Por: Redacción Pares. Hasta el 31 de mayo de 2022 se registraron 46 masacres en Colombia contra población civil, de estas, 14 se registraron en el periodo comprendido entre el primero de abril y el 29 de mayo. El total son 50 víctimas mortales. Norte de Santander (2) y Chocó (2) son los departamentos más afectados en estos dos meses. Vale la pena recordar que a inicios de mayo el Clan del Golfo decretó un paro armado en nueve departamentos del país, entre estos Chocó, en donde la Fundación Paz & Reconciliación ha registrado en anteriores informes múltiples masacres y hechos de desplazamiento y confinamiento forzado, como consecuencia de fuertes disputas entre el ELN y el Clan del Golfo. Conozca aquí el Boletín #13 de masacres con todo el análisis de las masacres registradas en el último bimestre (abril-mayo): municipios, presuntos perpetradores y víctimas.

Por: Miguel Ángel Rubio Coordinador Escuelas de Liderazgo Juvenil Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil Desde el 9 de marzo de 2022, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), con apoyo de las agencias de cooperación española y sueca, viene desarrollando dos escuelas de Liderazgo Juvenil mediadas por los contenidos temáticos y metodológicos de la Herramienta “Se juega la vida”. Una en Buenaventura, Valle del Cauca, y otra en Pueblo Rico, Risaralda. Estas escuelas han permitido retomar de manera activa y dinámica los objetivos de la Línea de Investigación de Pares Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil, teniendo como norte aportar a los nuevos liderazgos que proliferan en el país conocimientos, reflexiones, ideas, información cualificada y herramientas para gobernar y dirigir la sociedad. Conozca el análisis completo con el balance de lo que ha sido el inicio de este proyecto, aquí:

Por: Línea de investigación de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Pares Destaca a Stefany Tróchez, mujer líder comunitaria que trabaja por los derechos y la representación del campesinado, los jóvenes y las mujeres. Stefany es secretaria de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) del Norte del Cauca, representante al Consejo Municipal de Desarrollo Rural y representante de mujeres de la Junta de Acción Comunal (JAC) de su vereda. Además, es madre, esposa, tecnóloga ambiental y estudiante de psicología.

Por: Luis Eduardo Celis Está por terminar el gobierno de Iván Duque y uno de los temas en el que no avanzó nada, es en el relacionado con el ELN. Hay que decir, para morigerar la crítica, que ninguno de los cinco expresidentes que algo han intentado al respecto, tampoco lo pudieron resolver, desde el presidente César Gaviria, que se sentó con el ELN en un primer intento. Hoy el ELN es un poco más grande que en 2018, ha perdido mandos importantes, pero ha ganado mayor presencia territorial y, por ende, acceso a rentas. Sigue siendo un factor de perturbación del cual se habla de cuando en cuando, pero su accionar armado lo sufren hoy comunidades de 180 municipios, en los que hace de Estado paralelo, ofertando seguridad y justicia, no siempre mejor de lo que lo hace el estado colombiano. También, hay que decirlo, en algunos casos el ELN cuenta con sintonía y compenetración con las comunidades, que se sienten más a gusto con su presencia que con la de la Fuerza Pública; asimismo hay comunidades que les temen y los odian, pero deben soportarlos, de todo hay en la viña del Señor. Ante un conflicto no resuelto, siempre será pertinente el intercambio de propuestas para buscar las maneras en que un gobierno logre liderar su resolución, que por supuesto solo tiene un camino viable a mi juicio: solución negociada. Ningún gobierno ha podido derrotar al ELN, quizás lo han disminuido, como pasó durante los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana, en acción conjunta entre militares y paramilitares. Pero de ese drástico adelgazamiento, en el que pasaron de 5.000 combatientes en 80 estructuras en 1992 a 1.500 combatientes en la mitad de estructuras en 2002, se han venido recuperado de manera paulatina en las dos últimas décadas y hoy pueden estar nuevamente sobre 2.200 combatientes, sin contar con las redes de milicianos. Es un sube y baja en medio de una sangre que siempre corre: sangre de militares y policías, pues, en promedio, en los últimos diez años, el ELN asesina a 30 integrantes de la Fuerza Pública al año; sangre de guerrilleros y sangre de civiles, que perecen en esta insensata violencia. Sí, deseamos que no haya más ELN, pero el deseo es una cosa y la realidad es otra. Es menester echarle cabeza al problema y formular una política eficiente para superar este conflicto. Rafael Pardo, una voz de experiencia y rigor, escribió hace unos pocos días una columna en el diario El Colombiano que tituló Dilema: qué hacer con el ELN, el planteamiento central que nos ofrece Pardo ante este tema es el siguiente: “Deberían convocar a una conferencia sobre la paz en alguna