By León Valencia for @infobae Translation by: María Victoria Ramírez Finally, the National Liberation Army —ELN (Ejéricito de Liberación Nacional)— has to sign the peace and come to civilian life. The conditions are peerless. The elected President of Colombia, Gustavo Petro, has defined that the first aim (axis) of his government will be comprehensive peace and reconciliation, and appointed Álvaro Leyva Minister of Foreign Affairs with the express mandate of seeking the greatest support in the international community to complete the agreements needed and give-wings to all post-conflict tasks. Even in his inauguration speech, Petro named his other two axes like this: social peace and environmental peace, to underline the strength that the word "peace" will have throughout his term. But there is something deeper that should push the ELN command to sign a peace agreement with the National Government with full decision and haste. We are at the end of a historical cycle. We are at the end of sixty years of war for democratization and political inclusion of the left. With Petro's victory, the most important reason why the left-wing insurgencies took up arms disappears: political and social exclusion, and the criminal lock on our democracy. This long, irregular, dirty, painful war, in which all ethical barriers were broken, was a confrontation for power and democracy, for land and territory, and for legal and illegal income. The right, to strip it of its eminently political character, named it in many different ways: terrorist threat, narco-terrorism, war against society. The triumph of someone who was in arms and signed the peace, and his stubborn political action for thirty years, is the palpable demonstration that the DNA of the guerrilla was democracy and politics. Neither the serious social inequality, nor the brutal concentration of land, nor the enormous gap between the regions and the centre, are resolved with the mere arrival of Gustavo Petro and Francia Márquez to power. But with his arrival, the crucial problem of political exclusion begins to be overcome and an era of reform begins that will depend on the correlation of forces, citizen support, political alliances and, above all, an atmosphere of peace in which the rights do not have the pretext of security to rise up against the changes. The ELN command must understand the great risk pending on their ideals if they are marginalized from peace at this time. Going forward, only the abyss of the dispute over illegal rents remains. The inclusion of the left and social movements in power strips violence of its political character. It is very useful that the ELN examines the votes in the last elections, the regions that voted YES in the plebiscite for peace, voted copiously in favor of Petro and Francia Márquez. The ELN must put aside the idea that the change that has taken place is only a modification of the government, not of the political regime. The regime has suffered a huge shock. The deepening of the change now depends on accurate reforms to the economy, Congress, the Armed Forces and electoral bodies, and a new peace agreement is a virtuous push towards reformism. In recent days I have stated that the best way to begin the path of an agreement between the ELN and the National government is: perfecting the cessation of hostilities that was being agreed upon at the end of the government of Juan Manuel Santos; enabling the participation of Juan Carlos Cuéllar in the national agreement called by President Gustavo Petro; and complying with the protocol for the return to Colombia of the guerrilla negotiating commission that is in Havana. I haven't heard anything about the new High Commissioner for Peace. An smart appointment for this responsibility would be Francisco de Roux, who has successfully completed his work in the Truth Commission. This priest (who has already written glorious pages in Colombia) would render a new service in this country so in need of ethical references and spiritual.

Por: León Valencia, para @infobae Ahora sí, al Ejército de Liberación Nacional —ELN— le toca firmar la paz y venir a la vida civil. Las condiciones son inmejorables. El presidente Gustavo Petro ha definido que el primer eje de su gobierno será la paz integral y la reconciliación, y nombró a Álvaro Leyva ministro de relaciones exteriores con el expreso mandato de buscar en la comunidad internacional el mayor apoyo para culminar los acuerdos que hacen falta y darles alas a todas las tareas del postconflicto. Incluso en su discurso de posesión, Petro nombró así sus otros dos ejes: paz social y paz ambiental, para subrayar la fuerza que tendrá la palabra “paz” a lo largo de su mandato. Pero hay algo más profundo que debe empujar a la comandancia del ELN a tramitar con entera decisión y con premura un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional. Estamos ante el cierre de un ciclo histórico. Estamos al final de sesenta años de guerra por la democratización y la inclusión política de las izquierdas. Con el triunfo de Petro desaparece el motivo más importante por el que las insurgencias de izquierdas se alzaron en armas: la exclusión política y social, y el criminal cerrojo de nuestra democracia. Esta larga guerra, irregular, sucia, dolorosa, en la que se saltaron todas las barreras éticas, fue una confrontación por el poder y la democracia, por la tierra y el territorio, y por las rentas legales e ilegales. Las derechas, para despojarla de su carácter eminentemente político, la nombraron de muy diversas maneras: amenaza terrorista, narcoterrorismo, guerra contra la sociedad. El triunfo de alguien que estuvo en armas y firmó la paz, y su testaruda acción política a lo largo de treinta años, es la demostración palpable de que el ADN de la guerrilla era la democracia y la política. Ni la grave inequidad social, ni la brutal concentración de la tierra, ni la enorme brecha entre las regiones y el centro, se resuelven con la sola llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez al poder. Pero con su llegada se empieza a superar el crucial problema de la exclusión política y comienza una era de reformas que dependerá de la correlación de fuerzas, del apoyo ciudadano, de las alianzas políticas y, sobre todo, de un ambiente de paz en el que las derechas no tengan el pretexto de la seguridad para alzarse en contra de los cambios. La comandancia del ELN debe comprender el gran riesgo que corren sus ideales si se marginan de la paz en este momento. Hacia adelante sólo queda el abismo de la disputa por rentas ilegales. La inclusión de las izquierdas y los movimientos sociales en el poder despoja a la violencia del carácter político. Es muy útil que el ELN examine las votaciones en las pasadas elecciones, las regiones que votaron el SÍ en el plebiscito por la paz, votaron copiosamente a favor de Petro y Francia Márquez. El ELN debe hacer a un lado la idea de que el cambio que se ha producido es sólo una modificación del gobierno, no del régimen político. El régimen ha sufrido un remezón enorme. La profundización del cambio depende ahora de reformas certeras a la economía, al Congreso, a las Fuerzas Armadas y a los organismos electorales, y un nuevo acuerdo de paz es un virtuoso tirón al reformismo. En estos días he dicho que la mejor manera de empezar el camino de un acuerdo entre el ELN y el gobierno Nacional es: perfeccionando el cese de hostilidades que se estaba acordando al final del gobierno de Juan Manuel Santos; habilitando la participación de Juan Carlos Cuéllar en el acuerdo nacional que ha convocado el presidente Gustavo Petro; y cumpliendo el protocolo de regreso a Colombia de la comisión negociadora de la guerrilla que se encuentra en la Habana. No he oído nada acerca del nuevo Alto Comisionado de Paz. Un nombramiento de lujo para esta responsabilidad sería Francisco de Roux, quien ha culminado con éxito sus labores en la Comisión de la Verdad. Sería un nuevo servicio que le prestaría al país este sacerdote que ya ha escrito páginas gloriosas en esta patria tan necesitado de referentes éticos y de líderes espirituales.

