Dennis Arley Huffington y Ghina Castrillón Torres, Investigadores Territoriales Oficina Pares Pacífico El ambiente político-electoral está agitado en Buenaventura, a poco más de un año para las elecciones locales se está promoviendo la revocatoria del mandato del alcalde Víctor Vidal. Desde el equipo promotor manifiestan que “hay una crisis de gobernabilidad”, que se traduce en una ciudadanía agobiada por la crisis económica resultado de la pandemia, el aumento del costo de vida y el incremento considerable de la violencia. Ante las fallas en la gobernabilidad, según el grupo promotor, no se ven acciones de respuesta y, en definitiva, no se está cumpliendo con el Plan Distrital de Desarrollo (PDD), como lo evidenció la Medición Eficacia en la que la administración tiene una calificación crítica en el avance del PDD. Para hacer frente a la situación de disputa por la gobernabilidad, últimamente se ha visto a una administración distrital más activa en los eventos, entrega de obras y anuncios de proyectos. Promoción de la revocatoria El pasado mes de mayo se inscribió el comité promotor de la revocatoria, el cual espera recoger mínimo 10 mil firmas. Frente a ello, el alcalde manifestó ante la audiencia pública del Consejo Nacional Electoral (CNE) que reconoce el derecho constitucional de quienes promueven la revocatoria, no obstante, resaltó los avances que ha logrado en la ejecución del plan de desarrollo, reconociendo las dificultades debido a la pandemia que ha dejado su gestión, con una calificación crítica según el Departamento Nacional de Planeación (DNP). ¿Cómo está el desempeño territorial? El DNP acaba de publicar los resultados de desempeño para la vigencia del año 2021, en donde se miden, comparan y ordenan los municipios y distritos según su desempeño en términos de gestión y resultados de desarrollo en calidad del gasto e inversiones. A partir de la medición se ubican los resultados en rangos de Satisfactorio, Sobresaliente, Medio, Bajo y Crítico, siendo esta última la calificación que ha obtenido Buenaventura, con un 21% de indicadores ejecutados durante 2021. Estos resultados se suman al momento político en el que sectores críticos a la gestión del alcalde manifiestan que no hay capacidad para responder a las demandas sociales que se presentan, ni para ofrecer soluciones de forma eficaz por parte de la administración distrital. Que no se haya podido estabilizar el ambiente social y político sirve de argumento a diversos sectores para promover la revocatoria del alcalde. Opiniones encontradas frente la revocatoria Quienes han decidido apoyar la revocatoria del mandato, se fundamentan en la falta de garantías de seguridad frente al crimen organizado y la delincuencia común, incumplimientos con el Plan de Alimentación Escolar (PAE) y acuerdos con la comunidad estudiantil, deficiencias en la prestación de servicios públicos como el acueducto y alcantarillado, que actualmente se encuentran en adaptación por la remunicipalización de la gestión del servicio. Sin embargo, hay quienes manifiestan que la medida es un despropósito, un desgaste innecesario que se promueve por un interés político, pues algunos de los promotores de la revocatoria pertenecen a un sector que hace dos años lideró la campaña de uno de los candidatos que fue derrotado por el actual alcalde. Lo cierto es que, en medio de las deficiencias administrativas, las dificultades para gestionar y lo que algunos califican de “soberbia” para generar consensos, la Alcaldía de Buenaventura debe enfrentar tres problemas que no le permiten avanzar de manera eficaz en la implementación de su plan de desarrollo y darle solución a las principales problemáticas que tienen inconformes a los y las bonaverenses: No hay perfiles suficientes para asumir los cargos de dirección. El mismo alcalde, que a finales del mes de junio solicitó renuncias protocolarias en su gabinete, ha afirmado que se le dificulta designar dichos cargos porque los expertos requeridos han rechazado hacer parte de la administración o han renunciado. Por lo tanto, le ha tocado ocupar dichos cargos con el capital humano con el que cuenta y que ya es cercano al proceso de la administración. La crisis fiscal. El distrito tiene parte de sus recursos congelados y embargados, lo que le ha imposibilitado avanzar en puntos clave de su PDD y ha sido el justificante de aplicar la Ley 550 o “Ley de quiebras”. Hay que tener presente que los embargos y muchas de las dificultades económicas de la Alcaldía son producto de demandas por acciones u omisiones durante las administraciones anteriores que fueron bastante cuestionadas por los recurrentes casos de corrupción. La que más preocupación genera, la violencia. Previo a que se cumpliera un año de gobierno de la actual alcaldía, a finales de 2020, se desató una guerra entre grupos del narcotráfico en Buenaventura que no ha dado tregua. A pesar del despliegue de la institucionalidad a petición del alcalde, no se ha logrado contener y se tiene la esperanza de que el nuevo gobierno en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez pueda aportar a buscar salidas. Desde PARES-Pacífico hemos expresado que, a pesar de las capturas y operativos por parte de la Fuerza Pública, existe una limitante de las autoridades para contener el crimen organizado de la ciudad y es la ausencia de una política de seguridad que vaya acorde con la realidad del país. Dicha política se tiene que generar desde el Gobierno Nacional, que, por el contrario, decidió hacer trizas la paz. No se puede desconocer que existe una inconformidad de la ciudadanía, que se vio reflejada en la última medición del programa Buenaventura Cómo Vamos, en el que 7 de cada 10 personas encuestadas calificaron como “muy mala” la gestión del alcalde durante 2021, lo que demuestra un escenario bastante complejo para la recuperación de la confianza por parte de la Alcaldía. Sin embargo, hay que cuestionarse seriamente si llevar al limbo institucional a la presente administración sea la solución. Lo que hay que reconocer es que hay motivos suficientes para que ciertos sectores sociales y grupos de ciudadanos y ciudadanas busquen estrategias que consideren necesarias, como lo es la revocatoria del mandato. De cumplir con los trámites y exigencias de ley para estos procesos, se tendría que terminar el periodo de mandato con un alcalde de su mismo partido, pero designado por el presidente, pues no está claro si se dan los tiempos para realizar nuevas elecciones. Recomendaciones La situación política actual representa un gran reto, dado que es el primer gobierno local que resulta desde la movilización social y las expectativas eran bastante altas, principalmente en lo que tiene que ver con la gestión de los acuerdos del Paro Cívico, a esto se le suma que, en el contexto nacional, ganó la presidencia Gustavo Petro, también primer gobierno progresista en Colombia. La Alcaldía de Buenaventura deberá establecer un canal de comunicación fuerte con el Gobierno Nacional entrante que permita fortalecer las apuestas por la reducción de las violencias en el pacífico colombiano, así como permitirse ejercicios de interacción constante con las administraciones de la región, dado que muchas de las problemáticas de la violencia están ligadas a una dinámica regional. Es de gran importancia que la administración distrital le apueste a fortalecer los ejercicios de gobierno abierto que permitan un diálogo más directo con la ciudadanía y así disponer escenarios constantes de rendición de cuentas, en aras de fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción. El alcalde proviene del mismo sector político que la vicepresidenta electa, Francia Márquez, es momento de generar un diálogo amplio entre el gobierno local, el Gobierno Nacional entrante y sectores sociales y políticos de la ciudad con el fin de construir una ruta de soluciones urgentes a las problemáticas manifestadas. La salida militar a los embates de la guerra parece no dar resultados, hay apuestas ciudadanas para generar acuerdos humanitarios en los territorios y, sobre todo, una intención manifiesta por parte de los grupos armados ilegales en negociar el sometimiento a la justicia. Se abre una puerta que requiere de todo el apoyo y garantías desde el Gobierno Nacional para quienes promueven estas iniciativas de paz en Buenaventura.