región simbólica como Arauca o Catatumbo. Parar la degradación, iniciar por decretar acuerdos humanitarios regionales para luego acogerse a la JEP, en donde es factible que establezcan unos macrocasos como se ha hecho con las FARC. Y esto podría empezar por los mal contados 600 presos que están en las cárceles. Uno por uno podría iniciar el camino de acogerse a la JEP y obtener la libertad por la vía de la verdad”. En este planteamiento escueto que hace Pardo no se ve un proceso con participación del gobierno. Es una propuesta demasiado simple, unilateral: el ELN debe parar la degradación, de acuerdo, pero está más que comprobado que el camino de la unilateralidad no es para nada viable, o si no veamos los cuatro años del gobierno de Iván Duque, en los que esa fue la exigencia: “si el ELN hace esto y aquello...”. El ejemplo del País Vasco no aplica para Colombia, el ELN no es ETA, ni Colombia es el País Vasco. ETA se convenció de que había llegado el momento de deponer las armas y la izquierda se lo dijo con toda claridad. Aquí la izquierda lleva tres décadas diciendo que debe parar la violencia y ahí sigue el ELN. Otros analistas también dicen, haciendo una vez más la analogía entre el País Vasco y Colombia: así como ETA perdió la tolerancia del gobierno francés, cuando Venezuela deje de tolerar al ELN la ecuación cambiará. Yo respondo a esta afirmación: así como Colombia no puede derrotar al ELN, tampoco el estado venezolano puede sacar al ELN de su territorio. Imaginemos el caso en que mañana gobierne la derecha más dura en Venezuela y rompa todo nexo con el ELN, aún en ese escenario, el ELN permanecerá en Venezuela, porque igualmente ese estado ha perdido el control sobre parte de su territorio, como ha ocurrido en Colombia. Tengo un mantra para la paz negociada con el ELN: bilateralidad, la más amplia participación, aterrizar un conjunto de transformaciones que tienen como escenario privilegiado los territorios donde ha permanecido el ELN, y la última y más difícil: certeza de cumplimiento de lo pactado. Tarea pendiente para el próximo gobierno. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad Pares Cuestiona a Roy Barreras, quien se encuentra involucrado en el último escándalo por la publicación de la Revista Semana de diversos videos de planeación de campaña de Gustavo Petro. En estos videos aparece constantemente Barreras con otros dirigentes de la campaña planeando ataques dirigidos contra Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, y expresando pleno conocimiento de las visitas a extraditables en las cárceles. El mismo Barreras dice en uno de los videos que él mismo podría encargarse del ataque contra Gaviria y que el tema de los extraditables es “una bomba” que deben “estallar” de “manera controlada”. Aunque Barreras alega que la publicación de los videos se hizo porque “chuzaron ilegalmente” la campaña, lo cierto es que las grabaciones muestran que no cumplieron su propio manifiesto de campaña limpia.

Por: Línea de Frontera, Migración y Conflictos Estamos a pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia y la presencia de la variable Venezuela se ha manifestado en por lo menos tres formas. Primero, el viejo fantasma del "Castro-Chavismo", con el cual se ha asustado a la ciudadanía en Colombia en los últimos años, siendo una manipulación y simplificación del debate político. En estas elecciones brilló por su ausencia, ese fantasma ya no asusta y está bajo buen recaudo. Segundo, Venezuela es un país y una sociedad con quien nos une una hermandad, su ciudadanía tiene sus debates y grandes temas por resolver, pero ha sido nefasta la política promovida por un ingenuo presidente Duque que pensó que esa política de sacar al presidente Maduro era pan comido. El próximo 7 de agosto ya no habrá presidente Duque y Nicolás Maduro seguirá gobernando desde el Palacio de Miraflores. Tercero, la necesidad de volver a un cause diplomático. El próximo gobierno, sea el que sea, gane Petro o gane Hernández, deberá volver a establecer el vínculo diplomático, y está por verse cómo cada uno de ellos trabaja por volver a construir una relación de diálogo, trabajo conjunto y cooperación en los temas centrales: seguridad en la frontera, comercio y economía, migración y paz, en un contexto internacional que demanda trabajo conjunto para esos enormes desafíos. Son muchos los asuntos a resolver entre Colombia y Venezuela, afortunadamente hay madurez y experiencia para asumir que todo lo negativo que se ha vivido en estos cuatro años se puede corregir en los próximos cuatro. En los diálogos que la Fundación Paz & Reconciliación ha promovido para contar con más información, contexto y comprensión de la realidad venezolana, León Valencia sostuvo un intercambio con Laura Gamboa, profesora de la Universidad de Utah en los Estados Unidos y estudiosa de los temas de la política venezolana, en el cual se desarrollaron los temas planteados que dan título a este texto.