Por: Miguel Ángel Rubio, Coordinador Escuelas de Liderazgo Juvenil Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil Al Estado y a la sociedad le pedimos establecer una nueva visión de la seguridad para la construcción de la paz, una seguridad centrada en las personas y la protección de los seres humanos y la naturaleza, sobre la base de confiar en el pueblo. Y para un ejército que ponga el honor en la paz y una policía ciudadana al lado de los ciudadanos, donde las medallas de orden público no sean por entregar cadáveres, sino personas vivas, culpables o inocentes, para la justicia restaurativa. Informe Comisión de la Verdad, leído por Francisco de Roux, SJ 28 de junio El gobierno entrante, en estos momentos en proceso de empalme, propuso dos grandes proyectos para los jóvenes en Colombia: la eliminación del servicio militar obligatorio y el desmonte del ESMAD. Gustavo Petro pretende poner la protección del derecho a la vida como el centro de su programa de gobierno. Citando textualmente su programa propuesto en campaña: “El servicio militar dejará de ser obligatorio y respetaremos la objeción de conciencia”, página 45. Este propósito de quitar la obligatoriedad del servicio militar en Colombia no es un asunto nuevo. Intentos que van en la historia más reciente desde 1998 hasta la promesa de Juan Manuel Santos de eliminarlo debido a que íbamos a entrar a una era de paz, han fallado. Se estipulan al menos 14 intentos legislativos, entre los que se cuentan promesas de campaña (Uribe 2002-2010), un referendo promovido por el MIRA y hasta iniciativas propuestas por el excongresista y polémico excandidato a la Alcaldía de Bogotá Carlos Moreno de Caro; dan muestra de que ese tema no le ha interesado al legislativo y todas las iniciativas se han hundido en el congreso. Ahora bien, en esta nueva etapa en la que entra el país, Gustavo Petro, quien a partir del próximo 7 de agosto se posesionará y tendrá que hacer reconocimiento de tropas del ejército como acto protocolario de posesión en el que, a su vez, el ejército le reconocerá como comandante supremo de las fuerzas armadas, deberá caminar como gato entre cristales para lograr llevar a cabo esta propuesta. Una reciente nota periodística de Noticias Uno del 27 de junio sobre una posible insubordinación en las fuerzas armadas, que estaría siendo instigada o promovida por militares retirados y de la reserva que exhortan a no reconocer como comandante supremo a un “exguerrillero”, da muestra de que la relación del presidente entrante con los militares no será nada fácil. A esto habría que sumarle el intercambio de trinos y ataques vía Twitter entre el entonces candidato Petro y el general Zapateiro, que generó un tenso ambiente político durante la campaña presidencial. Por lo visto, esta promesa de eliminar la obligatoriedad del servicio militar no le quedará fácil cumplirla, incluso puede vaticinarse casi un fracaso de la misma, pues no es conveniente en un gobierno que ha generado tantas resistencias en sectores de la ultraderecha, aliada de las FF.MM., quitarle su principal fuente de reclutamiento. De hecho, si presidentes con mayorías y respeto en el ejército no lo lograron, como Uribe y Santos, que incluso tuvieron mayorías legislativas en sus mandatos, no se ve probable que lo logre Gustavo Petro. Sin embargo, le deseamos suerte en el intento. Desmonte del Esmad El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) fue creado en 1999 durante el gobierno del Expresidente Andrés Pastrana, mediante la directiva transitoria 0205 del 24 de febrero de 1999. Su propósito es controlar el orden público durante marchas y manifestaciones en territorios urbanos y rurales, y contener posibles alteraciones que de estas devengan. Sin embargo, esta fuerza de contención se ha convertido en una fuerza letal para la ciudadanía, costando vidas de jóvenes, como Dylan Cruz durante el paro del 2019, o la pérdida de ojos en otros marchantes, problemas de salud asociados a la ingesta de gases, ataques desmedidos a ciudadanos desarmados, torturas, entre muchas otras denuncias que han animado a que la juventud, principal víctima en los últimos años de este escuadrón en razón a los paros y marchas recientes en el país, pidan su desmonte. Frente a esto el programa de Gustavo Petro contempla lo siguiente como propuesta: “Una Policía civil para la vida y la seguridad humana. El redimensionamiento de la Policía Nacional conforme al mandato constitucional implica que sea reubicada bajo el Ministerio de Interior o de Justicia (Alemania y EE.UU., son ejemplo de ello). Nuestra prioridad será recuperar, a nivel institucional y operativo, el carácter civil del cuerpo policial y de acuerdo con ello, redefinir sus funciones y prioridades, que incluyen el desmonte del Esmad y el tránsito a una fuerza orientada a la solución pacífica e inteligente de conflictos”, página 45 (subrayado por el autor). La discusión en los últimos años está partida en tres: 1) los que desde la institucionalidad defienden la existencia del Esmad, alegando que se protege al resto de ciudadanos que no participan de las manifestaciones, que se busca evitar destrucción de bienes privados y públicos y que quienes siempre provocan los disturbios son los manifestantes y los llaman vándalos; 2) los que predican y abogan por su eliminación, dadas las evidentes denuncias de abuso de fuerza, muertes, y torturas probadas, que ven en el Esmad una fuerza que en la mayoría de ocasiones dispara primero; 3) los que abogan por un punto de medio que dice que el desmonte no es viable, y que lo que se debe hacer es reforzar en los miembros de esta fuerza el respeto a los derechos humanos y los protocolos de intervención. Entre estos tres polos se dirime la discusión actualmente. El Gobierno Duque optó por mantener la institucionalidad y no ha dado eco a las voces que piden su desmonte o su regulación. El gobierno entrante aboga por su desmonte y Gustavo Petro ha sido por supuesto su principal abanderado, sin embargo, valga recordar la denuncia que realizara Julián Sastoque, actual concejal de Bogotá por el Partido Alianza Verde, que le recordó en un tweet a Gustavo Petro, las veces que durante su alcaldía el Esmad que hoy quiere desmontar salió a las calles, las cuales calcula en su denuncia en unas 1.003 veces. Esto se dio debido a otro rifirrafe entre el entonces exalcalde Petro, siendo senador, y la actual alcaldesa Claudia López durante el paro del año pasado en Bogotá. El desmonte es necesario. Las denuncias de múltiples jóvenes en varias ciudades y regiones del país tienen fundamento jurídico, y miembros del Esmad vienen siendo investigados y judicializados, caso Dilan Cruz, en el que ya se han emitido condenas al respecto. Sin embargo, el debate pasará también por el Congreso y por una reforma que implique lo que se viene pidiendo, que la Policía Nacional pase de ser un cuerpo militar adscrito al Ministerio de Defensa a una fuerza civil, de directo resorte del Ministerio del Interior. Fuerte debate que encontrará en la oposición que tendrá el presidente Petro un caballito de batalla para mantener la simpatía con la seguridad, el orden, y la bota militarista. No la tiene fácil el presidente electo para estas cruciales reformas que pondrían a Colombia en una era de paz, una Paz Grande, como la llama la Comisión de la Verdad. La resistencia de las Fuerzas Armadas y sus anteriores relaciones con la Policía propiciaran un debate álgido y fuerte para encontrar apoyo en sectores conservadores de los organismos de seguridad.

