Isaac Morales - Coordinador Laura Vanesa Prieto – Investigadora Nacional Brayan Guzmán – Asistente de Investigación A pocas horas de terminar el periodo presidencial de Iván Duque, presentamos el siguiente balance de la seguridad y convivencia ciudadana en Colombia durante los últimos cuatro años. Si bien, la pandemia por COVID – 19 provocó una disminución de los delitos de alto impacto en el primer trimestre del 2020, los meses posteriores reportaron incrementos significativos que pusieron en evidencia una crisis de seguridad en el país. De manera general, los hechos victimizantes que más aumentaron en el 2021 fueron las amenazas con un 56%. Como se observa en la siguiente tabla, entre el 2019 y 2020 el total de denuncias disminuyó; sin embargo, luego del confinamiento se observa una tendencia al incremento que se ha sostenido hasta los primeros seis meses del 2022, siendo este el semestre con más amenazas en los últimos 4 años (ver tabla no. 1). Cabe señalar que, a pesar de que la mayor tasa de este delito se registró en el 2018 con 175 amenazas por cada 100.000 habitantes (seguida del 2021 con una tasa de 122 y el 2019 con 99), el alarmante incremento de denuncias en lo que va del presente año podría indicar que la tasa de amenazas para el 2022 sería mayor a la del 2018. Tabla no. 1 Fuente: SIEDCO. Elaboración propia En lo referente al secuestro, según datos de la Policía Nacional, para el 2021 aumentaron los casos en un 55%. De manera similar al delito anterior, durante la pandemia se disminuyeron las denuncias; a pesar de esto, en el 2020 la diferencia fue de apenas 4 casos (ver tabla no. 2). Esto demuestra que este delito fue una práctica que se sostuvo a pesar del aislamiento. Con la derogación progresiva de la cuarentena y el impacto de la pandemia sobre las economías ilegales, en el 2021 el 68% de los secuestros fueron de carácter extorsivo, tendencia que se sostiene hasta el primer semestre del 2022 con un 72% de casos reportados bajo esta modalidad. Tabla no. 2 Fuente: SIEDCO. Elaboración propia Por otra parte, el hurto a personas reporta un incremento del 30% en el 2021. Si bien, en este periodo no se igualó el total de casos del 2019, la tasa de victimización registrada en ciudades como Bogotá después de la pandemia fue la mayor en los últimos 4 años: del 30%, 16 puntos porcentuales más que en el 2019 (Cámara de Comercio de Bogotá, 2022). Se observa que, de manera similar a los demás delitos, la tendencia de igualar (incluso superar) los totales registrados antes de la pandemia también aplica para el hurto a personas. Durante el primer semestre del 2022, se reportaron 148.511casos, 20% más que en el mismo semestre del año anterior (ver tabla no. 3). Tabla no. 3 Fuente: SIEDCO. Elaboración propia Otro delito que registró un incremento en el primer semestre del 2022 fue la extorsión con 802 denuncias más que en el mismo periodo del 2021, es decir, un aumento del 22% (ver tabla no. 4). Según los datos del SIEDCO, durante la pandemia la reducción fue de apenas el 15%, las extorsiones por redes sociales, mensajes de texto y llamadas telefónicas, fueron las modalidades que incrementaron a pesar de la disminución del total de casos en ese año. De acuerdo con el seguimiento de la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana, estas modalidades han persistido a pesar de la reactivación económica, sin embargo, la extorsión por medios físicos y presenciales aumentó después del levantamiento de las medidas sanitarias de la siguiente manera: 31% más denuncias por extorsión directa en el 2021 y del 79% en el primer semestre del 2022 frente al mismo periodo del año anterior. Tabla no. 4 Fuente: SIEDCO. Elaboración propia Finalmente, los homicidios no presentaron una variación significativa durante la pandemia. Como se observa en la siguiente tabla, a pesar del aislamiento solo se redujeron en un 5% las denuncias, poniendo en evidencia una crisis de seguridad que se reflejó en el asesinato sistemático de líderes sociales durante ese periodo. Adicionalmente, para el 2021 el aumento fue del 15%, dando como resultado la tasa de homicidios más alta de los últimos cuatro años: 27,8 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes . Además de los hechos victimizantes perpetrados por organizaciones delincuenciales, también es necesario señalar los casos de abuso policial en medio del Paro Nacional del 2021, que terminaron en los homicidios de ciudadanos y ciudadanas que se manifestaron. Frente a esto, PARES registra 79 homicidios en el marco del paro, de los cuales, 44 casos habrían sido cometidos presuntamente por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), 10 por parte de civiles armados y 25 se encuentran sin identificación. Las ciudades que reportan estos hechos son: Cali (Valle del Cauca) con 45 casos, Bogotá con 7, Yumbo (Valle del Cauca) con 6, Tuluá (Valle del Cauca) con 5, Balboa (Cauca) con 2, La Virginia (Risaralda) 2, Madrid (Cundinamarca) 2, Pereira (Risaralda) 2, Belalcázar (Caldas) 1, Candelaria (Valle) 1, Cartago (Valle) 1, Ibagué (Tolima) 1, Medellín (Antioquia) 1, Popayán (Cauca) 1, Teruel (Huila) 1 y Villagarzón (Putumayo) 1. Tabla no. 5 Fuente: SIEDCO. Elaboración propia La cuestionable gestión del Paro Nacional trajo como consecuencia la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, que a través de un informe señaló 4 recomendaciones generales al estado colombiano: Promover y reforzar un proceso de diálogo nacional con enfoque territorial. Reforzar la confianza ciudadana a partir de la independencia de los poderes públicos y entes de control. Fortalecer la garantía y protección de los DESCA con enfoque de igualdad y no discriminación. Adoptar medidas para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de las personas que testificaron y dialogaron ante la CIDH. Dentro del conjunto de recomendaciones se destaca en torno a la convivencia y la seguridad ciudadana una serie de reformas a la Policía Nacional a partir de la separación de esta institución y el ESMAD del Ministerio de Defensa, acompañado de una serie de estrategias que eviten el uso desproporcionado de la fuerza y que le brinden a la policía un carácter civil mas no militar. Según el informe ‘Paro Nacional 2021: Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia’ presentado por la ONU, en el marco del paro nacional se presentó un alto número de personas lesionadas que de acuerdo con información del Puesto de Mando Unificado - PMU, entre el 28 de abril y el 31 de julio se registran 1.140 civiles lesionados y 1.712 personas uniformadas lesionadas. Frente a las Violencias Basadas en Género, la ONU recibió 60 casos de personas víctimas de violencia sexual en el marco de las protestas de las cuales el 80% son mujeres y el 20% hombres, presuntamente cometidos en su totalidad por miembros de la Policía. Se registran 16 casos en Bogotá D.C; 11 en Palmira (Valle del Cauca); 6 en Medellín (Antioquia); 5 en Popayán (Cauca); 5 en Cali (Valle del Cauca); 4 en Pasto (Nariño); 3 en Barranquilla (Atlántico); 3 en Soledad (Atlántico); 1en Bello (Antioquia); 1 en Itagüí (Antioquia); 1 en Tunja (Boyacá); 1 en Facatativá (Cundinamarca); 1 en Acacías (Meta); 1 en Yumbo (Valle del Cauca) Y 1 en Bucaramanga (Santander). Sin embargo, es necesario recalcar que en lo concerniente a la información registrada de lesiones personales y de violencias basadas en género, la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana identifica que se presenta un subregistro ya que, en muchas ocasiones, las víctimas se vieron obligadas a dejar de acudir a centros asistenciales para evitar cualquier retaliación por parte de miembros de la Fuerza Pública, de igual forma, muchas personas lesionadas fueron atendidas en las brigadas de salud ciudadanas que se conformaban en las movilizaciones como lo informa la ONU. Paralelamente, el manejo del Paro Nacional de 2021 por parte del gobierno de Iván Duque se enmarco en capturas arbitrarias y procesos de judicialización en contra, principalmente, de personas que participaron en