Por: Guillermo Segovia Mora Abogado y politólogo ¡Sin vergüenzas! titulé en portada, hace casi 25 años, un especial de la revista Utopías, complementado con el resumen “La corrupción, la politiquería y una burocracia rapaz desangran a Colombia”, e ilustrado con uno de los horrendos grifos —figura mitológica, mitad león y mitad águila— que adornan el Capitolio Nacional y que, paradójicamente, simbolizan la moral, las buenas costumbres, la fuerza y la ley. En aquél entonces, como lo denunciaron la revista Alternativa en septiembre del 79, Semana en marzo del 91, Cambio en noviembre del 94, El Espectador y CM& en el 96, y en adelante varios medios, como ahora —según encuestas y la controversia electoral— el país vivía una de sus ya recurrentes e incurables oleadas de indignación, sosegada por anuncios de drásticas medidas legislativas y judiciales, para repetirse poco después con un nuevo estrago de las ratas. La corrupción tiene hastiados a los colombianos que con el transcurso de los años han visto cómo una clase política inmoral e insaciable se dedicó a vivir a sus anchas, aceitando maquinarias mediante el robo y “la mordida” sin que la ampliación de tipos penales ni penas hayan hecho mella en una práctica que, antes que repudio, parecería causar admiración en una parte de la población, perjudicada en su bienestar y derechos por tales prácticas. Tal vez juegue en favor de la explicación decir que la plaga no es repentina, sino que parece estar inoculada en el ser nacional desde la invasión española, pues buena parte de las prácticas que asquean hoy fueron utilizadas con amplitud por los funcionarios y validos de la Corona para “purificar su sangre”, comprar cargos o, valiéndose de ardides, hacerse a tierras y dineros de la “Real Hacienda”. La asquerosa herencia trascendió la Independencia al punto que el Libertador Simón Bolívar expidiera un decreto sancionado con pena capital a los que se apropiaran de los recursos de la naciente y famélica República. Esfuerzo estéril ante la ambición de la oficialidad —López, Obando, Mosquera— ávida de tierras y peones, sacrificados en las “guerras civiles” para empoderar a sus patrones, alistados en los nacientes partidos liberal y conservador. Si alguien quiere un expediente documentado, sesudo y valiente de lo que ha sido el tránsito de nuestro país por la sinvergüencería, el crimen y la impunidad debe leer Corrupción. Metáfora de ambición y deseo, libro en el que el historiador Hermes Tovar Pinzón hace una minuciosa disección de esa infección que ha carcomido el cuerpo de la nación, siempre distraído o cómplice insensible de su desangre, por designio de una clase dirigente asesina, abusiva, soberbia y venal. Comenzando el siglo XX, un empréstito privado contra el sueldo le costó el puesto al lapidado Marco Fidel Suárez, luego los favorecimientos al hijo del presidente erosionaron el gobierno de Alfonso López Pumarejo. “La Violencia” de los años 50 sirvió a los gamonales para enfrentar a los campesinos entre “godos” y “cachiporros”, apropiarse de sus pequeños fundos, expulsarlos a las ciudades por cientos de miles y convertirlos en las clientelas del “Frente Nacional”, para continuar la dependencia de los desposeídos, a costa de los cuales construyeron un país de privilegios, nepotismo y familismo amoral que, al finalizar el siglo, se amancebó con la criminalidad del narcotráfico. Consciente de hacer parte de ese miasma, Julio César Turbay Ayala, gamonal liberal, ofreció reducir la corrupción “a sus justas proporciones”, recurrente promesa demagógica para encubrir prácticas repudiables del suyo y de gobiernos subsecuentes. Gaviria y sus hermanos en empresas editoriales y de la construcción, favorecidas invocando la cercanía al gobierno; Samper y la financiación de su campaña por el narcotráfico en el proceso 8 mil y el “miti miti” de sus ministros otorgando emisoras; Pastrana con el escándalo de los bancos Andino y Pacífico, del que el representante a la Cámara, Gustavo Petro, dijera, “Pero Pastrana se dedicó a perseguir al Banco Andino para convertirlo en la cortina de humo que ocultara lo hecho por sus amigos en el Banco del Pacífico….” (El caso del banco del Pacífico, Intermedio Editores, pág. 141), señalamiento que no perdona. Y vinieron zarpazos mayores. Para amañar la Constitución de 1991, que prohibía la reelección, Álvaro Uribe prohijó todo tipo de fechorías, incluida la ausencia pagada y disculpada en razones fisiológicas de los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, para asegurar la votación favorable y poder optar a seguir en el mando, e intentó repetir una segunda vez con audacias más nauseabundas. Imposibilitado, por decisión de la Corte Constitucional, a su amparo, el ministro de agricultura, Andrés Arias, intentó asegurar la continuidad del proyecto con su candidatura, ambientada repartiendo a hacendados recursos públicos que debían apoyar a campesinos pobres con el programa Agro Ingreso Seguro. Aparte de favorecer con sus influencias a sus hijos en emprendimientos urbanísticos. Luego vendrían las coimas de Odebrecht, con las que se emborracharon muchos “caciques” en el exhibicionismo, puestos a buen recaudo por una justicia a veces coja, a veces miope, a veces digna. Se libraron los expresidentes Uribe y Santos y sus cercanos, por aquello de que siempre se debe proteger la dignidad presidencial, y un fiscal, Néstor Humberto Martínez —reciente apoyo del candidato presidencial Rodolfo Hernández— que ha sabido pisar aquí y allá para evitar la caída. El mismo que prometió “freír peces gordos” porque “por donde se huela hiede” y al que en medio de sus actuaciones interesadas, como investigador y parte, se le murieron dos testigos. Todo un período de indignidad en el que, sin disiparse el hedor de los “ñoños” que les ofrecieron a los niños de las escuelas manzanas podridas por meriendas, carne de