Por: Oficina Pares Pacífico En el marco de sus 482 años de formación, Buenaventura vuelve a celebrar sus fiestas patronales con un mensaje claro: la paz. A pesar de la crisis humanitaria como consecuencia del recrudecimiento de la violencia por la guerra entre grupos y estructuras del narcotráfico que azota la ciudad, al punto de restringir parte de la movilidad social y las dinámicas cotidianas, en Buenaventura iniciaron hoy los festejos, que durante un par de años la violencia le había impedido realizar. La ciudad intenta reponerse de la crisis económica causada por la pandemia en 2020, la recurrente violencia y los problemas de gobernabilidad. Se viste hoy, 14 de julio, de fiesta. Es un día de actividades culturales y religiosas descentralizadas que podrían servir para aproximar a una ciudadanía fragmentada por las dinámicas políticas y romper el control criminal que restringe la movilidad entre barrios y calles en la ciudad. La apuesta por la paz Diferentes sectores sociales y políticos aprovechan la festividad para invitar a “celebrar en paz y trabajar en conjunto por la Buenaventura que queremos lograr”. El llamado es para la ciudadanía, pero también para las autoridades locales a que concreten acciones para garantizar la seguridad. Igualmente es un llamado por el respeto a la vida a los grupos armados que tienen injerencia en la ciudad. Por parte de la Alcaldía Distrital de Buenaventura se está desarrollando, entre el 13 y el 14 de julio, el encuentro “Cumbre de Autoridades Territoriales de la Etno-eco región del Litoral Pacífico”, con el propósito de diseñar e implementar una agenda humanitaria. En este encuentro se están socializando las propuestas para enfrentar la realidad que vive actualmente la región, desde temas como seguridad alimentaria, fortalecimiento institucional, cambio climático, entre otros. De la Cumbre resalta el espaldarazo de las autoridades locales del Pacífico a la propuesta de los líderes y lideresas sociales que vienen promoviendo el denominado “Acuerdo Humanitario” de carácter subregional. Además, en las palabras de apertura del evento el alcalde de Buenaventura, Víctor Vidal, hizo un llamado a construir una nueva ruta de trabajo conjunto con las autoridades de la región, así como reconocer las dificultades y lograr que la ciudadanía sea la protagonista en la transformación del territorio. Las fiestas que rompen fronteras A pesar del sentimiento de abandono y zozobra que vive la comunidad bonaverense, las fiestas patronales iniciaron con un recorrido desde la zona rural de Cisneros, hasta el centro de la ciudad que cerrará con la tradicional “quema de castillo”. Los festejos se extienden hasta el 20 de julio en una serie de actividades y verbenas en diferentes barrios de la ciudad. Esto es importante porque lo que se busca es romper las restricciones a la movilidad y dinámicas cotidianas de la ciudadanía que han impuesto los grupos armados ilegales. Un ejemplo de ello es la verbena de la Playita, la más emblemática, pero que hace años no se podía realizar por su ubicación en disputa. En la Playita queda el reconocido Espacio Humanitario Puente Nayero, que se dio a conocer de manera lamentable por ser donde se concentraban las denominadas “casas de pique”. La Playita es un barrio a donde no cualquiera puede ingresar y donde se ejerce un estricto control criminal por su ubicación que permite salida al mar y su extensión que le permite tener un mercado propio que es objeto de renta extorsiva. Realizar la verbena este año y garantizar la asistencia y la seguridad para sus asistentes, es una forma de disminuirle al crimen organizado parte de su ejercicio de control, pero también un respiro para los miles de habitantes que se encuentran confinados en sus propios barrios. Para ello es menester que situaciones como la de ayer en el Espacio Humanitario Puente Nayero no vuelvan a suceder. Los y las lideresas de la zona elevaron su voz de alerta por lo que denominaron un sorpresivo abandono de la Policía Nacional del lugar de control perimetral asumido en el marco de las medidas cautelares de la CIDH. Denuncian que aproximadamente a las 10 pm del día 13 de julio la Policía abandonó su lugar, hubo temor por la vida de los líderes y las lideresas. Llegan las ballenas a felicitar a Buenaventura A partir del 15 de julio se da apertura a la temporada de avistamiento de ballenas, que es de gran importancia para la movilización de la economía local que aún no se recupera de las consecuencias de la pandemia que afectó a varios sectores, pero especialmente al sector turístico, que además padece la crisis fiscal del país. El año pasado se rompieron récords de visitantes en esta temporada. En estas fechas tan significativas, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) y su Oficina Pacífico, extendemos nuestras felicitaciones a todos y todas los bonaverenses y agradecemos por las puertas que nos han abierto. Asimismo, hacemos un llamado a celebrar con la alegría y a aprovechar este ambiente festivo y esperanzador para continuar construyendo una Buenaventura incluyente, en paz, libre de enfrentamientos entre grupos armados, libre de violencias basas en género, la Buenaventura que se sueña, una Buenaventura próspera y en paz.

Por: Esteban Salazar, Coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad @estebanalitic El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez plantea una oportunidad de llevar a cabo reformas de carácter político y electoral profundas. Las agendas sobre las reformas están compitiendo en el legislativo para saber cuáles deberán pasar rápidamente durante las primeras legislaturas, con el objetivo de optimizar el costo político y el combustible de gobernabilidad. Hasta ahora se han priorizado la reforma tributaria, la reforma rural integral, la reforma política anticorrupción y la creación de los Ministerios de Paz y de la Igualdad. Se aplazaron la reforma a la Procuraduría, la reforma a la justicia y la reforma a la salud, ejes fundamentales del programa de gobierno que tendrán que esperar los resultados de la primera tanda de reformas que pueden tomar la mitad del periodo del próximo Congreso. A pesar de estas priorizaciones, las reformas políticas y electorales no dan espera. Se deben entrar a revisar las fallas en el diseño institucional del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, pues el ambiente de las elecciones de 2022 demostró que existen problemas que se deben resolver, y más teniendo en cuenta el proceso electoral que se avecina a nivel local en 2023. También se deben revisar los procesos y procedimientos en el marco del código electoral y la contratación de estos procesos, hechos que dejaron un enrarecido ambiente de inseguridad jurídica y desconfianza institucional en el proceso electoral. A su vez, están pendientes temas como las agendas de inclusión efectiva de mujeres y listas paritarias, así como la disciplina de partidos en listas cerradas y el sistema de repartición de curules en el Congreso. Pero todo esto requiere de una priorización de los temas más relevantes, para lograr algunas reformas antes de que se agote la oportunidad en el próximo Congreso y gobierno. Es bien sabido que, ante la llegada de un nuevo periodo de gobierno, al principio se trata de una relación armoniosa con el legislativo, que posteriormente se termina erosionando por las tensiones internas de los trámites en cuanto a las disputas de intereses y las tretas en la confección de leyes y actos legislativos. Un hecho que deja por fuera el conjunto de reformas que son necesarias, aunque no estén dentro del conjunto de prioridades. Por esta razón hay que incentivar la discusión de un paquete inicial de reformas políticas y electorales, teniendo en cuenta la coyuntura sobre la voluntad política de las mayorías conformadas hasta ahora para iniciar; al menos una reforma al diseño institucional del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. Esto llevará indefectiblemente a que también se regule el funcionamiento de cada institución y los códigos de procedimientos, dentro de lo cual se tocará posteriormente el código electoral. Principalmente, se debe despolitizar la elección del Consejo Nacional Electoral y crear un tribunal electoral; así como despolitizar la elección del Registrador Nacional y crear la carrera administrativa electoral. Esto debe estar acompañado del desmonte de la hipertrofia en las funciones del registrador a nivel de contratación, que significa un abultado presupuesto sin veeduría ni control. Por supuesto, se deben revisar los problemas que se vieron en el funcionamiento del proceso electoral para Congreso, Consultas Presidenciales, primera y segunda vuelta de 2022, lo cual es materia del Código Electoral. Este último debe ser actualizado, teniendo en cuenta que el Código de 1986 viene desde antes de la Constitución y cumple 36 años sin actualizarse. Se trata de un código vetusto que funciona como colcha de retazos, víctima de las administraciones y disposiciones de cada registrador o gobierno que ha hecho modificaciones parciales sin dar soluciones profundas. Por ejemplo, se debe avanzar hacia procesos de formulación técnica que permitan resolver los problemas del código actual y no crear más problemas. La transición tecnológica debe contar con pilotos seguros. También debe haber control en el proceso de consolidación del censo electoral, que debe tener armonía con el censo poblacional. Debe revisarse el proceso de inscripción de cédulas, que debe contar con garantías para las poblaciones urbanas y rurales; al igual que la capacidad humana y técnica suficiente. También debe hacerse una evaluación y una regulación clara sobre la incorporación de nuevas tecnologías para instaurar el voto anticipado, el voto digital y garantías para el acceso a estos mecanismos a nivel rural. Adicionalmente, se hace necesario revisar a profundidad la apropiación tecnológica del diseño, implementación y actualización de los softwares utilizados en todo el proceso electoral por parte de la Registraduría, hasta la transmisión, y del Consejo Nacional Electoral (o quien haga sus veces) en la transmisión y declaración de las elecciones. Sin duda se quedan en el tintero temas que también son de relevancia como el control que se le debe poner a la financiación de campañas, la regulación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, los controles a los movimientos significativos de ciudadanos, el sistema electoral mixto, la creación de personerías jurídicas artificialmente (o por vía judicial), la ausencia de reconocimiento de personerías jurídicas a movimientos significativos con presencia en el Congreso y la regulación de la curul raizal, entre otros. En suma, el ambiente y la voluntad política está dada para buscar solventar, al menos, dos o tres apuestas en materia de diseño institucional y código electoral, mientras se va tanteando el oxígeno político del gobierno y el comportamiento del Congreso. Está dada la posibilidad de cumplir con las recomendaciones de la Misión Especial Electoral, la Comisión de la Verdad y la voluntad de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía que están a la espera de que se avance hacia las democracias modernas que no solo logran alternar el poder, sino también consolidar garantías plenas de participación.

