. Rodolfo tenía un esquema de seguridad debido a amenazas del ELN y de otros grupos armados. Además, había puesto una denuncia ante la Fiscalía y solicitó en ese entonces apoyo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a Derechos Humanos Internacional, a la Cruz Roja Internacional y a la Defensoría del Pueblo. Por esta razón, Jonathan había acudido a la Unidad Nacional de Protección (UNP), buscando el paradero de su padre. No obstante, cerca de cumplir un año de desaparecido, Galvis retornó a su libertad para proseguir por la defensa de los derechos de las comunidades y reencontrarse con sus seres queridos.

Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador Nacional Línea Democracia y Gobernabilidad Mientras se radica y se tramita la apuesta del gobierno de Gustavo Petro de una reforma agraria que se ajuste a las necesidades históricas del país y que tenga directa relación con las causas estructurales del conflicto armado en el país, la distribución y el uso de la tierra, se han adelantado algunos proyectos que avanzan en materia agraria. Específicamente, hay dos proyectos de origen gubernamental que pretenden avanzar en materia de justicia y acceso de derechos. Uno de ellos fue radicado el pasado 31 de agosto por el ministro del interior, Alfonso Prada, la ministra de agricultura, Cecilia López y el ministro de justicia, Néstor Osuna; un proyecto de acto legislativo para la creación de la jurisdicción agraria y rural. El otro es un proyecto de acto legislativo radicado por Prada y López para el reconocimiento del campesinado como sujeto especial de protección. La jurisdicción agraria y rural El proyecto de acto legislativo de solo 6 artículos es uno de los cambios que el Gobierno Nacional aspira poder sacar adelante en el Congreso. El objetivo es poder establecer la jurisdicción agraria y rural como desarrollo del Acuerdo de Paz. Precisamente, el punto 1 del Acuerdo de Paz, ‘Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral’, en su numeral 1.1.8, establece que se deberá crear una jurisdicción agraria en el marco de la creación de mecanismos de resolución de conflictos de tenencia, uso y fortalecimiento de la producción alimentaria. Así, como uno de los mecanismos para la conciliación y resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra, se acordó la creación de una jurisdicción con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de propiedad en el campo, resolver los conflictos relacionados con los derechos de tenencia y uso de la tierra, y promover la regularización de la propiedad rural. Esto, con un especial énfasis en zonas priorizadas y garantizando un acceso a la justicia para la población rural en situación de pobreza, acompañado de una asesoría legal y formación especial para las mujeres sobre sus derechos y el acceso a la justicia. Con lo anterior en mente, el proyecto de acto legislativo busca modificar el artículo 116 de la Constitución Política, que establece cuáles son los órganos de la Rama Judicial, para que quede así: “la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Agraria y Rural, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la fiscalía general de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar”. De esta forma, la Corte Agraria y Rural sería el tribunal supremo y órgano de cierre de la jurisdicción agraria y rural, compuesta por un número impar de magistrados elegidos con los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema y de haber ejercido la profesión en actividades relacionadas con el régimen agrario y rural. Como Tribunal Supremo deberá revisar las decisiones judiciales que se profieran por las autoridades judiciales de la jurisdicción agraria y rural; dirimir los conflictos sobre tenencia, uso y propiedad de la tierra; y presentar proyectos de ley y de actos reformatorios de la Constitución en relación con los asuntos de su competencia. La Jurisdicción, un hito histórico Siguiendo a Andrés Parra Cristancho, miembro del Grupo de Investigación en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia, a lo largo de la historia se han realizado múltiples iniciativas para establecer un sistema de administración de justicia especializado en asuntos agrarios. Previo a la Ley 1285 de 2009, que reformó la Rama Judicial y no incluyó la jurisdicción agraria, hubo tímidos intentos de crear jueces especializados con la Ley 200 de 1936, la Ley 4ta de 1973 y la Ley 30 de 1987. Sin ningún éxito relevante, la Jurisdicción Contencioso Administrativa tuvo que cargar con los procesos agrarios y rurales, congestionándose aún más, llevando a una excesiva participación de la Rama Ejecutiva en la resolución de conflictos, como señalan la Konrad Adenauer Stiftung y Dejusticia. En Colombia, citando a Ángel Tolosa Pontón, miembro del Equipo de Tierras de la Comisión Colombiana de Juristas, se ha impuesto “desde los centros del poder ejecutivo o legislativo e incluso judicial, la voluntad de los terratenientes para invisibilizar al campesinado, para acaparar y despojar de sus tierras a los campesinos, incluso a sangre y fuego”. Por ello, como señala Daniela Paredes Rozo, abogada especializada en derecho contencioso administrativo, una Jurisdicción Agraria debe reconocer que el derecho de acceso y formalización de la propiedad rural es un factor necesario para avanzar en materia de equidad social y de la desigualdad entre el campo y la ciudad. Esto lleva al reto de entender que se resolverán mucho más que conflictos sobre la tierra, ya que al trasfondo de estas disputas sobre la tierra lo acompañan conflictos de carácter social, económico y ambiental. En especial en Colombia, cuya historia del conflicto ha estado atravesada por conflictos en materia de uso y tenencia de la tierra en un marco normativo que no reconoce al campesinado como sujeto especial de derechos. El campesinado como sujeto de especial protección constitucional A la creación de la jurisdicción agraria se suma otro proyecto de acto legislativo que busca reconocer al campesinado como sujeto de especial protección constitucional e integrar el bloque de constitucionalidad del texto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. El proyecto está compuesto de dos artículos, dictando el primero una modificación al artículo 64 de la Constitución, añadiendo que el campesinado será sujeto especial de protección, teniendo el Estado que velar por la protección de sus derechos individuales y colectivos, incluidos aquellos reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos. El proyecto parte del déficit de reconocimiento jurídico del campesinado colombiano. Si bien por vía jurisprudencial se ha ido fortaleciendo esto, no se llega a tener el nivel de reconocimiento jurídico del que gozan, por ejemplo, los grupos étnicos. Eso, pese a que el campesinado ha sido la principal víctima del conflicto armado por los niveles de victimización que ha sufrido. Para ilustrar la magnitud, como señala DeJusticia, de “432.493 víctimas registradas