Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos La vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) a los Grupos Armados Organizados (GAO) en Colombia es uno de los hechos victimizantes que cuenta con el mayor subregistro en sus cifras. Un fenómeno que ha ido aumentando en 2021 y lo corrido de 2022 en el departamento del Cauca. A continuación se hará una contextualización del reclutamiento de menores a partir de tres casos de vinculación en este departamento, los cuales permitirán identificar las formas de actuación de los GAO. Para 2021, la Guardia del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) registró 275 jóvenes reclutados en el Cauca (Reyes, 2022). Según el Registro Único de Víctimas, desde el 01 de enero de 2022 hasta julio de 2022, se han presentado 14 hechos de vinculación de NNA a actividades relacionadas con grupos armados en el Cauca (Unidad de Víctimas, 2022). El Observatorio Colombiano del Crimen Organizado de la Universidad del Rosario afirmó que el subregistro de casos de reclutamiento de menores ha sido incluso mayor después de la firma del Acuerdo de Paz, entre las razones se encuentra el miedo de la comunidad a represalias de los grupos armados que se llevan a los menores de edad, así como la falta de conocimiento y confianza en las rutas que ofrece el Estado para atender los hechos (Reyes, 2022). Durante el año 2022 se han presentado casos relevantes de vinculación de NNA en el departamento del Cauca, los cuales se exponen a continuación. Gráfico No. 1. Número de menores de edad vinculados a grupos armados en el Cauca 2021-2022 Elaborado por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Unidad de Víctimas, 2022 Caso Resguardo Huellas En el Resguardo Huellas, comunidad indígena Nasa ubicada en el municipio de Caloto, han tenido lugar dos eventos relevantes. El primero se presentó entre el 08 y el 09 de marzo, según la información presentada por la autoridad ancestral del resguardo, los Kiwe Thegnas (guardias indígenas) y docentes de las instituciones educativas. Al menos seis comuneros del resguardo fueron reclutados por grupos armados, cuatro de ellos entre los 12 y los 14 años. Los comuneros mencionan que hombres que se desplazaban en camionetas se llevaron a los menores ubicados en las veredas La Palomera, El Credo y La Chivera. Al parecer los trasladaron al municipio de Argelia, donde en el momento de los hechos se presentaban combates entre el Grupo Armado Pos FARC (GAPF) Frente Carlos Patiño, perteneciente al Comando Coordinador de Occidente y la alianza entre el ELN y la Segunda Marquetalia (Çxhab Wala Kiwe, ACIN, 2022). El segundo evento fue informado igualmente por El Tejido de Defensa de la Vida de Çxhab Wala Kiwe y ocurrió el 15 de abril. En la vereda La Trampa se reportó la desaparición de tres menores de 15 años de edad, oriundos de la misma vereda; tras el informe, y a partir de averiguaciones entre comuneros y familiares, se confirmió el caso de múltiple reclutamiento. Los jóvenes fueron vistos por última vez en el centro poblado de El Palo, municipio de Caloto. Se mencionó que algunos menores pudieron comunicarse con sus familiares vía telefónica, avisando que los llevaba un grupo armado. El boletín menciona que estos jóvenes pudieron ser llevados al sur del departamento del Cauca (Çxhab Wala Kiwe – ACIN, 2022). A propósito del acontecimiento del mes de marzo, Jhoe Sauca, vocero de derechos humanos del CRIC, explicó que el fenómeno se encuentra en aumento debido al crecimiento de grupos armados ilegales y de su presencia territorial en municipios como Toribío, Caloto, Corinto y Jambaló, pero también hacia el nororiente, en los resguardos de Caldono. También mencionó que muchos de los jóvenes son llevados a la zona centro-sur del departamento, particularmente a los municipios de El Tambo y el corregimiento de Huisito, en el Cañón de Micay, donde se han registrado fuertes enfrentamientos entre las disidencias de la FARC y el ELN. También dijo que las autoridades indígenas han revelado que los grupos armados están ubicando reclutadores alrededor de las instituciones educativas, veredas apartadas y zonas urbanas, donde cooptan a los jóvenes que no solamente son instrumentalizados para el conflicto armado, sino también en la trata de personas (El País, 2022). Caso en el municipio de Caldono Los jóvenes de Caldono se han vuelto blanco constante de los grupos armados ilegales. De acuerdo a datos del CRIC, en 2022 más de cien jóvenes caldoneños han desaparecido. De este total, las autoridades estiman que 70 fueron reclutados por grupos armados de la región y llevados a otros lugares del departamento (El Tambo, El Naya, Argelia, el corregimiento de Tacueyó y a Suárez) y al pacífico nariñense. Julio César Pascué, vicegobernador indígena del cabildo San Lorenzo, explicó que las estructuras de las disidencias llamadas Frente Carlos Patiño, y las columnas móviles Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, son los grupos armados presentes en el municipio y que se están disputando el control de las rutas del narcotráfico (Pardo, 2022). En cuanto a la forma de accionar, Alberto Silva, rector del colegio Madre Laura de Caldono, menciona que antes los armados enseñaban dinero, motos y lujos para persuadir a los jóvenes, pero que ahora están empecinados en llevarlos de cualquier forma. Algunas camionetas de alta gama que nadie en el pueblo conoce o motos de alto cilindraje se han movido en inmediaciones del colegio con el objetivo de raptar a los estudiantes. Por otro lado, la Policía de Caldono menciona que hay un patrón con respecto a estos vehículos, en cuanto son reportados como robados en zonas con amplio control de la disidencia Dagoberto Ramos (Pardo, 2022). Caso corregimiento El Plateado-Argelia Este caso aún no ha sido corroborado como vinculación de NNA a actividades de grupos armados, sin embargo, cuenta con un modus operandi similar a los mencionados a principios de año en el norte del Cauca. El hecho presentado el 29 de agosto versa en el secuestro de seis menores de edad por parte de un grupo armado ilegal, horas más tarde tres de los jóvenes fueron liberados, pero un cuarto menor de 17 años fue asesinado. Según la cooperativa Ecomún Multiactiva Agroforestal Santa Clara (CEMAS), integrantes del Frente Carlos Patiño sacaron por la fuerza a los jóvenes de la institución educativa Miguel Zapata (El Tiempo, 2022). Gráfico No. 2 Elaborado por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Sipares, 2022 A manera de conclusión, en los tres casos mencionados se pueden recopilar una serie de recurrencias que permiten dilucidar una tesis preliminar para entender la vinculación de NNA a actividades relacionadas con grupos armados en el Cauca. Una de estas características recurrentes tiene que ver con el actor que produce los casos, en este caso han estado asociados a las disidencias de las FARC, particularmente al Comando Coordinador de Occidente y las columnas y frentes que lo componen. Siguiendo esta línea, en todos los casos (a excepción del más reciente) se menciona que estos grupos mueven a los jóvenes a otras zonas del departamento, enfatizando en zonas como el Cañón del Micay, El Tambo y Argelia, en donde actualmente se presentan disputas por el control territorial de múltiples grupos armados. En cuanto a la forma en que estos grupos vinculan a los NNA en sus estructuras, se denota que ahora, en todos los casos mencionados, la vinculación se da de manera violenta, usando vehículos como camionetas de alta gama o motocicletas de alto cilindraje en las que se movilizan a las afueras de Instituciones Educativas, veredas o barrios en busca de jóvenes. Por otro lado, se denota un trabajo importante por parte de organizaciones indígenas en la generación de datos en función a este fenómeno en detrimento de otras organizaciones e incluso medios de comunicación, precisamente porque los hechos han ocurrido sustancialmente en los territorios del norte del Cauca, donde hay presencia de comunidades Nasa. Referencias Unidad para las Víctimas. (2022). Registro único de víctimas-RUV. Unidad para las Víctimas. https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 Reyes, M. (2022, 1 de abril). 275 jóvenes indígenas fueron reclutados en Cauca en 2021: CRIC. El Espectados – Colombia +20. https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/275-jovenes-fueron-victimas-de-reclutamiento-forzado-en-el-cauca-en-2021-cric/#:~:text=%27275%20jóvenes%20indígenas%20fueron%20reclutados,se%20lleven%20a%20sus%20jóvenes. Çxhab Wala Kiwe – ACIN. (2022, marzo 10). Boletín de Derechos Humanos. Alerta máxima por reclutamiento en el Norte del Cauca. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN. https://nasaacin.org/boletin-dd-hhalerta-maxima-por-reclutamiento-en-el-norte-del-cauca/ El País. (2022, marzo 20). El reclutamiento de menores no da tregua en el Cauca ¿Quiénes son los responsables? Redacción El País. https://www.elpais.com.co/judicial/el-reclutamiento-de-menores-no-da-tregua-en-el-cauca-quienes-son-los-responsables.html Çxhab Wala Kiwe – ACIN. (2022, abril 15). Boletín de Derechos Humanos. Alerta por reclutamiento forzado de tres menores en Huellas. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN. https://www.cric-colombia.org/portal/boletin-ddhh-acin-alerta-por-reclutamiento-forzado-de-tres-menores-en-huellas/ Pardo, C. (2022, 5 de junio). El infierno del reclutamiento forzado que viven los jóvenes de Caldono (Cauca). El Espectador- Colombia + 20. https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/el-infierno-del-reclutamiento-forzado-que-viven-los-jovenes-de-caldono-cauca/ El Tiempo. (2022, agosto 30). Matan a estudiante que secuestraron en su colegio y se llevaron a otros cinco. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/alerta-cauca-secuestran-a-cinco-menores-en-un-colegio-del-cauca-698529?utm_content=Contenido_ET&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1661882559