Por: Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) El Boletín #7 del Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) presenta la situación de personas defensoras de derechos laborales y sindicales en Venezuela en el contexto reciente. La política antisindical ha venido avanzando durante los últimos años en Venezuela y evolucionando hacia formas cada vez más represivas. Actualmente persisten obstáculos y amenazas para el ejercicio del derecho a la libertad sindical, como la criminalización del sindicalismo autónomo, las detenciones y procesos penales contra dirigentes sindicales, las restricciones para el ejercicio del derecho a la huelga o las descalificaciones públicas por parte de altos funcionarios del Estado. Entre 2015 y 2020, Odevida ha registrado un total de 82 casos de violencia en contra de personas defensoras de derechos laborales y líderes sindicales. Entre estos, 44 casos de asesinato, uno de ellos presuntamente relacionado con la acción del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (CICPC); 28 casos de detenciones arbitrarias; 5 casos de amenazas o intimidaciones; 4 casos de intento de asesinato y 1 caso de malos tratos. Los estados más impactados por este tipo de violencia son: Bolívar, Anzoategui, La Guaira y Carabobo. Adicionalmente, se estima que 150 sindicalistas fueron sometidos a juicios penales en este mismo periodo. Un fenómeno preocupa particularmente: la aparición del sicariato como forma de eliminación de líderes y dirigentes sindicales. La causa de ello parece ser el tenso ambiente que se vive en el sector sindical venezolano a causa del “paralelismo sindical”, que es la coexistencia de más de un sindicato en un determinado sector productivo, lo que da pie a dado pie a una ácida competencia inter-sindical por la consecución de recursos, dotación, cuotas y porcentajes de ingreso de nuevo personal. Este fenómeno se vive sobre todo en los sectores de la construcción y el petróleo y ha sido promovido por el Estado venezolano. Te invitamos a conocer el boletín completo sobre violencia contra líderes sindicales en Venezuela aquí :

Por: Laura Fajardo, Asistente de Investigación Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad Las diferencias entre las regiones colombianas y sus necesidades han significado históricamente un reto para todos los gobiernos. Para el caso del presidente electo Gustavo Petro, el departamento de Antioquia es, sin duda, un reto de gobernabilidad, considerando la confluencia de factores como la violencia, la financiación y el avance de proyectos clave para el país como Hidroituango. Sumado a eso, Antioquia es uno de los departamentos que menos apoyo político y electoral le manifestó al Pacto Histórico, tanto en las elecciones legislativas como en las presidenciales, lo que constituye un difícil ambiente político y de gobernabilidad para el presidente entrante. Tal vez es por esto que el nuevo gobierno optó por constituir un grupo de empalme particular para Antioquia que denominaron “Antioquia-Nación” y, aunque la conformación de un equipo particular podría ser una solución plausible para los retos venideros, su presencia en el proceso de empalme ya ha causado controversias regionales y confirma el difícil ambiente político que le espera al presidente Petro en el departamento. El equipo de empalme A un mes de la posesión presidencial y en medio de la conformación del gabinete del presidente Gustavo Petro, se anunció la creación de un equipo de empalme especial para coordinar los temas que atañen particularmente al departamento de Antioquia. El anuncio fue hecho por Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín. El equipo de empalme lo conforman personas como Juan Pablo Ramírez, exsecretario de inclusión social, Juliana Colorado, exsecretaria de medioambiente, Yolanda Perea, excandidata al Senado por el Nuevo Liberalismo y Luis Llinás, exgerente de la campaña de Gustavo Petro en Antioquia, entre otros. Cada uno de los que conforman el equipo tiene a su cargo un sector o asunto particular como Hidroituango, el Metro de la 80, la situación de derechos humanos en el departamento, la educación, infraestructura vial, etc. Sin embargo, a escasas horas del anuncio del equipo conformado, el gobernador Aníbal Gaviria Correa manifestó su descontento con el equipo enunciado, alegando que dicho mecanismo de empalme no era el acordado con el electo presidente Gustavo Petro. Este pronunciamiento reveló, por un lado, las diferencias entre sectores de la política antioqueña y, por otro, preguntas sobre los criterios de selección del equipo y los niveles de coordinación con las instancias de gobierno locales en el departamento. Los proyectos en cuestión En Antioquia son varios los proyectos que el próximo gobierno tendrá que atender en materia de infraestructura, energía, violencia y grupos armados. Sin embargo, han sido de especial atención cuatro proyectos de infraestructura que requieren de amplios recursos estatales para materializarse: Hidroituango, el Metro de la 80, la Red de Autopistas 4G y la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba. Hidroituango El proyecto hidroeléctrico está ubicado en el noroccidente del departamento y ocupa predios de los municipios de Ituango, Briceño, Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Yarumal y Valdivia, entre otros. Estaba pensado para generar cerca de 2.400 megavatios y, con esto, cubrir el 17% de la demanda energética del país. Sin embargo, el ambicioso proyecto energético sufrió un importante daño en 2018 al romperse una de las represas, situación que puso en riesgo de avalancha a cerca de 120.000 personas a lo largo de la cuenca del río Cauca. Para evitar el desbordamiento del río y la avalancha de material, la empresa encargada del proyecto, Empresas Públicas de Medellín EPM, decidió verter el agua por el cuarto de máquinas, situación que implicó atrasos en la obra y sobrecostos. Luego de la emergencia, el proyecto acarreó sobrecostos avaluados en casi $3,9 billones y un proceso jurídico que involucró a la Gobernación de Antioquia, las aseguradoras y la gerencia del proyecto, se presentaron investigaciones y procesos por responsabilidad fiscal. Por estas complejidades, Gustavo Petro designó a Modesto Portilla como el encargado de liderar el empalme del proyecto. Portilla es geólogo de la Universidad Industrial de Santander y especialista en Evaluación de Riesgos y Prevención de Desastres. Los retos del gobierno entrante en este proyecto serán de distinta índole: jurídicos, para liberar el proyecto de los líos judiciales que cursan sobre éste; de diagnóstico, para entender el estado real del proyecto y sus complejidades; económicos, para establecer los costos reales del proyecto y asegurar el correcto y exitoso manejo de los recursos asignados. Si bien el próximo gobierno no podrá asegurar que pueda poner en funcionamiento la hidroeléctrica, sí deberá dejar sentadas las condiciones necesarias para que la represa cumpla su cometido en el menor tiempo posible. El Metro de la 80 La construcción de la tercera línea del metro de Medellín, que pretende construirse como un tren ligero por la Avenida 80, está financiado en un 70% por recursos del Gobierno Nacional. El proyecto, que aspira a ser entregado en 2027, comprende cuatro etapas y su inversión asciende a los $3,67 billones de pesos. Al igual que con Hidroituango, el gobierno entrante no podrá comprometerse a poner en funcionamiento el Metro de la 80, pero sí deberá abonar a las condiciones ideales para que los recursos sean usados eficazmente. Red de autopistas 4G Actualmente el Gobierno Nacional financia la construcción de vías 4G que comunican al departamento con otros departamentos como Caldas y la región Pacífico. Se espera que el gobierno entrante continué aportando recursos para la finalización de las vías. El fortalecimiento de la infraestructura vial, no solo en Antioquia sino en el resto del país, será clave para aportar al crecimiento de la actividad agropecuaria que el gobierno de Petro pretende. Pista del Aeropuerto José María Córdoba Desde 2017 el Gobierno Nacional expidió la ordenanza para la construcción de una segunda pista en uno de los aeropuertos más grandes del país. Cerca de 444 predios están en vilo, luego de que el Ministerio de Transporte manifestó no contar con los recursos suficientes para la compra de los predios. Se espera que el gobierno entrante pueda darle trámite a la pista o defina las alternativas a