Por: Brayan Guzmán, Asistente de Investigación Línea de Investigación en Convivencia y Seguridad Ciudadana A lo largo del desarrollo de la movilización social en 2021 se realizaron diversas marchas y eventos culturales, sin embargo se agudizaron los enfrentamientos entre manifestantes y miembros de las primeras líneas y la fuerza pública. Si bien estos episodios de violencia se registraron a lo largo del país, se concentraron en gran parte en el centro del país en Bogotá y Cali. La estrategia del Gobierno Nacional fue la mano dura contra los manifestantes, estigmatización de la protesta social (señalándola incluso de estar infiltrada por la guerrilla) y judicialización de jóvenes. Desde el inicio de las movilizaciones sociales la estrategia de criminalización y judicialización de la protesta social ha generado más de 300 capturas, sin embargo, más del 40% de los capturados han quedado en libertad, pues la Fiscalía no ha podido presentar pruebas. Lea el análisis completo sobre la judicialización de jóvenes durante las protestas de 2021 aquí :

Por: Laura Andrea Fajardo, Asistente de Investigación Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad El pasado domingo 26 de junio se votó la iniciativa de revocatoria en Cúcuta. Luego de múltiples aplazamientos, la jornada se destacó por la baja participación de la ciudadanía, la imposibilidad de alcanzar los votos necesarios para cumplir con el objetivo de la revocatoria y los altos costos políticos y monetarios que representó. Esta situación retornó el debate de la utilidad y la razón de ser de la revocatoria como mecanismo de seguimiento, control y participación ciudadana. La elección En 2019, Jairo Yáñez Rodríguez, candidato por el Partido Alianza Verde, fue elegido alcalde de Cúcuta para el periodo 2020-2024. Los 110.057 votos que logró lo pusieron por encima del candidato Jorge Acevedo, quién era la cuota política del alcalde saliente César Rojas, ambos cercanos al Clan de Ramiro Suárez. Para algunos, la elección de Yáñez como alcalde fue un “voto castigo” a la mala gestión durante la alcaldía de César Rojas, los cuestionamientos que recaían sobre Acevedo y su cercanía con Ramiro Suárez. En un contexto marcado por la pandemia del COVID-19, la alcaldía de Yáñez se enfrentó a una sanción de la Contraloría municipal de Cúcuta por no responder en su momento a una solicitud de la entidad.  La sanción monetaria ascendía a los 40 millones de pesos, decisión que el alcalde acató, aunque manifestó no estar de acuerdo con los argumentos dados por la Contraloría. Algunos calificaron la sanción como excesiva, si se tiene en cuenta que el mandatario local llevaba apenas tres meses en funciones mientras enfrentaba las gestiones que exigía la pandemia. Más allá de esta sanción, Yáñez enfrentó el proceso de destitución puesto en marcha por el comité ciudadano “Que se va se va, póngale la firma”, liderado por Jaime Alonso Vásquez Giraldo y aceptado por el Consejo Nacional Electoral en enero de 2021. Según lo estipulado por la ley, el comité promotor de la revocatoria debía recoger al menos el 30% de los votos obtenidos en la elección en firmas válidas (es decir, 33.017 firmas), y, surtido este proceso, someter la decisión a votación popular. A inicios de noviembre de 2021, el comité revocatorio entregó al CNE 120.000 firmas, de las cuales fueron aprobadas 69.333 firmas, aun cuando requerían sólo de 33.017. Fue la primera vez en la capital nortesantandereana que un comité de revocatoria lograba recoger las firmas suficientes para someter la decisión a votación de los cucuteños. Para lograr recovar a Yáñez tenían que cumplirse dos condiciones: primero, una participación del 40% de los votos totales de las elecciones en las que Yáñez fue elegido, es decir 310.862 votos y, segundo, que de estos votos, la mitad más uno fuera a favor de la revocatoria (155.431+1=155.432). Aún con las casi 70mil firmas avaladas, el comité revocatorio se enfrentaba al reto de lograr que más de 155mil personas votaran a favor de la revocatoria. Tras la aprobación de las firmas, la Gobernación fijó como fecha de la votación el 12 de diciembre, sin embargo, cerca de la fecha de la votación el delegado departamental le comunicó al Gobernador Silvano Serrano las dificultades logísticas que tendría la Registraduría para poder cumplir a cabalidad el proceso electoral en la fecha asignada por la Gobernación, considerando que las elecciones a Consejos Municipales de Juventud también estaban cerca de la fecha, tan solo ocho días de diferencia. En su momento, el gobernador respondió la misiva confirmando la continuidad del proceso de revocatoria, pero no era clara la forma en la que la Registraduría cumpliría con la intención del gobernador Serrano y asegurar todas las garantías electorales para el proceso de votación de revocatoria. Las aspiraciones de Serrano fueron imposibles de cumplir, considerando los costos y las fechas electorales de elecciones legislativas y primera y segunda vuelta presidencial. Luego de aplazarse cinco veces por falta de recursos para su realización, la revocatoria se hizo efectiva hasta el domingo 26 de junio. ¿Quiénes estaban detrás de la revocatoria? En Cúcuta son muchos los intereses políticos que quedaron en el aire tras la derrota de Jorge Acevedo, pues el Clan político de Ramiro Suárez perdió la Alcaldía Municipal como bastión político. Sin embargo, sostuvo algunas cuotas burocráticas con las que contaba y desde allí acusa, vigila y pone trabas a la gestión local, según Wilfrido Cañizares, defensor de derechos, en declaración a El Espectador. La personería La persecución desde la Personería a la alcaldía de Yáñez inició en 2020, cuando Martín Herrera era el personero y abrió investigaciones contra el secretario de prensa, Carlos Alberto Díaz, la secretaria de salud, María Constanza Arteaga y el secretario de tránsito, Jorge Mayid Gene. Martín