Por: Ernesto Medrano, Asistente de Investigación Línea de Democracia y Gobernabilidad Reforma Rural: una deuda inaplazable El problema de la distribución y la adecuada producción de la tierra en Colombia se ubica desde la independencia. Desde este periodo, el sistema agrario colombiano ha enfrentado diferentes dificultades por la ambigüedad existente en las lógicas sobre quién debe controlar la tierra, los conflictos por las desigualdades en la posesión de la tierra, los favorecimientos realizados desde las autoridades territoriales a los grandes poseedores y las discusiones asociadas al trabajo, la tierra y el capital (Corena Gómez, I. 2016). De la historia del sistema agrario colombiano se desprende no solo uno de los detonantes del conflicto armado, sino también los patrones del desarrollo agrícola y agroindustrial del país. Después de los diversos conflictos que se produjeron por las dificultades identificadas, surgió la reforma de 1936, impulsada por el presidente Alfonso López Pumarejo, la cual buscaba atender las problemáticas históricas relacionadas con una de las ausencias de la construcción de nación en Colombia: la distribución de la tierra. La evidencia histórica del país demarcaba la profundización de las rupturas del sistema agrario nacional debido a que las élites rurales y las élites políticas intensificaron la concentración de la tierra, pues se estableció un acuerdo entre ellas. (CNMH, 2013). A esta situación, se sumaron los conflictos entre los partidos políticos y la preocupación de los dirigentes políticos frente al papel del campesinado, un campesinado capaz de desestabilizar al país. Por estas razones, se produjo la primera reforma al campo colombiano. Sin embargo, la reforma, que buscaba alcanzar la equidad en la distribución de la tierra, garantizar su uso productivo, repartir las tierras baldías –que pertenecen al Estado– y la puesta en marcha de un plan para que el Estado recuperara la tierra improductiva, fracasó por la fuerte oposición de las élites y terratenientes. (Corena Gómez, I. 2016). El segundo intento de reforma agraria en el país fue con la Reforma Social Agraria de 1961. Esta reforma fue impulsada por el presidente Alberto Lleras Camargo y el senador Carlos Lleras Restrepo. Esta reforma pretendía poner fin a La Violencia que se había desatado tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán y la profundización de las disputas entre liberales y conservadores. Los principales ejes de la reforma consistían en la creación de un gran fondo de tierras, que permitiera la redistribución de las tierras baldías del Estado para entregarla a las familias campesinas sin tierra. Para abordar el problema de la concentración de la tierra y garantizar la distribución de esta, se creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA). La esencia del INCORA consistía en la creación de un gran banco de tierras, pero creando reglas precisas e integrales que permitieran, no solo el reparto, sino la productividad de la propiedad rural colombiana. Si bien el proceso de reforma agraria se llevó a cabo en un contexto especial con la Alianza para el Progreso, el temor frente a la “amenaza” comunista y el índice de Gini de concentración de la tierra ubicado en el 0.86%, el fracaso parcial de la reforma pasó por las dificultades institucionales para cumplir con los objetivos de redistribución de la tierra y la fuerte oposición de las élites, este último, un factor común. En 1972, como respuesta a los resultados de la Reforma Social Agraria, las élites rurales y políticas del país estructuraron el Pacto de Chicoral. Este pacto consistía en el cambio conceptual sobre cómo iban a ser entendidas las comunidades campesinas, reunidas en su mayoría en la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). En enero de 1972, bajo el gobierno de Misael Pastrana, se suscribió el Pacto de Chicoral, una contrarreforma agraria que buscaba propiciar la estigmatización del campesinado, detener los nuevos procesos productivos y evitar la expropiación, un instrumento constitucional, de latifundios improductivos. A esto se sumaron las vías de hecho, como las ocupaciones de tierras, pero también las reacciones violentas de los terratenientes y del Estado, que dejaron entre 600 y 1000 personas del movimiento campesino asesinadas. Después de varios años de discusiones y temores por la aparición del narcotráfico, en 1994 se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, bajo el gobierno de César Gaviria. Esta reforma buscaba disminuir la alta concentración de la tierra, poniendo al INCORA como el eje de la política agraria del país. En esta nueva fase del INCORA se incluyó a la mujer campesina en la agenda rural, pues con los resultados de La Gran Encuesta de Calidad de Vida de 1997, se comprendió y se le dio importancia al rol de la mujer rural. Así mismo se crearon líneas crediticias para fortalecer la productividad y el acceso a la tierra al campesinado, pero esto fue insuficiente. Con el Acuerdo de Paz con las FARC se retomó la discusión agraria en el país. Esto, bajo el entendido de que uno de los detonantes históricos del conflicto armado ha sido la desigualdad en la propiedad rural y la estructura agraria del país. En este contexto nació la Reforma Rural Integral (RRI), contenida en el primer punto del Acuerdo de Paz. La reforma Rural Integral planteada en los Acuerdos de Paz del 2016 tenía como objetivo resolver los viejos problemas abordados por cada una de las reformas previas, que quedaron inconclusos. Como ejes centrales la RRI de los Acuerdos de Paz establecían: la consolidación de un fondo de tierras, la protección de las áreas de interés ambiental, la implementación de lineamientos sobre el uso del suelo, la creación de una jurisdicción agraria, garantizar el acceso integral a la tierra (sistemas de riego, crédito, asistencia técnica, asociatividad y comercialización), el fortalecimiento de la educación rural, el acceso a servicios básicos, garantizar la salud rural, el acceso a la protección social en el campo y el acceso a fuentes de financiación. A todas luces, una reforma bastante ambiciosa. Pese a que los objetivos de la Reforma Rural Integral de 2016 eran ambiciosos, el fracaso parcial de la reforma tiene que ver con un elemento común: los obstáculos de las élites políticas y rurales del país. En 2018 con la elección de Iván Duque como presidente, todos los esfuerzos por consolidar una narrativa explicativa, no solo del conflicto armado colombiano, sino del fracaso de la política comercial agropecuaria del país, se derrumbaron. El mandato de Duque fue “hacer trizas la paz”, que fue una expresión empleada por los miembros y figuras reconocidas del Centro Democrático, partido político del presidente Duque. Esto incluía, el punto no. 1 de los Acuerdos de Paz. El gobierno de Gustavo Petro y la Reforma Rural Con la llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia han surgido muchas inquietudes sobre cómo será la reforma rural que han anunciado. En el programa de gobierno, no hay muchas luces al respecto y la ministra de agricultura, Cecilia López Montaño, ha dejado claro que el grupo de iniciativas legislativas a desarrollar, no se encuentra listo. Esto es importante porque significa que, si bien el gobierno tiene unas propuestas que serán prioritarias en el desarrollo legislativo de la reforma rural, la construcción de esta será colectiva y producto de la discusión pública. Como base de la reforma rural se encuentra la Reforma Rural Integral, contenida en el punto No. 1 de los Acuerdos de Paz. Esto supone la necesidad de alcanzar acuerdos conceptuales y de forma, que permitan adelantar una reforma que potencie el campo y que reduzca las brechas sociales entre las ciudades y el campo colombiano, minimizando las reacciones negativas de los terratenientes y de una parte de las élites políticas del país. Adicionalmente, es importante mencionar que la reforma rural depende de la implementación efectiva del catastro multipropósito, que ya ha generado álgidas discusiones entre los equipos del nuevo gobierno y el gobierno saliente. ¿Qué ha dicho el gobierno de Gustavo Petro sobre la Reforma Rural? Desde la campaña política, Petro ha dicho que no va a expropiar a nadie. Es decir, que no hará uso de un instrumento constitucional, incluso, al punto de firmar ese compromiso en una notaría. Sin embargo, esta medida no tiene efectos jurídicos vinculantes. Varios expertos se han preguntado sobre el alcance de la política de redistribución de la tierra improductiva en Colombia en el marco de la limitación discursiva que ha posicionado Petro sobre la expropiación. Aquí, surgen más preguntas que respuestas. Por otra parte, la ministra Cecilia López ha dejado claro que el éxito de la reforma rural consistirá en la articulación del Ministerio de Agricultura con otras carteras ministeriales como el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ambiente, entre otros sectores. Si bien López ya ocupó la dirección del Ministerio de Agricultura, la propuesta del gobierno incluye nuevos retos. En el proceso de articulación de la posible hoja de ruta que emprenderá el gobierno en materia rural y agraria, se ha hecho énfasis en la producción de los principales granos (arroz, frijol, maíz), racionalizar las importaciones de alimentos, que ascienden a 14 millones de toneladas, la reestructuración de la institucionalidad del ministerio y la urgencia por garantizar la productividad de la tierra. Una particularidad del discurso del gobierno de Petro, en materia agraria, es que hablan de reforma rural y no solo de la reforma agraria. Si bien la reforma agraria hace parte del programa de gobierno, el concepto de reforma rural va más allá de la tierra. De acuerdo con López, la reforma rural implica consolidar “la paz, la producción de alimentos, el hambre, la sostenibilidad ambiental y la transformación productiva”, para ubicar al campo en el centro de la agenda nacional. Así mismo se ha planteado la idea de revivir el Instituto de Mercadeo agropecuario (IDEMA), que era un instrumento de comercialización de productos agrícolas del país en 1967. Sin embargo, López fue la encargada de la supresión del IDEMA, en 1996, debido a la alta corrupción. A pesar de esto, Petro ha insistido en que una de las posibilidades para garantizar la productividad del campo, requiere de la estructuración de una entidad como el IDEMA, para alcanzar la productividad efectiva del campo y asegurar la seguridad alimentaria. En el marco de la articulación entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que ha sido una de las dificultades más grandes desde 1972, Petro ya se mostró abierto al diálogo, con el fin de incluirlas en el desarrollo de la propuesta de reforma rural que se adelantará. Imagen No. 1 Fuente: Twitter de Gustavo Petro ¿Es viable su tránsito legislativo? En materia política y legislativa, el gobierno de Petro se enfrentará en el congreso y en la opinión pública a un discurso de pánico que dificultará las discusiones públicas sobre la reforma rural. Sin embargo, el gobierno de Petro está cerca de lograr las mayorías necesarias en el Congreso, lo que le permitiría adelantar las discusiones pertinentes y la posible aprobación de sus propuestas legislativas. De acuerdo con los acuerdos alcanzados en el Congreso para el reparto de las presidencias de las comisiones permanentes del senado, Petro logró garantizar que, en la primera legislatura, la presidencia de la comisión quinta le correspondiera al partido Alianza Verde. Esto es importante, porque la Alianza Verde se declaró como partido de gobierno y en la comisión quinta desarrollan y discuten los temas agropecuarios y ambientales. Otro elemento fundamental es la llegada de los representantes de las curules de paz, pues la agenda legislativa de estos congresistas estará relacionada con el tema rural. Además, esta bancada anunció que actuarán como bancada de gobierno, con unas pequeñas oposiciones internas. Teniendo en cuenta que aún no es claro cómo será el trámite legislativo de la reforma rural que presentará el gobierno, los tiempos legislativos dependerán del tipo de iniciativa que encuentren necesaria. En Colombia existen tres tipos de leyes: Leyes estatutarias: son las leyes que regulan marcos generales y derechos fundamentales, por lo que tienen mayor jerarquía que las demás leyes. Así mismo, tiene un control de constitucionalidad. Su trámite requiere 8 debates en el Congreso. Leyes orgánicas: son leyes que están dirigidas a organizar el Congreso, las rentas y los gastos del Estado. Requieren 