esta. El empresariado antioqueño: ¿apoyos o diputas? El sector empresarial en Antioquia ha ocupado un lugar central en las dinámicas económicas del país. Históricamente, el departamento cuenta con un importante trasegar industrial y financiero, y según datos del DANE, en 2021 Antioquia fue el segundo departamento que aportó al PIB nacional, solo por debajo de Bogotá. Estas condiciones hacen que Antioquia sea un departamento en el que descansan dinámicas económicas clave para la economía colombiana. En medio de la campaña electoral, algunos sectores económicos alertaron que, ante una eventual presidencia de Gustavo Petro, se daría una afectación en los mercados. Reflejo de este pánico económico fue la “cláusula Petro”. Sin embargo, a pesar de los malestares en el ambiente económico nacional, hubo un hecho en particular que llamó la atención de expertos en el sector, y es que el grupo Gilinski continuó su propósito de comprar los activos del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). En su momento, expertos de Fedesarrollo interpretaron esto como un mensaje a los mercados que tranquilizó tanto a los procesos económicos como a los políticos y electorales, pues al continuar en su propósito de inversión, los Gilinsky daban un parte de tranquilidad al sector y les restaban fuerza a los rumores de una eventual expropiación ante la probable presidencia de Gustavo Petro. Aunque en su momento algunos vieron en este gesto de los Gilinski un voto de confianza al entonces candidato y hoy presidente electo Gustavo Petro, Esteban Restrepo, líder del equipo de empalme “Antioquia-Nación”, aseguró que aún no hay un acercamiento formal con el grupo empresarial, dadas las condiciones de cambio constantes en el sector empresarial antioqueño en este momento. Si bien aún no está establecida alguna relación formal entre el empresariado antioqueño y los equipos económicos de Gustavo Petro, es indudable que las dos partes tendrán que sentarse a dialogar y buscar las formas de obtener alianzas público-privadas que estén en capacidad de responder a las necesidades económicas, no solo del departamento, sino de todo el país. La complejidad del escenario económico hace imperante una relación cordial entre los gremios empresariales de toda índole y el gobierno entrante. Esto no solo permite una balanza en los recursos destinados a los proyectos nacionales, sino que también absuelve los aires de alerta económica por expropiación o rechazo al capitalismo y sus procesos, y también abre el camino para una renovada relación entre los sectores económicos y el Estado colombiano. El reto de Petro de ganarse el corazón de los antioqueños Aunque Gustavo Petro y su gobierno logren establecer relaciones cordiales con los dirigentes y empresarios antioqueños, aún tienen un reto importante: conquistar al electorado antioqueño. El departamento, junto con otros de la región andina colombiana como Santander, fue uno de los más contundentes en las elecciones presidenciales y legislativas en rechazar las propuestas y candidaturas del Pacto Histórico. Aunque en las elecciones legislativas el departamento tuvo una breve apertura política al lograr dos curules el Pacto Histórico, en las presidenciales fue evidente el rechazo departamental, a excepción de algunos municipios de la región del Bajo Cauca Antioqueño, que sí le votaron a la candidatura presidencial de Gustavo Petro. https://datawrapper.dwcdn.net/AA5UA/1/ Esta situación le impone a Petro serios problemas de respaldo y popularidad por parte de la ciudadanía antioqueña. Los resultados de las presidenciales también podrán ser un anticipo de las elecciones locales del próximo año 2023, en las que será clave para el gobierno de Gustavo Petro contar con dirigentes locales que apoyen y, sobre todo, le den un alto margen de gobernabilidad territorial.

By: León Valencia for @infobae Translation by: María Victoria Ramírez At the time of writing this article, Petro already has eight ministers: José Antonio Ocampo in finance, Álvaro Leyva in foreign affairs, Alejandro Gaviria in Education, Carolina Corcho in Health, Cecilia López in Agriculture, Patricia Ariza in Culture, Susana Muhamad in environment and sustainable development and Francia Márquez, vice president of the republic, for the new ministry of equality and women. A little more than half of the ministers are still to be designated, although names are already sounding for these positions. Those designated give for a first analysis about where the composition of the cabinet is going. All these ministers moved in the last elections in the two leftist coalitions, the (El Pacto Histórico) Historical Pact and (La Coalición de la Esperanza) the Coalition of Hope, the first more ideologically defined, the second more towards the centre of the political spectrum. Some -starting with Álvaro Leyva- militated in the traditional parties, but in the last twenty years, in the shake-up that Álvaro Uribe Vélez hit Colombian politics by unequivocally raising the flags of the right, all were located on the left wing. If he maintains this colour in the new appointments, the cabinet will definitely be the other side of the Uribe’s governments. But he will also depart from Santos' economic orthodoxy. Until now, the representation of Cesar Gaviria's Liberal Party, which very soon announced its support for the new government, has not appeared. Neither are people related to the Conservative Party, Radical Change (Cambio Radical) and the U Party (Partido de la U), groups that in declarations after the second round stated that they would not go to the opposition. The strangest thing is that a representation of the Green Party (Partido Verde) has not yet appeared, despite the fact that a fraction of that force supported Gustavo Petro since the referendum and the first round; and another faction, which includes Claudia López and Ariel Avila, supported him in the second round, helping him to consolidate the great victory in Bogotá. Most have held ministries or important public positions and have played a relevant role in national life, which means that Petro is appealing to well-known figures and experienced people in politics and, at least, in this first stage of his government. , he wants to privilege experience over youth. They are people with a lot of character who do not hide their thoughts and do not turn them down easily either, so Petro will have interlocutors with their own ideas, with thoughtful strategies, with discursive skills, who will test the president's ability to listen and collectively define every day plans and programs. It will have to do the same in its relations with the Congress that will be installed on July 20th with such a diverse composition. The participation of women in the cabinet has been faithfully guarded. They have five quotas out of eight. It is an indication that gender equality will be respected. There is no other way. Because the female vote in the last stretch of the campaign was very important and also because there is already a special sensitivity in the country on this issue. Now, Petro, in the announcements of each appointment, included a condensed summary of the work of those designated and there he marked the terrain of the transformations that they had to carry out. He did it with the first of those named -Álvaro Leyva- to whom he commended the task of putting the foreign ministry in function of peace. The ministers he lacks are not unimportant. But the big headache is the definition of the Minister of Defense. He or she should be a civilian so as not to return to the time of ministers coming out of the military ranks. He or she will have the mission of recovering the leadership that the current minister has lost over the generals. Diego Molano strangely became a spokesman for the Military leadership and a defender of their mistakes, and that is too serious for the leadership of the Armed Forces. Another no less complicated mission of the new Ministry of Defense will be to recover the unity of the ranks and agree with them on a deep reform of the Armed Forces to bring them in tune with the Post-Conflict and the political alternation between right and left. It is not a secret to anyone that the peace agreements, the serious violations of human rights and the notorious acts of corruption have opened deep discussions among the country's officers and have broken the unity of command that is so essential in the military establishment.

