Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Iván Duque abrió paso por primera vez a un gobierno alternativo, de izquierda, en Colombia. No solo a nivel ejecutivo, sino que en el legislativo vimos el pasado 20 de julio posesionarse una bancada en la que más de la mitad de las curules están ocupadas por novatos y novatas, lo que demuestra una renovación. A pesar de que la bancada de gobierno es mayoría, hay pluralidad de movimientos en esta: exmilitantes del M19, miembros de la Unión Patriótica y el partido comunista, personas del movimiento Soy Porque Somos (Francia Márquez), un santismo reencauchado y la Alianza Verde. Con esto se abre al Pacto Histórico la posibilidad de tener una buena gobernabilidad, la cual se basará también en su capacidad de articularse con gobiernos regionales, en su buena relación con alcaldes y gobernadores. Una particularidad de la victoria de Petro y Francia es que coincide a nivel territorial y local con la administración de las alcaldías, lo cual le da una ventana de oportunidad durante un año para establecer el contacto con, al menos, los alcaldes de las 10 capitales de los departamentos más importantes del país (Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Manizales, Santa Marta, Villavicencio y Popayán). Lea aquí el análisis completo sobre lo que se abre a nivel de gobernabilidad para el nuevo gobierno:

Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador Escuelas de Liderazgo Juvenil Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil. El miércoles 3 de agosto, el proyecto Escuela de Liderazgo Juvenil Urakubú de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), realizó el cierre en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda; esta fue una escuela financiada por la agencia de cooperación sueca Diakonía. Once jóvenes entre los 17 y los 28 años, cinco de ellos pertenecientes al corregimiento de Santa Cecilia, en límites con el departamento del Chocó, participaron durante 3 meses en sesiones formativas mediadas por la herramienta metodológica de la Fundación Pares Se Juega la vida, implementada con éxito en las escuelas de Buenaventura, Valle del Cauca y Pereira. Las temáticas fueron complementadas con una actividad experiencial denominada Ruta de Saberes Ancestrales, en la que se permitió el diálogo directo de los participantes y los dinamizadores de las sesiones, Érika Montaño y Miguel Ángel Rubio, con sabedores afrocolombianos radicados en zona rural, poseedores de conocimientos en medicina, alimentación y cultura, conocimientos que han recibido de manera oral de sus ancestros y a la vez estos de los suyos, creando un acerbo social de mucho arraigo en la comunidad de Santa Cecilia. En esta experiencia pudimos escuchar fórmulas medicinales con hierbas para distintas dolencias, fórmulas a las que acude la gente del sector cuando la enfermedad llega, pero que también son tradiciones que tienden a desaparecer por cambios generacionales y desinterés de muchos jóvenes en adquirir estos saberes. Por suerte, para la escuela y para la comunidad, Weiner Murillo, un joven del sector de 21 años, se ha tomado el trabajo de conservar esos saberes y hoy es considerado por muchos en la comunidad un sabedor, pero también es un movilizador de la comunidad en cuanto a reclamar y exigir derechos fundamentales se trata, pues fue uno de los coordinadores del último paro campesino e indígena del sector. Otra experiencia importante, y quizá la que apuntaló el camino por el que debía ir la Escuela de Liderazgo Juvenil de Pueblo Rico, es la de Lía Dalila Muñoz, primera mujer transgénero del municipio en expedir su cédula como mujer, quien ha librado una dura pelea en el seno de su familia y del pueblo por poder expresarse, mostrarse y ser plenamente, en una micro sociedad que ha llegado al punto de violentarla por esa decisión y desnudarla en mitad del pueblo, en claro acto de homofobia y transfobia. Ella ha sido una lideresa de la diversidad en su sector; no solo en Pueblo Rico, sino en Risaralda, es reconocida como activista y ha sido reseñada en diferentes medios de comunicación. Pueblo Rico es el municipio más pobre y precario en infraestructura de Risaralda, tiene una población triétnica, conformada por emberás, afros y mestizos, con fuerte arraigo conservador en sus costumbres y modos de pensar, con apenas 13.000 habitantes y una ínfima economía agrícola, carreteras de acceso en mal estado y a tres horas de la capital, Pereira, no ofrece muchas alternativas a sus jóvenes llenos de sueños e ideales de cambio, pobres en su mayoría o con dificultades económicas para el día a día. Aún así, estos ‘pelados’ con alas y deseos de volar, han decidido resistir en su territorio, quedarse allí, estudiar y formarse para transformarlo, poseen todo el fuego, la calma y la temperancia de ánimo para ser, estar y acontecer en una población que poco, por no decir nada, les ofrece a diario. Por esto, desde Pares se ha realizado un esfuerzo económico con el presupuesto del proyecto para proveer un plante económico de $1’300.000 COP a cada uno de los 11 jóvenes, esto, paralelo al proceso formativo de la mano de la trabajadora social Érika. Ellos nos pasaron unos proyectos productivos en distintas áreas de la economía, para que recibieran el estímulo en recursos y poder resolver de modo apenas prioritario y primario la desocupación y la falta de liquidez de la que sufren cada día. 11 proyectos productivos que van desde elaboración de mermeladas de chontaduro y borojó, frutas tradicionales del sector, de exquisito sabor y cotidiano consumo y enriquecedoras de la gastronomía del Pacífico y el Chocó; hasta elaboración de viche, bebida consumida en fiestas y reuniones, pero también usada para temas de salud, pues este licor destilado de la caña de manera artesanal no solo emborracha, sino que en distintas fórmulas y maneras de elaboración sirve para paliar dolores, curar males y restaurar la salud de algunas enfermedades. Pares no solo ofreció formación en temas de interés para los jóvenes, sino que hizo esfuerzos por tener mecanismos de financiación de proyectos que ayuden a resolver la dura situación económica de las muchachas y muchachos. En Pereira, en 2021, los jóvenes de la Escuela Liderando, en convenio con la Gobernación de Risaralda, fueron contratados en diversas áreas durante tres meses por un salario mínimo, mientras Pares hacía todo el proceso formativo; en Buenaventura, por su parte, los líderes y lideresas juveniles fueron contratados vía OPS (Orden de Prestación de Servicios) y apoyados también con compra de insumos para sus iniciativas comunitarias; y en Pueblo Rico recibieron insumos de todo tipo para que iniciaran el camino del emprendimiento económico y la ideación de microempresas. Les deseamos todos los éxitos del mundo y estaremos pendientes de los resultados de sus proyectos, ojalá con favorabilidad y permanencia en el tiempo. A continuación un compilado de videos de la experiencia de entrega de insumos el pasado miércoles 3 de agosto, los jóvenes cuentan brevemente en qué consisten sus ideas de negocio: Agradecemos a Irelisa Batero, funcionaria de la Secretaría de Gobierno de Pueblo Rico por sus buenos oficios, sus gestiones de espacio para las sesiones, los acompañamientos, las sugerencias que hizo, sus posturas críticas que ayudaron a mejorar, y por convocar y acompañar a los muchachos. Sin ella este esfuerzo no hubiera sido posible. En estos jóvenes vive Urakubú, fuego que no se apaga y permanece a pesar de la adversidad.

