Por: Línea de Investigación de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos La noche silenciosa invita a escuchar la música de los vientos. Florece el girasol y se marchita con la caída del sol. Del cielo llueve rocío, lágrimas de alegría musical. Poetisa Zulma Prado (Tumaco 1948). Los tiempos en que bajo un sol de cielo llovían rocío y lágrimas de alegría musical sobre Tumaco han quedado atrás, para dar paso a una lluvia de químicos: glifosato, en función de la erradicación forzada promovida por el Gobierno Nacional; y abonos, utilizados por los cocaleros para aumentar la productividad de la mata de coca. Uno y otro hacen parte de las economías ilegales ligadas al narcotráfico que invaden a Tumaco y la Costa Pacífica Nariñense. La implementación del Acuerdo Final de Paz, firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP en 2016, generó inmensos retos territoriales para Nariño, entre ellos los relacionados con la sustitución voluntaria y concertada de los cultivos ilícitos, cuyo objetivo era acabar con la economía ilegal de la coca y su consecuente cadena de narcotráfico y violencia. La problemática Las economías ilegales, entre ellas el narcotráfico, la minería ilegal no tradicional y el contrabando, son los factores de mayor influencia en la intensificación de escenarios de violencia social y política en Nariño (Zambrano y Ruano, 2018). Aunque Nariño ha sostenido una disminución de cultivos de hoja de coca desde 2017[1], la siembra y procesamiento de esta sigue siendo la economía ilegal preponderante del departamento. Grafico No. 1 Total hectáreas de hoja de coca sembradas en la Costa Pacífica Nariñense. Elaborado por: Línea de Investigación de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia, 2022. La Costa Pacífica Nariñense (CPN) es la región más aportante en cuanto a cultivos de hoja de coca sembrada en Nariño, concentrando 24.977 hectáreas, siendo Tumaco, con 8.832; El Charco, con 4.674; Roberto Payán, con 2.941; Olaya Herrera, con 2.898.08 y Barbacoas, con 2.569, cinco municipios que concentran 21.914 hectáreas, representando el 87.8% del total de la coca sembrada en la CPN. Grafico No. 2 Hectáreas de hoja de coca sembradas en la Costa Pacífica Nariñense 2016-2020. Elaborado por: Línea de Investigación de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos. Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia, 2022. Esta es una problemática de gran magnitud, que no solo constituye en sí una economía ilegal, sino que se convierte en motor de aceleramiento y profundización de las violencias, violaciones de derechos humanos y la crisis humanitaria. Los actuales indicadores de afectaciones a la población civil desarmada y no combatiente expresan la magnitud del impacto de las economías ilegales en Nariño. En el contexto actual del departamento, no es posible desligar las economías ilegales de la presencia real y concreta de Estructuras Armadas Ilegales (EAI), como tampoco se puede desconocer el contexto de post-acuerdo, marcado por la limitada implementación del Acuerdo de Paz en los territorios. En este orden de ideas, las economías ilegales se constituyen como la base económica de sostenimiento de las EAI en el departamento. Gráfico No. 3 El control y la incidencia de los grupos armados sobre la siembra y transformación de la hoja de coca en pasta base, las rutas de movilidad de los insumos y del producto, y la vinculación de miles de familias[2] a esta cadena productiva, configuran un orden social regulador que incide en las dinámicas políticas y económicas de los territorios. Incluso, las dinámicas institucionales y de políticas públicas se ven afectadas por esta relación entre grupos armados y economía ilegal, ya que deben formularse y ejecutarse de forma condicionada por este contexto. La política pública nacional y departamental En términos generales, en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz, hay avances formales en la política pública nacional. Estos avances se expresan especialmente en la creación de estructuras institucionales y la contratación de equipos profesionales y técnicos. Dentro de la institucionalidad creada se destacan la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), todas ellas con sedes en la capital Nariñense y en Tumaco. La política pública departamental para afrontar la problemática de la economía ilegal de la coca, que se diferencia en el discurso y en el enfoque respecto al nivel nacional[3], presenta similitudes en materia de avances formales. La Gobernación de Nariño creó el programa Acuerdos de Raíz, que es una estrategia integral de recuperación social del territorio enfocada en la prevención, sustitución voluntaria, no resiembra de cultivos de uso ilícito y mitigación de efectos que produce esta actividad ilícita, fortaleciendo la dinámica económica, social y cultural con enfoque étnico y diferencial. Este programa esta articulado con la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos ilícitos, con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), con el Plan Integral Municipal y Comunitario de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) y el programa Hecho a la Medida, que es la estrategia de Iván Duque para sustituir cultivos de coca. Amilkar Pantoja, actual secretario de gobierno de la Gobernación de Nariño, afirmó que: “el contexto en Nariño es complejo, es como si se tratara de una epidemia en materia de cultivos