Por: Esteban Salazar Giraldo, Coordinador Línea de Democracia y Gobernabilidad @estebanalitic La llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez al Gobierno Nacional, junto con la coalición del Pacto Histórico, se ha convertido en un hito para la izquierda y los movimientos sociales en Colombia. Es la primera vez que las demandas sociales, postergadas por años y por gobiernos de partidos tradicionales, han encontrado una ventana de oportunidad para ser efectivamente solventadas. Sin embargo, son tantas décadas de abandono estatal y de sordera gubernamental, que los pliegos son tan amplios como profundos. De entrada, no todo se podrá solucionar en el cuatrienio y se requiere una paciencia artesanal con un detalle de orfebrería para priorizar los cambios más urgentes. Las hojas de ruta del próximo gobierno y del Congreso tendrán que estar sincronizadas para lograr grandes reformas durante el primer año y, particularmente, Petro y Márquez tendrán tres momentos clave a los cuales apuntarle: los primeros 100 días de gobierno, la primera legislatura, y el primer año de gobierno. Los primeros 100 días de gobierno Una vez conformado el gabinete, Petro y Márquez deberán destrabar diversos procesos burocráticos para agilizar la implementación de su propuesta de gobierno. Serán clave aspectos como la reactivación económica en ministerios como Hacienda e Industria y Comercio. Así mismo, la nueva ministra Cecilia López tendrá un gran reto para iniciar el proceso de transformación rural del país y deberá buscar victorias tempranas en el impulso de la agroindustria y la oferta agrícola de Colombia, que tiene serias afectaciones por los Tratados de Libre Comercio, la concentración de la tierra, la bancarización campesina y la guerra de Ucrania con Rusia, que es de donde provienen diversos insumos para la producción doméstica. Por supuesto, otro reto de los primeros 100 días será en materia de seguridad y corrupción. La cúpula de Petro como jefe de Estado deberá dar garantías de avanzar hacia la protección de los derechos humanos y el irrestricto cumplimiento al derecho internacional humanitario, pero el ministro de defensa, Iván Velásquez, a la par de depurar la corrupción y la opacidad de la Fuerza Pública, deberá establecer un camino hacia el desmonte del servicio militar obligatorio, el narcotráfico, el lavado de activos y las estructuras armadas ilegales. Los ministros, en general, tendrán que trabajar 24 horas y 7 días a la semana para lograr resultados contundentes. Su mayor rival no solo es el tiempo, ni la oposición, sino los mismos simpatizantes y electores que ven en este gobierno la posibilidad de un cambio real en Colombia. La Primera Legislatura En todos los gobiernos y cambios de Congreso, el primer año suele ser la denominado “luna de miel”, un espacio armonioso en donde el legislativo opera a toda máquina, siempre y cuando los arreglos políticos den amplias garantías y participación para las bancadas aliadas. Conforme pasa el tiempo, esta relación con el Gobierno Nacional empieza a tornarse conflictiva por las diferencias entre las propuestas de ley, las intenciones y los intereses de las partes. Por esta razón, la clave está en avanzar rápidamente en las reformas fundamentales para la implementación efectiva del Acuerdo de Paz, la ruta de sometimiento con las Estructuras Armadas Ilegales y los avances en las negociaciones con el ELN. Todo esto estará, por tratarse de reformas en temas constitucionales y de seguridad, en las comisiones primera y segunda de Cámara y Senado. Por supuesto, la financiación del programa de gobierno de Petro y Márquez es un punto esencial en el Congreso. Los 70 billones no se van a recaudar solos. Y para esto no es suficiente la audacia en los nombramientos del ministro José Antonio Ocampo y el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, sino que tendrá que darse un proceso tortuoso de reforma tributaria, del plan nacional de desarrollo y de presupuesto general de la nación. Esto está centrado fundamentalmente en las comisiones tercera y cuarta. Al parecer, comisiones en las que gozan de mayorías. Así mismo, hay otras reformas de urgencia que se están priorizando por parte de la bancada de gobierno, centradas en la creación de los ministerios de Paz y de Igualdad, al igual que la reforma política anticorrupción y la reforma al Congreso. Reformas que, al tratarse de la estructura del Estado, tendrán que pasar por actos legislativos, a través de las comisiones primeras de Senado y Cámara. Finalmente, en la primera legislatura será muy importante que la gobernabilidad de Petro y Márquez esté atravesada por un trámite efectivo de las iniciativas y, a su vez, de sopesar a la oposición del Centro Democrático, junto con los controles políticos que efectuarán para torpedear esta labor. Un ejercicio al que estaban acostumbrados los partidos alternativos que eran coalición en la oposición y ahora ejercen como gobierno. El primer año de gobierno Es la primera vez que los partidos tradicionales no ostentan cargos dentro del Gobierno Nacional ni en los gobiernos locales más importantes. Esto pone contra las cuerdas a los partidos acostumbrados a la repartija burocrática que ahora solo podrán resguardarse en la Procuraduría de Margarita Cabello, en la Fiscalía de Barbosa o en la Defensoría de Carlos Camargo. Dos de estas tres entidades tienen funciones de control, razón por la cual el Gobierno Nacional tendrá que evaluar la manera en la que se mantendrá a flote durante el primer año respecto a su relación con los órganos de control y judiciales. También, al tratarse de una sinergia sin precedentes de gobiernos alternativos y progresistas entre el Gobierno Nacional y las alcaldías de las 10 capitales más importantes del país: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Santa Marta, Manizales, Villavicencio, Cartagena, Cúcuta y Armenia; es el momento propicio para articular la inversión social y buscar apalancar proyectos ambiciosos en cuanto a la transición económica y social del país. A lo anterior se suma el hecho de que, durante el primer año, el gobierno deberá encontrar la fórmula para transitar de la dependencia de combustibles fósiles hacia energías renovables. Esto teniendo en cuenta la crisis energética a la que se están enfrentando en distintos países, como en Europa, por la alta dependencia al petróleo y al gas, sin una política de transición eficiente. Esto también pasa por renovar las fuentes de financiamiento a nivel público, que todavía tienen alta dependencia de estos recursos. Finalmente, Petro y Márquez sin posesionarse ya se están enfrentando a dos fenómenos que tendrán que revestir de temple y carácter su gestión: el primero, es que ya son responsabilizados por hechos y desastres que les dejan los gobiernos anteriores, pero no pueden aplicar un espejo retrovisor para justificar todos sus desaciertos o problemas. El segundo fenómeno al que se enfrentan es que serán víctimas de lo que en el catolicismo se conoce como la parábola del hijo pródigo. Se les va a exigir más que a los que nunca han sido capaces de gobernar bien, porque tendrán la posibilidad de renovar en los cargos más importantes a las personas más idóneas para buscar los resultados en el corto, mediano y largo plazo. Si bien es la primera vez que la izquierda ostentará un Gobierno Nacional, el rasero por el cual serán medidos será más exigente. Y tiene que serlo, pues de eso depende que se siga construyendo una democracia madura en Colombia, con alternancia en el poder y con transformaciones reales.