Por: Miguel Ángel Rubio Coordinador Escuelas de Liderazgo Juvenil Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil Este miércoles primero de junio dimos inicio oficial a la Escuela de Liderazgo Juvenil con énfasis étnico territorial y diverso Urakubú de Pueblo Rico, Risaralda. Después de las fases de planeación, convocatoria y difusión en medios, vinculamos a 12 jóvenes líderes que estarán durante dos meses y medio en un proceso formativo con la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), utilizando la caja de herramientas “Se juega la vida”, una estrategia de gamificación que le apuesta al juego como generador de conocimientos, implementada de la mano de Érika Montaño Rojas y Miguel Ángel Rubio. Esta escuela tiene como propósito fundamental brindar herramientas de incidencia a los jóvenes del municipio en sus labores organizativas y de liderazgo, específicamente para los Consejeros Municipales de Juventud, organizaciones comunitarias, emprendimientos empresariales, rutas de apoyo y garantía de derechos a miembros de la comunidad LGBTIQ+, entre otras. Sobre esto último queremos resaltar la vinculación a la escuela de Lía Muñoz, primera mujer transgénero cedulada del municipio de Pueblo Rico, a quien en este portal ya le hicimos un perfil. El nombre Urakubú es un vocablo emberá, propio del área rural y urbana de Pueblo Rico, y significa fuego. El fuego como fuerza creativa y movilizadora en los jóvenes, como posibilidad de transformación y crecimiento, pero también el fuego de un líder que moviliza conocimientos y posibilidades de superación de las problemáticas propias de su comunidad. Yaira Valentina Maturana, Weiner Murillo Grisales, Yordy Geovany Ricas, Nallely Mosquera Bonilla, Yenci Zoraine Muñoz, Lía Dalila Muñoz, Dayerli Muñoz, Isabela Leal, Esmeralda Trejos, Alejandra Cardona. Con ellos Érika Montaño, trabajadora social y dinamizadora de la herramienta “Se juega la vida” En este proceso de formación que durará casi tres meses, en sesiones semanales, los jóvenes vinculados adquirirán conocimientos en derechos humanos, perspectiva de género, mecanismos de participación ciudadana, diversidad sexual, recuperación de saberes ancestrales, fortalecimiento de emprendimientos, y conocimiento y estructura del estado. Además, los participantes deberán presentar un proyecto de emprendimiento que será fortalecido con las herramientas del kit metodológico “Se juega la vida” y que al final, quienes asistan a todas las sesiones, recibirán un plante económico o capital semilla, que deberá ser destinado a la compra de insumos y requerimientos de cada proyecto socioeconómico postulado. Durante 2022, Pares ha hecho una apuesta clara y plausible por los jóvenes de Colombia. Desde octubre del año pasado viene implementando con éxito y buena aceptación de los jóvenes su método de escuelas de liderazgo juvenil, usando el principio de gamificación, pues la herramienta “Se juega la vida” le apuesta al juego como provocador del conocimiento. “Se juega la vida” es una herramienta metodológica, un kit formativo que tiene un tablero, como si de un juego de monopolio se tratara, un dado con seis colores, amarillo, azul, verde, rojo, morado, y blanco; y cuatro fichas de colores amarillo, azul, rojo y verde. Viene acompañado de unas smart carts, o tarjetas de juego, con las que los participantes se verán inmersos en un juego para ganar en distintos retos que tocan diversos temas: género, política, reclutamiento en economías ilegales, estructura del estado, convivencia y paz, fútbol, entre otros. Para terminar, a esta estrategia la complementa un recetario de talleres en los temas tratados en el juego y una bitácora de aprendizajes que le permite a los jugadores sistematizar la experiencia y registrar sus aprendizajes. "Se juega la vida" fue creado en 2016, en conjunto con otros cooperantes. Otras de las escuelas que desde Pares hemos desarrollado, y estamos desarrollando, son: Jóvenes Liderando la Reconciliación, en convenio con la Gobernación de Risaralda, realizada en Pereira; Pares Pacífico, en Buenaventura, Valle del Cauca, que aún se desarrolla; Urakubú, que inicia en Pueblo Rico, Risaralda; la Escuela de Formación Ciudadana y Juvenil en Cúcuta, Norte de Santander, que pronto comenzará e incluirá un componente diferenciador con énfasis en las dificultades propias de la frontera. Agradecemos a la Alcaldía de Pueblo Rico y a la secretaria de gobierno Irelisa Batero por su total disposición, también a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) por el préstamo de su auditorio que facilita los encuentros formativos con un buen escenario y equipos adecuados.

Laura Prieto, Investigadora Nacional Karen Lozano, Asistente de Investigación Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana La convivencia ciudadana tiene como primer escenario las instituciones educativas. Allí se realizan las primeras interacciones entre ciudadanos/as, sin embargo, estos no siempre son espacios seguros. El bullying en los colegios es un fenómeno que se ha intensificado en los últimos años, genera un impacto en la vida de quienes lo sufren y es un indicador de los problemas de convivencia ciudadana que existen en Colombia. El acoso, la intimidación, las agresiones y las riñas son prácticas comunes y normalizadas en las instituciones educativas del país. Estas generan un maltrato físico y psicológico en niños, niñas y adolescentes (NNA), deteriorando la sana convivencia y promoviendo la violencia. Los principales impactos en las víctimas de estas prácticas son: sentimientos de miedo, depresión, baja autoestima e inseguridades, que se han derivado en lesiones personales, amenazas, violencia sexual e incluso el suicidio. Son pocas las acciones que se han implementado al respecto para poder disminuir los casos de bullying en la población infantil y juvenil. Según un informe realizado por la ONG Bullying sin Fronteras, entre enero de 2020 y diciembre de 2021 en Colombia se reportaron 8.981 casos de acoso escolar, ocupando la segunda posición en Latinoamérica frente a la exposición del bullying de NNA. Las ciudades que registran la mayor cantidad en 2020 son: Bogotá con 21%, seguida de Medellín con 13%, Barranquilla con 12% y Cartagena con 10% del total nacional (ver Gráfico No. 1). Gráfico No. 1 Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación (Pares): Fuente: Red+ Algunos de los casos más graves ocurrieron en lo que va del año y dan una idea de la complicada situación del matoneo en los colegios. El primero fue el que se presentó en el mes de mayo en el Colegio Granadino, en la ciudad de Manizales, en el cual un estudiante de séptimo grado fue empalado por sus compañeros durante el receso escolar. Según las autoridades locales quienes cometieron el hecho habrían planeado la agresión con anterioridad, después de acosar a este adolescente durante semanas. El segundo caso fue el reportado en mayo en el colegio La Salle, del municipio de Envigado, Antioquia. Un grupo de estudiantes roció con alcohol y prendió fuego al cabello de un joven en medio de un salón de clases, el hecho quedó registrado en un vídeo que fue compartido en redes sociales y se hizo viral horas más tarde. Este hecho que fue catalogado como una broma, es en realidad un caso de lesiones personales en medio del matoneo. El tercer caso se dio en el mes de julio en colegio los Tibabuyes en la localidad de Suba en Bogotá, en el cual un grupo de estudiantes golpearon hasta desfigurarle el rostro a una compañera de clases. Según las declaraciones de la madre de la víctima, ella sufría de bullying desde hace tiempo atrás y ya se había hecho el respectivo aviso a las directivas del colegio, pero estas hicieron caso omiso. Como lo señala el Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC), además de las afectaciones físicas del matoneo en los colegios, también existen implicaciones en la salud mental de NNA. Con el regreso a clases después de la pandemia por Covid-19, el bullying en las instituciones educativas aumentó significativamente debido al incremento de factores de riesgo asociados a las dificultades que muchos NNA pueden enfrentar en la readaptación al entorno educativo, luego del aislamiento por 2 años. Adicional a esto, el ciberbullying o troleo es una modalidad de matoneo por redes sociales que también constituye un factor de riesgo para NNA. Según la Guía “Cuida tu identidad digital y protege tus datos personales: riesgos sobre el tratamiento de datos” de la Superintendencia de Industria y Comercio, con la popularidad de las redes sociales y el consumo masivo que NNA hacen de las mismas, se han incrementado exponencialmente los riesgos del matoneo por plataformas digitales. Los principales focos de riesgo son: juegos virtuales y redes sociales. Considerando este panorama, se observa que la convivencia ciudadana está fuertemente deteriorada en los escenarios escolares, en los que se han presentado casos de agresiones físicas y psicológicas graves que se derivaron en hechos victimizantes en los que los mismos menores de edad son los victimarios. Además, estas prácticas trascienden a espacios digitales provocando afectaciones más profundas a la salud mental de las víctimas de ciberbullying. Esto es un indicador del grave déficit en materia de prevención de la violencia y promoción de la convivencia en los entornos escolares, la cual debe ser abordada de manera urgente por parte de las entidades responsables de la gestión del sector educación y sobre todo de la seguridad y convivencia ciudadana. Pero también, hace parte de una discusión social, política y cultural que como sociedad debemos plantear, para que se erradiquen de manera definitiva estas prácticas violentas que afectan, principalmente, a NNA del país.