de uso ilícito, aparecieron en unos territorios y se expandieron a otros. La alternativa departamental ha sido lo que hemos denominado Acuerdos de Raíz, programa con el que hemos planteado una salida negociada y concertada para la sustitución voluntaria de cultivos uso ilícito. La postura del gobierno departamental es no a la fumigación con Glifosato, no a la erradicación forzosa y nuestra postura se basa en el diálogo y la presencia integral del Estado, por ejemplo, que el ejército entre a los territorios con el batallón de ingenieros con maquinaria amarilla para responder a los arreglos de vías, antes que entrar con los hombres que llevan fusiles. La gobernación de Nariño está trabajando en dos frentes, uno en los que ya existen los cultivos de uso ilícito y otro frente a donde no existen o donde existieron cultivos, ejemplo La Cruz, Buesaco, destacándose el caso de Aponte (Municipio del Tablón de Gómez) y evitando que esos municipios vuelvan a los cultivos. Esta es la política pública departamental”(Pantoja, 2022). A nivel de la política pública nacional para Nariño, para atender la problemática de cultivos de uso ilícito, se desarrolló el PNIS, que, en palabras del secretario de gobierno, en Nariño “se quedó corto porque solo afecta de manera positiva a dos municipios Tumaco e Ipiales, en realidad el impacto del PNIS es mínimo frente al gran monstruo de los cultivos”. Al respecto encontramos que las metas proyectadas por la Gobernación de Nariño tienen planteados mayores alcances territoriales y poblacionales: “En concertación y articulación con el Gobierno Nacional a través de la DSCI ART, a través de la estrategia Nariño Sustituye, se materializaron los Hechos a la Medida que para el Departamento de Nariño se llama Acuerdos De Raíz, entre la Gobernación de Nariño, los municipios de Samaniego, La Cruz, Tablón de Gómez y Buesaco y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos – DSCI, a través de los convenios que se suscribieron el 28 de enero de 2022, implementarán un modelo alternativo de sustitución de cultivos ilícitos denominado Hecho a la Medida – Acuerdos de Raíz, que se ajusta a las necesidades que presentan las comunidades de estas zonas a intervenir” (Secretaria de Gobierno de Nariño, 2022). En febrero de 2022, el gobierno de Iván Duque presentó el siguiente balance infográfico Fuente: PNIS. Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, 2022. Embellecer las crudas realidades de nuestros territorios y sus problemáticas, mostrándolas en infografías descontextualizadas estadísticamente convenientes, fue un recurso de uso permanente por parte del gobierno que termina con el agravante de que estas se presentan sin contexto ni desagregado alguno. Frente a la infografía anterior, hay una evidente contradicción con las realidades de Nariño. Tumaco, por ejemplo, es el segundo municipio del país con las cifras más altas de hoja de coca (8.832 hectáreas) y desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), se ha corroborado el crecimiento y fortalecimiento de estructuras armadas ilegales en el departamento, lo que da cuenta de la distancia entre la información descontextualizada como la de la anterior infografía y la realidad. El acceso a la información de los últimos dos años del gobierno Duque ha sido de un manejo reservado, sin embargo, debido a su carácter de incidencia social es, y debería, ser público. El acceso a la información por parte de las instituciones, de los centros de investigación y pensamiento, y de los organismos de control y verificación, ha sido negado y solo se conocen los informes gubernamentales que exponen únicamente cifras generales de supuestos avances sin referentes de comparación ni indicadores que las soporten. En este sentido, la Procuraduría General de la Nación en su informe sobre el estado de avance en la implementación del Acuerdo de Paz en la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense, presenta un panorama poco alentador frente a las posibilidades de soluciones estructurales al problema de las drogas y las economías ilegales en Nariño. Lo anteriormente mencionado obedece, por ejemplo, a que los catastros multipropósito establecidos en los Acuerdos de Paz, que son claves al momento de la ejecución de una nueva Política de Ordenamiento Social de la Propiedad para democratizar la tierra, el acceso y la seguridad de la propiedad rural en zonas focalizadas, “no muestran ningún avance en los municipios PDET de la subregión (…) diez de los 11 municipios no han formado el catastro”, afectando así el desarrollo de una política clave en la solución de un problema estructural de la Costa Pacífica Nariñense. Unido a ello, el informe previene sobre el impacto negativo del alto porcentaje de informalidad en la propiedad de la tierra en la subregión de la Costa Pacífica Nariñense: “En este contexto, los datos muestran que la subregión tiene un coeficiente Gini[4] de tierras del 0,8, reportando altos valores en Barbacoas (0,9), Mosquera (0,9), Ricaurte (0,9) y Tumaco (0,8) (IGAC y Uniandes, 2012). Así mismo, el promedio del índice de informalidad de la propiedad rural es de 0,9 para los tres municipios de la subregión que cuentan con datos disponibles: Barbacoas, Ricaurte y Tumaco” (Procuraduría General de la Nación , 2020, pág. 10). La propiedad de la tierra, sus niveles de informalidad y las dificultades para el ordenamiento territorial, favorecen las economías