las protestas por lo que entre el 18 de abril y el 16 de septiembre se realizaron 1.970 capturas en el marco de las protestas, de las cuales, 1.685 fueron por flagrancia y 385 bajo orden judicial. Al igual, entre el 18 de abril y el 16 de septiembre se realizaron 18.501 traslados por protección, de los cuales 531 habían sido relacionados con las protestas. Situación que generó preocupación ya que de acuerdo a la información registrada por la ONU, manifestantes habían sido privados de su libertad en circunstancias que no están definidas bajo la figura de flagrancia, de igual forma, algunas de las detenciones se habrían dado en el marco de las violaciones de los derechos de las personas privadas de la libertad a causa de la falta de notificación de las razones de la detención, la falta de acceso a un abogado, la incomunicación con familiares y la falta de presencia del Ministerio Público durante los procedimientos, etc. De igual forma, en las protestas el traslado por protección no se empleó, en un porcentaje significativo de casos, con el fin de proteger la vida o integridad de la persona trasladada sino con el objetivo de impedir la manifestación de estas. Si bien es cierto, que las recomendaciones entregadas por la CIDH e incluso por la ONU son claras, la implementación de estas por parte del gobierno de Iván Duque refleja falta de voluntad política ya que los avances en dicha materia son mínimos, e incluso, de acuerdo con el monitoreo de PARES, se han generado estrategias del alto gobierno que desconocen y evaden la implementación de dichas recomendaciones. El presidente Duque ha sancionado dos leyes encaminadas a la reforma policial la Ley 2179 del 30 de diciembre de 2021 que tiene por objeto crear la categoría de Patrulleros en la Policía Nacional y establecer las normas relacionadas con su régimen especial de carrera. Así mismo, dicta disposiciones a los estudiantes y personal uniformado en servicio activo, relacionadas con la profesionalización para el servicio de policía y desarrollo policial con enfoque en derechos humanos y otras vinculadas con la modificación de normas de carrera, las distinciones para el personal de Patrulleros del Nivel Ejecutivo y el bienestar del personal. En segundo lugar, la Ley 2196 del 18 de enero de 2022 crea el Estatuto Disciplinario Policial, con el que se busca modificar los procedimientos y sanciones a los miembros de la Policía cuando haya vulneración de los derechos humanos, así como fortalecer la participación ciudadana. Finalmente, el decreto 113 de 2022 crea una nueva estructura orgánica adicionando tres jefaturas para el servicio (Desarrollo Humano, Servicio de Policía y Administración de Recursos). El monitoreo realizado por la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana permite identificar que los esfuerzos en el proceso de reforma de la Policía Nacional por parte del Gobierno Nacional se han enmarcado en una mejora de las condiciones laborales del personal activo uniformado, dejando en un segundo plano, temas de mayor relevancia estructural, como la separación de la policía del Ministerio de Defensa, un enfoque integral de DD. HH en la formación policía, etc. Lo que genera preocupación ya que estos se encuentran financiados por donaciones del gobierno de los Estados Unidos por 8 millones de dólares, respectivamente, en derechos humanos: (2.7 millones); Creación de un Centro de Estándares (1.5 millones); Resiliencia, Diversidad y Uso apropiado de la Fuerza (2.6 millones) y Transparencia y Responsabilidad (1.3 millones). Es necesario señalar que los dos proyectos de ley, para la reforma de la Policía Nacional, tramitados por la oposición de la anterior legislatura no surtieron los trámites ante las cámaras del Congreso, por lo que las únicas reformas realizadas en este periodo fueron las que presentó y sancionó el gobierno de Iván Duque. Otro elemento de análisis del presente balance tiene que ver con la gestión de la convivencia ciudadana. Según datos del Registro de Medidas Correctivas – RNMC, se reportan 1.337.997 comparendos en el 2020 por comportamientos que afectan las relaciones entre personas y autoridades (art. 35 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - CNSCC), siendo el desacato e irrespeto a la autoridad las contravenciones más registradas. Para el 2021, los comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas (art. 27 CNSCC) fueron los más registrados con 717.152 comparendos, seguido de aquellos señalados por el art. 35 con 482.460, estos se redujeron en un 63% en este periodo (ver gráfica no. 1). Gráfica no. 1 Fuente: RNMC. Elaboración propia Se observa que después de la pandemia la convivencia ciudadana se fue afectada en mayor medida por los hechos violentos entre las personas (riñas, porte de armas, entre otros), lo que podría ser un indicador de afectaciones a la salud mental debido a la cuarentena. Vale la pena señalar que, debido a la cuestionable gestión del paro, existe un deterioro de la relación entre la Policía Nacional y la ciudadanía en general, lo que indica un importante problema de convivencia que es necesario atender. De otro lado, los paros armados del ELN y el Clan del Golfo pusieron en evidencia una crisis de la gestión territorial de la seguridad en zonas rurales en las que la Policía Nacional tiene capacidades limitadas para enfrentar estas afectaciones al orden público. También, el incremento de los atentados contra funcionarios de la Fuerza Pública, registrados desde el 2021 hasta la fecha, da cuenta de las disputas por el control de territorios estratégicos para las economías ilegales, lo que agudiza en mayor medida la crisis de seguridad. Adicional a esto, el ‘plan pistola’ del Clan del Golfo ha tenido como resultado el asesinato de 42 policías en 31 municipios de 13 departamentos (ver mapa no. 1), como retaliaciones por la captura de cabecillas de dicha organización, particularmente de alias ‘Otoniel’. Algunos de estos hechos victimizantes se han presentado en zonas urbanas de los municipios, demostrando una gran capacidad de control territorial por parte de la organización. Mapa no. 1 Elaboración propia En síntesis, la seguridad y convivencia ciudadana durante el gobierno del saliente presidente se enfrentó a distintos retos que se derivaron en una crisis de la gestión de la seguridad, la cual se profundizó después de la pandemia. En primer lugar, lo índices de los delitos de alto impacto a partir del 2021, demuestran una tendencia a la recuperación de las cifras antes del confinamiento. Esto indica que la reactivación económica aceleró las dinámicas de violencia y de la delincuencia común y organizada en todo el país, por lo que las medidas de prevención del delito resultaron ser poco efectivas durante ese periodo. En segundo lugar, la convivencia ciudadana ha sufrido los impactos de la pandemia. Si bien, las disposiciones del CNSCC determinan medidas correctivas ante los comportamientos contrarios a la convivencia, no existe un lineamiento ni un diagnóstico oficial sobre este fenómeno y los impactos que tuvo la pandemia en las relaciones cotidianas entre ciudadanos. Esto es un elemento a considerar, ya que no se observan acciones de prevención de la violencia o fortalecimiento de mecanismos de resolución pacífica de conflictos a nivel nacional. En tercer lugar, las organizaciones delincuenciales y los grupos armados han impactado la seguridad en el país, particularmente después de la pandemia. Las disputas por el control de las rentas ilegales en las conurbaciones urbanas, y los ejercicios de control territorial en zonas urbanas, rurales y de frontera, ponen en evidencia la limitada capacidad de gestionar la seguridad desde las entidades territoriales. Referencias CIDH. (2021). Observaciones y recomendaciones Visita: Junio 2021 Visita de trabajo a Colombia ONU. (2021). Paro Nacional 2021: Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia U.S Embassy Bogotá. (2022) EE. UU. ANUNCIA DONACIÓN DE USD 8 MILLONES PARA APOYAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL.

Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador nacional Línea Democracia y Gobernabilidad El día de ayer fue radicada ante el Congreso de la República la Reforma Tributaria por parte del ministro de hacienda José Antonio Ocampo. Su meta es recaudar $25 billones (1,72% del PIB) en 2023 y un promedio de 1,39% del PIB entre 2024 y 2033. Además, de la mano con la gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se busca aumentar el recaudo a $50 billones (3,4% del PIB) por año, combatiendo la evasión. Como ya había mencionado la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la reforma tiene un especial énfasis en fomentar la progresividad del sistema tributario. Aquí vale la pena mencionar que los impuestos se pueden ser regresivos, es decir, que no tienen en cuenta la capacidad económica de una persona o empresa y se cobran a todos por igual, o progresivos, a saber, en los que se toma en cuenta la capacidad económica de la persona o empresa. Un ejemplo de impuesto regresivo es el IVA, que no distingue entre sus contribuyentes; mientras que un impuesto progresivo puede ser el aplicado a la renta, que contempla los ingresos para su aplicación. Los 10 puntos clave de la Reforma Tributaria Los puntos clave de la Reforma Tributaria se agrupan en dos categorías de acuerdo al tipo de tributo: impuestos a personas naturales y la asignación eficiente de los recursos. De acuerdo con estos grupos, las acciones más importantes que entrarían en vigencia si se aprueba la Reforma Tributaria, son: Impuestos a personas naturales El impuesto a la renta se ha sostenido sobre cuatro componentes: i) la cédula general, la cual contiene los ingresos de trabajo, capital, honorarios e ingresos no laborales; ii) la cédula de pensiones; iii) la cédula de dividendos y iv) un tratamiento independiente para las ganancias ocasionales. De estas, se hacen modificaciones en materia de topes y detracciones para las cédulas general, de pensiones y de las ganancias ocasionales. Las modificaciones empiezan a aplicar a personas con ingresos iguales o superiores a $10 millones de pesos mensuales y tendrá mayor peso sobre aquellas personas naturales con ingresos mensuales de más de 30 millones de pesos, pertenecientes al 0,3% de la población con mayores ingresos en Colombia. Aparte de un aumento en la tributación de estas personas se creará un impuesto permanente al patrimonio. Sumado a ello, vale la pena mencionar que se mantiene la cotización a seguridad social de trabajadores independientes sobre el 40% del ingreso recibido. Asignación eficiente de los recursos Se eliminarán los beneficios asimétricos, entre los que se encuentran los beneficios tributarios sectoriales, que son aquellos que benefician a algunas compañías de un sector específico, dando un tratamiento diferencial a empresas con capacidades económicas similares por el hecho de pertenecer a distintos sectores como la Zona Económica y Social Especial (ZESE). Otro beneficio a eliminar es la exención que tenían las empresas por la venta de acciones no sustancial, es decir, cuando la venta no sobrepasa el 10% de las acciones circulantes de la compañía. Se modificará el tope máximo a la tarifa de beneficios tributarios para empresas. Se hará una deducción límite de 3% a empresas que hagan uso de beneficios para reducir la carga tributaria por las donaciones a Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) o pagos destinados a becas de estudios. Además, la tarifa para ganancias ocasionales de empresas se ubicará en un 30%. Las personas jurídicas que estén registradas en alguna de las Zonas Francas (ZF) declaradas en el territorio nacional deberán contar con un plan de internacionalización aprobado y vigente para poder ser beneficiarios del tratamiento diferencial a ZF en materia de tarifa del impuesto de renta (20%) respecto a la tarifa general del impuesto de renta y complementarios (35%). Se mantendrá la sobretasa financiera a instituciones financieras. Las regalías pagadas por las empresas por el desarrollo de actividades de producción minera y petrolera no serán deducibles para efectos de la determinación de la renta líquida gravable del impuesto de renta y complementarios. Aumentará el impuesto sobre las exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro, con el fin de fomentar la transición energética y el cambio de modelo productivo. Se crearán los impuestos saludables a bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos. Se creará el impuesto ambiental a los plásticos de un solo uso y aumentará el porcentaje del impuesto al carbono. Se eliminarán los días sin IVA; la exclusión de IVA y la exención de aranceles y del impuesto nacional a la gasolina y el ACPM en Zonas de Frontera; y se crearán medidas que buscan reducir la evasión y la elusión en aras de financiar el gasto social. ¿Cómo se tramita la Reforma Tributaria? Luego de la radicación del Ministerio de Hacienda del articulado en las Secretarías Generales de Senado y Cámara de Representantes, estas se encargarán de hacer llegar el documento a las Comisiones Económicas de las dos corporaciones. En estas comisiones serán asignados ponentes de las bancadas de gobierno, independientes y de oposición para pedir el voto positivo o el archivo del proyecto. El voto del proyecto se puede hacer por artículos, bloques o el texto completo. Si es aprobado el texto en las comisiones, los presidentes de estas designarán un ponente para que exponga el texto en la plenaria de cada corporación. En este segundo debate también se puede votar por artículo, bloque o el texto completo. Durante su tramitación, el texto puede ser modificado, pero dependiendo de los cambios, puede ser devuelto a las comisiones económicas para reiniciar el proceso. Durante el debate en las plenarias participan congresistas, el gobierno y gremios empresariales para exponer sus puntos de vista. Si el proyecto es aprobado en cada plenaria de cada corporación, este pasa a sanción presidencial y revisión constitucional. Si se da el caso que una plenaria de una corporación lo aprueba y otra no, se da un proceso de conciliación entre las dos corporaciones para llegar a una decisión. Así, en total el proyecto pasaría por cuatro debates antes de su aprobación por el Congreso en este orden: Comisión Económica del Senado, plenaria del Senado, Comisión Económica de Cámara de Representantes y plenaria de Cámara de Representantes. Cabe decir que, si en alguna de sus etapas este es archivado, el Gobierno Nacional debe presentar un proyecto totalmente nuevo. Las comisiones económicas Estas están compuestas por las comisiones terceras constitucionales, o de Hacienda y Crédito Público, y las comisiones cuartas constitucionales, o de Presupuesto, de Senado y Cámara de Representantes. Estas están integradas por 17 senadores y 32 representantes en las terceras, y 15 senadores y 29 representantes en las cuartas. El reparto de estas curules se da de acuerdo con el peso matemático de cada partido en el Congreso, lo que beneficia al Pacto Histórico, partido de gobierno, por ser el partido con mayor número de curules. Aparte, con la Alianza Verde y el Partido Liberal como partidos de gobierno y los guiños del Partido Conservador, podrían asegurarse las mayorías en el Senado para que el proyecto pase en las comisiones económicas. La Comisión Tercera en el Senado está presidida por Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, y conformada por 13 integrantes de la bancada de gobierno, 2 Independientes y 2 de oposición. Por su parte, la Comisión Cuarta de Senado, presidida por Paulino Riascos, está integrada por 11 senadores de la bancada de gobierno, 2 independientes y 2 de oposición. De esta forma, en la Comisión Económica de Senado se asegura su paso, al tener 24 integrantes de partidos de gobierno de 32, que ya le garantiza mayorías. En cuanto a Cámara de Representantes, la Comisión Tercera está presidida por Katherine Miranda, de la Alianza Verde, y conformada por 26 integrantes de la bancada de gobierno, 3 Independientes y 3 de oposición. En lo concerniente a la Comisión Cuarta de Cámara, presidida por Jezmi Barraza, está integrada por 21 representantes de la bancada de gobierno, 3 independientes y 3 de oposición. Así, la Comisión Económica de la Cámara con 47 de 61 integrante sde la bancada de gobierno también augura un buen trámite.

Línea Democracia y Gobernabilidad Germán Umaña Mendoza es ingeniero industrial de la Universidad de América con una maestría en economía y una especialización en planificación e industria de la Universidad Nacional. En su trayectoria laboral se destaca que fue decano de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) (2008-2010) y director de la Cámara Colombo Venezolana (2015-2021). Asimismo, ha ejercido como asesor en política automotriz del Comité de la Industria Automotriz Colombiana y consultor de la Comunidad Andina (CAN) en asuntos de tratados bilaterales con la Unión Europea. Recientemente se ha dedicado a ser escritor y columnista de Portafolio. En su trayectoria como investigador se distingue que sus investigaciones han girado en torno a la competitividad intra e intersectorial y el estudio de los acuerdos comerciales y de integración, entre su producción académica se destaca el libro “El juego asimétrico del comercio. El Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos”. Es importante destacar que su hermano, Eduardo Umaña Mendoza, fue militante de la Unión Patriótica hasta que fue asesinado en medio del genocidio de esta organización política. Este asesinato ha sido declarado de lesa humanidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De acuerdo con fuentes de prensa, el asesinato del hermano de Germán Umaña Mendoza se debe a que desde su labor como abogado y defensor de derechos humanos denunció la infiltración del paramilitarismo en el Ejército y el DAS, quienes presuntamente estarían implicados en este asesinato. ¿Cuáles son los compromisos del próximo ministro? De acuerdo con el empalme del nuevo gobierno, es importante reconocer que las iniciativas de este sector implementadas en el periodo 2018-2022 que son catalogadas como relevantes y que deben procurar mantenerse, fortalecerse y/o vigilar para el siguiente periodo son: Fortalecimiento de las comisiones regionales de competitividad e innovación. Programa de Fábricas de Productividad del sector Comercio, Industria y Turismo (Colombia Productiva). CREEce programa para micro y pequeñas empresas. Por otro lado, entre las alertas que recibe este ministerio y que estarán en manos del ministro, Germán Umaña Mendoza: Entorno competitivo: promoción de Comercio Legal y Leal. Zonas económicas especiales, zonas francas uniempresariales y aquellas sin vocación exportadora. Estrategia “Compra Lo Nuestro por Colombia”.