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Tan pronto se juramentó el presidente Gustavo Petro, ordenó que le llevaran la espada del libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios y Blanco, que reposaba en un depósito del Banco de la República después de haber sido devuelta por el Movimiento 19 de Abril (M19). En ese momento recordé una de las consignas que por mucho tiempo se coreó en las movilizaciones sociales, y que reza así: " alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina". El símbolo de la independencia y la rebeldía sería testigo del discurso profundo del mandatario. A diferencia de la maniquea “conversación nacional” de Duque, el objetivo central en este cuatrienio será, en general, "más democracia, más participación", "dialogar para producir cambios". Con relación a la política de drogas, el énfasis estará en la prevención fuerte del consumo, hacia una nueva convención internacional que haga énfasis en que ha fracasado la estrategia a nivel mundial y local. Las cifras así lo confirman; un millón de muertos, de ellos setenta mil en EE.UU. por sobredosis de drogas no producidas en Colombia. Petro también disertó sobre la situación de crisis en materia de derechos humanos en nuestro país, concluyendo de manera categórica que "nuestro Estado a cometido crímenes", relacionando este tema con los derechos sociales y expresando que el 10 % de la población tiene el 70% de la riqueza. Llamó a no naturalizar la pobreza, hacerlo, sentenció frente a la espada de Bolívar, "es una aberración, si queremos ser una Nación y vivir en paz" Se refirió a la necesidad de una reforma tributaria sobre la base filosófica de una "Colombia más igualitaria y de oportunidades", con una economía cuyo énfasis estará en la producción, en el conocimiento que genera riqueza, teniendo a la solidaridad humana como prerrequisito para que los pueblos sobrevivan. Fue enfático al señalar que: "seremos iguales cuando el pagador lo haga con gusto"; con la máxima de que: "la solidaridad está en el impuesto de quien pueda pagarlo". Devolver la deuda que tenemos con la educación quiere decir, según el presidente Gustavo Petro, que todos y todas tengamos el máximo de estudio, esa es en verdad la sociedad del conocimiento, dijo. Con relación a la producción expresó que "el hambre avanza por todo el mundo", que, como algo necesario y urgente, se debe producir, otorgar créditos, garantizar distritos de riego, incentivar para que los campesinos vuelvan a las cosechas, y que para transportarlas se hagan y fortalezcan caminos vecinales, con el concurso del Ejército Nacional, la comunidad y la institucionalidad civil. Capítulo especial dedicó Petro a la mujer, reconociendo su aporte en la construcción de la sociedad, y expresando el ánimo para construir una nueva con total equilibrio en la balanza del género. "Acción y no hipocresía", dijo con relación al cambio climático. Abogó por un modelo sostenible hacia una sociedad sin carbón ni petróleo y con el objetivo de liderar la lucha contra el cambio climático, con la intención central de salvar la selva Amazónica. Prometió trabajar con las regiones, bajo la premisa de que: "juntos somos más fuertes", “buscaremos una alianza con África, de dónde venimos", dijo, "en la búsqueda de la Colombia que nos merecemos, trabajaré para construir la paz, con una política sensible al sufrimiento ajeno, con igualdad real, para que las colombianas puedan caminar tranquilas sin temor”. Finalizó con el compromiso de que "nos une la voluntad del futuro: un Acuerdo Nacional, no se gobierna a distancia, se gobierna escuchando, defenderé a las y los colombianos contra las violencias", "la seguridad se mide en vidas". La espada de Bolívar, del libertador de cinco naciones, fue testigo del juramento del primer gobernante de izquierda, será notaria de los cambios estructurales necesarios para hacer de Colombia una potencia de vida, hasta que la dignidad se vuelva costumbre. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

By: León Valencia, for @infobae Translation by María Victoria Ramírez In El Regreso del Uribismo (The Return of Uribismo), a book I finished writing in February 2019, when Duque had already collapsed in the polls and the government had entered a crisis from which it would never recover, I wrote this likely scenario for the end of his mandate: Duque manages to survive through bureaucratic arrangements with the political clans and temporary advances in the polls, he stumbles into the 2022 elections, and paves the way for a victory for the left. At the end of 2018, when his government was just beginning, students took to the streets in creative and profuse demonstrations, to ask for an increase in the budget and reforms to secondary and higher education. Duque, instead of sitting down to negotiate with the student leadership, resorted to maneuvers to divide the movement and made small concessions that would not be enough to calm the discontent of the youth. That disagreement would manifest itself again very soon in actions that involved the workers' unions. The river of displeasure began to grow until it overflowed with rage in the social outbreak of April 2021. The Minister of Finance, Alberto Carrasquilla, in the greatest indifference to the difficult situation that the middle classes and popular sectors were experiencing as a result of the pandemic unleashed by Covid 19, proposed a tax reform that harmed the middle and lower layers of the population and expanded the privileges of the richest. Duque, of course, was not the only factor that eased Gustavo Petro's victory. But with his incapability to fulfil people’s demands, his willingness to favour the richest by special tax treatment, his amazing failures in foreign policy and his undeniable interference in the country's reconciliation process, he created an environment that took the left to power for the first time in history. That was the top. As said in Colombia, Llorente's vase[1], that led demonstrations of more than seven million people in six hundred municipalities in the country. Something never seen. Something that was in line with demonstrations in Chile and other places on the continent and that, therefore, should have alerted Duque to react wisely. But he did not. He went against the demonstrations and militarized the country. He equally attacked the peaceful demonstrations, which were the vast majority; and acts of vandalism, which were the minority. The result was a real disaster: eighty-nine dead and more than a thousand wounded. This internal policy was complemented by a diplomatic clumsiness that was difficult to overcome. Even today this high-sounding phrase arouses ridicule: "Maduro's days are counted." He was brazenly intervening in the internal life of Venezuela and had teamed up with Juan Guaidó, a filipichín [2] who began to brag around the world with the story that he had Maduro by the throat and would very soon topple the Chavista regime. The tensions unleashed by the intervention of Colombia in Venezuela’s internal affairs marked the entire Colombian foreign policy and deepened the crisis in the most extensive and important border of our country. The peace issue was another mockery. He had two speeches. One, in Colombia, where he criticized the peace agreements made with the FARC because, in his opinion, they are rooted in a base of impunity; another, abroad, where he stated he was fully complying with the commitments made by the State. The cover of the matter was the discovery of a theft of 500 billion pesos from the resources destined for peace perpetrated by officials of his government who are now in legal trouble for the infamous scam. He had baptized his policy with the nickname of peace with legality and memes began to circulate on social networks, crossing it out as peace with robbery. Thus, in this tragic way, it was like the last bishop of Uribismo, contributed to the victory of the left. Gustavo Petro should tell this Sunday in his inaugural speech, Thanks a lot, President Duque! [1] Evoking the incident that caused independence from Spain the 20th of July, 1810. [2] Filipichín: beardless boy who gets to flirt pretending to be a grown man.

Por: León Valencia, para @infobae Se va Iván Duque y —si algunas cosas que hizo no hubiesen desatado verdaderas tragedias— la izquierda debería darle las gracias. En El regreso del uribismo, un libro que terminé de escribir en febrero de 2019, cuando ya Duque se había derrumbado en las encuestas y el gobierno había entrado en una crisis de la que nunca se recuperaría, escribí este escenario probable para el final de su presidencia: Duque logra sobrevivir mediante acuerdos burocráticos con los clanes políticos y avances momentáneos en las encuestas, llega cojeando a las elecciones de 2022 y le abre el camino a un triunfo de la izquierda. Duque, desde luego, no fue el único factor que facilitó la victoria de Gustavo Petro. Pero con su incapacidad para responder a las demandas populares, su disposición a favorecer a los más ricos ampliando las gabelas tributarias, sus impresionantes fracasos en la política exterior y su grave interferencia en el proceso de reconciliación del país, crearon un ambiente propicio para que la izquierda, por primera vez en la historia, llegara al poder. A finales de 2018, cuando apenas empezaba su gobierno, los estudiantes se volcaron a las calles en manifestaciones creativas y profusas para pedir incremento del presupuesto y reformas a la educación media y superior. Duque, en vez de sentarse a negociar con el liderazgo estudiantil, acudió a maniobras para dividir al movimiento e hizo pequeñas concesiones que no alcanzarían a aplacar la inconformidad de la juventud. Esa inconformidad volvería a manifestarse muy pronto en acciones que involucraron a las centrales obreras. El río de insatisfacción empezó a crecer hasta que se desbordó con rabia en el estallido social de abril de 2021. El ministro de hacienda, Alberto Castilla, en la mayor indiferencia ante la difícil situación que vivían las clases medias y los sectores populares a raíz de la pandemia desatada por el Covid 19, propuso una reforma tributaria que lesionaba a los estratos medios y bajos de la población y ampliaba los privilegios de los más ricos. Ese fue el “florero de Llorente” que llevó a más de siete millones de personas a la protesta en seiscientos municipios del país. Algo nunca visto. Algo que estaba en línea con las manifestaciones en Chile y en otros lugares del continente y que, por tanto, tendría que haber alertado a Duque para responder de manera inteligente. No lo hizo. Se fue lanza en ristre contra las manifestaciones. Militarizó el país. Atacó por igual a las manifestaciones pacíficas, que eran la inmensa mayoría, y a los actos vandálicos, que eran la minoría. El resultado fue un verdadero desastre: ochenta y nueve muertos y más de mil heridos. Esta política interna se complementaba con una torpeza diplomática difícilmente superable. Aún hoy suscita burlas esta altisonante frase: “Maduro tiene los días contados”. Duque estaba interviniendo descaradamente en la vida interna de Venezuela y se había unido con Juan Guaidó, un filipichín que empezó a alardear en el mundo entero con el cuento de que tenía a Maduro cogido por el cuello y muy pronto derrumbaría al régimen chavista. Las tensiones desatadas por la intervención de Colombia en los asuntos de Venezuela marcaron toda la política exterior colombiana y ahondaron la crisis en la frontera más extensa e importante de nuestro país. Lo de la paz fue otra burla. Tenía dos discursos. Uno, en el interior del país, donde fustigaba los Acuerdos de Paz realizados con las FARC porque a su parecer están anclados en una base de impunidad; otro, en el exterior, donde afirmaba que estaba cumpliendo a cabalidad con los compromisos hechos por el Estado. La tapa del asunto fue el descubrimiento de un robo de quinientos mil millones de pesos a los recursos destinados para la paz, perpetrado por funcionarios de su gobierno que ahora están en líos judiciales por la infamante estafa. Había bautizado su política con el remoquete de “paz con legalidad” y en las redes sociales empezaron a circular memes tachándola de “paz con robadera”. Así, de esta manera trágica, fue como el último alfil del uribismo contribuyó a la victoria de la izquierda. Gustavo Petro debería decirle este domingo en su discurso de posesión: ¡Mil gracias presidente Duque!