4 debates en el Congreso. Leyes ordinarias: son la mayoría de leyes que se formulan. Estas leyes deben surtir primero el trámite en las comisiones constitucionales. Requieren 4 debates en el Congreso. Para concluir, Petro ha dejado claro que la reforma rural es un tema prioritario para el gobierno, atendiendo las deudas históricas en esta materia. De acuerdo con los anuncios y e programa de gobierno, el gobierno buscará subsanar las deudas con el campo colombiano, integrando aspectos de las reformas de 1936, 1961, 1994 y 2016. Sin embargo, para lograr el adecuado tránsito de un sector agrario con alta concentración de la tierra, poco productivo y con poca capacidad de competencia, es necesario un proceso de diálogo profundo, que permita evitar los temores del pasado y las reacciones negativas de una parte de la clase política y rural colombiana. Petro y López han dejado claro que el camino estará marcado por el diálogo entre los diferentes sectores, en donde más allá de las políticas particulares que pueden favorecer a unos y perjudicar a otros, la construcción de consensos determinará el rumbo de la transformación del campo colombiano. Políticamente, el gobierno está cerca de alcanzar mayorías en el Congreso, pero la cohesión de esta gran coalición engendrada en el Gran Acuerdo Nacional que ha propuesto Petro, no necesariamente se mantendrá en el tiempo, pues los intereses de quienes se han acercado al nuevo gobierno son muy variables. Si bien el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U y Cambio Radical, han mostrado una actitud de diálogo, el debate y los diferentes intereses sobre las reformas priorizadas pueden suponer un gran reto para el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Por: Línea de Investigación en Frontera, Migración y Conflictos El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez han liderado la propuesta de “paz total” como el compromiso de lograr una Colombia sin violencias organizadas, y para ello tienen un mandato ciudadano. Lo que se conoce de esta nueva política de paz y tratamiento a todas las violencias que persisten en por los menos doscientos municipios del país, es que se basa en: protagonismo de las comunidades en las que persisten las violencias, tratamiento de los conflictos territoriales, pleno impulso al acuerdo firmado con las FARC con todos sus componentes, diálogo y negociación política con el ELN, oferta de sometimiento negociado con mafias y herederos del viejo paramilitarismo, y una nueva oferta de volver o involucrarse en el camino de la paz para el archipiélago de las antiguas FARC que han persistido en el conflicto. El próximo 7 de agosto inicia el gobierno que ha ofertado trabajar por las transformaciones pendientes, ampliar esta precaria democracia haciendo realidad la Constitución del 91 y abrir una era de paz. No es pequeño el compromiso y es grande la necesidad de lograr una convivencia pacífica y con respeto por la vida en todas sus manifestaciones. Hoy la frontera Colombia-Venezuela está en manos de ilegales que mandan y hacen a su antojo, vulnerando múltiples derechos e imponiendo su ley de hierro, el hierro del fusil y la pistola; esto debe ser superado desde una política de “paz total” y construcción de Estado de derecho en territorios que han vivido largas décadas de violencias y sus respectivas barbaries. Las situaciones más graves de violencia y ausencia de Estado de derecho se viven en el Catatumbo y en Arauca, e igualmente hay situaciones delicadas en el Perijá y en la frontera Guajira (de mucho menor intensidad que en las dos primeras, pero igualmente preocupantes y que deben ser atendidas). La construcción de órdenes democráticos en los territorios de frontera solo se puede lograr en una acción dialogada y concertada entre Bogotá y Caracas, incluyendo a las autoridades de frontera y con plena participación de las comunidades regionales que conocen al detalle lo que viven y tienen propuestas concretas y aterrorizadas. El gobierno entrante va a restablecer el diálogo diplomático con el gobierno del presidente Nicolás Maduro y allí se podrá avanzar en una “paz total”, para beneficio de los dos países.

Por: Camilo Díaz Suárez, investigador nacional Línea de Democracia y Gobernabilidad Este 20 de julio se posesiona el Congreso que acompañará el gobierno de Gustavo Petro durante el próximo cuatrienio. Con la llegada del nuevo gobierno, el primero de una corriente de centro-izquierda en la historia de Colombia, se pretenden realizar una serie de reformas que se empezarán a trabajar y tramitar a partir del próximo 7 de agosto. Con un plan de gobierno ambicioso y con grandes aspiraciones para conseguir un cambio estructural en el país, uno de los desafíos será conseguir la aprobación por parte del Congreso de una Reforma Tributaria que busca recaudar la base para el gasto social que planteado en campaña y en su programa de gobierno “Colombia, potencia mundial de la vida”. La reforma tcributaria tendrá una serie de cambios para garantizar una recaudo de $50 billones de pesos a partir de una serie de impuestos progresivos que tendrá un foco, por ahora, en las 4.000 personas más ricas de Colombia. Esta reforma se enfrenta a un proceso de tramitación con cuatro debates en el Congreso, del que depende su aprobación. ¿Qué busca la reforma tributaria de Gustavo Petro? Si bien no especificó en su programa de gobierno la cantidad que pretende recaudar con la reforma tributaria, Gustavo Petro ha sostenido que se espera lograr un recaudo de $50 billones de pesos. Para conseguirlo, el próximo gobierno se ha basado en la idea de una “justicia tributaria” que se base en impuestos progresivos y equitativos. Aquí vale la pena mencionar que los impuestos se pueden ser regresivos, es decir, que no tienen en cuenta la capacidad económica de una persona o empresa y se cobran a todos por igual, o progresivos, a saber, en los que se toma en cuenta la capacidad económica de la persona o empresa. Un ejemplo de impuesto regresivo es el IVA, que no distingue entre sus contribuyentes; mientras que un impuesto progresivo puede ser el aplicado a la renta, que contempla los ingresos para su aplicación. El enfoque de Petro está en asegurar el recaudo estatal a partir de un aumento en los impuestos progresivos. Para ello, en su programa de gobierno planteó desmontar gradualmente algunos beneficios tributarios que considera no tienen alguna justificación económica. Una de las disposiciones que tendría la reforma tributaria sería la eliminación de las rentas cedulares, cuyo sistema consiste en dividir los ingresos anuales del contribuyente según cinco cédulas y depurar cada grupo de forma independiente. Las cinco cédulas que existen son: rentas de trabajo, obtenidas por compensaciones por servicios personales como el salario; rentas de pensiones; rentas de capital, que vienen de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual; rentas no laborales, que son los ingresos que no entran en la compensación por servicios personales; y las rentas de dividendos y participaciones, que son por concepto de dividendos y participaciones. Ese sistema de rentas cedulares sería eliminado, para que todos los ingresos queden en una misma cédula y tengan la misma tarifa sin importar el tipo de ingreso. De acuerdo con esta disposición, se eliminaría la posibilidad que las personas de más ricas de Colombia tributen con beneficios preferenciales. Sumado a ello, se aumentaría el impuesto a dividendos, los cuales hará obligatorio declarar y tendría una escala progresiva, en la que quienes más utilidades reciban más deban tributar. El porcentaje del impuesto a los dividendos puede estar cercano al 70% para los más altos. A esto hay que añadir que habría una modificación en el impuesto a la renta, ya que, según el asesor económico de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla, este no es progresivo porque el 80% lo aportan personas jurídicas y el 20% personas naturales. Eso implica que las personas de mayores ingresos en el país no aportan lo que deberían. Las modificaciones a este impuesto aumentaría para aquellos que perciben desde $200 millones al año. En relación a este último, habría una modificación en el impuesto al patrimonio, que se aplica individualmente sobre el cálculo del valor de los bienes que posee una persona, que se declara a partir de los $4.000 millones y pasaría a declararse desde un patrimonio de $1.000 millones. Además, en la categoría de impuestos progresivos, habría un impuesto a las tierras fértiles improductivas. Si bien esto no quedó claro en su programa de gobierno, en diferentes entrevistas ha sostenido que los grandes latifundios improductivos deben tributar. Si bien este es un tema que iría de la mano con la Reforma Agraria que se plantea, se ha mencionado que este impuesto podría ser incluido en la Reforma Tributaria, siendo afectados los grandes poseedores de tierra. Habría también un aumento en la tributación por cargos de congestión urbana, para fomentar medios de transporte en las ciudades como el trasporte público y el uso de bicicletas. Finalmente, en cuanto al recaudo, no se tocaría el IVA a la canasta familiar, pero sí habría un impuesto saludable sobre alimentos y bebidas azucaradas. Cabe mencionar que para garantizar el recaudo también habría un énfasis en tener políticas efectivas para evitar la evasión, con un endurecimiento de penas y prohibiendo que nadie que reciba recursos públicos tenga cuentas en paraísos fiscales. ¿Cómo se tramita una reforma tributaria? El Gobierno Nacional es el único que puede radicar una Reforma Tributaria, aunque su aprobación depende del Congreso. Por los cambios que plantearía la reforma pensada por el gobierno de Gustavo Petro, esta puede tener un trámite lento. En primer lugar, el Ministerio de Hacienda debe radicar en las Secretarías Generales de Senado y Cámara de Representantes el documento completo, las cuales se encargan de hacer llegar este a las Comisiones Económicas de las dos corporaciones. En estas comisiones serán asignados ponentes de las bancadas de gobierno, independientes y de oposición para pedir el voto positivo o el archivo del proyecto. El voto del proyecto se puede hacer por artículos, bloques o el texto completo. Si es aprobado el texto en las comisiones, los presidentes de estas designarán un ponente para que expongasa el texto en la plenaria de cada corporación. En este segundo debate también se puede votar por artículo, bloque o el texto completo. Durante su tramitación, el texto puede ser modificado, pero dependiendo de los cambios, puede ser devuelto a las comisiones económicas para reiniciar el proceso. Durante el debate en las plenarias participan congresistas, el gobierno y gremios empresariales para exponer sus puntos de vista. Si el proyecto es aprobado en cada plenaria de cada corporación, este pasa a sanción presidencial y revisión constitucional. Si se da el caso que una plenaria de una corporación lo aprueba y otra no, se da un proceso de conciliación entre las dos corporaciones para llegar a una decisión. Así, en total el proyecto pasaría por cuatro debates antes de su aprobación por el Congreso. Cabe decir que, si en alguna de sus etapas este es archivado, el gobierno nacional debe presentar un proyecto totalmente nuevo. Las comisiones económicas Estas están compuestas por las comisiones terceras constitucionales, o de Hacienda y Crédito Público, y las comisiones cuartas constitucionales, o de Presupuesto, de Senado y Cámara de Representantes. Estas están integradas por 17 senadores y 31 representantes en las terceras, y 15 senadores y 29 representantes en las cuartas. El reparto de estas curules se da de acuerdo con el peso matemático de cada partido en el Congreso, lo que beneficia al Pacto Histórico, partido de gobierno, por ser el partido con mayor número de curules. Aparte, con la Alianza Verde y el Partido Liberal como partidos de gobierno y los guiños del Partido Conservador, podrían asegurarse las mayorías en el Senado para que el proyecto pase en las comisiones económicas. Sin embargo, el panorama no está tan claro en la Cámara de Representantes, donde las comisiones económicas podrían estar lideradas por Cambio Radical, el Partido de la U y el Mira. Este 20 de julio se sabrá la composición real de las comisiones constitucionales y la resolución de las curules en disputa, el panorama de la reforma tributaria le puede ser favorable a Gustavo Petro en la comisiones económicas y su desafío real estaría en las plenarias de las corporaciones, donde puede llegar a tener mayor oposición.