Línea Democracia y Gobernabilidad Es licenciada en educación física y deporte con énfasis en pedagogía de la Corporación Universitaria Adventista de Medellín. Además, cuenta con especializaciones en derechos humanos y de la mujer de la Escuela de Género de la Corte Penal Internacional y en Derechos Humanos, y de género de la Corte Interamericana, en Washington. Con una gran habilidad para el lanzamiento de disco, su nombre comenzó a tener un gran reconocimiento en 1980 cuando ganó una medalla de oro en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Atletismo. A partir de esa medalla siguió ganando más preseas en juegos sudamericanos, bolivarianos, centroamericanos e iberoamericanos con el lanzamiento de bala o disco. Así, logró clasificar, por primera vez, a los Juegos Olímpicos de Seúl, Corea del Sur, en 1988. Tras los juegos de 1988 pasó del lanzamiento de disco y bala a practicar la halterofilia o levantamiento de pesas. Practicando este nuevo deporte, gracias a su compromiso deportivo, siguió ganando medallas en los campeonatos mundiales de halterofilia, hasta que en el 2000 el deporte fue incluido en los Juegos Olímpicos de Sídney, Australia. En esa edición consiguió el primero oro para Colombia en unos Juegos Olímpicos, obteniendo un gran reconocimiento a nivel nacional. Con su creciente popularidad, aspiró en 2002 a una de la curules especiales de las comunidades negras, con aval del movimiento Alianza Social Afrocolombiana, llegando a obtener 40.968 votos y revalidando esa curul en 2006. Su agenda legislativa como congresista estuvo orientada hacia el reconocimiento y potencialización del deporte, aunque la gran mayoría de sus proyectos de ley fueron archivados. Desde su corporación buscó que los medallistas olímpicos tuvieran reconocimiento e incentivos, crear el Sistema Único de Acreditación y Certificación del Sistema Nacional del Deporte, reconocer el papel de entrenador en el Sistema Nacional del Deporte, entre otros. A su vez, participó de proyectos como el que buscaba adicionar al Código Penal sanciones penales a los actos discriminatorios en materia racial, nacional, cultural o étnica. Tras buscar en 2010 revalidar su puesto en la Cámara de Representantes y no conseguirlo, en 2011 aspiró a la Alcaldía de Cali con aval del Polo Democrático, pero los cerca de 90 mil votos que obtuvo no le bastaron para quedar elegida. Luego del intento fallido para quedar en la Alcaldía de Cali, sonó como directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) durante la administración de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, pero no cumplió con los requisitos para ocupar el cargo. Tras ello, en 2014 volvió a aspirar a la Cámara de Representantes con el aval de su movimiento Asodeportes, pero solo consiguió 1.800 votos. En las elecciones de 2015 aspiró al mismo cargo con aval del Movimiento Alternativo Indígena Social (Mais), logrando apenas 6.476 votos. Tras los intentos de volver a la Cámara de Representantes y aspirar a la Alcaldía de Cali no volvió a ocupar un cargo público hasta que el pasado 7 de agosto el presidente Gustavo Petro la nombró ministra del Deporte. Tras el proceso de empalme y su respectivo informe, las tres políticas del gobierno del expresidente Iván Duque alineadas con el de Gustavo Petro (semáforo verde) en materia deportiva son: El apoyo a la educación física extraescolar y el deporte formativo para la infancia, adolescencia y juventud a nivel nacional. Apoyo a la infraestructura deportiva, recreativa y de la actividad física a nivel nacional, de la mano con el apoyo a la organización de eventos deportivos para la preparación de atletas y la promoción del deporte nacional. Desarrollo del Sistema Olímpico y Convencional y del Sistema Paralímpico para el posicionamiento y liderazgo deportivo nacional. Por su parte, las políticas que el gobierno de Gustavo Petro no continuará, porque no van acorde con su proyecto político (semáforo rojo) son: El apoyo a la infraestructura deportiva, recreativa y de la actividad física a nivel nacional en los que se han hecho hallazgos de corrupción, que suman 41 proyectos. El apoyo a la inspección, vigilancia y control a nivel nacional, ya que para el nuevo gobierno esta debe ser desarrollada con independencia por las superintendencias.

Línea Democracia y Gobernabilidad Alejandro Gaviria Uribe nació en Santiago de Chile en 1966 y es hijo del exalcalde de Medellín, Juan Felipe Gaviria. Su padre, ingeniero civil de la Universidad Nacional, no solo fue alcalde de Medellín entre 1983 y 1984, sino rector de la Universidad EAFIT y ministro de obras públicas durante el mandato de César Gaviria Trujillo. El nuevo ministro estudió Ingeniería Civil en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, pero se le conoce más por su carrera como economista, además de que tiene una maestría en economía en la Universidad de los Andes y un doctorado, también en Economía, de la Universidad de California. Su esposa es la ex codirectora del Banco de la República y ex viceministra de Hacienda, Carolina Soto. Antes de entrar a la campaña política, como precandidato en agosto de 2021, Gaviria fue rector de la Universidad de los Andes. Durante la pandemia fue nombrado miembro de The Lancet Covid-19 Commission, que había sido creada con el objetivo de acelerar las soluciones globales a la pandemia. En su trayectoria profesional se cuenta también que fue director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe (CODS), ministro de salud y protección social durante seis años de Juan Manuel Santos, subdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), subdirector de Fedesarrollo e investigador del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además de ser académico, Gaviria es escritor de varios libros de ensayos y reflexiones sobre la condición humana como Alguien tiene que llevar la contraria (2016), Hoy es siempre todavía (2018), Siquiera tenemos las palabras (2019) y Otro fin del mundo es posible (2020). En esto influyó principalmente haber superado un cáncer linfático, del que padeció siendo ministro de Santos. Gaviria decidió ser candidato presidencial en agosto de 2021 por el movimiento por firmas Colombia Tiene Futuro, después de haber dicho en varias oportunidades que no estaba contemplando entrar al mundo político. Tuvo como principal apoyo a la entonces senadora Juanita Goëbertus, quien impulsó su acercamiento con la Alianza Verde. Antes de entrar a la Coalición Centro Esperanza se especuló sobre la posibilidad de que Gaviria fuera el candidato presidencial del liberalismo, pues se reunió con el presidente de esa colectividad, César Gaviria, y las juventudes liberales recogieron firmas para inscribir su candidatura, pero en noviembre de 2021 la ruptura se hizo “irreversible”. Gaviria decidió hacer parte de la Coalición Centro Esperanza, y junto a Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán y Carlos Amaya se presentó a la consulta interpartidista que se votó en marzo de 2021. Fueron notorias sus desavenencias con Íngrid Betancur, fundadora del partido Verde Oxígeno, que recuperó la personería jurídica en 2021, y quien entró tardíamente a la coalición. Betancur lo acusó de ser un candidato “con maquinarias”, por el apoyo que recibió Gaviria de políticos como el exsenador de Cambio Radical Germán Varón Cotrino, y el representante a la Cámara Miguel Ángel Pinto. Betancur finalmente decidió renunciar a la coalición y mantener su candidatura en solitario. En la votación de la consulta, Gaviria quedó en cuarto lugar, con algo más de 336.000 votos, detrás de Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y la sorpresa, el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Desde su encuentro con políticos tradicionales se notó la distancia con respecto a sus demás compañeros de coalición y aunque dijo que apoyaría a Sergio Fajardo hasta el final de la campaña a primera vuelta, en uno de los polémicos videos publicados sobre las conversaciones que se llevaban a cabo dentro de la campaña de Gustavo Petro durante la campaña a segunda vuelta, se pudo constatar que Roy Barreras buscó el apoyo de Gaviria y de su esposa hacia Petro antes del 29 de mayo, lo que podría verse como una “traición” a Sergio Fajardo. Sin duda, con el compañero que más reñía dentro de Centro Esperanza era con Jorge Enrique Robledo, quien lo ha acusado desde siempre de ser un “neoliberal” que apalanca el sistema de salud que proviene de la Ley 100, con sus defectos sobre el manejo de las EPS. De toda la Coalición Centro Esperanza, Gaviria fue el único candidato que apoyó a Petro en la segunda vuelta. A pesar de los desencuentros que tuvieron en los debates en los que coincidieron, Gaviria decidió apoyar a Petro, en parte después de decirle al Financial Times que Colombia estaba “en la cima de un volcán” y que Petro podría ser una “explosión controlada”. Muchas críticas, especialmente de sus votantes, cayeron sobre Gaviria, pues toda su campaña se centró en rebatir especialmente las ideas de Petro, y de hecho entre ambos se reconocieron como el mejor debatiente del otro. Las razones que esgrimió Gaviria para su decisión fueron, entre otras, que Gustavo Petro representaba “la opción de cambio más responsable institucional y liberal”, y que los riesgos de un rompimiento institucional eran mayores con Rodolfo Hernández, el otro candidato que pasó a segunda vuelta. Gaviria se define a sí mismo como liberal y se declara como un “reformista democrático”, que se resume según un decálogo que escribió en 2014, en no resignarse a decir que todo es un absoluto fracaso, que todo debería depender del Estado, aunque su papel redistributivo sea innegable, en preferir el conocimiento práctico de los problemas, en huir de las “utopías regresivas” y, especialmente, en asumir con madurez moral hacer lo correcto en vez de lo que es popular. Desde que entró a la Coalición del Pacto Histórico, se vio a Gaviria en un lugar preponderante y después de la victoria fue quien coordinó la comisión de empalme del sector educativo. El 7 de julio, Petro confirmó que Gaviria sería su ministro de educación y por ahora se sabe que lo acompañará como viceministra Aurora Vergara, socióloga afrocolombiana y quien fue por diez años directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad Icesi, de Cali. Los retos del sector educativo