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad ¿Quién es Gustavo Petro? Gustavo Petro Urrego es el nuevo presidente de Colombia. Ganó la segunda vuelta presidencial con 11’226.150 votos, el 50,47%. Petro tiene 62 años y cuenta con una trayectoria de vida y política que lo ha posicionado como el actor que modificó el escenario político del país en 2018 y ahora en 2022. Durante toda su vida ha trabajado para llegar el Palacio de Nariño. Desde que en su adolescencia empezó a formar su ideario político, que lo llevó a militar en el M-19, al exilio, al Congreso, a la Alcaldía de Bogotá y a aspirar a la presidencia de Colombia en tres oportunidades, el objetivo fue siempre ponerse la banda presidencial. Los orígenes de Gustavo Petro Nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, pero con 9 meses llegó a Bogotá. Vivió su infancia en diferentes barrios de la ciudad, mientras que su adolescencia la pasó en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, por un traslado laboral de su padre. En dicho municipio estudió en el colegio San Juan Bautista de La Salle. En Zipaquirá vivió dos hechos que se convertirían en las raíces de su pensar político: ver la desigualdad social en su colegio y el robo de las elecciones a Gustavo Rojas Pinilla, puesto que su mamá hizo parte de la Alianza Nacional Popular (Anapo). De esta forma, empezó a tomar una conciencia de justicia social, que fue reforzando con distintos acontecimientos de la época y en un grupo de estudio del que hizo parte, que era dirigido por el Partido Comunista de Colombia (PCC). Así, empezó a ser consciente de los movimientos campesinos, sindicales y estudiantiles de la década de los años 70. Por esa época, movimientos estudiantiles de Bogotá llegaron a formar círculos de estudio en Zipaquirá, uniéndose Petro a uno de ellos. A su vez, en 1974 surgió el Movimiento 19 de Abril (M-19), conformado por exdirigentes de la Anapo y disidentes de la guerrilla de las FARC, que adoptaron la estrategia urbana de guerra de guerrillas de Los Tupamaros de Uruguay. Con la popularidad creciente del M-19 en zonas marginales de las ciudades, Zipaquirá vio células nacer de la mano del exlíder de la Anapo en el municipio, Everth Bustamante. Con esa influencia, en su último año de bachillerato fundó, junto con otros compañeros, el grupo JG3. Su propósito era impulsar la “revolución” y organizar el movimiento sindical de Zipaquirá. Así, nació la organización llamada Intersindical, que juntaba a todos los sindicatos del municipio. Por ello, fueron considerados para ser parte del M-19 en Zipaquirá. Mientras eso pasaba, Petro, por sus buenas calificaciones y buen desempeño en el Icfes, logró entrar a estudiar Economía en la Universidad Externado de Colombia. Fue en su segundo año de estudio universitario que decidió, oficialmente, hacer parte del primer comando del M-19 en Zipaquirá. Personero, concejal, guerrillero clandestino y firmante de paz: su militancia en el M-19 Algo que inclinó a Petro por el M-19 fue su orientación democrática y no socialista. Su ingreso a esta guerrilla coincidió con el mandato de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), que se caracterizó por una profunda represión social, bajo la idea de la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos que, en el marco de la Guerra Fría, impulsó en sus países de influencia la represión a las amenazas de revolución comunista. Esto llevó a una fuerte persecución, que acabó en la captura de varios altos mandos del M-19. La guerrilla tuvo que empezar a reforzar entrenamientos en técnicas de clandestinidad y resistencia a la tortura. Uno de los duros “golpes” del M-19 fue el robo de 5.000 armas del Ejército Nacional en el Cantón Norte, algunas de estas se guardaron en San Cayetano, Cundinamarca, lo que llevó a darle relevancia a la columna en Zipaquirá, que se llamó José María Melo. Además, ante la represión de Turbay, el M-19 tomó una postura más rural y armada en el Caquetá. En ese escenario, en 1980 Gustavo Petro fue nombrado personero de Zipaquirá, mientras el comando al que pertenecía se distanció del M-19 rural, liderado por el comandante general Jaime Bateman. Aislados del M-19, el comando de Zipaquirá continuaba su accionar urbano e intentó comenzar una lucha política en la legalidad en el municipio. Con ello, se creó la organización política Carta al Pueblo, que decidió aspirar a las elecciones al Concejo de Zipaquirá en 1982, logrando elegir a Bernardo Chinchilla. Entre las acciones que empezaron a tomar como organización estuvo la construcción del barrio Bolívar 83, mientras Petro era el personero del municipio. La construcción se levantó en unos terrenos que pertenecían a la iglesia de Zipaquirá y que fueron ocupados por miles de personas impulsadas por el movimiento Carta al Pueblo y el mismo Petro, que se encargó de explicarles sus derechos a los fundadores del barrio y la manera de luchar por ellos. Como fue una invasión, desde la institucionalidad los desalojaron, pero ante el descontento que se había suscitado por el desalojo, el municipio terminó por donar los terrenos en los que se construyó el barrio. Por esa acción Petro fue expulsado del M-19. Fue en ese momento, en 1984, cuando decidió lanzarse como concejal de Zipaquirá, alcanzando 800 votos y ocupando su primer cargo de elección popular. Con la organización política Carta al Pueblo creó una red de coordinadores de movimientos regionales, con lo que volvería al M-19 y, por su relevancia en el mundo de la legalidad, fue uno de los firmantes del cese al fuego en Corinto, Cauca, promovido por Belisario Betancourt. Sin embargo, la Operación Garfio del Ejército, que pretendía desplazar al M-19 del Campamento de La Libertad, ubicado en la verdad Yarumales en Corinto, puso en jaque el cese al fuego. La orden del Ejército era la captura de integrantes públicos del M-19. Incluso, el Ejército patrullaba el barrio Bolívar 83 constantemente, lo que llevó a que Petro fuera capturado en 1985 y llevado a la Escuela de Caballería en el Cantón Norte. Allí, como se pudo saber después, sufrió tres semanas de diversos tipos de tortura física, para que diera alguna información del M-19. Luego de estas tres semanas, los militares pidieron un médico de la Procuraduría para valorarlo, quien sostuvo que el preso había tenido un buen trato. Más tarde, en 1986, un tribunal militar sentenció a Petro a dos años de cárcel, que pagó en La Modelo, la cárcel de Ibagué, la de Zipaquirá y La Picota. Durante su paso por la cárcel sucedió la toma del Palacio de Justicia. Tras su salida de la cárcel fue acogido de nuevo por el M-19 y, en el Congreso de los Robles, fue ascendido a la dirección nacional, implicando para él una clandestinidad total, que vivió en Santander. En la zona no tuvo mayor trascendencia, ya que había una alta presencia de paramilitares, el ELN, las FARC y el EPL. Intentó fundar un frente militar en el sur del Cesar, sin mucho éxito. Fue capturado de nuevo en Barrancabermeja, con panfletos del M-19. En ese momento, se movilizaba con una identidad falsa, porque tenía una orden de captura en su contra por pertenecer a la dirigencia del M-19 y fue recluido en la cárcel del municipio: La Tigrera. En 1988 fue liberado, sin que las autoridades se percataran de que lo habían capturado a él. De ahí saltó a Ibagué, Tolima, donde empezó a impulsar una negociación de paz del M-19, para lo cual se reunió con políticos del departamento y la dirigencia de varios grupos armados. Luego de tomar impulso, el gobierno de Virgilio Barco buscó un acuerdo paz con Carlos Pizarro, el entonces comandante general del M-19. Pese a que Pizarro se mostró reticente al comienzo, finalmente se decantó por hacer un acuerdo de paz que Gustavo Petro comunicó a la opinión pública con el llamado “Comunicado de Ortega”. Así, el 9 de marzo de 1990 se firmó la paz y el M-19 dejó las armas. Virgilio Barco, mediante la Ley 77 de 1989, autorizó indultos a sus integrantes. Sin embargo, varios puntos acordados en el acuerdo de paz se cayeron en el Congreso, por lo que Pizarro renegoció algunos temas, entre los que quedó acordada una Asamblea Nacional Constituyente. Gustavo Petro, el exiliado Con la dejación de las armas, el M-19 comenzó una lucha política en la legalidad, constituyendo el movimiento Alianza Democrática M-19, con el que se lanzaron a la Alcaldía de Bogotá, aspiración en la que Pizarro sacó 70.000 votos, preparándose para lanzarse a la presidencia de la República, teniendo como candidato al mismo Pizarro. Carlos Pizarro fue asesinado en 1990 en medio de lo que fue una ola de atentados en contra de aspirantes a la presidencia. Mientras tanto, Petro, al ser uno de los pocos miembros con experiencia política, estaba siendo coordinador de la campaña. Tras la muerte de Pizarro, el movimiento decidió lanzar como candidato a Antonio Navarro, quien consiguió cerca de 700.000 votos. Pese a no conseguir la presidencia, con el llamado de una Asamblea Nacional Constituyente la Alianza Democrática M-19 logró 19 de 70 constituyentes. Además, se acordó hacer una alianza con el movimiento conservador de Álvaro Gómez Hurtado, Movimiento de Salvación Nacional, el cual les daba una mayoría en la asamblea. Pero, como sostiene Petro, lo que le tocó ceder a los constituyentes del M-19 con el Partido Liberal, marcó el fin del movimiento, que en las elecciones legislativas de 1991 solo logró 9 curules. En esas elecciones legislativas Gustavo Petro se lanzó como representante a la Cámara por Cundinamarca, resultando elegido. Durante su primer periodo como congresista, realizó debates como el de la privatización de Álcalis de Colombia, que se encargaba de la transformación química de la sal. En 1994, junto