Por: Laura Fajardo, Asistente de Investigación Línea de Democracia y Gobernabilidad La situación de paz en Colombia sigue estando en veremos. La implementación de los proyectos trazados en el Acuerdo de Paz continúa siendo precaria y la corrupción ha invadido las instituciones responsables de cumplir lo pactado. Además, la reconfiguración del conflicto armado y el fortalecimiento del narcotráfico nutren las condiciones de desigualdad, marginalidad y pobreza que siguen siendo parte de los conflictos estructurales. A su vez, la delicada situación de orden público y derechos humanos que atravesó el país durante el Paro Nacional de 2021 reveló serios cuestionamientos a la naturaleza y el comportamiento de instituciones como la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad). En medio de todo el panorama social y político nacional, la campaña presidencial de Gustavo Petro alertó sobre la necesidad y la urgencia de establecer nuevas alternativas y soluciones, como la creación de una cartera particular que atiende estos asuntos. El primero en revelar públicamente la intención de crear un ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia fue el senador Roy Barreras. El electo senador y presidente del Senado Roy Barreras anunció que el espacio legislativo del Pacto Histórico tramitará la iniciativa de crear, junto con el Ministerio de la Igualdad, el Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia. La iniciativa fue resonada por el electo presidente Gustavo Petro, sin embargo, ¿qué implicaciones tendría la creación de esta nueva cartera?, ¿qué trámite tiene que surtir para que se haga realidad la propuesta?, ¿cuáles serían sus funciones? Lo urgente La justificación de la creación del ministerio descansa en dos puntos cruciales en medio de los proyectos de construcción de país: la implementación de los proyectos trazados en el Acuerdo de Paz y con las FARC y la naturaleza de la Policía como cuerpo de seguridad y convivencia ciudadana. La implementación de los proyectos trazados en el Acuerdo de Paz La intención de la derecha de “hacer trizas la paz” ha sido una profecía autocumplida. Según cifras de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), a abril de 2022 la tasa de homicidios en los municipios afectados por el conflicto era de 38.49 por cada 100.000 habitantes, la producción de cocaína había aumentado, las Estructuras Armadas Ilegales se habían extendido y fortalecido a lo largo del territorio y entre 2016 y 2022 se habían registrado 191 masacres a nivel nacional. A su vez, el incremento del desplazamiento forzado interno ubica a Colombia como el país que más desplazados tuvo en 2020 con 8.3 millones de personas. Estas difíciles condiciones de seguridad y paz en los territorios configura quizá, la principal razón que impulsa la creación de este nuevo ministerio que busca centralizar en una sola entidad de la rama ejecutiva a todas las consejerías y entidades de menor nivel en el tema y así garantizar un incremento en el presupuesto para la paz y una mejor ejecución. La naturaleza de la Policía y el Esmad como cuerpos de seguridad y convivencia ciudadana En el marco del Paro Nacional de 2021 se desencadenó una delicada situación de orden público y violación a los derechos humanos por parte de la fuerza pública que reveló serios vacios en la doctrina de la Policía y el Esmad como cuerpos de choque y contención a las manifestaciones del descontento social. Las múltiples denuncias de abusos, detenciones irregulares, desapariciones, heridos y muertos dejaron como saldo 78 personas fallecidas en el marco de la protesta, 1790 personas heridas de las cuales 84 tuvieron lesiones oculares, 2005 detenciones arbitrarias y 25 casos de violencia sexual perpetrados presuntamente por miembros de la fuerza pública. Estas alarmantes cifras suscitaron el interés de la comunidad internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país en medio de las protestas dejando como recomendaciones, entre esas, replantear la naturaleza de la Policía Nacional y el Esmad como cuerpos policiales de choque en las protestas sociales y su permanencia en el Ministerio de Defensa con el fin de evitar cualquier lectura militar de las situaciones de protesta social. Las circunstancias de la creación La creación del Ministerio será complicada, pero no imposible. Por la importancia de su creación deberá ser discutida, entre otras, por la Comisión primera, encargada de atender los asuntos constitucionales. Según prensa, la presidencia de esta Comisión Primera estaría en manos del Partido Liberal, con los senadores Lidio García Turbay o Juan Pablo Gallo como los más opcionados para ocupar esta presidencia, pues son los senadores más votados al interior de la colectividad liberal. Asimismo, la creación de este ministerio enfrenta a un problema vital de financiación y asignación de recursos pues se desconoce cuál será su asignación presupuestal, así como el origen de los recursos, mientras asume el reto de enfrentarse a las complejidades que enfrentan los asuntos de paz e implementación del Acuerdo tras el reciente caso de presunta corrupción en el manejo de estos recursos a través de los Ocad-Paz. Considerando que el paquete de reformas es denso: reforma tributaria, reforma a la salud, reforma agraria y reforma pensional, se desconoce la prioridad que pueda tener esta reforma constitucional que implica la creación del Ministerio, aunque el entrante gobierno y congreso del Pacto Histórico haya sido insistente en su prioridad de reformar la Policía y hacerlo parte de esta nueva cartera. Se desconoce aún quién podrá ser el doliente en la creación de este nuevo ministerio, cuáles serán sus relaciones con otros ministerios, como el de Defensa, los tiempos y posibilidades que tiene para ser efectivamente creado, los recursos con los que contaría, etc. Podría decirse, por ahora, que el nacimiento de este ministerio se sostiene por las intenciones parlamentarias y políticas de sus promotores. ¿Cuáles serían los puntos neurálgicos a tratar de este Ministerio? La centralización de las entidades relacionadas al conflicto armado y sus víctimas, como la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas o las entidades surgidas del Acuerdo de Paz que se encuentran repartidas en distintas carteras. El paso de la Policía y el Esmad del Ministerio de Defensa al naciente Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia. Esto representa un reto en términos institucionales, administrativos, de derechos humanos y, sobre todo, culturales, considerando la profunda desconfianza en la institucionalidad policial tras los hechos del Paro Nacional de 2021. El cambio en la formación de la fuerza pública, los protocolos de uso de armas, etc. representan una tarea de largo aliento que, seguramente, no estará por completo en manos del gobierno entrante. La necesaria articulación que el Ministerio deberá tener con otras entidades estatales como el Ministerio de Defensa, el pretendido Ministerio de la Igualdad, el Ministerio del Interior y en general, todas las carteras ministeriales que transversalmente deben contribuir en la construcción de paz. Este nivel de cohesión institucional que requiere el Ministerio para funcionar de forma efectiva involucra un sinfín de entidades a nivel local y nacional que no han demostrado operar eficientemente, lo que pone en vilo las soñadas intenciones del naciente ministerio. Unas breves conclusiones La llegada, por primera vez, de un gobierno de izquierda a la presidencia colombiana es, para algunos sectores sociales, la oportunidad de pensar y plantear la construcción de paz desde un lugar diferente al de la guerra armada y la eliminación del enemigo. El primer paso, el Acuerdo de Paz, representó un quiebre discursivo de la guerra pero institucionalmente su implementación ha sufrido severos traumas y dificultades, sin contar con la nula voluntad política del Gobierno Duque para hacerle frente a las transformaciones del conflicto y sus consecuencias. La idea de la creación del Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia plantea una oportunidad para atender las necesidades históricas de las comunidades azotadas por el conflicto, así como a la búsqueda por eliminar las violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública colombiana. Sin embargo, aunque sea una iniciativa colmada de buenas intenciones, esperanzas y entusiasmo, los caminos legislativos e institucionales que se requieren para asegurar siquiera su nacimiento, resultan ser sumamente complejos. Su trámite legislativo y constitucional tardará un buen tiempo (al menos dos años) y en medio de las demás reformas que pretenden hacerse, muchas de ellas, también constitucionales, será todo un reto evitar que la iniciativa se quede siendo sólo eso, la intención.