Gaviria tiene grandes retos por delante, pues en materia educativa se hicieron muchas promesas durante la campaña: buscar la gratuidad en la educación superior pública, condonar las deudas del Icetex, propender por un acceso universal y gratuito a una “acción integral” para la primera infancia a través de un sistema nacional de cuidado, extender la jornada escolar, luchar contra la deserción escolar y que los grados 10 y 11 se consideren como un tránsito a la educación superior. Por su parte, dentro del informe de las comisiones de empalme, se puso una alerta sobre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues los contratos de diez operadores vencen el 30 de octubre, por un valor de $8 billones. Se destacó de la anterior administración el programa de Jornada Única y desde el Ministerio de Hacienda se propuso continuar con la política de matrícula cero, entretanto se tramita una reforma educativa que consolide “la política de educación superior pública y gratuita del nuevo gobierno”. Como parte de las propuestas para los primeros cien días del mandato de Petro, se propuso en materia educativa revisar la propuesta de ampliación de la base presupuestal de las instituciones de educación superior públicas del Sistema Universitario Estatal (SUE). Sin duda la reforma a la Ley 30 de educación superior, que es la que les asigna los presupuestos a las universidades públicas y cuya principal crítica es que amarra el crecimiento del presupuesto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) mientras el ritmo de crecimiento de las universidades, especialmente en cobertura, ha sido mucho más acelerado, es el principal reto que tendrá Alejandro Gaviria. El intento de reforma a la Ley 30 propuesta por Juan Manuel Santos y de la cual estaba encargada la ministra María Fernanda Campo motivó un paro de más de dos meses en las universidades públicas y la construcción de una Mesa Amplia Nacional Estudiantil que se opuso radicalmente a su paso por el Congreso. Además, por sus credenciales de trabajo con gobiernos anteriores que no se han entendido con el principal sindicato que congrega a los profesores en Colombia, FECODE, Gaviria tendrá que lidiar también con la oposición de ese sector.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Irene Vélez Torres es filósofa con maestría en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia, con un posdoctorado en Geografía Política de la Universidad de Copenhague. Su trayectoria académica se ha centrado en torno al estudio crítico y participativo de los conflictos ambientales y agrarios, específicamente en la interseccionalidad de estos conflictos en torno a las discriminaciones étnico raciales y de clase social. En su trayectoria académica se destaca que es investigadora de Fullbright, editora asistente de la revista Geoforum, copresidenta en la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) e investigadora del Grupo Interdisciplinario de Innovación Biotecnológica y Transformación Eco social (BioNovo) de la Universidad del Valle. Recientemente, se venía desempeñando como profesora titular de esta misma universidad. ¿Cuáles son los compromisos de la próxima ministra? De acuerdo con el empalme del nuevo gobierno, es importante reconocer que las iniciativas de este sector implementadas en el periodo 2018-2022 que son catalogadas como relevantes y que deben procurar mantenerse, fortalecerse y/o vigilar para el siguiente periodo son: Transición Energética: gestión integral del abastecimiento de energéticos en el país, planes de continuidad y confiabilidad en el suministro del gas y combustibles líquidos, diversificación para producción y uso de biocombustibles. Ecopetrol: expansión de su capacidad como auto generador mediante energías renovables pasando de 115 megavatios a 400 megavatios en 2023 y 1000 megavatios en 2030. Minería a lo legal: Proyecto de Ley No.314 de 2020, proyecto de formalización minera y política de minería de subsistencia. Por otro lado, entre las alertas que recibe este ministerio y que estarán en manos de la ministra, Irene Vélez: Programas Piloto de Investigación Integral (PPII) en Puerto Wilches: Kalé y Platero para la implementación del fracking en Colombia. Ecopetrol: privatización de Invercolsa (Gases de Occidente), filial de comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que atiende a usuarios finales de este carburante utilizado principalmente por familias de estratos 1 y 2. Esta empresa fue recuperada para mayoría accionaria de Ecopetrol por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2019, luego de la venta de estas acciones de manera fraudulenta por el exministro Fernando Londoño Hoyos. Sociedad Minera de Santander (MINESA): Prórroga para el proyecto Soto Norte-Minesa (explotación de oro en el páramo de Santurbán) ya que no cuenta con criterios de sostenibilidad social, ambiental y económica.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad ÁlvaroLeyva Durán fue el primer anuncio del presidente Gustavo Petro para su gabinete como ministro de relaciones exteriores. Álvaro Leyva nació en Bogotá en 1942, es hijo del exministro Jorge Leyva Urdaneta. Álvaro Leyva Durán es economista y abogado, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana. Su carrera pública y política inició como secretario privado del presidente Misael Pastrana en 1970. Fue concejal de Bogotá y luego diputado en la Asamblea de Cundinamarca. En 1978 fue representante a la Cámara y en 1982 pasó al Senado de la República. Entre 1984 y 1985 fue ministro de Minas y Energía durante el gobierno de Belisario Betancourt. Posteriormente, fue facilitador y negociador en los diálogos de paz con la entonces guerrilla del M-19. Tuvo un rol importante en la liberación de secuestrados, especialmente la del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado en 1988. En el gobierno de Virgilio Barco fue pionero de los acercamientos del diálogo con la guerrilla de las FARC. Por su trayectoria política hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, vinculado a la Alianza Democrática M-19. En los años siguientes a la Constitución continuó con su labor de facilitador de negociaciones con grupos insurgentes. En 1998, Álvaro Leyva facilitó el establecimiento de la mesa de negociaciones en San Vicente del Caguán con las FARC-EP y el gobierno de Andrés Pastrana. En medio del proceso, el entonces fiscal Alfonso Gómez Méndez vinculó a Álvaro Leyva a una investigación por un presunto enriquecimiento ilícito, razón por la cual salió del país y buscó asilo en Costa Rica. Luego, en 2002, mientras residía en Madrid, España, Álvaro Leyva fue capturado por la Interpol y estuvo detenido durante dos meses. Finalmente, en el año 2004 fue absuelto de esta investigación. Tras resolver sus procesos judiciales, Álvaro Leyva retornó a la política colombiana como candidato presidencial en 2006 bajo el Movimiento de Reconciliación Nacional, sin embargo, renunció a su aspiración al reconocer la desigualdad política y electoral que tenía con Álvaro Uribe Vélez, quien buscaba la reelección. Luego de la declinación, Álvaro Leyva concentró sus esfuerzos en los diálogos y las negociaciones del proceso de paz entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP, siendo parte del equipo negociador del Gobierno Nacional. En el terreno político, aunque Álvaro Leyva se reconozca como conservador, maneja una distante relación con el Partido Conservador y su directorio. Su llegada como Canciller al gobierno entrante de Gustavo Petro ha sido leída como una señal de unidad por parte de los sectores de izquierda petristas y el resto de las facciones del espectro político colombiano. ¿Cómo está el semáforo para esta cartera? Conclusiones del equipo de empalme Según los datos obtenidos de los informes de empalme, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene actualmente tres entidades o mecanismos en estudio, de los cuáles dos están catalogados como semáforos en rojo y uno amarillo. Las entidades que definitivamente cambiarán su orientación durante el gobierno entrante serán en Fondo Rotatorio del Ministerio y la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia. Mientras tanto, el manejo del Ministerio está considerado bajo un semáforo amarillo, aunque tiene una Muy Alta prioridad para el gobierno entrante. ¿Cuáles son los retos del Canciller entrante? El restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, clausuradas desde 2018 y contribuir al fortalecimiento de las dinámicas económicas y políticas. Esta negociación atraviesa aspectos fundamentales como el manejo de la empresa de agroinsumos Monómeros. La conformación de un bloque regional que atienda asuntos económicos, políticos y sociales en capacidad de enfrentar el contexto mundial que dejó la pandemia del Covid-19, así como las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ejercer el rol de mediador ante una eventual negociación de paz entre el gobierno entrante y el ELN, estimando la necesidad de contar con el respaldo de países garantes y, en general, de la comunidad internacional en las negociaciones.