caballo podrida por ración de res, que se robaron la hemoglobina y las sábanas de los hospitales, en Bogotá se dieron un festín de miles de millones. En medio del siempre atractivo gancho de la lucha contra los saqueadores, hace cuatro años, quien ya casi termina su nefasto gobierno, en acuerdo con unas entusiastas congresistas, metieron al país en una inocua “Consulta Anticorrupción”, que no fue más que otra burla. Durante el gobierno Duque, que había prometido reformular las relaciones con los partidos —ahora un archipiélago de empresas electorales—, el clientelismo, el amiguismo y el favoritismo burocrático han sido nota predominante: los organismos de control en manos de amigos, los intercambios de cargos entre las cabezas de las “ías”, las cuotas en estas y en las cortes a los congresistas electores, la diplomacia y los privilegios de la contratación al servicio de los amigos del Palacio de Nariño y, para rematar, la desidia criminal que le esquilmó al presupuesto nacional 70 mil millones de pesos y dejó a millones de escolares con la ilusión de conectarse a internet. De nuevo, en este trance de la historia, la gente dice basta. Por encima de problemas tan graves como la pobreza, el desempleo y la inseguridad, señala a la corrupción, en su más amplia acepción (ineficiencia, inobservancia de la ley y formalidades, peculado, cohecho, concusión, prevaricato, enriquecimiento ilícito, etc.), como el principal mal del país. El tema se convirtió en el centro de la batalla electoral por la definición presidencial del próximo 19 de junio. Y de nuevo las tretas politiqueras, mediáticas y publicitarias, apuestan a confundir. La sorpresiva y avasallante llegada a segunda vuelta del señor Rodolfo Hernández parece aplacarse a medida que se conocen sus antecedentes, las evidencias testimoniales de sus actuaciones y sus desaguisados. No voy a entrar en las acusaciones contra quien se inscribió a nombre de la “Liga de Gobernantes Anticorrupción” teniendo como práctica, por lo menos, el abuso de autoridad y la propensión al desconocimiento de la ley. Un especial de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) abunda en la materia. Solo diré que el asunto raya en una disonancia ludonarrativa (el juego difiere de las reglas), término al uso de los gamers y usuarios de redes como el TikTok, favorito del “candidato anticorrupción”. Para la candidatura de Gustavo Petro-Francia Márquez, el Pacto Histórico y la Alianza por el Cambio, la Paz y la Democracia, el tema es una prueba de fuego. Gustavo Petro es reconocido por seguidores y críticos como el congresista más destacado en la lucha contra la corrupción y el paramilitarismo en los últimos 30 años y, no obstante la guerra política y jurídica desacatada contra él por la clase política tradicional por su ejercicio como Alcalde de Bogotá, tanto la CIDH como todas las instancias judiciales, disciplinarias, fiscales y administrativas del país, luego de ejercer sus derechos y el debido proceso, han dejado en limpio su buen nombre en cuanto a comisión de delitos o faltas disciplinarias. Así mismo, han levantado cualquier halo de duda en el llamado “caso de las bolsas”, trapisonda con la que intentó desprestigiarlo el fiscal Martínez Neira en contubernio con el uribismo. En cuanto a las personas que se han sumado a la convergencia que lidera, Petro ha sido claro en señalar que: adhieren a la propuesta en su esencia y sin contraprestaciones; en casos cuestionados, se apartan del quehacer de la campaña y, como le respondió a Hernández por sus ataques tratando de afectarlo con allegados investigados: quienes tengan imputaciones judiciales se retiran. Mejor cortar por lo sano: “No intente limpiarse las uñas con mi prestigio”, le dijo. El Pacto Histórico, frente a asuntos relacionados con la moralidad y defensa de los recursos públicos, incluye, entre otras propuestas: equilibrio de poderes, independencia del poder judicial y elección por méritos de magistrados, reforma a la Fiscalía, organismos de control, electorales y de los mecanismos de elección de sus cabezas; para superar el manejo político y financiación estatal de las campañas electorales. Así mismo, ampliar rendición de cuentas formal de congresistas a información detallada de su gestión y supresión de comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, reforma y control ciudadano a la policía, justicia estricta con corruptos y garantizar devolución de recursos, ampliar información pública sobre ciclos de gestión de recursos, protección al denunciante de corrupción, fortalecimiento de la participación, veeduría y el control ciudadano y de la vigilancia oficial a la contratación pública. A lo anterior, profundizando en la reforma anticorrupción, en las últimas semanas, Gustavo Petro ha planteado tres iniciativas que, de concretarse, tendrían hondo calado en la consolidación de un Estado moderno, eficaz, autónomo y al servicio del ciudadano, a la vez que al establecimiento de un ajuste de cuentas con el pasado de secuestro y cooptación de la administración pública por intereses criminales. De una parte, poner fin a la intermediación de los congresistas en la gestión presupuestal, sustento, en parte, del clientelismo y la apropiación de recursos públicos, en lo posible mediante la asignación de cupos fijos a los municipios según sus necesidades y tamaño. Por otra parte, debido a la degeneración burocrática y politiquera en favor del gobierno de turno y la reticencia a cumplir sentencia de la CIDH que ordena separar funciones disciplinarias y judiciales a la Procuraduría General de la Nación, convertirla en una dependencia de la Fiscalía en la investigación contra la corrupción. En lo que constituye un compromiso trascendental, solicitar a las Naciones Unidas la conformación de una Comisión Internacional de Investigación de la Corrupción en Colombia, cuyos efectos podría tener un carácter judicial punitivo y restaurativo y de esclarecimiento de la verdad. En su conjunto, medidas promisorias en la construcción de un Estado moderno, democrático, eficaz y al servicio del ciudadano, que demandan, en su mayoría, acuerdos políticos en el Congreso, que parecerían posibles en una época de cambios, en la que uno de los más importantes, es acabar la puta robadera. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad A una semana de elegir un nuevo Congreso, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue la presunta existencia de un entramado de corrupción liderado por el hoy candidato y senador caldense Mario Castaño. Aunque las investigaciones son todavía prematuras, el CTI ya adelantó algunas capturas de los implicados que resultan ser personas cercanas al senador Castaño, como algunos miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo y contratistas allegados. Desde hace algún tiempo, la Fundación Paz & Reconciliación -Pares- había señalado al congresista de ser sospechoso de prácticas poco ‘sanas’ en contratación y de tener vínculos con las registradurías vinculadas a Alexander Vega, razones por las que fue considerado como uno de los candidatos cuestionados en el último informe publicado. Aquí un recuento de las investigaciones y escándalos en los que ha estado involucrado el cuestionado senador. ¿Quién es Mario Castaño? Es oriundo del municipio de Pácora, Caldas. Es contador público de la Universidad de Manizales. Llegó al Congreso como representante a la cámara en 2014 con 26.060 votos y en 2018 dio el salto al Senado con 73.079 votos. La llegada y el crecimiento político de Castaño en la región caldense se dio de la mano de Ferney Tapasco, diputado y político caldense condenado tras el asesinato del periodista Orlando Sierra Hernández en 2002 y cuyas investigaciones concluyeron en encontrar que Tapasco fue el autor intelectual. Este episodio representó la caída del sector político más tradicional de la colectividad, lo que abrió paso a nuevas y jóvenes figuras en el partido, entre esas, Mario Castaño. Ya en el Congreso, Castaño lideró importantes proyectos de ley, como el de la Ley 1816 de 2016 “por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones”, normativa que está relacionada con la actividad comercial a la que se ha dedicado tras décadas. También fue presidente de la Comisión Cuarta del Senado en 2019, encargada del manejo presupuestal y sistemas de control fiscal financiero. Fue uno de los primeros senadores en declarar su respaldo al gobierno de Iván Duque. “Las Castañadas”, controversias del senador y candidato Han sido diversos episodios polémicos en los que el senador caldense ha estado involucrado. Casos que van desde presuntos hechos de corrupción, compra de votos, constreñimiento al elector o designación de personas como cuotas burocráticas. Parte de estos episodios han sido documentados por Pares, otros han sido denunciados por medios de comunicación, veedurías y organizaciones dedicadas a la investigación. A continuación, una recopilación de estos hechos: Las denuncias de cuotas burocráticas en la Federación Nacional de Departamentos Según una investigación de Cuestión Pública, publicada en diciembre de 2021, la empresa multinacional Philip Morris International y la Federación Nacional de Departamentos pactaron un convenio por cerca de $155 millones de dólares que pretendía hacer estudios y brindar apoyo jurídico al FND en asuntos relacionados con contrabando de tabaco y licores. Sin embargo, según las investigaciones, con los fondos del convenio se habrían pagado salarios en la FND que hacían parte del presunto pago de favores políticos y cuotas burocráticas entre gobernadores y congresistas y algunos de sus familiares o allegados. En total, se habrían firmado cerca de 27 contratos, cuyas sumas ascendían a los $1.950 millones repartidos entre 15 personas con vínculos familiares y de cercanía. Entre los implicados estaría Albert Gómez Amín, hermano del senador liberal Mauricio Gómez Amín y Manuel Felipe Castaño, hijo del también senador liberal Mario Castaño. Se desconoce si el proceso ha tenido algún avance en materia judicial o si las investigaciones concluyeron con la publicación de la nota. Tomada de LinkedIn de Manuel Felipe Castaño Las cuotas políticas en la Registraduría de Alexander Vega Según un informe de Pares en el que se evidenciaba la adjudicación de las delegaciones de la Registraduría como parte de favores y ventajismo político, se encontró que el senador Mario Castaño también tendría una de esas cuotas asignadas para el departamento de Caldas. Según el informe, el candidato a ocupar la Registraduría caldense fue José Fernando Mejía Castaño, quien para ese momento gozaba de estrechos vínculos con el senador caldense. José Fernando fue candidato a la Asamblea departamental de Caldas por el Partido Liberal en el 2016, pero los votos conseguidos no fueron suficientes para que se quedara con la curul. Luego del fallido intento, Mejía fue el director del Invama en Manizales, encargado por el alcalde electo José Octavio Cardona León, también respaldado por Mario Castaño. Foto tomada del informe de Pares Foto tomada de la página de José Fernando Mejía en Facebook A la fecha, José Fernando Mejía fue trasladado a la delegación de La Guajira, según publicaciones oficiales de la Registraduría. Desde allí será el encargado de proveer y vigilar el correcto cumplimiento de las elecciones, tanto de los colombianos en territorio nacional, como del puesto de votación instalado en Maicao para que voten los colombianos que residen en Venezuela. Este es un proceso sobre el que ya recaen cuestionamientos, partiendo de las condiciones en las que pretende darse. Las Licoreras, la trinchera de Castaño Desde sus inicios como servidor público, Mario Castaño estuvo vinculado al sector de los