entre 1958 y 2018 al menos 251.988 son campesinas, lo que equivale al 58%. Igualmente, de un total de 7.275.126 víctimas de desplazamiento forzado durante el mismo periodo, al menos el 63.6% equivalente a 4.631.355 fueron campesinas y campesinos”. Por otro lado, teniendo en cuenta el déficit de reconocimiento jurídico del campesinado, en 2012 la Asamblea General de la ONU convocó a organizaciones campesinas y a expertos para formular un borrador de Declaración de Derechos del Campesinado, resaltando la necesidad del reconocimiento de sus derechos. Así, en 2018 la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y campesinas y de otras personas que trabajan en zonas rurales fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Como es una declaración, no es vinculante. Al adoptar la declaración, Colombia se comprometería a garantizar los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, adoptando las medidas legislativas y administrativas para alcanzar progresivamente su plena efectividad. En total, el Estado se comprometería a garantizar un total de 25 derechos estipulados en la declaración. ¿Cómo es el trámite de los proyectos de acto legislativo? Una iniciativa de acto legislativo debe ser presentada con el apoyo de, al menos, 10 congresistas. Después de su presentación, al reformar la Constitución Política, el proyecto se enfrenta a dos vueltas, cada una de 4 debates, para un total de 8 debates para su aprobación. En la primera vuelta tendrá un debate en la Comisión Primera del Senado y otro en la de Cámara de Representantes, para luego pasar a uno en plenaria de Senado y otro en Cámara de Representantes. Estos 4 debates deben realizarse antes del 10 de diciembre, cuando termina el primer periodo de la legislatura 2022-2023. Estos debates, para la aprobación del proyecto, requieren una mayoría simple en cada uno, es decir, una votación mayoritaria con base a los miembros que se encuentren presentes y voten. En esta primera vuelta es donde se pueden presentar modificaciones o añadiduras. La segunda vuelta se haría en el 2023, enfrentándose a los mismos 4 debates, con la diferencia de que no se pueden debatir temas nuevos y su aprobación requiere la mayoría absoluta, es decir, una votación mayoritaria sobre el total de miembros que integran una comisión o corporación.

Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Esta semana Pares Destaca el trabajo de Amorosa Ricoche, lideresa indígena del pueblo Monilla Amena en el departamento del Putumayo. Amorosa empezó a impulsar labores comunitarias desde hace 10 años, acompañando a personas víctimas de desplazamiento forzado y mujeres que han vivido la violencia de la guerra de manera diferenciada. Amorosa ha sido presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Brisas del Hong Kong y actualmente impulsa la creación de otra JAC en el barrio El Triunfo, labor desde la que ha trabajado por la construcción de una nueva vía y la instalación del servicio de energía eléctrica. Debido a su liderazgo social, Amorosa Ricoche ha sido amenazada. Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), hacemos un llamado a todas las instituciones del Estado, al pueblo colombiano en su conjunto y al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, a atender las amenazas contra las personas que ejercen liderazgo social y defensa de los DD.HH. desde su labor comunitaria con la urgencia que esto amerita. Lea el perfil completo aquí:

Por: Katerin Erazo, Periodista La masacre del pasado 02 de septiembre contra 8 policías, entre los que figuran 2 patrulleros, 4 auxiliares y 2 intendentes, quienes prestaban servicios de seguridad en zona rural de San Luis, del municipio de Neiva (Huila), ha dejado varias incógnitas sobre la bandera blanca ofrecida por el presidente Gustavo Petro y su interés en la “Paz Total” en Colombia. El mandatario se pronunció horas después del atentado por medio de su cuenta de Twitter rechazando el crimen, y pidió una investigación completa sobre lo ocurrido. También se dirigió al director general de la Policía Nacional y a los ministros de defensa y del interior para dar indicaciones sobre un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Neiva, como medida frente a los hechos. Según el jefe de Estado, estos actos se atribuyen a las disidencias de las FARC, las cuales tienen presencia en el territorio. Además, Petro indicó con respecto al anterior gobierno que se evidenció la falta de inversiones, la ausencia estatal y también el incumplimiento del Acuerdo de Paz. Por esta razón, afirmó que se realizarán proyectos, como mejorar la carretera en donde ocurrió el atentado. Otra de las decisiones que tomó el mandatario fue el retiro de los auxiliares de Policía de estas regiones, “No puede haber más auxiliares de policía en estas zonas de conflicto. Tenemos que cuidar esa primera juventud de 18 a 20 años. Por su nivel de experiencia, que es bajo, y su condición, que es básicamente la de cumplir un requisito de ley. Esos muchachos y muchachas no pueden estar en sitios de alto riesgo donde se necesita capacidad, mucha más experiencia y más años”, preciso el jefe de Estado. Este lamentable hecho generó múltiples opiniones en redes sociales, algunas frente a las cuales Petro reaccionó. Uno de los comentarios al respecto fue del director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), León Valencia, quien twitteó por medio de su cuenta: Petro por su parte, respondió: Según Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares, una posible respuesta que podría tomar Petro junto con su ministro de defensa y su bancada de gobierno, es responder de una manera completa, es decir, no atacar únicamente a los objetivos de alto valor de estas estructuras, que serían los cabecillas, sino también pensar en la manera en la que funcionan tales organizaciones armadas ilegales en Colombia, para poder, de esta manera, lograr un fortalecimiento en las capacidades de la fuerza pública, como la Policía Nacional y el Ejército. En Colombia se han registrado alrededor de 30 policías asesinados por grupos armados ilegales en lo corrido del año, entre los principales perpetradores se encuentran las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Es por esto que las autoridades han señalado un “Plan Pistola” detrás de estos ataques, los cuales tendrían como objetivo principal poner en evidencia la inconformidad que tienen aquellas estructuras criminales frente al accionar de las fuerzas del Estado. Muchos colombianos confían en el nuevo mandato dirigido por Gustavo Petro, quien ha tomado una iniciativa de parar el conflicto con la “Paz Total” en Colombia, propuesta que contempla un proceso de paz con el ELN y el acogimiento y sometimiento de estructuras armadas ilegales dedicadas al narcotráfico a la justicia colombiana. Sin embargo, aún quedan incógnitas sobre las acciones que debería tomar el Gobierno frente a estos acontecimientos que son claros atentados contra la política de paz propuesta.

Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador nacional Línea Democracia y Gobernabilidad El proyecto de acto legislativo que contiene la reforma política prometida por el gobierno de Gustavo Petro ya tiene un borrador, al que ya varios congresistas de la bancada de gobierno tienen acceso. Entre otros cambios, el proyecto plantea la creación de una Corte Electoral y cambios en materia de personería jurídica de los partidos políticos. De un documento con 16 artículos, estos serían los cambios más importantes de la reforma: Democracia interna y militancia para reconocer la personería jurídica de los partidos El articulado modifica el artículo 107 de la Constitución Política, que establece que los colombianos tienen el derecho a “fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse”. A esto se añade que los partidos deben organizarse democráticamente y deben presentar y divulgar sus programas políticos. Además, se establece que deben existir procesos de democracia interna y un fortalecimiento del régimen de bancadas, planteando mecanismos para elegir sus directivas y candidaturas de forma democrática y garantizando la paridad de género. Los partidos y movimientos políticos deben seleccionar sus candidatos y listas por medio de mecanismos de democracia interna entre sus afiliados, lo que deberá ser acreditado a la hora de la inscripción de candidatos. Ese fortalecimiento de la democracia interna pretende ser la base para garantizar la personería jurídica de los movimientos políticos. Así, el proyecto plantea que “se reconocerá la personería jurídica, como movimiento político, a aquellas organizaciones políticas que demuestren tener una base de afiliados compuesta por al menos el 0.2% del censo electoral nacional”. Además, para postular listas de candidatos en elecciones en circunscripciones territoriales deben demostrar un mínimo de afiliados del 1% del censo electoral de su departamento y, en elecciones nacionales, una base de afiliados que residan en circunscripciones que superen el 50% del censo electoral. En cuanto a partidos políticos, la personería jurídica la determinará una votación superior al 3% de los votos válidos en las últimas elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Sustitución del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la Corte Electoral y el Consejo Electoral Colombiano Con este proyecto la organización electoral quedaría conformada por la Corte Electoral, el Consejo Electoral Colombiano y la Registraduría Nacional del Estado Civil, disolviendo el CNE. La Corte Electoral sería la máxima instancia electoral, la cual haría parte de la Rama Judicial. Esta estaría compuesta por 5 miembros permanentes, que serán escogidos utilizando las reglas y mecanismos para escoger los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De esta forma, la definición de controversias electorales quedaría en un órgano independiente. Sus funciones más relevantes serían resolver las solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos, dirimir las reclamaciones sobre los escrutinios, demandas de nulidad electoral y solicitudes de pérdida de investidura; resolver los asuntos sobre pérdida, suspensión o cancelación de personerías jurídicas; y decidir sobre las sanciones disciplinarias o fiscales de funcionarios elegidos popularmente y que impliquen la separación temporal o definitiva del cargo. En cuanto al Consejo Electoral Colombiano, sus funciones principales serían revisar los escrutinios, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales correspondientes, garantizar el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política, reconocer la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, y fijar el monto máximo de gastos en las campañas y los aportes estatales. La destitución e inhabilitación a funcionarios de elección popular no será función de la Procuraduría Siguiendo la sentencia del 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Petro Urrego Vs. Colombia, que dictó una adecuación de la legislación sobre las facultades de la Procuraduría, el proyecto plantea que “ningún órgano administrativo puede aplicar una sanción que implique una restricción a una persona por su conducta social para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido, estas restricciones sólo pueden darse por sentencia judicial proferida por un juez competente”. Cambios en la doble militancia, edad límite para congresistas y limitaciones a la relección Se modifica el artículo 177 de la Constitución que estable que la edad mínima para ser elegido representante es de 25 años, que pasaría a tener un mínimo de 18 años. A estos requerimientos se suma que no se podrá aspirar a más de 2 períodos consecutivos en el Senado, la Cámara de Representantes, la Asamblea Distrital y el Concejo Municipal. El proyecto también autoriza, por una vez, que miembros de corporaciones públicas se puedan inscribir en un partido distinto al que los avaló, sin tener que incurrir en doble militancia o renunciar a su curul, dentro de los 3 meses siguientes a partir que entre en vigencia la ley. ¿Qué se viene y cuál será su trámite? Una iniciativa de acto legislativo debe ser presentada con el apoyo de, al menos, 10 congresistas, que en este caso sería la bancada del Pacto Histórico. Después de su presentación, al reformar la Constitución Política, el proyecto se enfrenta a dos vueltas, cada una de 4 debates, para un total de 8 debates para su aprobación. En la primera vuelta tendrá un debate en la Comisión Primera del Senado y otro en la de Cámara de Representantes, para pasar a uno en plenaria de Senado y otro en Cámara de Representantes. Estos 4 debates deben realizarse antes del 10 de diciembre, cuando termina el primer periodo de la legislatura 2022-2023. Estos debates, para la aprobación del proyecto, requieren una mayoría simple en cada uno, es decir, una votación mayoritaria con base a los miembros que se encuentren presentes y voten. En esta primera vuelta es donde se pueden presentar modificaciones o añadiduras. La segunda vuelta se haría en el 2023, enfrentándose a los mismos 4 debates, con la diferencia de que no se pueden debatir temas nuevos y su aprobación requiere la mayoría absoluta, es decir, una votación mayoritaria sobre el total de miembros que integran una comisión o corporación. Consulte el documento de reforma política acá