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Sin duda el nombramiento que más causó revuelo fue el del exmagistrado auxiliar Iván Velásquez en la cartera de defensa. Ese era uno de los nombramientos más esperados, pues después del cruce de trinos entre Petro y Zapateiro, quedó claro que el manejo de las Fuerzas Armadas sería uno de los puntos álgidos de su gobierno. Con este nombramiento, Petro pone al frente del ministerio que más enfrentó escándalos en los últimos cuatro años a un hombre incorruptible, que fue clave para descubrir y enjuiciar a los parapolíticos en Colombia y uno de los mayores contradictores del expresidente Álvaro Uribe. Iván Velásquez Gómez es oriundo de Medellín y abogado de la Universidad de Antioquia. Al comienzo de su carrera, Velásquez dirigió el Colegio Antiqueño de Abogados “Colegas”, desde allí estuvo en contra del “Estatuto de defensa de la justicia”, el cual establecía a los llamados jueces sin rostros y los denominados testigos secretos. En la década de los noventa, Velásquez entró al servicio público. Primero, entre 1991 y 1994, fue procurador departamental de Antioquia, desde donde lideró investigaciones relacionadas con torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos de fuerza contra población civil. Además, desde su oficina se trabajó por la creación de la Oficina Permanente de Derechos Humanos, que se encargó de la investigación de violaciones de derechos humanos. Fue también interlocutor entre las autoridades, las organizaciones sociales y el clero, permitiendo la creación del Comité Interinstitucional de Derechos Humanos. Algo que poco se menciona, pero que es fundamental en la carrera de Velásquez, es que en este periodo fue uno de los que descubrió los lujos que Pablo Escobar tenía en la cárcel La Catedral. En 1996 salió de la Procuraduría para entrar al Consejo de Estado como magistrado auxiliar. Al año siguiente, en 1997, fue designado como director regional de fiscalías en Medellín. En los dos años que estuvo como director regional lideró varias investigaciones en torno al paramilitarismo. En el 2000 saltó a la Corte Suprema de Justicia, siendo designado como magistrado auxiliar. Entre 2006 y el 2012 estuvo encargado de la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal de la Corte Suprema, desde donde lideró las investigaciones por parapolítica en el Congreso. Las acciones realizadas por esta comisión llevaron a que la Corte Suprema de Justicia ordenara investigaciones contra políticos por crímenes de lesa humanidad, esto porque estuvieron implicados en la perpetuación de masacres, homicidios y desplazamientos realizados por grupos paramilitares. Por esas investigaciones han condenado a por lo menos 50 excongresistas y vinculado en investigaciones previas a más de 130 políticos por la llamada “narcopolítica”. Por el trabajo que realizó hasta esa fecha Velásquez fue condecorado en 2011 con el Premio Mundial de Derechos Humanos que otorga la International Bar Association. En 2012, por su compromiso en la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos fundamentales, fue reconocido por la Asociación de Jueces Alemanes. En 2013 Iván Velásquez fue designado como comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como secretario general adjunto de la ONU. La CICIG fue creada en un acuerdo entre la ONU y el gobierno guatemalteco para el fortalecimiento de la justicia local. Junto con la fiscal Thelma Aldana, revelaron hallazgos contra La Línea, un grupo de funcionarios públicos del gobierno de Guatemala que se quedaba con el dinero que recaudaba la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por impuestos de aduana. Entre los acusados de pertenecer a la organización delictiva se encontraba la vicepresidenta Roxana Baldetti. Este hecho, mezclado a las manifestaciones ciudadanas, llevó a que el presidente Otto Pérez Molina, tuviera que dejar su cargo por ser el presunto jefe de la organización criminal. En 2017, después de que la CICIG de Velásquez pidió retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales por su presunta relación con el caso de corrupción de financiamiento electoral ilícito, Morales declaro como “no grato” a Velásquez en Guatemala y tomó la decisión de expulsarlo. Aunque la Corte de Constitucionalidad de este país le impidió a Morales que lo expulsara, en 2018, tras una salida de la cabeza de la CICIG rumbo a Estados Unidos, el gobierno de Morales ordenó desde la Dirección de Migración de Guatemala que Velásquez no podía ingresar al país. Hasta allí llegaría el trabajo de la CICIG bajo su liderazgo. Aunque desde la campaña era claro que Petro quería a Velásquez dentro de su gabinete, o incluso dentro de su baraja en la terna para fiscal, lo cierto es que este nombramiento manda un duro mensaje sobre las intenciones de combatir la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Velásquez no ha sido cercano al sector defensa y por lo tanto desde ahora se nota que el énfasis del gobierno entrante en esta cartera será luchar contra los escándalos de corrupción y tener un enfoque más orientado hacia la defensa de los Derechos Humanos, en donde la trayectoria de Velásquez sí es amplia. Los escándalos en los que ha estado involucrada la Fuerza Pública en el último tiempo no son pocos. Desde las presuntas alianzas entre militares y grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, que pagarían por los servicios de los uniformados, hasta la venta de armas a narcotraficantes y disidencias de las FARC, muestran que Velásquez tendrá mucho trabajo. Pero este no es el único reto que enfrenta el sector Defensa. El deterioro de la seguridad nacional en los últimos cuatro años, evidente en el aumento de los hombres de las dos disidencias grandes de las FARC (Segunda Marquetalia y la que comandaba alias Gentil Duarte antes de su muerte), del ELN y su expansión en la frontera colombo-venezolana, y en el control que el clan del Golfo ha afianzado en zonas como el bajo cauca antioqueño, Chocó y Urabá también será otro de los grandes retos el ministro entrante. Aunque ha habido rumores sobre una disposición a negociar de parte de estos grupos, aún no se ha concretado ninguna ruta de acción clara y, de hecho, el Clan del Golfo negó que estuvieran buscando acercamientos con el gobierno Petro. Sin embargo, el ELN sí ha manifestado intención de negociar y Petro está buscando que se concreten las condiciones de negociación a través del nuevo canciller, Álvaro Leyva, para buscar el objetivo de “la paz total”. Otro de los retos que tiene entre sus manos el Ministerio de Defensa, en compañía con el Ministerio de Justicia, es la política contra las drogas. Los resultados de la erradicación de los últimos años muestran que ha sido un recurso poco efectivo para disminuir significativamente las hectáreas de coca cultivadas en el país y mientras tanto el narcotráfico, en conjunto con otras economías ilegales, sigue siendo la columna vertebral del flujo de dinero de los grupos al margen de la ley. El programa de gobierno con el que ganaron las elecciones Petro y Márquez incluye asuntos como el cambio en el enfoque “prohibicionista” por uno basado en los derechos humanos, sin criminalización de los cultivadores y con planes de sustitución de tierras. También plantea la búsqueda del sometimiento judicial de las organizaciones criminales y la prohibición de la aspersión aérea. Ahora bien, mientras se concreta la salida de la Policía del Ministerio de Defensa a un nuevo Ministerio de la Paz, el reto más difícil que afrontará Velásquez será ganarse la confianza de los uniformados y de las tropas. Esto no es sencillo porque el imaginario construido desde hace años es que los gobiernos de izquierda son enemigos de la Fuerza Pública y entre ambos hay recelo. Por eso, será clave el nombramiento de la cúpula militar y de Policía y tejer lazos con los mandos medios, que vienen en formación y que no acarrean las sombras de la vinculación con los falsos positivos, sin duda el escándalo que más ha afectado el trabajo de las Fuerzas Armadas en las últimas dos décadas y su reputación. Para ello, el ajuste en la política de ascensos que se consignó en el programa de gobierno para darle prioridad a la meritocracia puede ser un gran incentivo. Por su parte, propuestas como acabar con el Esmad o la “desmilitarización” de la vida social, a través de eliminar la obligatoriedad del servicio militar, por ejemplo, causan polémica dentro de los miembros de la Fuerza Pública, porque lo sienten como un ataque contra sus actuaciones y razón de ser. La presencia de Velásquez en el Ministerio de Defensa es un guiño para poner en marcha los asuntos relacionados con esta cartera que se consignaron en el Acuerdo de Paz. Uno de los objetivos primordiales plasmados en el plan de gobierno fue el de consolidar el de la autoridad civil sobre la militar y es lo que hace Petro al mantener la tradición de poner al frente de la cartera a Velásquez y no a un militar o exmilitar. A su vez, es un golpe para la oposición uribista, pues por toda la opinión pública es conocida la rivalidad entre Velásquez y Uribe, que tuvo de por medio de las chuzadas contra Velásquez durante su gobierno y el montaje en el que pretendieron involucrarlo con el paramilitar alias “Tasmania”. Lo que deja el empalme En la plataforma que dispuso el gobierno entrante para consultar la información sobre cada uno de los sectores del empalme no aparece aún cargada información alguna sobre el sector defensa. Sin embargo, dentro de la metodología utilizada de semáforos rojos y verdes, aunque no se destacó nada en verde relacionado con el sector defensa, quedaron algunas cosas especialmente preocupantes, es decir, que se señalaron en rojo e involucran las actividades del ministerio en cuestión. El primero hace referencia a la protección de los líderes sociales. Señala que es preocupante que el proceso de evaluación del riesgo se encuentre en cabeza del sector defensa, cuando debería estar en el ámbito civil, y más específicamente, depender del Ministerio del Interior. Por otra parte, señala respecto del Acuerdo con las FARC que la Política Ruta Futuro, que el gobierno de Iván Duque planteó para hacerle frente al problema de los cultivos ilícitos y del narcotráfico, va en contravía de los puntos 1 (Reforma Rural Integral) y 4 (Solución al problema de las drogas ilícitas) porque promueve la erradicación forzada de cultivos —el gobierno erradicó casi 400,000 hectáreas de coca en estos cuatro años— y la aspersión con glifosato, que intentó reactivar pues está suspendida desde 2015. El gobierno de Duque hizo sendos esfuerzos para poder asperjar la hoja de coca, pero la Corte Constitucional rechazó el Plan de Manejo Ambiental que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales le había autorizado en abril de 2021 a la Policía para reanudar las fumigaciones. Ahora bien, tomando en consideración esos “puntos en rojo” dentro de las propuestas de los primeros cien días se cuenta una articulación justamente entre los ministerios de Defensa e Interior para diseñar y poner en marcha un Plan de emergencia para la protección de la vida de los líderes sociales. Igualmente, pretenden adoptar vía decreto ese plan, que también incluiría la seguridad para personas que “ejercen liderazgo social, defensores (as) de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y comunidades afectadas por la actual agudización de la crisis humanitaria”. Del mismo modo, aunque solo toca tangencialmente el sector defensa, se propone avanzar en los diálogos con el ELN y en un proceso metodológico para conseguir la “paz total”.

Línea Democracia y Gobernabilidad Néstor Iván Osuna Patiño es abogado de la Universidad del Externado y doctor en derecho de la Universidad de Salamanca con tesis cum laude. Es catedrático de la Universidad del Externado y a través de su ejercicio académico ha sido autor de varios libros y artículos que han girado alrededor de los derechos fundamentales, justicia constitucional, democracia, teoría del Estado e historia constitucional colombiana. En su trayectoria laboral se ha desempeñado como director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad del Externado (1998-2013), miembro de la lista de árbitros del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá desde 2010 y conjuez de la Corte Constitucional Colombiana (2005-2010). Así mismo, ejerció como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria (2014-2015). ¿Cuáles son los compromisos del próximo ministro? De acuerdo con el empalme del nuevo gobierno, es importante reconocer que las iniciativas de este sector implementadas en el periodo 2018-2022 que son catalogadas como relevantes y que deben procurar mantenerse, fortalecerse y/o vigilar para el siguiente periodo son: Programa Nacional de métodos alternativos de resolución de conflictos. Programa de fortalecimiento de la intervención territorial de acceso a justicia para las víctimas del conflicto armado. La estrategia pedagógica de sensibilización y apoyo a la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Por otro lado, entre las alertas que recibe este ministerio y que estarán en manos del ministro, Néstor Osuna Patiño: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC): la privatización del sistema penitenciario por medio de un aval a los entes municipales para la contratación de 37 centros de reclusión, la aprobación presupuestal para la compra de municiones de armamento letal y, por último, la construcción de una cárcel y/o colonia agrícola en Yarumal, Antioquia. Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC): los contratos de salud, alimentación, vigilancia electrónica y telefonía de la USPEC, ya que son licitaciones foco de corrupción. Notariado y Registro: el aumento burocrático a partir de la creación de nuevos notarios y venta del patrimonio público.

Línea Democracia y Gobernabilidad Es politóloga de la Universidad de Los Andes y cuenta con un máster en planeación y gestión del desarrollo sostenible de la Universidad de StellenBosch, Sudáfrica. Su vida política inició como activista por el ambiente y su llegada al Polo Democrático Alternativo en 2006, tras haber conocido a políticos de izquierda exiliados en Holanda y conformar los grupos del Polo en Europa. Luego de terminar su máster, fue consultora en desarrollo sostenible en Shell Global Solutions International, donde pudo conocer los procesos de generación de energías y las opciones y oportunidades de energías renovables. Al retornar a Colombia, fue consultora en temas ambientales en varias entidades y, para 2010, hizo parte del equipo programático de la primera candidatura presidencial de Gustavo Petro. Después hizo parte de Progresistas, movimiento por el que Gustavo Petro fue elegido alcalde de Bogotá en 2012. Durante esta alcaldía, Susana Muhamad fue secretaria de medio ambiente y secretaria general, donde adelantó y desarrolló el Plan de Cambio Climático de Bogotá. También estuvo a la vanguardia de la introducción de los buses híbridos dentro del sistema de transporte público, como el cambio de algunos buses de Transmilenio antiguos por buses eléctricos. En su paso por la Secretaría de Ambiente impulsó una política pública de protección de humedades y creó el Fondo para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, el Instituto de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, entre otros. Luego de ocupar estos cargos en la Alcaldía de Bogotá, Susana Muhamad pasó a ser la vicepresidenta de la Junta Directiva de la Coordinación Nacional de la Colombia Humana y en las elecciones legislativas de 2018 fue parte de la lista abierta al Senado de Decentes, pero no alcanzó la curul. Así, en 2019 aspiró al Concejo de Bogotá por la lista de la Bogotá Humana, quedando elegida y, aunque tuvo problemas para posesionarse, debido a un problema en el conteo de votos, pudo quedarse en el cargo tras la renuncia de varios de sus compañeros y se mantuvo en este cargo hasta su nombramiento como encargada del equipo de empalme del gobierno entrante en el Ministerio de Ambiente. Susana Muhamad es la punta de lanza de Gustavo Petro en su propuesta de generación de energías limpias y la lucha contra el cambio climático. Por la antigüedad de su cercanía política, Muhamad es del equipo de confianza del presidente electo para todo lo relacionado a los temas ambientales y, sin duda, tendrá que liderar desde el ministerio las reformas que se propusieron en campaña. Las políticas que continúan y las que no Tras el proceso de empalme y su respectivo informe, las tres políticas del gobierno de Iván Duque alineadas con el de Gustavo Petro (semáforo verde) en materia de medio ambiente son: En el marco de instituciones ambientales modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales, se destaca la estrategia integral de seguimiento de licencias ambientales 2020-2030 (Resolución 2121 de 2020), ya que optimiza el seguimiento a las licencias. A ello se suma la estrategia de presencia territorial de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que ha ampliado la presencia de la Autoridad en el país y ha mejorado el relacionamiento con los actores locales. La mesa de diálogo entre campesinos y Parques Nacionales Naturales en el marco de la Estrategia de Uso, Ocupación y Tenencia (UOT). Se fortalecerán mesas de diálogo como la que existe en la serranía de La Macarena. En materia de conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, se destaca la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero GEI (BUR 3). En especial, teniendo en cuenta los mercados de carbono y la estrategia de generación de cadenas de valor de negocios verdes con Mincomercio y Minagricultura. Por su parte, las políticas que el gobierno de Gustavo Petro no continuará, porque no van acorde con su proyecto político (semáforo rojo) son: La expedición de la regulación para seguir desarrollando fuentes no convencionales de energía, enfocado a los yacimientos no convencionales de hidrocarburos en Colombia. De esta forma, los pilotos de fracking realizados en el Magdalena Medio no tendría un desarrollo y se buscaría su suspensión. La Estrategia Nacional de Restauración, dándole una resolución a las transferencias realizadas para la meta de siembra y mantenimiento de 180 millones de árboles en 2021. A esto se le suma la Operación Artemisa, que adoptó la militarización como modelo de comando y control en la gestión de conservación, porque genera daños socio ambientales y no contribuye a la consolidación de la paz con la población y la naturaleza, mientras promueve el control territorial por parte de actores ilegales para el desarrollo de economías ilícitas. Si bien continuarán las mesas de diálogos, la Estrategia de Uso, Ocupación y Tenencia (UOT) no seguirá porque no resuelve los problemas de ocupación en áreas protegidas, que las comunidades que las ocupan puedan acceder a tierras o servicios básicos, ni se utilizan instrumentos establecidos en el Acuerdo de Paz. De la mano de esta última, tampoco seguirá la Resolución No.00007067, que estableció medidas para cancelar el Registro Sanitario de Predio Pecuario (RSPP) de los predios que desarrollen su actividad ganadera de bovinos y/o bufalinos en zonas protegidas o Parques Naturales. Esto último, porque la resolución tiene falta de claridad sobre los límites de algunos parques y tampoco ofrece alternativas a las familias afectadas.

Línea Democracia y Gobernabilidad Cecilia Matilde López Montaño es economista, nació en Bogotá pero ante el desplazamiento de su familia en medio de La Violencia creció en Barranquilla. En la década de los 70 se graduó del programa de economía en la Universidad de los Andes y luego se especializó en demografía, en la misma universidad. El extenso recorrido de Cecilia López en el sector público inició acompañando al presidente liberal Julio César Turbay en la elaboración de su plan de gobierno y de allí pasó a ser jefe de la Unidad de Planeación Nacional entre 1978 y 1980. Luego, en 1981 dirigió el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Durante el gobierno de Belisario Betancur, López fue viceministra de agricultura entre 1982 y 1985, y desde allí fomentó el reconocimiento y la participación política de las mujeres campesinas creando la Política de la Mujer Campesina, el primer Conpes en el tema. Fue impulsora de la creación de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (Anmucic). Tras su labor en el Ministerio de Agricultura y durante el gobierno de Virgilio Barco fue embajadora de Colombia en Holanda entre 1985 y 1988, donde desempeñó una importante tarea en la resolución de conflictos diplomáticos entre Colombia y Venezuela en la Corte Internacional de La Haya. Después de su paso por el sector diplomático, Cecilia López fue directora del Programa de Empleo en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal. Con la llegada de César Gaviria a la presidencia, López fue nombrada directora del Seguro Social y desde allí se opuso a la privatización y la creación de fondos privados de pensiones. Esta oposición la llevó a renunciar al Seguro Social. También hizo parte del gobierno de Ernesto Samper: fue ministra de ambiente entre 1994 y 1996, y luego entre 1996 y 1997 fue ministra de agricultura, trabajando por el mejoramiento de las cadenas productivas de alimentos y la eliminación del Instituto de Mercadeo Agropecuario (Idema). Cerró su participación en el gobierno de Samper siendo directora del Departamento Nacional de Planeación entre 1997 y 1998. Tras su recorrido público pasó a ser consultora del BID, del Banco Mundial y la Cepal. En 2006 fue elegida senadora por el Partido Liberal. Desde su curul lideró debates sobre las ejecuciones extrajudiciales conocidos como “falso positivos” y fue ponente, junto con Gloria Inés Ramírez, de la Ley de Economía del Cuidado en el país. Su llegada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es, por un lado, el resultado de una amplia trayectoria en el sector público y la esperanza de la configuración de políticas y mecanismos que marquen un punto de quiebre para la historia rural del país y los derechos del campesinado; y, por el otro, un golpe al Partido Conservador, colectividad que tradicionalmente se quedaba con esta cartera. ¿Cuáles son los retos de la ministra de agricultura entrante? Proponer y tramitar una reforma agraria que se ajuste a las necesidades históricas del país y que tenga directa relación con las causas estructurales del conflicto armado en el país: la distribución y el uso de la tierra. El establecimiento y la implementación de un censo rural capaz de diagnosticar exitosamente la existencia y la diversidad de las condiciones del campesinado nacional. Entablar relaciones cordiales con los gremios colombianos que se concentran en este primer sector de la economía: el azucarero, el ganadero, el cafetero, el arrocero, el palmero, entre otros. Semáforo de políticas públicas En el marco del balance de las comisiones de empalme entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, se definieron las políticas susceptibles de continuar o que deben ser repensadas para el cuatrienio 2022-2026. En el balance se definieron las políticas, programas y proyectos que se cambiarán y las que supuestamente se mantendrían, sin embargo, de acuerdo con el balance del Ministerio de Agricultura, no se definieron las políticas que tendrían continuidad en el sector. ¿Qué se cambiará? Se reorientará la política actual del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, debido a que va en detrimento de la economía campesina, familiar y comunitaria; la política de crédito agropecuario es casi exclusivamente para la agroindustria y los grandes capitales, y no fomentan la pequeña y mediana agricultura o la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria (ACFC). Así mismo, no incluyen tampoco elementos de la relación ambiental-rural. Los proyectos de inversión y programas/líneas de acción del Ministerio de Desarrollo Rural deberán ser analizados en todos los casos, pues la orientación de la política apalanca el desarrollo de la agroindustria, en detrimento de medidas para el fortalecimiento de la economía campesina, familiar y comunitaria como potencia de la producción y el abastecimiento alimentario en Colombia. Se revisará la reglamentación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES). Se revisará el decreto de delimitación, el decreto de Banco de Proyectos y la resolución de lineamientos para el Banco de Proyectos. En la Agencia de Desarrollo Rural se implementará la construcción, terminación, puesta en marcha y operación del distrito de mediana escala San Juan, municipio de San Juan del Cesar. Se buscará la articulación intersectorial eficiente para la actualización del catastro rural con enfoque multipropósito, que incluya la interoperabilidad de los sistemas de información, así como medidas para su continuo mantenimiento.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Carolina Corcho nació en 1983 en Medellín. Sus padres son Freddy Corcho, ex diputado por Antioquia y profesor de la Universidad Nacional y Amparo Mejía, ex alcaldesa del municipio de Zaragoza, Antioquia. Carolina Corcho es médica de la Universidad de Antioquia, psiquiatra de la Universidad Nacional y magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional. Corcho ha sido docente adjunta del servicio de psiquiatría de la Universidad Nacional y ha trabajado como psiquiatra en el Hospital Universitario de la Universidad Nacional. También ha sido profesora del posgrado en salud mental de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Durante la administración de Gustavo Petro en Bogotá, Corcho fue directora de Participación Social y Atención al Ciudadano de la Secretaría de Bogotá y también fue subsecretaria en Gestión Territorial de Salud. Trabajó en la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR) y desde allí fue coautora de la Ley de Residencias Médicas, que aseguró un ingreso económico para médicos en proceso de especialización. Su nombre es recordado por el activismo que realizó en torno al hospital San Juan de Dios de Bogotá y por pertenecer a la Red de Mujeres Progresistas de América Latina. A nivel internacional, Corcho fue presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur y perteneció a una de las Promotoras de la Cumbre Social y Política que buscaba la reforma estructural del sistema de salud. Sumado a lo anterior, Carolina Corcho fue vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, consultora de la Organización Panamericana de la Salud y parte del equipo evaluador de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Siendo vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, Corcho denunció las condiciones que rodeaban al personal de salud durante el gobierno de Iván Duque, criticando el papel que tenían las Entidades Promotoras de Salud (EPS) durante la pandemia del Covid-19. El nombramiento de Corcho como ministra de salud generó diversas opiniones: mientras algunos sectores aplaudieron la designación, resaltando que Corcho ha sido promotora de mejorar el sistema de salud, otros sectores manifestaron que Carolina Corcho no otorga garantías para el sistema salud colombiano y en cambio, propuestas como acabar las EPS, son asuntos de alto riesgo que no pueden tomarse a la ligera. ¿Cuáles son los compromisos de la próxima ministra? De acuerdo con el empalme del nuevo gobierno, es importante reconocer que las iniciativas de este sector implementadas en el periodo 2018-2022 que son catalogadas como sustanciales y que deben procurar mantenerse, fortalecerse y/o vigilar para el siguiente periodo son: El fortalecimiento y giro de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) en cuanto al recaudo de las diferentes fuentes y el pago de la UPC y otros recursos, incluso por el mecanismo de giro directo a prestadores. La ampliación de las capacidades de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) para liquidar EPS y para intervenir prestadores, en especial de la red pública, y ampliar el número de afiliados de unas pocas EPS. La constitución del Observatorio Nacional de Equidad en Salud (ONES). Por otro lado, entre las alertas que recibe este ministerio y que estarán en manos de la ministra Carolina Corcho son: Desfinanciación del sector salud: el Ministerio de Salud solamente cuenta con el 3,2% de recursos presupuestales que no están comprometidos para 2022, destacando que el presupuesto general presentado por el Ministerio de Hacienda para 2023 se encuentra desfinanciado en 4,26 billones de pesos. También existen 14 EPS con riesgo de liquidación que tienen a cargo 10 millones de afiliados. Asimismo, la red pública hospitalaria que atiende migrantes y nacionales, se encuentra desfinanciada en 36 mil millones de pesos para 2022. Se destaca que el 68% de los departamentos en Colombia no tienen actualizada la documentación de la red, por lo que es imposible crear un mapa de necesidades de inversión en infraestructura y dotación. Pandemia: se debe evaluar la necesidad y el uso de Unidades de Cuidado Intensivas (UCI) creadas a partir de la pandemia, así mismo se debe revisar el mecanismo de recobro por las pruebas Covid por parte de las EPS y las condiciones de compra, aplicación y riesgo de vencimiento de vacunas. Normatividad: el actual gobierno debe asumir con urgencia la normatividad relacionada a la ruta de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el suicidio asistido, el trabajo decente en salud y las sentencias relacionadas con las demandas ambientales en el país y su relación con la salud de las poblaciones.