Por: Guillermo Segovia Mora Abogado y politólogo En su discurso triunfal del 19 de junio, Gustavo Petro fue diáfano en comunicar propósitos al país, uno de ellos, la paz total. Un tema lleno de complejidades, pero al que le ha dedicado muchos momentos de pensamiento y reflexión tras tantos años en esa búsqueda, y siendo testigo del fracaso, pues la paz siempre es parcial porque se excluyen actores de la violencia que el termómetro moral de la opinión reprueba, por un lado y, por el otro, por el dilema de hasta dónde llegar en concesiones para atraer esos factores de anormalidad, desde una posición ética y humanista, sin que se entiendan como una claudicación inmoral. En la sociedad colombiana es imperativo el Artículo 21 de la Constitución del 91: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. La paz es compromiso de vieja data del presidente entrante. Al tiempo que contribuyó como congresista en la defensa de los derechos humanos y a la denuncia, castigo y desmantelamiento del paramilitarismo, ha sido un apasionado promotor de la paz, la misma que le permitió a él abandonar la insurgencia para potenciarse como líder político. Su concepción rebasa la visión limitada de silenciamiento de las armas y se dirige hacia la corrección en la sociedad de los factores que generan violencia y la capacidad de aquella de transformarse sobre la base del perdón y la reconciliación (“una paz grande”). Así lo planteó, hace algunos años, en un seminario sobre cultura política y perdón en la Universidad del Rosario, en el que ya se insinuaban algunas de estas propuestas y conceptos, no obstante algunos consideren, desde su perenne inquina y afán de distorsionar propósitos, que se trata de elaboraciones recientes. “En cada relación humana hay una relación de poder que finalmente podemos transformar si la concebimos, al mismo tiempo, como una relación de fuerza y una forma de comunicación. Quizás esa sea también la forma de concebir un perdón automático y solidario.” Petro tomó la decisión de afrontar el asunto a fondo. Para lograr el objetivo, no anduvo con rodeos y lo dejó claro. Los nombramientos de Álvaro Leyva como ministro de relaciones exteriores; del valiente, coherente e intransigente abogado Iván Velásquez Gómez, paladín contra el paramilitarismo, al frente del Ministerio de Defensa; y del defensor de derechos humanos, Danilo Rueda, como alto consejero presidencial para la paz, son decisiones afines con sus objetivos: una fuerza pública leal a los mandatos constitucionales, honesta, garante de los derechos humanos y del ciudadano, y una sociedad dispuesta a convivir en la diferencia, a superar la criminalidad, a replantear conceptos anacrónicos, a ofrecer oportunidades, y a perdonar. La supuesta resistencia en las Fuerzas Armadas hacia Iván Velásquez, proyectada por el uribismo, es un asunto superable; su honestidad, valentía y profesionalismo, sotto voce le granjearán reconocimiento. Velásquez es un hombre serio, comprometido, leal y cumplirá propósitos reformistas demandados con urgencia como el mejoramiento de condiciones de servicio, mecanismos de ascenso, erradicación de la corrupción, respeto de los derechos humanos, separación de la policía, presencia territorial legítima y cambio doctrinal para el posconflicto. Alegar por parte de una parlamentaria del Centro Democrático que ese nombramiento pone en peligro su vida, es una afirmación provocadora, insana, desobligante y contraria a sus deberes constitucionales y legales. En la Fuerza Pública ha hecho carrera, en la relación de mando, la costumbre del manejo a conveniencia de lealtades perversas y a ver como enemigo a todo el que disienta del establecimiento, herencia de la doctrina de seguridad nacional que hay que replantear, con los derechos de la ciudadanía como deber misional. Esto ha quedado en evidencia en las comparecencias ante la JEP de mandos militares, tan temida y que tanto trató de obstaculizar el uribismo. Habrá cambios. Es sabido, la tropa sigue órdenes, asimila el ejemplo y emula. Velásquez es un gran jurista, humanista, comprensivo y de principios. La tropa respeta a los civiles respetables. Lo respetarán. En él los propósitos de paz tienen un aliado. Lo tiene Danilo Rueda, consejero de paz, quien ha sido un obstinado luchador por los derechos humanos, el medio ambiente, la comunicación popular y la participación ciudadana. Va a pie, en cicla, en bus, a caballo o chalupa a donde sea, si de proteger a una comunidad o una vida se trata. Con modestia cuenta haberle arrebatado tantos muertos al designio de los violentos, conoce los territorios, las comunidades y los conflictos. El canciller Álvaro Leyva es fundamental en la tarea, lleva décadas como agente oficioso de la paz, tendiendo puentes, abriendo puertas, explorando caminos. Está ejerciendo para realizar la convicción de su vida: vamos por la paz total, hablemos con todos y, si se puede, arreglamos con todos por el bien de Colombia, con el apoyo de la comunidad internacional. Sería conveniente que la extrema derecha, empeñada en despotricar de las ideas de la gente nombrada por Petro o elegida con su apoyo, repare sobre su concepción de seguridad y guerra antisubversiva, el informe de la Comisión de la Verdad es apabullante y sobrecogedor, las cifras son aberrantes, empezando por los “falsos positivos” de la era Uribe, cuyas confesiones ante la JEP causan horror y dolor. Es palmaria la involución de Duque en materia de protección y seguridad, corroborada por el reciente y preocupante informe de la Cruz Roja Internacional que denuncia el agravamiento de la situación de derechos humanos, porque se distrajo tratando de satisfacer el militarismo neurótico del uribismo fanático y de su propio ego. La frase efectista de que “la paz total es el aniquilamiento del enemigo”, disparada por una líder del Centro Democrático para contestar a la propuesta de paz del próximo gobierno, no hace sino atizar una concepción guerrerista ya probada y fracasada en terror, muertos, desinstitucionalización y deslegitimación del Estado. La contraparte en la propuesta de una paz total tiene diversos rostros y, de tal forma, es compleja de tratar. Con el ELN se avanzó en el gobierno Santos y, se supone, en las demandas socioeconómicas; un grupo más cercano a las propuestas del gobierno entrante, atraído por la posibilidad de tener un lugar en el nuevo escenario político, renunciando a hacer daño. Habrá una mesa de diálogo, dado que tiene un estatus político en reconocimiento de su origen y los postulados de su accionar, avanzada con la agenda y protocolos establecidos en los diálogos de Ecuador, con Cuba y Noruega como garantes. Su reivindicación de que las conversaciones se den de cara a la sociedad civil parece satisfecha con los diálogos regionales que adelantará el gobierno. En una hábil pirueta argumentativa, la oposición de derecha afirma que en la medida en que el ELN se postula de izquierda y el gobierno es afín a esa corriente, deja de tener un carácter político y, si no abandona las armas, debe ser combatido sin opción a una salida negociada. Evita, eso sí, explicar por qué, tras cuatro años en el poder intentando reducir a esa guerrilla y de haber intentado desbaratar lo avanzado por el gobierno Santos, esta se ha fortalecido. Es evidente que cuenta con potencial militar y social en las áreas donde opera y su desmovilización contribuiría de manera poderosa a deslegitimar para siempre las armas como opción política. También están los frentes de las FARC adversos a la negociación y al Acuerdo de La Habana que, en la medida que han evidenciado su involucramiento en el narcotráfico y actividades delincuenciales, y por no haber participado de los diálogos, reivindicando razones fundacionales y la precariedad de lo acordado, redujeron las posibilidades de una salida mediante negociaciones con demandas de su parte y la opción sería el sometimiento en un marco de justicia favorable a cambio de contribuir a desactivar escenarios y factores de criminalidad. Similar es el caso de los líderes y base guerrillera agrupados en lo que autodenominaron “Nueva Marquetalia”, es decir, los que renunciaron o disintieron de los acuerdos justificándose en el incumplimiento de lo convenido por parte del gobierno, lo que no es una coartada —cerca de 300 firmantes asesinados y puntos de los acuerdos sin desarrollarse o desvirtuados— pero no ameritan ante la opinión un nuevo intento sobre los criterios de favorabilidad iniciales, precisamente porque no sería justo con quienes han sido leales al pacto a pesar de su costo en vidas y dificultades de reintegración a la sociedad. En estos casos es posible un replanteamiento de la legislación para, de contarse con el concurso de estos grupos, ofrecer alternativas de desmovilización y penas alternativas. De otro carácter es la búsqueda de una salida a las organizaciones delincuenciales ligadas al narcotráfico, en buena parte renovadas expresiones del antiguo paramilitarismo, en parte desmontado por los “Acuerdos de Ralito” del gobierno Uribe, que tuvieron materialización legal de favorabilidades en la “Ley de Justicia y Paz”, con un deficitario balance respecto de los compromisos de verdad, justicia y reparación por parte de los desmovilizados. En el afán de entonces de otorgar condición de beligerancia a las “autodefensas”, considerando motivaciones políticas, el consejero de paz de entonces, hoy en el exterior haciéndole el quite a la justicia, llegó a afirmar que se desarmaban porque ya habían cumplido su “papel histórico”, el que hoy se desnuda en la JEP y la Comisión de la Verdad como un ominoso desangre, martirio y desahucio de cientos de poblaciones marginadas. Los denominados “Clan del Golfo” o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, “Los carrapos” y otras agrupaciones delincuenciales, al parecer estarían interesadas en alternativas de sometimiento condicionado, lo que