Por Nataly Triana Guerrero, Asistente de Investigación Línea de Democracia y Gobernabilidad. El Ministerio de la Igualdad es uno de los proyectos de ley que serán radicados por la bancada de gobierno ante el nuevo Congreso de la República. Este proyecto se encuentra liderado por la vicepresidenta Francia Márquez que, de ser aprobado, sería la primera ministra en la historia de esta organización administrativa. De acuerdo con el programa de gobierno “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, este nuevo ministerio tiene el propósito de articular todas las políticas públicas relacionadas al empoderamiento de las mujeres, diversidades sexuales y comunidades étnicas. Esto a partir de la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales. Este ministerio se encontrará a cargo del Sistema Nacional del Cuidado, un programa que pretende redistribuir y reconocer el trabajo del cuidado, es decir, todo aquel relacionado en principio con el trabajo doméstico. Sin embargo, las nociones más contemporáneas del trabajo del cuidado hacen referencia a “una gran variedad de actividades orientadas al sostenimiento de la vida, individual y colectiva, humana o no humana, preservándola, continuándola y reparándola” (Viveros, 2018). Teniendo en cuenta esto, las tareas principales de este ministerio se encontrarán encaminadas a la reducción del tiempo ejercido por las mujeres en el trabajo del cuidado, instaurar e implementar un plan de acción integral contra el feminicidio, establecer un plan nacional integral de prevención del embarazo adolescente y, en general, asumir la transversalización de las políticas de igualdad de manera interseccional en todo el ejecutivo. ¿Cuál es la relevancia del Ministerio de la Igualdad? Los ministerios relacionados a asuntos de género no son una novedad en la región latinoamericana, son el resultado de una serie de demandas de distintos sectores feministas que abogan por una efectiva transversalización del enfoque de género en las distintas políticas públicas que competen a este sector. Uno de los motivos que promueven la creación de este tipo de instituciones al interior del ejecutivo, es que solamente a partir de un interlocutor en la misma posición de poder de otros sectores se logran situar en la agenda política los asuntos de género, a la par de otras agendas, así como también posibilita reconocer problemáticas diferenciales y ejercer una mayor vigilancia sobre las políticas públicas con enfoque de género, asegurando que estas no se conviertan en promesas incumplidas. En Colombia, la necesidad de esta reforma es urgente, teniendo en cuenta que se han asumido compromisos internacionales como la firma de la “Convención Belém do Pará” para la erradicación de la violencia contra la mujer, sin embargo no se han tramitado vehículos que logren gestionar estos compromisos en hechos reales. Según las investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), a pesar de que existe un marco normativo robusto contra las Violencias Basadas en Género (VGB), este ha sido insuficiente, ya que existe un margen de impunidad significativo en los feminicidios y un posible subregistro de delitos sexuales que imposibiliten dimensionar la condición de vulnerabilidad de las mujeres. Para 2021, el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación (SPOA) reportó 9.847 denuncias por delitos sexuales, de las cuales solamente 533 se encuentran en etapa de juicio y 21 en ejecución de penas. Esto sin mencionar los estados de los procesos en los que solamente el 6% de estas denuncias han derivado en capturas y el 0,2% en condenas. Además, hay una alarma frente al aumento del 12% en los feminicidios presentados a inicios de este año en comparación del total de casos registrados para el mismo periodo en 2021, esto por no hablar de fortalecimiento de la trata de personas que se ha dado en Colombia tras la migración forzada de mujeres en condición de vulnerabilidad. ¿Cómo será el trámite de este proyecto de ley? De acuerdo con el artículo 150 de la Constitución Política de 1991, al Congreso de la República le compete hacer las leyes que permitan determinar la estructura de la administración nacional, es decir la creación, eliminación o fusión de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, etc. De esta manera, le compete al nuevo Congreso la creación del Ministerio de la Igualdad con previo aval del gobierno nacional. El trámite que llevará este proyecto de ley será el de una ley ordinaria, debido a que no involucra derechos fundamentales, por ende, su proceso de aprobación requiere de cuatro debates y puede tardar hasta dos legislaturas. A pesar de que un proceso de aprobación de una ley ordinaria es simple a comparación de las leyes estatutarias que involucran las reformas políticas, es importante señalar que este proyecto de ley requiere de voluntad política desde las comisiones séptimas del Senado y la Cámara de Representantes, las cuales estarán presididas por los partidos Cambio Radical, la U y Mira. Por lo pronto, es un gran avance para el país que se esté discutiendo la creación de un ministerio dedicado a los asuntos de género y en especial que esté acompañado de medidas como la paridad del gabinete ministerial y de la coalición del Pacto Histórico al interior del Senado de la República, puesto que la transversalización verdadera del enfoque de género en los programas y proyectos requiere de una representación política sustantiva de las mujeres. Sin embargo, Colombia debe velar por la aprobación del Ministerio de la Igualdad, no solamente por los compromisos internacionales asumidos, sino especialmente por la deuda histórica con las mujeres, las diversidades sexuales y las comunidades étnicas. Referencias Colombia Informa. 2018. "Luz Gabriela Arango, Una Feminista Que Trabajó Por Las Colombianas - Colombia Informa". Colombia Informa. http://www.colombiainforma.info/luz-gabriela-arango-una-feminista-que-trabajo-por-las-colombianas/.

Por: Daniela Garzón, Investigadora Nacional Línea de Democracia y Gobernabilidad Una de las primeras reformas que ha anunciado que quedará radicada el 20 de julio la coalición del Pacto Histórico es la reforma política anticorrupción. En el programa con el que Gustavo Petro y Francia Márquez se hicieron elegir, “Colombia, potencia mundial de la vida”, hay un acápite que está relacionado con la “democratización del Estado, libertades fundamentales y agenda internacional para la vida”. Allí, se habla sobre la democratización del Estado y erradicación del régimen de corrupción. Según el programa, dicha democratización de Estado pretende restaurar el equilibrio y la independencia de los poderes públicos “fortaleciendo su autonomía funcional y financiera”. La reforma buscará la depuración y fortalecimiento de los partidos políticos, garantizar “el financiamiento público y racional de las campañas electorales”, nuevos incentivos para la participación política y la eliminación de la Comisión de Acusaciones. La Comisión Legal de Investigación y Acusaciones tiene dieciséis miembros y pertenece a la Cámara de Representantes. Quienes la conforman son elegidos por el sistema de cuociente electoral y les corresponde conocer e investigar sobre las denuncias penales o quejas disciplinarias de altos dignatarios del Estado, incluyendo al presidente de la República, al fiscal general, a los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Como lo recoge Jaime Castro, una de las principales críticas a esta comisión es que no adelanta las investigaciones que debería, deja que estas prescriban o exonera a quienes han sido inculpados, por lo que en la práctica sus actuaciones han pasado sin pena ni gloria y los funcionarios cobijados bajo su fuero son prácticamente intocables. En el programa de gobierno también se incluye una reforma a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, para garantizar su independencia, diversidad en la representación y la soberanía informática y tecnológica sobre el sistema electoral. Esto, sin embargo, no entraría solo en una reforma política sino en una nueva reforma al Código Electoral, dado que la anterior se cayó en el examen de constitucionalidad por vicios de trámite, lo que implica que el Código vigente es el de 1986. El Pacto Histórico también ha planteado la creación de un Tribunal Electoral que “garantice la total independencia del poder electoral de las demás ramas del poder público”. Además, el programa también pone sobre la mesa el asunto de ampliar el nivel de participación de la ciudadanía en las decisiones públicas, a través del impulso de los presupuestos participativos y el acceso a la información pública. Se habla de fortalecer la vigilancia a toda la contratación pública para “garantizar transparencia, economía y eficacia”. Un punto clave, además, es la propuesta de crear una legislación de protección al denunciante de corrupción. La reforma política se presentará mediante un acto legislativo, que, de acuerdo con el Instituto de Ciencia Política, son iniciativas que tienen por objeto modificar, reformar, adicionar o derogar la Constitución Política. Los actos legislativos pueden ser presentadas por el Gobierno Nacional, como será este caso, por diez miembros del Congreso, el 5% o más del censo electoral de ciudadanos o un 20% de los concejales o los diputados del país. El trámite debe hacerse en dos periodos ordinarios y consecutivos y debe ser aprobado en ocho debates: cuatro debates en la primera vuelta y cuatro en la segunda. Esto supone que, a pesar del afán, no se tendría una reforma política aprobada este año. Ahora bien, dentro de los puntos de los que se ha hablado en otras reformas políticas, o en las recomendaciones de la Misión Electoral Especial, se incluyen pasar de listas abiertas a listas cerradas, evaluar los diseños institucionales y la escogencia del Consejo Nacional Electoral, un avance en la paridad en la conformación de las listas a órganos colegiados, y resolver el problema de la financiación pública de las campañas políticas, porque es por la vía de la financiación por donde más se cuelan los intereses de contratistas, empresarios y en la que menos transparencia hay actualmente. Asimismo, como recoge Esteban Salazar, es necesario que una reforma política anticorrupción plantee la necesidad de despolitizar la elección del Registrador Nacional, la creación de la carrera administrativa electoral y retomar el debate sobre el Código Electoral, la propiedad y el manejo de los softwares electorales, la inscripción de cédulas, la transmisión y declaración de elecciones, etc. Otros temas que siguen pendientes y que son urgentes son: la reglamentación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) y el carácter de los movimientos que avalaron a los nuevos representantes, si podrán o no conformar una sola bancada y de cuáles comisiones harán parte; la regulación de la curul raizal; la dispersión de personerías jurídicas que se ha dado en parte artificialmente en el último tiempo por la decisión del Consejo de Estado de revivir al Nuevo Liberalismo, a Salvación Nacional y a Verde Oxígeno; y si el papel de los partidos se reduce al de meros firmantes de avales y su responsabilidad cuando sus avalados acaban condenados por delitos contra la administración pública. En el mismo sentido de la reforma política, aunque diferencialmente, Gustavo Bolívar, Catherine Juvinao e Iván Cepeda presentarán una reforma al Congreso, parte de la cual también estaba contemplada en el programa de gobierno para que los ciudadanos puedan “exigir cuentas a sus representantes”. La reforma que liderarán estos tres senadores pretende entre otras cosas: limitar la reelección indefinida de los congresistas a tres periodos en cada cámara; disminuir el receso legislativo, es decir, que el segundo periodo de la legislatura no arranque en marzo sino en enero; aumentar las causales de pérdida de investidura, como la inasistencia a Comisiones Constitucionales, y promover la creación de una nueva causal para esta pérdida para los congresistas que amarran su voto a la obtención de cuotas o prebendas burocráticas. Así las cosas, hay que decir que pasar una reforma política por el Congreso no es sencillo, muchas iniciativas presentadas en el pasado, incluidas las que salieron del acuerdo con las FARC, quedaron en veremos o se han reglamentado a medias. Particularmente el acuerdo buscó facilitar la creación de nuevos partidos políticos, desligándola del umbral electoral (que hoy es del 3% en las elecciones legislativas) la creación de las 16 CITREP que se consiguieron después de una ardua pelea jurídica, pero que aún tienen vacíos serios de reglamentación, la revisión del régimen y la organización electoral, y la creación del Estatuto a la Oposición, que quedó en firme en 2018.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad David Ricardo Racero Mayorca nació en Bogotá y toda su vida ha vivido en esta ciudad. Racero es egresado del Colegio Calasanz y filósofo de la Universidad Nacional, magíster en ciencias económicas y estudiante de doctorado en estudios políticos y relaciones internacionales de la misma universidad. Luego de terminar su pregrado, Racero fue profesor de filosofía y ciencia política en el Colegio Teresiano y el Colegio George Williams. Racero tiene en sus venas la política. De acuerdo con La Silla Vacía, su tío y su padre hicieron parte de las lides políticas. Su tío, José Luis Mayorca, fue candidato al senado en 2014 por el partido Liberal, pero no quedó electo. Mayorca fue miembro del grupo político liberal de Horacio Serpa y del saliente congresista Édgar “El Pote” Gómez, conocido en la política santandereana después de su apoyo a Rodolfo Hernández. El padre de David Racero, Jorge Eliécer Racero Ceballos ejerció como gerente de campaña de José Luis Mayorca para senado en 2014. Durante el gobierno de Samper, Jorge Eliécer Racero fue director técnico de empleo en el Ministerio de Trabajo, mientras Orlando Obregón era ministro de trabajo. Jorge Racero también fue edil de Chapinero siendo presidente de Asuntos Económicos. Luego saltó a ser el subsecretario de la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo en el Concejo de Bogotá, para el período 2007-2011. En 2012 fue nombrado por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, como director del Instituto para la Economía Social (IPES). Meses después Jorge Racero renunció, saliendo cuestionado por el despido de muchos funcionarios del IPES. Por su parte, David Racero empezó en la política en 2001, ligado directamente al Polo Joven. Para 2010 ya tuvo relación directa con Gustavo Petro, esto porque fue su coordinador de juventudes para su campaña presidencial, algo que también hizo para la alcaldía de Petro. Paralelamente a acompañar la candidatura de Gustavo Petro en 2011 a la alcaldía de Bogotá, Racero fue candidato al edilato en Chapinero por el movimiento Progresistas, sacando 726 votos, sin alcanzar el puesto. En la alcaldía de Gustavo Petro trabajó como contratista en la Secretaria de Integración Social. También trabajó en la Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración (ICI). Luego, con la llegada a la Secretaría de Integración Social de Teresa Muñoz, hermana del exrepresentante a la Cámara por el partido Verde León Freddy Muñoz, fue coordinador del programa “Fortalecimiento de la gestión Local para el Desarrollo Humano en Bogotá”, que fortalecía la inversión en las localidades del distrito capital. Después de esto fue subdirector de juventudes en la misma secretaría. Se mantuvo allí pese a cambios en la administración y la llegada de Jorge Rojas a la Secretaría de Integración, hasta 2015. Vale la pena resaltar que la Secretaría de Integración Social para el gobierno de Gustavo Petro fue una de las más importantes, porque desde allí se implementaron políticas sociales que buscaban el mejoramiento de las condiciones de vida de los bogotanos y bogotanas. Para las elecciones de 2015 Racero volvió a lanzarse, esta vez al Concejo de Bogotá, de nuevo por la lista de Progresistas. Pese a que Racero obtuvo más de 4 mil votos y fue la segunda mayor votación de su lista, esto no le alcanzó para llegar. Por la lista de Progresistas solo pasó la cabeza, que era Hollman Morris. Racero acompañó a Morris en 2019 en su fallida aspiración por llegar a la Alcaldía de Bogotá. Luego de su segundo intento fallido para ocupar un cargo de elección popular, David Racero se encargó de ser el director de proyectos de la Fundación Lidera, la cual había fundado con sus padres y hermano. Estuvo empeñado siempre en hacer pedagogía en pro del proceso de paz, por ello trabajó con el Departamento de la Función Pública, dirigido por Liliana Caballero, en la formación a funcionarios públicos en temas técnicos de la implementación del Acuerdo de Paz. En 2018, cuando Gustavo Petro se lanzó de nuevo a la presidencia, Racero lo acompañó siendo candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá. Estaba en la lista de La Decencia, con el aval del partido Mais. Alcanzó la curul a Cámara con 16.784 votos. En sus primeros cuatro años como congresista Racero hizo parte de la bancada de oposición e integró la Comisión Tercera, que se encarga de las discusiones económicas. Para 2022 se reeligió, siendo la cabeza de la lista cerrada del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá, que obtuvo más de 800 mil votos, la lista más votada. David Racero, el joven polista de familia liberal que desde siempre ha acompañado a Petro y ha sido escudero y pedagogo del Acuerdo de Paz, inicia su segundo periodo como congresista con un gran reto, que es presidir la Cámara de Representantes. Racero viene de la dinámica de la oposición, él es consiente que debe cambiar el chip, es fundamental su posición para el gobierno de Petro y las reformas que va a llevar a cabo. La posición de Racero, junto con la de Roy Barreras, son quirúrgicas para lo que llaman desde el petrismo el “Gran Acuerdo Nacional”.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Roy Barreras, uno de los políticos más astutos de los últimos tiempos, quien ha transitado por todos los espectros políticos, va por su segunda presidencia del Congreso de la República. Nació en Cali y es médico cirujano graduado de la Universidad Nacional, tiene posgrado en Sociología y Administración de la Universidad del Valle. También estudió Derecho Público en la Universidad Externado y es especialista de la Universidad Alfonso X El Sabio (Madrid) en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Barreras empezó en la política al verse seducido por lo que representaba Luis Carlos Galán y por ello entró a las juventudes galanistas, al tiempo que continuaba con su labor como médico. En 2006 dio su primer salto a la política electoral como representante a la Cámara por el Valle del Cauca, obteniendo 16.216 votos por el partido Cambio Radical, partido en el cual militó desde 2000 hasta 2009, cuando fue expulsado debido a que apoyó la segunda reelección de Uribe y los demás miembros no lo hacían. El proceso de expulsión de Barreras se dio en el comité de ética del partido, donde tuvo fuertes discusiones con el que era en ese momento presidente de Cambio Radical, Germán Varga Lleras. Dentro de los reclamos de Barreras, este increpó a varios líderes del partido sobre el silencio con los políticos relacionados con el escándalo de la parapolítica. Sin embargo, se encontró con la resistencia del entonces senador del partido Rodrigo Lara y la expresidenta del Senado —y en ese entonces integrante del partido—, Claudia Blum, quienes le pidieron a Vargas Lleras que no incluyera a Barreras en la lista de Cambio Radical para el Congreso, porque afectaba la imagen del partido. Para 2010, un año después de su expulsión de Cambio Radical, Barreras llegó al Partido Social de la Unidad Nacional (Partido de la U), fundado en 2006 por Juan Manuel Santos, como herencia del proyecto político del expresidente Álvaro Uribe. Barreras se eligió en el Senado de la República, obteniendo 81.339 votos y apoyó a Santos para la presidencia, recogiendo las banderas de Uribe, a quien había apoyado durante su gobierno. Bajo el gobierno de Santos se iniciaron las conversaciones con la entonces guerrilla de las FARC, que desencadenarían en el establecimiento de las negociaciones formales en La Habana. Roy fue uno de los escuderos de estas negociaciones. Esta situación llevó a que Roy se desligara de Uribe y se la jugara toda por Santos, quien fue reelecto en 2014 con la bandera de la paz y de quien es uno de sus más importantes mentores y amigos. Roy para el periodo 2014 continuó en el senado con 80.524 votos. Barreras siguió como el gran defensor de las negociaciones, que se convirtieron posteriormente en el Acuerdo de Paz, el cual él mismo firmaría como negociador plenipotenciario. El periodo de 2010 a 2018 para Roy Barreras no estuvo libre de cuestionamientos. De hecho, se le señala de ser uno de los responsables de la debacle de la EPS estatal Caprecom. En 2011 El Tiempo denunció que la exesposa de Barreras, Gloria Helena Arizabaleta, trató de llegar a la subdirección de esta EPS del Estado. Por diferentes razones no lo logró, pero presuntamente habría obtenido un contrato por asesoría de 10 millones de pesos al mes. De acuerdo con un grupo de funcionarios de esta EPS, en 2013 se solicitó la revisión de varios contratos de trasporte aéreo ambulatorio de pacientes, de suministro de droga y de aseo, el último de ellos adjudicado a la empresa caleña Cleaner S.A. Uno de los representantes legales de Cleaner era Julián Andrés Restrepo, secretario privado de Roy Barreras cuando este fungió como presidente del Congreso entre 2012 y 2013. Además, un miembro de la junta directiva de Cleaner, Patricia Ceballos, fue contratada por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado en 2012, justo cuando Hilzyl Noriega, exasesor de Barreras, era secretario de dicha comisión. Este escándalo de Caprecom lo sigue persiguiendo hasta el día de hoy, pero no le ha impedido continuar con su carrera política. En 2018 Barreras se reeligió al senado obteniendo 112.695 votos y fue fundamental para que el partido de la U apostara por apoyar a Germán Vargas Lleras, candidato de Cambio Radical, a la presidencia y con quien Roy tuvo diferencias en el pasado. La presidencia la ganó Iván Duque y poco a poco el Partido de la U, en cabeza de Dilian Francisca Toro, se fue decantando a ser coalición de gobierno. Toro y Barreras han cultivado una relación tensa, esto porque Toro fue ganando más protagonismo en La U al punto de convertirse actualmente en presidenta de la colectividad, mientras que Roy se veía opacado por su figura. Esto, junto con la cercanía de La U y el gobierno Duque, al final causó que Barreras renunciara al partido en 2020. Según La U, fueron ellos quienes expulsaron a Barreras. Misma situación vivida por Armando Benedetti. Lo anterior le permitió a Barreras acercarse del todo a Gustavo Petro y entrar así a su círculo político de mayor confianza. Barreras fue fundamental en la victoria de Petro, pues promovió que varios sectores liberales y de otras facciones partidistas se adhirieran al proyecto del Pacto Histórico. Roy Barreras fue reelecto senador para el periodo 2022-2026, esta vez por la lista cerrada del Pacto Histórico, ocupando el puesto seis, a su vez consiguió que Gloria Arizabaleta, su exesposa, hiciera parte de la lista del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca y fuera electa. Los cuestionamientos para Barreras dentro del Pacto Histórico tampoco se han hecho esperar. Según el periódico El Colombiano, Barreras tiene una investigación abierta en la Corte Suprema de Justicia por presuntos actos de corrupción al interior de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Paralelo a esto, de acuerdo al sistema de consulta de procesos de la rama judicial, en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aparecen 18 procesos con su nombre. Otro hecho que lo puso en los reflectores sucedió en agosto de 2021, cuando dejó un maletín olvidado en el hotel Ópera. El maletín tenía documentos y una alta suma de dinero. La última controversia se dio días antes de elecciones de segunda vuelta, cuando se habrían filtrado ilegalmente varios videos privados de la campaña del Pacto Histórico publicados por Revista Semana en los que Barreras habla de la estrategia de atacar a Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo, entre otras polémicas declaraciones. Con todo esto Roy Barreras, aquel joven galanista que llegó a la política bajo un discurso liberal en el manto del partido Cambio Radical, se fue convirtiendo en un auténtico camaleón político. De apoyar a Uribe durante su gobierno, se trasladó al santismo en la defensa irrestricta al Acuerdo de Paz. Ha construido un capital político que mezcla cuotas burocráticas alrededor de toda Colombia y votos de opinión. Su audacia lo ha puesto en el protagonismo político durante las últimas 2 décadas, en las que ha gozado de participar activamente como promotor de los gobiernos, a excepción solamente del gobierno Duque (2018-2022); y ahora durante el gobierno de Petro y Francia Márquez no solo regresará como presidente del Senado y del Congreso, sino que estará a cargo de liderar el “Gran Acuerdo Nacional” en el legislativo y llevar a buen puerto las reformas allí.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad Se oficializó la salida de Omar Yepes de la presidencia del Partido Conservador, luego de que se conociera la intención de la bancada elegida del Congreso de no ser oposición al gobierno de Gustavo Petro, pues a su juicio eso riñe con los principios que defiende el partido. Su reemplazo es Carlos Andrés Trujillo, el segundo elector del conservatismo, quien habría liderado los acercamientos con Petro durante la campaña de la segunda vuelta presidencial y posteriormente para hacer parte del acuerdo nacional del Pacto Histórico. Trujillo se hizo reelegir como senador y pasó de ser la cuarta votación del partido en 2018 a la segunda en 2022, por detrás de la heredera de la parapolítica, Nadya Blel. Ha ido construyendo una carrera política que hoy lo pone a ser la cabeza de la segunda bancada más numerosa del Congreso. Pero, ¿quién es Carlos Andrés Trujillo? Trujillo es antioqueño, contador público de profesión y llegó al Congreso en 2018, después de ser alcalde de Itagüí entre 2012 y 2015. Al Congreso llegó con casi 89.000 votos y en 2022 obtuvo casi el doble: 162.165, un crecimiento impresionante para cualquier congresista. Su fortín electoral, por supuesto, está en el municipio del que fue alcalde, Itagüí. Allí ha obtenido en ambas elecciones un poco más de 24.000 votos. Y para aumentar su votación entre 2018 y 2022, se concentró en algunos nichos electorales en La Guajira, Sucre y Norte de Santander, donde en 2018 obtuvo muy pocos votos. Así, por ejemplo, en La Guajira pasó de 514 a 21.628 votos. Un comportamiento altamente atípico. Allí tuvo como fórmula en Cámara a Juan Loreto Gómez Soto, el hijo de la exrepresentante (2018-2022) conservadora María Cristina Soto, investigada por presunta compra de votos, y particularmente en Uribia, donde Trujillo pasó de 55 a 10.743 votos. Caracol Radio denunció que durante la campaña se habrían prometido tierras a cambio de votos para Loreto y Trujillo. Allí Trujillo habría hecho gestiones para la asignación de recursos por parte del Invías, para pavimentación. En Sucre pasó de 695 a 11.747 votos y allí su fórmula para Cámara fue Luis Suárez Chadid, a quien el propio alcalde de Sincelejo le hizo campaña. En Norte de Santander, por su parte, pasó de 2.560 a 8.772 votos, en esta región su fórmula fue Ciro Rodríguez, quien resultó salpicado en el escándalo de Odebrecht por declaraciones del condenado senador Bernardo “el Ñoño” Elías. Ahora bien, Trujillo lleva años haciendo de Itagüí el municipio de su entero dominio. Con su apoyo se han hecho elegir los dos siguientes alcaldes, León Mario Bedoya, quien se ha distanciado recientemente de él; y el actual alcalde José Fernando Escobar, su gerente de campaña en 2012 y quien fue el secretario de infraestructura de su administración. Escobar renunció a la secretaría para ser el gerente de campaña de León Mario y después volvió a ocupar la misma secretaría. Más adelante se convirtió en alcalde. El poder de Trujillo se ha extendido dentro y fuera de las fronteras itagüiseñas. Como lo señaló La W, las cuotas de Trujillo en la alcaldía de Itagüí son muy visibles. Su primo, Daniel Esteban González, es director de Desarrollo Económico y Natalia Trujillo González, quien sería su hermana, fue asesora TIC de León Mario Bedoya y hoy sigue siendo asesora de la Alcaldía de Itagüí. De su cuerda política también hacen parte: el diputado Jaime Cano, el concejal Lucas Cañas y la contralora departamental de Antioquia, quien antes fue contralora de Itagüí, Enedith del Carmen González. Casualmente, en el concurso para contralor en Antioquia se denunciaron presuntas irregularidades en la custodia de exámenes. La anterior contralora de Antioquia, Elsa Yasmín González, también es cercana a Trujillo y hoy hace parte de la lista de diez personas que aspiran a ser la o el próximo contralor de la República. Aunque son múltiples las denuncias que reposan en los organismos judiciales contra el senador Trujillo, la mayoría por sus actuaciones siendo alcalde de Itagüí, en al menos dos los fiscales hicieron la solicitud de imputación de cargos (y al menos en una solicitud de medida de aseguramiento), pero se echaron para atrás. Uno de los procesos es por el delito de prevaricato por omisión y el otro por interés indebido en la celebración de contratos. En ambos casos la imputación se solicitó en octubre de 2015, pero a las semanas los fiscales retiraron la solicitud. La defensa de Trujillo alegó falta de garantías y logró que se trasladaran los casos a Bogotá, donde quedaron inactivos en 2017. Según Caracol Radio, detrás de los traslados habría estado el entonces fiscal Eduardo Montealegre. Los principales denunciantes de Trujillo en su paso por la Alcaldía de Itagüí fueron concejales que durante su mandato se opusieron a su gobierno, algunos de los cuales incluso denunciaron amenazas de muerte en su contra, pero la astucia del ahora hombre más poderoso del conservatismo ha hecho que algunos de sus detractores políticos acaben trabajando con o para él. Es el caso de Carlos Mario Martínez, quien había interpuesto al menos dos denuncias contra Trujillo y acabó haciéndole campaña al Congreso: Una de las denuncias que se hizo contra Trujillo fue la de utilizar dineros públicos para beneficiar presuntamente a miembros de la Policía Nacional. Para ello, la Alcaldía de Itagüí, siendo Trujillo alcalde, habría contratado el alquiler de una casa en uno de los sectores más exclusivos del municipio “para promover asuntos de seguridad ciudadana”. En esa casa acabaron viviendo dos mayores de la Policía, el mayor Quintero y el mayor Obando. El historial del mayor Quintero es particularmente preocupante. Fue capturado en 2014 por presuntos nexos con grupos paramilitares mientras ejercía en Santander y al momento de su captura había dejado Itagüí dos meses antes para llevar a cabo el curso de ascenso. Según El Tiempo, un mes después recobró la libertad, pero quedó vinculado a la investigación. En 2016, una Fiscalía adscrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario lo vinculó con un caso por “falsos positivos”, pues profirió medida de aseguramiento contra Quintero Salazar por presunto homicidio agravado. Los hechos por los que se le acusó están relacionados con las muertes de Johnny Eduardo Soto y Robinson Cala, cuando Quintero era subteniente en el municipio de Sabana de Torres, Santander. Hoy Quintero Salazar es el subcomandante de la Policía de Cali. Del mismo modo, otra denuncia es acerca de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí (ADELI). ADELI fue creada “a la carrera” por Luis Guillermo Pérez, alcalde encargado de Itagüí en 2011, en el penúltimo día de su mandato y quien en ese entonces ya se consideraba cercano a Trujillo. El nombramiento de Pérez en su momento causó polémica en el municipio antioqueño, pues se consideró como un guiño a la candidatura de Trujillo (después sería su secretario de salud). Cuando llegó a la alcaldía en 2012, Trujillo le solicitó al Concejo facultades pro témpore para transformar ADELI. Con el decreto 1309 de 2012 la hizo una empresa industrial y comercial del Estado del nivel descentralizado, lo que le permitiría firmar convenios y vender bienes del municipio mediante la entidad, así como desarrollar proyectos de renovación urbana. La transformación de ADELI a la postre fue declarada nula en fallos de primera y segunda instancia. Finalmente, hay que señalar la cercanía ya conocida entre Carlos Andrés Trujillo y el coordinador del empalme del sector justicia del gobierno entrante, quien suena como próximo ministro de Justicia, y a quien se le han hecho acusaciones por presunto plagio, Guillermo Reyes. Como denunció Yohir Akerman, Reyes, a través de su firma y como persona natural, ha tenido varios contratos por años con la Alcaldía de Itagüí, tanto cuando Trujillo fue alcalde, como con sus sucesores lo fuerom, que le responden políticamente a él.

By: León Valencia for @infobae Translation by: María Victoria Ramírez For the first time the left political wing has gone from being an opposition minority to being the government bench. That is the great novelty of the new Colombian Congress the coming July 20. In the days of the National Front [1], until well into the second half of the last century, the left simply did not have parliamentary representation, because the country's elites had decided so. So much so that in 1986, 36 years ago, the conquest of three senators and four representatives to the Chamber by the newly formed Patriotic Union (Spanish: Unión Patriótica) party, created thanks to the peace agreements signed between the government of Belisario Betancur and the FARC in Uribe, department of Meta, in 1984. Five years later, in 1991, also as a result of other peace agreements, a group of parliamentarians from the AD M-19 (Spanish: Alianza M-19) arrived in Congress to slightly increase the presence of the left in parliament. Thus, it was, little by little, parliamentarian by parliamentarian, how the left grew, in a tragic way, too, because many political leaders of this current were assassinated once they won a seat in Congress. Especially notorious was the sacrifice of Manuel Cepeda Vargas, father of Iván Cepeda, current senator of the Historical Pact, assassinated in 1994. It was the atrocious act that closed the cycle of homicides of great personalities of the Patriotic Union. The Democratic Pole, the Green Alliance Party, the Human Colombia a(Spanish: Polo Democrático, el Partido Alianza Verde y la Colombia Humana) and the representation of the indigenous people, arrived in 2018 with a significant bench to change the trend. There were Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo and Angélica Lozano, jointly with parliamentarians from the old guard and very new and fresh leaders of a left that seemed renewed and with new energy. They held memorable debates to defend the peace agreements and stop the attempts by Duque and the Democratic Centre (Spanish: Centro Democrático) to put an end to emblematic entities such as the Special Jurisdiction for Peace (Spanish: JEP Jurisdicción Espacial para la Paz) and the Truth Commission, forged in the last negotiations with the FARC to undertake the political transition of the country. That living Congress, which seemed to be the body of a parliamentary democracy, died the day the Covid-19 pandemic arrived. The government of Iván Duque and the parliamentary majority they had formed, using ‘the sweet jam[2]’ of positions and contracts with science and patience, closed the Capitol and condemned parliament to lackluster virtual sessions. Duque then occupied the entire political scene through television broadcasts with which he attempted to relaunch his decayed image. Nothing achieved. His discredit gave way at times; however he maintained the descendent trend with which he reaches the end of his government. But the damage he caused to the parliamentary institution, which was beginning to recover its jurisdiction and its image, was huge. That is the first challenge of the new Congress, to return to the path of the first legislature of 2018. Now with another dimension. To discuss with dignity, to debate with elegance and urgency, with calm independence, without tricks or low-level tricks, the reforms announced by the Historical Pact. The decadent and precarious right needs a lesson in decency, a downpour of truthful, documented arguments, a clean-up operation to save them from their intellectual misery. Roy Barreras, the new president of Congress appointed by Gustavo Petro, would have to grow in this responsibility, to be up to the challenge. It is not easy; he is under question and holds mistrust on his shoulders. But many times, the position performs the miracle, and this could be the case, because Roy is an intelligent and audacious man, as acknowledged even by his most severe opponents. The initial test is dramatic. Bring forward a major tax reform that fairly taxes the richest and favors the poorest in a country where the elites have a visceral resistance to paying taxes and the middle classes also resist with the argument both true and convenient of the scandalous theft of public resources in sophisticated corruption plots. There you have it, ladies and gentlemen of the Pacto Histórico. History walks on your shoulders! [1] National Front (Spanish: Frente Nacional 1958–1974) was a period in the Colombian historiry in which the two main political parties, the Liberal Party and the Conservative Party, agreed to rotate power, intercalating for a period of four presidential terms. The National Front Presidents were Alberto Lleras Camargo (Liberal), Guillermo León Valencia (Conservative), (Liberal), and Misael Pastrana Borrero (Conservative). [2] Sweet jam is a Colombian expression to name a corrupt behavior of parliamentary consisting in supporting government’s legislative.

Por: Nataly Triana y Laura Fajardo, Asistentes de Investigación Línea Democracia y Gobernabilidad Con la elección de Gustavo Petro como presidente se abrieron las posibilidades de reanudar las relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, tras siete años de cierre de la frontera. Sin embargo, aunque la voluntad política de entablar los diálogos sea fundamental, la frontera colombo-venezolana enfrenta complejidades profundas producto del cierre fronterizo, por lo que se requerirá más que voluntad política para generar un ambiente de bienestar para los habitantes de la frontera. Las complejidades La frontera entre Colombia y Venezuela concentra tres pasos fronterizos: Cúcuta-San Antonio de Táchira, Maicao-Zulia y Arauca-Apure, cuyo cierre oficial intensificó las dificultades económicas y alimentó las condiciones para el fortalecimiento de mercados y actores ilegales que con el paso del tiempo consolidaron dinámicas que se insertaron en la vida cotidiana de los habitantes fronterizos. Esta confluencia de factores y condiciones serán fundamentales para las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, pues luego de que se restablezcan las relaciones y se abran nuevamente los pasos oficiales, será tarea de largo aliento la suma de esfuerzo y la formulación de políticas capaces de responder a las necesidades de estas zonas. Las trochas, la presencia de actores armados y las dinámicas históricas de contrabando son parte de esta complejidad fronteriza. - Las trochas Tras la ruptura de las relaciones diplomáticas y el cierre de los pasos oficiales, y en medio del incremento en el flujo migratorio de venezolanos hacia Colombia, se abrieron caminos de herradura a lo largo y ancho de toda la frontera. Sin embargo, la total ausencia de presencia estatal colombiana y venezolana, junto al carácter informal de estos pasos, consolidó en las regiones dinámicas ilegales reflejadas en el flujo de mercancías, personas, armas, etc. El tránsito por estos pasos ilegales suele hacerse bajo el cobro, voluntario o extorsivo, del acompañamiento en el paso, la carga de las mercancías, la autorización del grupo armado para el tránsito, etc. Además, el paso es dinamizado por “trocheros”, personas dedicadas a transportar mercancías de contrabando y cobrar los costos del tránsito. Su labor es una actividad de subsistencia y, debido al paso masivo de personas y bienes, se volvió una oportunidad de ganar dinero para los sectores más empobrecidos de la frontera. Con el paso de los años y la falta de voluntad política para concertar entre gobiernos el problema creciente, las trochas se convirtieron en espacios cotidianos para la extorsión, la configuración de rutas de narcotráfico, la trata y el tráfico de personas, el contrabando, la desaparición de personas y la presencia de grupos armados como cuerpos de vigilancia y control. La necesidad de seguir cruzando las fronteras y la economía de subsistencia en torno a las trochas, hicieron de estos pasos y sus prácticas la norma y naturaleza del tránsito, a tal punto que se constituyeron como un factor cultural y económico que no se eliminará solamente con la apertura de los pasos oficiales. Además, las rentas económicas de las actividades como el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando, etc., dejan amplios márgenes de ganancia para los grupos armados y las redes criminales que operan en la región, economías que no desaparecerían de forma automática con la apertura de los cruces formales y aún menos cuando no hay estímulos aduaneros ni comerciales para desincentivar las economías ilegales. - Las relaciones con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) En el marco del cierre de fronteras, las fuerzas militares de ambos países operan tensamente en cada uno de los territorios. Sin embargo, hay denuncias ciudadanas que señalan presuntos comportamientos irregulares por parte de la GNB, como el cobro informal de dinero por el tránsito en puestos de control o por el uso de medios de transporte público, como buses o taxis. Recientemente, durante las jornadas electorales en Colombia, ciudadanos colombianos que viven en Venezuela e intentaron cruzar hacia los puestos de votación dispuestos en la frontera denunciaron presuntos abusos y controles excesivos por parte de la GNB. Sin duda, parte de los acuerdos y las negociaciones deberán evaluar y proponer mecanismos para que los cuerpos armados en cada país actúen en consecuencia con los derechos humanos y el cumplimiento de sus fines misionales relativos a la seguridad y la sana convivencia. - La presencia de los grupos armados El cierre de relaciones diplomáticas y tránsitos oficiales intensificó la porosidad de la frontera colombo-venezolana, abonando a las condiciones para que grupos armados ilegales como la guerrilla del ELN sumaran amplios márgenes de movilidad y despliegue de actividades militares. La presencia de otros grupos armados, como las Disidencias de las FARC o los grupos relacionados al Clan del Golfo, contribuye a que los espacios fronterizos se hayan convertido en lugares de refugio, crecimiento y disputa de los distintos grupos armados. A su vez, operan otro tipo de grupos diferentes a los grupos guerrilleros, como Los Rastrojos o el Tren de Aragua, grupo delincuencial venezolano que operaba en ciertas zonas de Caracas y que en estos últimos cuatro años ha logrado extender sus redes de crimen hasta Bogotá. Estas condiciones de disputas dejan a la población civil en medio del fuego cruzado y crean contextos de miedo e inseguridad que impiden el progreso económico y social de la región. - El contrabando Históricamente los espacios fronterizos con Venezuela han sido zonas aptas para el tráfico y el intercambio de mercancías al margen de los parámetros legales. Las dificultades para concertar planes económicos y aduaneros capaces de hacerle frente a esa ilegalidad han contribuido a la naturalización del contrabando como parte esencial de las dinámicas comerciales entre los países. Sin duda, la conformación de un bloque económico y el establecimiento de incentivos para los comerciantes y todos los involucrados en los flujos mercantiles, serán claves para reducir el paso de mercancías por caminos ilegales o de contrabando. - Las condiciones de salud que habitan las fronteras La pandemia del Covid-19 y las difíciles condiciones de migración y permanencia de la población venezolana en Colombia reveló las aguda crisis de salud que enfrenta el país vecino, sobre todo en materia de esquemas de vacunación, prevención y protección a poblaciones vulnerables, como las niñas y niños, o las madres gestantes. Aunque desde el Gobierno colombiano y entidades multilaterales de apoyo internacional se realizaron jornadas de vacunación, atención y prevención de enfermedades, estas condiciones revelan que, más allá de políticas económicas y de seguridad, también son urgentes acciones que propendan por abonar a las condiciones de vida digna de toda la población fronteriza. Los retos La reapertura en términos económicos entre ambos países implica, en primera instancia, la recuperación de las cadenas de comercialización. Esto teniendo presente que la suspensión del comercio bilateral formal llevó a la ruptura de las relaciones comerciales legales y, tras la crisis económica en Venezuela, de las relaciones de complementariedad de ambas economías. De acuerdo con la Cámara Colombo Venezolana, la balanza comercial se ha desequilibrado a favor de Colombia como respuesta a la reducción de las capacidades productivas del sector petrolero, petroquímico y siderometalúrgico del país vecino. Esta reactivación también requiere de una estabilidad jurídica para los inversionistas, lo que significa unos acuerdos arancelarios que reduzcan el contrabando e incentiven no solamente la inversión, sino la competencia transparente. Por ende, que se eliminen las presuntas prácticas de legalización de mercancías provenientes del contrabando desde el SENIAT. El restablecimiento de las relaciones debe llevar a acciones conjuntas que permitan garantizar no solamente los acuerdos arancelarios de intercambio comercial, sino igualmente mecanismos conjuntos de mantenimiento de una infraestructura común que permita la integración económica y social, como lo son puentes internacionales. Ahora bien, la apertura de la frontera también demanda planes de acción conjunta de seguridad fronteriza entre ambos países, esto implica que se tiene que restablecer la confianza entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y las Fuerzas Armadas Colombianas (FAC), con el propósito de retomar el monopolio legítimo de la fuerza y reducir la presencia de Estructuras Armadas Ilegales (EAI) y de las economías ilícitas controladas por estas . Para que esto sea posible es importante que desde el gobierno venezolano se ejerzan acciones que demuestren el fin de la presunta complicidad de miembros de la FANB con EAI como el ELN y, en especial, restablecer la credibilidad de este cuerpo de seguridad, así como del Gobierno Nacional en los estados fronterizos: Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. En este punto, el establecimiento de los diálogos de paz y la firma de un Acuerdo posterior entre el ELN y el gobierno colombiano, con el respaldo político de Venezuela, puede resultar un gesto de amabilidad política, pero también de rechazo a la presencia y accionar de grupos armados en territorios fronterizos. También es fundamental, a la par del restablecimiento del monopolio de la fuerza, que se instauren mecanismos judiciales y de esclarecimiento de la verdad conjuntos que permitan la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en su paso migratorio, así como la judicialización de miembros de la Fuerza Pública, actores estatales o personas naturales de ambos lados de la frontera que hayan participado en violaciones del Derecho Internacional Humanitario y/o de los derechos humanos. Por último, se debe avanzar en las medidas sanitarias que permitan el control epidemiológico del Covid-19 y otro tipo de enfermedades como la poliomielitis, la malaria, la difteria y el sarampión, debido a la porosidad de la frontera y la desigualdad de los índices de cobertura en vacunación de estas enfermedades en cada uno de los países. La complejidad que habita la frontera colombo-venezolana requiere de lecturas y propuestas que, por un lado, estén en capacidad de diagnosticar y evaluar los fenómenos, pero que, por el otro, comprendan la transversalidad de problemas como el hambre, la inseguridad, la falta de empleo y la pobreza. Los daños tras tantos años de cierre e informalidad siguen siendo incalculables, pero el compromiso de los gobiernos y la sociedad civil pueden ir tratando una a una las lesiones e ir reconstruyendo las relaciones y las condiciones, aprovechando las potencialidades y rearmando la historia de esta importante región fronteriza.

Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador nacional Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad La victoria de Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial se dio en un marcado mapa político en el que los departamentos del centro del país se decantaron por Rodolfo Hernández. Sin embargo, Petro logró conseguir votaciones relevantes en algunos de ellos para sumar a la votación total que lo eligió presidente de Colombia. En los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila la diferencia entre Hernández y Petro no fue mucha, a diferencia de Santander y Norte de Santander, donde la diferencia fue marcada. Estas son las razones que explican el comportamiento electoral en la región centro del país. Región centro: Boyacá y Cundinamarca En Boyacá y Cundinamarca la victoria de Rodolfo Hernández en primera y segunda vuelta fue notoria. En primera vuelta, en Boyacá, dicho candidato logró 322.940 votos, mientras que en segunda consiguió 378.899 votos. Por su parte, en Cundinamarca, en primera sacó 618.463 votos y 756.454 en segunda. Si bien fue una votación importante, el aumento de Rodolfo Hernández no fue tan alto entre las dos vueltas. En Boyacá contó, principalmente, con el apoyo e impulso de Carlos Amaya, que se adhirió después de la primera vuelta a la campaña de Hernández, aunque pareciera que desde antes se movilizó en favor de este. Pese a ello, solo en 5 municipios del departamento tuvo un crecimiento electoral superior al 20%, mientras que en 12 municipios presentó decrecimiento electoral. En Cundinamarca, en la parte occidental del departamento, Hernández obtuvo un crecimiento significativo, mientras que hacia el oriente del departamento, tuvo un crecimiento discreto, teniendo incluso menor votación en segunda vuelta en algunos municipios. Sin embargo, este crecimiento lo consiguió movilizando principalmente el voto de opinión, ya que, a diferencia de Boyacá, no tenía el apoyo de estructuras en este departamento. En cuanto a Gustavo Petro, en Cundinamarca tuvo un crecimiento electoral importante en segunda vuelta, principalmente en los municipios de la sabana de Bogotá y, a diferencia de Hernández, en ningún municipio decreció electoralmente. Esto llevó a que pasara de 473.060 votos en primera vuelta a 624.965 votos, una diferencia de poco más de 131 mil votos menos que Hernández. Esa misma tendencia se vio en Boyacá, donde hacia el norte del departamento creció en votos en varios municipios. En primera sacó 195.184 votos y en segunda 264.270, también teniendo una diferencia con Hernández de cerca de 132 mil votos. Si bien Gustavo Petro no fue el candidato más votado en ambos departamentos, la irrupción del Pacto Histórico en las legislativas ya mostró que eran departamentos en los que se podía rescatar alguna votación. En Boyacá, en 2018, la lista de la Decencia obtuvo una curul en la Cámara de Representantes que el Pacto Histórico logró mantener y consolidar, mientras que en Cundinamarca consiguió por primera vez dos curules, que afectaron principalmente al Centro Democrático, que no obtuvo representación en este departamento para 2022. Región centro-occidente: Tolima y Huila En los departamentos de Tolima y Huila, a diferencia de la región centro, la preferencia por Rodolfo Hernández fue más notoria, siguiendo la tendencia de votación más conservadora o tradicionalista de las elecciones legislativas y la primera vuelta presidencial. Siendo más marcado en Tolima, Hernández pasó de sacar en primera vuelta 243.486 votos a 388.649 en segunda. Por su parte, en Huila tuvo un crecimiento más moderado al pasar de 225.136 votos a 305.799. En el Tolima el endose de votos de primera vuelta de Federico Gutiérrez a Hernández fue casi exacto, ya que Gutiérrez sacó 145.282, de los cuales Hernández sumó 145.163 votos en segunda. Esto se debe en gran parte a que el clan del Barretismo, la principal fuerza electoral en este momento en el departamento, dio la orden de movilizar votos en favor de Gutiérrez en primera vuelta, e hizo lo mismo en segunda para Hernández. Como sostuvo la prensa local, desde las alcaldías afines al clan se movilizaron los votos hacia Rodolfo, como fuera “el caso de municipios como Anzoátegui, Casabianca, Fresno, Herveo, Palocabildo, Valle de San Juan, Santa Isabel, Villahermosa”. Caso contrario se dio en Huila, donde el clan de los González Villa no se movilizó en favor de ningún candidato ni en primera ni en segunda, pese a ser ellos la principal fuerza política del departamento bajo la figura de Cambio Radical. Siguiendo la tendencia nacional, en el departamento, Hernández solo capturó el 91% de los votos de Federico Gutiérrez de la primera vuelta: 80.663. En lo concerniente a Gustavo Petro, pese a que el Pacto Histórico no dejó entrever en las legislativas una fuerza electoral relevante en Huila y Tolima, el Partido Liberal sí, que fue su principal aliado para movilizar votos. En Tolima sacó en primera 191.223 y en segunda 251.710; mientras que en Huila pasó de 162.816 a 216.533. Aunque se enfrentó en Tolima a la principal fuerza política del Barretismo, Petro tuvo el apoyo del clan del Jaramillismo. En cabeza del exsenador Mauricio Jaramillo y del exalcalde de Ibagué Guillermo Jaramillo, el Partido Liberal en el departamento apoyó a Gustavo Petro desde primera vuelta. Algo similar sucedió en el Huila, donde el Partido Liberal tomó la decisión de apoyar a Gustavo Petro desde primera vuelta, con varios dirigentes liberales que se sumaron a su campaña. Esos resultados siguieron la tendencia de las elecciones legislativas, en las que en Tolima la victoria del Barretismo fue abismal, al conseguir dos senadores (los primos Barreto) y poner tres representantes a la Cámara por el Partido Conservador. Aunque el Pacto Histórico consiguió meter una curul en Cámara de Representantes, el electorado liberal que también le dio una curul a este partido contribuyó a la votación obtenida por Gustavo Petro. Ese fue el mismo escenario en Huila, donde el Pacto Histórico no tenía representación en el Congreso, pero sí el Partido Liberal, cuyo apoyo contribuyó a conseguirle votos. Región centro-oriente: los Santanderes La región de los Santanderes fue un fortín electoral de Rodolfo Hernández, siendo una de las regiones en las que mayor votación sacó y en la que obtuvo diferencias importantes con respecto a Gustavo Petro. Hernández en Norte de Santander sacó en primera vuelta 368.066 votos y en segunda 557.406; mientras que en Santander pasó de 784.054 votos a 871.291. El apabullante triunfo de Hernández en los Santanderes se debe principalmente al voto de opinión, ya que en ambos departamentos Rodolfo ha sido uno de los principales personajes que ha cuestionado a los clanes políticos y partidos tradicionales en esos territorios. Ha cuestionado y se ha enfrentado al clan Villamizar, de Norte de Santander, y al clan Aguilar, de Santander. Su éxito recae precisamente en eso, al haberse presentado como una alternativa al dominio de esos clanes. Pero Hernández no fue ajeno de tener el apoyo de barones electorales en el departamento de Santander, como el de Edgar “el Pote” Gómez y Bernabé Celis, que se movilizaron para conseguirle votos en los Santanderes, su enclave electoral. Por su parte, Gustavo Petro consiguió recoger una votación relevante para el total de su votación, pese a las abismales diferencias con Hernández. En Norte de Santander pasó de 107.826 votos en primera a 149.413 en segunda, mientras que en Santander pasó de 244.837 a 310.240. En Santander, la mayor votación fue en el distrito petrolero de Barrancabermeja, donde la Unión Patriótica tiene una fuerza electoral importante. Petro ganó ahí pese a que una de las acciones que promete tomar como presidente es acabar con la industria extractiva del petróleo. De igual forma tuvo una votación importante en Puerto Wilches, donde la comunidad se opuso a los pilotos de fracking que se harán en el municipio. En cuanto a Norte de Santander, Gustavo Petro tuvo una votación muy importante en algunos de los municipios más afectados por la violencia como Tibú, El Tarra, Teorama y Convención. Ya este resultado se preveía con las elecciones legislativas, luego de que en Santander la principal fuerza política disruptiva fuera la lista a Cámara de Representantes de la Liga de Gobernantes Anticorrupción de Rodolfo Hernández, que sacó 172.306 votos. Aunque el Pacto Histórico sacó una curul, los partidos tradicionales se quedaron con las demás. Ese fue el escenario en Norte de Santander, donde los partidos tradicionales mantuvieron sus curules, mostrando la tendencia conservadora del departamento. Así, Gustavo Petro consiguió rescatar votaciones importantes en departamentos clave para Rodolfo Hernández, lo que contribuyó a su victoria en la segunda vuelta.