Por: Katerin Erazo, periodista Pares En Arauca y Norte de Santander no se silenciaron los fusiles luego de la firma del Acuerdo de Paz. Estos departamentos configuran una geografía violenta en la frontera colombo-venezolana a causa del enfrentamiento entre diversas estructuras armadas ilegales, la población civil es la principal víctima de esta realidad, así lo afirma el más reciente informe de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. El departamento de Arauca ha vivido en lo corrido de 2022 fuertes episodios de violencia por enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 10 de las FARC; combates que dejaron, en los primeros tres días de enero, 27 personas muertas miembros de estas estructuras ilegales luego de una fuerte arremetida, que, según fuentes, tuvo inicio por la ruptura de un posible pacto de no agresión entre estas dos organizaciones armadas. El aumento de la violencia ha cobrado, en lo corrido de 2022 más de 300 vidas. Sin embargo, Arauca no es la única geografía violenta, a este departamento se suma Norte de Santander, un departamento el cual históricamente ha sido marcado por su influencia por parte de grupos armados ilegales como el ELN, que, según la Defensoría del Pueblo, actualmente hace presencia en 40 municipios del departamento. Aunque el ELN no es el único grupo armado ilegal que hace presencia en el departamento, otros como el Grupo Armado Pos FARC Frente 33, el EPL, el Clan del Golfo, entre otros, también combaten por el control del territorio. Gráfico No. 1 Las mujeres son afectadas de manera diferencial por este conflicto En Tibú el asesinato de mujeres ha aumentado, esta población ha sido desplazada de sus territorios y así mismo amenazada. Entre el mes de abril y mayo, ocho mujeres fueron asesinadas en este municipio, en el que, además, están expuestas a ser víctimas de violencia sexual como estrategia por parte de los grupos ilegales para crear terror. Se registran casos del tráfico de personas con fines de explotación sexual y esclavitud para labores domésticas. Las mujeres también han sido objeto de señalamientos por parte de sus mismas comunidades, las cuales forman opiniones y justificaciones frente a los ataques contra ellas. Así fue el caso de Liliana Rincón Ramos, quien fue asesinada por mantener una relación con un integrante del Ejército Nacional de Colombia. “¿Por qué sale con militares sabiendo lo que se vive aquí?”, fueron algunos de los comentarios que recibió la víctima. Según expertos consultados por Pares, se han ido construyendo matrices de opinión alrededor de las futuras víctimas y, una vez cometido el asesinato, la comunidad acredita o respalda sus muertes, justificando de alguna manera lo cometido, siendo las mujeres una población de las más afectadas por la violencia letal. Otras poblaciones también son afectadas de manera diferencial Los liderazgos comunales, líderes campesinos y cívicos, también entran entre los principales afectados. El apoyo al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) ha sido uno de los mayores riesgos que enfrentan, en especial, los líderes y lideresas. Es por esto que han recibido diferentes amenazas que podrían afectar su bienestar, llevando a su desplazamiento de las zonas rurales y limitando la observación y el seguimiento de la ciudadanía en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz. En el Catatumbo específicamente, pero también en Arauca, los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) también se encuentran en riesgo por parte de múltiples grupos ilegales, quienes los utilizan como mensajeros, vinculándolos a labores del narcotráfico y diversas actividades ilegales. Su estrategia es brindarles mejoras en la calidad de sus vidas. Según el DANE, más de la mitad de esta población cuenta con bajos recursos, intensificando la probabilidad de que NNA hagan parte de estos grupos. ¿Qué rol está cumpliendo el Gobierno en el crecimiento del conflicto en Norte de Santander y Arauca? Restringir la movilidad en el departamento y aumentar el pie de fuerza de los militares en la región, son las dos medidas que el Gobierno ha venido tomando frente a este conflicto. El exministro de defensa, Diego Molano decretó un aumento de 600 soldados en la región, a través del Decreto 084 del 03 de enero del presente año. El aumento de la presencia militar se hizo con el fin de bajar los niveles de violencia, medida que gobiernos anteriores han tomado y que hasta el momento no ha mostrado resultados positivos. En los meses de enero y febrero de 2022, Arauca vivió sus dos meses más violentos de este año con el paro armado decretado por el ELN y la detonación de un carro bomba ejecutado por las disidencias del Frente 28 de las FARC. Según lo analizado en el más reciente informe de la línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, se recomienda fortalecer la capacidad de respuesta humanitaria de manera integral, fortaleciendo la difusión, promoción, articulación y participación de comunidades en mecanismos de prevención, protección y garantías de no repetición, con unos planes de contingencia que ayuden a las emergencias humanitarias y a la prevención a los derechos humanos; asimismo, el acceso de manera ágil a estas estrategias, con el fin de prevenir algún tipo de riesgo contra el bienestar de los líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos, entre otras recomendaciones. Lea el informe completo ‘Transitar y habitar la frontera colombo-venezolana, una geografía violenta en Norte de Santander y Arauca’ con toda la información y el análisis aquí.