implica la revisión de instrumentos legales como la “Ley de Orden Público” para hacer viable esa posibilidad con rebaja de penas a cambio del desmonte de estructuras y compromiso de no reincidencia. En esa perspectiva resulta incomprensible el atroz “Plan pistola” desatado contra la policía, en el que el “Clan del golfo” —al que han estado vinculados miembros de la fuerza pública— ha asesinado una treintena de policiales. Aberrante y contraproducente si se trata, como argumenta la oposición, de un envalentonamiento para posicionarse ante un diálogo, pero, a la vez, justificatorio de la necesidad del mismo. Quienes rechazan la posibilidad se niegan a reconocer que el gobierno Duque, a pesar de algunas amplificadas capturas, fue incapaz de someter a estas bandas que, inclusive, paralizaron varios departamentos en ausencia o desentendimiento de la Fuerza Pública. Controvertir la opción de un desmonte pacífico de estas bandas con el argumento de que mientras no haya una solución global a la problemática del narcotráfico será un esfuerzo estéril, pues siempre habrá reciclaje o surgirán nuevas organizaciones y liderazgos, es negarle al país la posibilidad de atenuar uno de los mayores factores de violencia e ilegalidad en los territorios. No se trata de favorecer por empatía a explotadores del negocio ilícito, como con mezquindad insinúan, sino dar salida a uno de los actores de esa problemática, aminorar la criminalidad y la muerte en las regiones, sanear la economía. Por otra parte, el gobierno prepara una reforma a las estructuras institucionales para replantear el tratamiento del narcotráfico en el sentido de considerar la situación de las 300 mil familias dedicadas a cultivos ilícitos como un asunto de carácter social para descriminalizarlos y ofrecer alternativas socioeconómicas con planes sostenibles y sustentables de sustitución voluntaria a cultivos de carácter legal, renuncia a la aspersión de glifosato y excarcelación de campesinos condenados por esta causa. El consumo de psicoactivos también implica una regulación más acorde con la progresiva liberalización acerca del tema. El propósito de paz y de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, como las posibles negociaciones y sometimientos con grupos al margen de la ley, requieren la reorientación de las políticas antinarcóticos, criminal, penitenciaria, penal y de seguridad ciudadana del país, en la medida que de ellas depende el enfoque y asunción de las problemáticas. Se impone una visión criminológica crítica y social, medidas de excarcelación y una opción carcelaria desde un propósito de dignificación y resocialización, regular el consumo de alucinógenos y darle tratamiento de salud pública, descriminalizar y despenalizar conductas asociadas a causales sociales del delito. Reformas que se deben afrontar desde el Ministerio de Justicia, otra instancia básica en una política de paz integral. La posibilidad de que la penalista y exfiscal Martha Lucía Zamora desempeñe ese cargo, es una buena noticia dado su perfil progresista en estos temas. La denominación de paz total tal vez no sea comprendida, suena un tanto utópica en la medida en que el conflicto es esencial a la vida social y siempre habrá algunos que trasciendan las vías de la concordia y, de otra parte, la criminalidad es reducible, pero ninguna sociedad ha podido erradicarla. Tal vez sería mejor hablar de paz posible, pero llamarla así denota cierta incapacidad, poca ambición y aceptación anticipada de imposibles. Al parecer el concepto de Paz Total hace relación a que tendrá como punto de partida, como lo han dicho el canciller Leyva y el consejero Rueda, un llamado a todas las fuerzas comprometidas hoy en actividades subversivas y delincuenciales, y la manifestación de estas de estar dispuestas a buscar salidas al cese de sus actividades y reintegración a la sociedad. También implica que, a diferencia del pasado, si bien hay responsables institucionales en el Gobierno Nacional, el escenario de negociación serán los territorios y mesas de diálogo regionales con activa participación de la sociedad para incidir en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, con priorización de alternativas a los factores socioeconómicos que determinan la violencia y el crimen, de tal forma que los actores armados y las comunidades que justifican sus actividades al margen de la ley en causas de carácter social, se avengan a un proceso de abandono de las mismas a cambio de favorabilidades legales. Lo cierto es que el presidente Petro se ha propuesto y propone un objetivo grande y se la va a jugar por lograrlo, por el imperativo moral de la paz que postulaba Kant, razón por la que la gente de este país, acostumbrada a sufrir los dolores y a padecer las heridas, impasible frente a sus males, debe ser su cómplice y aliada. Por lo menos ese debe ser el anhelo de quienes, más allá de sus posiciones políticas, acompañan el sueño de que cese el derramamiento de sangre como pie de página de nuestra historia. La autoridad moral y legal de Gustavo Petro para liderar cualquier iniciativa de arreglo para la convivencia que implique concesiones desde el Estado está avalada, dada la actual incapacidad institucional de controlar diversos factores de lo que el presidente ha denominado multicrimen, y la necesidad del país de trazar un nuevo rumbo. Lo propuso en campaña al electorado, se impuso en las elecciones y legitimó su mandato con apoyos mayoritarios posteriores. Petro fue insurgente, firmante leal a un acuerdo de paz; su talante democrático y pacifista es incuestionable, promovió la constituyente, es un superviviente y es el presidente. Es el momento de buscar la mayor paz posible o languidecer como nación en una guerra eterna.

Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador nacional Línea de Democracia y Gobernabilidad Dentro de los acuerdos realizados para la conformación de la mesa directiva y los integrantes de las áreas administrativas y técnicas de la Cámara de Representantes, los partidos con representación en esta corporación eligieron al exalcalde de Girón, John Abiud, como director administrativo. Como cuota del Partido de la U, su nombramiento vuelve a causar polémica por los cuestionamientos que lo acompañan y sus nexos con políticos tradicionales de Santander con procesos penales por corrupción, pese a que ya había sido el director administrativo en el periodo 2020-2022. Esto es de especial relevancia teniendo en cuenta el presupuesto que maneja la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes. ¿Cómo se escoge el director administrativo y cuáles son sus funciones? De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 1318 de 2009, que adiciona dos parágrafos al artículo 382 de la Ley 5ª de 1992, se establece que el director administrativo de la Cámara de Representantes es elegido en plenaria de la corporación para un periodo de dos años, a partir del 20 de julio. El único requisito para postularse es acreditar un título profesional y tener mínimo 5 años de experiencia administrativa de nivel directivo e idoneidad en el manejo de las áreas administrativas, financiera y de sistemas. De una lista de 18 aspirantes, un acuerdo entre los compromisarios de los partidos llevó a que el aspirante del Partido de la U fuera John Abiud, pese a que había sonado que fuera Eduardo José Tous de la Ossa. Así, con el apoyo unánime de dicho partido y los acuerdos logrados, Abiud consiguió 181 votos, de 183 posibles, en plenaria de la Cámara. Con esto, llega a ser, de nuevo, el director administrativo, cuyas funciones son: - Manejar el orden administrativo, es decir, administrar los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos que requiera la Cámara de Representantes para su funcionamiento. - Gestionar los contratos que demande el buen funcionamiento de la Cámara, teniendo la competencia para dirigir licitaciones y celebrar contratos. - Ordenar el gasto y ejercer la representación legal de la Cámara de Representantes en materia administrativa y contratación estatal. - Además, el artículo 388 de la Ley 5ª de 1992 estableció que los integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de cada congresista deben ser postulados por estos ante el director administrativo para su libre nombramiento y remoción, o vinculación por contrato. Así, aparte de las funciones administrativas de gran importancia mencionadas, la relevancia de la Dirección Administrativa reposa en los 400 mil millones de pesos que maneja anualmente como presupuesto destinado para el pago de nóminas de los congresistas, cargos administrativos, tiquetes aéreos, etc. John Abiud Ramírez, el repartidor de mermelada John Abiud Ramírez Barrientos es economista de la Universidad Santo Tomás. Entre 2008 y 2010 fue asesor financiero de la Alcaldía de Girón y secretario de Educación encargado del mismo municipio entre octubre de 2009 y octubre de 2010. La participación de Abiud Ramírez en la Alcaldía de Girón se dio luego de apoyar en campaña a Luis Alberto “El loco” Quintero González, un político de la clase política tradicional del municipio y con lazos con los clanes políticos más relevantes de Santander, como el clan Tavera o el clan Aguilar. Quintero González ha sido el padrino político de Abiud Ramírez, en una relación de mutuo beneficio. Cabe mencionar que “El loco” Quintero fue señalado por Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez de la Serna, ideólogo del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de recibir apoyo político de este grupo y de tener una relación fuerte con las autodefensas, aunque por estas declaraciones no se conoce algún proceso o condena. Pese a ello, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 10 años por irregularidades en la constitución de una sociedad de economía mixta del orden municipal en un negocio que beneficiaba a los Tavera. Con Quintero González como padrino