Por: Nataly Triana Guerrero, Asistente de Investigación y Juan Alejandro Pérez, Colaborador Pares Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad El restablecimiento de las relaciones diplomáticas de Colombia con Venezuela es una de las grandes apuestas del nuevo mandatario, Gustavo Petro, es por esto que se ha sumado a la agenda política la situación actual de laempresa venezolana Monómeros. La posible agenda que el nuevo gobierno pueda desarrollar con Nicolás Maduro pondrá en controversia el reconocimiento que Colombia ha dado al gobierno interino de Juan Guaidó, quien actualmente mantiene el control de esta empresa. Colombia es un país de tradición agrícola que importa el 75% de los fertilizantes necesarios para la producción de alimentos. De ese porcentaje de importaciones de fertilizantes, casi la mitad, el 42%, es traído de Rusia y Ucrania (29% de Rusia y 13% de Ucrania), donde en estos momentos hay enfrentamientos militares, lo que imposibilita que se importen de allí la cantidad de agroquímicos necesarios para la producción agrícola. Esta situación puede provocar el aumento en los costos de los insumos, lo que terminaría desencadenando en el incremento de los precios de los alimentos en nuestro país. El lugar central de Monómeros en esta crisis política y económica se debe a que esta empresa tiene casi la mitad del mercado de los fertilizantes en Colombia, por ende puede ser quien suministre los insumos que antes se importaban desde Rusia y Ucrania, generando así una estabilización de los precios. Monómeros: entre el oficialismo y la oposición El control de esta empresa se encuentra en medio de una disputa política entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó. Desde 2019 el control de los activos extranjeros de Venezuela, entre estos las empresas Monómeros y Pequiven (Petroquímica de Venezuela S.A.), pasaron de Nicolás Maduro a manos del gobierno interino de Juan Guaidó. Este traslado del poder sobre estas empresas fue el resultado de una serie de sanciones internacionales generadas por Estados Unidos hacia Venezuela. Monómeros ha podido continuar sus operaciones económicas a partir del reconocimiento que le diera Estados Unidos al gobierno de Juan Guaidó y la Asamblea de 2015. El mecanismo legal a través del cual se permite el ejercicio y control de estos activos, es el Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, firmado en 2019, es decir el documento que permite la existencia de este poder paralelo (el gobierno interino de Guaidó), el cual se encuentra vigente por una ampliación dada a principios de año. Inicialmente, el gobierno interino y la Asamblea Nacional de 2015 tenían una vigencia hasta el 5 de enero de 2022, por ende, hasta la nueva ampliación del mecanismo, se había puesto en vilo no solamente la existencia de estas instituciones, sino especialmente su legitimidad para mantener el control de los activos extranjeros del país, que regula Estados Unidos. Luego de haberse logrado la ampliación del gobierno paralelo, en junio de 2021 Monómeros solicitó a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros(OFAC) la extensión de la licencia para realizar transacciones internacionales. Esta prórroga fue aprobada desde el 27 de junio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023. A través de esta vigencia se mantuvo de nuevo el reconocimiento de Estados Unidos hacia el gobierno interino como gobierno legítimo. Sin embargo, dentro de la oposición hubo una serie de cambios durante la ampliación del mecanismo, producto de los cuestionamientos realizados al gobierno interino por el manejo de las empresas extranjeras venezolanas y en especial tras el sometimiento de Monómeros al control de la Superintendencia de Sociedades de Colombia a través de la Resolución No. 301-004466, emitida en septiembre del año pasado por presuntos indicios de riesgo de liquidez y corrupción. Debido a esto, la misma Asamblea Nacional en su ampliación limitó los poderes del gobierno interino, entre estos se destaca la designación de diplomáticos y el manejo de los recursos, ahora en manos de una comisión delegada de la Asamblea Nacional, frente a la cual Guaidó deberá rendir cuenta de los activos en el extranjero cada mes. Así mismo, redujo el poder del gobierno interino y su estructura, por medio de la eliminación del gabinete de ministros en el que se encontraba Leopoldo López. Estas transformaciones han generado nuevamente fracturas al interior de la oposición venezolana, teniendo en cuenta que se han transferido funciones del ejecutivo al legislativo, violando así un principio político de las democracias modernas. Sin embargo, han sido un mecanismo para reforzar el control sobre los activos en el extranjero del país, debido a las denuncias sobre el manejo de estos en manos del gobierno interino. Actualmente las directivas de Monómeros han dejado en claro su disposición de trabajar en manos del nuevo gobierno colombiano. A pesar de esto, la oposición ha expresado sus preocupaciones sobre la influencia que pueda tener Gustavo Petro para transferir el control de la empresa a Nicolás Maduro, exigencia que este mandatario ha expresado desde los diálogos en México. Frente a esto, el nuevo gobierno de Colombia solamente ha señalado que el manejo de Monómeros por el gobierno interino ha sido desastroso, lo que le ha costado a Colombia una crisis alimentaria y que, al contrario del gobierno saliente, Colombia reconocerá a Nicolás Maduro como el gobernante legítimo de Venezuela. Por lo pronto existe la posibilidad latente de la transferencia de Monómeros al gobierno de Nicolás Maduro, teniendo en cuenta, primero, los acercamientos de Estados Unidos a Venezuela para el abastecimiento de petróleo y, segundo, que legalmente la OFAC, en su ampliación de la licencia, señala que esta podrá ser removida o eliminada en cualquier momento. ¿Quién es el encargado del empalme de Monómeros designado por Gustavo Petro? La persona encargada del empalme de Monómeros y Ferticol (Fertilizantes Colombianos S.A.) es Rodrigo Ramírez. Ramírez acompañó en la campaña a Gustavo Petro en la costa caribe. De acuerdo con fuentes de prensa, es abogado defensor de derechos humanos, lleva dos años como militante de la Colombia Humana y mucho antes había sido militante de la Unión Patriótica. Por el momento no se conoce que posea experiencia relacionada con el sector de fertilizantes y agroquímicos, su única cercanía con el sector ha sido en el acompañamiento a trabajadores de Monómeros en diferentes retos en la empresa, lo cual podría cuestionar su competencia en el campo.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Un trino del recién elegido presidente Gustavo Petro levantó en las mentes y corazones de las personas habitantes del Litoral Pacífico la esperanza de desarrollo y la autonomía para determinar el tipo de organización territorial necesaria para ello. Yo que fui alcalde de Guapi, en el Pacífico medio, comprendo lo que significa la voluntad política de Petro. Es el pago histórico de la deuda social por parte de un Estado que ha usufructuado el ingreso de la riqueza por esta zona de nuestro territorio patrio. Es irónico que, desde hace más de siete décadas, nuestras relaciones comerciales se desarrollan con el mundo a través del Pacífico, y el nuestro es el único pobre del mundo. Que las comunidades gobiernen el territorio significa que procesos sociales afro, asociaciones indígenas, sectores del campesinado, mujeres, jóvenes, diversidades sexuales, las dinámicas culturales, la precaria institucionalidad local, las iglesias y los gremios de la producción, entre otros, y juntos, miren sus dolencias y dibujen con el lápiz de la esperanza su futuro. Es, ni más ni menos, hacer un diálogo regional en el litoral Pacífico. Y definir en autonomía es reconocer a los habitantes de este territorio su mayoría de edad para pensar y escribir su desarrollo, planes de vida y etnoeducación afro. Por ello Petro le reconoce el carácter vinculante a lo que se proyecte, de tal manera que el proceso no quede en los acostumbrados y olvidados ejercicios de planificación. Y marca la ruta para su financiación: la mitad de los dineros por concepto del IVA a las importaciones que ingresan por el Puerto "Rico" de Buenaventura, allí donde la riqueza pasa en containers en medio de la pobreza, en donde desde hace 20 años se pavimentaban sus calles con basura. Existe ya una región administrativa y de planificación en el Pacífico con la vinculación de los cuatro departamentos (Nariño, Cauca, Valle y Chocó), la conforman 78 municipios. Obviamente no satisface a todos aquellos que necesitan de su buena gestión, es más, en este momento hay un paro de los consejos comunitarios afro que tiene que ver justamente con esta región administrativa y de planificación, la cual, eso sí, satisface a los intereses de los amigos de Camilo Lloreda, su gerente general. Sustentados en el Artículo 285 de la Constitución del 91 se creó la Ley 1454 de 2011, la cual establece lo siguiente: Artículo 9: "El estado promoverá procesos asociativos entre entidades territoriales, esto en pro de que se formen alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo autónomo y sostenible de las comunidades". Para ello en el Artículo 10 de la misma ley, se convocan dos figuras: las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), que son asociaciones entre dos o más departamentos, y las Regiones de Planeación y Gestión (RPG), asociaciones entre dos o más municipios. Esta última sería la que se adecúa a las condiciones para impulsar de manera incluyente todas las iniciativas regionales del litoral Pacífico colombiano. Es una estructura más pequeña, de posible buen funcionamiento y manejo, y no ese monstruo de los 78 municipios que existe actualmente. Gracias presidente, con las regiones de planeación y gestión, el diálogo regional del litoral y la financiación económica, será el Pacífico potencia de vida, para vivir sabroso. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Daniela Garzón, Investigadora Nacional Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad El mapa electoral colombiano hoy no es el mismo que el de 2018. La entrada del Pacto Histórico (PH) a la escena electoral significó cambios sustanciales en la conformación del Congreso, pues se convirtió en la primera fuerza del Senado con 20 curules y 26 curules en Cámara de Representantes. Además, logró lo que ninguna fuerza de izquierda había conseguido antes: quedarse con la presidencia. Una parte importante de la fuerza electoral que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño llegó del Pacífico, y en el conjunto de cuatro departamentos, Chocó, Valle, Nariño y Cauca, aumentó significativamente la participación entre primera y segunda vuelta. En esta zona del país el conflicto armado ha tenido una preponderancia particular y las huellas de la violencia prevalecen: según el informe Plomo es lo que hay de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en el Chocó hay presencia del ELN y el Clan del Golfo y es uno de los departamentos más afectados por los confinamientos; el Valle es uno de los departamentos más azotados por las masacres desde 2016; y en Nariño y Cauca hay una disputa territorial entre el ELN y los Grupos Armados Post-FARC, o Disidencias; estos últimos son dos de los departamentos con más asesinatos contra líderes y lideresas sociales, y de los que más concentran cultivos de coca, junto a Norte de Santander y Putumayo. Según los datos de Jorge Galindo, en Chocó, Valle, Nariño y Cauca la participación aumentó entre el 3 y el 9% de primera a segunda vuelta. Tabla No. 1 Diferencia de participación electoral primera y segunda vuelta Pacífico 2022. Elaborado por: Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). La votación total obtenida en estos cuatro departamentos (2’555.772) sumó el 22,6% del total de 11’292.758 votos que les permitieron a Francia Márquez y a Gustavo Petro ganar. En contraste, Rodolfo Hernández obtuvo 968.501 votos, es decir que la votación del PH en esta región fue casi el triple a la de Hernández. Comparado con la primera vuelta, el PH obtuvo 590.074 votos más en segunda, el 21% de los 2’750.738 votos de diferencia. Sin duda es una de las zonas en las que se marcó una notable diferencia entre ambos candidatos, pues en todos los departamentos que la componen Petro ganó con amplia diferencia. Ahora bien, en el Congreso también hubo diferencias notables en esos departamentos. Si se comparan las fuerzas dominantes de 2018 con las de 2022 en Cámara de Representantas, es decir, aquellos partidos que se quedaron con las curules en cada departamento durante cada periodo, se tiene que: Chocó (dos curules): La U y el Partido Liberal (PL), se mantienen para 2022. Valle (trece curules): cuatro de la U, cuatro del PL, dos del Centro Democrático (CD), una del Partido Conservador (PC), una de Cambio Radical (CR) y una de la Alianza Verde (AV) para 2018. En contraste, en 2022 cinco curules quedaron en manos del PH, tres son de la U, dos del PL, una de CR, una de la AV y una del CD. Así, la U, el liberalismo, el CD y el conservatismo perdieron curules frente al PH, que desbancó a la U y al PL en ser la fuerza dominante en este departamento. Nariño (cinco curules): dos del PC, una del PL, una de la U y una de CR en 2018. El panorama para 2022 solo cambió en un partido: el PL perdió su curul y esta quedó en manos del PH. Cauca (cuatro curules): Dos de la U y dos del PL para 2018. En contraste, en 2022 dos son del PH, una de la coalición de CR y el partido Mira, y una del PL. Es decir, la U fue el partido que más perdió, pues pasó de ser uno de los partidos dominantes a quedarse sin escaños en este departamento. A su vez, el PL perdió una curul. El PH con dos curules también se vuelve allí la fuerza política de mayor importancia. Representantes a la Cámara región Pacífico 2018 Tabla No. 2 Representantes a la Cámara región Pacífico 2018. Elaborado por: Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Representantes a la Cámara región Pacífico 2022 Tabla No. 3 Representantes a la Cámara región Pacífico 2022. Elaborado por: Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Como podemos ver, el PH logró curules en tres de estos cuatro departamentos, y en los departamentos de Valle y Cauca, se convirtió en una coalición ultra ganadora, pues logró casi la mitad de las curules que le corresponden a estos departamentos. Sin duda, el Valle es uno de los fortines electorales que mejor consolidó Petro durante estas elecciones, particularmente capitalizando el estallido social del año pasado en el que este departamento fue protagonista; y el impulso de elegir vicepresidenta a Francia Márquez se nota en el espacio ganado en el Cauca. Al mismo tiempo, los partidos más perjudicados por la incursión del PH en el Pacífico fueron la U y el PL: en el Valle la U perdió una curul y en Cauca perdió dos. Por su parte, el liberalismo perdió dos curules en el Valle, la que tenía en Nariño, y una de las que tenía en el Cauca. Eran las fuerzas políticas que más habían cosechado curules en 2018, con ocho cada una, y ahora la U se quedó con cinco y el PL con cuatro. En contraste, el PH obtuvo ocho escaños, el 30% del total de los que se quedó en la Cámara de Representantes. En estos departamentos tienen presencia clanes políticos como los Sánchez Montes de Oca y el cordobismo en Chocó, quienes mantuvieron sus dos curules en la Cámara, a pesar de que Nilton Córdoba falló en su intento por pasar al Senado. Allí el PH no presentó listas a la Cámara. Ninguna de estos clanes hizo campaña para las presidenciales, aunque formalmente los Sánchez Montes de Oca, por pertenecer a la U, debieron apoyar a Federico Gutiérrez. Esta familia tiene la mira puesta en la gobernación, a la que podría lanzarse el propio Patrocinio Sánchez, quien ya cumplió su condena por peculado. A su vez, en el Valle del Cauca el PH le disputa la hegemonía electoral al clan de Dilian Francisca Toro, que tenía en su poder tres de las cuatro curules de la U en el Valle. Aunque logró conservarlas y hacer que Norma Hurtado saltara al Senado, el otro año probablemente el PH competirá por la gobernación que hoy está en manos de la pupila de Toro, Clara Luz Roldán. En este departamento, el nombrado jefe del Congreso, Roy Barreras, sigue teniendo una fuerza electoral no despreciable, pues logró que su esposa, Gloria Arizabaleta, estuviera dentro de la lista del PH y saliera elegida representante. Por su parte, en Nariño, donde el PH le quitó una curul al PL, el clan Enríquez Rosero se consolidó, pues obtuvo dos de las cinco curules del departamento. Los Llanos El panorama fue más favorable para Rodolfo Hernández en tres departamentos de los Llanos orientales que tienen poca población, que también sufrieron el conflicto armado y que siguen teniendo presencia de actores armados, especialmente Arauca, donde el ELN tiene un control territorial no despreciable y en el que de hecho fue difícil hacer campaña para varios de los candidatos al Congreso de la República. Siguiendo los datos de Jorge Galindo, las diferencias de participación estuvieron entre el 2 y el 4%. Tabla No. 4 Diferencia de participación electoral primera y segunda vuelta Llanos 2022. Elaborado por: Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Como se puede ver, en los tres departamentos el ganador fue Rodolfo Hernández, sin embargo, en estos no aumentó tanto la participación como en los departamentos del Pacífico. Esto implicó que el aumento de votos para Hernández entre primera y segunda vuelta fuera de 71.012 votos, mientras que para Petro fue de 56.322. Entre ambos hubo una diferencia de 167.785 votos a favor de Hernández. En esta zona del país la competitividad del PH fue baja, pero se destaca que haya logrado sacar 56.000 votos más en segunda que en primera, cuando le era difícil hacerlo. Ahora bien, en la conformación de la Cámara de Representantes, de 2018 a 2022 se presentaron los siguientes cambios por departamento: Arauca (dos curules): una del CD y una del PL en 2018. En 2022 la del CD pasó a ser de CR. Meta (tres curules): una del CD, una del PL y una de CR para 2018. En 2022 cambió sustancialmente el panorama, pues solo CR mantuvo la curul con Jaime Rodríguez Contreras. El PH y la AV se quedaron con una curul cada uno, desbancando al CD y al PL, aunque hay que decir que Alejandro Vega logró dar el salto de Cámara a Senado por el PL. Vichada (dos curules): las dos en manos de CD en 2018. En 2022 el CD perdió ambos escaños, quedaron en manos de la U y CR. Representantes a la cámara región Llanos 2018 Tabla No. 5 Representantes a la Cámara región Llanos 2018. Elaborado por: Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Representantes a la Cámara región Llanos 2022 Tabla No. 6 Representantes a la Cámara región Llanos 2022. Elaborado por: Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Puede notarse que, aunque la cosecha no fue muy favorable al PH, pues solo se quedó con una curul en el Meta, el gran perdedor de esta zona del país fue el partido de gobierno, el CD. Pasó de ser la fuerza dominante, con cuatro de las siete curules que tienen estos tres departamentos, a perderlas todas. A su vez, quien se vio beneficiado por esa pérdida fue el partido de Germán Vargas Lleras, CR, que pasó de tener una sola curul a tener tres. En el Meta las fuerzas alternativas se quedaron con dos de las tres curules. En ese departamento tiene influencia la casa política de la exgobernadora Marcela Amaya, quien es esposa del exrepresentante a la Cámara Carmelo Pérez, el cual ha impulsado la carrera política de su sobrino Alejandro Vega, que pasó de ser representante a ser senador. La clase política tradicional estaba haciéndole campaña a Federico Gutiérrez, y no hicieron campaña formalmente en segunda vuelta. En Arauca, el representante elegido Germán Rogelio Rozo hizo parte de los liberales disidentes que decidieron hacer campaña a favor de Gustavo Petro y Francia Márquez. De la misma manera, la otra representante elegida por CR, Lina Garrido, también apoyó la campaña del PH. Esto contrasta con la votación obtenida por Rodolfo Hernández en este departamento, que fue más del doble que la del PH en ambas vueltas. En la segunda, la diferencia fue de 37.639 votos. En Vichada no se registró apoyo por parte de los representantes elegidos para ninguna de las dos campañas. Este es uno de los departamentos con menor potencial electoral del país.

Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador nacional Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad El fin de semana el senador y próximo presidente del Senado, Roy Barreras, propuso un mecanismo similar al Fast Track para que durante el primer año del presidente Gustavo Petro se puedan tramitar los proyectos legislativos y reformas clave para su proyecto de gobierno. Luego de decir que no sería el Fast Track utilizado durante el primer año tras la firma del Acuerdo de Paz para su implementación, esta propuesta causó polémica, porque desde sectores de oposición se considera que sería un instrumento para imponer los programas de Gustavo Petro sin una discusión adecuada en el Congreso. A la esperar de si Gustavo Petro logra agrupar sectores políticos en el Congreso que le aseguren mayorías, la propuesta de Barreras se plantea como una forma para darle celeridad a la discusión de los proyectos de ley radicados por el gobierno. ¿Qué fue el Fast Track? El Artículo 4 del Acto Legislativo 01 de 2016 estableció, con la finalidad de ofrecer garantías de cumplimiento al Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno Nacional, un Procedimiento Legislativo Especial para la Paz con varios criterios específicos. Este procedimiento conocido como Tránsito Rápido o Fast Track, buscaba un trámite ágil y abreviado de los proyectos de acto legislativo y proyectos de ley necesarios para la implementación del Acuerdo de Paz. El procedimiento de Tránsito Rápido planteó que el tránsito entre el debate en comisiones constitucionales conjuntas de Senado y Cámara, y su votación al debate en plenaria del Senado y en plenaria de la Cámara, fuera de ocho (8) días y que las votaciones solo fueran de aprobación o no de todo el texto. Sumado a ello, a los proyectos de ley tramitados por este procedimiento se les otorgó un trámite preferencial, teniendo prelación para su discusión en el orden del día sobre cualquier otro asunto. En cualquier caso, los proyectos de ley aprobados por esta vía tenían control de constitucionalidad para su sanción presidencial. Además, el Artículo 1 del Acto Legislativo 01 también determinó una duración de 6 meses para la vigencia del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, con una posibilidad de prórroga de otros 6 meses. Si bien el procedimiento en 2016 causó debates sobre su constitucionalidad, la Corte Constitucional dio en ese año su visto bueno, pese a que el mecanismo de refrendación del Fast Track era por vía popular. ¿El Pacto Histórico está proponiendo un Fast Track? Un mecanismo similar es el que estaría evaluando la bancada del Pacto Histórico en el Congreso, en cabeza de Roy Barreras, pero no igual, ya que el Fast Track fue un instrumento extraordinario para contribuir a implementar el Acuerdo de Paz. En este caso, el instrumento no tendría aplicabilidad, puesto que las reformas planteadas por Gustavo Petro no tienen algún carácter excepcional. Ante esto, el mismo Gustavo Petro sostuvo que por Fast Track se referían al mensaje de urgencia que puede utilizar un presidente para acelerar la discusión y trámite de un proyecto de ley radicado en el Congreso. En este caso, cabe mencionar que el Artículo 163 de la Constitución Política le otorga al presidente de la República el poder de solicitar el trámite de urgencia a cualquier proyecto de ley, lo que implica que este deba ser decidido en la Cámara donde se encuentre, en un plazo de 30 días. El mensaje de urgencia implica también que el proyecto tiene prelación en el orden del día sobre cualquier otro asunto. Pese a esta aclaración que hizo Gustavo Petro, Roy Barreras sostuvo que las reformas del próximo gobierno “requieren recursos, son un reto enorme del que sin duda estará orgulloso el nuevo Congreso si cumplimos con ese mandato. Para hacerlo se requiere meter el pie en el acelerador, estamos estudiando jurídicamente un mecanismo que no es el Fast Track que usamos en la construcción de la institucionalidad de la paz”. Sin que implique algún mecanismo excepcional como el Fast Track, se propondría un procedimiento enmarcado en la Ley 5 de 1992 sobre el reglamento del Congreso, en el cual se pueden realizar sesiones conjuntas en las comisiones constitucionales y en las comisiones económicas. De igual forma, se impulsaría que, para debatir las reformas, se hagan plenarias simultáneas en Senado y Cámara. Sin embargo, de acuerdo a Roy Barreras, esos cambios que no implican ninguna modificación son un “nuevo Fast Track”, refiriéndose a una mayor velocidad en el trámite de los proyectos de ley. El objetivo del nuevo gobierno es conseguir que sean tramitadas en la primera legislatura las cinco grandes reformas que tiene planteadas el gobierno de Gustavo Petro: la tributaria, de la salud, de la educación, la política y a la justicia, en caso que algunas de ellas sean tramitadas vía Congreso. Vale la pena recordar que en campaña, Gustavo Petro sostuvo que decretaría un estado de emergencia para atender el problema del hambre en Colombia, impulsando algunas reformas por esta vía. Como recogió la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el estado de emergencia económica, social y ecológica es “uno de los tres tipos de estados de excepción que contempla la Constitución colombiana, y según ella puede ser declarado por el presidente, si sobrevienen hechos que perturben, o amenacen con hacerlo de manera inminente, el orden económico, social y ecológico del país o que impliquen una calamidad pública. Este estado le permite al presidente dictar decretos con fuerza de ley, durante máximo treinta días y puede declararse únicamente tres veces al año. Los decretos tienen control automático de la Corte Constitucional”. Ante este escenario aún queda incertidumbre acerca de cómo el gobierno de Gustavo Petro tramitará las grandes reformas que plantea. A la espera de ver si logra consolidar el “Gran Acuerdo Nacional” que le permitiría adelantar estas reformas en el Congreso, este sería el escenario en el que los cambios propuestos por Roy Barreras empezarían a regir con mayor celeridad. Sin embargo, también falta esperar si Gustavo Petro se decantaría por decretar el estado de emergencia y, así, impulsar alguna(s) reforma(s).