con José Cuesta, otro militante del M-19, decidieron impulsar la candidatura a la Alcaldía de Bogotá de Antanas Mockus. Con este antecedente intentaron configurar un nuevo movimiento popular y aspirar a las elecciones legislativas de 1994, pero se quemaron y el M-19 solo logró una curul. Esto se dio en medio del asesinato sistemático de integrantes de la Unión Patriótica, y Petro fue amenazado públicamente por un grupo llamado Colsingue. Ante este panorama, y ante la amenaza sobre su vida, César Gaviria decidió nombrarlo en un cargo diplomático en Bruselas, como refugiado. Durante su estancia en ese país, Petro entró a la Universidad Católica de Lovaina para estudiar un diplomado en Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional. Petro hizo parte del cuerpo diplomático del entonces embajador de Colombia en Bélgica, Carlos Arturo Marulanda, quien, después de su renuncia en 1996, en 2002 fue capturado y extraditado de España a Colombia por el delito de desplazamiento forzado. Aunque fue liberado el mismo año de su extradición, en 2014 la Unidad de Justicia y Paz pidió que fuera investigado de nuevo por estos hechos. Debido a la renuncia de Marulanda, en 1997 Petro también renunció a su cargo diplomático para regresar a Colombia. El Congresista Tras su regreso a Colombia lanzó su aspiración a la alcaldía de Bogotá en 1997 por la Alianza Democrática M-19, alcanzando apenas 7.000 votos. Tras esa derrota, aspiró al Senado, junto con Antonio Navarro como fórmula para la Cámara de Representantes en 1998, por el movimiento Vía Alternativa. Con esa fórmula lograron ser la lista más votada en Bogotá, alcanzando cerca de 150.000 votos. A partir de ese momento, Petro consolidó su reconocimiento político a nivel nacional. Su relevancia como parlamentario se ha dado por los distintos debates que ha hecho en contra de presuntos actos de corrupción y, fundamentalmente, por denunciar la parapolítica. Una de sus primeras denuncias fue el favorecimiento a amigos de Andrés Pastrana en el caso del manejo de la crisis y posterior intervención del Banco del Pacífico. Además, en Bogotá empezó a ganar mayor reconocimiento por debates que propuso como el de la discusión de la expansión urbanística del norte de la ciudad. En 2002 se bajó a la Cámara de Representantes en la circunscripción de Bogotá, también por el movimiento Vía Alternativa. En el 2006 regresó al Senado, esta vez por el Polo Democrático Alternativo, teniendo la tercera votación más alta en el país, con 143.443 votos. Fue nombrado en varias ocasiones como el mejor congresista, resaltando su labor legislativa y, sobre todo, los debates que propuso. Quizás, los más relevantes, y que lo catapultaron políticamente, fueron los que realizó sobre la parapolítica. En 2005 denunció que en Sucre la clase política estaba aliada con los paramilitares. Señaló a varios políticos de ese departamento como Salvador Arana, exgobernador de ese departamento y entonces embajador de Colombia en Chile, y quien efectivamente fue condenado por su responsabilidad en crímenes cometidos por paramilitares, y por el asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz. Pero fue en 2006, siendo de nuevo senador, que dio a conocer 2.000 nombres de dirigentes antioqueños vinculados con los grupos paramilitares, diez de ellos congresistas en ese momento y excongresistas. Además, develó que Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, fue uno de los gestores de “Los Doce Apóstoles”. Sumado a ello, fue uno de los primeros que denunció los falsos positivos realizados por el Ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe. Incluso, uno de sus últimos debates fue sobre las persecuciones a la oposición en el marco de las chuzadas adelantadas por el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Con su labor de control político ganó un gran reconocimiento público, con el que decidió su siguiente aspiración: la alcaldía de Bogotá. La aspiración fallida a la presidencia y su impulso a la Bogotá Humana El paso previo para convertirse en alcalde de Bogotá fue su candidatura a las elecciones presidenciales del 2010. Sentó las bases con Antanas Mockus, con quién se planteó la idea de salir del Polo y fundar un nuevo partido. Así, nació el Partido Verde, que fundaron junto con Lucho Garzón. Pero con la inclusión de Enrique Peñalosa al partido, Petro decidió volver al Polo y ser su candidato presidencial, elegido en una consulta interna en la que se enfrentó a Carlos Gaviria. En esas elecciones sacó 1.329.515 votos. Durante aquéllas elecciones Petro sintió que no tuvo el apoyo total de su partido y, además, tomó la decisión de denunciar a los hermanos Moreno Rojas por el “Carrusel de la Contratación” en Bogotá. De esta manera salió del Polo y fundó el movimiento Progresistas. Con este movimiento, impulsando la idea de la “Bogotá Humana”, quedó elegido con el 30% de los votos, cerca de 732.000, en unas elecciones que tuvieron una abstención de alrededor del 60%. Además, su movimiento consiguió 8 de las 45 curules en el Concejo de Bogotá. Este fue el primer reto de gobernabilidad que enfrentó Petro en su trayectoria. Pese al éxito del movimiento Progresistas, la bancada mayoritaria en el Concejo de Bogotá fue de oposición. Esa relación con el Concejo llevó a que la alcaldía de Gustavo Petro tuviera una crisis de gobernabilidad. Nada más con la oposición que tenía, tuvo que aceptar cerca de 600 modificaciones a su Plan de Desarrollo para que fuera aprobado por el Concejo. La mala relación con los concejales de Bogotá llevó al hundimiento de diferentes propuestas, como la modificación al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la modernización tributaria, la creación de la empresa Metro, vigencias futuras para colegios en concesión, la eliminación de corridas en la Plaza de Santamaría, entre otras. Su crisis más grande se dio con el esquema de Basura Cero de recolección de residuos que intentó poner en marcha. Con este, les quitó a los operadores privados la recolección de basuras, lo que llevó a que durante tres días en Bogotá no hubiera recolección, y por lo tanto, a un crisis ambiental. Eso tuvo como consecuencia que la Procuraduría lo destituyera e inhabilitara por 15 años. Ante ese escenario, Petro acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le concedió medidas cautelares para dejar sin efectos la decisión de la Procuraduría por la violación de los derechos políticos del exalcalde de Bogotá. A partir de lo anterior, el Tribunal Superior de Bogotá aceptó una tutela que pedía aplicar las medidas cautelares de la CIDH, llevando a que el entonces presidente, Juan Manuel Santos, tuviera que restituir en la alcaldía a Gustavo Petro. Además, las investigaciones por estos hechos que adelantaron la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía fueron archivadas. Esa crisis de gobernabilidad llevó a que, en 2015, terminando su mandato, Petro tuviera apenas una favorabilidad del 18%. En temas de gestión enfrentó varios desafíos. De acuerdo con una investigación del Nuevo Siglo, Petro habría cumplido con el 57,1% de su plan de desarrollo. Se destacó en un buen desempeño de los indicadores económicos, educativos, medio ambiente y cultura; mientras que en la seguridad y la movilidad no se destacaron tanto. Una vez terminado su mandato en la Alcaldía de Bogotá, tomó la decisión de aspirar a la presidencia de Colombia. Mientras llegaban las elecciones, tras su apoyo a la candidatura de Juan Manuel Santos en 2014, impulsó el plebiscito por el Acuerdo de Paz. Con esa bandera, empezó a impulsar su candidatura para el 2018. En un comienzo, defendiendo la idea de la paz, quiso apoyar la candidatura de Humberto de la Calle, pero no quería tener relación con el Partido Liberal. Con la intención de buscar acuerdos, habló con otros políticos como Claudia López, Angélica Lozano y Antonio Navarro. Se exploró la posibilidad de hacer una consulta y lanzar listas conjuntas al Senado. La consulta se había planteado entre Sergio Fajardo, Claudia López y Petro, pero, con la adhesión de Claudia a la candidatura de Fajardo, este último decidió no hacer una consulta con Petro, y este decidió hacer una con el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo. La consulta entre Caicedo y Petro recibió el nombre de Inclusión Social por la Paz y recibió cerca de 3 millones 500 mil votos, repartidos en 2.845.108 para Petro, por el movimiento Colombia Humana, y 514.382 para Caicedo, por Fuerza Ciudadana. Con estos resultados, Petro se consideró a sí mismo como una opción real para la presidencia, ya que hasta entonces estaba considerando apoyar la candidatura de Humberto de la Calle. Así, llegó la primera vuelta presidencial en la que tenía como fórmula presidencial a Ángela María Robledo. A partir de una estrategia de campaña de llenar plazas, consiguió la segunda votación más alta de la izquierda en primera vuelta presidencial: 4.851.254 votos, pasando a segunda vuelta con el candidato del Centro Democrático, Iván Duque. Sin lograr el apoyo del otro candidato alternativo de esas elecciones, Sergio Fajardo, que también había conseguido más de 4 millones de votos, se enfrentó a una segunda vuelta en la que sus opositores utilizaron un discurso que caló mucho en la ciudadanía: la amenaza de que Colombia se iba a volver Venezuela, en un momento en el que el país vecino vivía sus momentos más críticos. La crisis de Venezuela fue utilizada para infundir miedo y conseguir apoyo electoral, una estrategia a la que Gustavo Petro respondió desligándose de cualquier cercanía con Venezuela y refutando la idea. Sin embargo, no lo logró con suficiente éxito, por lo que en la segunda vuelta presidencial perdió con 8.034.189 