político, Abuid Ramírez llegó a la burocracia de la gobernación de Santander durante el mandato de Richard Aguilar (2012-2015), donde fue nombrado secretario de desarrollo. Ahí logró un nuevo padrinazgo que lo llevaría a lanzarse a la Alcaldía de Girón en las elecciones de 2015, con el apoyo del exgobernador Richard Aguilar. Ya había aspirado a la alcaldía del municipio en 2011 para ser el sucesor de “El loco” Quintero, pero los 12.922 votos que obtuvo no le alcanzaron. Así, en 2015, se volvió a lanzar, consiguiendo 39.850 votos avalado por la coalición ‘Somos Girón’, integrada por el Partido de la U, el Conservador, el Liberal, la Alianza Verde, AICO y MAIS. Su llegada a la Alcaldía la acompañó de un reparto de cuotas burocráticas a la clase política tradicional del departamento. Como su padrino político, el más beneficiado fue Luis Alberto Quintero, quien se habría quedado con tres secretarías. Otros de los beneficiados fueron Mario Camacho Prada, exgobernador de Santander, condenado en 2008 a 7 años y 6 meses de prisión por los delitos de peculado por aplicación oficial diferente, celebración indebida de contratos y prevaricato por acción; Bernabé Celis, el excongresista santandereano caracterizado por el manejo de sus redes clientelares y capturado en 2018 por violencia intrafamiliar; y Miguel Ángel Pinto, del clan Tavera. Además de ese reparto burocrático, habría ampliado el gasto público, creando 7 secretarías nuevas, aumentando el total de las que había en el municipio a 23, como la Secretaría del Adulto Mayor, la Secretaría para la Atención de la Población con Discapacidad, la de Interior y Seguridad, la de Gestión de Riesgo, entre otras. Eso implicó un aumento del gasto operativo de la administración municipal, lo que llevó, de acuerdo con prensa local, a que nada más entre 2016 y 2017 hubiera un aumento presupuestal del 222,97%, pasando de $148.000 millones en 2016 a $330.000 millones. Ese aumento lo acompañan denuncias de presuntos gastos injustificados como viajes al exterior del exalcalde de Girón, varios contratos de prestación de servicios sin justificación y el incurrir en una deuda con Bancolombia por $70 mil millones. De acuerdo con La Silla Vacía durante su mandato habría creado 89 cargos y pasó de tener 8 a 20 despachos, aumentó la planta de la Alcaldía de 593 contratistas a 805, superando en ese momento, incluso, a Bucaramanga, capital del departamento; y le pidió a Bancolombia Banco de Occidente, Banco Agrario e Idesan créditos por 10 años que superaron los $72 mil millones. Con todo ese incremento del gasto, John Abiud Ramírez convirtió la Alcaldía de Girón en un fortín burocrático que beneficiaba a los clanes políticos y a los barones electorales de Santander, otorgándoles puestos y contratos. Esos nexos lo beneficiaron personalmente y a su familia, llevando incluso a su hermana, Edith Ramírez, a integrar la UTL del cuestionado político Fredy Anaya y, posteriormente, de su esposa, Nubia López. Los cuestionamientos del director administrativo Pese a ello, John Abiud no cuenta con antecedentes disciplinarios, fiscales o penales, según los sistemas de información públicos. No obstante, tiene abiertas, al menos, 7 investigaciones disciplinarias y 1 archivada. Una de ellas, y la que más revuelo causó, es por las presuntas irregularidades con respecto a la celebración de los 15 años de su hija, que habría costado cerca de $400 millones y habría utilizado recursos de la Alcaldía para pagarla, mientras que otra notable es por presuntas irregularidades en la aprobación del estatuto tributario del municipio. Fuente: Procuraduría General de la Nación Aparte de dichas investigaciones, como denunció Noticias 1, al exalcalde John Abiud Ramírez lo acompaña el elefante blanco de una clínica en Girón, firmada por 19.500 millones y que comenzó a construirse en 2017, pero que para 2021 solo llevaba avanzado un 21% de la construcción. Ante esto, la Contraloría Municipal de Girón determinó “10 hallazgos por posible desbalance financiero de más de $2 mil millones, múltiples deficiencias en la supervisión de la obra y falencias por falta de fuentes de financiamiento”. Pese a ello, llegó en el 20 de julio de 2020 a la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, donde no dejó de hacerse sentir. Durante su estancia como director administrativo entre 2020 y 2022 firmó un cuantioso contrato con la Empresa de Recursos Tecnológicos (ETS) del Valle del Cauca, fortín burocrático del exgobernador Ubeimar Delgado, aliado político de Dilian Francisca Toro, quien impulsó la candidatura de John Abiud. El objeto del contrato era “Implementar una solución tecnológica integral que contenga herramientas modernas e innovadoras de hardware, software y servicios conexos en la Cámara de Representantes” por un valor de $50.298.348.846. Fue firmado con la ETS, pese a que la Procuraduría había alertado que esta empresa tenía un “resultado fiscal negativo de $5.300.875.236 producto de adquirir obligaciones sin tener recursos en tesorería para su apalancamiento, además, refleja pasivos por $74.864.998.311, escenario que demuestra la problemática de liquidez que afronta la entidad”. Sumado a ello, se le han cuestionado actuaciones como director administrativo. Pese a estos cuestionamientos e irregularidades que lo rodean, John Abiud Ramírez Barrientos fue elegido de nuevo como director administrativo de la Cámara de Representantes como ficha del Partido de la U.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Con la posesión del nuevo Congreso 2022-2026 terminó oficialmente la actividad legislativa del Congreso que estuvo en el periodo 2018-2022, es oportuno entonces realizar un balance de la actividad legislativa que acompañó al gobierno de Iván Duque. A pesar de haberse caracterizado por formar una bancada de gobierno mayoritaria (137 congresistas de gobierno, 96 independientes y 44 de oposición), el Congreso 2018-2022 no dio un respaldo fuerte al Gobierno Nacional, lo que se reflejó en las dificultades para que se aprobaran los proyectos más importantes radicados por parte del gobierno Duque. De hecho, de un total de 3407 iniciativas legislativas registradas en el cuatrienio, solamente 262 fueron de origen gubernamental. Este Congreso fue atravesado por la pandemia del Covid-19, lo que lo obligó a sesionar de manera virtual desde 2020, no sin grandes dificultades. A pesar de que la Corte Constitucional hizo reiterados llamados para retomar la presencialidad luego de superados los picos más duros de la pandemia, muchos congresistas se negaron a regresar al Capitolio, lo que no solo generó rechazo por parte de la ciudadanía (se registra un promedio de 70% de imagen desfavorable de este Congreso), sino que hizo que el trabajo legislativo tuviese un ritmo bastante lento. De 3407 iniciativas legislativas, solo 304 fueron sancionadas (8,9%), 1473 archivadas (43,2%), 302 retiradas (8,8%) y 1328 “engavetadas” o sin resolución (38,9%). Algunos de los proyectos más importantes aprobados por este Congreso fueron: Ley 2014 de 2019, Ley de internet como servicio público esencial, Ley de licencia de paternidad y la Ley de comida chatarra. Lea el informe completo Balance legislativo del Congreso 2018-2022 con toda la información y análisis aquí:

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda A propósito de la instalación del nuevo Congreso, el presidente Duque fue abucheado luego de expresar una sarta de mentiras en su discurso. Y algunos ciudadanos del país inculto –el país que ha consentido los malos modales institucionales y la vejación al pueblo– se han escandalizado por ello. Les pareció indecente que algunos congresistas hubieran sacado, como lo permite la ley, carteles de protestas con fotos de civiles y militares asesinados o desaparecidos durante su gobierno; y resienten, esa ‘gente de bien’, que le hayan dicho a Duque mentiroso tras sus mentiras. Por mi parte, debido a mis estudios de derecho –especialmente los referentes a los principios del derecho constitucional y a la teoría del Estado– y sin detrimento de mis buenos modales, de haber estado allí aquel día, tal vez le hubiera gritado “inculto”, quizás “corrupto” o hasta “asesino”. No le habría dicho mentiroso, porque buena parte de los mentirosos que conozco tienen una cultura excelsa, son incapaces de robarse un lápiz y no son capaces de matar una mosca. Empero, de corriente, quienes promueven la incultura y desestiman el arte, quienes roban lápices o las arcas de un país, quienes matan moscas o dan órdenes a las autoridades y a ciertos civiles para que maltraten en su integridad a los jóvenes de su nación que protestan, quienes actúan así, además de incultos, además de corruptos y asesinos; son indefectiblemente mentirosos. Y le habría dicho lo que dije que hipotéticamente le gritaría, porque a la luz del método de interpretación gramatical del derecho –en cuya aplicación debe contemplarse lo determinado por la Real Academia de la Lengua Española– la palabra “asesino”, por ejemplo, en su segunda acepción, está destinada a definir al sujeto que ha causado aflicción o grandes disgustos a los otros. ¿Y quién ignora que el presidente Duque colmó de aflicciones y de grandes disgustos a más de medio país? En su tercera acepción sobre el mismo término, puntualiza la Academia que “asesino” es aquel en quien se confía –especialmente en asuntos graves como dirigir un país– y sin embargo te engaña. Ahora, ya casi terminado su periodo presidencial, ¿quién ignora la incongruencia traidora entre lo prometido en campaña y lo realizado en el ejercicio del mandato de Duque? En cuanto al adjetivo “corrupto” –y nuevamente a la luz de la interpretación gramatical del derecho–, la Academia tilda de tal a quien es capaz de corromper o corromperse, a quien se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar. Basta pensar en los setenta mil millones perdidos en el Mintic y los más de quinientos mil millones de pesos escamoteados a los rubros de la paz para determinar si el presidente Duque –siendo el responsable de cuanto hagan sus funcionarios contra los intereses del Estado y del pueblo– se merece, o no, el calificativo de corrupto. Igual, ni qué decir, si consideramos la segunda acepción de la palabra “corrupto”, que refiere el deterioro de valores, si Duque y su partido político privilegian los valores de la guerra y no los de la paz. No olvidemos su campaña en favor del “No a la paz” y su fiel cumplimiento a los deseos de su partido político con respecto a hacerla trizas, como lo hicieron. Esa misma acepción de “corrupto”, suministrada por la RAE, también significa el deterioro de los usos y costumbres (los modos y maneras), como juiciosamente el presidente Duque hizo: tratar de eliminar, con la complicidad de los medios oficiales de comunicación, por ejemplo la llamada “social bacanería” –artistas apasionados por la cultura, el arte y las buenas costumbres sociales– y remplazarla por la “social traquetería”, con mala música cargada de letras de exaltaciones a bandidos, y con el festejo del abuso e irrespeto a las mujeres. ¿Quién, aunque fuera con media oreja, no ha percibido todo eso? Así mismo, en su gobierno Duque eliminó la costumbre del debate político sano; y la protesta estudiantil con piedras y gases lacrimógenos, pasó a ser de pronto un acto de barbarie total: vandalismo contra bienes públicos y contra la misma autoridad y ataques de las fuerzas del Estado con armas letales, con torturas, desapariciones y asesinatos de estudiantes. En fin, unas y otras decisiones que delatan a Duque como un puro inculto. Pero bueno, esta nota, como su título lo expresa, era para resaltar que más allá de su condición de mentiroso, el presidente Duque es un antidemocrático. El día de la posesión del nuevo Congreso, cuando le gritaron “mentiroso”, y desobedeciendo el protocolo constitucional y la decencia política, se fue luego de dar su discurso, se escabulló para no escuchar el contra discurso de la oposición. En mi opinión –inspirada en las ideas de la científica argentina Guadalupe Nogués– Duque se retiró antes de escuchar a la oposición, no porque no pudiera sostenerse en sus mentiras, sino porque sabiendo lo que allí se diría, obviamente que nada le interesaba oír. Ni tampoco lo hizo por miedo a la penalización del disenso social, pues nunca lo ha tenido, sino por la sola y estricta intención de no dialogar. La estrategia es una sola: “Como se oye una sola opinión –dice Nogués– parece que hay una sola opinión. Y entonces, cualquier otra opinión ya no es solo distinta, es disonante, es ajena, y debe ser eliminada”[1]. Tal y como sucedió el 20 de julio: se propagaron las mentiras de Duque, y nada o poco se dijo del discurso de la oposición. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto. [1] Guadalupe Nogués. Cómo hablar con otros que piensan distinto. TEDx, Río de la Plata. En: https://www.youtube.com/watch?v=ESwDIXXyh_Y

Por: Walter Aldana Político social alternativo Desde inicios del presente siglo, una clase política emergente se posesionó del gobierno en sucesivos periodos, incluso algunos con reelección de los primeros mandatarios. Una clase política ligada a las mafias diversas (narcotráfico, corrupción, etc.), y desde su llegada al poder, a comienzos de este siglo, no se tenía un ministro de defensa decente, comprometido con la verdad verdadera. El señor Iván Velásquez Gómez, designado como ministro de defensa por el electo presidente Petro, fue exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, responsable de la investigación judicial contra la parapolítica y ex comisionado de la ONU, responsable de la Comisión Contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala. Una característica de la Fuerza Pública durante estas dos décadas, fue la de perder su carácter no deliberante (máxima expresión de ello: las declaraciones del general Zapateiro, comandante general de las Fuerzas Armadas), es decir, se privatizó la fuerza, se alineó su oficialidad en las discusiones políticas de modelos de desarrollo, entre el neoliberal y privatizador versus el humanista. En nuestra Constitución Política el monopolio de las armas se señala para el servicio de la democracia y que estará al lado de las y los ciudadanos, independientemente de su orientación ideológica o política, lo que quiere decir, simplemente, que sea cual sea el énfasis de gobierno (enriquecer más a los poderosos o propiciar posibilidades de ingresos al conjunto de la sociedad), lo armado legal siempre estará para proteger la sociedad. Comportamientos aberrantes y dolorosos como los falsos positivos a cambio de días de vacaciones o viajes de diversión para los autores materiales, el cinismo y la sangre fría de la cual hacían gala, la exigencia de "resultados" en la lucha contrainsurgente (desde la línea de mando), "la obediencia debida" o la objeción de conciencia, en fin, todos estos son temas de preocupación de los soldados y policías en sus mentes y sus corazones. Entonces aquello de la defensa de los derechos humanos al interior de la fuerza pública no puede ser una estrategia mediática, no es una pose para quedar bien con la comunidad internacional. Bienvenido un demócrata a esta cartera para estos tiempos de búsqueda de la paz. Acabar con la doctrina del enemigo interno, pasar a depender la policía del Ministerio de la Paz, reeducar al Esmad en atención a protestas sociales y uso de sus armas, etc. En fin, es mucho lo que el nuevo ministro de defensa debe transformar para que nosotros nos sintamos, algún día en el futuro, orgullosos de una Fuerza Pública que garantiza la vida, bienes y honra de los y las ciudadanas. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: León Valencia, para @infobae Patricia Tobón Yagarí ha sido nombrada directora de la Unidad de Víctimas. Nadie más idóneo para ocupar este cargo. Por su inteligencia, por su preparación y por su experiencia. Pero sobre todo, por esa tozuda manera de defender su identidad étnica y honrar la memoria de sus ancestros. Cada vez que Patricia ha sido encargada de grandes responsabilidades he sentido una alegría y un orgullo enormes. Como si fuera mi propia hija. Es hija de dos amigos entrañables desde mi juventud: Alonso Tobón y Eulalia Yagari. Con ellos compartí las luchas indígenas y campesinas en la zona cafetera del departamento de Antioquia. Alonso nació en Andes, el pueblo donde yo nací. Eulalia al lado, en Jardín, en una comunidad emberá-chami, que ahora es resguardo. Vivimos muchas alegrías juntos, entre ellas ver crecer a nuestros hijos y saber que comprendían y amaban lo que hacíamos, a pesar de que eso significaba que no les prestáramos la suficiente atención. La alegría de ver a los campesinos y a los indígenas conseguir a pulso mejores salarios, tierra para trabajar o reconocimiento cultural y social. Pero también tuvimos muchas tristezas en esos tiempos. Una de ellas, el asesinato de Anibal Tascón Gonzales, el único abogado indígena para esa época en Colombia. Era un liberal que se enfrentó a la gente de su partido y los patronos de esas tierras para defender a la comunidad. Acompañó a los indígenas en un litigio por una finca contra Libardo Escobar Pérez, un hacendado de la región, y eso le costó la vida. Patricia sabe de esas cosas desde la infancia. Y sabe más, porque lo aprendió de sus padres y porque después se dedicó con una pasión envidiable a estudiar para servir con profesionalismo a su gente. Su padre era hijo de un carnicero de Andes, jugador de gallos, que tenía la facilidad para darle la educación más exigente a un muchacho que brillaba por su inteligencia. Pero Alonso prefirió dedicarle la vida entera a los indígenas del país. En esa misión estuvo con los indígenas Zenú en Córdoba, con los Emberá en el Chocó y con la diversidad de etnias del Cauca. Eulalia, una líder indígena, se hizo maestra para enseñar en su comunidad y para darles las primeras letras a sus propias hijas. Después hizo una exitosa carrera política que la llevó a la Asamblea de Antioquia como diputada. Era una voz única en ese recinto político por sus denuncias y por la manera astuta como encaraba los debates frente a esa dirigencia paisa tan excluyente y discriminadora. Dio inolvidables lecciones de dignidad. Después volvería con sus indígenas a cuidar su identidad y a disfrutar de los triunfos de sus hijas. Patricia sacó ventaja de esos padres tan inteligentes como persistentes en sus luchas. Pero los méritos propios son indiscutibles. Después de graduarse como abogada dedicó varios años a trabajar con la Organización Indígena de Colombia (ONIC), defendiendo con éxito causas de los indígenas en varios lugares del país. No fue una persona más en la Comisión de la Verdad. Se tomó en serio la representación del mundo indígena en una entidad que acaba de cumplir la compleja misión de dar cuenta del repertorio de violencias que han agobiado al país en los últimos sesenta años. Patricia insistió en que su situación era distinta, que los indígenas, pobladores originarios de estas tierras, llevaban sobre sus hombros el peso de una agresión de varios siglos. Su aporte trasciende la época en que los guerrilleros, los paramilitares y el Estado causaron la tragedia, y hunde sus raíces en una larga historia de exclusiones. Ahora, en el gobierno de Petro, le corresponde una tarea mayor. Comprometer de verdad a toda la sociedad colombiana con las más de nueve millones de víctimas que registró la Comisión de la Verdad; recuperar para la unidad de víctimas el espacio y el protagonismo que el presidente Iván Duque le negó; y, sobre todo, iniciar el largo camino que tendrá que recorrer el país para sanar las heridas que ha dejado este doloroso conflicto. Es una enorme tarea que seguramente Patricia Tobón Yagarí cumplirá con honor. Muchas felicitaciones para sus padres, mis amigos.

Por: Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Esta semana Pares Destaca a Carlos Arturo Zambrano, presidente de la Asociación Todos Somos Hermanos del municipio Olaya Herrera en la Costa Pacífica Nariñense. Todos Somos Hermanos nació formalmente tras el proceso de consolidación de espacios de diálogo y fortalecimiento de capacidades facilitado por la Fundación Paz & Reconciliación, con varias organizaciones y líderes sociales de esta subregión en el año 2020. Reúne a líderes y organizaciones de los municipios de Ricaurte, La Tola, Santa Bárbara Iscuandé, su natal Olaya Herrera y el pueblo Awá de Tumaco, entre otros. Carlos trabaja de la mano con diversos movimientos, organizaciones y juntas de acción comunal por el fin de la corrupción, asegura que su principal motivación y objetivo es lograr que los recursos estatales y de cooperación sean destinados en inversión social y no se queden, como él dice, “de protocolo en protocolo o de mano en mano de los avivatos”.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Esta semana Pares Cuestiona a María Fernanda Cabal, esposa de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos Fedegán, y fundadora del brazo social de esta organización, la Fundación Colombiana de Ganaderos (Fundagán). Cabal es una de las senadoras más cercanas al sector de la ganadería en Colombia. Además, proviene de una familia que por años ha sido dueña del ingenio azucarero Pichichi, empresa de la cual existen denuncias por haber crecido presuntamente a costa de la explotación laboral. A pesar de estos evidentes intereses, la senadora Cabal esta semana criticó la designación de Giovani Yule, dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras, pues según ella Yule tiene conflictos de interés por las luchas que ha liderado. Sin embargo, Cabal parece olvidar que ella misma tendría conflictos de interés, al ser la esposa del director de Fedegán y presentar proyectos de ley con el objetivo de cambiar las reglas de restitución de tierras en Colombia.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Esta mañana el presidente electo Gustavo Petro anunció vía Twitter que su ministro de defensa será el exmagistrado auxiliar Iván Velásquez. Este era uno de los nombramientos más esperados, pues después del cruce de trinos entre Petro y el general Zapateiro, quedó claro que el manejo de las Fuerzas Armadas sería uno de los puntos álgidos de su gobierno. Iván Velásquez Gómez es oriundo de Medellín y abogado de la Universidad de Antioquia. Al comienzo de su carrera, Velásquez dirigió el Colegio Antiqueño de Abogados “Colegas”, desde allí estuvo en contra del “Estatuto de defensa de la justicia”, el cual establecía a los llamados jueces sin rostros y los denominados testigos secretos. En la década de los noventa Velásquez entró al servicio público. Primero, entre 1991 y 1994, fue Procurador Departamental de Antioquía, desde donde lideró investigaciones relacionadas con torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos de fuerza contra población civil. Además, desde su oficina se trabajó por la creación de la Oficina Permanente de Derechos Humanos, que se encargó de la investigación de violaciones de derechos humanos. Fue también interlocutor entre las autoridades, las organizaciones sociales y el clero, permitiendo la creación del Comité Interinstitucional de Derechos Humanos. Algo que poco se menciona, pero que es fundamental en la carrera de Velásquez, es que en este periodo fue uno de los que descubrió los lujos que Pablo Escobar tenía en la cárcel La Catedral. En 1996 salió de la Procuraduría para entrar al Consejo de Estado como magistrado auxiliar. Al año siguiente, en 1997 fue designado como director regional de Fiscalías en Medellín. En los dos años que estuvo como director regional lideró varias investigaciones en torno al paramilitarismo. En el 2000 saltó a la Corte Suprema de Justicia, siendo designado como magistrado auxiliar. Entre 2006 y 2012 estuvo encargado de la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal de la Corte Suprema, desde donde lideró las investigaciones por parapolítica en el Congreso. Las acciones realizadas por esta comisión llevaron a que la Corte Suprema de Justicia ordenara investigaciones contra políticos por crímenes de lesa humanidad, esto porque estuvieron implicados en la perpetuación de masacres, homicidios y desplazamientos realizados por grupos paramilitares. Por esas investigaciones han condenado a por lo menos 50 congresistas y han vinculado en investigaciones previas a más de 130 políticos por la llamada “narcopolítica”. Por el trabajo que realizó hasta esa fecha, Velásquez fue condecorado en 2011 con el Premio Mundial de Derechos Humanos que otorga la International Bar Association. En 2012, por su compromiso en la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos fundamentales, fue reconocido por la Asociación de Jueces Alemanes. En 2013 Iván Velásquez fue designado como comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como secretario general adjunto de la ONU. La CICIG fue creada en un acuerdo entre la ONU y el gobierno guatemalteco para el fortalecimiento de la justicia local. Junto con la fiscal Thelma Aldana, revelaron hallazgos contra La Línea, un grupo de funcionarios públicos del gobierno de Guatemala que se quedaba con el dinero que recaudaba la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por impuestos de aduana. Entre los acusados de pertenecer a la organización delictiva se encontraba la vicepresidenta Roxana Baldetti. Este hecho, mezclado a las manifestaciones ciudadanas, llevó a que el presidente Otto Pérez Molina tuviera que dejar su cargo por ser el presunto jefe de la organización criminal. En 2017, en el marco de las investigaciones de la CICIG, Velásquez pidió retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales por su presunta relación con el caso de corrupción de financiamiento electoral ilícito. Como respuesta Morales declaro como “no grato” a Velásquez en Guatemala y tomó la decisión de expulsarlo. Aunque la Corte de Constitucionalidad de este país le impidió a Morales que lo expulsara, en 2018, tras una salida de la cabeza de la CICIG rumbo a Estados Unidos, el gobierno de Morales ordenó desde la Dirección de Migración de Guatemala que Velásquez no podía ingresar al país. Hasta allí llegaría el trabajo de la CICIG bajo su liderazgo. Aunque desde la campaña era claro que Petro quería a Velásquez dentro de su gabinete, o incluso dentro de su baraja en la terna para fiscal, lo cierto es que este nombramiento manda un duro mensaje sobre las intenciones de combatir la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Velásquez no ha sido cercano al sector defensa y por lo tanto desde ahora se nota que el énfasis del gobierno entrante en esta cartera será luchar contra los escándalos de corrupción y tener un enfoque más orientado hacia la defensa de los derechos humanos, en donde la trayectoria de Velásquez sí es amplia. Los escándalos en los que ha estado involucrada la Fuerza Pública en los últimos años no son pocos. Desde las presuntas alianzas entre militares y grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, que pagarían por los servicios de los uniformados, hasta la venta de armas a narcotraficantes y disidencias de las FARC, muestran que Velásquez tendrá mucho trabajo. Pero este no es el único reto que enfrenta el sector defensa. El deterioro de la seguridad nacional en los últimos cuatro años, evidente en el aumento en hombres de las dos disidencias grandes de las FARC (Segunda Marquetalia y la que comandaba alias “Gentil Duarte” antes de su muerte), del ELN y su expansión en la frontera colombo-venezolana, y en el control que el clan del Golfo ha afianzado en zonas como el bajo cauca antioqueño, también será otro de los grandes retos el ministro entrante. Aunque ha habido rumores sobre una disposición a negociar de parte de estos grupos, aún no se ha concretado ninguna ruta de acción clara y, de hecho, el Clan del Golfo