licores en Caldas. En 2008 presidió el sindicato de la Licorera, Sintrabecólicas, lugar del que fue expulsado y declarado persona no grata en 2010, sin que hubiera terminado su periodo. Al parecer, el motivo de la expulsión fue por su cercanía con Carlos Arturo Fehó, el entonces gerente general de la Licorera, investigado y condenado en 2010 por irregularidades en contratación dentro de la misma. Luego del fallo, Fehó estuvo cinco años prófugo de la justicia y fue capturado en Panamá en el 2015. Fue extraditado a Colombia y condenado a cumplir una condena de 6 años y 8 meses. Estuvo en la cárcel La Picota hasta 2018, cuando fue trasladado para estar en casa por cárcel. Adicionalmente, otros de los implicados en la relación entre Castaño y Fehó resultó ser el exalcalde de Manizales, Octavio Cardona, aliado político de Castaño. Aunque el alcalde en su momento desmintió su relación con el condenado Carlos Fehó, Cardona coincidió laboralmente en la administración de Fehó. Investigación por compra de votos A pesar de siempre estar cerca de escándalos, no fue sino hasta 2019 que el senador Castaño estuvo investigado por compra de votos. Tal y como lo registra el Informe de candidatos cuestionados de Pares, la Corte Suprema de Justicia lo investigó por delitos electorales luego de ser acusado de compra de votos por José Máximo Salas Trujillo, un fotógrafo en Tolima que aceptó haber sido cómplice en la compra de los votos. Por este delito el fotógrafo estuvo en prisión 24 meses bajo el delito de corrupción al sufragante en calidad de cómplice. Aunque el fotógrafo sí fue condenado, la investigación contra Castaño se cerró en 2021. Las declaraciones de las aprobaciones presupuestales Castaño ha sido una figura política forjada, parcialmente, en las plazas públicas de Caldas. En diversas ocasiones se le ha visto presidiendo bazares y encuentros, con micrófono en mano vociferando denuncias, razones para votar por él o alguno de los suyos y regaños al electorado. Uno de los momentos captados fue un vídeo en el que queda en evidencia cómo su cercanía con el Gobierno Nacional de Iván Duque le facilitó una aprobación presupuestal para el departamento: ‘ayer el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla me llamó y me dijo: “presidente, el director Nacional de Regalías va a cumplirle a usted y va a cumplirle a Caldas” y ayer a las 8am votó el Gobierno Nacional por orden de Iván Duque, 27mil millones de pesos’ Además, comparó las asignaciones presupuestales hechas por el Gobierno de Juan Manuel Santos versus las hechas por el gobierno de Duque, dando a entender que era su cercanía y simpatía con el Gobierno de Duque lo que permitió que se hiciera la asignación para el departamento. Según Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, dicha asignación de recursos no era más que una muestra de cómo el Gobierno Nacional repartió recursos a las regiones en plena campaña electoral para las elecciones locales de 2019. Lo último: el presunto desfalco detrás de contratos, licores y subsidios El pasado viernes 4 de marzo, Semana publicó unos audios recogidos por la Fiscalía en los que se evidenciaría que el senador Castaño, a través de una red de contratación, estaría desviando recursos públicos y haciendo promesas de asignaciones burocráticas como pago de favores. Presuntamente, el senador habría pactado una concesión con la Empresa Distribuidora del Pacifico Dispac S.A, cuyo director es Jorge Hernán Mesa, excandidato a la alcaldía de Manizales apoyado por Castaño. Uno de los audios revelados hablarían de 15 mil millones para el senador y su equipo en medio de un contrato con la empresa chocoana. La conversación revelada por Semana sería el relato que Juan Carlos Martínez, odontólogo y asesor de Castaño, le hace a Castaño sobre una charla que tuvo con el gobernador del Chocó sobre la aprobación de unos dineros: -Cómo es el cuento con el gobernador del Chocó… - Se va a hacer un negocio (…) con licores que eso me deja 15mil a 20mil millones por año - Ah jueputa, ¿y eso por cuánto? - Por 15 años, si sale (…) - ¿Y cómo le fue con eso hermanito? - Bien, y me renovaron el tránsito Las voces en el audio son de Juan Carlos Martínez, quien le relata a Castaño la conversación que sostuvo con el gobernador del Chocó. En este momento, Martínez es buscado por las autoridades para oficializar su captura. Esta desviación de dineros representaría un detrimento para las arcas del departamento del Chocó que, según cifras de la Contraloría General, era el departamento más pobre del país para 2021 y dónde la inversión social para población vulnerable no supera más del 1% de asignación en el Plan de Desarrollo. Además de este trance de dineros, habría un presunto desfalco con los dineros del programa “Sacúdete”, iniciativa del Gobierno Nacional liderada por la primera dama, María Juliana Ruíz que pretende “la consolidación de agentes de transformación para detonar los talentos y habilidades de los jóvenes como activo social y agentes de cambio”. Otros audios también revelarían cómo Castaño estaría apoyando económicamente otras campañas políticas, como la del candidato a la cámara de representantes por Cauca, César C. Gómez. Los capturados En la diligencia adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones -CTI- se registró la captura el pasado viernes 4 de marzo de nueve personas cercanas al círculo de Castaño: Lorena Cañón; Santiago Castaño y su hermana, Claudia Marcela Castaño; Alejandro Noreña, Juan Sebastián Vargas, Daniela Ospina, Jeiler Javier Sánchez, Wílmar herrera y Harvis Arturo Rentería. Mientras tanto, las autoridades siguen en búsqueda de Juan Carlos Martínez y John Alexander Sánchez, alias “El Pato”. La revista Cambio recopiló algunos de los perfiles de los capturados: Lorena Cañón, relacionista pública, habría trabajado para el senador Castaño y para Juliana Márquez, mamá del presidente Iván Duque. El congresista acusado manifestó no conocerla, aunque Lorena registre varios contratos como ‘lobbysta’ y, además, haya audios revelados en los que habla con Juan Carlos Martínez sobre unos acuerdos hechos con Castaño “él nos dejó 50 para trabajar mientras nos sale un tema de los ‘Sacúdete’”. Las reacciones El director del Partido Liberal, Cesar Gaviria Trujillo anunció investigaciones disciplinares al interior de la colectividad y el respeto por las indagaciones y decisiones judiciales que se lleven a cabo y que la Corte decida dictar, aunque fue enfático al mencionar que no se pronunciará en defensa o en contra del señalado senador. ¿Qué sigue? Por un lado, esperar a que la Corte realice las investigaciones pendientes y de forma eficaz, evitando que el proceso y la investigación queden en el aire por vencimiento de términos. Además, habrá que esperar si a tan sólo a unos días de las elecciones, las autoridades judiciales dicten orden de captura en contra del actual candidato. Una candidatura como la de Castaño, con las pruebas de la Fiscalía y el historial cuestionado, es un riesgo para la democracia de resultar elegido en el Congreso de la República.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad “Con los corruptos, ¡cero impunidad! Los recursos públicos son sagrados. De la mano de una justicia sólida, efectiva y libre de vicios, tendremos cero tolerancia con quienes promuevan la cultura de la ilegalidad”. Con esta consigna Rodolfo Hernández abre el preámbulo de su programa de gobierno; “no robar, no mentir, no traicionar”, es su slogan de campaña. Hernández se ha presentado como el candidato anti-establecimiento y anti-corrupción, sin embargo, alrededor suyo giran graves cuestionamientos derivados de su accionar político: presuntos señalamientos de volteo de tierras, promesas políticas incumplidas, no responder por sus obras, irregularidades en contratos estatales, un caso de corrupción abierto y 22 investigaciones en la Procuraduría (además de que los dos representantes a la Cámara recientemente elegidos por su movimiento están cuestionados). Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presentamos los cuestionamientos de Rodolfo Hernández. Conozca el informe completo aquí:

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Ante la crisis bipartidista en el mundo, recientemente han aparecido personajes de la talla y el tamaño de Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y hoy Rodolfo Hernández en Colombia. Ellos —con el respeto que se merece el embolador don Luis— son la caricatura del poder: lenguaje chabacano, grosería en sus expresiones, actitudes misóginas, racismo y desprecio por el papel de la mujer en la sociedad (dejándole solo la casa, cómo espacio para su desarrollo). Al igual que Trump o Bolsonaro, este señor Rodolfo Hernández también es un producto de una estrategia definida y desarrollada a través de los medios de comunicación. Que existan personas con poder, pero poco desarrolladas en el pensamiento crítico, es normal, aunque lamentable. Lo que sí es irónico e inaudito, es que amplios sectores de la población, como las mujeres, o sectores territoriales, como los pobladores del Vichada, voten por personajes como Hernández, quien desconoce por completo la geografía patria. La sola respuesta que dio el candidato presidencial en el cubículo de votación frente a la pregunta de qué haría después de sufragar, “me voy a dormir”, dibuja una estrategia mediática de "me importa poco la jornada electoral". El uribismo vio que perdería las elecciones con Federico Gutiérrez y dio la orden de votar por Hernández a varios de sus potenciales electores. Pretenden resurgir de las cenizas como el ave Fénix, pero la pérdida de escaños el pasado 13 de marzo en el Congreso señala su deceso. Veremos si se reinventan al lado de quien les insultó y desacreditó. La derecha echa mano del miedo y la mentira, se le acabó el trillado discurso del castrochavismo, del comunismo internacional y ahora señalan que la campaña por la vida va a expropiar, a acabar las religiones, los subsidios, etc. Su única bandera es la anticorrupción, pero paradójicamente su actual candidato está llamado a investigación por celebración indebida de contratos. La pregunta es simple, básica: ¿pasaremos del estado en que nos encontramos en que el ejecutivo concentra los poderes legislativos y judiciales al estado de show con Hernández, a la expectativa cotidiana de las erróneas declaraciones? Solo imaginar su presentación en la tribuna de las Naciones Unidas, causa escozor. Necesitamos a un estadista como Gustavo Petro, un personaje reconocido por su inteligencia y no por la grosería. Urgen las propuestas de solución a la crisis social, económica y política, y no el discurso populista del bla, bla y bla. Colombia será potencia mundial de la vida, o el hazme reír al estilo Bucaram en Ecuador, ustedes deciden, yo me la juego por el...CAMBIO. * Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea de Investigación Democracia y Gobernabilidad Pares Cuestiona a Iván Duque Márquez, presidente de la República, cuya impopularidad se ubica hoy en el 73%, quien salió a votar el domingo a la Plaza de Bolívar caminando sobre una innecesariamente extensa alfombra roja. Duque, que se ha pasado las últimas semanas de gira, ya había sido criticado por su gasto de recurso público en viajes familiares al margen de su labor presidencial, como la celebración del cumpleaños de sus hijos en Panaca o la asistencia innecesaria de su hermano, Andrés Duque, en viajes oficiales. El presidente cierra esta semana con una indagación preliminar por parte del Consejo Nacional Electoral al ser señalado por Aída Merlano, excongresista condenada por delitos electorales, de haber recibido $6.000 millones de pesos de las familias Gerlein y Char para su campaña presidencial.

Por: León Valencia, para @infobae A última hora se supo que no hubo acuerdo entre Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo. Debo decir que me hubiera dolido mucho la llegada de Fajardo a las filas de Hernández en esta crucial disputa presidencial. Con Fajardo he conversado muchas veces de la necesidad de fortalecer la democracia colombiana asediada por la violencia y la corrupción, vapuleada por los clanes políticos y sus alianzas con las mafias, aferrada a la exclusión de las izquierdas y de las fuerzas sociales inconformes. Pues bien, Rodolfo Hernández dañará aún más esta precaria democracia. La historia de Hernández está atada a la combinación indebida de negocios y política. Se inició como empresario de la construcción en los años setenta y mientras ascendía en los negocios fue concejal dos veces de su natal Piedecuesta. En el segundo periodo, en 1995, fue sancionado por la procuraduría provincial por la firma de un contrato entre su empresa constructora y el municipio. Luego declinó por largo tiempo su participación directa en la política, pero se hizo célebre por la eficacia con la que tramitaba con los políticos y funcionarios sus contratos. Volvió a la política directa y ganó la alcaldía de Bucaramanga en 2015 y allí, otra vez, fue vinculado a un escándalo y a un proceso judicial por la contratación con la empresa Vitalogic. Algo similar ha hecho durante décadas el Clan Char en Barranquilla y en la Costa Caribe. Utilizan la política para fortalecer sus empresas y se apoyan en sus empresas para ascender en la política. También esta familia ha sido vinculada a preocupantes escándalos de corrupción. En esta mezcla entre negocios y política la democracia sale siempre mal parada. Pero con Hernández no hablamos sólo de lo que puede pasar con el entramado de negocios y vida pública. Hablamos de su manera de entender la política. El menosprecio al Congreso y a la Justicia. La pretensión caudillista de que la única instancia es la comunicación directa con la ciudadanía y la apelación a ella para enfrentar la institucionalidad. He citado en estos días El Ocaso de la Democracia, un libro de Anne Applebaum, una escritora militante del Partido Republicano, ganadora del Premio Pulitzer, que me sorprendió con su visión descarnada de los estragos del populismo de derecha en las instituciones democráticas. Hace un recorrido por los gobiernos de Donald Trump en Estados Unidos, de Boris Johnson en Reino Unido, también de la escena política en Polonia y en Austria. El autoritarismo y el caudillismo bien parapetados detrás de las redes sociales y las noticias falsas van demoliendo una a una las instancias de representación del pueblo y minando paso a paso la separación de poderes, los contrapesos institucionales y la prensa libre. Cosa parecida se puede decir de Nayib Bukele en El Salvador o de Jair Bolsonaro en Brasil. Hernández casa bien en estas características, adobadas además por un lenguaje particularmente agresivo con sus contradictores o denunciantes. Sería demasiado ingenuo y parcializado si no advirtiera riesgos en la historia y el discurso de Gustavo Petro. En una circunstancia en la que encuentre demasiados obstáculos para sus ideas de cambio y sienta o se imagine un gran respaldo social, puede soñar con aventuras autoritarias y con la búsqueda de atajos extrainstitucionales para sacar adelante sus propuestas, pero muy pronto se dará cuenta de que la vigilancia sobre la izquierda en la sociedad colombiana es suficientemente drástica para impedir cualquier intento de romper el hilo constitucional. Sé que es muy difícil para Fajardo hacer a un lado los dolores por las ofensas que ha recibido de personas y grupos que acompañan a Gustavo Petro y sé también que no se siente cómodo con el estilo y la radicalidad de algunas de las ideas de Petro. Pero la trayectoria y las ideas de Rodolfo Hernández están aún más lejos de su historia y sus convicciones. Por otro lado, mirando en perspectiva, un triunfo de Petro cerraría un ciclo largo de exclusión de las izquierdas y contribuiría enormemente a la reconciliación del país, cuestiones que han animado la vida pública de Fajardo.