Por: Ernesto Medrano, asistente de investigación y Juan Manuel Velandia, colaborador de Pares. La reivindicación de los derechos de las comunidades afrodescendientes se enmarca en la Constitución de 1991 en la cual, por medio del artículo transitorio 55, se exhortó al Congreso de la República a legislar a favor del reconocimiento de las comunidades afrodescendientes. En consecuencia, fue expedida la ley 70 de 1993, un mecanismo de reconocimiento social, cultural y económico de las comunidades negras. Después, con la ley 649 del 2001 se reglamentó el artículo 176 de la Constitución con el cual se buscaba asegurar la representación política de las comunidades étnicas. Ahí se estableció que las comunidades negras tendrían derecho a dos curules en la circunscripción especial de afrodescendientes. Sin embargo, la reglamentación flexibilizó los requisitos para ser candidato. Las dos curules asignadas a las comunidades afrodescendientes, por la circunscripción especial de la Cámara de Representantes, se distribuyen de la siguiente manera: Dos (2) para las comunidades negras; una (1) para las comunidades indígenas; una (1) para las minorías políticas; y una (1) para los colombianos residentes en el exterior. Requisitos flexibles En la reglamentación del artículo 176 de la Constitución, se establecieron unos parámetros flexibles de los requisitos para los aspirantes que buscan representar a las comunidades afrodescendientes. De acuerdo con el artículo 3° de la ley 649 del 2001, “Quienes aspiren a ser candidatos de las comunidades negras para ser elegidos a la Cámara de Representantes por esta circunscripción especial, deberán ser miembros de la respectiva comunidad y avalados previamente por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior”. Es claro que el camino por la consolidación de los procesos participativos de las comunidades afrodescendientes ha sido complejo, toda vez que existen incentivos perversos que no fueron resueltos normativamente, como la capacidad de otorgar avales una vez se consigue una curul. De acuerdo con Juan de Dios Mosquera, director del Movimiento Cimarrón, las dos curules no son el porcentaje de representación política del pueblo afrodescendiente, sino que son dos espacios para que el pueblo afro asuma su vocería, gestione sus derechos y construya su proceso político. Elecciones legislativas del 2014: el dedo en la yaga En las elecciones legislativas del 2014, un evento marcó la agenda de las comunidades negras y afrodescendientes: el triunfo electoral de María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco Vicuña. Ambos candidatos fueron avalados por la Fundación Ébano de Colombia FUNECO. Candidatos elegidos por curul afro Fuente: Fundación Paz & Reconciliación. En estas elecciones ni Orozco, ni Bustamante pudieron continuar ocupando las curules afro. De acuerdo con el Consejo de Estado, la Fundación Ébano de Colombia habría incurrido en el delito de falsedad en documento privado y fraude procesal, por no encontrarse autorizada para avalar a los candidatos. Sin embargo, el proceso electoral concerniente a las circunscripciones afro estuvo lleno de interrogantes, pues ni Moisés Orozco ni María del Socorro Bustamante podían ser considerados como afrodescendientes, en virtud de su color de piel y la ausencia de un trabajo de base con las comunidades negras. El incentivo perverso: la fábrica de avales en 2018 De acuerdo con la normatividad vigente, una vez un candidato o candidata de un Consejo Comunitario es elegido, el movimiento o consejo que lo avaló puede constituirse como partido político. Esta nueva condición organizativa permite que los partidos nacientes puedan entregar avales. En 2018 nacieron los partidos Colombia Renaciente y Alianza Democrática Afrocolombiana, producto del ingreso de consejos comunitarios al Congreso. Colombia Renaciente proviene del Consejo Comunitario Ancestral de Comunidades Negras Playa Renaciente. Por su parte, Alianza Democrática Afrocolombiana surgió del ingreso del Consejo Comunitario La Mamuncia. Alianza Democrática Afrocolombiana se convirtió en Alianza Democrática Amplia. De acuerdo con la Fundación Paz & Reconciliación - Pares, tanto ADA como Colombia Renaciente se han convertido en verdaderas empresas electorales. Al lograr la condición de partido político tienen la facultad para otorgar avales y esto se ha distorsionado mediante mecanismos antidemocráticos para lograr consolidarse en el sistema político electoral. En las mismas elecciones locales del 2019, Pares identificó que los partidos étnicos y afrodescendientes entregaron 26.492 avales. En este contexto, Colombia Renaciente, logró entregar un total de 5.242 avales en tan solo tres meses, mientras que el partido ADA avaló 3.565 candidatos. Esto es un incentivo perverso que provoca que los partidos que surgen de los procesos organizativos de las comunidades afrodescendientes pierdan la condición étnica, también contribuye a la desarticulación de los consejos comunitarios y organizaciones étnicas entorno a las reivindicaciones de sus comunidades. De acuerdo con Juan de Dios Mosquera, existe una ausencia normativa que profundice los requisitos para ser candidato por las circunscripciones especiales afrodescendientes. Así mismo, para Mosquera hay una gran cantidad de candidatos que corrompen a los consejos comunitarios y organizaciones que los avalan, porque en algunos casos los candidatos no viven en los territorios, ni son activistas o líderes de los consejos u organizaciones. Elecciones 2022: todo sigue igual En la competencia por las curules afro se presentaron 128 candidaturas avaladas por 48 organizaciones y consejos comunitarios reconocidos ante el Ministerio del Interior. Así mismo, de las 128 personas que se presentaron, 49 eran mujeres y 79 hombres. Estas curules cobran importancia no solo por el carácter representativo de las comunidades afrodescendientes, sino por la característica electoral que tiene: la potestad de avalar candidatos. Descripción de las candidaturas por las curules afro Fuente: Fundación Paz & Reconciliación. Las curules afro quedaron en manos de Ana Rogelia Monsalve Álvarez, del consejo comunitario Palenque de la Vereda las Trecientas y del Municipio de Galapa, y Miguel Abraham Polo Polo, avalado por consejo comunitario Fernando Ríos Hidalgo. Las maquinarias alrededor de las curules afro En 2018 el Consejo Comunitario de la comunidad Negra los Limones – CNL - obtuvo 2.403 votos, aportando el 0,56% de los votos válidos en la circunscripción territorial afrocolombiana. Sin embargo, en estas elecciones el consejo comunitario, con el respaldo de Juan Carlos Martínez, condenado por parapolítica, logró 34.308 votos alcanzando el 7,20% de los votos válidos totales. Esto evidencia el poder de las maquinarias políticas, entendidas como una forma de organización partidista con un poder centralizado y en la que prima un incentivo material sobre el ideológico (Johnston, 2005). Resultados elecciones por circunscripción afro – Consejo comunitario CNL El aumento del caudal electoral del consejo comunitario se debe a la presencia de Lina Martínez, hija de Juan Carlos Martínez. Además, de acuerdo con el ex senador Laureano Acuña, Martínez podría ser una ficha clave para la compra de votos en el Valle del Cauca. Para Acuña, si Ana Monsalve, hermana del alcalde de Malambo no quedaba en la lista, tendrían que aliarse con Martínez para quedarse con la curul afro. Adaptado de la cuenta de Twitter de de Ernesto Olave La estrategia de Acuña consistió en establecer una alianza con Martínez, para que le ayudara a consolidar el poder de su candidato a la curul afro, Edison Enrique Massa Samper, asegurándole algunos votos en el pacífico colombiano. Sin embargo, Ana Monsalve, hermana del alcalde de Malambo Rumenigge Monsalve, había acumulado un importante respaldo en el Atlántico. Para Acuña era importante lograr el crecimiento de su candidato Massa, para que le ayudara a fortalecer su aspiración al Senado. Acuña sostuvo que debía conseguir 70.000 votos para alcanzar la curul en el Senado, pero solo alcanzó los 60.166 votos y se quemó. Su fórmula a la cámara afro, Massa, alcanzó los 21.144, logrando el segundo lugar en lista del consejo comunitario Palenque de la Vereda las Trecientas y del Municipio de Galapa, liderada por Ana Monsalve, quien se quedó con la curul. El caso de Miguel Polo Polo Con el aval del consejo comunitario Fernando Ríos Hidalgo, Polo, alcanzó los votos suficientes para representar a las comunidades afrodescendientes. Si bien, el recorrido político de Polo ha sido como militante del Centro Democrático, el partido no le otorgó el aval en 2019 para lanzarse a la alcaldía de Tolú. Sin embargo, cuenta con el respaldo de María Fernanda Cabal, la segunda congresista más votada del Centro Democrático obteniendo 196.865 votos. El consejo comunitario Fernando Ríos Hidalgo, que avaló a Miguel Polo, logró la titulación de colectiva de predios en febrero del 2022, junto con al menos 3 consejos comunitarios más, de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras – ANT. Este consejo comunitario fue constituido en Magdalena, sin embargo, los partidos que ganaron en el departamento fueron Cambio Radical, Partido Liberal, Fuerza Ciudadana y el Partido de la U. Adicionalmente, la directora de asuntos para las Negritudes del Ministerio del Interior, Judith Rosina Salazar Andrade, quien avaló recientemente al consejo comunitario, tendría presuntos conflictos de intereses por sus vínculos con María Fernanda Cabal. El primo del ex esposo de Salazar habría hecho parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de María Fernanda Cabal. Presunto conflicto de intereses entre Salazar y Miguel Polo Miguel Polo, quien ocupará una de las dos curules afro en la Cámara de Representantes, logró ganarle a Lina Martínez por 945 votos. A pesar del poder político de Juan Carlos Martínez. En conclusión, el proceso político electoral, en el marco de la construcción organizativa de las comunidades y organizaciones afrodescendientes, no ha sido lo suficientemente robusto. Polo sostuvo que cualquier ciudadano, sea afrodescendiente o no, puede aspirar a la Cámara afro. Si bien es cierto que los requisitos son flexibles, la vulneración del principio democrático que sustenta la existencia de estas curules ha sido burlado desde su nacimiento. Así mismo, la capacidad de entregar avales que recibe el consejo u organización que obtiene la curul, ha resultado ser un incentivo perverso para la representación de las comunidades, como se ha evidenciado en el caso del partido ADA, que dejó de ser una colectividad afrodescendiente, para convertirse en un partido amplio.

Por: Ghina Castrillón Torres, Investigadora Territorial Oficina Pares Pacífico El pasado 30 de agosto 2022 desde las 6 de la tarde, aproximadamente, en algunos barrios de la comuna 7 de Buenaventura, específicamente San Luis, San Francisco, Kennedy y Juan XXIII, se escucharon fuertes balaceras según lo reportaron diferentes medios de comunicación y miembros de la comunidad, lo que generó un despliegue por parte de las autoridades para atender la situación. De manera articulada, tanto la Policía como la Armada atendieron la situación para garantizar la seguridad en la zona, asimismo, el ambiente generó que varios líderes sociales posicionaran en redes sociales lo que en ese momento vivía la comuna 7. Resaltando, además, que atender el Pacífico es uno de los primeros retos del Gobierno Nacional entrante, recordemos que el presidente Gustavo Petro delegó a la vicepresidenta Francia Márquez para hacer seguimiento a la implementación de los acuerdos del Paro Cívico. ¿Quiénes son los Shottas y los Espartanos? Como lo registramos en el boletín Juventud y Violencia: el posconflicto en Buenaventura, posterior a la firma del Acuerdo Final de Paz se presentó una mutación de la guerra insurgente hacia el crimen organizado, generando que entre 2017 y 2021 haya presencia de distintos grupos armados en el territorio de Buenaventura, tanto rural como urbano, entre ellos el grupo La Local que hoy se encuentra dividida en dos facciones: Shottas y Espartanos. La Local es catalogado como un Grupo Delincuencial Organizado (GDO) que fue creado en 2017 por exintegrantes de Los Urabeños y de La Empresa, y nace de la reconfiguración criminal en el departamento a partir de la salida de antiguos capos del narcotráfico que habían sido extraditados a Estados Unidos. La Local llegó a ser el grupo armado ilegal predominante en Buenaventura desde 2018 hasta inicios de 2021, haciendo presencia en todo el territorio urbano y algunas zonas rurales. Sin embargo, a partir de la escalada de violencia dado las pugnas internas, La Local se desintegró en las dos facciones que hoy se enfrentan. Shottas: este grupo quedó con el dominio territorial en todos los barrios de la comuna 12 (con excepción de Caldas); en la comuna 11 controlan el corredor de la antigua vía al mar (vía río Dagua), hasta el Corregimiento de San Marcos, pasando por Sabaletas, Zacarías y Dagua, zona rural de Buenaventura, y se disputan la comuna en los barrios Cascajal, Los Pinos, Colón y Antonio Nariño. A inicios del año 2021 ejercían control criminal en las comunas 7 y 8, sin embargo, para finales de ese mismo año habían perdido parte del control en barrios como San Luis, San Francisco, Juan XXIII (de la comuna 7), Bellavista, Rockefeller, el Modelo, Pampalinda y Olímpico (Comuna 8). Espartanos: esta agrupación quedó con el dominio exclusivo de todos las comunas y barrios que hacen parte de la isla Cascajal; del continente están ubicados en las comunas 5, que comunica a la isla con el continente. Además, también están en las comunas 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En zona rural marítima se ha constatado presencia en Bazán Bocana y Juanchaco. De los grupos que surgieron a partir de la división de La Local, fue el que quedó con mayor influencia criminal en el casco urbano. El día de hoy, 31 de agosto 2022, se conoció un comunicado del grupo Los Shottas en donde se dirigen a la población bonaverense en general y a las autoridades, y reconocen que han sido partícipes de los enfrentamientos con la fuerza pública que se han registrado en el barrio Juan XXII y barrios cercanos. Adicionalmente, resaltan que los enfrentamientos se deben a que han recibido “ataque de parte del enemigo en el afán de querer ocupar áreas” que les corresponden como grupo Shottas, es decir, dicen estar siendo atacados por Los Espartanos, que son quienes se disputan el control de la zona (ver comunicado). Horas más tarde se dio a conocer un comunicado de parte del grupo Espartanos, dirigiéndose también a la comunidad y a la opinión pública, reiterando que el enfrentamiento de la noche del 30 de agosto con la fuerza pública fue protagonizado por los Shottas, y que los Espartanos tienen "como orden principal no atacar a la población civil ni a la fuerza pública", y que hacen presencia en la comuna 7 para "evitar el abuso, el atropello y la inseguridad que vive la población que se encuentra a merced de este grupo 'Shottas'". ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades? Ante los múltiples llamados a las autoridades por parte de la comunidad que habita en la comuna 7 de Buenaventura, el secretario de gobierno, Arlington Agudelo Rentería, desde el barrio Juan XXIII se pronunció frente a lo sucedido, en donde reporta que la Policía Nacional atendió el llamado de manera articulada con la Armada Nacional haciendo frente desde el estero San Antonio para cercar a los grupos armados ilegales en la zona. Asimismo, desde sus redes sociales el presidente Gustavo Petro reportó la atención inmediata de la Policía y la Armada a la situación. No obstante, el alcalde distrital Víctor Vidal, se pronunció dando cuenta de la atención que se está brindando a dichos enfrentamientos, además de que le solicita al presidente y su gobierno de hacer presencia en Buenaventura y comprometerse con el plan de seguridad. Recomendaciones Aprovechamos la situación que hoy vive Buenaventura para recordar algunas de las recomendaciones que desde Pares Oficina Pacífico hicimos en el boletín Juventud y Violencia: el posconflicto en Buenaventura a las autoridades que hacen presencia en el distrito: Implementar una estrategia distrital para prevenir el reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos armados. Priorizar la creación de una Secretaría de Juventud o darle más alcance a la coordinación de juventud existente. Se debería consolidar la Oficina Asesora de Paz y tener agenda en el posconflicto, que se articule con las instancias de paz departamentales y nacionales. Fortalecer la articulación y difusión de los programas públicos y privados orientados a atender la población joven. Acompañar a las organizaciones territoriales, defensoras de derechos humanos y víctimas para que, en el marco del Sistema para la Paz, puedan seguir monitoreando y alertando las vulneraciones de los derechos humanos y del DIH. Adicionalmente, a la Comisión de Paz y Posconflicto del Congreso de la República, presidida por el senador Iván Cepeda, le pedimos que, en el marco del Plan de Emergencia propuesto para la protección de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, prioricen a Buenaventura dentro de los 65 municipios ya priorizados por el incremento de la violencia, para consolidar en el territorio la política de Paz Total enunciada por el Gobierno Nacional, con especial énfasis en la protección de líderes sociales.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Mediante la Resolución 04 del 11 de agosto, la Mesa Directiva del Congreso de la República convocó a los partidos políticos con personería jurídica para que postularan sus candidatos para ocupar las curules del Consejo Nacional Electoral (CNE). Con ello, se dio un plazo hasta el pasado 17 de agosto para la inscripción de hojas de vida, teniendo como resultado la inscripción de 31 candidatos a ocupar una curul. Luego de la revisión de hojas de vida por parte de la Comisión de Acreditación Documental Conjunta el 22 de agosto, y dos aplazamientos, el día de hoy se realizó la elección, quedando nombrados como magistrados: Fabiola Márquez, Benjamín Ortiz, Altus Baquero, Alfonso Campo, Cristian Quiroz, Alba Lucía Velázquez, Maritza Martínez, Cesar Lorduy y Álvaro Hernán Prada. Cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 264 de la Constitución Política, “El Consejo Nacional Electoral se compondrá de nueve (9) miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro (4) años, mediante el Sistema de Cifra Repartidora”. En este caso, al ser un total de 296 congresistas, 188 en Cámara y 108 en Senado, cada partido necesitó 28,22 votos para ocupar una curul. Tras acuerdos llegados por los partidos, se presentaron dos planchas: una por el Centro Democrático, que obtuvo 31 votos, y otra por los partidos de gobierno y Cambio Radical, que obtuvo 254 votos. Así, el reparto de la curules quedó 2 para el Pacto Histórico y 2 para el Partido Liberal y uno, respectivamente, para el Conservador, 'la U', el Centro Democrático, Cambio Radical y Alianza Verde. ¿Por qué es importante el CNE? La misión del CNE es promover la sostenibilidad democrática colombiana, “a través del diseño e implementación de mecanismos eficientes y oportunos de vigilancia, inspección y Control total de la actividad electoral, en relación con el accionar de todos los actores que en él intervienen, así como la protección de los derechos de la oposición”. De ahí la importancia para los partidos políticos y por qué buscan un lugar en alguna de sus nuevas curules, ya que no es una entidad con una nómina relevante para que sea considerada un fortín burocrático o clientelar. En la mayoría de países, los organismos electorales son órganos autónomos del Estado. Así, por lo general, hay dos órganos: uno que administra los procesos electorales y otro que contrala judicialmente sus decisiones y define controversias electorales. En Colombia no y dependen directamente de este. Eso implica que el CNE al cumplir sus funciones pueda tener motivaciones políticas o partidistas. Eso se pudo ver con el archivo de la investigación por la entrada irregular de dinero a la campaña presidencial de Iván Duque en lo conocido como la ‘Ñeñepolítica’ o la investigación en contra de la campaña de 2014 de Juan Manuel Santos, por la presunta financiación ilegal de Odebrecht. ¿Quiénes son los magistrados? Fabiola Márquez – Pacto Histórico Márquez Grisales es otra de las candidatas del Pacto Histórico -específicamente la coalición MAIS-UP-ADA-Colombia Humana- para ser una de las nuevas magistradas del Consejo Nacional Electoral. Márquez es muy cercana al presidente Petro y ya había sido candidata en 2018, como lo señala las 2 orillas. Ella es oriunda de La Guajira, y dentro de su trayectoria fue auxiliar judicial del despacho del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, asesora de la Secretaría de Gobierno de Bogotá y gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá desde 2015. Actualmente aparece como parte del equipo directivo de Aguas de Bogotá. Alba Lucía Velásquez Hernández – Polo Democrático Es abogada y militante del Polo Democrático Alternativo. En 2012, luego de que el Polo ganara las elecciones a la alcaldía de Cota, con Campo Alexander Prieto, Alba Lucía Velázquez ocupó el cargo de Secretaria General y de Gobierno de la alcaldía. Desde entonces, Velázquez ha estado vinculada a la alcaldía. En 2021, Velásquez se desempeñó como asesora jurídica de la Alcaldía de Cota, bajo la administración del alcalde Néstor Orlando Guitarrero Sánchez. Particularmente, Guitarrero fue avalado por una coalición del Partido Conservador y el Partido de la U, y obtuvo 6.450 votos en 2019. Velásquez prestó sus servicios profesionales como asesora especializada para la alcaldía de Cota, y existen señalamientos de presuntas irregularidades en su desempeño, pues supuestamente la funcionaria habría ejercido presiones sobre algunos contratistas relacionados, para lograr modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial y la asignación de permisos de construcción. Cristian Quiroz Romero – Alianza Verde Es abogado, especializado en Derecho Procesal y Derecho Procesal Penal. Según el directorio del Partido Verde cuenta con 13 años de experiencia, partido del que ha sido su director jurídico desde el 2014. También ha sido asesor jurídico del Seguro Social y Colpensiones. Según, Semana, Quiroz es cercano a Rodrigo Romero, director ejecutivo del partido. Benjamín Ortiz Torres- Partido Liberal Es abogado especializado en Derecho Administrativo y en Derecho Electoral con una maestría en Derecho Disciplinario. En su trayectoria laboral se ha desempeñado como auxiliar judicial del Consejo Superior de la Judicatura (1992-2000),profesional especializado en la Superintendencia de Puertos y Transporte (2000-2002), secretario del Consejo Nacional Electoral (2002-2017), asesor de despacho de la Contraloría Distrital de Barranquilla (2017-2019), y recientemente, secretario general de la Registraduría Nacional del Estado Civil durante la dirección de Alexander Vega. De acuerdo con distintos medios de prensa, es considerado como la ficha del actual registrador, quien ha sido señalado previamente por Pares por presuntas irregularidades en las recientes elecciones legislativas y, en particular, por haber convertido está entidad en un fortín de los clanes políticos. Altus Alejandro Baquero Rueda- Partido Liberal Es abogado especializado en Derecho Administrativo y en Gestión y Responsabilidad Fiscal y cuenta con una maestría en Derecho y un doctorado en Derecho. En su trayectoria laboral se destaca que ha ejercido como profesional especializado en la Registraduría Nacional del Estado Civil (2008-2012), asesor (2012-2013) y secretario privado para la misma entidad (2013-2014). Así mismo, ha ejercido como director técnico de la Unidad de Víctimas (2016-107), contratista para la Federación Nacional de Departamentos (2018-2020), contratista para la empresa de Acueducto de Bogotá (2018-2020) y recientemente, secretario general de la Defensoría del Pueblo (2020-2021). Hace parte de una familia con amplia trayectoria y reconocimiento al interior del partido, tanto que se reconoce como liberal, partido que respalda su aspiración para llegar a esta entidad. No obstante, Baquero ha sido señalado de ser la ficha del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis quien ha sido previamente señalado por Pares por sus nexos con el Clan Barguil y especialmente, por ser el responsable de haber archivar en el CNE el proceso contra Oscar Iván Zuluaga por la financiación de su campaña con dinero de Odebrecht. Ahora bien, su elección no fue cuestionada solamente por su presunto padrino político, sobre quien han recaído acusaciones de haber estado presionado desde la Defensoría del Pueblo para favorecer a Baquero, también porque aparentemente no cumplía con la temporalidad y experiencia necesaria para aspirar al cargo de magistrado del CNE, que es de 15 años. A parte de no existir una coincidencia entre la hoja de vida inicial publicada ante el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y la que presentó para el proceso de postulación al cargo de magistrado del CNE, la Fundación Comité de Veedurías del Atlántico señaló que la experiencia acreditada sería de 13 años, siete meses y cuatro días, y el tiempo que le falta lo habría conseguido a través de las certificaciones entregadas por Energex S.A., que podría ser falsas. Pese a ello, la comisión conjunta de acreditación del Congreso señaló que cumplía con los requisitos. Alfonso Campo Martínez – Partido Conservador Es abogado de la Universidad Antonio Nariño, especializado en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Parlamentario y en Derecho del Medio Ambiente. Además, tiene una maestría en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos de la Universidad Jesuita Alberto Hurtado, de Santiago de Chile. Es hijo del exdirigente del Partido Conservador en el César, Alfonso Campo Soto, quien fue diputado, representante a la Cámara, senador, viceministro de Transporte, Rector de la Universidad Popular del César, Embajador en China, presidente de Ferrovías y director de Aerocivil. Campo Martínez inició su carrera profesional en el 2002 en la Fiscalía General de la Nación, donde estuvo hasta el 2009. Allí ocupó diferentes cargos como asistente judicial, fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos y fiscal delegado ante jueces penales de circuito especializado. Luego, Alfonso Campo tuvo un pequeño paso en la Defensoría del Pueblo ocupando un cargo de contratista. En el 2012 fue escogido como Personero de Valledupar con apoyo del cuestionado Fredys Socarrás, en ese entonces alcalde de este municipio. Para el periodo 2020-2023 Campo buscó reelegirse por segunda vez como personero, pero desistió de esto tras declaraciones que lo señalaban de haber cometido un supuesto fraude en el examen del concurso requerido para ser Personero. En sus dos periodos como Personero de Valledupar logró ser presidente de la Asociación de Personerías de Ciudades Capitales (Persocapitales). Al no reelegirse Campo tuvo un paso muy corto por el Ministerio del Interior y en junio del 2020 fue nombrado por el entonces presidente Iván Duque como director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), cargo en el que estuvo hasta este 2022 antes de la posesión del gobierno de Gustavo Petro. Campo en su paso por el UNP fue cuestionado en múltiples ocasiones por la labor que desempeñó para la protección de la vida e integridad de líderes sociales, excombatientes y reincorporados de las Farc. De hecho, la Jurisdicción Especial de Paz en el 2021 lo exhortó a él y a Emilio Archila, en ese entonces Consejero Presidencial para la Estabilización, de implementar el “Plan Estratégico de Seguridad y Protección” y proteger así la vida de los exguerrilleros de las Farc. También fue cuestionado por el mal estado de los vehículos de la UNP, algo que pone en peligro a los protegidos de la UNP. Los magistrados cuestionados Maritza Martínez Aristizábal – Partido de la U Es abogada de la Universidad Externado, especializada en Derecho Público Financiero de la Universidad Libre y magister en Derecho Público, también de la Universidad Externado. Ha sido Oficial Mayor y Auxiliar del Tribunal Administrativo del Meta, Magistrada Auxiliar en el Consejo de Estado, asesora de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y docente de la Universidad Santo Tomás. Su ingreso a la política se dio en 2007 cuando aspiró a la gobernación del Meta por el movimiento Volvamos a Avanza, impulsada por su esposo, el exsenador Luis Carlos Torres Rueda, investigado por parapolítica. No alcanzó a quedar en la gobernación, pese a sacar cerca de 120 mil votos. Con su esposo investigado fue ella la ficha al Senado de la República en el 2010, cuando, con aval del Partido de la U, consiguió 61.226 votos. En 2014, con 73.037 votos, y 2018, con 64.934 votos, revalidó su curul en el Senado, con aval del Partido de la U. Finalmente para el periodo 2022-2026 decidió no lanzarse del nuevo al Senado. Cuestionamientos Martínez es la heredera de la estructura política de su esposo, Luis Carlos Torres, a quien la Corte Suprema le abrió una investigación en 2007 por presuntos nexos con las Autodefensas Campesinas de Casanare. Si bien las investigaciones no se han traducido en acusaciones, todavía cuenta con 4 procesos en la Corte Suprema de carácter privado. Además, en el proceso contra el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia de la Sala de Justicia y Paz, Luis Carlos es señalado de haber realizado un acuerdo económico con el narcotraficante Miguel Arroyave, para desaparecer al candidato a la gobernación del Meta en 2003, Euser Rondón, quien denunció fraude electoral en favor del ganador de esas elecciones, Edilberto ‘Beto’ Castro, quien era el candidato de Torres Rueda. Por las acusaciones contra Castro, fueron asesinados Euser Rondón, Carlos Javier Sabogal Mojica y Nubia Inés Sánchez Romero. A cambio de ello, Luis Carlos Torres, junto con Bairon Martínez, su cuñado y hermano de Maritza Martínez, le prometieron a Arroyave, presuntamente, 2 mil millones, el 3% de la contratación mensual del departamento y un listado de contratistas para cobrarles el 5% de su contrato. Precisamente por estos hechos, Bayron Martínez Aristizábal fue capturado e investigado por el asesinato de los tres dirigentes políticos mencionados en el anterior párrafo. Sumado a ello, declaraciones de Daniel Rendón Herrera, alias 'don Mario', y Mauricio de Jesús Roldán Pérez, alias 'Julián', establecieron que Gladys Aristizábal, mamá de Maritza, se reunió con ellos y Miguel Arroyabe en el marco de los hechos mencionados. Pese a estas acusaciones y la apertura de investigaciones no se conoce alguna condena. Por otro lado, Maritza Martínez cuenta con 7 procesos de carácter privado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. A esto se suma un proceso en la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, en el que aparece junto a la exrepresentante a la Cámara por el Meta, Elda Lucy Contento Sanz. Fuente: Rama Judicial Fuente: Rama Judicial A dichos procesos se le suma una investigación en la Procuraduría por presunto tráfico de influencias en el Sena, porque aparentemente habría sido una de las congresistas que influyó en el reparto de contratos en dicha entidad. Se desconoce el estado de la investigación. César Lorduy Maldonado – Cambio Radical Nació en Barranquilla en 1956. Es político, empresario y abogado, tiene una especialización en Derecho Ambiental de la Universidad Externado y otra de derecho laboral de la Universidad del Norte. Quiere dar el salto de Cámara a Senado. Estuvo vinculado más de tres décadas a la empresa petroquímica Monómeros Colombo Venezolanos. También fue miembro de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Ha sido la fórmula en Cámara de Arturo Char y pertenece a ese poderoso clan y al partido Cambio Radical. Cuestionamientos A César Lorduy se le acusa de activar el arma que mató a Alicia Mercedes Ribaldo, una joven de 16 años, en 1979. Según las declaraciones de la madre de Alicia, Clara Luz de Ribaldo, dos testigos que estaban con la joven en el café en el que ocurrió el hecho le contaron que “Alicia hizo una llamada por teléfono. Luego, ella se sentó con los dos testigos. Al poco tiempo, César Lorduy tomó el arma del guardia del sitio, le apuntó y le dijo “te voy a matar”. Alicia puso la mano protegiendo la cara y le alcanzó a preguntar “¿estás loco? De inmediato, él le disparó”. En 2018 Lorduy le concedió una entrevista a La W en la que aseguró que estuvo detenido tres meses y que aunque fue acusado de homicidio culposo, el caso acabó prescribiendo. Según Lorduy, la muerte de Alicia fue un accidente, pues él y el celador estaban jugando con la escopeta cuando esta “se golpeó, se accionó en la dirección donde estaba Alice”. Según el portal Cuestión Pública, en la página de la rama judicial no existe ningún proceso penal contra el representante. Pares tampoco halló ningún proceso que lo relacione con este hecho. Álvaro Hernán Prada Artunduaga – Centro Democrático Es abogado especializado en Gobierno y Gestión Pública. Ha sido candidato a la alcaldía de Neiva, asesor político de Horacio Serpa, secretario general del IDEAM y en el 2014 y 2018 fue representante a la Cámara por el Centro Democrático, hasta que renunció a su curul en el marco de unas investigaciones adelantadas por manipulación de testigos. Pese a ello, buscó llegar en el 2022 al Senado, pero los cerca de 23 mil votos no le alcanzaron para ocupar una curul. Cuestionamientos Álvaro Prada tiene abierto un proceso en la Corte Suprema de Justicia por una aparente manipulación de testigos en el caso de Álvaro Uribe. Se le atribuye haber buscado que Juan Guillermo Monsalve se retractara acerca de sus afirmaciones sobre presuntos nexos entre Uribe y su participación en la creación del llamado Bloque Metro de las autodefensas. Esto habría ocurrido con la intermediación de Carlos López, alias "Caliche". Si bien renunció a su curul para que la investigación pasara a manos de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia mantiene el proceso ya que Prada habría utilizado su condición de congresista para tener el acercamiento con Monsalvo y presionarlo. Incluso, en noviembre la Sala Civil de la Corte Suprema negó una tutela presentada por la defensa de Prada, para que la investigación no la llevara la Corte, porque las conductas que se le endilgan sí tienen que ver con sus funciones como congresista. El pasado 22 de agosto la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio por estos hechos, luego de determinar que existen pruebas suficientes de las presiones mencionadas y para que Monsalve hiciera falsos señalamientos contra el senador Iván Cepeda. Con su elección se buscó que su caso pasara la Fiscalía, ya que los magistrados del CNE no tienen fuero especial que les permita ser procesados por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. En este sentido, de acuerdo con Daniel Coronell, “en agosto de 2011, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al dirimir un conflicto de competencias, estableció que la Fiscalía General de la Nación es la competente para investigar a los magistrados del Consejo Nacional Electoral cuando haya procesos penales en su contra”. A su vez, tras consultas realizadas con fuentes de Pares, en caso dado de ser capturado Prada luego de su posesión, la ley no contempla cómo debería ser reemplazado.

Por: Redacción Pares A pesar de las reiteradas alarmas y peticiones de apoyo al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública, las comunidades del Bajo Calima y el Bajo San Juan siguen viviendo una grave crisis humanitaria producto del confinamiento y desplazamiento forzados a causa de la fuerte y abierta presencia del Clan del Golfo en el territorio y sus enfrentamientos con el ELN. Miedo, silencio y zozobra es lo que viven decenas de familias que han quedado en medio del fuego cruzado entre las estructuras armadas ilegales que combaten por el control desde hace seis meses, sin que la Fuerza Pública intervenga de manera directa buscando controlar la situación. Lea aquí el comunicado completo con los hechos más recientes, exigencias y peticiones que hacen la Juntanza Inter-Étnica Social y Popular desde zona rural de Buenaventura:

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Esta semana Pares Cuestiona a Álvaro Hernán Prada, candidato del Centro Democrático a consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) con amplias opciones para quedarse con una de las nueve sillas. Actualmente Prada tiene abierto un proceso en la Corte Suprema de Justicia por una aparente manipulación de testigos en el caso de Álvaro Uribe. Se le atribuye haber buscado que Juan Guillermo Monsalve se retractara acerca de sus afirmaciones sobre presuntos nexos entre Uribe y la creación del llamado Bloque Metro de las autodefensas, a través de la intermediación de Carlos López, alias "Caliche". Si sale elegido como consejero del CNE, su caso podría pasar a la Fiscalía, ya que los magistrados del CNE no tienen fuero especial que les permita ser procesados por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Lea el perfil completo aquí:

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil Escuelas de Liderazgo Informe experiencial de una visita a un resguardo indígena Emberá Chami en Flor del Monte, Belén de Umbría, Risaralda “Los hijos de los zapatistas, dueños de nada como no sea su dignidad, pasan su día jugando a que son soldados que recuperan las tierras que les quitó el gobierno, juegan a que siembran la milpa, a que van por leña, a que se enferman y nadie los cura, a que tienen hambre y, en lugar de comida, se llenan la boca de canciones» Carta del Subcomante Marcos EZLN, a Eduardo Galeano escritor uruguayo. A la vera de la casa de ladrillo y teja de barro, un pequeño niño trata de volar una cometa con un pájaro amarillo pintado en todo el centro de la tela, sobresalían de este, especialmente, unos inmensos ojos negros. El niño, contra toda la imposibilidad de una ausencia de viento leve que siquiera consolara la impotencia de la cometa y la ansiedad del niño de elevarla, corría en círculos halando de su hilo, mientras miraba, al mismo tiempo, cómo esta, levemente, agónica, intentaba conjurar el poco aire y el siempre exacerbado calor de este sitio. Esa es la primera imagen que a los ojos me ofrece mi segunda visita al resguardo indígena Flor del Monte, en Belén de Umbría, Risaralda. Foto: Miguel Ángel Rubio Al aguzar mi oído, escucho un idioma ajeno al mío, tan inmerso en lenguas occidentales, inglés, francés, alemán; parecía una discusión tribal, encabezada por una mujer mayor de la comunidad que, en su lengua, discutía un asunto, al parecer doméstico. El resto de la asamblea escuchaba atentamente la perorata de aquella indígena de unos 50 años, con silencio y respeto casi sacramental. El gobernador toma la palabra para interrumpir la asamblea y denota especialmente nuestra llegada. Entonces, la comunidad, en un acto ejemplarizante, asume el silencio que ante un extraño se debe asumir, un silencio mediado por el respeto primero, por la incertidumbre después. Sigo en mi oficio, tomar fotos, retratar momentos, gentes, rostros, expresiones, lugares, casas, incluso ideas de vida, en uno de los actos más relajantes y de mayor aprendizaje en mis rutinas, la fotografía. No soy un ojo experto aún, pero en algunos momentos las mismas situaciones inspiran el ánimo de un obturador. Oigo a lo lejos al gobernador presentando a la comunidad, habla de asuntos muy precisos. Su tiempo como parcelación indígena, sus expectativas, sus necesidades, sus potencialidades. Con el respeto del caso, presenta a su equipo de gobierno, todo un gabinete muy bien escogido, consistente en tres ejes fundamentales. Un gobernador, quien orienta la asamblea, pero antes escucha; un vice gobernador, quien respetuosamente sabe su función y si no le es pedida la palabra no interviene; una secretaria, una mujer con poder, manejo de información y capacidad de expresión sorprendente —me quedó en la cabeza la imagen de ella abrazando un computador portátil de última tecnología, me pregunté, lo hago todavía: ¿aculturización o apertura cultural a sobrevivir desde nuestros presupuestos sociales?—.  Y el Jaibaná, hombre de profundos conocimientos medicinales y espirituales, también hace parte del gobierno de la comunidad y es el jefe de algo que para ellos es muy importante: la guardia indígena. La decisión fue callar y escuchar, observar, caminar, preguntar muy puntualmente a gente que no estaba del todo en la asamblea. En algún momento, mis ojos se detuvieron en una balaca tejida con chaquiras, arte tradicional emberá, que cubría la cabeza de Jairo Marcelo. Primero le pedí autorización de dejarme tomar la foto a la balaca, después le pregunté por su uso y significado: “esto lo llevamos todos los miembros de la guardia”, me dijo con orgullo. Un jolgorio de niños me dirigió a la escuela. Allí, en un salón precario, una guerrera de la docencia enseñaba los números a un grupo de niños. Observé el salón con cierto interés, un pequeño tablero mostraba los números escritos, no numéricamente, sino alfabéticamente, hasta el noventa y ocho. Letra a letra plasmados los números. Tomé unas fotos, y me dirigí a la puerta del salón de clases, saludé y los niños al unísono respondieron al “buenos días”. La joven profesora es una mujer enamorada de su oficio. Sin formación docente, solo bachiller, ha tomado la decisión de vida de enseñar en un lugar apartado de su hogar y su familia. Mestiza con orígenes emberá, su piel blanca, sus ojos verdes tristes, su silente y risueña figura. Entro al salón, encuentro libros, manuales educativos sobre la escuela nueva y descubro que la nueva escuela de hoy no es la teoría, sino la vocación de esa mujer que contra todos los pronósticos educa desde el amor y el creer. Allí hay mucho por hacer, quizá, pero más por aprender. Me llama la atención especialmente el hecho de la fragmentación cultural desde lo lingüístico, sobre todo en los niños, quienes poco o precariamente conocen algo de su lengua natal, son silentes y juguetones, silentes porque hace parte de su educación, juguetones porque el área geográfica lo permite. Salgo de la escuela, camino un rato con la brigada de trabajo y descubro un juego cuasi suicida, tres niños montados en lo que puede llamarse una mesa de cemento, juegan a sumergir su cabeza en un estanque plástico de agua potable (quizá la única de toda la parcelación) compitiendo a probar quién aguanta más la respiración con la cabeza sumergida. Deseé sumergir la mía, el calor golpeaba fuerte. Al salir, reían inocentemente con el agua en sus rostros y su cabello. Fotos: Miguel Ángel Rubio La cometa representa la necesidad de cambio y quizá de esperanza de una comunidad golpeada por la difícil historia de nuestro país. El estanque, no es más que la certidumbre en la risa de la inocencia, la inteligencia y el juego en serio de nuestros niños. Esta pequeña crónica para decir que en este nuevo gobierno los hermanos de nuestras naciones ancestrales tienen mandatos importantes, una mujer, Leonor Zabaleta Torres, arhuaca como embajadora ante la ONU, un cargo de importancia capital, porque nos representa ante el resto del mundo; también está María Patricia Tobón Yagarí en la Unidad de Víctimas, venida nada menos que de la Comisión de la Verdad; y por último Giovanny Yule, al frente de la Unidad de Restitución de Tierras. Hermanos indígenas que, como la cometa del niño emberá del relato, han volado alto, sostenidos por el hilo ancestral de su comunidad y empujados por el viento de la esperanza de supervivencia y permanencia de sus comunidades. La representación política indígena en la historia de nuestro país ha sido sufrida y minoritaria, se recuerda a ese gran constitucionalista Lorenzo Muelas, o a Jesús Piñacué, también tenemos a Ati Quigua en los años recientes. Ese pequeño niño de la cometa, siempre y cuando mantenga el hilo con su ancestralidad, podrá volar lejos. Nosotros lo veremos volar y es nuestra responsabilidad que ese vuelo no sea interrumpido por la pobreza, el olvido, la violencia o el racismo.

Por: María Victoria Ramírez Entrevista con Marina Gallego Zapata, coordinadora nacional de la Ruta Pacífica de las Mujeres. **** María Victoria Ramírez, Fundación Paz & Reconciliación (Pares): haznos un resumen de lo que han sido los 25 años de existencia de la Ruta Pacífica de las Mujeres y lo que consideras han sido los grandes hitos de la organización. Marina Gallego: la Ruta tiene 25 años de existencia, yo llevo 20 al frente, fui fundadora. Esta organización se creó en 1996 como respuesta a la militarización y a la gravedad del conflicto armado en Colombia durante los años 90. Nos impulsó la idea de que había que terminar la guerra, que esa no era la salida para el país. Las motivaciones eran la terminación del conflicto y la salida negociada. Sabíamos que las salidas militares ya se habían ensayado durante muchos años, más de 35, con el mismo resultado. Por tanto, salimos de frente a decir: una guerra no nos sirve, nos estamos acabando entre nosotros. Un primer hito fue entonces la primera movilización en la que hablamos de la violencia sexual en el conflicto armado. Nosotras logramos sobrevivir durante el tiempo de la Seguridad Democrática. Recuerda que muchas iniciativas de paz no pudieron continuar con el ahogo que sufrió la salida negociada, puesto que se impulsó la salida militar que, nosotras insistíamos, no iba a ser efectiva, como efectivamente no lo fue. Durante el gobierno de la Seguridad Democrática se bajaron un poco las cifras, pero el conflicto seguía vivo y como siempre muy complejo de manejar. Los acontecimientos y el proceso de paz desde 2012 terminaron dándonos la razón. En ese sentido me siento reivindicada con el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición (CEV), en la parte de democracia. Todas las cifras de los picos de violencia, de masacres que fueron subiendo hasta los años 2003 y 2004, empezaron a bajar un poco. Así que la Ruta fue el resultado de entender que las mujeres teníamos que hablar de estos asuntos en los territorios azotados por la violencia. Un segundo hito fue durante el proceso de negociación con los paramilitares. Nosotras hicimos la Comisión de la Verdad de la Ruta Pacífica de las Mujeres en 2010, en la que se recogieron 1000 testimonios con metodologías de Comisión de la Verdad, lo cual nos puso en una situación de mayor intervención política. Fue un buen inicio para hacer todo lo que hicimos con respecto a la negociación del conflicto armado entre los años 2012 y 2016. Nosotras participamos en esa negociación. Pares: ¿cuál consideras que fue el aporte de la Ruta en el proceso de negociaciones de La Habana con las FARC-EP? Marina Gallego: el primer paso fue dar a conocer los resultados de nuestra Comisión de la Verdad durante el proceso con los paramilitares a la Mesa de Negociación de La Habana, a través de embajadas, especialmente la Embajada de Noruega, que era facilitadora de ese proceso. También dimos a conocer estos resultados al gobierno, al Alto Comisionado para la Paz y sabíamos que teníamos que trabajar conjuntamente con otras organizaciones para tener alguna incidencia. El papel de la Ruta fue dinamizar el proceso con las organizaciones de mujeres a fin de incidir, porque si no, no íbamos a ser ni llamadas, ni vistas, ni consultadas. De hecho, ya habíamos elaborado algunos documentos en distintos foros y eso no había llegado a la Mesa, no se había tenido en cuenta. Fue solo hasta que pudimos hablar con el Comisionado y decirle que no había nada de las mujeres en los tres puntos que habían negociado hasta el momento que nos llamaron y esto dio pie a constituir lo que se denominó la Cumbre de Mujeres y Paz. A partir de allí, ellos nombraron dos negociadores, algo que había prometido el Comisionado, conformaron la Comisión de Género de la Mesa de La Habana y nosotras construimos documentos estructurados que aportaron a los tres puntos en discusión en la Mesas y posteriormente al punto de víctimas. Varias organizaciones expertas en el tema de víctimas, dentro de las cuales estaba la Ruta, aportamos elementos que influyeron positivamente en la construcción del Sistema de Justicia, Verdad y Reparación que finalmente se pactó con la necesidad de crear una comisión de la verdad y con elementos que quizás pusimos en nuestros documentos. Así se abrió esa puerta en La Habana. María Victoria Ramírez (Pares): ustedes son una organización que tiene presencia territorial en distintos departamentos de Colombia. ¿Cómo ha sido la participación de las mujeres de las regiones para la incidencia directa en los diálogos de paz de La Habana, de las mujeres que son víctimas y al mismo tiempo agentes para la incidencia? Marina Gallego: en primer lugar, de las 35 personas que fueron a La Habana en representación de las víctimas, la mitad eran mujeres, dos de ellas pertenecen a la Ruta. Luego fuimos llamadas como una de las organizaciones expertas y allí llevamos nuestra visión de lo que sería el Sistema de Justicia Transicional. Y sobre la pregunta de cómo participan las mujeres de las regiones, la Ruta es participativa. Nada de lo que hacemos es centralizado, son decisiones que están en las nueve regionales, las coordinadoras regionales están en los territorios. No son mujeres que van a los territorios desde Bogotá, si no que están allá, son las que dinamizan todo el trabajo de la Ruta. La Ruta decidió ser una organización regional desde el inicio, se creó así, en nueve territorios afectados por el conflicto armado, así nos formamos y así seguimos. Pares: con la negociación de La Habana y la forma como se ha transformado el conflicto en Colombia, la Ruta ha tenido la capacidad de adaptarse y de encontrar nuevos lugares para la incidencia y para insistir en la paz, y para que la voz de las mujeres se escuche. En 2019 ustedes firmaron un convenio con la Comisión de la Verdad para recoger los testimonios de alrededor de 2000 víctimas a lo largo y ancho del país. ¿Cómo se dispuso la Ruta para realizar ese trabajo y cuáles fueron los hallazgos? Marina Gallego: la Ruta le entregó el informe de su Comisión de la Verdad en el marco de las negociaciones con los paramilitares a la Comisión de la Verdad de La Habana, una vez se constituyó, como un insumo. Fuimos de las primeras organizaciones que entregaron un informe y un segundo informe con recomendaciones al final, en el año 2021. Esto llevó a que la Comisión depositara en nosotras la confianza para recoger los nuevos testimonios en los territorios. Recogimos el testimonio de 2308 víctimas en regiones, en las veredas, tratamos de que fuera en aquellas regiones donde la Comisión no llegaría fácilmente. Esto se entregó en los últimos meses de 2020 y creo que fue muy importante, entregamos también aportes a la metodología, un documento titulado “Una verdad que repare”, y luego las recomendaciones en 2021. María Victoria Ramírez (Pares): hablar de los detalles de la metodología en una entrevista es complejo, pero ¿habría alguna cosa distintiva de la metodología de la Ruta que quieras destacar como aporte a la metodología global de la Comisión de la Verdad de La Habana? Marina Gallego: creo que la visión de testimonio fue muy parecida, no podría decir que fue igual pero sí muy similar, de recoger los testimonios con los hechos, los impactos, una visión subjetiva de cómo las víctimas vivieron esos hechos, porque no es lo mismo relatar simplemente unos hechos, si no cómo esos hechos los afectaron. Eso fue parte de la metodología nuestra que ellos recogieron. En esa metodología también propusimos cómo hacer los reconocimientos de manera que no hubiese lugar a la revictimización. Sentimos que la metodología propuesta por nosotras fue recogida en parte por la CEV. Pares: ahora viene una etapa en la que tú serás parte del Comité de Seguimiento y Monitoreo de las recomendaciones de la CEV. ¿Cuál será tu papel allí? Marina Gallego: esta comisión de seguimiento fue seleccionada por la CEV desde su propio criterio. Ellos requerían de un grupo de personas que hiciera seguimiento y monitoreo a las recomendaciones. Me propusieron y acepté, porque considero que es un desafío importante, son siete años de trabajo. Son asuntos impulsadores de las recomendaciones, puesto que no son vinculantes, o sea que hay que hacer una labor fuerte para que finalmente algo salga. ¿Qué es lo conveniente en este momento? Pues que hay un contexto muy propicio, igual si no lo hubiera, si hubiese quedado otro presidente, habría que propender porque las recomendaciones se aplicaran. María Victoria Ramírez (Pares): uno esperaría que hubiese más oídos, que se prestase más atención a las recomendaciones en este contexto político. Quisiera preguntarte: desde tu corazón, desde tu sensibilidad como mujer feminista, ¿consideras que el informe de la Comisión de la Verdad recoge a profundidad lo que les pasó a las mujeres en el conflicto armado colombiano, a las mujeres de izquierda, de derecha, de las diversidades sexuales, etc.? Marina Gallego: sí, yo creo que se acerca, por supuesto podrán haber quedado cosas por fuera, pero recoge las afectaciones a las mujeres más vulnerables, a las mujeres trabajadoras sexuales, a las mujeres políticas; le da un enfoque territorial en el sentido de mujeres afro, indígenas y campesinas que fueron obviamente las más afectadas, eso no tiene ninguna discusión; y referencia a las mujeres secuestradas y las mujeres excombatientes que dentro del grupo encontraron cosas que las afectaban directamente, que las ponían en situación de vulnerabilidad dentro de las FARC-EP. Aunque falten cosas en el informe, no puedo asegurar que sea parcializado, finalmente somos mujeres y lo que nos victimiza es el patriarcado de arriba a abajo. Entonces que ese análisis sí se hace y por supuesto hay mujeres que tienen condiciones peores que todas nosotras. Hay diferencias entre nosotras y era importante hacerlas visibles en el informe, y se hizo. Pares: se vienen siete años en los que estarás concentrada en hacer la verificación de que se preste atención en todas las instancias a las recomendaciones, pero, por supuesto, la Ruta no se dedicará exclusivamente a esa tarea. ¿Cuáles son las perspectivas de la Ruta? ¿Qué es lo atractivo de la Ruta para las mujeres jóvenes que estén en búsqueda de pertenecer a alguna organización? Marina Gallego: la Ruta está trabajando en que el Acuerdo de Paz se aplique, seguimos presionando la salida negociada con el ELN, hay que buscar una salida con los grupos que tienen azotados los territorios, que a la larga le copiaron a la guerrilla y ahora tienen control territorial y tienen tradición guerrillera, eso se va volviendo una mixtura. Por tanto, la tarea no está concluida y la implementación del Acuerdo va hasta el año 2032, hay mucha tela que cortar aún y recordemos que los últimos cuatro años fue un cumplimiento a pedazos, ralentizado, con muchos obstáculos. El acuerdo se ha cumplido hasta ahora en un 28%. Si en los próximos cuatro años el país logra otro 30%, puede darse por bien servido. A pesar de todo, en los territorios la gente siente cambios. Nosotras que estamos en el territorio sentimos los cambios. Obviamente hay territorios muy afectados, pero otros no, entonces hay que hablar de otros temas. Los temas de la criminalidad, de cosas a las que un Estado cualquiera donde no hay conflicto armado tiene que prestarles atención. Otro tema que el conflicto armado desplaza es la atención sobre la violencia contra las mujeres, por ejemplo, los feminicidios. ¿Cómo es posible que en Colombia se estén presentando más de 900 feminicidios y no pase nada? En cuatro años ha habido aquí más de 1000 asesinatos de líderes y lideresas sociales, y es un escándalo mundial, 900 feminicidios debería ser escandaloso y no lo es. Son temas que deben trabajarse y es una transición que deberá hacer la Ruta poniendo el foco en las violencias contra las mujeres. Eso está dentro de nuestro plan estratégico, la negociación con los grupos armados que existen aún, la paz y la consolidación de la paz y las violencias contra las mujeres, mejorar las condiciones económicas para las mujeres que estamos en una escala baja de salarios frente a los hombres y seguir consolidando un movimiento en el país. María Victoria Ramírez (Pares): ¿cómo ves la conformación del gabinete de Petro, sus primeros movimientos en lo que concierne a las mujeres en el país? ¿Cuáles son tus expectativas frente al nuevo gobierno? Marina Gallego: muchas expectativas en el sentido de generar mejores condiciones en general para la población, para cerrar brechas de desigualdad, pero no en el tema particular de las mujeres, no como un tema particular que el presidente asigne, que el presidente lo tenga como eje central de su política. Creo que el presidente no comprende mucho esos temas, esas diferenciaciones. Por ese lado habrá debilidades. Escuché que la primera dama será encargada de la agenda de la igualdad, y yo digo: eso no es de primeras damas. Eso no puede ser así. Debe crearse una institucionalidad y no es la primera dama. Ella podrá estar de acuerdo, sentirse reivindicada, pero no es ella la encargada, eso sería bajarle demasiado el perfil a un tema tan importante. Yo no tengo muchas esperanzas en eso, globalmente iremos avanzando porque nos beneficiaremos de esos avances. Creo que temas como lo que significa el patriarcado en el país, la violencia contra las mujeres, derechos sexuales y salud reproductiva en todos los ciclos de las mujeres no son temas que vayan a tener mayores desarrollos. El gobierno Petro no será un gobierno de derecha, ultraconservador. Su gabinete mitad mujeres, mitad hombres, es algo que se da en cumplimiento de las leyes, por la presión internacional, porque da pena no hacerlo, el Pacto Histórico pudo hacer listas cerradas y cremallera que posibilitaron la llegada de mujeres al Congreso, todo eso es importante, pero una agenda profunda feminista no es central en su gobierno. Pares: ¿cómo quieres que te recuerde este país cuando decidas jubilarte?, que sé que no será pronto. Marina Gallego: yo pensé que iba a ser más pronto, pero no va a ser posible. Quiero que me recuerden como una mujer que trabajó incansablemente por la paz desde la perspectiva del feminismo, que logró pequeñas incidencias en eso, que se la jugó por un país en paz que deje la guerra atrás. Cuando se nombre a mujeres que trabajaron por que la paz fuera una realidad y que cesara el conflicto armado, pues que digan: Marina Gallego y la Ruta Pacífica de las Mujeres. María Victoria Ramírez (Pares): ¿cómo ha sido combinar toda esta gesta tuya con tu vida personal, con tener un hijo? Marina Gallego: cuando decidí tener a Julián siempre pensé que quería criarlo. Tenía el temor de tener una vida que no me permitiera estar con él. Pude cumplir criando a mi hijo y que él estuviera conmigo donde yo estuviera. No es fácil hacer activismo con todas esas responsabilidades y ser mamá soltera, que me toco así. Traté de combinarlo, no sé si lo hice del todo bien. Me parece que para las mujeres es como vengan las cosas. Logré estar ahí, garantizarle presencia, darle amor. Creo que el no tener una pareja permanente me ayudó porque a veces se vuelven tres frentes de trabajo: el hijo, la pareja y el trabajo, y toda esa dinámica es todo un boleo. Mi vida afectiva la vivía de otra manera, no como algo tan fijo y permanente que hay que atender, porque de alguna manera hay que atender eso. Pares: ¿podrías mencionar un referente teórico que tú consideres infaltable para ti, al que siempre vuelves para consultar, para reafirmar cosas? Marina Gallego: ¿un referente colombiano? María Victoria Ramírez (Pares): cualquiera, uno tiene fuentes, recursos a los que siempre retorna. Marina Gallego: a mí me gusta mucho la visión de Virginia Wolf, que no escribió sobre el feminismo, pero sí su literatura y lo que ella removió en su tiempo; me gusta también Amelia Valcárcel, española, filósofa feminista, y Nancy Fraser, que ha escrito sobre la política redistributiva y la interseccionalidad. Y colombianas, me gusta Olga Amparo Sánchez, con quien he tenido muchas contradicciones y peleítas, pero a mí ella me gusta como feminista colombiana.

Por: Ghina Castrillón Torres, Investigadora Territorial Oficina Pares Pacífico En las últimas semanas se han conocido varias denuncias por presuntas irregularidades y corrupción en procesos de contratación en las Empresas Municipales de Cali (EMCALI), relacionados con el proyecto de generación de energía de Mulaló, denuncias que al momento dejan más preguntas que respuestas, tanto para el alcalde Jorge Iván Ospina como para la gerencia de las empresas municipales, en cabeza de Juan Diego Flórez. La contratación tiene como objetivo la celebración de una “alianza estratégica para el desarrollo del proyecto de generación y venta de energía eléctrica con fuentes no convencionales de energía renovable en Mulaló para un plazo de ejecución de 24 años”, con un presupuesto que supera los 90 mil millones de pesos, proceso de licitación y contratación que ha sido cuestionado por líderes políticos y sindicales que denuncian presunta manipulación del mismo para favorecimiento de la empresa KLARZEN. Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Oficina Pacífico consideramos pertinente resaltar algunos de los elementos que acompañan dichas denuncias. Denuncias El más reciente pronunciamiento lo hizo la concejal por el Polo Democrático Alternativo Ana Erazo, el 23 agosto 2022, en el cual destaca la importancia de poner la lupa sobre el proyecto Mulaló, dado que, según ella, fue adjudicado con irregularidades que afectan a EMCALI. Calificando además la licitación pública de dicho proyecto como un “elemento estético” para finalmente favorecer a la empresa KLARZEN, dado que durante el proceso se llegaron a incluir más de 20 modificaciones en los requisitos para los oferentes, lo cual obligó a que, poco a poco, se fueran retirando de la licitación quiénes no cumplían con los nuevos requisitos, pasando de 15 a 2 oferentes, lo que terminó favoreciendo al postulante KLARZEN, que es una empresa estadounidense-israelí que tiene operación y experiencia en Colombia en temas de generación de energía solar. Resaltando además las dudas que se han generado alrededor de si efectivamente dicha empresa cumple con dos de los requisitos que aparentemente se le diseñaron a la medida, puesto que hay algunos cuestionamientos sobre las certificaciones presentadas. No obstante, a partir de esta reciente declaración, vemos importante destacar una cronología de las alertas expuestas, a las cuales se les deberá hacer seguimiento, resaltando además que la convocatoria estableció que EMCALI sería dueña del 40% del proyecto y el privado a contratar sería dueño del 60%, limitando la capacidad de decisión de la empresa pública en el desarrollo del mismo. Cronología de las denuncias A continuación, se resaltan los momentos clave en el cuestionado proceso del “proyecto Mulaló”, como se le conoce, que consideramos se deben tener presentes para seguir las respectivas denuncias: 18 marzo 2022: el senador Alexander López, en sus redes oficiales, manifestó su preocupación, compartiendo una solicitud de información hecha directamente a la gerencia de EMCALI, en la que, con 14 puntos específicos, pide detalles sobre el proceso contractual en mención. 01 abril 2022: en el portal web Las 2 Orillas, el dirigente sindindical de SINTRAEMPALI, Jhoni Trejos, hace una nota ciudadana llamada Preguntas e inquietudes sobre el proyecto caleño de generación de energía “Mulaló” en el que resalta que el proceso, que en ese momento se encontraba en la etapa precontractual, se desarrollaría en predios de EMCALI y resalta, además, que no se han presentado estudios que justifiquen la viabilidad financiera y jurídica de la alianza público-privada que representaría dicho proyecto, en el que el privado obtendría mayor beneficio, contratación que tendría una duración de 24 años y en la que EMCALI invertiría más de 90 mil millones de pesos 23 junio 2022: el dirigente sindindical de SINTRAEMCALI, Jhoni Trejos, comparte lo que sería la confirmación de que la empresa KLARZEN resulta ser favorecida, haciendo referencia a las denuncias hechas semanas anteriores por parte del senador Alexander López. 2 agosto 2022: una vez más, el senador Alexander López hace referencia al seguimiento que viene haciendo al proceso de contratación del proyecto Mulaló, radicando en el Congreso de la República una proposición para hacer seguimiento a la administración de EMCALI y su desarrollo contractual, manifestando su preocupación por el posible detrimento patrimonial y cuestionando la idoneidad del proceso de contratación. Mencionando, además, que la Contraloría General de la Nación ya ha hecho informes anteriores respecto a otros procesos contractuales en donde se han registrado hallazgos de carácter penal y fiscal, que actualmente están en investigación por los órganos de control. De ahí la importancia de lo que él llama una “proposición de control preventiva al proyecto Mulaló”. 10 de agosto 2022: se le presentó a EMCALI un derecho de petición por parte de una de las empresas oferentes en el proceso del proyecto Mulaló, en el que se les solicita a los miembros directivos de EMCALI: 1) suspender la adjudicación de la convocatoria en mención; 2) realizar un estudio que permita verificar la documentación presentada por parte de las empresas oferentes; 3) revisar las agendas proyectadas para el proceso para verificar justificación y cumplimiento de requisitos establecidos por la normatividad; 4) designar nueva comisión de evaluación de la documentación del proceso de licitación; 5) revisar las actuaciones de distintos funcionarios de EMCALI que han tenido participación en la convocatoria; 6) solicitar intervención de la Procuraduría General de la Nación y demás entes de control. 18 agosto 2022: el dirigente sindindical de SINTRAEMCALI, Jhoni Trejos, hace un hilo en la red social Twitter en donde recuerda que desde meses atrás han venido elevando las alertas relacionadas con el proceso de contratación del proyecto Mulaló, insistiendo en que se modificaron los requerimientos de la licitación con el objetivo de beneficiar a la empresa KLARZEN. 22 agosto 2022: en W Radio se informó sobre las denuncias por las presuntas irregularidades en el contrato del proyecto Mulaló que han venido haciendo el senador Alexander López y el líder sindical Jhoni Trejos. En una publicación llamada Denuncian presuntas irregularidades en contrato por $90.000 millones en Cali, destacaron el tema de las 21 adendas que se hicieron en el proceso de licitación, lo cual tuvo como resultado que 15 de los 17 oferentes se retiraran del proceso, y mencionaron, además, la alerta que hay frente a la veracidad de los certificados entregados por la empresa KLARZEN. 23 agosto 2022: la concejal Ana Erazo hace un llamado público a la Contraloría General de la República para verificar dicho proceso de contratación, destacando en su llamado las alertas que anteriormente ha hecho el senador Alexander López y los líderes sindicales de EMCALI. Respuestas desde EMCALI Posterior a las denuncias expuestas por W Radio el día 22 de agosto 2022, el gerente general de EMCALI, Juan Diego Flórez, envió una comunicación resaltando que el proceso fue por medio de una convocatoria pública apelando a la transparencia que duró entre los meses de diciembre 2021 a agosto de 2022; al día siguiente, 23 de agosto de 2022, el gerente de Abastecimiento Estratégico de EMCALI, Jorge Saldarriaga, fue entrevistado por el mismo medio de comunicación y respondió algunas preguntas sobre el tema del proyecto Mulaló, explicando que la empresa KLARZEN presentó las certificaciones necesarias, pasó la respectiva evaluación e hizo las aclaraciones requeridas para terminar siendo acreditada en el proceso de licitación. Adicionalmente, ante los cuestionamientos sobre las 21 adendas hechas al proceso de licitación, Saldarriaga respondió que 17 de ellas responden a la ampliación del cronograma, de ellas 15 se dieron durante el proceso de contratación, exigencias importantes, dado que como plantea se va a contratar a un potencial aliado, destacando que 3 adendas fueron las que tuvieron incidencia en el proceso de convocatoria (adendas 8, 11 y 15). Destacoó además que el posible aliado también podía ser “plural”, es decir, no tenía que ser necesariamente una única empresa. Ante la insistencia del periodista con la pregunta de por qué dichas adendas no fueron publicadas inicialmente cuando se abrió el proceso de licitación, Saldarriaga resaltó que de igual forma los procesos de convocatorias públicas tienen escenarios para su mejoramiento. Interrogantes Desde Pares Oficina Pacífico tuvimos acceso al análisis que se le hizo al proyecto Mulaló para la Junta Directiva de SINTRAEMCALI denominado “Análisis de la convocatoria pública para la celebración de un contrato de alianza estratégica para el desarrollo del proyecto de generación y venta de energía eléctrica con fuentes no convencionales de energía renovable ‘Mulaló’ de 69.9 MWP”, en el que se resaltan varios elementos que quedan como interrogantes sobre la transparencia y viabilidad del proceso: Respecto a la apertura del proceso concluyen que, teniendo en cuenta el monto y duración del contrato, el lapso de tiempo previsto es muy corto, lo que podría deberse a arreglos para el favorecimiento que posteriormente se denunció. Sobre el contrato resaltan varios elementos, entre ellos el hecho de que EMCALI sería dueña del 40% del proyecto, es decir, que el privado tendría la parte mayoritaria del mismo con un 60%, y adicionalmente destacan que EMCALI deberá invertir más de 90 mil millones de pesos, no obstante, no demuestra claridad frente al monto y formas de pago que deberá asumir el privado. Además, se desconoce la forma de contratación que tendrían los trabajadores del proyecto, dado que estarían a cargo del privado. Frente a otras consideraciones técnicas, destacan que la obligación que tendría EMCALI de comprar energía a la planta Mulaló debe analizarse en detalle, porque puede representar consecuencias negativas para las empresas municipales, como lo representó en años anteriores el caso Termoemcali; además de que no es claro frente a los estudios que justifiquen la viabilidad jurídica de la alianza público-privada. Adicional a las consideraciones expuestas a la junta directiva de SINTRAEMCALI sobre el proyecto Mulaló, se suman los cuestionamientos a EMCALI por anteriores procesos de contratación relacionados con otros temas en su gestión y las relaciones políticas de quienes hoy ocupan cargos directivos, tanto en la junta directiva como en los cargos de gerencia al interior de las empresas municipales, lo que podría presentarse conflictivo respecto a la independencia de las decisiones que en ella se tomen. Desde Pares Oficina Pacífico hacemos un llamado a la administración distrital en cabeza del alcalde Jorge Iván Ospina, al Concejo Distrital, a la dirección de EMCALI y a los entes de control para aunar esfuerzos en aras de lograr procesos transparentes que den respuestas oportunas a las denuncias de la ciudadanía. Además de que este tipo de proyectos de energías renovables van en sintonía con lo expuesto por el Gobierno Nacional entrante en materia de transición energética, lo que representa un reto mayor, y aún más de cara a las propuestas en este tema que se expongan en el proceso electoral local y regional del 2023.

Por: Ghina Castrillón Torres, Investigadora Territorial Oficina Pares Pacífico El mismo día en el que la ONU publicaba las recomendaciones para el Gobierno Nacional entrante en materia de violencia territorial (26 julio 2022), la Juntanza Interétnica Social y Popular de Buenaventura publicaba un comunicado rechazando los señalamientos por parte del Coronel Samuel Aguilar en contra de personas del Consejo Comunitario del Bajo Calima, pues las señaló como miembros de un grupo armado ilegal, lo que contribuye a la estigmatización de las comunidades rurales, incrementando el riesgo que ya viven en el territorio, teniendo además presente la agobiante situación que se vive por los desplazamientos como consecuencia de la presencia y enfrentamientos de grupos armados que agravan la crisis humanitaria. Denuncia pública por señalamientos a comunidades rurales El pasado 26 de julio la Juntanza Interétnica Social y Popular de Buenaventura manifestó en un comunicado público su rechazo a las declaraciones hechas ese día en la emisora RCN Radio por el Coronel de Infantería de Marina No. 24, Samuel Aguilar, haciendo referencia a las personas civiles que resultaron heridas en el fuego cruzado entre grupos armados ilegales que tuvo lugar el 24 de julio en el Bajo Calima. Se denuncia que el enfrentamiento fue entre la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo en la Colonia, comunidad del Bajo Calima, frente a lo cual el coronel Aguilar manifestó que no hubo enfrentamiento armado y que por el contrario, se trató de un atentado sicarial en contra de las personas heridas, dado que pertenecen a un grupo armado. Estas declaraciones, según la organización denunciante, faltan a la verdad y desconoce la gravedad de la crisis humanitaria que actualmente vive la región, sumando a lo anterior que en el mismo episodio se conoció de la retención de aproximadamente 30 habitantes del sector por parte de la guerrilla del ELN, quienes, con un listado en mano, verificaban y les autorizaba volver a sus viviendas. Informe: Violencia Territorial en Colombia: Recomendaciones para el Nuevo Gobierno El mismo día de estas declaraciones, el 26 de julio, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe en el que analizan el incremento de la violencia en el territorio nacional en los últimos dos años y resalta el rol del Estado para enfrentar dicho incremento de la violencia, además de hacer recomendaciones al respecto. En el informe en referencia se resaltan tanto cifras como testimonios de lo que están padeciendo las comunidades a causa del incremento de la violencia, los riesgos de seguridad para las comunidades con especial preocupación por los defensores y defensoras de derechos humanos. Hechos victimizantes como amenazas, estigmatización, masacres, homicidios, desplazamiento y desapariciones forzadas, entre otras, que se derivan del control social y disputa en los territorios por parte de los grupos armados ilegales que afectan el goce de derechos. El informe resalta cuál ha sido la respuesta del Estado frente a las situaciones y hace recomendaciones para lograr enfrentar la crisis que se vive, dado que las acciones existentes actualmente no han logrado completamente el objetivo de proteger a las comunidades, dejando como resultado que en la región del Pacífico se concentren cinco municipios con índices de impacto de la violencia en niveles críticos (San Andrés de Tumaco, Nariño; Argelia, Cauca; Roberto Payán, Nariño) y muy altos (Buenaventura, Valle del Cauca; Santander de Quilichao, Cauca), y es la región que ocupa los primeros 10 municipios en dicha medición con un estado Crítico y Muy Alto en impacto de la violencia (Ver Tabla No. 1). Tabla No. 1. Índice de impacto de violencia Fuente: ONU, Informe Violencia Territorial en Colombia: Recomendaciones para el Nuevo Gobierno, p. 246 Para el caso de Buenaventura se destaca el caso de los tres líderes del Consejo Comunitario de Yurumanguí, que el 28 de noviembre de 2021 se elevaron las alertas porque no regresaban a la comunidad (al día de hoy sólo uno de ellos regresó al territorio y continúan dos desaparecidos), lo que ha generado un gran impacto en una región que es habitada por comunidades que históricamente se han resistido a las economías ilegales en el territorio. A partir del seguimiento que se registra en el informe, se destacan los tres ámbitos en los cuales se agrupan las recomendaciones: Reducir significativamente y finalmente eliminar la presencia de grupos armados no estatales en los territorios afectados por la violencia. Priorizar la implementación territorial del Acuerdo de Paz, en particular la Reforma Rural Integral. Consolidar el Estado de Derecho en las zonas más afectadas por la violencia y el conflicto armado interno, reforzando la presencia y la capacidad de las instituciones del aparato de justicia y organizaciones de control. Informe: Tendencias e Impacto Humanitario en Colombia 2022 Se revela una realidad alarmante para la región Pacífica en materia de impacto humanitario para el primer semestre del año 2022, lo que ha representado un gran reto para la respuesta y asistencia humanitaria, según lo registra el informe sobre la situación humanitaria en Colombia, presentado por la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). La persistencia de las emergencias humanitarias agrava la posibilidad de atención integral generando así una doble afectación en el listado de municipios de la región. Con esta particularidad se encuentran Argelia en Cauca; Tumaco en Nariño; el Litoral de San Juan, Medio Atrato, Medio San Juan, Quibdó y Sipí en el Chocó; y el Distrito Especial de Buenaventura en el Valle del Cauca. Asimismo, se registra un incremento en las acciones armadas en la zona del Pacífico, incluyendo la instalación de minas antipersonas, generando como consecuencia situaciones de confinamiento y múltiples desplazamientos masivos en las comunidades (Ver Figura No. 1). Por ejemplo, en el Valle del Cauca se vieron afectadas por este hecho las comunidades del Consejo Comunitario del Río Cajambre, en Chocó las comunidades del Medio San Juan y en Nariño los miembros de la comunidad indígena Awá. Figura No. 1. Víctimas de desplazamiento masivo, eventos de ataques contra la población civil y acciones armadas Fuente: OCHA, Informe Tendencias e Impacto Humanitario en Colombia 2022, p. 3 Adicionalmente a los eventos reportados, desde la Oficina Pares Pacífico sentimos preocupación por el subregistro de la victimización por desplazamiento, subregistro que puede condensar a las personas que, por temor o desconfianza a las instituciones o restricciones para el acceso, no se reportan como desplazadas ante las autoridades ni reciben ayuda directa de sus círculos sociales cercanos como familiares y amistades; y también los desplazamiento “gota a gota”, que para el caso de Buenaventura afectan principalmente a las comunidades del Río Cajambre y algunas zonas urbanas. Retos para el nuevo Gobierno Nacional El significativo incremento de la violencia y la disputa por parte de los grupos armados ilegales por el control de los territorios y las economías ilegales, ha desencadenado una crisis humanitaria con mayor concentración en regiones como la del Pacífico colombiano, lo que representa un gran reto para el nuevo Gobierno Nacional, más ahora dado que ha hablado de lo que denomina ‘paz total’, la cual implica brindar un escenario que busca el sometimiento a la justicia por parte de dichos grupos armados. Adicionalmente, se encuentra la necesidad de estudiar las recomendaciones hechas por el informe de violencia territorial presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aquí enunciado, que permitirán aterrizar acciones y adoptar medidas para reducir las violencias que viven las comunidades en los territorios, destacando la recomendación que hacen a la Fuerza Pública de superar la doctrina del enemigo interno y la estigmatización a las comunidades que viven en zonas de conflicto, ya que les profundiza los riesgos que ya viven. También es de gran importancia el fortalecimiento y agilidad en la respuesta institucional ante las alertas tempranas que hace la Defensoría del Pueblo en los territorios. Finalmente, y teniendo presente la entrega del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y las actividades de pedagogía y socialización de este en el marco de la Gira de Comisionados, el país se encuentra en un momento histórico para la reconciliación y las garantías de no repetición a partir de las verdades registradas, de ahí la importancia de que el gobierno nacional entrante se comprometa fuertemente con asumir e implementar las recomendaciones que la CEV hace, con especial énfasis en lo que concierne a los grupos étnicos y comunidades que habitan las zonas periféricas mayormente azotadas por el conflicto armado que aún persiste, con una mirada transversal de género.

By: Migration and Border team Translation by: María Victoria Ramírez The new Colombian government has offered Total Peace. President Petro has said he will carry out negotiations with the ELN and, with his firm commitment to comply with the Peace Agreement signed with the FARC in 2016, he will resolve the persistence of those groups, heirs of the FARC. To top it off, the new government has also promised to subdue the Gulf Clan and the entire world of mafias and heirs of the old paramilitaries. Today the border between Colombia and Venezuela is under the control of the ELN and other illegal armed structures, which command more and more effectively than the state armed forces. There is strong evidence demonstrating the active control of these organizations over the territory. Particularly notorious their control on Catatumbo and Arauca, but which also occurs over the territories of Cesar and La Guajira, where the border is controlled by mafias and irregular armed forces that impose their rules and authoritarian action. ELN control is most severe in Alto Catatumbo and has grown to even reach certain areas of the Cúcuta1 metropolitan area. There has been a confrontation for pre-eminence in the rural area, a struggle in which the ELN has gained ground against Los Rastrojos and groups linked to the Gulf Clan, who have struggled to keep this important corridor for drug trafficking, smuggling and transit of arms and ammunition that come from the Venezuelan market, in which historically there has been supply for Colombian illegals. In Venezuela, neither before Chavismo, nor in these twenty-three years of the Bolivarian revolution, it has been possible to overcome this situation linked to extensive corruption in security institutions, a very serious issue to keep in mind. Arauca is experiencing intense violence that has claimed more than 300 lives so far this year, which could set the homicide rate this year at 150 homicides per 100,000 inhabitants, or higher. A true tragedy in a territory that has been one of the most victimized in this long history of violence. The main reason of the ongoing dispute between the ELN and the structures coming from the FARC is the control and use of the territory: who is in charge and how they do it. This year the dispute began in January, due to the enormous growth of the FARC structures: new combatants, many resources from drug trafficking, a broad policy of extortion and an overwhelming action on territories with a historical presence of the ELN. This was what the Eastern War Front of the ELN and its most important structure, the Domingo Laín Front, realized to make the decision to open a confrontation that on January 2 left twenty-two people dead simultaneously in the municipalities of Tame, Saravena , Fortul and Arauquita, and that to date it is not certain how many of the more than 300 homicides in Arauca correspond to actual combatants. What is certain is that many civilians have ended up in the middle of this terrible violence and today they are dead, as is the case of the deputy to the Departmental Assembly, Carlos Hernández, who was assassinated on June 30 and that several versions point out his death is related to this confrontation. Thus there are at least twelve social and community leaders assassinated. If today you take a drive through the battered roads of Ábrego, Convencion, El Carmen, El Tarra, Hacarí, you will see ELN flags and banners with messages alluding to their presence. And they are flags firmly installed on pedestals that are not improvised, which have not been there for months, but at least two years, which is new evidence of their extensive control in the territory, in which, of course, there is a presence of the State Force, but confined to their well-guarded posts. Even so, every two weeks in the last four years the ELN has assassinated a member of the Army or the Police by sniper action. In this four-year presidential term, nearly one hundred soldiers and policemen have died in Catatumbo. The Total Peace policy faces enormous challenges on the Colombia-Venezuela border. Fortunately, Colombia will return to diplomatic dialogue and the joint construction of policies. There is the possibility of advancing in a peace process with the ELN, with the broadest participation of the communities, their organizations and the territorial governments. That should be the start point to build a peace process to solve the conflicts and guaranty the rights violated for decades in a particularly martyred area of ​​Colombia. With the announcements of the Petro, On the Colombia-Venezuela border, it should be felt in the coming weeks that there is a fresh air, the democratic air of a government that comes to build a territory with rights and in peace with the communities, hopefully.

Por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana Nació en Ibagué, Tolima, el 31 de diciembre de 1967 (55 años). Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” en 1984 con 15 años de edad, desde entonces ha prestado 38 años de servicio en la Institución Militar. Es profesional en ciencias militares del arma de infantería con especialización en recursos humanos en la universidad Sergio Arboleda, tiene un pregrado en gerencia de seguridad y análisis sociopolítico de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (sin completar). Además, tiene una maestría en seguridad y defensa nacional de la Escuela Superior de Guerra y un PhD Honoris Causa en educación del derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos del Logos International University. Dentro de las funciones que desempeñó se destacan el cargo de comandante del Batallón de Comandos “Ambrosio Almeida” (2005-2006), director de la Escuela de Formación de Soldados Profesionales, donde impulsó el fortalecimiento de los derechos humanos, director de la Escuela Militar de Suboficiales “Sargento Inocencio Chincá” (2011-2012), donde creó los programas: Tecnología en Promoción y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos en el Contexto Militar; Tecnología en Criminalística de Campo y Tecnología en Gestión Pública; y Tecnología en Logística Militar. También fue comandante de la Quinta Brigada, comandante de la Octava División del Ejército Nacional y director de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” donde promovió la creación del Doctorado en Estudios Estratégicos, Seguridad y Defensa. Finalmente fue Jefe de Estado Mayor de Operaciones del Ejército y su último cargo antes del nombramiento fue como Inspector General del Ejército Nacional. Es autor de los libros Suboficiales en la historia, Lluvia de Acero Guerra de los Mil Días, y coautor del libro Identidad e intereses nacionales de Colombia. **** Una de las principales transformaciones en el sector defensa tuvo que ver con el nombramiento de los nuevos mandos de las Fuerzas Armadas. Dentro de los nuevos comandantes se encuentran perfiles diversos que indican un nuevo aire para la política de seguridad del país, entre estos resalta el nombramiento de la primera mujer en un cargo directivo dentro de la Policía Nacional, la Brigadier General Yackeline Navarro, como subdirectora de esta institución. Con estos nombramientos, el nuevo gobierno da un mensaje claro de prioridad al tema de los derechos humanos dentro de las instituciones, principalmente en el Ejército Nacional. También, de fortalecimiento de las relaciones entre la sociedad civil y las autoridades que son responsables de la seguridad nacional y ciudadana en el país. Lo anterior, ante la creciente desconfianza y desaprobación de la ciudadanía frente al proceder de las fuerzas y los casos de violaciones al D.I.H. en los últimos años. Esto se da en medio de fuertes críticas de la oposición, que señala como un acto de desafío el retiro de 52 generales de las FF. AA. para la conformación de la nueva cúpula.