negó que estuvieran buscando acercamientos con el gobierno Petro. Otro de los retos que tiene entre sus manos el Ministerio de Defensa, en compañía con el Ministerio de Justicia, es la política contra las drogas. Los resultados de la erradicación de los últimos años muestran que ha sido un recurso poco efectivo para disminuir significativamente las hectáreas de coca cultivadas en el país, y mientras tanto el narcotráfico, en conjunto con otras economías ilegales, sigue siendo la columna vertebral del flujo de dinero de los grupos al margen de la ley. El programa de gobierno con el que ganaron las elecciones Petro y Márquez incluye asuntos como el cambio en el enfoque “prohibicionista” por uno basado en los derechos humanos, sin criminalización de los cultivadores y con planes de sustitución de tierras. También plantea la búsqueda del sometimiento judicial de las organizaciones criminales y la prohibición de la aspersión aérea. Ahora bien, mientras se concreta la salida de la Policía de Defensa a un nuevo Ministerio de la Paz, el reto más difícil que afrontará Velásquez será ganarse la confianza de los uniformados y de las tropas. Esto no es sencillo porque el imaginario construido desde hace años es que los gobiernos de izquierda son enemigos de la Fuerza Pública y entre ambos hay recelo. Por eso, será clave el nombramiento de la cúpula militar y de la Policía, y tejer lazos con los mandos medios, que vienen en formación y que no acarrean las sombras de la vinculación con los falsos positivos, sin duda el escándalo que más ha afectado el trabajo de las Fuerzas Armadas en las últimas dos décadas y su reputación. Para ello, el ajuste en la política de ascensos que se consignó en el programa de gobierno para darle prioridad a la meritocracia puede ser un gran incentivo. Por su parte, propuestas como acabar con el Esmad o la “desmilitarización” de la vida social, a través de eliminar la obligatoriedad del servicio militar, por ejemplo, causan polémica dentro de los miembros de la fuerza pública, porque lo sienten como un ataque contra sus actuaciones y razón de ser. La presencia de Velásquez en el Ministerio de Defensa es un guiño para poner en marcha los asuntos relacionados con esta cartera que se consignaron en el Acuerdo de Paz. Uno de los objetivos primordiales plasmados en el plan de gobierno fue el de consolidar la autoridad civil sobre la militar y es lo que hace Petro al mantener la tradición de poner al frente de la cartera a Velásquez y no a un militar o exmilitar. A su vez, es un golpe para la oposición uribista, pues por toda la opinión pública es conocida la rivalidad entre Velásquez y Uribe, que tuvo de por medio las chuzadas contra Velásquez durante su gobierno y el montaje en el que pretendieron involucrarlo con el paramilitar alias “Tasmania”.

Por: Luis Eduardo Celis El nuevo gobierno tiene el mandato de lograr una Colombia en paz, culminar una tarea que nos ha llevado más de tres décadas, desde cuando el Movimiento 19 de abril, M-19, del cual proviene el presidente electo para el cuatrienio 2022-2026, firmó el primer acuerdo contemporáneo de paz, una paz política que fue seguida en 1991 por el EPL, el Movimiento Armado Quintín Lame y el PRT, en el marco del proceso constituyente de 1991, para luego culminar con la incorporación a la competencia política de la Corriente de Renovación Socialista, la CRS, en abril de 1994. Estos fueron los cinco acuerdos políticos que constituyeron la paz política de los años noventa, un acumulado importante que sienta las bases para trabajar por una Colombia en paz. La dura realidad es tozuda: la década de los noventa fue la de arrancar la paz política y es igualmente la década más intensa de nuestro viejo conflicto armado, en esa época fue en la que creció de manera importante la presencia territorial de las FARC y el ELN, y en la que surgió la expansión paramilitar de la mano de las dinámicas del narcotráfico, que fueron las AUC. Todo ello produjo las cifras más altas de victimización, al menos así lo dicen los reportes del Centro Nacional de Memoria y el reciente informe de la Comisión de la Verdad, y en esa lucha por llevar adelante sus proyectos insurgentes y contrainsurgentes, cobró mayor relevancia el control y disputa de los territorios. Para los años noventa había presencia de actores armados irregulares en la mitad de los municipios del país y se abrieron duras guerras regionales en el marco de los proyectos de poder agenciados por las FARC, el ELN y la consabida respuesta de la Fuerza Pública en abierta acción coordinada con los paramilitares. De estas guerras regionales salieron el despojo de tierras, las enormes victimizaciones ya enunciadas, las mayores cifras del desplazamiento forzado, miles y miles de víctimas, millones, sin exagerar, al destierro en su propio país y muchos fuera de las fronteras, en aquél momento quedó claro que el principal problema a resolver en la sociedad colombiana es este enorme conflicto armado. El territorio ha sido el epicentro de todo: allí creció el conflicto desde los años cuarenta y allí se mantiene hasta el día de hoy. Hay territorios que fueron pacificados y hay órdenes autoritarios, puede ser el caso del Urabá Antioqueño y Chocoano, así como han habido territorios donde se han habido verdaderos cambios en un sentido democrático, puede ser el caso de la provincia Comunera en Santander, que con el liderazgo de la Iglesia Católica y una sociedad emprendedora y trabajadora, han logrado construir un territorio con importantes indicadores de democracia y derechos. Hoy tenemos una territorialidad de cerca de doscientos cincuenta municipios donde no impera la Constitución del 91, allí hay autoritarismos promovidos por el ELN, el archipiélago de lo que fueron las FARC, el impresionante Clan del Golfo, que puede ser una red criminal con presencia en doscientos municipios, y otro conjunto de bandas y bandolas que trabajan para el mejor postor, ofertando servicios criminales al servicio de los intereses de los ilegales. La política de Paz Total, que ha ofertado el gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, tiene como eje central el territorio, por ello sabe muy bien que se requiere el protagonismo de las comunidades locales para asumir sus conflictos y tramitarlos de manera democrática. Allí está la posibilidad de economías rurales viables y el ordenamiento concertado del territorio, para que sea posible la coexistencia democrática y responsable entre varias economías y varias escalas de uso del territorio y todo lo que este ofrece, de manera responsable ante las comunidades que lo han habitado y con un sentido de responsabilidad ambiental. Construir paz desde los territorios es asumir los múltiples conflictos presentes y la dura realidad de que hay territorios con enormes déficits de infraestructura y condiciones para llevar una vida digna, y todo ello parte por el elemental derecho a la vida, hoy sistemáticamente violentado en esos doscientos cincuenta municipios donde permanecen ilegales ejerciendo las labores básicas de un Estado democrático. Este es el reto, lograr una presencia legítima y eficaz del Estado, de la Constitución del 91 en todo el territorio nacional. La Paz Total tiene enormes retos que deben ser liderados por el nuevo gobierno junto a las comunidades locales y con el más amplio respaldo social, político e institucional que se pueda construir. De ahí que es una muy buena noticia la alianza lograda en el Congreso de la República, que tiene la más amplia convergencia política jamás construida. En el territorio está todo: las violencias que persisten, el sufrimiento de las comunidades, las riquezas mal distribuidas y el enorme desafío de construir una Colombia en paz desde unos territorios en paz, paz entendida como un orden democrático donde sea posible hacer realidad todos los derechos para la vida sabrosa que nos ha señalado la vicepresidenta Francia Márquez, como un derrotero poderoso y cautivador. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.