Por: María Victoria Ramírez El ministro de educación Alejandro Gaviria, en sesión de la Comisión VI de la Cámara de Representantes el día 30 de agosto de 2022, realizó una disertación en la que hizo explícita la voluntad de trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo para acometer las reformas que el sector educativo requiere, y señaló tres grandes temas: las prioridades generales del Gobierno en materia educativa, las prioridades legislativas y un balance de los temas presupuestales para 2023. Manifestó el ministro que el sector educación es prioridad para el Gobierno y que el presidente Petro, en la primera conversación, una vez fue elegido como presidente y designado Gaviria como ministro, le expresó: “por esto, por los avances en la educación, nos van a recordar”. Prioridades Generales La primera prioridad es la disminución de las brechas educativas que crecieron ostensiblemente en la pandemia del Covid-19, que requieren un enfoque territorial y que, en opinión del ministro, la sociedad colombiana en general ha sido indiferente frente a esta problemática. La segunda prioridad tiene que ver con temas de infraestructura, en los que el presidente ha hecho énfasis, pero proponiendo un cambio de lenguaje y en lugar de hablar de educación de calidad, hablar de calidad de la educación, lo que implica tener en cuenta el bienestar de los estudiantes, de los maestros y maestras, la formación, educación y capacitación de los docentes y los planes de educación propia y etnoeducación. La tercera prioridad tiene que ver con la educación superior, sobre la que se debe dar continuidad a las políticas de gratuidad. El Gobierno tiene una meta que se va a discutir en distinto ámbitos y es aumentar a 500.000 los nuevos jóvenes que ingresan a la educación superior en el cuatrienio. Además, se tiene una reforma legal al Icetex en ciernes. Prioridades legislativas El ministro de educación aseguró que desde el empalme fue evidente que en el financiamiento de la educación preescolar, básica y media en Colombia hay un problema financiero estructural, conocido plenamente al interior del sector educativo, que se ha diagnosticado una y otra vez, pero que ni el Congreso de la República ni las autoridades fiscales entienden plenamente. Es decir, el déficit del Sistema General de Participaciones. El tamaño de la bolsa del Sistema General de Participaciones, que es aproximadamente de 28 billones de pesos, no alcanza ni viene alcanzando a lo largo de los últimos años y lo que ha hecho el Estado de manera sistemática es recurrir a formas oportunistas y coyunturales para llenar ese hueco. Lo hizo por muchos años recurriendo a los ahorros que se tenían en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FOPET), en el que existía la idea, quizás cierta, de que había una sobre reserva (exceso de ahorros) y se tomaba el dinero de ese fondo para cubrir el déficit que, en cifras gruesas, asciende a 2 billones de pesos. La lista de las aspiraciones del sector educativo contiene, por ejemplo, la ampliación de la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual brinda un complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional registrados en el Sistema de Matrícula (SIMAT) como estudiantes oficiales, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones; tener una fuente cierta para los temas de transporte escolar; avanzar en la jornada única; y avanzar en los temas pendientes sobre aspiraciones del magisterio colombiano. Nada de lo anterior puede hacerse si no hay una reforma estructural al Sistema General de Participaciones. La forma como funciona hoy el Ministerio de Educación es recurrir a parches, soluciones coyunturales para resolver un problema estructural. Para finalizar este año 2022 habrá que hacer el siguiente movimiento: no realizar las contribuciones al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y dejar eso como una deuda acumulada para poder pagar la nómina. El Congreso actual tendrá que enfrentar este problema y enfrentarlo como sociedad, el tamaño de la bolsa deberá ser coherente con la planeación fiscal de mediano plazo en el país, o sea, definir el marco fiscal de mediano plazo para el sector educativo. Durante el semestre actual se realizará una mesa en la que tienen que estar, de acuerdo con la ley, el Ministerio de Hacienda, el DNP, Fecode, la sociedad civil y el Congreso, para empezar a discutir la reforma al Sistema Nacional de Participaciones, sin la cual será muy difícil garantizar la paz en el sector, porque de lo contrario se presentarán una serie de problemas coyunturales aquí y allá. La otra reforma es la de la Ley 30 de 1992, en la que también hay un problema de déficit. Existen iniciativas de reforma parcial a los artículos 86 y 87 que definen la bolsa de recursos. El Gobierno propone una reforma más completa que trascienda estos dos artículos, pues algunos de esos artículos contienen una concepción obsoleta de educación que no es la que el país está demandando, que no es la que el gobierne quiere y que no es la que se adapta a estos nuevos tiempos. Para citar como ejemplo, el Artículo 5 de esa ley consagra: “la Educación Superior será accesible a quienes demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada caso”. Este artículo está muy lejos de la concepción de la educación superior como derecho que es la que la sociedad demanda y la que el país quiere. El gobierno preparará una propuesta de reforma que recoja algunos de los aspectos que ya han sido presentados al Congreso, pero que amplíe el alcance de esa reforma. Con esas dos reformas, el Ministerio tendrá las manos llenas, porque esas son las dos leyes o reglas de juego que definen la bolsa de la educación en las dos partes fundamentales del Ministerio: la Educación Preescolar Básica y Media, y la Educación Superior. La definición de los temas financieros debe acompañarse de una conversación en la sociedad no solo sobre mayores recursos para el aumento de la cobertura, sino también de la garantía de la educación de calidad. Que esto lleve a mayor bienestar, que las escuelas, colegios y universidades se conviertan, como lo ha dicho el Presidente, en centros comunitarios, en centros de reconciliación, en los epicentros de la sociedad del conocimiento y en los factores de desarrollo de sus regiones. No se trata de transferir recursos para seguir haciendo lo mismo. Las universidades tienen que conectarse más, el sistema universitario estatal debe funcionar efectivamente como un sistema, la movilidad académica entre universidades es muy baja. Las universidades tienen que ser las claves de la trasformación productiva y la transición energética, tienen que generar conocimiento para que eso pase. Las universidades no pueden estar ensimismadas, no pueden responder solo a sus prerrogativas que son a veces muy estrechas. Otra reforma que propondrá este gobierno es la reforma integral al Icetex, el ministro señala que hay que hacerlo con responsabilidad. Colombia tiene un sistema de educación superior mixto y seguirá siendo mixto, y se requiere que el Icetex responda a las demandas sociales de la población, que responda a los deseos y prerrogativas de los jóvenes, pero que también permita el funcionamiento adecuado del Sistema de Educación Superior. Presupuesto 2023 Durante el empalme se hizo una revisión integral de lo que dejó el Gobierno anterior. El margen de flexibilidad en el primer año es limitado. El 20 de junio el presidente electo manifestó a los mandatarios locales que miraran lotes para construir infraestructura en todos los niveles educativos. Eso fue una muestra muy clara de dónde está la prioridad. Lo destinado a infraestructura está dado por la Ley 21 y ascienda a 340.000.000 millones de pesos. Estos recursos ya estaban comprometidos para ser aplicados a proyectos al momento del empalme. El ministro está pidiendo una adición presupuestal de 1 billón de pesos para vigencia 2022. Esta cifra viene de los datos de la última convocatoria que hizo el Ministerio de Educación para temas de infraestructura, en la que recibió 14.000 proyectos. De estos son viables aproximadamente 8.000, que cuestan 2 billones de pesos, y la Nación podría financiar el 50%. En un mundo ideal, para avanzar decididamente en infraestructura educativa en Colombia, según expertos consultados por el ministro Gaviria, se requerirían de 2 a 3 billones de pesos cada año, durante los próximos 20 años. Es decir que 1 billón de pesos no resolverá todos los problemas, pero se podrá avanzar. Los procesos de formación de los docentes y su dignificación también es una prioridad. Para ello, el ministro está solicitando recursos para trayectorias por 100.000 millones de pesos. La reforma a la Ley 30 cambiará de forma estructural la bolsa de recursos a las universidades públicas, pero esto no aplicará para la vigencia 2023. El Gobierno anterior logró aumentos de los recursos que se transfieren a las universidades públicas por encima del IPC, que es lo que contempla el artículo 86 de la Ley 30; así, 3%, 3%, 5%, 4% y 4,65% en los cuatro años de Duque. El gobierno Petro solicita al Congreso que se aumente al 5% del IPC para 2023, que equivale a 217.000 millones de pesos adicionales para los temas de gratuidad en la educación, sin embargo, la educación superior requiere actualmente 140.000 millones para la condonación de deudas del Icetex de al menos el 25%; para cumplir las promesas de subsidio de tasas de interés de deudas al Icetex serían otros 176.000 millones; y para inversión en las universidades públicas son 300.000 millones adicionales; lo que demuestra un claro déficit a pesar incluso del aumento del 5% del IPC que demanda el Gobierno. En síntesis: para infraestructura, formación de docentes y trayectorias y para universidades públicas, incluyendo gratuidad e ICETEX, se pide un presupuesto adicional para educación de 2 billones de pesos para 2023, que es el anticipo de las reformas estructurales que se avecinan para que el sector educativo sea prioritario y esté a la vanguardia de los cambios sociales y la transformación que el país requiere para convertirse en una sociedad más justa. Creo que Petro ha entendido muy bien y por ello en sus intervenciones en distintos escenarios está animando al fortalecimiento de las organizaciones, pues para materializar las reformas que se requieren en Colombia no bastará la voluntad política del Gobierno; la sociedad en su conjunto y especialmente aquellos históricamente excluidos deberán estar vigilantes para respaldar y presionar. En mi opinión, la hoja de ruta del gobierno en materia de educación es clara, está madrugándole a los temas prioritarios, considero que Alejandro Gaviria tiene la experiencia, conoce el sector educativo, al menos en lo que tiene que ver con la Educación Superior, es un hombre con las cifras claras, que entiende la tarea que le ha encomendado la sociedad colombiana a través del voto a Petro y es la de que las leyes deben ponerse a tono con las aspiraciones de los y las jóvenes colombianos para garantizar la educación como derecho fundamental. Para lograrlo, puesto que posiblemente habrá obstáculos dentro del Congreso y en otras instancias, deberá promover un debate abierto, público, directo, como es su estilo. Los medios de comunicación tradicionales, pero especialmente las redes sociales, jugarán un papel muy importante, no solo para mantener informada a la población en general, sino como mecanismo de presión para poner en evidencia a aquellas fuerzas que se siguen resistiendo al cambio que se está produciendo en el país y del cual fueron artífices los y las jóvenes, en su mayoría sin acceso a las oportunidades que las reformas propuestas por este gobierno les garantizarían.

Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos El pasado sábado 20 de agosto de 2022, se instaló el primer Puesto de Mando Unificado (PMU) por la Vida en el departamento del Cauca. Este espacio se realizó en la vereda Monterilla, del municipio de Caldono, y contó con la participación del ministro del interior, las ministras de trabajo y medio ambiente, el Alto Comisionado para la Paz, el presidente del Senado, la Comisión de Paz del Congreso, el gobernador del Cauca, la fuerza pública, cooperantes internacionales, organizaciones sociales, populares y sindicales del departamento que hacen parte de la Minga Social Humanitaria. Este espacio le permitió a las organizaciones sociales e institucionalidad conocer las acciones que hacen parte del plan de choque o Puesto de Mando Unificado por la Vida que se propone desde el gobierno de Gustavo Petro para avanzar en acciones de prevención y protección para líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos y personas en proceso de reincorporación. Sumado a esto, las organizaciones sociales pudieron socializar el diseño metodológico con el cual se desarrollarán los diálogos humanitarios regionales en el departamento del Cauca. Ambas propuestas quedaron aprobadas dentro del escenario, por lo que desde el Alto Comisionado para la Paz se propuso volver al Cauca en un término de 15 días para identificar las primeras acciones que den inicio a las dos propuestas mencionadas para defender la vida de los y las caucanas. Es de anotar que desde el 01 de enero de 2022 al 31 de julio de 2022, han asesinado a 122 líderes, lideresas, defensoras y defensores de derechos humanos, de acuerdo a lo expuesto por la Defensoría del Pueblo. El PMU por la Vida tiene un gran reto y es articular a la institucionalidad nacional, regional y organizaciones sociales para identificar entre ellos acciones efectivas y eficaces que permitan prevenir y mitigar vulneraciones a los derechos humanos en un contexto de disputa territorial continua por parte de los grupos armados, el desarrollo de economías ilegales y la austeridad de los recursos económicos públicos. Este PMU,se instala en un momento de conflictividad interétnica en el norte del Cauca y de disputa territorial entre actores armados ilegales en el sur de este departamento. Es por esto que se esperaba que fuera un espacio de legítima interlocución y diálogo, sin embargo, se pudo constatar que algunas organizaciones campesinas y afro no estuvieron en este primer espacio de construcción colectiva. Se debe recordar que en este momento se está presentando un conflicto de tierras que afecta a la comunidad afro de los municipios de Guachené, Padilla y la parte alta de Caloto; estos hechos se presentan por las acciones de “invasión” de predios por parte de campesinos e indígenas que están buscando espacios para sus grupos poblaciones. Tal ha sido la afectación de las comunidades negras en el norte del Cauca, que la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro del interior, Alfonso Prada, instalaron en el municipio de Santander de Quilichao la Mesa de Diálogo en Tierras para el norte del Cauca. ¿Será posible entrar a implementar un plan de choque, en un panorama complejo entre comunidades étnicas y un incremento de las dinámicas de conflicto en el mismo departamento? Habrá que esperar cómo avanza la Mesa de Diálogo de Tierras y las acciones del PMU por la Vida.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Esta semana Pares Cuestiona a César Augusto Lorduy, un político, empresario y abogado barranquillero que en 2018 fue representante a la Cámara como fórmula de Arturo Char en el Atlántico. Sobre Lorduy pesan unas graves acusaciones por el asesinato de Alicia Mercedes Ribaldo en 1979, una joven de 16 años a quien le disparó con un arma en un café, causándole la muerte, según él accidentalmente, y según la familia de Ribaldo, de forma intencional. Actualmente en la rama judicial no existe ningún proceso penal contra el exrepresentante. Para 2022 Lorduy quiso dar el salto al Senado, pero se quemó. Tras haber perdido su aspiración al Congreso, fue postulado por Cambio Radical para ser magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), quedando elegido, lo que implica que el Clan Char tendrá su propio consejero, una posición ventajosa para las elecciones regionales del próximo año. Lea el perfil completo de Lorduy, aquí:

Por: Línea Migración, Región y Frontera El ataque a la avanzada de seguridad del presidente no fue impedimento para que, dos días después, Petro realizara una visita a El Tarra, un municipio donde ganó las elecciones con el 81,18% de votos a favor. En la visita, que fue calificada como histórica por los catatumberos, el mandatario propuso un tránsito a la subregión: abandonar el primer lugar de exportación de cocaína en el mundo para convertirse en la Capital Nacional de la Paz. La disminución sustancial de la hoja de coca y la dejación de las armas ilegales, son los principales retos de una propuesta que se caracteriza por ser ambiciosa, pero también urgente y necesaria. Pese al histórico abandono estatal y, por tanto, lo que parecía ser la certeza del no futuro, la propuesta ha logrado que resurja la esperanza de los ciudadanos. El anuncio de un primer diálogo regional implicaría la participación de la sociedad civil y se traduciría en la posibilidad de que las comunidades tengan voz y voto, y sean quienes dirijan la construcción del porvenir. Así, la iniciativa que pretende transformar décadas de violencia, requiere compromiso y articulación de los grupos armados, la fuerza pública, la sociedad civil, el Gobierno Nacional, la Gobernación de Norte de Santander y las administraciones municipales. Las propuestas del Gobierno Nacional -La primera asamblea de campesinos cultivadores de hoja de coca Según las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2021), Norte de Santander es el departamento más afectado por la coca en Colombia; en el territorio se ubican cuatro de los municipios con más siembra en el país, Sardinata, Teorama, El Tarra y Tibú, siendo este último el que lidera la lista, con un 13,5% del total nacional y un 48% del total departamental. Lo anterior, aunado a la presencia de grupos armados, se refleja en 3.626 víctimas de desaparición, 20.731 de homicidio y 2.100 de secuestro, en el Catatumbo, a corte del 31 de julio de 2022 (Unidad para las Víctimas, 2022). Gráfico No. 1 En ese sentido, después de seis años de la firma del Acuerdo de Paz, el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) sigue siendo ineficaz. En el Catatumbo inició con desaciertos. Solo Tibú y Sardinata fueron incluidos en el PNIS, pese a la densidad de los cultivos ilícitos en otros municipios del Catatumbo; la existencia estos cultivos en el Parque Nacional Natural Catatumbo-Barí, que tiene jurisdicción en Convención, El Carmen, Teorama, El Tarra y Tibú; y la priorización de ocho municipios PDET. Además, de las 40.084 hectáreas de cultivos ilícitos en Norte de Santander (UNODC, 2021), a corte del 31 de diciembre de 2020 solo fueron erradicadas voluntariamente 922, es decir, el 2,3% del departamento (UNODC, 2020). Según líderes campesinos consultados por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el apoyo al PNIS les ha generado problemas con la fuerza pública, los grupos armados y la sociedad civil. Con los primeros han tenido disputas debido a la erradicación forzada, uno de los voceros señaló que “donde están los cultivos de coca, en una semana, hemos tenido hasta dos o tres encuentros con las tropas y prácticamente, pues, amenazas también, porque a nosotros como campesinos nos andan duro por ese lado”; los segundos, los grupos armados, los han presionado, amenazado, desplazado, o asesinado en el peor de los casos, mientras les aseguran que “el Gobierno no les va a cumplir”; y los terceros, la sociedad civil, ha modificado sus relaciones con respecto al programa de sustitución, se ha perdido el respaldo de los representantes y el posterior incumplimiento por parte del Estado ha provocado pérdida de confianza en el PNIS. Por tanto, realizar la primera asamblea de campesinos cultivadores de coca en el Catatumbo resultaría significativo toda vez que permitiría, como señaló Petro: “que una familia campesina que hoy se dedique a la hoja de coca y a la pasta, pueda sustituir eso por una actividad que le garantice calidad de vida y la posibilidad de sacar adelante a sus hijos y nietos”. Sin embargo, la propuesta requiere: garantizar condiciones de seguridad en el territorio, incluir a la totalidad de los municipios en el PNIS, mayor presencia estatal, satisfacción de las necesidades básicas y la construcción de vías terciarias que permitan la distribución y comercialización de los productos que reemplazarían a la coca. -Educación de calidad La ausencia de voluntad política, la pobreza y el conflicto armado han limitado el derecho a la educación de los catatumberos. La Asociación Minga (2021) señaló que, durante la pandemia, “la falta de conectividad en la región ha imposibilitado realizar las clases virtuales, generando una brecha en el conocimiento y dificultando el aprendizaje” (p.4). Además, agregó que, en mayo de 2021, el Ministerio de Educación ordenó retornar a la presencialidad, desconociendo que “no existe posibilidad de dar cumplimiento de los protocolos de seguridad, ya que hay escuelas en la región sin acceso al agua y cuyo presupuesto sólo alcanza a cubrir los salarios de los docentes” (p.5). El 2022 tampoco ha reflejado mejoras. La Asociación de Juntas de los corregimientos del Catatumbo denunció que un promedio de 7.584 niños de escuelas y colegios rurales del Catatumbo no han empezado el año escolar. Aunque la Resolución No. 005132 del 13 de diciembre de 2021 indicó que las clases iniciaban el 31 de enero de 2022, transcurridos siete meses la ausencia de nombramiento de docentes ha impedido que los menores retomen su formación. Adicional, la presencia de estructuras armadas ilegales ha puesto en riesgo a los estudiantes, pues como señala el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado (OCCO, 2022), son reclutados y, además, usados por grupos armados al interior de las instituciones para motivar la vinculación a las Estructuras Armadas Ilegales (EAI). Asimismo, los docentes de varios municipios de la subregión han denunciado amenazas por parte de grupos como el ELN, el EPL y el Grupo Armado Pos FARC (GAPF) Frente 33, entre otros. En Convención, 12 profesores han sido extorsionados y 2 fueron víctimas de secuestro exprés (Cotamo, 2022). Entonces, frente a las promesas de Petro respecto a la construcción de la universidad pública en el Catatumbo, la formación en saberes que se respondan a intereses y necesidades del territorio, los posgrados para los docentes y la conectividad, se hace necesario solventar, también, otras falencias ya existentes, es decir, garantizar los derechos humanos a través de una infraestructura escolar que permita el acceso a la educación de calidad; compromiso de las administraciones locales y la Gobernación de Norte de Santander; fortalecimiento de entornos seguros para los niños, niñas, adolescentes y profesores; y proporcionar seguridad, permitiendo salud física y mental para el desarrollo de los aprendizajes. - La política de paz Los procesos de paz implementados en Colombia han evidenciado que, si bien los acuerdos han permitido avances, no se ha solucionado la violencia en los territorios. En 2016, con la salida de las FARC, se generó un reacomodo de las EAI, las cuales, en la actualidad, continúan disputándose el control territorial y provocando vulneraciones a los derechos humanos. En el Catatumbo, como en el resto del país, el actor predominante es el ELN. Sin embargo, hacen presencia otros grupos como el GAPF Frente 33, el EPL, el Clan del Golfo y el Cártel de Sinaloa. El mapa de la guerra se ha nutrido del abandono estatal, de las necesidades básicas insatisfechas y de la posición geoestratégica; situación que ha generado el reconocimiento de la subregión como una de las más violentas del país y la líder en la producción de coca. Como resultado: menores usados y utilizados, instrumentalización de la población proveniente de Venezuela, restricciones a la movilidad, afectaciones a los territorios ancestrales y limitaciones a las agendas colectivas de las organizaciones sociales, entre otros. En su visita a El Tarra, Petro señaló que “todas las organizaciones armadas ilegales que hoy existen en el Catatumbo se han comunicado con el Gobierno Nacional pidiendo abrir negociaciones de paz con ellos”. Así, buscar negociar con todos los actores y la política de paz que propone el gobierno actual, es aprender de los errores del pasado. Aunque aún faltan claridades sobre la implementación de la propuesta, lo cierto es que el diálogo y la posición del Gobierno para avanzar en los procesos, regresó la ilusión de lograr la paz. Referencias bibliográficas Asociación Minga. (2021). BOLETÍN DE DERECHOS HUMANOS REGIÓN DEL CATATUMBO. Enero – Junio 2021. http://asociacionminga.co/wp-content/uploads/2021/09/DDHH-CATATUMBO-2021-I.pdf Cotamo, O. (2022, agosto 2). Docentes del Catatumbo denuncian amenazas y extorsiones de grupos armados ilegales. Rcn Radio. https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/docentes-del-catatumbo-denuncian-amenazas-y-extorsiones-de-grupos-armados Observatorio Colombiano de Crimen Organizado (OCCO, 2022). La niñez reclutada Norte de Santander: expansión criminal aprovechándose de la población migrante. https://www.urosario.edu.co/Documentos/Facultad-de-Estudios-Internacionales-Politicos-y-U/2021/20-Norte-de-Santander.pdf Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2021). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020. https://www.unodc.org/documents/colombia/2021/Julio/Informe_Monitoreo_de_Territorios_Afectados_por_Cultivos_Ilicitos_2020.pdf Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (UNODC, 2020). Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS. https://www.unodc.org/documents/colombia/2021/Febrero/INFORME_EJECUTIVO_PNIS_No._23.pdf Unidad para las Víctimas. (2022). Víctimas por hecho victimizante. https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394

Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Las comunidades que habitan y transitan la frontera colombo-venezolana enfrentan una dramática situación y viven un peligro latente por cuenta de los enfrentamientos entre distintas estructuras armadas ilegales, las economías del narcotráfico y las rentas extorsivas, la debilidad institucional y la falta de coordinación entre los Estados de Colombia y Venezuela para buscar alternativas tendientes a mitigar la situación de vulnerabilidad y riesgo de sus poblaciones. Hoy la frontera Colombia-Venezuela está bajo el control del ELN y otras estructuras armadas ilegales, como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otros grupos más pequeños como el Cartel de Sinaloa, La Frontera, La Línea, el EPL y El Tren de Aragua. A falta de presencia institucional, el conflicto armado prolifera con un impacto exponencial en los departamentos de Norte de Santander y Arauca. Algunos hechos y cifras que permiten dimensionar tal escalamiento del conflicto en Norte de Santander y Arauca: 645 homicidios durante 2021 en Norte de Santander; 256 personas confinadas y 22 familias desplazadas el 10 de enero de 2021 en la vereda La Silla, en Tibú, por cuenta de enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo; hecho que se repitió el 03 de enero de 2022 en la vereda Llana Alta, en Teorama, Norte de Santander, en donde 286 personas fueron desplazadas debido a los fuertes combates entre el ELN y las Fuerzas Militares; 13 homicidios contra líderes y lideresas sociales en Norte de Santander entre el 01 de enero de 2021 y el 30 de abril de 2022; 27 personas muertas miembros del ELN y disidencias de las FARC debido a enfrentamientos durante los primeros 3 días de 2022 en Arauca; 344 homicidios entre el 01 de enero de 2021 y el 30 de abril de 2022 en Arauca; 304 casos de amenazas en los primeros 4 meses de 2022 en Arauca; y 10.326 personas desplazadas del primero de enero de 2021 al 30 de abril de 2022 en Arauca; entre otros. La principal víctima de esta violencia: la población civil. Niños, niñas y adolescentes (NNA), personas líderes y defensoras de derechos humanos, mujeres, indígenas y migrantes son algunas de las poblaciones más afectadas de manera diferencial. Lea aquí el informe completo: Lea aquí el apartado de recomendaciones: