Por: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Esta semana, Pares Destaca el trabajo de María Rojas, firmante del Acuerdo de Paz, miembro del comité de género del AETCR Pondores, La Guajira y lideresa del proyecto productivo Fariana Confecciones, proyecto del sector textil conformado por mujeres firmantes del Acuerdo. En la montaña, María confeccionaba los uniformes, toldillos, maletas, carpas, bolsos y sudaderas. Por eso, cuando volvió de Bogotá al espacio territorial de reincorporación y capacitación, se unió a Fariana Confecciones. María vive en Pondores, uno de los antiguos espacios de reincorporación en donde los y las firmantes del Acuerdo de Paz, en donde han construido familias, comunidad y proyectos productivos. Por esta razón, actualmente impulsan un proyecto de vivienda en la finca productiva San Luis, ella afirma que “ese es mi sueño, a eso le estamos apostando varios”. Lea el perfil completo aquí:

Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador nacional Línea Democracia y Gobernabilidad Luego de un tropezado proceso para la elección del contralor general, este jueves se dio a conocer que el elegido para ocupar dicho cargo es Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien obtuvo 260 votos de 147 que necesitaba para quedar elegido. Rodríguez es abogado de la Universidad Santiago de Cali, especializado en derecho administrativo y magíster en derecho constitucional, ha sido concejal de Palmira, diputado de la Asamblea Departamental del Valle (2001-2003), miembro del consejo directivo de la Caja de Compensación Familiar del Valle, secretario de Planeación de la Gobernación del Valle, contralor departamental del Valle, defensor regional del pueblo y director nacional de defensoría pública de la Defensoría del Pueblo. Su cargo más importante fue cuando fue nombrado como auditor general en 2017. Luego de los múltiples señalamientos dirigidos hacia María Fernanda Rangel, quien también aspiraba a ocupar el cargo, Rodríguez Becerra recibió el apoyo público de las bancadas del Partido Liberal, el Partido Conservador, La U, Centro Democrático, Mira, Pacto Histórico, Partido Comunes y los integrantes de las 16 curules de paz. Así, consiguió las mayorías que necesitaba en la plenaria del Congreso en la que se hizo la elección del nuevo contralor general. El tropezado proceso de elección El proceso de elección generó críticas luego de que un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara que se debía rehacer la lista de los 10 finalistas inicialmente seleccionados, por no cumplir el principio de mérito y la equidad de género, esto fue resuelto por la comisión accidental encargada de este tema del Congreso 2018-2022, pero el presidente del nuevo Senado, Roy Barreras, emitió una resolución para rehacer, nuevamente, la lista de los 10 aspirantes. De acuerdo con Barreras, el proceso contaba con irregularidades y para la conformación de la lista no se tomaron los principios establecidos en la Resolución 001 de 2022 de transparencia, mérito y género para la conformación de la lista de finalistas. La decisión de Roy Barreras fue señalada de ser irregular, porque la Ley 1904 de 2018, que establece las reglas de elección del contralor general, dicta que esta debe ser conformada por una comisión accidental del Congreso del periodo anterior al que debe hacer la elección. En este caso, por una comisión accidental del Congreso que terminó sus funciones el pasado 20 de julio. Pese a ello, con la Resolución 001 del 01-08-2022, se reintegró una comisión accidental para reconformar la lista de 10 aspirantes a contralor general. Ante el llamado a algunos senadores y representantes a la Cámara para conformar esta comisión, varios renunciaron a ello por el temor a incurrir en un prevaricato, es decir, actuar de forma arbitraria a pesar de ir contra la ley o ser injustos. Además de ello, directamente los partidos de Cambio Radical y Centro Democrático se negaron a participar del proceso de conformación de la comisión accidental. Aún así, Roy Barreras y el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, hicieron la conformación de la comisión accidental que el 4 de agosto eligió la lista de 10 finalistas para el cargo de contralor general. Sin embargo, por las posiciones de algunos congresistas y de los partidos políticos mencionados en el anterior párrafo, esta elección se hizo con la participación de 25 congresistas de 36 que lo debían hacer. De esa lista de 10 aspirantes quedó elegido Carlos Hernán Rodríguez Becerra, pese a tener varios cuestionamientos a su espalda. Unos cuestionables nexos políticos Durante su trayectoria se destaca la cercanía política que ha tenido con Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle, destituido e inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por 10 años. En 2008, Carlos Hernán Rodríguez inscribió la candidatura de Abadía por el movimiento ‘Por un Valle Seguro’, de la mano con Juan Carlos Martínez, condenado por parapolítica. Tras el apoyo de la candidatura de Abadía fue cuando llegó a ser contralor departamental del Valle (2008-2011), investigando a quien había apoyado. Esa cercanía cobra relevancia al tener Abadía procesos en la Contraloría General, como señaló Yohir Akerman. Fuente: Consejo de Estado Siendo contralor departamental fue señalado de omitir evidencias de un detrimento patrimonial que ocurrió en la Licorera del Valle. Pese a que correspondía a su jurisdicción, la Contraloría General de la República fue la que emprendió un proceso de responsabilidad fiscal en contra de la junta directiva de la Industria de Licores del Valle. El daño patrimonial al Departamento del Valle se calculó en $107.231 millones, por la ejecución del contrato 20080035. Si bien él fue uno de los que alertó las irregularidades, la Procuraduría señaló una presunta falta de control fiscal por parte de Rodríguez Becerra en este caso. Según el Nuevo Siglo, para 2017, “el ente de control determinó en ese momento que Rodríguez omitió graves evidencias de un detrimento patrimonial y que por ende debería ser investigado por la Procuraduría, proceso que arrancó, pero no ha avanzado”. Esto se pudo confirmar con el fallo en segunda instancia de Responsabilidad Fiscal 6-007-11, que en su artículo 5 estableció: Fuente: Procuraduría Sin embargo, se desconoce el estado del proceso, toda vez que Rodríguez Becerra no aparece con antecedente disciplinarios. Escándalo de Foncolpuertos De acuerdo con el Proceso 29600 de 2008 de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Hernán Rodríguez instauró demandas en representación de Édgar Mejía Cáceres, Ramón Emilio Morales, Manuel José Mosquera, Daniel Gamboa, Pedro Caicedo Vargas y Mario Caicedo López en contra del Fondo de Pasivo Social de la empresa de Puertos de Colombia en Liquidación (Foncolpuertos), presentando documentos públicos falsos que llevaron a que Manuel Eduardo Hernández, titular del Juzgado 2 laboral del circuito de Buenaventura, Valle del Cauca, fallara en favor de ellos y se les hiciera una reajuste de su pensión, generando un detrimento en los recursos de Foncolpuertos. Los seis representados eran pensionados de la empresa Puertos de Colombia. En el proceso se señala que Carlos Hernán Becerra mantenía una relación sentimental con la secretaria del Juzgado en cabeza de Manuel Hernández, quien permitió, pese a ese impedimento, que ella continuara participando en las demandas instauradas: Eso llevó a que se le abriera un proceso por peculado por apropiación que lo encontró culpable e inhabilitó en 2016 para ejercer como abogado por 9 meses. Cabe mencionar que el escándalo consistió en que funcionarios de Puertos de Colombia (Foncolpuertos) se unieron para desfalcar al Estado por varios cientos de miles de millones de pesos. Lo fallos judiciales como el que se vieron beneficiados los apoderados de Rodríguez Becerra, de acuerdo con El Espectador, “permitieron la apropiación ilícita de por lo menos $2.228 millones por parte de exfuncionarios de la entidad”. Fuente: Rama Judicial Fuente: Rama Judicial Proceso por estafa agravada Al proceso por peculado cabe sumarle otro proceso penal con número 52835310400219950722601, por falsedad, hurto y abuso de confianza y que se resolvió en etapa de casación. De acuerdo con el proceso 18429 de 2001 de la Corte Suprema de Justicia, en el año 2000 el Juzgado Primero Penal del circuito de Tumaco condenó a Carlos Hernán Rodríguez a 101 meses de prisión y una multa de $300 millones por el delito de falsedad, estafa, hurto y abuso de confianza. Después, el Tribunal Superior de Pasto le absolvió el delito de estafa. El hecho por el que se dio la condena fue por una demanda instaurada por Ernesto Leandro Sinisterra, en representación de la Asociación de Jubilados de la Terminal Marítima de Tumaco, quienes le solicitaron a Reinaldo Ramírez Funemayor, Milton Angulo Arias, Julio César Riascos y Carlos Hernán Rodríguez adelantar un proceso de liquidación pensional frente a la Terminal Marítima de Tumaco. Ante esto, la terminal le giró unos recursos a Riascos que no fueron entregados a quienes solicitaron sus recursos. Fuente: Rama Judicial Si bien el caso se resolvió en etapa de casación, se conoce que no se le impugnó la condena a Julio César Riascos. Sin embargo, se desconoce la decisión tomada respecto a la condena de Carlos Hernán Rodríguez o si, en todo caso, la cumplió. Con este prontuario fue elegido Carlos Hernán Rodríguez como contralor general, al que el periodista Gonzalo Guillén señala de haber tenido nexos con narcotraficantes del cartel del Norte del Valle del Cauca por intermedio de Édgar Salazar. Señalamiento al que se le une uno relaizado por Pablo Bustos, de la Red de Veedurías de Colombia, quien sostuvo que la esposa de Rodríguez Becerra, Lina María Bedoya Gutiérrez, también tuvo vínculos con narcotraficantes.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Mery Gutiérrez es abogada de la Universidad del Externado, con especialización en contratación pública, privada e internacional, y otra en gerencia de nuevas tecnologías. Fue gerente de la programadora Programar Televisión. Hizo parte del fallido proceso de la adjudicación al tercer canal privado de televisión. Fue gerente de Canal Capital durante la dirección de Hollman Morris, con quien sostiene una cercana relación. A raíz de dicha relación su nombramiento fue cuestionado por sectores feministas, que recordaron el respaldo que Mery Gutiérrez le dio a Morris en el documento de “Mujeres con Hollman”, luego de que el entonces candidato a la Alcaldía de Bogotá fuera acusado de presunta violencia contra su exesposa y otras mujeres. Mery Gutiérrez cuenta con una experiencia considerable en el sector y entre los principales retos de Gutiérrez en esta cartera está la ampliación y el fortalecimiento de la infraestructura de internet en las zonas rurales del país, tras el desfalco de la administración anterior en el caso de Centros Poblados. En el informe de empalme se enunciaron ocho (8) aspectos y entidades claves para este Ministerio, entre los cuáles se declararon seis (6) semáforos en verde (la Agencia Nacional del Espectro, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Fondo de Tecnologías de la Información, el Ministerio, el Servicio Postal Nacional 072 y RTVC), uno (1) en amarillo (Computadores para educar) y uno (1) en rojo (Agencia Nacional Digital).

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Después de más de una semana de espera en la que se especuló con varios nombres, incluyendo el del exrepresentante a la Cámara, el liberal Iván Agudelo, el presidente Petro nombró al último ministro de su gabinete: Arturo Luna será quien se encargue de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación. Luna tiene 38 años, es biólogo de la Universidad de Sucre y tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Tennesee, con énfasis en microbiología, inmunología y bioquímica. Su experiencia, según él mismo relata, es en investigación en enfermedades tropicales como la leishmaniasis y la enfermedad de Chagas. También tiene una especialización en Gestión Pública de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Luna ya había trabajado en el Ministerio de Ciencia como gestor de ciencia y tecnología, y de hecho cursa una demanda de nulidad contra su nombramiento interpuesta por el mismo Ministerio, pues no habría presentado todos los documentos necesarios para validar sus 25 meses de trabajo en la Universidad de Tennessee. Aunque esto no le impedirá posesionarse como ministro, deberá declararse impedido en todos los asuntos relacionados con la demanda. Dentro del Ministerio Ciencias, Luna fue la cabeza del Programa Nacional de Biotecnología y el programa Colombia Bio, y su agenda se concentró en el uso sostenible de la biodiversidad en la búsqueda de una transición hacia una economía baja en carbono. Dentro de su experiencia profesional se destaca ser asistente de la Universidad Estatal de Louisiana. Luna estará al frente de un ministerio que se creó en 2019, teniendo como predecesor el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias). Esto trajo mayor autonomía para articular “con las universidades, el sector privado y el Estado el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”. Además, el Ministerio de Ciencia pretende cerrar la brecha en capacidades en el sector de Ciencia, Tecnología e Innovación en las regiones y los distintos sectores económicos de la sociedad colombiana. Sin duda uno de los principales retos que tendrá el nuevo ministro es el de lograr vincularse con otros ministerios, como el de Ambiente y el de Minas y Energía, para transitar la ruta hacia una economía baja en emisiones de carbono, que es una de las principales metas del gobierno Petro. Herencia del gobierno Duque y principales retos Según el informe de empalme presentado por el gobierno entrante, una de las principales críticas es que el presupuesto que se adjudicó al Ministerio de Ciencia para el próximo año tiene una inflexibilidad del 93,4%. El mismo es producto del cupo de vigencias futuras aprobadas de la cohorte 2019-2021, Colfuturo, entre otros, que deja apenas un margen del 6,6% para funcionamiento. Ahora bien, dentro de los semáforos en rojo se señaló la revisión de los procesos de asignación y ejecución de los recursos de regalías para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y la revisión de los criterios de asignación de beneficios tributarios para la financiación y sostenimiento de Spin Off. Las Spin Off son empresas de base tecnológica, o en conocimientos, especialmente aquellos protegidos por los derechos de propiedad intelectual, que han sido gestadas dentro de las Instituciones de Educación Superior. Asimismo, dentro de las recomendaciones del empalme se destaca la necesidad de crear una gobernanza eficaz entre el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) y las funciones del Ministerio de Ciencia, de tal manera que el SNCTI lidere el desarrollo de una economía intensiva en conocimiento y el Ministerio de Ciencia articule la política de ciencia, tecnología e innovación con los actores públicos y privados del sector. De igual manera, el Ministerio, según la comisión de empalme, debería impulsar la creación de centros de producción e innovación regional. Luna al frente del Ministerio tendrá el gran reto de despejar las dudas que se han cernido sobre la seriedad de la actuación de esta cartera, pues sus dos antecesores, Mabel Torres y Tito Crissien, tuvieron que enfrentar polémicas por sus investigaciones. La primera desató todo un debate alrededor de los saberes ancestrales, por sus investigaciones sobre el hongo Ganoderma, y sobre Crissien siempre hubo acusaciones de deshonestidad intelectual, por las múltiples publicaciones de diversos campos en los que presuntamente él no tenía experiencia, pero aparecía su nombre. No es un reto menor, teniendo en cuenta que en cabeza de la hoy ministra, Irene Vélez Torres, varios académicos firmaron un manifiesto contra la ciencia hegemónica, demandando que esta estuviera “al servicio de la vida”.

Línea Democracia y Gobernabilidad Patricia Ariza nació el 27 de enero de 1946 en Vélez, Santander. Estudió Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia entre 1967 y 1969. Allí conoció a quienes serían sus grandes maestros: Enrique Buenaventura y Santiago García. Es doctora honoris causa del Instituto Superior de Arte en Cuba. En Colombia, Patricia Ariza es reconocida por su búsqueda de llevar la cultura a las zonas populares y excluidas del país. Perteneció a la corriente nadaista en el país y es una de las sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica (UP). En 1966, junto a Santiago García y otros artistas, fundó la Casa de la Cultura, hoy en día conocida como Teatro La Candelaria, teatro que ha sido la escuela de varias generaciones de artistas que empiezan en el mundo del teatro político, lugar en el que las denuncias de la realidad colombiana eran las protagonistas de las obras culturales. Ariza fundó y dirigió el festival “Mujeres en Escena por la Paz”, con el que busca resaltar el papel de las mujeres en el teatro. También fundó el Festival de Teatro Alternativo (Festa). Igualmente ha dirigido el Festival Nacional de Teatro, el Festival Juvenil de Cultura Popular y el proyecto Prácticas Artísticas con las comunidades Sena. Patricia Ariza fue miembro de la Comisión Asesora para la Profesionalización del Artista, parte de la Comisión Accidental de Cultura, conformada conjuntamente con el Senado de la República, directora del Grupo Sin Visaje y miembro del Magdalena Project. Ariza ha reivindicado su lucha política a través sus actuaciones y dirección de obras de teatro como 'Mujeres en trance de viaje', ', 'María Magdalena', 'Del cielo a la tierra', 'Antígona', 'Memoria', 'Camilo’ y ‘Guadalupe años Sin Cuenta’, obras desde las que se pregona la paz desde la cultura. La trayectoria de Patricia Ariza la ha hecho merecedora de reconocimientos nacionales e internacionales, como el Premio Reconocimiento Casa de las Américas, el Premio Instituto Colombiano de Cultura Colcultura, el Premio Reconocimiento Organización Mujeres de Éxito y el Premio Príncipe Claus de Holanda 2009. Con el nombramiento de Patricia Ariza, Gustavo Petro busca reforzar la idea de la cultura de la paz y la importancia que tendrá en su administración. Sus retos serán la búsqueda de un incremento de recursos a la cartera de cultura, así como un gasto efectivo en el Ministerio; el establecimiento de políticas públicas capaces de promover la cultura de la paz y de respeto por la vida en las ciudadanías colombianas. Como tal, el Ministerio de Cultura podrá facilitar la divulgación de proyectos y trabajos relevantes para el país como el informe de la Comisión de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica, etc. También deberá velar para que la infraestructura cultural a nivel nacional esté en capacidad de responder a la búsqueda de reconciliación y de respeto por la vida y, sobre todo, que llegue a las distintas instancias territoriales: bibliotecas, cinematecas, teatros, escenarios musicales, museos, plazas públicas, etc. En el marco de los informes de empalme se destacaron seis (6) aspectos importantes, de los cuales cinco (5) están en rojo (el Archivo General de la Nación, el Instituto Caro y Cuervo, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional) y uno (1) en amarillo (el Ministerio de Cultura).

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Pares Cuestiona a Guillermo Reyes, designado nuevo ministro de transporte por Gustavo Petro. Reyes es ficha en el gobierno del Partido Conservador, cuenta con diversos cuestionamientos. Rodrigo Uprimny acusa a Reyes por presunto plagio al haber copiado en dos ocasiones artículos del abogado Juan Jaramillo sin otorgar su correcta autoría. María Jimena Duzán, periodista, señala a Reyes de que, mientras fue viceministro de justicia en el gobierno Uribe ocurrió el desfalco de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), entidad que se encontraba bajo su tutela como viceministro de justicia entre 2008 y 2010. También se le cuestiona por su cercanía con Carlos Andrés Trujillo, presidente del Partido Conservador, quien fue alcalde de Itagüí (su fortín electoral) y durante su alcaldía presuntamente habría entregado varios contratos a Reyes por una suma de 800 millones de pesos. Lea el perfil completo de Guillermo Reyes, nuevo ministro de transporte:

Por: Línea Migración y Frontera El nuevo gobierno ha ofertado Paz Total. Ha dicho que llevará un proceso de diálogos y negociaciones con el ELN y que, con su compromiso firme de cumplir el Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016, resolverá la persistencia de ese archipiélago de grupos herederos de unas FARC que, de manera mayoritaria firmó la paz. Para completar, el nuevo gobierno se ha comprometido también a lograr un sometimiento del Clan del Golfo y todo ese mundo de mafias y herederos del viejo paramilitarismo. Hoy la frontera entre Colombia y Venezuela se encuentra bajo control del ELN y otras estructuras armadas ilegales, las cuales mandan más y de manera más eficaz que las fuerzas armadas estatales. Hay amplia evidencia que demuestra el control efectivo que estas organizaciones tienen sobre el territorio, control particularmente notorio en Catatumbo y Arauca, pero que también se da sobre territorios del Cesar y La Guajira, donde la frontera es controlada por mafias e irregulares que imponen sus normas y acción autoritaria. El control del ELN es más agudo en el Alto Catatumbo y ha crecido llegando incluso hasta ciertas zonas del área metropolitana de Cúcuta. Allí se ha librado una confrontación por la preeminencia en el área rural, lucha en la que el ELN ha ganado terreno a Los Rastrojos y grupos ligados al Clan del Golfo, los cuales han luchado por no perder este corredor importante para el narcotráfico, contrabandos y tránsito de armas y pertrechos que provienen del mercado venezolano, en el que históricamente ha existido oferta amplia para los ilegales colombianos. En Venezuela, ni antes del chavismo, ni en estos veintitrés años de revolución bolivariana, se ha logrado superar esta situación ligada a una amplia corrupción en las instituciones de seguridad, tema muy delicado a tener presente. En Arauca se vive una intensa violencia que ha cobrado en lo corrido del año más de 300 vidas, lo que podría colocar la tasa de homicidio este año en una cifra de 150 homicidios por cien mil habitantes, o más alta. Una verdadera tragedia en un territorio que ha sido de los más victimizados en esta larga violencia. La disputa en curso entre el ELN y las estructuras provenientes de las FARC tiene como razón central el uso del territorio: quién manda y cómo lo hace. Este año la disputa inició en enero, debido al enorme crecimiento de las estructuras de las FARC: nuevos combatientes, muchísimos recursos provenientes del narcotráfico, una amplia política de extorsión y una desbordada acción sobre territorios de presencia histórica del ELN. Esto fue lo que leyó el Frente de Guerra Oriental del ELN y su estructura más importante, el Frente Domingo Laín, para tomar la decisión de abrir una confrontación que el 2 de enero dejo veintidós personas muertas de manera simultánea en los municipios de Tame, Saravena, Fortul y Arauquita, y que a la fecha no se tiene certeza de cuántos de los más de 300 homicidios que van en Arauca corresponden a reales combatientes. De lo que se hay certeza es que muchos civiles han terminado en medio de esta terrible violencia y hoy están muertos, como es el caso del diputado a la Asamblea Departamental, Carlos Hernández, quien fue asesinado el pasado 30 de junio y que varias versiones apuntan a que su muerte tiene relación con esta confrontación. Así hay por lo menos doce dirigentes sociales y comunitarios asesinados. Si hoy se hace un recorrido en auto por las maltrechas vías de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, se verán sendas banderas del ELN y pancartas con mensajes alusivos a su presencia. Y son banderas instaladas de forma firme en pedestales nada improvisados, las cuales no llevan meses, sino por lo menos dos años, lo cual es una nueva evidencia de su amplio control en el territorio, en el que, por supuesto, hay presencia de la Fuerza Pública, pero confinada en sus puestos bien guarecidos. Aun así, el ELN cada dos semanas en los últimos cuatro años ha asesinado por acción de francotiradores a un miembro del Ejército o la Policía. En este cuatrienio presidencial han muerto en el Catatumbo cerca de cien militares y policías. La política de Paz Total tiene enormes desafíos en la frontera Colombia-Venezuela. Afortunadamente vamos a volver al diálogo diplomático y a la construcción mancomunada de políticas. Allí está la posibilidad de avanzar en un proceso de paz con el ELN, con la más amplia participación de las comunidades, sus organizaciones y los gobiernos territoriales. Desde allí debe partir la construcción de una acción para tramitar los conflictos y los derechos conculcados por décadas en una zona de Colombia especialmente martirizada. En la frontera Colombia-Venezuela se debe sentir en las próximas semanas que hay un nuevo aire, el aire democrático de un gobierno que viene a construir con las comunidades un territorio con derechos y en paz.

Por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana La pandemia del Covid-19 hizo que se transformara el alcance de las plataformas virtuales a nivel mundial, pues impactó en la forma como la sociedad opera e hizo que se incrementara el tráfico de información en internet al hacer que migraran muchos servicios a la virtualidad. En el caso colombiano esto significó también un aumento exponencial de los delitos informáticos que atentan contra el patrimonio y los datos personales de la ciudadanía, fenómeno que no solo se vio durante los momentos más duros de la pandemia, sino que se sostiene aún luego de terminado el confinamiento. De acuerdo con los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), los delitos informáticos incrementaron 104% de 2019 a 2020 y 15% de 2020 a 2021. Esta tendencia corresponde a la adaptación de la delincuencia organizada a raíz de la pandemia, la cual produjo una ampliación de las modalidades de hurto y estafa por medio de plataformas digitales y redes sociales. Considerando este panorama, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana y el Laboratorio de Innovación de Seguridad y Convivencia Ciudadana (LABSECC) presentamos este informe sobre la ciberseguridad después de la pandemia, en el cual se encuentran cifras de los delitos informáticos, así como una identificación de las principales modalidades y tendencias en los últimos tres años. Lea el informe completo aquí :

Por: Miguel Ángel Rubio, Coordinador Escuelas de Liderazgo Juvenil Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil Primera línea Los que han sobrevivido a los despojos, se juntan en las calles en revuelta, para cuidar de aquellos, que ayer nada más fueran, criaturas taciturnas surfeando los tsunamis del rebusque y ahora no quieren más, pagar con sangre sus derechos. Los chicos que olvidamos en la esquina de algún barrio, se juntan a bailar con los que crean y bañan con color de resistencias, los grises murallones de un pasado de horrores innombrables, que no quieren legar a su progenie. Los que se paran en la raya contra el miedo y encarnan el aguante de las masas, los mismos que sueñan con vidas entrañables y ordinarias y fraguan con su arrojo incomparable el fin de las tragedias para todos, hoy son, ellos los héroes con capucha, escuderos audaces e inocentes, que iluminan la aurora de su pueblo y acunan con su lucha el germen de otra patria, que no cierre los ojos a ninguno Maicol Ruiz, poeta y docente pereirano Si con algún sector de la población está en deuda la sociedad colombiana es con los jóvenes, indiscutiblemente. Han sido los jóvenes de Colombia el motor del cambio de mando que sucedió el pasado 7 de agosto. Fueron ellos y nada más que ellos quienes con sentires sociales muy justos dieron la lucha en las calles, mostraron un país olvidado, marginalizado, burlado, desesperanzado. Todavía recuerdo con vivacidad las marchas en mi ciudad y las imágenes que mostraban en la televisión y en las redes, de las calles de otras urbes atestadas de jóvenes, pancartas, lucha y creatividad, pidiéndole al Estado un país posible para ellos, en el cual soñar, realizarse, vivir, construir, transformar, cantar, bailar, besar, abrazar, pintar paredes sin ser estigmatizados, llenarlas de su belleza y vigor… Y la respuesta de ese Estado fueron las balas, los gases, las noticias convirtiéndolos en vándalos, en terroristas, en facinerosos. El costo fue alto. Casi un centenar de jóvenes muertos por acción del Estado, otros miles heridos, mujeres violadas por fuerzas del orden, líderes como Lucas Villa y Héctor Fabio Morales, Dylan Cruz, Brian Gabriel Rojas, Allison Meléndez, empujados a la frontera de la muerte por sus convicciones. Nos deben doler cada día. Veo a Lucas en cada muchacho que hoy camina a la universidad a sus clases, que va a las escuelas, que hace deporte, que pinta y crea, que se enamora, que baila, sobre todo cuando bailan. A veces lo veo cuando por el Viaducto de Pereira las sombras de los transeúntes intentan imitar los pasos de Lucas para no olvidarlo. Veo a Héctor Fabio, un joven solidario como su bella mamá, Yolanda Henao, en esos jóvenes que ayudan a otros, que hacen voluntariados sociales, que adoptan un animal para protegerlo y cuidarlo, que sueñan un país más justo, lo veo en cada guarda de seguridad joven que cuida los edificios a los que voy. Veo a Brian Gabriel en los jóvenes corteros de caña de La Virginia, en los muchachos que se la rebuscan cada día y que se niegan a caer en manos de la delincuencia, en los jóvenes que no tienen la posibilidad de pisar una universidad. Intento verlo convertido en delfín cada que paso por el Cauca, pero en ese inmenso río, no veo ni a Brian ni a los delfines. Allison vive en cada mujer que pide justicia ante los casos de abuso sexual, en cada mujer que marcha por la reivindicación de sus derechos y garantías, en cada mujer que lidera el cambio en Colombia. Allison vive en Francia Márquez, en Verónica Alcocer, en cada una de las mujeres que conforman hoy el gobierno, todas brillantes y muy reconocidas. Allison vive en mí y en todos los hombres que nos negamos a rotundidad que ese crimen quede en la impunidad, que los violadores sigan libres por las calles de mi ciudad y de mi país. Este homenaje escrito es para los jóvenes que como los mencionados han dado la vida por la causa del cambio en Colombia en los últimos años. Se me quedan muchos nombres sin mencionar y les pido donde estén que me perdonen, pero están acá, en cada joven con los que interactúo día a día en mi trabajo, con los muchachos que han pasado por nuestros procesos formativos, los que me han enseñado a ser provocador, polémico, políticamente incorrecto, los que me han hecho volver al mar en el Pacífico o sentir el calor húmedo de las selvas del Chocó, los que con orgullo izan en su pueblo la bandera de la diversidad sexual, los que encapsulan en sus sueños la tradición ancestral y me dan a beber un trago de viche, los que sin ambages dicen lo que les molesta de nosotros los adultos y nos ponen a pensar, los que hacen política y se juegan su tiempo, vida, escasos recursos, por una ideología, un partido, un programa, los que pintan pancartas gigantes y las ponen en el viaducto de mi ciudad, los que chupan gases en las marchas y los pasan con cervezas en los bares, los que reúnen de a dos mil para el vino de caja barato y se lo beben alegres en el parque Gaitán de Pereira, los que cuidan a sus parceros y se dicen que se quieren, los que ya no te comen cuento por ser mayores que ellos y te miran con desconfianza, los que te dan lecciones de política en redes sociales. Este gobierno del presidente Gustavo Petro que comienza se debe a los jóvenes, fueron ellos quienes pusieron la agenda política de la anterior campaña presidencial, los que nos mostraron el diagnóstico de un país en cuidados intensivos, los que nos dijeron que íbamos por el rumbo equivocado. Sidssy Vásquez, pintora, activista, y abanderada de la causa de Lucas tomando tinto una vez me dijo algo contundente y que me resuena en la cabeza todavía: en cuatro meses de marchas, los jóvenes nos han enseñado más de política que todas las clases de historia y manuales de democracia de las escuelas. Señor presidente, esos jóvenes le pusieron 11.200.000 votos que le dieron la presidencia, no los olvide, no les falle, no haga que tengan que volver a dar sus vidas, para que otros sigan soñando, luchando y resistiendo. A los jóvenes con los que me encuentro cada día ¡GRACIAS!

Línea Democracia y Gobernabilidad Gloria Inés Ramírez nació en Filadelfia, Caldas, en 1956. Es licenciada en física y matemáticas de la Universidad Tecnológica de Pereira y especialista en derecho laboral de la Universidad de Toledo, España. Cuenta con un perfil de educadora, política y de liderazgo sindical. Ramírez es militante del Partido Comunista y se ha destacado por su labor sindical. Estuvo vinculada al magisterio e hizo parte de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). En el 2000 fue elegida como presidenta de Fecode, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir la Federación. Posteriormente, en 2002, Ramírez ingresó a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ocupando cargos en el comité ejecutivo. Tras su paso por las organizaciones sindicales, Ramírez se lanzó al Senado para el periodo 2006-2010 con el aval del Polo Democrático y obtuvo la curul con 32.589 votos. En 2010 se reeligió como senadora, con 36.339 votos. En su paso por el Congreso, Ramírez promovió diversas propuestas con enfoque de derechos humanos, como la Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, que tipifica el feminicidio como delito. Así mismo, Ramírez promovió la inclusión de la economía del cuidado en el Sistema de Cuentas Nacionales. ¿Cuáles son los retos de la ministra de trabajo entrante? Formular y tramitar un estatuto de trabajo que reduzca la dispersión de los programas y proyectos del Ministerio, que permitan mejorar las condiciones laborales de los colombianos. Reducción de las brechas salariales de género, que han llegado hasta el 14%. Alcanzar la actualización del Código Sustantivo del Trabajo, para lograr un equilibrio social entre empleadores y trabajadores. Semáforo de políticas públicas En el marco del balance de las comisiones de empalme entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, se definieron las políticas susceptibles de continuar o que deben ser repensadas para el cuatrienio 2022-2026. En el balance se definieron las políticas, programas y proyectos que se cambiarán y las que se mantendrán. ¿Qué se cambiará? Se eliminará la política de Economía Naranja y los programas relacionados. Se incorporarán mecanismos eficaces que permitan el fortalecimiento del piso de protección social. Se reestructurará el programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) en el marco de un nuevo piso de protección social. Se eliminarán las microfranquicias solidarias, cuyo fundamento es el fomento del desarrollo empresarial. ¿Qué se mantendrá? Se mantendrá el programa de subsidios de aporte a pensión. Se dará continuidad al programa Estado Joven, que busca vincular a jóvenes en etapa de práctica a las entidades estatales. Se mantendrá el programa de generación de empleo para jóvenes, con la revisión en las condiciones de permanencia. Se mantendrá el mecanismo de protección al cesante.

Línea Democracia y Gobernabilidad Catalina Velasco es economista de la Universidad de los Andes, con maestría en políticas públicas de la Universidad de Michigan. Cuenta con una especialización en derecho urbanístico de la Universidad Javeriana y doctorado en estudios políticos de la Universidad Externado de Colombia. La experiencia de Velasco en el sector público está marcada por haber sido subsecretaria de planeación y finanzas en la Secretaría Distrital de Educación, entre 2004 y 2006. En 2006, Velasco llegó a la Secretaría Distrital de Planeación y posteriormente fue designada como secretaria en la Secretaría Distrital de Hábitat. Adicionalmente, entre 2012 y 2013, Velasco ocupó la vicepresidencia de servicios públicos y regulación de la Empresa de Energía de Bogotá. El perfil profesional de Velasco ha estado ligado a la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de los alcaldes de carácter progresista, pues acompañó las alcaldías de Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro. Velasco se desempeñaba como consultora en políticas públicas y gestión urbana hasta que fue designada por Gustavo Petro como coordinadora delegada de empalme para el sector de vivienda y posteriormente fue nombrada ministra. ¿Cuáles son los retos de la ministra de hacienda entrante? Formular una focalización de los subsidios de vivienda que beneficie a las poblaciones de menores ingresos (entre 0 y 2 SMLV), teniendo como base las ciudades más pequeñas y la población rural. En materia de saneamiento básico y agua potable, Velasco tendrá el reto de fortalecer las conexiones de agua en algunas regiones del país, como el Pacífico y el Atlántico. De acuerdo con la ministra, en Colombia hay cerca de 12 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Reformular las políticas establecidas para el adecuado funcionamiento de los rellenos sanitarios en el país. Semáforo de políticas públicas En el marco del balance de las comisiones de empalme entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, se definieron las políticas susceptibles de continuar o que deben ser repensadas para el cuatrienio 2022-2026. En el balance se definieron las políticas, programas y proyectos que se cambiarán y las que se mantendrán. ¿Qué se cambiará? Se replantearán las asociaciones público-privadas en el servicio público de aseo, debido a que, de acuerdo con el diagnóstico del equipo de empalme, los pequeños prestadores son excluidos del sistema. Se eliminará el programa Frech No VIS. Se eliminará la opción tarifaria de pago anticipado de servicios de acueducto y alcantarillado. ¿Qué se mantendrá? El programa Mi Casa Ya. El programa de Jóvenes Propietarios. La Política de Vivienda Rural, con modificaciones. Se profundizará en el programa Vivienda Gratuita Fase II.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Es abogado de la Universidad del Rosario, especializado en derecho tributario de la misma universidad. Además, es magíster en filosofía del derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España, y cuenta con un doctorado en filosofía del derecho, moral y política de la misma universidad. Hizo parte de la creación del movimiento Séptima Papeleta, que fue nombrado en 1991 como asesor de la Asamblea Constituyente de Colombia que redactó la Constitución Política de 1991. Posterior a ello, fue magistrado auxiliar en la Corte Constitucional entre 1992 y el 2000. Después pasó a ser ministro consejero de la Embajada de Colombia ante las Naciones Unidas, ejerciendo como vicepresidente de la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales del ECOSOC, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos y vicepresidente de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Entre 2002 y 2006 fue magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), desde donde fundó y presidió el Consejo Electoral Andino de la Comunidad Andina de Naciones. Tras su paso por el CNE, fue nombrado viceministro de justicia en 2007 durante el segundo periodo de Álvaro Uribe Vélez. Además de ello, ha sido presidente de la Comisión Interamericana Contra las Drogas (CICAD) de la OEA, presidente del Consejo Directivo de la Superintendencia de Notariado, presidente del Consejo Directivo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, presidente del Consejo Directivo de la Imprenta Nacional y presidente de las Comisiones para la Reforma de los Código de Procedimiento Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Sumado a ello, ha sido decano de la Facultad de Derecho de la universidad Católica y director la Universidad del Sinú, aparte de ser profesor de la Universidad del Rosario, la Universidad Libre y la Universidad de Los Andes. Toda su trayectoria ha ido de la mano con el Partido Conservador, siendo uno de los pupilos de Carlos Holguín. Por su trayectoria conservadora, ha tenido nexos con personajes cuestionados del partido. Uno de ellos es Camilo Bula, exfiscal de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y artífice del desfalco que tuvo la entidad, que llevó a su condena a 18 años de prisión. Según Bula, Guillermo Reyes habría ayudado a su nombramiento en el DNE, por lo que se vio beneficiado con dádivas. Tras sus declaraciones, Reyes fue citado a interrogatorio, aunque no se conoce ninguna acción judicial en su contra por estos hechos. A parte de ello, tiene nexos fuertes con el actual senador y jefe del Partido Conservador, Carlos Andrés Trujillo. El nexo entre Reyes y Trujillo data desde que este último fungió como alcalde del municipio de Itagüí, donde Reyes se benefició de un contrato por 208 millones de pesos, a un término de 10 meses. Según denuncias de concejales del municipio recogidas por Vorágine, este contrato habría sido para pagar un favor personal del exalcalde, ya que Reyes impulsó la candidatura de Trujillo por el Partido Conservador para la alcaldía de Itagüí en 2011 sobre otros accionados. Aparte de dicho contrato, los concejales también denunciaron que el buffet de abogados de Reyes, llamado ‘Reyes & González abogados S.A.S’, desde el 2008 tenía contratos que sumaban casi mil millones de pesos con la Alcaldía de Itagüí. Como señaló en La W Nelson Acevedo, exconcejal del municipio, Reyes habría obtenido contratos “en 2012 por 348 millones de pesos. Luego en 2013, le entregó un contrato de 208 millones de pesos, en 2014 le adiciona otro contrato por 257 millones y en 2015, en su último periodo, firma otro contrato por 135 millones. Un total de 848 millones de pesos le hizo Trujillo a este señor”. Incluso tras la salida de Trujillo, Reyes ha logrado mantener contratos con la Alcaldía de Itagüí, señalado de ser un fortín burocrático y clientelar de Trujillo. De la cercanía entre Reyes y Trujillo es que su nombramiento como ministro de Transporte es señalado de ser la representación en el ejecutivo del Partido Conservador. Aunque cabe señalar que Reyes ha sabido moverse con la contratación estatal, ya que, como señala Yohir Akerman, ha tenido contratos con “la Alcaldía de Bello, con las gobernaciones del Quindío, Bolívar y Tolima, con la Alcaldía de Chámeza en Casanare, en Samacá en Boyacá, en la Cámara de Comercio de Villavicencio y, ¡oh sorpresa!, con la Alcaldía de Bogotá, mientras Gustavo Petro fue alcalde de esa ciudad”. Con el distrito llego a tener 3 contratos con un valor total por $515 millones. A sus nexos se le suma el cuestionamiento de haber cometido plagio en dos textos académicos, utilizando ideas de Juan Fernando Jaramillo, el exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional y fundador de Dejusticia. Según sostuvo La Silla Vacía, en su libro ‘El nuevo orden político y electoral en Colombia’, publicado en 2004, Reyes tomó cuatro capítulos de un ensayo de Jaramillo llamado ‘Los órganos electorales supremos’ sin citarlos. Esos mismos capítulos los utilizó en el artículo ‘Régimen electoral y de partidos políticos. Elecciones presidenciales y parlamentarias’, publicado en 2014. Eso, pese a Jaramillo había escrito a la editorial Carsten Wieland por el presunto plagio que cometió Reyes. Estos señalamientos siempre fueron negados por Reyes. Tras el triunfo de Gustavo Petro el pasado 19 de junio, el Partido Conservador dio a conocer el apoyo a su gobierno, lo que llevó a que Guillermo Reyes fuera nombrado en el equipo de empalme del sector justicia. Eso hizo que sonara como ministro de justicia, pero los cuestionamientos por plagio y una denuncia realizada por Daniel Coronell en la que afirmó que Reyes, cuando hizo parte del equipo diplomático de Colombia en Estados Unidos, obtuvo la nacionalidad estadounidense para su hijo, violando la ley, ya que hay una prohibición legal que impide esos actos, llevaron a que su aspiración al Ministerio de Justicia se cayera, aunque logró quedarse con la cartera de transporte. Así, tras el proceso de empalme y su respectivo informe, las tres políticas del gobierno del expresidente Iván Duque alineadas con el de Gustavo Petro (semáforo verde) en materia transporte que seguirá Reyes son: Se mantendrán los programas enfocados en impulsar la infraestructura del país en los diferentes modos de transporte, impulsando especialmente el modo férreo y fluvial para promover la intermodalidad y reducir los costos del transporte dentro de la cadena logística. Los programas para la modernización de la infraestructura aérea, servicios aéreos esenciales y programa de rutas sociales vinculadas al turismo. Los procesos de fortalecimiento institucional y la consecución de nuevas fuentes de recursos como titularización de peajes, gestión de valor residual de concesiones y valorización. Por su parte, no hay políticas que el gobierno de Gustavo Petro no vaya a continuar (semáforo rojo), porque el nuevo gobierno se encuentra en necesidad de: Impulsar y escalar las iniciativas relacionadas con el ascenso tecnológico de vehículos, más asignación de recursos para programas ambientales dentro del sector, promoción y financiación de tecnologías de cero y bajas emisiones, la necesidad de revisar la operación de los sistemas de transporte público masivo y su déficit, combatir la informalidad en el sector y mejorar las vías terciarias. Incluir una planeación integral que incluya las condiciones de sostenibilidad en la gestión del río Magdalena. Revisar los modelos de las concesiones en la gestión de infraestructura a través del mecanismo de Alianza Público Privada (APP).