de votos (41,81%) frente a 10.373.080 de votos (53,98%) de Iván Duque. Una vez más, la votación más alta de un candidato de izquierda en Colombia. Al lograr el segundo puesto en las votaciones presidenciales, de acuerdo con el Artículo 24 del Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018), le correspondió una curul en el Senado. Si bien no quedó elegido presidente, fue una gran victoria de cara al 2022. Además de los 8 millones de votos que consiguió en segunda vuelta, ocupó 4 curules en Senado y 2 en Cámara con la lista de la Decencia, que él impulsaba. Con su idea de ocupar el cargo ejecutivo más importante de Colombia, para las elecciones presidenciales del 2022 volvió a inscribirse como candidato. Formó una coalición de partidos y movimientos de izquierda y centro izquierda, que recibió el nombre de Pacto Histórico, en la que están partidos como la Unión Patriótica, el Polo y Colombia Humana. Tras una estrategia más sólida de cara a las elecciones legislativas y presidenciales, Petro logró construir una sola marca para sus listas de Congreso, la consulta presidencial y la primera vuelta. El primer golpe de éxito lo tuvo en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, en las que el Pacto Histórico consiguió ser la lista más votada para Senado, ocupando 19 curules, y la segunda en Cámara, con 25 curules. Esto representó un saltó grande e inesperado respecto al 2018. Además, hizo una consulta interpartidista que sacó 5.573.844 de votos válidos, de los cuales obtuvo 4.487.551, posicionándose como candidato único de la coalición. De esta manera, tras una larga lucha por lograr un fin político, que implica las transformaciones estructurales que desde su época en el M-19 ha buscado, Gustavo Petro ocupará la Presidencia de la República como el primer presidente de la izquierda en Colombia, en uno de los escenarios más complejos de la política nacional, regional e internacional de los que se haya tenido noticia recientemente. Petro vs. Petro Algo que ha caracterizado la trayectoria política de Gustavo Petro es su personalidad cerrada y egocéntrica, que ha llevado a varios distanciamientos y renuncias de aliados políticos suyos en diversos momentos. Como sostuvo el economista y filósofo colombiano Salomón Kalmanovitz Krauter, Petro es alguien egocéntrico, autoritario y voluntarioso. Su ego ha estado excusado, hasta el momento, en perseguir su fin, englobado en la idea de la justicia social en Colombia. Esa lucha perpetua que ha tenido Petro desde su adolescencia hasta la contienda presidencial de la que salió ganador es la que considera tiene que llevar a cabo. Eso causó a que, en varios momentos se enfrentara a partidos políticos en los que militó o incluso a aliados políticos. Durante su militancia en el M-19, Petro mostró que no cedería a sus principios en ninguna circunstancia. Él era del ala política de la guerrilla y creía que la vida política era el rumbo que se debía tomar, mientras que otros dirigentes le apostaron a la insurrección. Eso llevó a que Petro no fuera cercano con la dirigencia del M-19 e, incluso, no fuera de los afectos de Carlos Pizarro. Cuando ingresó a la vida política de la mano de la Alianza Democrática M-19 tampoco estuvo de acuerdo con la forma en la que se pretendían lograr los objetivos políticos, lo que llevó a que fundara su propio movimiento, Vía Alternativa. Con este movimiento conformó después el Polo Democrático Alternativo, en el que empezó a notarse aún más el poder de su ego. Desde la perspectiva de Carlos Gaviria, el máximo referente de la izquierda colombiana en la década de los 2000, el ego de Gustavo Petro era algo que impedía la unión. Según Gaviria, Petro pretendía que sus interesen primaran sobre los del partido. Eso llevó a una profunda división dentro del Polo, que se hizo evidente en la lucha interna por escoger un candidato presidencial para las elecciones del 2010. Después de no ser escogido presidente de la colectividad en el 2010 y de denunciar el “Carrusel de la Contratación”, Petro renunció al Polo. Tras salir del Polo, se enemistó con otros dirigentes del partido como Jorge Enrique Robledo, quien incluso sostuvo que la renuncia se debía solo a que no había sido elegido presidente del partido. Con los disidentes del Polo, fundó el movimiento Progresistas, del que hicieron parte personalidades políticas como Carlos Vicente de Roux, Antonio Navarro Wolf y Angélica Lozano, quienes se apartaron de Gustavo Petro luego de su mandato como alcalde de Bogotá. De hecho, siendo alcalde, para el 2013, habían renunciado a su alcaldía 15 altos funcionarios del distrito, en su gran mayoría por su mala relación con él. A esto se suma, como ya se mencionó, la mala relación que mantuvo con el Concejo Distrital, con el que no consiguió llegar a acuerdos y sostuvo una notable antipatía. Ese talante egocéntrico, e incluso autoritario, le siguió alejando de aliados políticos después de su alcaldía. Por poner otros ejemplos, Carlos Caicedo, con quien hizo la consulta interpartidista en 2018 para la presidencia, lo catalogó como alguien soberbio y de un gran ego. De igual forma, Ángela María Robledo, fórmula vicepresidencial de Petro en el 2018, renunció a la Colombia Humana en su momento, resaltando la falta de autocrítica de Petro. Pese a que a lo largo de su trayectoria ha tenido el apoyo de personalidades políticas importantes como aliados, Petro se ha empeñado en continuar su forma de hacer las cosas, así eso le implicara perderlos. Parecería que Petro hubiera tenido una forma schmittiana de ver la política, en considerar al otro como enemigo, creando un “nosotros” y un “ellos”, visión según la cual, si no están totalmente con él, están contra él. Sin embargo, luego de su derrota presidencial en 2018, de cara al 2022, parece que entendió que, para lograr un triunfo, debía transformar sus nociones sobre enemistad. Casi como si se tratara del agonismo político de Chantal Mouffe, Petro cambió la noción de enemigo en adversario, no viendo al “oponente un enemigo a batir, sino un adversario de legítima existencia y al que se debe tolerar”. A diferencia de su trayectoria política, de su mandato como alcalde de Bogotá y de su campaña presidencial de 2018, en los que siempre riñó con sus opositores, para la campaña de 2022, bajo su idea del Pacto Histórico, aceptó a políticos de diversos sectores, siendo incluso varios de ellos cuestionados. Para ello, fue clave la llegada de Roy Barreras, un político profesional que ha pasado por diferentes partidos, a su coalición del Pacto Histórico, y quien hoy es el presidente del Congreso. Quizás, cediendo en la idea de que la justicia social que él se imagina debe construirse sin aquellos que han estado en el poder, durante la campaña presidencial aceptó y buscó el apoyo de políticos y partidos tradicionales. Esto llevó a que, como señaló la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), aceptara el apoyo de seis clanes políticos con amplios cuestionamientos y que se han mantenido en el poder en sus regiones como: el clan Julián Bedoya, clan Amín-López-Calle, clan Jaramillismo, clan Villamizar- García, o el apoyo del Musismo y la Noñomanía en Córdoba. De igual forma abrió las puertas para que hicieran parte de su campaña políticos que han apoyado al uribismo y al santismo, como Armando Benedetti y Roy Barreras, a la vez que intentó que César Gaviria y el Partido Liberal lo apoyaran durante la campaña. Estos apoyos indican que Petro entendió que tenía que ceder frente a ciertas posturas para poder llegar a gobernar. Esa misma idea se está aplicando en su gobierno, pues los partidos Liberal y de La U se declararon de gobierno y el Conservador ya declaró que no sería oposición, lo que aumenta la bancada de Petro. En este momento cuenta con 64 senadores y habría que esperar en Cámara de Representantes por las varias listas que se presentaron en coalición en los diferentes departamentos del país. Gustavo Petro llega a la presidencia de Colombia de la mano de Francia Márquez, una importante líder ambiental del Cauca que recoge buena parte de las causas sobre la tierra, la subrepresentación de las mujeres y especialmente de los afros en el país, convirtiendo su victoria en un hito histórico para el país, pues es la primera vez que la izquierda democrática consigue llegar al poder. Petro es sin duda uno de los políticos más destacados de la historia reciente y tendrá que demostrar que, en efecto, puede gobernar mejor Colombia de lo que lo han hecho gobiernos anteriores, todos de derecha o centro derecha. ¿Quién es Francia Márquez? Francia Márquez Mina es la nueva vicepresidenta de Colombia. Nació en la vereda Yolombó, de Suárez, Cauca, en 1981, es abogada de la Universidad Santiago de Cali y se ha destacado por su liderazgo social y ambiental. Con su llegada a la Casa de Nariño se convertirá en la segunda mujer en ser vicepresidenta de Colombia, después de Marta Lucía Ramírez. Su madre es partera, agricultora y su padre agrominero y obrero. A los 16 años quedó embarazada del primero de sus hijos, que ha criado como madre soltera. Hace parte de la Organización Proceso de Comunidades Negras y de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, desde donde ha impulsado acciones en defensa de los derechos humanos y en contra de la minería ilegal. En la década de los 90 participó en el proceso de evaluación de los impactos que produciría el proyecto de desviación del Río Ovejas a la Represa Salvajina, y en 2009 hizo parte de las protestas que se opusieron al desalojo de comunidades del Consejo Comunitario de la Toma por títulos de minería otorgados a empresas como AngloGold Ashanti. En 2014, junto a la Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Yolombó, de la cual fue presidenta, realizó la llamada “marcha de los turbantes”, en la que marchó desde el Cauca a Bogotá, exigiendo el retiro de los títulos mineros otorgados sin el consentimiento de las comunidades afro en su territorio. Esto llevó a que le fuera otorgado el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos. A partir de entonces fue afianzando su liderazgo social y ambiental, que llevó a que fuera merecedora del Premio Goldman Environmental Prize, conocido como el nobel del medio ambiente. Sumado a ello, en 2019 ingresó al Top 100 de las mujeres más influyentes del mundo realizado por la BBC. En 2018 Francia Márquez tuvo su primera aspiración a un cargo de elección popular, cuando se lanzó a la Cámara de Representantes dentro de circunscripción de afrodescendientes y alcanzó 7.897 votos. Desde muy temprano anunció su precandidatura a la presidencia de Colombia para 2022 por el movimiento Soy Porque Somos. Entró a la consulta interpartidista de la coalición Pacto Histórico, con el aval del Polo Democrático Alternativo y el apoyo intrínseco del senador Alexander López, y obtuvo la segunda votación más alta, detrás de Gustavo Petro, y la tercera de entre todas las consultas realizadas, 785.215 votos. Esto hizo que Petro tuviera que nombrarla su fórmula vicepresidencial, lo que de entrada causó mucha expectativa y que se aumentaran las bases sociales que apoyaban al Pacto Histórico. Durante la campaña, Márquez hizo famosa la frase “vivir sabroso” para referirse a lo que esperaba que pasara si ganaban la presidencia. Con esto se refería a “vivir sin miedo, en dignidad y con garantía de derechos”. En una entrevista hecha por la periodista Claudia Palacios, quien le preguntó si iba a vivir en la casa dispuesta para la vicepresidencia y si eso hacía parte de “vivir sabroso”, Francia le respondió que nada tenía que ver con ello, que para ella vivir sabroso tendría que volver a Suárez, Cauca, y poder vivir con su familia, cosa que muchos líderes sociales como ella no pueden hacer por las amenazas que se ciernen sobre sus vidas. Desde el 19 de junio de 2022, Francia Márquez es la vicepresidenta electa de Colombia que se posiciona hoy, 7 de agosto, siendo un bastión de apoyo e impulso a la candidatura de Gustavo Petro por su capacidad de aglutinar el respaldo electoral de las comunidades afrodescendientes, especialmente de departamentos como el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, que acabaron siendo parte de los lugares en los que el Pacto Histórico arrasó. Además de su cargo como vicepresidenta, será la próxima ministra de la igualdad, en el nuevo ministerio que este gobierno pretende crear para luchar, entre otras, contra el hambre y la desigualdad de Colombia. Francia Márquez llega al poder elevando las banderas de las causas ambientales, feministas y de los afros, que han sido muy poco oídas en la agenda pública colombiana.

Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador nacional Línea Democracia y Gobernabilidad Tras un proceso lleno de vicios y con varios tropiezos, la Comisión Accidental Conjunta de Senado y Cámara de Representantes eligió, por tercera vez, una lista de 10 aspirantes para definir quién ocupará el cargo de contralor general. Pese a que el pasado mes de julio un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó que se debía rehacer la lista de los 10 finalistas, por no cumplir los principios de mérito y equidad de género, y que esta lista se volvió a diseñar, nuevamente, por la Comisión Accidental encargada de este tema del Congreso 2018-2022; el presidente del Senado, Roy Barreras, emitió una resolución para rehacer, otra vez, la lista de los 10 aspirantes. De acuerdo con Barreras, el proceso contaba con irregularidades y para la conformación de la lista no se tomaron los principios establecidos en la Resolución 001 de 2022 de transparencia, mérito y género para la conformación de la lista de finalistas. Por esa decisión el Pacto Histórico recibió críticas de diversos sectores, al considerar que la reconfiguración de la lista es irregular y tendría el propósito de garantizar un contralor afín al gobierno de Gustavo Petro. Incluso desde el interior del Pacto Histórico hubo críticas a la conformación de una nueva Comisión Accidental. La irregularidad respecto a la recomposición de la lista de 10 aspirantes a contralor general tiene que ver con que la Ley 1904 de 2018, que establece las reglas de elección del contralor general, dicta que esta debe ser conformada por una Comisión Accidental del Congreso del periodo anterior al que debe hacer la elección. En este caso, por una Comisión Accidental del Congreso que terminó sus funciones el pasado 20 de julio. Pese a ello, con la Resolución 001 del 01-08-2022, se reintegró una Comisión Accidental para reconformar la lista de 10 aspirantes a contralor general. Ante el llamado a algunos senadores y representantes a la Cámara para conformar esta Comisión, varios renunciaron a ello por el temor a incurrir en un prevaricato, es decir, actuar de forma arbitraria a pesar de ir contra la ley o ser injustos. Además de ello, directamente los partidos de Cambio Radical y Centro Democrático se negaron a participar del proceso de conformación de la Comisión Accidental. A pesar de esto, Roy Barreras y el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, hicieron la conformación de la Comisión Accidental que ayer, 4 de agosto, eligió la lista de 10 finalistas para el cargo de contralor general. Sin embargo, por las posiciones de algunos congresistas y de los partidos políticos mencionados en el anterior párrafo, esta elección se hizo con la participación de 25 congresistas de 36 que lo debían hacer. Sumado a ello, de los 20 preseleccionados, entre 4 renuncias y algunos que no se presentaron, la selección se hizo sobre 13 posibles opcionados. Miembros del Senado en la Comisión Accidental Por el Pacto Histórico estaban Alexander López, Gloria Inés Flórez, Isabel Cristina Zuleta y Clara López; por la Alianza Verde estaban Gustavo Adolfo Moreno e Inti Asprilla; por el Partido Conservador, Germán Blanco y Liliana Benavides; por el Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón y John Jairo Roldán; por el Partido de la U, Berner León Zambrano y Norma Hurtado Sánchez; por Comunes estaba Sandra Ramírez y por la ASI, Berenice Bedoya. De Cambio Radical estaban citados Jorge Enrique Benedetti y Carlos Abraham Jiménez, mientras que del Centro Democrático se citaron Honorio Henríquez y Enrique Cabrales Vaquero, los cuales no asistieron a la sesión y, por tanto, no emitieron su voto. Miembros de la Cámara de Representantes en la Comisión Accidental En cuanto a la Cámara, estuvieron presentes 14 representantes de los 18 que conformaban la Comisión. Los representantes Carlos Edward Osorio, del Centro Democrático; Bayardo Betancourt, de Cambio Radical; Jorge Cerchiaro, de Colombia Renaciente y Miguel Polo Polo, del Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo, no se presentaron a la elección de los finalistas. Cabe mencionar, que la representante Jennifer Pedraza hizo presencia, pero se abstuvo de participar del proceso. De esta forma, en total participaron solo 13 representantes, de 18 que estaban designados para hacerlo. Los 10 aspirantes a Contralor General Pese al cuestionado proceso de reconformación de la lista de 10 aspirantes, de acuerdo a la ponderación de experiencia laboral, publicaciones, prueba de conocimientos y entrevista, el listado de finalistas para ocupar el cargo de Contralor General quedó así: Carlos Hernán Rodríguez Becerra: 89.87 Andrés Castro Franco: 89.21 Víctor Andrés Salcedo Fuentes: 85.45 Carlos Fernando Pérez Gélvez: 84.26 Elsa Yazmín González Vega: 83.11 Luis Fernando Bueno: 81.91 Luis Carlos Pineda Téllez: 81.41 María Fernanda Rangel Esparza: 81.10 Diana Carolina Torres García: 72.56 Mónica Elsy Certain Palma: 72.24 Como ya había señalado la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), de la lista de final destacan algunos nombres por irregularidades que los acompañan. Uno de ellos es Andrés Castro, excontralor de Bogotá y cercano a Juan Carlos Granados, señalado de beneficiar a Odebrecht; y Carlos Fernando Pérez, excontralor de Santander, señalado de ser hombre de confianza y cercano a Hugo Aguilar, condenado por parapolítica, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y al clan Aguilar. Además, la Fiscalía notificó que tiene procesos inactivos por los delitos de concierto para delinquir, inasistencia alimentaria y amenazas. A estos nombres hay que sumar el de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, que sería el aspirante más cuestionado. Abogado de la Universidad Santiago de Cali, especializado en derecho administrativo y magíster en derecho constitucional, ha sido concejal de Palmira, diputado de la Asamblea Departamental del Valle (2001-2003), miembro del consejo directivo de la Caja de Compensación Familiar del Valle, secretario de planeación de la Gobernación del Valle, contralor departamental del Valle, defensor regional del Pueblo, director nacional de defensoría pública de la Defensoría del Pueblo. Su cargo más importante fue cuando fue nombrado como auditor general en 2017. Durante su trayectoria se destaca la cercanía política que ha tenido con Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle, destituido e inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por 10 años. En 2008, Carlos Hernán Rodríguez inscribió la candidatura de Abadía por el movimiento ‘Por un Valle seguro’, de la mano con Juan Carlos Martínez, condenado por parapolítica. Tras el apoyo de la candidatura de Abadía fue cuando llegó a ser contralor departamental del Valle (2008-2011), investigando a quien había apoyado. Esa cercanía cobra relevancia al tener Abadía procesos en la Contraloría General, como señaló Yohir Akerman. Tiene un proceso por peculado por apropiación que lo halló culpable e inhabilitó en 2016 para ejercer como abogado por 9 meses, aunque no se pudo consultar el motivo, al que habría que sumarle otro proceso penal con número 52835310400219950722601, por falsedad, hurto y abuso de confianza y que se resolvió en etapa de casación. Otro nombre que ha sido cuestionado es el de María Fernanda Rangel, quien es la más opcionada en este momento para llegar a ser contralora general, ya que cuenta con el apoyo de los partidos tradicionales: Partido Conservador, el Partido Liberal, Cambio Radical y el Partido de la U, además de 15 de los 16 representantes de la curules de paz. Sobre Rangel pesa un posible conflicto de intereses, toda vez que, como señala Luz Amanda Camacho, la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá (UAESP), Carlos Rangel Esparza, hermano de María Fernanda, es el accionista mayoritario del consorcio CGR-Bogotá, que desde 2010 ha prestado el servicio de operación en el relleno sanitario Doña Juana. Según Camacho, en la Contraloría Distrital está vigente una auditoría por una denuncia penal interpuesta por la UAESP en contra de CGR-Bogotá, por peculado por apropiación, fraude a resolución y fraude procesal. Dicha auditoría fue confirmada por la Contraloría General el pasado mes de julio, señalando que, por ahora, es competencia de la Contraloría Distrital, por la concesión 344 de 2010. Sin embargo, es un caso que podría escalar, de acuerdo a los hallazgos, a la Contraloría General. Sumado a ello, el senador Ariel Ávila la señaló por su inacción como directora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría General, cuya función es “identificar el ciclo integral, desde la fuente hasta la ejecución, de los bienes, fondos o recursos públicos, del orden nacional y territorial”, en el escándalo de los Ocad-Paz. De acuerdo con el senador, no hubo acciones desde la DIARI sobre los recursos de las regalías. Respecto a esto, Rangel ha sostenido que se han emitido desde la dirección 300 alertas en proyectos que se encuentran en ejecución del Ocad-Paz. Por otra parte destacan nombre que son cercanos a personajes cuestionados, como Elsa Yazmín González, quien desempeñó diferentes cargos administrativos en la Alcaldía de Itagüí, la Personería del mismo municipio y en la Auditoría General. Además, hizo parte de la Unidad de Trabajo Administrativo (UTL) del exalcalde de Itagüí, Andrés Trujillo, cuestionado por Pares por las múltiples irregularidades que acompañaron su administración. Esa cercanía con Trujillo es la que habría llevado a González a ser la contralora departamental de Medellín en 2020, fortín clave para el actual jefe del Partido Conservador. A la lista de cuestionados también se añade Luis Carlos Pineda, señalado de ser uno de los candidatos del actual contralor, Felipe Córdoba. Tiene dos procesos por prevaricato por acción, de acuerdo con la Fiscalía, aunque él señaló que no ha sido notificado de ningún proceso. Con este contexto de candidatos cuestionados, el próximo 19 de agosto en plenaria del Congreso, a saber, con la presencia de Senado y Cámara, se debe elegir al próximo contralor general. La elección se debe hacer por mayoría absoluta, es decir, por la votación de la mitad de los miembros del Congreso más uno. Esto implica que, al menos, el próximo contralor debe asegurarse 148 votos.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Durante los cuatro años del gobierno de Iván Duque, los ministerios jugaron un rol fundamental para hacer frente a los complejos y crecientes problemas de la sociedad colombiana, desarrollando políticas de alto impacto en diferentes temas de interés nacional y atendiendo una de las crisis más duras de los últimos años: la pandemia del Covid-19. En este informe realizamos un balance de la gestión ministerial del gobierno Duque, enfocándonos en los 8 ministerios más importantes (Hacienda, Defensa, Salud, Educación, Transporte, Agricultura, Justicia y Relaciones Internacionales/Cancillería) del presidente saliente y analizando a sus ministros, los hitos más importantes y los grandes cuestionamientos. En general, de los 8 ministerios priorizados para el balance, 6 tuvieron un recambio de, al menos, un ministro dentro del periodo de gobierno. A excepción de Transporte y Educación, el resto de los ministerios tuvieron relevos. Los casos más llamativos fueron los de Hacienda, por la salida de Carrasquilla, luego de ser uno de los artífices del estallido social; Relaciones Exteriores, que tuvo 3 ministros y fue la cartera que pasó más desapercibida por el balance negativo de la política exterior; Defensa, siendo el ministerio con el mayor llamado de debates a moción de censura por los numerosos escándalos que relacionaron a la Fuerza Pública; y Justicia, de donde se dieron los escándalos relacionados con las masacres en las cárceles y la puerta giratoria de Margarita Cabello a la Procuraduría General de la Nación. En materia de políticas públicas, debido a la pandemia del Covid-19 se truncaron varios procesos estratégicos dentro de los ministerios; pero, además de esto, los ministros no lograron llevar a cabo programas y reformas profundas. En cambio, en algunos casos, tuvieron que defenderse de diversos escándalos de presuntos hechos de corrupción y otros sobre el balance negativo en su gestión. Lea el informe completo aquí:

Por: Luis Eduardo Celis Poco a poco venimos conociendo los informes temáticos y regionales de la Comisión de la Verdad. Es una amplia documentación y análisis de múltiples factores de estas largas violencia aún por superar. El informe de la Comisión de la Verdad deberá ser apropiado por la sociedad colombiana, será una larga tarea que debemos iniciar ya y en la que afortunadamente contamos con el firme compromiso del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez para que así sea. Lo dijo el presidente Petro al recibir el informe: “me comprometo a que cada familia colombiana lo conozca”. El ministro de educación Alejandro Gaviria ha convocado a todas las instituciones escolares del país a que hagan el próximo viernes 12 de agosto una jornada pedagógica simultánea de diálogo sobre el informe de la Comisión de la Verdad. Será un gran inicio cuando ese viernes medio millón de maestras y maestros animen diálogos con cuatro millones de jóvenes de los grados sexto a once en los treinta y dos departamentos del país, en las ochenta mil instituciones estatales y en las veinticuatro mil de carácter privado. Sin duda un gran inicio. Solo una juventud que se apropie de su pasado y presente podrá aportar con todas las generaciones a construir una Colombia en paz y reconciliada. Esa tarea hay que seguir haciéndola y vamos a persistir en que la verdad de tantas barbaries y tantos conflictos mal tramitados nos dejan este horror de violencia, que como nos lo dijo el padre Francisco De Roux en la presentación del Informe, tiene una dimensión enorme: “si hiciéramos un minuto de silencio por cada persona que perdió la vida en esta violencia, deberíamos permanecer en silencio 17 años”, pues los próximos 17 años y los 17 que le siguen, y los otros 17 que se cumplen en 2073, seguiremos hablando y conociendo y apropiándonos de la verdad que nos ha aportado el juicioso trabajo de la Comisión. Esta verdad puede ser incompleta y controvertible en muchos sentidos, pero es un referente para el diálogo y la construcción de un firme compromiso de que esas barbaries —aún presentes cada día en la sociedad colombiana— deben ser superadas de manera definitiva y para eso se requieren profundas transformaciones en muchos órdenes de nuestra vida, empezando por el Estado y muchas de sus instituciones, y siguiendo por lograr una apropiación firme y con rigor de la lista de recomendaciones y tareas a llevar adelante para lograr una sociedad reconciliada y en paz. La ministra de la cultura, Patricia Ariza, y la futura ministra o ministra de comunicaciones, deben trabajar para que el Informe de la Comisión de la Verdad sea apropiado por la televisión pública y los canales privados, requerimos documentales, dramatizados, programas periodísticos, aplicaciones sencillas y ágiles que divulguen el Informe. Solo así lograremos hacer realidad el compromiso del presidente Petro de llevar el Informe de la Comisión de la Verdad a cada familia colombiana. Mi reconocimiento a María Camila Díaz, quien viene leyendo en voz alta el informe de la Comisión de la Verdad, gran trabajo y gran ejemplo. Escuchen aquí la lectura realizada por Alfredo Molano Jimeno. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Esta semana Pares Cuestiona a Iván Duque Márquez, presidente saliente de la República, quien este domingo 7 de agosto entrega el mandato a Gustavo Petro. Durante sus cuatro años de gobierno, la impopularidad de Duque se ha disparado y hoy se ubica en el 68%. Apenas cuenta con una aprobación del 27% y aunque según él deja un país hecho una maravilla internacional, la realidad actual de Colombia parece contradecirlo. 140 mil muertes por Covid-19; el Paro Nacional de 2021 que dejó 5808 casos de violencia policial, 80 casos de violencia homicida, 47 casos de violencia sexual y 1991 casos de violencia física por parte de miembros de la Fuerza Pública; Grupos Armados Organizados (GAO) fortalecidos en todo el territorio nacional; 11,3% de desempleo, 9,67% de inflación; cuestionamientos por recibir dineros no reportados en su campaña, entre otros, contradicen su visión tan positiva de su gestión. Lea el perfil completo de Iván Duque, presidente saliente, aquí: