Por: Walter Aldana Político social alternativo “Dios está en todas partes, pero atiende desde Bogotá”. El centralismo colombiano ahoga las regiones, es una enfermedad de nuestro sistema democrático. Basta con analizar el sistema de contratación estatal, en el que la presencia mayoritaria de operadores de programas, proyectos y planes de “desarrollo”, responde más a las mafias del manejo de dineros estatales que a la transparencia. Ya lo decían políticos, lideresas y líderes de la izquierda democrática, pero tuvo que ser Vargas Lleras (jefe de uno de los partidos políticos más cuestionados con relación al tema), quien explicó el resultado electoral del 19 de junio, entre otros factores, al descarado uso de los dineros públicos para beneficio personal. En medio de la jornada electoral para elegir congresistas apareció el escándalo de corrupción del senador Mario Castaño. Y de todas formas se hizo elegir, porque aún cuestionado, sus recursos económicos alcanzaron para hacerse nuevamente a la curul, arrastrando con él a otros políticos en varios departamentos. Luego se hizo público un entramado de relaciones en el que, según la Fiscalía, algunos funcionarios de entidades de orden nacional aceleraron la aprobación y envío de dineros de fondos creados para la implementación del acuerdo con las FARC, se jugó con las inmensas necesidades de los territorios y las posibilidades de financiamiento de sus soluciones. Al respecto de este caso, en una columna en El Tiempo, Vargas Lleras centró su denuncia en el Departamento de Planeación Nacional (DNP) y su dependencia encargada de manejar la plata de las regalías por concepto de exploración y explotación de hidrocarburos en nuestra nación; con nombres propios y señalamiento a las posibilidades de influir en la ruta de la corrupción, habló de 500 mil millones de pesos, pero aclaró que pueden ser más, pues ese solo era uno de tres fondos encargados de la implementación de los Acuerdos de Paz, fondo que tuvo a su cargo la ejecución de algo más de 7 billones de pesos. Así como es el desayuno es el almuerzo, decimos en el sur del Cauca: un gobierno que al comienzo hizo trizas los acuerdos para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, fue después altamente eficaz al gastar lo proyectado para diez años tan solo en cuatro, comprometiendo los dineros de regalías en la región Caribe (según el reporte Coronell de la emisora La W Del pasado 16 de julio), por ejemplo para la "restauración de los ecosistemas en el Canal del Dique", 3.2 billones de pesos con la Agencia Nacional de Infraestructura, y con el Ministerio de Minas y la Agencia Minera la concesión de las minas de carbón de La Jagua y Calenturitas, algo así como 15 millones de toneladas de carbón; en contravía a la revisión de la política minera que ha prometido Petro. En fin, lo de Centros Poblados y el Mintic es la menuda, las monedas para comprar las bananas. Lo que está haciendo Duque y su bandola es saquear los recursos del erario, así de simple, así otros lo quieran disfrazar como el supuestamente "normal" raspado de la olla. Lo que están haciendo es dejar líos jurídicos y entuertos que para desenredarlos a favor del país nos costará mucha plata. Ojalá funcione la figura jurídica de la acción de repetición contra los funcionarios malhechores que vienen haciendo esto. No es posible dejar por fuera del análisis a esta hora del partido el papel de los órganos de control que hoy son de bolsillo del ejecutivo; regresarles su independencia en el juego de poderes es lograr que no lleguen Barbosas, ni Cabellos, por la puerta giratoria. Tantos "seguros" a la plata en cada una de las regiones, pero los cacaos más grandes con la chequera están en…Bogotá. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: León Valencia, para @infobae Por primera vez la izquierda ha pasado de ser una minoría opositora a ser la bancada del gobierno. Esa es la gran novedad en la instalación del nuevo Congreso de la República, este 20 de Julio. En los tiempos del Frente Nacional, hasta bien avanzada la segunda mitad del siglo pasado, la izquierda simplemente no tenía representación parlamentaria, porque así lo habían decidido las élites del país. Tanto que en 1986, hace 36 años, fue un alborozo la conquista de tres senadores y cuatro representantes a la Cámara por parte del recién formado partido de la Unión Patriótica, creado merced a los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC en la Uribe, departamento del Meta, en 1984. Cinco años después, en 1991, también como producto de otros acuerdos de paz, llegó al Congreso un grupo de parlamentarios de la AD M-19 para ampliar un poquitico la presencia de la izquierda en el parlamento. Así fue, poco a poco, parlamentario a parlamentario, como creció la izquierda, de manera además trágica, porque muchos líderes políticos de esta corriente eran asesinados una vez conquistaban un escaño en el Congreso. Especialmente notorio fue el sacrificio de Manuel Cepeda Vargas, padre de Iván Cepeda, actual senador del Pacto Histórico, asesinado en 1994. Fue el hecho atroz que cerró el ciclo de homicidios de grandes personalidades de la Unión Patriótica. El Polo Democrático, el Partido Alianza Verde, la Colombia Humana y la representación de los indígenas, llegaron en 2018 con una bancada significativa para cambiar la tendencia. Ahí estaban Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo y Angélica Lozano, en compañía de parlamentarios de la vieja guardia y de líderes muy nuevos y frescos de una izquierda que lucía renovada y con nuevos bríos. Hicieron debates memorables para defender los acuerdos de paz y frenar en seco los intentos de Duque y el Centro Democrático para acabar con entidades emblemáticas como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, forjadas en las últimas negociaciones con las FARC para acometer la transición política del país. Ese Congreso vivo, que bien parecía el órgano de una democracia parlamentaria, murió el día en que llegó la pandemia generada por el Covid-19. El gobierno de Iván Duque y la mayoría parlamentaria que habían conformado, utilizando a ciencia y paciencia la dulce mermelada de puestos y contratos, cerró el Capitolio y condenó al parlamento a unas deslucidas sesiones virtuales. Duque ocupó entonces todo el escenario político a través de intervenciones televisivas con las cuales aspiraba a relanzar su decaída imagen. Nada logró. Su desprestigio cedió por momentos, en algunos puntos, no obstante mantuvo la tendencia decadente con la que llega al final de su gobierno. Pero el daño que le hizo a la institución parlamentaria, que empezaba a recuperar su fuero y su imagen, fue inmenso. Ese es el primer reto del nuevo Congreso, volver al sendero de la primera legislatura de 2018. Ahora con otra dimensión. Para discutir con altura, para debatir con elegancia y con urgencia, con tranquila independencia, sin trucos ni jugaditas de baja calaña, las reformas que ha anunciado el Pacto Histórico. La derecha decadente y precaria necesita una lección de decencia, un aguacero de argumentos veraces, documentados, una operación de limpieza para salvarlos de su miseria intelectual. Roy Barreras, el nuevo presidente del Congreso señalado por Gustavo Petro, se tendría que crecer en esta responsabilidad, para estar a la altura del reto. No es fácil, tiene sobre sus hombros muchos cuestionamientos y desconfianzas. Pero en muchas ocasiones el cargo hace el milagro y en este caso lo puede hacer, porque Roy es un hombre inteligente y audaz, como lo reconocen incluso sus más severos contradictores. La prueba inicial es dramática. Adelantar una gran reforma fiscal que grave con justicia a los más ricos y favorezca a los más pobres en un país donde las élites tienen una resistencia visceral a pagar impuestos y las clases medias se resisten también con el argumento a la vez cierto y conveniente del escandaloso robo de los recursos públicos en sofisticadas tramas de corrupción. Ahí tienen, señores y señoras del Pacto Histórico. ¡La historia camina sobre sus hombros!

Por: Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad Esta semana Pares Cuestiona a Mario Castaño, senador de la República reelegido para el periodo 2022-2026 quien fue capturado el 7 de junio de este año a las afueras del Congreso por agentes del CTI luego de ser citado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para una indagatoria. Castaño, proveniente del municipio de Caldas, es señalado de presuntamente ser la cabeza de una amplia red de corrupción que abarcaría diferentes entidades estatales como la Agencia Nacional de Minería, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y hasta los ministerios de Hacienda y Cultura. Varias investigaciones muestran que esta red negociaba contratos y puestos, en contraprestación Castaño presuntamente recibía del 10% al 15% del dinero

Por: Guillermo Segovia Mora Abogado y politólogo Hay momentos en que un personaje se convierte en el parteaguas de la historia. Por más que quieran rebajarlo, no hay comparación en el espectro político, por lo menos de medio siglo para acá, de alguien que como Gustavo Petro haya enfrentado de manera tan osada al sistema. Primero, desde afuera y, luego, desde adentro, sobreviviendo y hoy a punto gobernar y confrontar, en buena parte y de manera consensuada, algunos de los mayores problemas del país. Petro se bate con fiereza en el escenario del discurso y de las ideas, lo que sería imposible si a la vez no fuera un tenaz y aguerrido comunicador. Tiene la virtud de convertir un convencimiento personal en sentimiento y aspiración colectiva. A fuerza de diálogo, plaza y medios —algunos ariscos, los menos, encantados—, en años de tenaz campaña política, argumentó y convenció al país de la necesidad de varios cambios, desde una propuesta progresista. Legitimó demandas sociales, generó hitos políticos y hechos comunicativos: educación como derecho, público, universal y gratuito, hacia la sociedad del conocimiento. El cambio climático como riesgo de extinción de la humanidad y la necesidad de un aporte ético: contribuir a cesar el uso del carbón, el petróleo y el gas como combustibles. Y, al estar consagrados como derechos, hacer realidad los postulados constitucionales respecto de la salud y el sistema pensional, fuentes de riqueza injustificada de especuladores financieros. Ganó la presidencia, entre otros, con esos mandatos. El partido de los medios de comunicación, vocería de los conglomerados económicos y el establecimiento, no disimula su animadversión. Hace cuatro años fueron rabiosos opositores. Ahora son hipócritas tolerantes. En la radio hay una banda de consentidos resentidos, hechos desde el privilegio, que se resisten a reconocer su papel de parlantes de sus propias inquinas. Algunos periodistas no disimulan su arrogancia y prepotencia, engañados con el encantamiento de la fama. Confunden su mediana —a veces pobre— cultura general con solvencia intelectual. El error de Claudia Palacios en la entrevista con la vicepresidenta Francia Márquez no solo fue una mala referencia al concepto “vivir sabroso”, sino adjudicar la reacción a una prevención de la entrevistada, como si no existieran razones históricas para corregir la superioridad discriminatoria que subyace en la pregunta y en la disculpa. Patético escuchar a Luis Carlos Vélez reprochar al presidente Petro por sus vacaciones en Florencia, puesto que debería estar acá viendo cómo va a cumplir sus “promesas”. La audiencia complaciente, en su identidad derechista y antipetrista, seguro aplaude, pero se necesita estar muy alienado para aceptar como opinión seria esa majadería. La mayor parte de los medios masivos hicieron esfuerzos por impedir el ascenso de Petro y ahora intentan vender que lo que viene es un riesgo. La extrema derecha, atrincherada en Semana, les dio línea a los demás, en apariencia menos radicales pero alérgicos a la izquierda, para colgarse de sus barbaridades y convertirlas en hechos informativos. Los medios de Ardila Lulle (RCN) hicieron campaña contra Petro; los del grupo Santodomingo segmentaron su público: Noticias Caracol y El Espectador, en su línea informativa, mostraron los graves problemas que afronta el país para ambientar la necesidad de cambio, pero con un sesgo contra el candidato del Pacto Histórico; Blu Radio no ocultó su animadversión; La W, del Grupo Prisa, con Daniel Coronell como columnista, más que hacerle el juego a Petro, cuestionó duro a sus rivales; El Tiempo, de Sarmiento Angulo, hizo explícitos los intereses de su dueño en temas como la reforma pensional y ahora eco a su advertencia dictatorial, “no vengan con el cuentico”. La estrategia comunicacional de campaña electoral de Gustavo Petro fue poderosa. No solo logró neutralizar a toda la mediática comercial del país y la estrategia de propaganda sucia de la extrema derecha, buscándole quiebres, sino llevar el mensaje esperanzador y victorioso a lo más recóndito del país, donde la ilusión es lo primero que se pierde. Al final, Petro se fue a vivir con los mineros, los plataneros, los camioneros, las mujeres de sectores populares, no porque no pudiera llenar plazas, sino porque era la hora de volver a la base, de habitar en los hogares, de mandar el mensaje que serían gobierno. Y lo logró. El Gran Acuerdo Nacional, más allá de los arreglos políticos, es un hecho comunicacional sin precedentes. Como alcalde de Bogotá, en un acto de reconocimiento a la gestión de Hollman Morris al frente de Canal Capital, el canal público de la ciudad, Petro citó a Jürgen Habermas para explicar el conflicto y proponer una salida: quien rompe la comunicación impone violencia, corta el diálogo, distancia lo humano. Entonces, lo inteligente es reestablecer puentes para la escucha, la diversidad y los propósitos comunes. Hoy anda en eso. Le resulta y hay muchos que no entienden. La derecha, derrotada y tramposa, intenta convertirle en obstáculos las razones de la victoria. Los ministros del Pacto Histórico avanzan en un escenario en el que las ambivalencias y las dudas pueden abrir fosos, un error de comunicación es fatal. Han sido precisos, asertivos y contundentes los mensajes de Cecilia López, ministra de agricultura: los latifundios improductivos se ponen a producir o pagan; de José Fernando Ocampo, ministro de hacienda: el dólar está mareado desde afuera y en Ecopetrol el gobierno que llega decide quién está en la junta; de Carolina Corcho: la reforma de la salud no es ninguna catástrofe y va. El propio presidente electo cortó el paso cuando desde algunos medios querían relativizar lo dicho por la ministra de medio ambiente, Susana Muhamad, y trinó: “no habrá fracking”. Patricia Ariza, hasta ahora el nombramiento más revolucionario del gabinete de Petro, sabedora de lo que dice, afirma que el horizonte de su gestión en el Ministerio de Cultura es un universo que abarca el ser, el hacer, el pensar y el decidir, “hasta la decisión de votar es cultura”. Los obtusos verán populismo, pero lo que plantea es darle brío a la libertad y creatividad del ser humano. Que hablen las cantaoras del Caribe, los arrullos y aguabajos del Pacífico, los sanjuanitos pastusos, los cantos de la selva, las carrangas y torbellinos de Santander y Boyacá, el joropo de los llanos, los cantos de las islas y los barrios con sus rapeos. Que cesen las balas y se disparen poemas, que el teatro sea de escenas y no de operaciones, que Colombia se arrulle con la música de su pueblo y se vea hermosa en sus pinturas. No obstante, en parte debido a que se está escribiendo la partitura y cada uno de los elegidos o nombrados se mueve con relativa autonomía, a veces, hay disonancias. Por ejemplo, Patricia Ariza cometió un desliz al proponer una carga tributaria ínfima a los planes de telefonía celular para fondear la cultura. Hacer pública una propuesta de impuestos con carga a los usuarios es bocado de cardenal para medios dispuestos a despedazar al mandato entrante. Hay formas distintas. Si a esta sociedad se le demuestra que es necesario, lo hará, pero hay que seducirla. Otra salida en falso fue mencionar la agilización de trámites legislativos como un “fast track” por parte del presidente del Senado Roy Barreras. A papaya puesta…Pero es grave porque todo está en juego. El gobierno Petro tiene que fijar una estrategia y una política de comunicaciones claras. No son lo mismo. La estrategia debe estar dirigida desde el gobierno a generar el imaginario del cambio. La política a que los dispositivos disponibles respalden la gestión gubernamental. De otro lado, los medios públicos deben formar, orientar y alimentar una ciudadanía reflexiva, sensitiva, resilente y abierta, pero no son propaganda. La única garantía de continuidad frente a la volatilidad de una opinión creada por impulsos mediáticos, es la voz del pueblo libre, el ágora. Los medios públicos deben ser su escenario. En Colombia, tal vez como en ningún otro lugar del mundo, la televisión pública tiene una gran responsabilidad como mediadora en la educación básica, el pensamiento crítico, la historia desde abajo, la asunción de valores, derechos y compromisos democráticos y la interiorización de principios éticos como práctica cotidiana y definida contra la corrupción inveterada, la violencia institucionalizada, la desigualdad como designio y la inseguridad como condición de vida insuperable. Fallas en la orientación comunicativa tuvieron mucho que ver con el fracaso del plebiscito por la paz del gobierno Santos. Por los riesgos clasistas de jugársela a fondo, optó por una publicidad triunfalista y, a veces, fatalista, mientras que el adversario se empeñó en despertar y promover los peores sentimientos en un pueblo obligado a sobrevivir al límite y educado en la obediencia. En los barrios de reinsertados odian más a quienes hicieron la paz que a los autores de los “falsos positivos”. En ambos casos procede el repudio, pero también debe animarse el espíritu de perdón sin olvido. La política de comunicación del Pacto Histórico no puede estar al vaivén de las negociaciones de acuerdos políticos, tiene que reflejar al país que eligió a Petro presidente, oír a la nación que grita cambio, fijar como mensaje nuevas posibilidades, redistribuir presupuestos para fortalecer la comunicación comunitaria. Radio Televisión Nacional de Colombia es, tal vez, el medio más idóneo para forjar y fortalecer un nuevo concepto amplio, deliberante y vibrante de nación. Debe estar comprometida con el cambio, ser diáfana, constructiva, cargada de futuro, de todos y todas, vestida de tricolor y trasmitir el orgullo de pertenecer a este país en proceso de cambio. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis A la comunidad indígena Awá se le conoce como "la gente de la montaña", "la gente de la selva". Este pueblo tiene presencia binacional, se encuentra en Colombia y en Ecuador. En territorio colombiano, los Awá están en el departamento de Nariño, en los municipios de Cumbal, Santa Cruz de Guachavez, Mallama, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán, Tumaco e Ipiales; y en los municipios de Mocoa, Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel, La Dorada, Orito, Puerto Caicedo y Villa Garzón en el departamento del Putumayo. Cuando el conflicto armado se expandió en los años noventa, llegó a su territorio. El ELN, las FARC y una multiplicidad de bandas y mafias han permanecido en su territorio hasta el presente, todos atraídos por el control de los recursos que allí se mueven. Desde los años 90 el territorio ha sido epicentro de una economía del narcotráfico que a pocos cientos de kilómetros tiene el litoral pacífico para tomar rumbo a Europa y los Estados Unidos. El pueblo Awá ha sufrido los rigores de la violencia, el sometimiento de muchas comunidades a las normas que imponen los armados, el deterioro paulatino de su cultura y una injerencia criminal sobre sus organizaciones, que han perdido decenas de sus liderazgos por oponerse a sus designios. En la primera semana de julio fueron asesinados: el líder Awá Juan Orlando Moriano, gobernador suplente del resguardo Inda Sabaleta, y los integrantes de la guardia indígena Jhon Faver Nastacuas y Carlos José García, quienes acompañaban a Juan Orlando. Los tres se suman a las 95 personas que han perdido la vida en los últimos seis años, según el Observatorio de Hechos Victimizantes Contra el Pueblo Awá, de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), que agrupa los treinta y dos resguardos en los que están organizados. Tanta barbarie ha sido permanentemente denunciada por los líderes Awá y su principal organización, la UNIPA, quienes han sido acompañados en todo este proceso de resistencia y denuncia por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y un conjunto de organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales. El Estado colombiano desde sus institucione de seguridad no ha podido proteger a este pueblo, como no lo ha hecho con muchos pueblos indígenas, afros y campesinos a lo largo y ancho de Colombia. Los armados ilegales han campeado y trajinado por el territorio sin que sean controlados y sometidos al imperio de la ley, es una ilusión que se mantiene como un desafío vigente. Igualmente, la justicia ha sido lejana e ineficiente para investigar y sancionar esta larga criminalidad, en lo fundamental estos crímenes han permanecido en la impunidad. El nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez tienen el reto, junto al pueblo Awá y sus organizaciones y liderazgos, de trabajar por un territorio en paz. No es un desafío pequeño, pero es el mandato de protección y construcción de paz que han recibido como derrotero de actuación. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Miguel Ángel Rubio, Coordinador Escuelas de Liderazgo Juvenil Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil Me parezco al hombre que lleva en la mano un ladrillo Para mostrarle al mundo cómo era su casa Bertolt Brecht En la ciudad de Pereira, en el barrio Las Brisas; quizá uno de los más estigmatizados y marginalizados por sus problemas de inseguridad, violencia, microtráfico y pobreza extrema, aislado del centro de la ciudad por una montaña a la que hoy solo se puede llegar en un viaje en buseta que dura unos 40 minutos o en el nuevo Megacable que reduce el viaje a solo 15 minutos, proporcionado calidad de vida a sus habitantes; existe, en una humilde y pequeña casa, una sala de teatro para obras de pequeño formato llamada Sala de Teatro Blanco y Negro, dirigida por el maestro, dramaturgo, actor y director pereirano Alonso Marulanda Álvarez. Alonso se dedica al teatro como profesión, vocación y oficio desde hace más de cuarenta años, no lo conozco haciendo otra cosa que no sea teatro. Su teatro es un teatro con un fuerte raigambre político, reivindicativo de lo ancestral, lo telúrico y la memoria, es un teatro para la reflexión política, para entender nuestra historia y orígenes, para consolidarnos en una tradición que parecemos estar olvidando. Es un teatro militante, pero no por eso menos importante; su enfoque es más brechtiano que de cualquier otro tipo, reivindica figuras históricas de las luchas sociales como Bolívar, Guaicaipuro, Manuelita Sáenz, Policarpa, la mujer en la lucha política. El maestro Alonso Marulanda convirtió su casa en una sala de teatro, sacrificó la comodidad de una casa tradicional con sala y comedor para convertir el pequeño salón de apenas siete metros en una sala para obras de teatro de pequeño formato, esto es monólogos, u obras donde no hayan arriba de cuatro o cinco actores, un mínimo de escenografía y un máximo de expresión. Pero lo realmente significativo de la apuesta del maestro, es resistir con esta salita de teatro en el barrio más peligroso, marginal, aislado, pobre y periférico de Pereira. Una quijotada afortunada que permite a los jóvenes del sector y a las demás gentes, disfrutar de teatro a pocos metros de sus casas, en un lugar donde este tipo de cosas son totalmente extrañas, estigmatizadas y percibidas como innecesarias. Alonso se ha puesto a la tarea de reeducar desde la poética teatral a la gente del sector y de hacer ir a Las Brisas a gente del centro de la ciudad que, por miedo y prejuicios económicos y culturales, no se atreven a ir. La noche de ayer, 15 de julio, en esa sala, que está en proceso de remodelación y restauración, se inauguró una temporada de presentaciones que van hasta fin de año. Se presentó la obra Recuerdo y Olvido, del grupo de teatro el Escondite de Manizales, una obra monológica sobre el drama de las madres de Colombia y sus hijos desaparecidos, en ella se cuenta la historia de una madre que vive una cotidiana angustia en la búsqueda de su hijo y todo lo que la violencia perturba su vida diaria, el hambre, la pobreza y el olvido del Estado a quienes sufren los embates de la violencia. Con esta obra se dio inicio en la sala a una temporada de presentaciones que tiene como propósito concitar a la gente del barrio a otras alternativas distintas, que vayan a teatro, que discutan temas de país y que movilicen cambios estructurales. **** Dialogamos con el maestro Alonso Marulanda para Pares. Miguel Ángel Rubio, Fundación Paz & Reconciliación (Pares): ¿Alonso por qué el teatro? Alonso: porque el teatro hace mejores ciudadanas, mejores ciudadanos, hace una cosa muy importante, hace mejores profesionales, y otra cosa mucho más importante es que construye mejores seres humanos, y eso nos ha hecho instalarnos en esta comunidad, y pensar que desde el teatro podemos ayudar y ser un concepto que ayude al mejoramiento del tejido social de Las Brisas, en la comuna Villa Santana. Pares: ¿cuánto lleva este proyecto Sala de Teatro Blanco y Negro, en Las Brisas? Alonso: nosotros, a pesar de que tenemos 27 años de presencia teatral en el departamento de Risaralda, nos hemos alojado en la periferia, en el extramuro, acá en las orillas de esta ciudad, para ser un concepto que construya, que ayude, ser un concepto que lleve al hombre y a la mujer de este sector a tener fe y a construirse como una mejor ciudadanía. Pares: ¿qué le espera al sector cultural, a los artistas, a los creadores del país y de la región con la nueva ministra de cultura Patricia Ariza, quien viene del grupo de teatro más importante del país, el Teatro la Candelaria? Alonso: yo creo que la presencia de Patricia reconforta un poco, esperamos que también ella tenga muy en cuenta esos insumos históricos de ese quehacer de ella, porque es una mujer que siempre ha pensado también en la periferia, en esos territorios no habitados por el Estado, donde ha estado ausente, y pensamos que nosotros tenemos que abrigar una esperanza y un buen trato como gremio, y obviamente con todos los sectores de las artes del resto del país. Pares: ¿cómo ha sido la recepción de una comunidad con problemas de seguridad, convivencia y microtráfico respecto a la sala de teatro, teniendo en cuenta el estigma que históricamente ha pesado sobre el teatro en este país? Alonso: yo creo que es un desafío, un hermoso desafío, yo diría que uno forma parte de la poética del arte en este sector, porque no es fácil en un territorio tan agreste como este donde los niveles de cultura y educación son muy lánguidos. Nosotros sabemos que a través del arte podremos mejorar esa circunstancia. Yo creo que con educación y arte tiene que jugarse un papel importante en esa cualificación, en esa formación. **** El proyecto cultural Sala de Teatro Blanco y Negro del sector Las Brisas no ha recibido apoyos de ninguna instancia de administración de cultura. Las secretarías municipales y departamentales solo piensan en cultura y arte para el centro y los barrios no periféricos de la ciudad, se han tocado puertas sin recibir respuestas, es por esto que, de su propio esfuerzo, pecunio y gestión, el maestro Alonso ha logrado mantener la sala, invitando a la gente a que vaya a teatro, invitando a grupos y a artistas a presentarse allí. Uno ve por las calles de Pereira al maestro Alonso como el hombre del epígrafe de Bertolt Brecht que abre esta nota, con un ladrillo en la mano mostrándole al mundo cómo es su casa, respirando teatro, hablando de teatro, soñando teatro, resistiendo desde el teatro.

Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador nacional Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad Tras la posesión del nuevo Congreso de la República el 20 de julio, una de sus primeras acciones tenía que ver con la elección del próximo contralor general, a más tardar el 3 de agosto. Sin embargo, una demanda aceptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó la lista de los 10 aspirantes a contralor general. Siguiendo el procedimiento que dicta la Ley 1904 de 2018, de un proceso de convocatoria en el que se inscribieron 2010 aspirantes, 195 fueron admitidos, que tras una prueba de conocimientos se redujeron a 20, y de los cuales una comisión accidental del Congreso 2018-2022 redujo a 10. De esa lista de 10 aspirantes, de acuerdo con el artículo 3 de la misma ley, en el primer mes de las sesiones ordinarias del Congreso en pleno se debía elegir al contralor por mayoría absoluta de los votos de sus miembros para un período institucional igual al del presidente de la República. Cabe mencionar que la mayoría absoluta hace referencia a la mitad de la votación más uno, por lo que teniendo en cuenta que hay 108 senadores y 187 representantes a la Cámara, el aspirante que deseara quedar debía conseguir, al menos, 148 votos. Sin embargo, una demanda instaurada por Dalal Karime Dager Nieto por no respetarse, en el proceso de selección de la lista de aspirantes a contralor general, el principio de mérito y la equidad de género, llevó a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinara que la comisión accidental del Congreso que elige la lista de 10 aspirantes rehaga la lista cumpliendo estos requisitos. De esta forma, el nuevo Congreso tendrá hasta el 20 de agosto para elegir al próximo contralor general. ¿Por qué se abrió la lista de aspirantes a contralor general? A priori, la reapertura de la lista no era fácil. El artículo 9 de la Ley 1904 de 2018 dicta que “en caso de presentarse alguna de las causales de falta absoluta de los integrantes de la lista de elegibles, el Congreso elegirá de los restantes al Contralor General de la República”. A su vez, la Ley 330 de 1996 establece en su artículo 6 que las inhabilidades para ser contralor son: ya haber ejercido el cargo, haber sido miembro de algún tribunal que participe en su postulación, haber ocupado en el último año previo a la elección algún cargo público del orden departamental, distrital o municipal, o haber sido condenado penalmente a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Por tanto, bajo el principio de presunción de legalidad y de confianza legítima, mientras no hubiere alguna condena u otra causal de inhabilidad comprobada en contra de alguno de los integrantes de la lista de aspirantes, estos podían continuar con su aspiración. Además, como se registró en El Tiempo, al ser un proceso en curso y regulado por una ley, este no podía ser sujeto de modificaciones mediante una proposición del Congreso. Sin embargo, la Ley 581 del 2000 “Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones”, establece en su artículo 6 que para aquellos cargos que deban asignarse por un sistema de listas, estos deben incluir hombres y mujeres en igual proporción. De esta forma, entre las determinaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se encuentra que no hay razones para no haber incluido de forma igualitaria las mujeres con mayor puntaje que otros hombres que sí fueron incluidos. En la lista de 10 aspirantes elegida por la comisión accidental encargada de esta labor del Congreso 2018-2022, solo habían dos aspirantes mujeres. Además, el Tribunal también determinó que no había razón para desconocer a un participante con el segundo mejor puntaje. En este caso se refiere al puntaje sacado por Julio César Cárdenas Uribe, quien obtuvo el segundo mejor puntaje en la prueba de conocimientos realizada por la Universidad Industrial de Santander (UIS) que dejó un listado de 20 aspirantes, de los que la comisión accidental debía escoger 10. ¿Quiénes eran los aspirantes a contralor general más cuestionados? Tras el escándalo de los Ocad-Paz, en el que presuntamente alcaldes y funcionarios se quedaron con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) destinados a financiar la implementación del Acuerdo Final de Paz, tres aspirantes a contralor general quedaron salpicados por su aparente participación en el entramado de corrupción. Luis Alberto Rodríguez, exdirector del Departamento Nacional de Planeación; Aníbal José Quiroz Monsalvo, contralor delegado de la Unidad de Regalías; y Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el posconflicto, son los señalados de recibir coimas entre el 5% y el 12% de los recursos que aprueba el Ocad-Paz. Si bien han sostenido su inocencia, el que estuvieran involucrados en este aparente entramado de corrupción causó cuestionamientos sobre su idoneidad para ser contralor general. De los tres, uno de los más opcionados era Luis Alberto Rodríguez, que cuenta con el apadrinamiento de políticos como Martha Lucía Ramírez, la casa Char y Alfredo Ape Cuello. Aparte de estos tres aspirantes, como registró la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), también se encuentran Andrés Castro Franco, excontralor de Bogotá y cercano a Juan Carlos Granados, señalado de beneficiar a Odebrecht; y Carlos Fernando Pérez, excontralor de Santander, señalado de ser hombre de confianza de Hugo Aguilar, condenado por parapolítica, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y vinculado al clan Aguilar. A esta lista se suma María Fernanda Rangel, quien siendo directora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), presuntamente habría colaborado en el entramado de corrupción del exsenador del Partido Liberal, Mario Castaño. El entramado para direccionar contratos de entidades públicas a particulares habría contado con el apoyo de Rangel, de acuerdo a audios y conversaciones de WhatsApp. Sin embargo, por ahora no hay investigaciones desde la Fiscalía adelantadas en su contra. ¿Quién podría ser la ficha del Pacto Histórico? Con la reconfiguración de la lista de 10 aspirantes a Contralor General, coge fuerza el nombre de Julio César Cárdenas, a quien el Pacto Histórico, en cabeza de Gustavo Petro, había expresado su apoyo para su elección. Cárdenas es abogado y magíster en derecho de la Universidad Externado. Fue contralor delegado para infraestructura y telecomunicaciones de Julio César Turbay Quintero y para el agro. También ha sido gerente nacional administrativo y financiero de la Contraloría, secretario general de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), vicecontralor general de la República encargado y contralor delegado en el sector agropecuario. Durante la elección de la lista de 10 aspirantes, fue denunciado por Édgar Balcázar Mayorga, quien sostuvo que en el libro de Cárdenas “El Control Interno y Externo en la Etapa de Contratación Estatal”, tomó apartados de su tesis. Frente a esta denuncia, la comisión accidental asumió la investigación, pero se desconoce su resultado. A la espera de quiénes integrarían el nuevo listado de 10 aspirantes, Cárdenas coge fuerza en un escenario con varios candidatos cuestionados y otros que son fichas del actual contralor, Felipe Córdoba.

Por: Línea de Investigación en Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Esta semana Pares Destaca a Consuelo Mendoza, incansable lideresa del Bajo Cauca, quien realiza trabajo por los derechos de las víctimas, niños, niñas, adolescentes y mujeres; desde diferentes organizaciones en diversos niveles como ASDEBAC, la Mesa Municipal de Paz y el Consejo Municipal de Paz de Caucasia, la JAC del barrio Campusano, entre otros. Consuelo se dedica a la gestión de espacios de participación para la comunidad, destaca la importancia de tener oferta social y económica para la niñez, la juventud y las mujeres. Su sueño es que las mujeres víctimas y cabeza de hogar puedan acceder a vivienda y proyectos productivos.

Por: Francisco Javier Daza, Investigador Nacional Línea de Investigación en Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Este 15 de julio en horas de la mañana, el Ministerio de Defensa confirmó la muerte de Néstor Gregorio Vera Hernández, mejor conocido con el alias de “Iván Mordisco”, luego de que fuera abatido durante un operativo de bombardeo realizado la semana pasada en la vereda Santa Rita de San Vicente del Caguán (Caquetá). Alias “Iván Mordisco” era considerado el sucesor de alias “Gentil Duarte”, tras la muerte de este último el pasado mes de mayo. Con este son 3 los golpes que recibe esta línea disidente de los Grupos Armados PostFarc (GAPF) en lo que va del año, ya que además de “Iván Mordisco” y “Gentil Duarte”, también fue dado de baja alias “Mayimbú” el pasado mes de junio. ¿Quién era alias “Iván Mordisco”? Alias “Iván Mordisco” era uno de los comandantes más importantes de la línea de “Gentil Duarte” de los GAPF, su zona de influencia se encontraba en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Vaupés, en donde desarrolló su accionar delictivo durante 20 años. En este periodo de tiempo estuvo vinculado al Frente Primero y en esa estructura participó inicialmente como guerrillero raso, ascendiendo rápidamente al participar como explosivista y francotirador. Alias “Iván Mordisco” expuso desde el inicio una postura beligerante tanto a las negociaciones de paz de La Habana como a la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos. Desde 2016 estuvo encargado de vincular diferentes estructuras a la línea disidente de “Gentil Duarte”, participando además del control de actividades de minería ilegal y narcotráfico. Este comandante de las disidencias de las FARC tenía al momento de su muerte tres órdenes de captura y se le acusaba “del ataque contra el batallón de infantería de Granada, Meta, que dejó dos muertos en febrero de 2022; el asesinato de nueve militares en San José del Guaviare en julio de 2021; el secuestro de 17 miembros de una misión médica en Guaviare en diciembre de 2019; y el secuestro de un funcionario de la ONU en Calamar, Guaviare, en 2017” (Herrera, 2022). ¿Cómo queda la línea de “Gentil Duarte”? En relación a la línea de mando de esta facción disidente, podríamos decir que se encuentra en cuidados intensivos. La pérdida de “Gentil Duarte”, “Jhonier”, “Mayimbú” e “Iván Mordisco”, representa la disminución de cabezas visibles a pesar de ser la línea disidente con mayor presencia en el país, al estar en 119 municipios. Ahora, en la baraja de posibles comandantes que tomarán el testigo para dirigir estas agrupaciones, suena el nombre de Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias “Calarcá”, alias “Kokoriko” y alias “Jhon Mechas”. Cabe señalar que a pesar de estos golpes a la línea disidente de “Gentil Duarte”, las estructuras que la integran se mantienen operativas en las zonas del país donde hacen presencia, intensificando inclusive sus acciones violentas contra miembros de la Fuerza Pública como ha ocurrido en el departamento del Cauca o presentándose como agentes del orden, tal y como lo hizo recientemente el Frente 33 en el municipio de Tibú. De igual manera, estos frentes y estructuras que hacen parte de la línea de “Gentil Duarte” se mantiene en disputa con otros actores armados, entre los que se encuentran la línea de la “Segunda Marquetalia” y el ELN. Bibliografía Herrera, V. (15 de julio de 2022). "Cae último gran cabecilla; estocada final a disidencias": MinDefensa por muerte de 'Iván Mordisco'. Obtenido de BluRadio: https://www.bluradio.com/nacion/ivan-mordisco-fue-abatido-en-bombardeo-en-san-vicente-del-caguan-rg10

Por: Luis Eduardo Celis, para El Espectador Entrevista con Germán Umaña, presidente ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana Germán Umaña es el presidente ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana, cuenta con amplia experiencia en temas del comercio internacional y ha sido maestro de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. En esta entrevista habla sobre la relación económica entre Colombia y Venezuela, y la perspectiva de reconstruir, en el gobierno del presidente Gustavo Petro, una sólida relación con un país que, hasta hace un poco más de una década, fuera nuestro segundo socio comercial. Luis Eduardo Celis, Fundación Paz & Reconciliación (Pares): ¿cómo se construyó la relación económica entre Colombia y Venezuela? Germán Umaña: todo inicia con la comunidad Andina, con la Junta del Acuerdo de Cartagena. Venezuela ingresó después del retiro de Chile, esto es importante porque Venezuela fue siempre el gran comprador de la comunidad Andina. En el año 1990 se hace la zona de libre comercio, pero esto solo evoluciona en el año 2000 en algo importante entre Colombia y Venezuela. Ambos países no solo construyeron una zona de libre comercio para el paso de todas las mercancías, sino que tuvieron un arancel externo común en casi un 90%. Es decir que construimos un mercado común Andino, en el que se diseñaron todas las políticas conjuntas comerciales. Esto se desarrolló y se llegó a un máximo de intercambio comercial en el año 2008 con un valor cercano a los 7500 millones de dólares, para este momento ya había un aspecto interesante de inversiones y, sobre todo, había institucionalidad, había reglas de juego claras y no había mayores dificultades, además de una excelente relación en el tema de las fronteras. En 2006, Colombia y Perú firmaron acuerdos de libre comercio y avanzaron en negociaciones con Estados Unidos y con la Unión Europea. En respuesta a esto, el presidente Chávez decidió retirarse del grupo Andino y adherirse a Mercosur. Esto implicaría, hacia el futuro, una dificultad para Venezuela de adherirse de nuevo a la comunidad Andina, porque tendría que renunciar a Mercosur o tener un waiver por parte de Mercosur. Pero realmente la gran crisis inicia en 2015, pues empieza a bajar representativamente el comercio binacional y vienen los cierres de fronteras. Los cálculos de la Cámara Colombo Venezolana son que, por el cierre de la frontera entre Norte de Santander y Táchira, tenemos un comercio binacional cercano a los 1200-1300 millones de dólares de puro contrabando, lavado de activos y prácticas indebidas. Pares: cuando llegó Chávez, en el año 99, ¿esa relación ya tenía una institucionalidad y unos mecanismos que tú consideras eran adecuados?, ¿podríamos decir que para el 99 había una madurez en la relación económica? Germán Umaña: lo más importante es que ya existía la zona de libre comercio y todos los acuerdos que tenían que ver con política comercial. Estoy hablando de propiedad intelectual, política antidumping conjunta, salvaguardias, normas de competencia, entre otras; posteriormente ya con Chávez se diseñó el arancel externo común. Era muchísimo lo que se había avanzado en la constitución de un mercado común y una unión aduanera, por supuesto, y todo eso se vio virtuosamente reflejado en el comportamiento del comercio. En 2006 se retira Venezuela de la comunidad Andina y a partir de ahí lo único que nos quedó como acuerdos e institucionalidad entre ambos países en materia de comercio e inversión, porque al retirarse Venezuela se negaron los acuerdos binacionales que ya se habían realizado, fue que los dos somos miembros de la Organización Mundial del Comercio y allí hay algunos acuerdos de inversiones, de mercancías agrícolas, de servicios y de solución de controversias y de propiedad intelectual, por supuesto. Pares: ¿en qué sectores estaba establecida de lado y lado esta relación comercial?, ¿qué es lo que Colombia le vendía a Venezuela y qué le compraba? Germán Umaña: la balanza comercial ha sido profundamente desequilibrada a favor de Colombia. Es decir, aquí tenemos muchas más exportaciones hacia Venezuela que importaciones de Venezuela hacia Colombia. Ese es un primer punto. Pero el segundo punto es que ambos países éramos profundamente complementarios. Y digo éramos, porque en Venezuela se ha destruido la capacidad productiva en los sectores que te voy a mencionar, básicamente eran unas cadenas. Venezuela tenía, a partir de su gran potencialidad de petróleo, que sigue teniendo a pesar de que su producción es muy baja, una cadena petroquímica básica. Esa capacidad de Venezuela de producir radicales 1, el polipropileno, el propileno, el vinilo, daba la posibilidad de que fuera un gran exportador de física petroquímica que tenía complementaciones industriales y productivas fundamentales para Colombia. Esto tenía una interrelación directa con la producción de fibras sintéticas para los textiles, por ejemplo. También tenía encadenamientos profundos para el caso del plástico o los fertilizantes para el sector agroindustrial, ambas industrias encadenadas a los petroquímicos. Un segundo sector que era muy importante tenía que ver con la siderurgia. Se importaban cerca de 10.000 toneladas mensuales de laminados en caliente que se convertían en laminados y que iban hacia la industria de empaques para alimentos o para toda la industria metalmecánica. Además, Venezuela tenía una gran producción de aceros redondos que se llamaban del sector de la construcción, donde había una profunda integración e intercambio intraindustrial entre ambos países. El tercer gran sector tiene que ver con la potencialidad de Venezuela de producir aluminio y el requerimiento de esta materia prima por parte de toda la industria metalmecánica colombiana, especialmente en el sector automotor. Nosotros importábamos ese aluminio. Sin embargo, el petróleo, que ya no produce nada en la petroquímica, poco a poco se re incentivará. En Venezuela tienen toda la potencialidad del mundo, sabemos que son las mayores reservas petroleras del planeta, que se está reactivando la producción de petróleo, que las sanciones están permitiendo que se recuperen las multinacionales. En el campo siderúrgico siguen teniendo la energía más barata del mundo, se recuperará la industria del aluminio y poco a poco se recuperarán los otros sectores. Esto será en un período de cuatro o cinco años, en donde esa complementación con la industria colombiana se volverá a producir. En el entretanto sigue habiendo un comercio binacional importante, pero en sectores diferentes. En Venezuela han crecido las exportaciones, pero su capacidad productiva en este momento está muy deteriorada y su capacidad exportadora también. Su mayor capacidad de exportación estaba en las empresas públicas: acero, aluminio, petroquímica y petróleo, empresas que ahora están privatizando, pero sus capacidades productivas están mejorando. Vemos claramente que ya en 2022 el crecimiento con respecto a 2021 es prácticamente del 78%, las exportaciones han crecido un 70% y las importaciones un 142%. Sigue habiendo contrabando por la frontera entre Norte de Santander y Táchira, en donde el presidente Duque ha impedido la apertura. Lo que podemos esperar es la apertura de la frontera el 7 de agosto y, si logramos sustituir el contrabando, podemos volver a ser (aunque ya lo somos, pero con mucha ilegalidad), la frontera más activa de Latinoamérica. No todo es malo y esto se dará en buenas condiciones. Pares: ¿cómo se deterioró esa relación comercial?, ¿pudo Colombia haber hecho algo mejor de lo que hizo? Germán Umaña: las diferencias políticas entre ambos países eran del cielo a la tierra. Sin embargo, hubo esquemas de cooperación informales. Los norteamericanos, por ejemplo, iniciaron en la década de los 90 un Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA). Ese ALCA sencillamente era una zona de libre comercio y no un acuerdo de integración profunda, entonces lo se pretendía era hacer un tratado de protección de inversiones. Básicamente, en el sector de mercancías agrícolas, ellos conservaron todos sus privilegios del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) de 1947 y nosotros no. Esa es la explicación para que después, con el tratado de libre comercio, Estados Unidos nos vende todo lo que quiere, porque sencillamente ellos conservan las ayudas internas a sus productores. No es que uno sea ineficiente, sino que no se puede competir con esos subsidios. Mercantilizaron todo en servicios, derechos fundamentales como la educación y la salud los mercantilizaron, además en propiedad intelectual protegían mucho sus monopolios, alejándonos de la libre circulación del progreso técnico para mantener monopolios. Todos los temas de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente quedaron por fuera de estos acuerdos, que solo protegían las inversiones petroleras, carboníferas y demás, por encima de la protección del medio ambiente. Esta incursión con estas condiciones implosionó la comunidad Andina. De un lado quedaron Colombia y Perú, y del otro estaban Venezuela y Bolivia. Pares: ¿qué implica volver a tener una relación económica con Venezuela hoy?, ¿cuáles son los pasos que hay que dar?, ¿cuál es la realidad de ambos países que debemos leer para poder entrar a ese nuevo momento de relación en un marco más de dialogo y cooperación? Germán Umaña: mirémoslo en dos etapas. La etapa de lo que es relativamente fácil, en el corto plazo y la etapa de lo que significa reconstruir institucionalmente y con seguridad jurídica la relación colombo-venezolana. Yo soy presidente de una cámara de empresarios, pero soy de una Cámara de empresarios que tiene un perfil más económico, más social, y efectivamente yo tengo un perfil más social que empresarial. Entonces algo que hemos dicho desde la Cámara es que el principal aspecto es reconstruir la confianza en las fronteras. La confianza en las fronteras solo se reconstruye a medida que se recuperan los indicadores sociales. El tema de indicadores sociales es el primer punto. En el corto plazo, la apertura de la frontera, el transporte terrestre, las inversiones, la normalización de las relaciones consulares; todo esto va a significar romper algo que es dramático. Pues, ¿qué ha pasado con el cierre de la frontera? En Táchira, como en Norte de Santander, el desempleo es más alto, el ingreso per cápita es más bajo, la pobreza multidimensional en Norte de Santander es 25% mayor. Recuperar la confianza implica recuperar los indicadores sociales y recuperar los indicadores sociales implica necesariamente la apertura de la frontera para bienes y servicios de libre flujo. Importante también la recuperación de eso que se conoce como la ciudadanía binacional, para poder hacer la economía al servicio de la distribución del ingreso, las condiciones de empleo, la disminución de la informalidad, aumentar la seguridad y los derechos humanos, y que el sistema esté al servicio de los que produzcan y de un desarrollo sostenible. Si no atacamos ese problema no hay la seguridad. En segundo lugar, para poder hacer un poco más estable la relación comercial hay que perfeccionar los acuerdos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en muy corto plazo, dando aún más seguridad jurídica a ese acuerdo binacional. Eso puede hacerse muy rápidamente ampliando los acuerdos de la ALADI, no solo en temas de defesa comercial, sino en temas de fronteras para mejorar indicadores sociales, institucionalidad y ese tipo de cosas. La diplomacia se hizo para dialogar con los que uno no está de acuerdo, no con los que uno está de acuerdo. Hay que llegar a un mínimo antes de restablecer embajadores entre Colombia y Venezuela. Para el largo plazo, la Cámara Colombo Venezolana cree que hay que volver a las ideas de la comunidad andina. Los temas de reconstrucción debemos hacerlos institucionalmente, por convenio internacional, para recuperar la zona de libre comercio. Los temas de reconstrucción son poder recuperar acuerdos bilaterales y nacionales para una seguridad jurídica a las inversiones colombianas o a las venezolanas. Unos temas fundamentales de control y de institucionalidad. Recuperar los temas de competencia transparente. Y muy importante, temas de seguridad alimentaria. Los sistemas de complementación industrial productiva son fundamentales. Todo esto va a significar al menos 5 años de negociaciones diplomáticas en materia comercial. Para terminar, todo esto es inevitable, para allá vamos. Nos hicieron perder el tiempo durante 5 años por la ideologización de las relaciones y no permitir que cada quien se autodetermine. Vamos a construir y para allá vamos, ese es el esquema virtuoso que se está presentando y no hay otra forma sino de mirar positivamente el futuro de la integración de Colombia y Venezuela. Pares: ¿tú crees que, en medio de la desconfianza, que tiene muchos actores es posible construir una relación económica gana-gana para ambas naciones? Germán Umaña: sí. Las repúblicas independientes existen entre Colombia y Venezuela. Esas repúblicas independientes tendrán que hacer acuerdos conjuntos, institucionales, entre las fuerzas armadas institucionales, entre las cancillerías, para combatir todo tipo de prácticas ilegales y por lo menos para pellizcar todos los problemas del narcotráfico. Este no es un problema ni ideológico, ni político. Este es un problema que tiene que ver con intereses económicos fundamentales que se mueven en esas zonas y esos intereses económicos fundamentales son muchas veces las raíces de nuestros males. Tienen que ver con el narcotráfico y con actores armados no institucionales en esas regiones y los actores armados institucionales, que, en parte, tienen problemas de corrupción y de diferentes cosas. No olvidemos las fuerzas armadas ideologizadas con grandes problemas. Reconstruir esa relación implica también tener unos acuerdos mínimos en fronteras para contribuir a eliminar en parte la criminalidad y restituir los derechos humanos y sociales a través de inversiones en esa población, que es una población que es rehén de la criminalidad.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda A muchos ciudadanos, no necesariamente izquierdistas o petristas, les ha resultado desorientador que el presidente electo, Gustavo Petro, haya comenzado en su repartición de cuotas burocráticas privilegiando a quienes, desde la mentalidad e imaginario popular, fueron ajenos a la causa del Pacto Histórico promovida en su campaña. Lo cierto es que, si entendemos la actividad política como un negocio –el marketing político lo implantaron los norteamericanos a mediados del siglo XX y en el presente su práctica es generalizada–, resulta natural deducir que quienes participan en dicha actividad económica invierten conscientemente en calidad de socios y, como tales, de llegar a fructificar la apuesta, esperarán ser beneficiarios de las utilidades y serlo además de primera mano. Querámoslo o no, desde tal perspectiva resulta muy difícil comprender la actividad política por fuera de la lógica de la mercadotecnia, en la que los políticos ofrecen realizaciones sociales (digámosle valor) y deben satisfacer a sus electores (digámosles clientes) con hechos de cumplimiento (digámosles objetivos de lucro). Pero, ¿cómo convertirse en socio de una campaña y de un candidato? Una primera y natural manera es consentir su ideología y su programa de gobierno, y votar por ello. Una segunda manera, un poco más relevante, es colaborar con el candidato, directa o indirectamente, haciendo eco de sus propuestas entre cercanos y familiares, y votar por él. Y una tercera manera, tal vez la más efectiva, es participar con dinero, no para comprar votos, sino para auspiciar logísticas y cruzadas publicitarias, con el único y estricto fin de conseguirlos espontáneamente. De manera que lo esperado por esos descontentos, y en concordancia con las reglas universales del mercado, es que a la hora de la repartición de las cuotas burocráticas sean quienes dieron su voto y más (los leales ideológicos, los promotores naturales y los aportantes de dinero) las primeras personas favorecidas por el cambio. Y ello debe ser así, sencillamente porque, en los tres casos, más que la compañía ideológica, más que la propaganda y más que la inversión capitalista, lo que han aportado con eficacia es votos. Al final es el voto lo que favorece realmente al candidato; por eso resulta palmario que a los primeros que debiera favorecer un candidato ganador sean precisamente aquellos que votaron por él. Así, si nos aferramos al espíritu del marketing político, entendiendo el voto como un valor y a las utilidades que este debe producir como el cumplimiento de las promesas, entonces vale decir que Gustavo Petro –siendo apenas presidente electo– eso ya lo ha comenzado a hacer. En efecto, ha sugerido a alcaldes y gobernadores medidas de gobierno para cumplir, por ejemplo, con el proyecto de la educación pública gratuita. Con igual diligencia viene procediendo con su idea de utilizar energías limpias para la producción industrial; y, lo cual hasta ahora es muy notorio, ha realizado difíciles gestiones para que su reforma tributaria ocurra y así garantizar la realización de sus promesas. Con todo, ahí no está el fondo de la crítica, pues nadie ha dicho que el presidente electo no vaya a cumplir con los cambios prometidos, sino con quién va a realizarlos; es decir, quiénes serán sus coequiperos reales (funcionarios y empleados públicos) al momento de tramitar lo que haya que seguir para dar fluidez y eficacia a la administración del Estado. Esas tareas y el pago por ellas se llaman cuotas burocráticas. Tales responsabilidades no se le pueden dar a cualquiera; sin embargo, tradicionalmente, para concederlas solo se han tenido en cuenta las complicidades. Al respecto, el presidente electo ha dicho que tendrá en cuenta primordialmente los méritos, no solo para la escogencia de los mandos militares, sino también para los demás casos. En esa misma línea de cumplimiento político, de su cuota burocrática ya hace parte la denominada “cuota de género”. Pese a ello, lo cierto es que el presidente electo también tendrá que saber compartir entre quienes aportaron dinero y entre quienes compartieron alma y corazón, y diría uno que hasta tendría que olvidarse de aquellos que no le aportaron ni votos ni pesos. Ahí nace la desilusión, porque no le cabe en la cabeza a los hombres de a pie que el presidente electo se preocupe primero por convocar o prometerles cuotas políticas, como al menos implícitamente habrá ocurrido en sus encuentros, a los expresidentes Uribe y Gaviria, que no le acompañaron ideológicamente, no le aportaron dinero a la campaña, tampoco le dieron su voto y, por el contrario, le pidieron a sus copartidarios que votaran por Gutiérrez, primero, y luego que lo hicieran por Hernández. Ahí nace la desilusión, que se agranda cuando se advierte que esos rostros, como los de Uribe y Gaviria, hacen parte de la galería del horror en Colombia, de lo cambiable. Aun así, desde la intuición política es claro que el presidente Petro busca abonar el camino para el cambio, para el cual no ve posibilidades sino es involucrando a quienes se le oponen, antes que seguir a ciegas el mandato del voto popular, que es muy tajante en sus resultados, en cuanto al rechazo a las clases políticas tradicionales (clanes de familia y politiqueros), representados muy bien por el expresidente César Gaviria, y muy tajante en cuanto al aborrecimiento al uribismo (ingenuos, corruptos y traquetos) representado especialmente por el expresidente Uribe. Pero, ¿cuál es la realidad de las posibilidades de cambio del presidente Petro? Siendo analistas, en términos filosóficos, metafísicamente se entiende como posible todo lo que es compatible con la estructura del ser, mientras que en la política todo es posible si es compatible con la estructura de la sociedad. Desde ese inicial presupuesto, fue un acierto de Petro su pacto histórico y lo es ahora el llamado Gran Acuerdo Nacional para el cambio, porque, siendo fieles al entendimiento metafísico, para llegar a una verdadera transformación, qué paradoja, hay que asimilar este principio: “lo que hay es ante todo lo posible”. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador nacional Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad Luego de su posesión el próximo 20 de julio, una de las primeras tareas del nuevo Congreso de la República será la elección del próximo contralor general, a más tardar el 3 de agosto, en medio de un ambiente en el que varias de las posibles opciones tienen cuestionamientos. Siguiendo el procedimiento que dicta la Ley 1904 de 2018, de un proceso de convocatoria en el que se inscribieron 2010 aspirantes, 195 fueron admitidos, que, tras una prueba de conocimientos, la lista de aspirantes se redujo a 20, de los cuales una comisión accidental del Congreso 2018-2022, redujo a 10. De esa lista de 10 aspirantes, de acuerdo con el artículo 3 de la misma ley, en el primer mes de las sesiones ordinarias del Congreso en pleno se debe elegir al contralor por mayoría absoluta de los votos de sus miembros, y para un período institucional igual al del presidente de la República. Cabe mencionar que la mayoría absoluta hace referencia a la mitad de la votación más uno, por lo que teniendo en cuenta que hay 108 senadores y 187 representantes a la Cámara, el aspirante que desee quedar debe conseguir, al menos, 148 votos. Sin embargo, desde sectores cercanos al próximo gobierno del Pacto Histórico, se han hecho llamados a replantear la lista de 10 aspirantes, debido a los cuestionamientos de quienes la integran, pero las herramientas para hacerlo no son claras. ¿Se puede reabrir la lista de aspirantes a contralor general? A priori, la respuesta es no. El artículo 9 de la Ley 1904 de 2018 dicta que “en caso de presentarse alguna de las causales de falta absoluta de los integrantes de la lista de elegibles, el Congreso elegirá de los restantes al Contralor General de la República”. A su vez, la Ley 330 de 1996 establece en su artículo 6 que las inhabilidades para ser contralor son ya haber ejercido el cargo; haber sido miembro de algún tribunal que participe en su postulación; haber ocupado en el último año previo a la elección algún cargo público del orden departamental, distrital o municipal; y haber sido condenado penalmente a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Por tanto, bajo el principio de presunción de legalidad y de confianza legítima, mientras no haya alguna condena u otra causal de inhabilidad comprobada en contra de alguno de los integrantes de la lista de aspirantes, estos pueden continuar con su aspiración. Además, como se registró en El Tiempo, al ser un proceso en curso y regulado por una ley, este no puede ser sujeto de modificaciones mediante una proposición del Congreso. Frente a esto, el senador por el Pacto Histórico, Roy Barreras, señaló que “Vamos a revisarlo (...) La ley determina que el Congreso saliente hace la lista de elegibles de acuerdo a unas normas que vamos a revisar si se cumplieron o no. El Congreso entrante elige con el propósito de que cualquiera que sea el presidente no imponga la Contraloría y para darle un nivel de independencia”. Además, otro senador de la misma colectividad, Gustavo Bolívar, en una entrevista con Cambio, afirmó que se están emprendiendo acciones judiciales para ver si logran frenar la elección, ya que la ley tiene vicios de forma que no se cumplieron como los tiempos, aparte de sostener que al menos 9 de los 10 aspirantes serían fichas del actual contralor general, Felipe Córdoba. ¿Quiénes son los aspirantes a contralor general más cuestionados? Tras el escándalo del Ocad-Paz, en el que presuntamente alcaldes y funcionarios se quedaron con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) destinados a financiar la implementación del Acuerdo Final de Paz, tres aspirantes a contralor general quedaron salpicados por su presunta participación en el entramado de corrupción. Luis Alberto Rodríguez, exdirector del Departamento Nacional de Planeación; Aníbal José Quiroz Monsalvo, contralor delegado de la Unidad de Regalías; y Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el posconflicto, son los señalados de recibir coimas entre el 5% y el 12% de los recursos que aprueba el Ocad-Paz. Si bien han sostenido su inocencia, el que estuvieran involucrados en este aparente entramado de corrupción causó cuestionamientos sobre su idoneidad para ser Contralor General. De los tres, uno de los más opcionados era Luis Alberto Rodríguez, que cuenta con el apadrinamiento de políticos como Martha Lucía Ramírez, la casa Char y Alfredo Ape Cuello. Aparte de estos tres aspirantes, como registró la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), también se encuentran Andrés Castro Franco, excontralor de Bogotá y cercano a Juan Carlos Granados, señalado de beneficiar a Odebrecht; y Carlos Fernando Pérez, excontralor de Santander, señalado de ser hombre de confianza y cercano a Hugo Aguilar, condenado por parapolítica, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y al clan Aguilar. A esta lista se suma María Fernanda Rangel, quien siendo directora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) habría colaborado en el entramado de corrupción del exsenador del Partido Liberal, Mario Castaño. El entramado para direccionar contratos de entidades públicas a particulares presuntamente habría contado con el apoyo de Rangel, de acuerdo a audios y conversaciones de WhatsApp. Sin embargo, por ahora no hay investigaciones desde la Fiscalía adelantadas en su contra. Este escenario es el que rodea la elección del próximo contralor general, en la que el actual contralor cuenta con otras fichas, como Luis Carlos Pineda, para dejar un contralor aliado. Con la dificultad de encontrar algún instrumento jurídico con el cual suspender la elección o cambiar la lista de aspirantes, el próximo Congreso de la República se enfrentará, a partir del 20 de julio, a cinco candidatos cuestionados a ocupar el cargo de contralor general.