Herrera, considerado una ficha del ramirismo en la Alcaldía, fue sustituido temporalmente del cargo mientras cursaban en su contra investigaciones que lo acusaban de tener impedimentos para asumirlo. En diciembre de 2020 fue absuelto de los cargos por los que se le acusaba. En esa misma época llegó a la personería Karol Yessid Blanco Monroy, abogado de 30 años, hijo de Telésforo Blanco, exsecretario de hacienda durante la alcaldía de César Rojas y condenado en 2017 a casa por cárcel por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en los contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE). El exsecretario condenado era un miembro importante del gabinete de Rojas y, por ende, del clan de Ramiro Suárez, relación que lleva a pensar que el nuevo personero también esté vinculado al clan político de Suárez, y que la Procuraduría Municipal de Cúcuta sea un bastión político de Ramiro Suárez, quien sigue cumpliendo su condena por su autoría intelectual del homicidio del abogado Alfredo Enrique Flórez en 2003 y sostener vínculos con grupos paramilitares en Norte de Santander. La contraloría En enero de 2020 fue posesionada Martha María Reyes como contralora municipal en la ciudad de Cúcuta, quien en el pasado fue la secretaria general de César Rojas, considerada otra ficha del ramirismo en la contraloría de la capital del departamento. La contralora fue posesionada en medio de cuestionamientos que la señalan por haberse hecho con el puesto aun cuando sobre ella recaen investigaciones de la procuraduría. El líder la revocatoria: Jaime Alonso Vásquez La persona que lidera la revocatoria “Que se va, se va, póngale la firma” es el abogado Jaime Vásquez Giraldo, quien fue recientemente obligado a retractarse por tachar a la secretaria de Posconflicto de la ciudad de “china sin vergüenza”. Según El Espectador, conocedores de la política cucuteña señalaban al líder de la revocatoria como una de las cabezas más visibles del ramirismo en la ciudad. La jornada electoral Para el domingo de votación se instalaron 915 mesas en 78 puestos de votación en la capital nortesantandereana y según los datos de la Registraduría el potencial electoral era de 616.331 personas, de las cuales votaron 11.555 personas: 6.759 votaron “sí” a la revocatoria, 4.686 votaron “no”, 73 votos fueron nulos y 37 no marcados. Las cifras de participación son de sólo 1,87%, versus el 98,12% de abstencionismo, por lo que dejaron de votar 604.776 personas. Aunque ganó el “sí”, los votos no son suficientes y ante el llamado democrático que la ciudadanía no atendió, Yáñez seguirá y completará su periodo como alcalde hasta el 31 de diciembre del 2023. Algunas voces explicaron la baja participación como resultado de la falta de claridad del proceso y el desgaste generalizado por el tema a raíz de los múltiples cambios de fecha. La jornada fue cuestionada por otros, considerando que costó $4.460 millones y los niveles de participación fueron tan reducidos, por lo que nuevamente aflora el debate sobre la efectividad del mecanismo de revocatoria a alcaldes y gobernadores en el país. Las revocatorias en Colombia, ¿un mecanismo a replantearse? El mecanismo de revocatoria se formalizó en el país con la Constitución de 1991 y su búsqueda por la apertura democrática y participativa. Sin embargo, el mecanismo ha sido convocado en múltiples ocasiones y sólo en dos ha tenido éxito; aunque la figura participativa busca vigilar el cumplimiento de las propuestas y el programa político bajo el que el mandatario fue elegido, el llamado “voto programático”. Aunque la figura existe desde 1991, sólo hasta 2018 tuvo éxito un proceso de revocatoria, logrando revocar el mandato de Nelson Javier García, alcalde del municipio de Tasco, Boyacá. En enero de 2021, al cumplimiento de un año de labores de las autoridades locales elegidas en 2019, la Registraduría recibió 121 solicitudes de revocatorias de mandato. Dadas las ajustadas fechas del calendario electoral en los últimos dos años, la primera de estas revocatorias se tramitó y se votó hasta el 20 de diciembre de 2021 y resultó exitosa, pues logró revocar el mandato de la alcaldesa de Susa, Boyacá, Ximena Ballesteros. Sin embargo, la baja tasa de éxitos de esta figura participativa versus sus altos costos económicos y políticos para las instituciones ha llevado a que algunos analistas se replanteen su existencia, sus requisitos y condiciones. La figura ha sido modificada en algunas reformas políticas, como la de 2015 y también ha sido materia de estudio para la Corte Constitucional en sentencias como la C-179 de 2002 y la SU-077 de 2018. Aunque la eliminación de esta figura participativa resultaría lesiva para quienes lo consideran un mecanismo de control y denuncia ciudadana ante las malas gestiones de los mandatarios locales, también resulta inconveniente sus altos costos, que, aunque no justifican completamente su eliminación del ordenamiento jurídico, pues el gasto de dinero no puede ser una razón mono causal para su eliminación, resulta evidente que sí se requieren estudios, análisis y nuevas propuestas en su aplicación. Para algunos el mayor resto que tienen los procesos de revocatoria está en la alta abstención de sus votaciones, por lo que podría ser momento de pensar en mecanismos no presenciales de participación, por lo menos para las grandes ciudades con cierta capacidad de usar herramientas digitales que permitan una mayor afluencia de votantes. Por otra parte, sería valioso revisar quiénes impulsan los comités de revocatoria y sus motivos para hacerlo: el mecanismo participativo no debería usarse como herramienta política de retaliación o revanchismo político. Según investigadores, las revocatorias suelen estar motivadas por opositores a la autoridad local, no por ciudadanos genuinamente interesados y, además, suele ser una herramienta para atacar a los gobernantes y no a sus programas de gobierno.

Por: Luis Eduardo Celis Hemos vivido una semana de no olvidar. El presidente electo Gustavo Petro invitó a una reunión al expresidente Álvaro Uribe, este aceptó, hablaron tres horas. Las fotografías nos muestran dos colombianos que hablan cara a cara, de manera distendida, ambos enviando un mensaje contundente que bien sabemos que es así, pero que ha sido difícil aplicar en Colombia: “hablando se entiende la gente”. Estos dos colombianos están en las antípodas de la política colombiana: el presidente electo Gustavo Petro ha consagrado su vida a luchar por transformar este excluyente e injusto orden social —siendo benévolo con la categoría “orden”—, en tanto que el expresidente Álvaro Uribe ha consagrado su vida a la defensa y promoción de una Colombia donde se concentra la tierra, el Estado trabaja para los ricos y parte de los políticos que soportan este régimen de exclusiones y democracia precaria se juntan con mafias e ilegales para mantener y promover su poder local, regional y nacional. Petro ha convocado a un diálogo plural y diverso, y a construir una unidad nacional que tiene como centro las propuestas con las que ganó: promover políticas de inclusión y equidad, hacer un gobierno que haga realidad derechos básicos, como son la educación y la salud para todas y todos, y no solo para quienes los puedan comprar, lo cual desvirtúa el derecho y lo vuelve mercancía. El gobierno del presidente electo Petro va a trabajar por democratizar la tierra que hoy está hiperconcentrada, más concentrada aún que hace ocho décadas, cuando el presidente López Pumarejo planteó en su “revolución en marcha” que la propiedad debía tener una función social y que el gobierno debía promover acceso de tierras para quienes no la tenían. Han pasado ocho décadas y nada de eso se ha hecho y los pocos presidentes que lo han intentado (siendo quizás el único luego de López Pumarejo, el expresidente Carlos Lleras Restrepo), también fracasaron en su propósito de democratizar la tierra. Luego de la reunión, el expresidente Álvaro Uribe envió mensajes muy importantes: el Centro Democrático es una fuerza disminuida pero activa en la política colombiana, apoyará lo que considere que ayuda a la sociedad y se opondrá a lo que considere nocivo, según sus intereses y valoraciones políticas, y anunció los temas que le preocupan: tierras, impuestos y Fuerzas Armadas. Sobre estos tres temas fundamentales el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático van a valorar con lupa las políticas del gobierno del presidente electo Gustavo Petro, y allí veremos qué tanto ánimo y disposición tienen para las transformaciones que se requieren en estos temas: hay que repartir tierras a quienes no la tienen o tienen muy poca, son dos millones de familias campesinas sin tierra y otros dos millones con poca tierra, y esa tierra la tienen en abundancia menos de cien mil familias que, casi en su totalidad, votan al Centro Democrático, y miles de ellas han concentrado tierras aliándose o siendo parte de mafias y paramilitares. Sobre los impuestos el tema es sencillo, hay entre cuatro mil y diez mil personas, según los estudios que se consulten, que reciben enormes cifras por dividendos de las empresas en que participan y no pagan un peso de impuestos sobre esos dividendos. Es lo que Cecilia López ha denominado un modelo económico pro-rico, uno de sus componentes, y aunque han sido varios los intentos por establecer impuestos a los dividendos personales, algo que se hace en buena parte del mundo que tiene una tributación democrática, aquí no ha sido posible, y Petro ganó con el mandato de establecer esa elemental norma que veremos en la próxima Ley Tributaria que se discutirá en el Congreso de la República. Veremos si la bancada del Centro Democrático la apoya. Las Fuerzas Armadas colombianas no funcionan bien, toda la evidencia la tenemos frente a nuestros ojos: han participado de manera irregular o abiertamente ilegal en estas largas violencias, están ligados a mafias y negocios ilegales, y para rematar siguen pensando que los comunistas son enemigos. Pues ahora habrá un Gobierno Nacional del que participará el Partido Comunista —sobrevivientes ante miles de agresiones y persecuciones—, todo esto puede argumentarse que se vive en parte del Ejército Nacional y la Policía, y en menor medida en la Fuerza Aérea y la Armada, pero existe, hay muchas irregularidades en estas instituciones y deben asumir que lo que no funciona bien debe cambiar, esa es una tarea pendiente y este gobierno promoverá esa acción, y allí veremos las valoraciones del Centro Democrático. El diálogo entre el presidente electo Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe es realmente un diálogo entre personas muy diferentes que envían un gran mensaje a una sociedad que requiere de muchos diálogos y concertaciones difíciles y necesarias. **** Esta semana la Comisión de la Verdad entregó su Informe Final, el cual trae muchos temas que sabíamos, pero ahora son dichos por una institución que tiene una majestad y un simbolismo enorme: escuchó a miles de víctimas y sobrevivientes, a cientos de quienes ejercieron violencia, llámense guerrilleros, paramilitares o integrantes de la Fuerza Pública, a personas de los gremios económicos, de la política, de las iglesias, a la academia, a las organizaciones sociales. Desde esta escucha atenta y de esta construcción de un referente de verdad hecha con evidencia y rigor, contamos ahora con este Informe que nos dice lo que hemos vivido y también nos propone un importante conjunto de recomendaciones para tener una sociedad que ame y respete la vida, y no la atropelle y la aniquile, como ha sido la dura realidad colombiana. Este enorme Informe, por su sentido y significado, por el trabajo que ha implicado, por el dolor que ha significado para quienes se sumergieron en esta triste realidad, porque son miles de páginas a leer, estudiar y reflexionar, es un Informe a trabajar para que sea apropiado por la diversidad social colombiana y sus recomendaciones implementadas Tenemos un Informe de la Comisión de la Verdad que fue recibido por el presidente electo Gustavo Petro, quien se comprometió con su apropiación e implementación. El presidente Iván Duque, se fue a Portugal a un evento técnico sobre temas marítimos, buena figura, los mares con nada se quedan, y así ha sido con la verdad. Tarde o temprano se han ido conociendo las barbaries vividas que siempre hay que tener presente, pues no son cosa del pasado, en doscientos municipios hoy persisten actores armados que ejercen control sobre el territorio y la población, y en ese proceso son muchas las barbaries que se viven día a día. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad Esta semana Pares Cuestiona a Luis Alberto Rodríguez, economista con maestría en política económica, uno de los llamados tecnócratas del gobierno Duque, quien ilusionaba por su juventud y por el grado de responsabilidades que se le asignaron, pues solo con 31 años fue nombrado viceministro de Hacienda. Poco después, en 2019, fue nombrado director del DNP. Una investigación de Blu Radio reveló esta semana que presuntamente bajo la dirección de Rodríguez en el DNP se habría puesto en marcha unen marcha un mecanismo de corrupción alrededor de la asignación de recursos para proyectos en los municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los priorizados para inversión para la implementación del Acuerdo de Paz. Al parecer, funcionarios del DNP, de la Contraloría y algunos congresistas del Partido Conservador estarían cobrando coimas para la inversión de los proyectos. Los periodistas Sebastián Nohra y Valeria Santos estiman que se habrían quedado con el 12% de los recursos que aprueba el órgano del Sistema General de Regalías que elige los proyectos de los municipios PDET, el OCAD-Paz. Solo sobre los proyectos aprobados entre junio y diciembre de 2021 se estaría hablando de $500.000 millones en coimas.

Por: Luis Eduardo Celis El próximo martes 29 de junio la Comisión de la Verdad presentará su informe y recomendaciones frente a múltiples temas que tienen que ver con la apropiación de lo vivido y las tareas a desarrollar para garantizarle a la sociedad colombiana, a toda, que no vamos a volver a vivir los horrores de las múltiples violencias organizadas, que desafortunadamente persisten en nuestro presente. Esta semana vimos y escuchamos al último secretariado de las FARC reconocer las barbaries del secuestro y hace seis semanas habíamos escuchado a un grupo de militares reconociendo la barbarie de las ejecuciones de civiles que fueron hechos pasar por guerrilleros muertos en combates ficticios. Ambas barbaries han vulnerado la dignidad humana e infringido sufrimiento a miles de personas, sus familias y sus entornos comunitarios. Y solo son dos casos de un amplio abanico de victimizaciones infringidas por unos y otros, actores estatales, insurgentes, contrainsurgentes. La Comisión de la Verdad ha hecho la tarea, generó diálogo, reflexiones, reconocimientos, documentación, valoraciones múltiples de este largo ciclo de violencias que poco a poco hemos superado en las últimas tres décadas, pero que aún persisten en una buena parte de la geografía nacional, ya no con la magnitud que tuvo hace dos décadas, cuando tuvo su mayor presencia en la mitad del país de manera sostenida. Hemos ido de la mitad a una quinta parte de los municipios con presencia del conflicto, y para nada es un tema marginal, así para muchos ya estemos en un postconflicto, nada más alejado de la realidad. El informe que nos presente la Comisión de la Verdad nos debe servir como un guion para que las nuevas generaciones se apropien de una lectura de lo vivido: qué conflictos vivimos, por qué se explican, cómo evolucionaron, por qué persistieron, qué sufrió la sociedad, quiénes lo sufrieron, qué perdieron los que lo sufrieron, quiénes ganaron, qué ganaron, cómo lo ganaron. En fin, son muchas las preguntas que deben ser resueltas por este abarcador informe de una Comisión de la Verdad que surgió del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano, representado por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP, en 2016. La Comisión de la Verdad quizás no nos diga nada nuevo, quizás lo que diga ya haya sido dicho, pero lo que diga y cómo lo diga tendrá la fuerza de su majestad, de ser una instancia que ha tenido el mandato de construir un relato argumentado, consistente, riguroso por su base documental, testimonial, de evidencia, de pesquisa e investigación, ligando la voz de las víctimas, de miles de víctimas, de víctimas muy diversas en su procedencia y condición social, con el ejercicio de un amplio grupo de académicos, investigadoras e investigadores que han construido este relato que es el informe final. Este informe será referente para la acción política por la construcción de un orden de convivencia democrático, por la vigencia de un estado social y de derecho que hoy no rige en todo el territorio nacional, por la superación de las violencias que persisten. Sin duda que en lo que nos proponga la Comisión de la Verdad en su capítulo de recomendaciones tendremos formulaciones de hondo calado, para llevarlas a la realidad. Muy seguramente este informe será polémico, y ojalá que así sea, muy seguramente será un informe que deje insatisfechos y crispados a muchos actores, ojalá sea así. El termómetro de una tarea bien hecha por este gran equipo que ha liderado la Comisión de la Verdad está en que no guste plenamente ni a derecha ni a izquierda, ni a las élites tradicionales de poder ni a ese variado mundo social que ha sufrido la victimización. Si la insatisfacción cunde en tirios y troyanos, quizás sea un indicador de una tarea bien hecha. Ya veremos el informe y sus recomendaciones y tendremos oportunidad de comentarlo. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Esta semana Pares Destaca a María Lourdes Quiroz, lideresa vinculada al espacio de Diálogos por la Convivencia en la subregión del Catatumbo (DIACONPAZ), quien empezó haciendo parte de delegaciones y movilizaciones de las víctimas del Catatumbo, pero que posteriormente empezó a representar cuando fundó la Asociación de Mujeres Desplazadas y Otros Hechos Victimizantes de Tibú (Asomudheviti). Poco a poco se ha ido involucrando más en el trabajo por la defensa de los derechos de las víctimas, esperando que cada vez sean más los miembros de esta población vinculados al trabajo comunitario para lograr la restitución colectiva de los derechos de todos.

Por: Guillermo Segovia Mora Abogado y politólogo Sabido es por fuerza de la experiencia que, al menos en política, es más difícil administrar el triunfo que ganar. No obstante que la victoria electoral de fuerzas progresistas en Colombia, hasta el 19 de junio, por sí sola, era una hazaña y todavía estamos a la expectativa de que se cristalice. Advertido de la situación, luego de una campaña plagada de trampas en contra, el presidente electo ha desplegado a fondo su olfato político y análisis estratégico para buscar sumar, sin condicionamientos imposibles, la mayor parte de las fuerzas políticas que hagan viable la gobernabilidad, y lo ha logrado transitoriamente con creses. Esto lo han entendido la mayor parte de las organizaciones nucleadas alrededor del Pacto Histórico, base política de la fórmula presidencial. No faltan, eso sí, voces discordantes que, aun sin posesionarse, le aconsejan al binomio elegido no dejarse meter “caballos de Troya”, mientras la ultraderecha se ufana con decir que es más de lo mismo, a la vez que espolea la bestia que le ponga orden a este pueblo irresponsable. Ni pa’ca ni pa’lla. El programa del Pacto Histórico en sus generalidades esbozó reformas audaces que requieren una mayoría parlamentaria contundente y, en poco más de una semana, el nuevo gobierno, a partir de las reuniones de Gustavo Petro con las cabezas de los partidos políticos, la ha logrado, lo que permite un tránsito favorable —que no inmodificable y susceptible de cambios calculados por ambos lados— en el Congreso, a los proyectos más urgentes y definitorios. La reforma tributaria progresiva y con reversión de privilegios, por ejemplo. Desde luego, los acuerdos llevan consigo contraprestaciones de carácter burocrático según la representatividad electoral de la parte adherente. No es un misterio ni pecado en estas democracias. Lo importante, mientras esa lógica de funcionamiento desviada se supera a partir de sus propios vicios, es darle, mediante la plataforma legislativa, espacio de acción a la promesa de cambio del nuevo gobierno. De otra parte, las reuniones del presidente electo Petro con los líderes políticos de los partidos y fuerzas adversarias, incluido su contrincante en segunda vuelta, al que venció por una diferencia suficiente, pero no contundente; y a su contraparte pugnaz en los últimos años, poderoso ayer, ahora en decaimiento, pero influyente; logran un propósito fundamental: garantizar que los contradictores acepten tramitar las diferencias por los canales democráticos e, incluso, respaldar reformas, no obstante la diferencia ideológica y política del enfoque con que se asuman. Colombia, que para fortuna nuestra no ha fallecido, está en cuidados intensivos. El informe de la Comisión de la Verdad ratificó, con documentos y testimonios, lo que era una creencia arraigada, justificada o repudiada, según la adscripción de valores del opinante: al desafío insurgente, el establecimiento respondió con acciones criminales, entre ellas, masacrar al pueblo. Impera un sistema de corrupción en el que la sátira del poder, para simular combatir el mal, exhibe al más güevón. La desigualdad es palmaria, más de la mitad de los pensionados apenas reciben la mitad de un salario mínimo y pensionarse es un privilegio. Hay mucho por resolver antes de prometer paraísos. Eso sí, la votación contundente del Pacto Histórico en las regiones más afectadas por la pobreza y el conflicto trascendió el voto a favor de promesas. Su valoración de la palabra “cambio” es realmente transformadora. La gente humilde de las costas y las periferias urbanas, a partir de décadas de luchas, se ha politizado, comprende el asunto y sabe que gobierno no es poder, el cual se debe construir sumando las mayorías a favor de revertir las circunstancias históricas de la desigualdad y la exclusión. También sabe que no se puede ensillar antes de traer las bestias, si es que todavía se acepta que éstas son seres insensibles y medios de locomoción. Muy temprano para hablar de transiciones cuando ni siquiera el nuevo gobierno se ha posesionado, más aún cuando todos los factores reales de poder, desalentados por el desempeño político de sus representantes, comienzan a ejercer presiones directas a través de otros actores como las entidades académicas y de investigación, convenientemente etiquetadas de técnicas y amplificadas por los medios para garantizar matrices de opinión adversas, que serán factor permanente de cuestionamiento, obstrucción, desestabilización y, si es necesario, derrumbamiento y liquidación. Son demasiados los retos como para que se enseñoree el triunfalismo, los infantilismos izquierdistas, los egos divisionistas, los inamovibles suicidas, los moralismos escatológicos. La izquierda y el progresismo, si quieren trascender, deben hacer una pausa para reflexionar y aceptar que Petro es presidente sobre una historia de fracasos de esas fuerzas, en parte por un aplastamiento asesino del establecimiento y, en otro tanto, por una vocación manifiesta a estar al margen. E innegablemente porque de lejos es un líder histórico. Los elegidos en representación de la Colombia que viene de estallido en estallido, de olvidos, hambres y tragedias, matanzas y engaños, fueron Gustavo Petro y Francia Márquez, hechos en escenarios distintos, él en la brega política, ella en la lucha social, pero con la mira en el mismo propósito: un cambio que empodere a los ignorados y excluidos, desde abajo; elimine las fuentes de injusticia y establezca las bases de una democracia igualitaria, humanista, ambientalista, plural y diversa. Para ello se debe actuar con tino y cautela. No pudo ser más claro Petro en entrevista con la revista Cambio: “Si nos aislamos nos tumban”. En esta coyuntura es trascendental lo dicho por el presidente electo a El País de España respecto de las expectativas y de los compromisos adquiridos por las fuerzas populares que lo acompañan, con las que hay identidad ideológica y política, y los riesgos que acechan: “Si yo fallo, vienen las tinieblas que arrasarán con todo; yo no puedo fallar.” Esa tarea requiere ver y actuar más allá. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Dennis Arley Huffington y Ghina Castrillón Torres, Investigadores Nacionales Oficina Pares Pacífico Guapi vive la incertidumbre generada por la arremetida y enfrentamientos entre Grupos Armados Post-FARC (GAPF) y el ELN que se ha intensificado en los últimos meses. Un claro ejemplo es lo ocurrido la semana pasada, en la que se presentaron 9 homicidios en 24 horas, entre el 19 y 20 de junio. Se conoció que dos de las víctimas eran testigos electorales, otra víctima era miembro de una junta de acción comunal, y cuatro habían sido reportadas como secuestradas en días anteriores, de las cuales dos eran menores de edad. En las últimas semanas se han incrementado los asesinatos, amenazas y extorsiones, según denuncian diversas organizaciones sociales y étnicas, lo que ha generado el desplazamiento de más de mil personas del Consejo Comunitario del Río Guajui y la afectación de las comunidades negras de Limones, Quiroga, Joanico y San José. ¿Qué está pasando en Guapi? El pacífico caucano, en especial Guapi, es hoy el epicentro de la confrontación armada. A criterio de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Oficina Pacífico, las disputas que están ocurriendo en este municipio entre el ELN y el Comando Coordinador de Occidente (CCO) se han exacerbado por los golpes contra la comandancia que el GAPF ha recibido en lo corrido del año. El primero ocurrió el 24 de enero cuando se conoció la muerte de Euclides España Caicedo, alias “Jhonnier”, a manos de la fuerza pública. Fue uno de los exguerrilleros que abandonó el Acuerdo de Paz en 2016 junto a alias “Iván Mordisco” y alias “Gentil Duarte”. Era el tercero al mando del CCO y el principal comandante de esta agrupación en el Cauca. De acuerdo con Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina Pares Pacífico, “Jhonnier” fue determinante en la consolidación del CCO en el departamento caucano. Bajo su mando este grupo se expandió desde los municipios de Suárez y Buenos Aires, pasando por Morales y Cajibío hasta llegar al pacífico, en donde revivió al antiguo Frente 30, lo unificó con la Columna Móvil Jaime Martínez y se asentó en Guapi y límites con la costa pacífica nariñense. El segundo golpe contra esta estructura armada ocurrió tan solo cuatro meses después de la muerte de “Jhonnier”, fue el asesinato de Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, principal cabecilla de esta subestructura criminal de Grupos Armados Post-FARC (GAPF) a la que Pares ha denominado “Línea Gentil Duarte”. Según los reportes conocidos, “Gentil Duarte” murió en enfrentamientos con el ELN en el vecino país de Venezuela. Y el tercer golpe contra los GAPF ocurrió hace unos días (13 de junio), cuando la fuerza pública notificó al país que en operaciones militares habían dado de baja a Leyder Johany Noscué Bototo, alias “Mayimbú”, quien había reemplazado a alias “Jhonnier” en la comandancia del CCO en el Cauca. De acuerdo a lo anterior, surgen dos hipótesis que valen la pena mencionar para lograr acercarse a las causas de la intensificación y degradación en la reciente confrontación armada en Guapi: 1. La pérdida de tres de sus cuatro principales cabecillas generó una sensación de debilidad y desconcierto en la línea de mando y fractura en el CCO; situación que el ELN, antes diezmado y relegado a las zonas altas de los ríos, está intentando aprovechar para ganar mayor presencia y control criminal en el pacífico caucano. 2. Se debe a una especie de vendetta o retaliación por parte del CCO contra el ELN por el asesinato de su máximo cabecilla “Gentil Duarte” a manos de esta agrupación en Venezuela. Con el pasar de los días la situación se torna más compleja y las cifras oficiales no coinciden con las denuncias de organizaciones sociales y de derechos humanos: van en aumento los asesinatos, desapariciones, reclutamientos y enfrentamientos, tanto en zona rural como en el casco urbano de Guapi. En medio de este escenario, se encuentra atrapada la población civil que hace un llamado constante al Gobierno Nacional y departamental para atender la situación y tomar medidas de prevención. Respuesta de la Fuerza Pública en la zona La Fuerza Pública manifestó que ha intensificado las operaciones de control territorial en Guapi, como lo son patrullajes y operaciones coordinadas entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, incluyendo operaciones de registro y control territorial, así como el despliegue de botes fluviales de la Infantería de Marina. Asimismo, se realizó un Consejo de Seguridad que incluyó a miembros de la Fuerza Pública, la Policía Nacional, el gobernador del Cauca, al alcalde de Guapi, representantes de la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, en el que se establecieron estrategias para garantizar la seguridad de los pobladores de la región. Llamado a las autoridades Es de gran importancia que tanto la Fuerza Pública como la Alcaldía y el gobierno local, regional y nacional atiendan el llamado que están haciendo las organizaciones sociales caucanas a garantizar los derechos humanos de la población, respondiendo de manera inmediata a las alertas expuestas por las extorsiones e intimidaciones que se viven en Guapi y la región. Además, se pide a la Defensoría del Pueblo que fortalezca la ruta de atención y protección para lograr garantizar de manera integral los derechos de las víctimas. Se hace necesaria la atención inmediata para lograr que las mil personas desplazadas recientemente puedan retornar a su territorio con las garantías plenas de seguridad.

Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador Nacional Línea Investigación en Democracia y Gobernabilidad El pasado 28 de junio la Juez Séptima Penal Municipal de Neiva con Funciones de Garantías determinó medida de aseguramiento en contra del alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, por presunto interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. La decisión se tomó luego de considerar que el alcalde participó en las etapas de trámite, aprobación, realización y liquidación de un contrato para la adquisición de productos alimenticios que habría sido presuntamente direccionado de manera indebida en favor de un aportante de su campaña a la alcaldía. El cuestionado contrato El contrato 0698 suscrito entre la alcaldía de Neiva y la Asociación de Afrodescendientes de Nariño (Asoformando) tenía por objeto la “adquisición de productos alimenticios básicos para ser entregados como suministro del PAE complementario vulnerable de las diferentes sedes educativas oficiales, urbana y rural de Neiva para mitigar la pandemia del COVID-19”, por un total de $5.250.000.000 de pesos. De esta forma, el contratista se comprometía a entregar 105.000 kits alimentarios para preparar en casa durante tres meses. Como establecía el contrato, había un compromiso de realizar un anticipo del total del contrato por$1.575 millones antes de su ejecución. La ejecución de dicho contrato fue asignada a Asoformando, cuya sede quedaba en Tumaco y de la cual un concejal del municipio, Haiden Otoniel Vergara, aparecía como socio fundador y revisor fiscal. Por su parte, el contrato de interventoría 703 del contrato fue asignado a la Fundación Colombia Florece, cuyo representante legal era Miguel Alfonso Banguera, quien habría sido el gerente de la campaña de Otoniel Vergara. Frente a esta asignación, la Fiscalía General de la Nación sostuvo que “los elementos de prueba dan cuenta de que el alcalde, supuestamente, quiso favorecer a un contratista que tenía su centro de funcionamiento en un punto distante a Neiva porque quería retribuirle el apoyo y financiación que le habría brindado a su campaña política”. Esto, en razón a unas interceptaciones realizadas por la Fiscalía en las que Otoniel Vergara sostuviera que apoyó financieramente la campaña de Gorky Muñoz a la Alcaldía de Neiva en 2019, a cambio de recibir retribuciones contractuales. El acuerdo se habría realizado con la intermediación de Juan Carlos González, coordinador de la campaña de Gorky Muñoz en 2019, con quien Otoniel Vergara acordó aportes por más de $200 millones a la campaña a cambio de quedarse con contratos del PAE. Por estos hechos les fueron imputados los delitos de violación del régimen legal o constitucional, inhabilidades e incompatibilidades, e interés indebido en la celebración de contratos a Gorky Muñoz, al secretario de Educación de Neiva, Giovanny Córdoba Rodríguez, a los asesores jurídicos de la Alcaldía de Neiva, Juan Felipe Molano Perdomo y Andrés Camacho Cardozo, a los contratistas Carmen Rosaida Castillo Arboleda y Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, y al concejal de Tumaco Haiden Otoniel Vergara Quiñones. Las irregularidades encontradas por la Contraloría Con respecto a la ejecución del contrato de suministro No. 0698 de 2020, la Contraloría General de la República registró diferencias en las entregas respecto a los beneficiados del derecho focalizados y los reportados por el operador y supervisor, según el Informe de Auditoría de Cumplimiento a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) del municipio de Neiva 2020. Entre los hallazgos se encuentra que se presentaron variaciones en las entregas realizadas por el operador y las avaladas por el supervisor del contrato, el secretario de educación Giovanny Córdoba, mientras que en Instituciones Educativas se registraron cantidades inferiores o superiores respecto a las establecidas previamente, sin que ningún informe registrara las variaciones. De esta forma, la Contraloría encontró que hubo cerca de 7.828 kits que fueron avalados de más por el supervisor, equivalentes a $391.400.000 pesos. Así, Asoformando habría recibido un reconocimiento financiero por raciones no entregadas ni ejecutadas, incurriendo en un presunto detrimento público con incidencia fiscal de $391.400.000. Además, pese a que el pago del valor total del contrato fue estipulado en tres cortes de acuerdo a resultados, estos se habrían realizado sin lograr las metas establecidas para recibir la remuneración. ¿Y ahora? Si bien Gorky Muñoz seguirá ejerciendo su cargo como alcalde de Neiva, por ahora la medida aseguramiento no es privativa de la libertad, sino que la está cumpliendo en su casa, mientras se le impuso una caución de 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($8.000.000), aunque el alcalde ha sostenido su inocencia en todo momento. Además, por irregularidades en el PAE, como recoge La Nación, Muñoz también es investigado por un “contrato de 4.500 mercados para adultos mayores por $2.389.743; el contrato suscrito con el Fondo Mixto de Cultura del Huila por valor de $438.508.629; posibles sobrecostos en el contrato de 10 mil mercados para población vulnerable de los estratos 1 y 2 del Sisben por valor de $1.994.770.100 y extinción de dominio por delitos contra la administración pública”. De esta forma, el cuestionado alcalde de Neiva está a la espera de la resolución de estas investigaciones, pero las evidencias de la Fiscalía con respecto a las irregularidades del contrato 0698 parecen indicar su culpabilidad.