Por: León Valencia, para @infobae Al momento de escribir esta columna Petro tiene ya ocho ministros: José Antonio Ocampo en Hacienda, Álvaro Leyva en Relaciones Exteriores, Alejandro Gaviria en Educación, Carolina Corcho en Salud, Cecilia López en Agricultura, Patricia Ariza en Cultura, Susana Muhamad en Medio Ambiente y Desarrollo sostenible, y Francia Márquez, vicepresidenta de la República, para el nuevo Ministerio de la Igualdad y la Mujer. Aún le faltan un poco más de la mitad de los ministros, aunque ya suenan nombres para estos cargos. Los designados dan para un primer análisis de hacia dónde va la composición del gabinete. Todos estos ministros se movieron en las últimas elecciones en las dos coaliciones de izquierdas, el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza, la primera más definida ideológicamente, la segunda más hacía el centro del espectro político. Algunos —empezando por Álvaro Leyva— militaron en los partidos tradicionales, pero en los últimos veinte años, en el sacudón que le pegó Álvaro Uribe Vélez a la política colombiana levantando sin ambages las banderas de la derecha, todos se ubicaron en la orilla izquierda. Si mantiene este color en los nuevos nombramientos, el gabinete será definitivamente la contracara de los gobiernos uribistas. Pero también se apartará de la ortodoxia económica de Santos. Hasta ahora no aparece la representación del Partido Liberal de César Gaviria, que muy pronto anunció su apoyo al nuevo gobierno. Tampoco aparecen personas afines al Partido Conservador, Cambio Radical o al Partido de la U, grupos que, en declaraciones después de segunda vuelta, manifestaron que no irían a la oposición. Lo más extraño es que aún no aparece una representación del Partido Verde, a pesar de que una fracción de esa fuerza apoyó a Gustavo Petro desde la consulta y la primera vuelta; y otra fracción, en la que están Claudia López y Ariel Ávila, lo apoyó en segunda vuelta, ayudándole a consolidar el gran triunfo de Bogotá. La mayoría han ocupado ministerios o puestos públicos de importancia y han jugado un papel relevante en la vida nacional, lo que quiere decir que Petro está apelando a figuras reconocidas y a personas trajinadas en la política y, al menos, en esta primera etapa de su gobierno, quiere privilegiar la experiencia sobre la juventud. Son personas con mucho carácter que no esconden su pensamiento y tampoco lo declinan fácilmente, así que Petro tendrá unos interlocutores con ideas propias, con estrategias pensadas, con habilidades discursivas, que pondrán a prueba día a día la capacidad del primer mandatario para escuchar y definir colectivamente los planes y programas. Eso mismo tendrá que hacer en sus relaciones con el Congreso que se instala el 20 de Julio, de composición tan diversa. La participación de las mujeres en el gabinete ha sido fielmente resguardada, de ocho tienen cinco cupos. Es una indicación de que la equidad de género será respetada. No hay otro camino. Porque el voto femenino en el último tramo de la campaña fue muy importante y también porque en este tema hay ya un sensibilidad especial en el país. Ahora bien, Petro en los anuncios de cada nombramiento incluía un apretado resumen del quehacer de los designados y allí marcaba el terreno de las transformaciones que debían realizar. Lo hizo con el primero de los nombrados —Álvaro Leyva— al que le encargó la tarea de poner el Ministerio de Relaciones Exteriores en función de la paz. Los ministros que le faltan no son de poca monta. Pero el gran quebradero de cabeza es la definición del ministro o ministra de la Defensa. Debería ser un ministro civil para no regresar a la época de ministros salidos de las filas militares. Tendrá la misión de recuperar el liderazgo que ha perdido el actual ministro sobre los generales. Diego Molano se convirtió extrañamente en un vocero de la cúpula y en un defensor de sus irregularidades y errores, y eso es demasiado grave para la conducción de las Fuerzas Armadas. Otra misión no menos complicada del nuevo Mindefensa será recuperar la unidad de las filas y concertar con ellas una reforma profunda a las Fuerzas Armadas para ponerlas a tono con el postconflicto y la alternación política entre derechas e izquierdas. Para nadie es un secreto que los acuerdos de paz, las graves violaciones a los derechos humanos y los notorios hechos de corrupción, han abierto discusiones de hondo calado entre la oficialidad del país, y han roto la unidad de mando tan indispensable en el estamento militar.

Por: Ernesto Medrano, Asistente de Investigación Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad En el marco de las elecciones presidenciales, las dinámicas de gobernabilidad del nuevo gobierno resultan importantes, cuando se trata de la ejecución del plan de gobierno que se convertiría en el Plan Nacional de Desarrollo. Este plan de desarrollo es una ley que establece los lineamientos de la política pública que se desarrollará durante los 4 años del entrante Gobierno Nacional. La región Amazónica, conformada por los departamentos del Vaupés, Guainía, Amazonas, Guaviare, Putumayo y Caquetá, cuentan con un potencial electoral de 724.096 votos, por lo que, a pesar de ser una región excluida desde el centro político del país, se constituyó como una región importante en las elecciones presidenciales de 2022. ¿Cómo quedaron las fuerzas en el congreso? En 2018 en la región amazónica se impusieron cinco partidos políticos en el Congreso de la República, liderados por el Partido Liberal, que alcanzó cuatro representantes a la Cámara en esta región; seguido por el Partido de la U, con tres representantes a la Cámara; el Centro democrático y Cambio Radical, cada uno con dos representantes; y el Partido Conservador, con un representante a la Cámara. Elaborado por: Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Registraduría Nacional En 2022 las fuerzas políticas que se impusieron fueron: el Partido Liberal, el Partido de la U, Cambio Radical, el Centro Democrático, el Partido Conservador y el Pacto Histórico. De estos partidos ya la mayoría han expresado su postura frente a las iniciativas del nuevo gobierno. Tabla No. 1 Elaborado por: Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Registraduría Nacional La declandencia El clan de Álvaro Pacheco alcanzó dos curules a la Cámara, una por el departamento de Caquetá y otra en el marco de las 16 curules especiales de paz. La curul de Caquetá la conquistó la esposa de Pacheco, Gilma Díaz Arias, con 13.283 votos. Díaz está casada con Pacheco, quien se encuentra condenado por parapolítica y representa una de las candidaturas cuestionadas que llegaron al Congreso. Por su parte, el representante Jhon Fredy Núñez llegó al Congreso a representar a las víctimas pertenecientes a la circunscripción 5, que corresponde a los municipios del departamento del Caquetá: Florencia, Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José de Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaíso; y el municipio de Algeciras del departamento del Huila. Núñez llegó a la Cámara avalado por la Fundación Igualdad Social y respaldado por Pacheco, curul con la que representará a las víctimas del conflicto. A pesar de haber alcanzado dos curules en la Cámara, el clan Pacheco sufrió un importante revés, pues Núñez sería uno de los 9 representantes por las curules de paz que apoyaron a Gustavo Petro y a Francia Márquez en la primera y segunda vuelta presidencial. ¿Cómo votó la Amazonía en primera y segunda vuelta? En la región amazónica en la primera vuelta votaron 334.761 personas por los 8 candidatos y el voto en blanco. Por su parte, el candidato más votado de la región en la primera vuelta fue Gustavo Petro, con 166.206 votos, seguido por Rodolfo Hernández, quien alcanzó los 106.231 votos. Hernández, a pesar de no ser muy conocido, alcanzó más votos que Federico Gutiérrez, que se encontraba respaldado por el partido Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U y una porción de Cambio Radical; partidos que fueron los que se impusieron en las elecciones legislativas de 2022 en la región. Mapa No. 1 Elaborado por: Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Registraduría Nacional En la segunda vuelta presidencial, Gustavo Petro se impuso nuevamente obteniendo 223.508 votos, mientras que Rodolfo Hernández alcanzó los 150.186 votos. Si bien Hernández logró sumar gran parte de los votos de Federico Gutiérrez, no logró retener su propio caudal electoral en varios municipios de la región. En estas lecciones aumentó la participación, pasando de 334.761 votos a 373.694 votos. Mapa No. 2 Elaborado por: Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Registraduría Nacional Actores clave Dentro de los actores clave de la región, se encuentran diversos actores políticos. En Caquetá, Héctor Mauricio Cuéllar, del Partido Conservador, quien ha sido denunciado por la presunta compra de votos en el departamento. Cuéllar obtuvo más de 20.000 votos, convirtiéndose en el candidato a la Cámara más votado del departamento. Por su arte, Álvaro Pacheco, parapolítico condenado, ha demostrado su capacidad de endose de votos, al posicionar a su esposa, Gilma Díaz Arias, como representante a la Cámara por el Caquetá. En Putumayo, Carlos Adolfo Ardila logró conservar la curul obtenida en 2018. El representante liberal se aseguró la curul con más de 15.000 votos, dejando claro el poderío del Partido Liberal en el departamento. Por su parte, en Guainía y Guaviare, Cambio Radical perdió una de las dos curules que tenía. Sin embargo, logró conservar la curul en Guainía. Y en el Amazonas y en Vaupés, el Centro Democrático obtuvo una curul adicional, asegurándose una en cada departamento. Las movidas políticas muestran la importancia de los partidos políticos en la región, pues los partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical y de la U, lograron conservar su poder político, a pesar de que el candidato alternativo Gustavo Petro, se impuso en la región.

Por: Laura Vanesa Prieto Pinto, Investigadora Nacional Línea de Investigación en Convivencia y Seguridad Ciudadana La tragedia del pasado martes 28 de junio en la cárcel de Tuluá que dejó un saldo de 52 muertos es una radiografía de la crisis del sistema penitenciario que afronta el país desde hace varios años. El hacinamiento hace parte de las múltiples violaciones a los derechos humanos que afectan a las personas privadas de la libertad. La no garantía de estos derechos materializa un discurso punitivo que, lejos de promover una resocialización, flagela la dignidad humana. Aunque Colombia cuenta con un gran avance en materia legal frente a la protección de los derechos de las personas recluidas, la realidad es otra. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, presentado en el Foro La crisis de hacinamiento carcelario: avances y retos para su superación, para 2021 en Colombia se observa un hacinamiento superior del 20%. En este foro la entidad solicitó al Gobierno Nacional realizar una reforma al sistema penitenciario para que reoriente el sentido de las cárceles y promueva la confianza en las instituciones. ¿Cómo funciona el sistema penitenciario y carcelario en Colombia? En primer lugar, desde el marco internacional, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos redactó para el estado colombiano un documento con las recomendaciones que orientan la protección de las personas privadas de la libertad. En este, se señalan los principios básicos para el tratamiento de los reclusos, los cuales se sustentan en los instrumentos internacionales que reconocen que “esas personas son titulares, en igualdad de condiciones, de los mismos derechos reconocidos a los demás miembros de la sociedad”. Señala la necesidad de adoptar un enfoque de derechos que no sólo reconozca los DD.HH., sino que, además, garantice condiciones mínimas que permitan el pleno goce de los mismos. Para esto explica cada uno de los instrumentos internacionales y nacionales existentes para el cumplimiento de ese propósito, y recomienda su aplicación por medio de las instancias que el Sistema Carcelario y Penitenciario tiene, tales como las comisiones de monitoreo y seguimiento. En segundo lugar, la Ley 65 de 1993 expidió el Código Penitenciario y Carcelario en el cual se “regula el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de las medidas de seguridad”; se establecen mecanismos de monitoreo de los DD.HH., la infraestructura, la prestación de los servicios de salud y el hacinamiento. Para esto último, la ley señala la función de seguimiento por medio de informes diarios que deben presentar los funcionarios del INPEC, en los que se indique el número de personas detenidas en las cárceles (numeral 5, art. 170). Estos deben ser presentados ante la Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión del Sistema Penitenciario y Carcelario. Legalmente, dicha comisión debe reunirse cada dos meses y tiene el propósito de verificar y promover la garantía de los DD.HH. en el sistema penitenciario, su secretaría técnica la ejerce el Ministerio de Justicia y del Derecho. En su último informe de 2021, la comisión señala ocho recomendaciones para que, desde el Consejo de Política Criminal, se adopten medidas que contribuyan a la garantía de los derechos, haciendo énfasis en un enfoque de género. Resalta la necesidad de realizar mesas de trabajo y visitas a los centros penitenciarios, para que se haga un debido monitoreo de las condiciones de garantía y cumplimiento de los DD.HH. de las personas recluidas en las cárceles. Si bien en el papel las funciones están claramente determinadas, la realidad da cuenta de que estas no han sido debidamente aplicadas. Parte del problema del cumplimiento de estas medidas de seguimiento radica en que no se cuentan con los recursos necesarios para poder generar las condiciones mínimas de garantía de los DD.HH., debido a que existe un alto porcentaje de hacinamiento que pone en riesgo la salud y la vida de las personas recluidas. ¿Cuál es la realidad de las personas privadas de la libertad? La situación de los DD.HH. de los/as privados/as de la libertad es dramática. Según datos del INPEC, hasta marzo de 2022, existen 97.606 internos en centros penitenciarios, lo que indica una sobrepoblación de 16.706 personas considerando que las cárceles del país tienen capacidad solamente para 80.900 personas (ver imagen). Esto no sólo genera que los espacios de convivencia entre reclusos sean más reducidos, sino que la capacidad institucional de las entidades encargadas se desborde porque no pueden cumplir con la garantía de las condiciones mínimas exigidas por la ley y recomendadas por los organismos internacionales. Fuente: INPEC. Tomado de: https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/el-hacinamiento-en-las-carceles-colombianas-es-de-20-a-marzo-segun-cifras-del-inpec-3133024#:~:text=El%20hacinamiento%20en%20Colombia%20es,fallas%20en%20el%20sistema%20penal. Pero el hacinamiento no es el único problema que enfrentan las personas privadas de la libertad. También son víctimas de violencia por parte de organizaciones delincuenciales que tienen nichos criminales dentro de las cárceles y generan homicidios a raíz de las disputas entre las mismas; y de la violencia que ejercen los agentes estatales, particularmente del INPEC, frente al uso desproporcionado de la fuerza y la estigmatización, tal y como sucedió con la masacre perpetrada en marzo de 2020 en la cárcel La Modelo. Además, en los últimos años el Código Penal ha incluido nuevos delitos que requieren de medidas de cumplimiento intramurales, sin contemplar este escenario de sobrepoblación que, sumado a una cuestionable política de incentivos de capturas por parte la Policía Nacional, da como resultado una saturación del sistema judicial y por consiguiente del sistema penitenciario y carcelario en el país. Por lo tanto, se tiene un sistema penitenciario saturado y sobrepoblado que no tiene la capacidad de garantizar condiciones mínimas de cumplimiento de los DD.HH., y, además, un alto grado de desconfianza en las instituciones debido a la saturación de casos en los juzgados que se deriva en condenas domiciliarias y reincidencia del delito. Pero entonces, ¿la solución es construir más cárceles? Evidentemente no. Como ya se señaló, el sistema penitenciario y carcelario no tiene la capacidad para garantizar los DD.HH. de las personas privadas de la libertad, por lo que de nada sirve construir más centros de reclusión si primero no se establecen las condiciones mínimas de las personas que ya se encuentran recluidas. Además, si no existe un pleno control de las instituciones al interior de las cárceles, la delincuencia organizada seguirá ejerciendo repertorios de violencia que se derive en riñas y homicidios. Es necesario primero garantizar la seguridad y dignidad de las personas que actualmente están encarceladas antes de contemplar esta opción. También se requiere de un cambio discursivo que reoriente el sentido de los centros de reclusión, ya que estos no son lugares de resocialización, son más bien foco de vulneraciones a los DD.HH. y un riesgo para la vida de quienes se encuentran allí. El gran reto para que esto funcione es adoptar un discurso que no sea punitivo al estilo de “El que la hace la paga” y se transite, más bien, a la generación de alternativas penales para delitos menores que eviten la saturación de las cárceles. Si bien Colombia es un país con altos índices de violencia que requiere de la ejecución de penas en las cárceles, es necesario que estas cumplan la función de resocialización para que se evite la reincidencia. Por lo tanto, no es suficiente con la construcción de nuevas cárceles; es indispensable que las reformas a los sistemas judiciales y penitenciarios contemplen este panorama y busquen el fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Considerando, además, que las cárceles no generan necesariamente una reparación directa a las víctimas de los delitos. El caso de Tuluá es claro ejemplo de que el sistema penitenciario no funciona conforme a las disposiciones legales y en materia de DD.HH., y que es necesario replantearnos como sociedad la forma como entendemos la justicia y la resocialización de quienes, por diferentes motivos, cometen delitos.