ilegales, ya que esto constituye una forma de ausencia del Estado que retroalimenta constantemente las condiciones de marginalidad, abandono y violencia que sufre la Costa Pacífica Nariñense. Sin una escritura que lo catalogue como propietario, un o una campesina, indígena o afrodescendiente, es más vulnerable a violaciones de derechos humanos y afectación por parte de las estructuras armadas ilegales, el uso y disputa por la tierra, el despojo, desplazamiento y los conflictos interétnicos por el territorio, están estrechamente ligados a las economías ilegales como la minería de oro, la deforestación y la siembra de cultivos de uso ilícito. En este orden de ideas, Carlos Zambrano, líder social y comunitario de Olaya Herrera Bocas de Satinga, en la Costa Pacífica Nariñense, quien fue cofundador del Movimiento Étnico y Popular del Pacifico (MOEP), explica con una ecuación simple la solución del problema de los cultivos ilícitos y establece una relación directa entre la situación actual de los cultivos de uso ilícito y la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 en la Habana: “Creo que una de las soluciones a los cultivos ilícitos sería cumplir los acuerdos de paz, que hablan de una sustitución concertada con la comunidad que es lo que no se ha hecho y no ha cumplido el presidente actual, el acuerdo uno de los acuerdos establecen claramente que hay que invertirle al campo, fortalecerlo, que nuestros agricultores encuentren soluciones en la siembra agrícola ya sea de árboles maderables, siembra de plátano, de chontaduro, coco, yuca, papa china, todos esos productos son los que bajarían el índice de violencia en los municipios de la Costa Pacífica (…) hay que invertir más en la niñez, ellos están pasando por una etapa muy difícil, se están volviendo viciosos, fumadores de marihuana, metidos en el alcohol, en el juego y las máquinas (…) yo le apuntaría a la inversión en el campo ya, así a los grupos armados al margen de la ley les tocará irse” (Zambrano, 2022). La exposición de Zambrano ratifica lo que se ha venido planteando insistente e históricamente, “para las personas inscritas en el programa las razones que los llevan a cultivar coca no encajan con las lógicas criminales que se les atañe, sino que están más asociadas a la falta de oportunidades y al mejoramiento de su situación económica” (Zambrano, 2022). Reflexiones finales Los gobiernos locales y departamentales se sostienen con expresiones constantes de buena voluntad y disposición al diálogo y la concertación, pero sus iniciativas son de corto alcance. Su propia debilidad financiera e institucional los lleva a terminar siendo un apéndice de los programas nacionales y su mayor logro es crear nombres llamativos a sus programas, sin que ello necesariamente refleje un enfoque y un método propio y pertinente para los territorios. A pesar de los incumplimientos y de la política agresiva contra el campesinado por parte del Gobierno Nacional, las comunidades afro y pueblos indígenas que cultivan la mata de coca en los territorios, expresan y reiteran su voluntad para sumir la sustitución voluntaria y concertada, pero un gran obstáculo constante no permite avanzar: la desfinanciación de todos los programas impulsados por los gobiernos locales. El recurso constante de la utilización y publicación de cifras maquilladas, datos descontextualizados e información oficial sin soporte académico ni investigativo por parte del Gobierno Nacional, no solo reta y minimiza la complejidad del problema de las economías ilegales en Nariño y Colombia, sino que profundiza la desconfianza histórica de los sectores campesinos, las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas hacia el Estado y sus instituciones. Y como sabemos la confianza es fundamental al momento de construir soluciones conjuntas entre sociedad y Estado. La política pública para afrontar la problemática de la economía ilegal de la coca se debate entre la desfinanciación, la impertinencia de los programas y su mínima cobertura territorial, lo que ha dado como resultado la continuidad, ampliación y crecimiento productivo de zonas cocaleras en Nariño que hoy perviven sin paz y en la ilegalidad. Bibliografía Zambrano, C. (30 de abril de 2022). Entrevista PNIS. (Z. Hernandez, Entrevistador) Pantoja, A. (21 de abril de 2022). Entrevista. (Z. Hernandez, Entrevistador) Secretaria de Gobierno de Nariño. (2022). Informe Sustitución de Cultivos Ilícitos Gobernación de Nariño.Pasto: Gobernación de Nariño. Procuraduría General de la Nación . (noviembre de 2020). Pacífico Nariñense y Frontera. Obtenido de Procuraduría Genera de Nación: https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/MSI-Reporte%20Pac%C3%ADfico%20y%20Frontera%20Nari%C3%B1ense.pdf [1] El pico más alto se presentó durante ese año con 45.689 hectáreas, en 2020 se registraron 30.736 hectáreas [2] A nivel departamental, se estima que 23 mil familias nariñenses están vinculadas a la economía ilegal de la coca, de las cuales, según el informe 23 de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) ha inscrito como beneficiarias 17.191. [3] El gobierno nacional prioriza la erradicación forzada con fumigación y pelotones antinarcóticos de erradicadores, por su parte el Gobierno de Nariño habla de solución negociada y concertación con las comunidades. [4] El Coeficiente de Gini de tierras es una medida en donde 0 significa total igualdad y 1 plena desigualdad.

Por: Redacción Pares El cultivo de hoja de coca continúa creciendo en la región del Catatumbo en Norte de Santander, al tiempo que los grupos armados organizados que operan en la región se siguen fortaleciendo. Un problema interrelacionado que el Gobierno Nacional no ha podido controlar con su fuerza militar. Aquí, algunas cifras para comprender mejor el fenómeno que se vive en la región. ¿Cuántas hectáreas de coca hay sembradas en la región del Catatumbo? ¿Cuántas hectáreas de coca hay sembradas solo en Tibú? ¿Cuáles son las rentas que deja este negocio en la región? Conozca el análisis completo sobre el fenómeno de los cultivos de coca y el conflicto armado en el Catatumbo aquí: Entre la espada y la pared: conflicto y coca en el Catatumbo

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo El pasado sábado 30 de abril, hacia las 11:34 a.m. en la vereda Morales del corregimiento de Melchor, municipio de Bolívar, al sur del Cauca; tres hermanos fueron asesinados por hombres armados sin identificar, quienes llegaron a su sitio de habitación, obligándolos a salir y ejecutándolos con armas de fuego. Según estadísticas de Indepaz esta es la quinta masacre en nuestro departamento del Cauca en lo corrido del año. Las autoridades civiles y militares, simples notarios del conflicto social y armado, cuentan víctimas como estadísticas para los reportes a medios de comunicación. Solo alcanzamos a vivir en el Cauca un año de "paz". Posterior a la firma de los acuerdos entre las FARC-EP y el Gobierno nacional en el año 2016, alcanzamos a soltar las mariposas amarillas de Aureliano Buendía. Nos ilusionamos con la idea de un futuro tranquilo, en el que las diferencias se tramitarían desde el diálogo, la concertación y la construcción conjunta. Las urnas tomaban nuevamente su importancia en el camino de emular discusiones a partir de tesis y propuestas de desarrollo, imaginábamos una democracia que, aunque débil, sería la nuestra. Pero en la implementación del acuerdo, el sector afín al modelo neoliberal y aperturista; los ricos, los dueños de los bancos, la gran industria y agroindustria; y los más poderosos medios de comunicación, siguieron con sus gobiernos de bolsillo, esforzándose por hacerlo trizas. Y en una maniobra lingüística llena de interés perverso le llamaron "paz con legalidad", sembrando las dudas de la legitimidad constitucional de lo firmado. Por ello el presidente Duque participa en la gesta electoral, trenzando a favor de un candidato y, en el colmo de la desfachatez, el comandante general de las fuerzas armadas, Enrique Zapatero, participa en política, expresando su opinión sobre el candidato Petro, es decir, rompiendo la prohibición legal de no ser deliberante. A la estrategia de generar miedo (que el castrochavismo, que la expropiación, que la eliminación de subsidios, etc.), se le suma ahora el temor a un golpe de estado por parte de los militares ante el avance para ganar en primera vuelta de la dupla Gustavo-Francia. Y esa situación nacional se refleja en el Cauca. Al parecer, es más prioritario deliberar sobre política que controlar los brotes de violencia permanentes en nuestros campos. En el departamento no paran de crecer estructuras por fuera de la ley que acallan los liderazgos sociales, que decretan ley seca y toque de queda a la población. Por caminos y malas carreteras de nuestras zonas rurales patrullan variados grupos armados, no se sabe cuántas estructuras hacen presencia en tal o cual municipio. Sucede que al grupo que se está posicionando territorialmente lo desplaza otro grupo a partir de enfrentamientos armados, a este nuevo grupo también lo desplazan y quedan los venideros, hasta que se repita el ciclo. La existencia de conflictos de carácter armado favorece a la clase dominante. Recordemos que a partir de la firma del "acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", vinimos a conocer la existencia de carteles del papel higiénico, del cemento, de la hemofilia, etc., quiere decir esto que, mientras unos combatían, otros (y por cierto no fuimos los pobres) creaban estructuras, acuerdos "legales" para delinquir. Si entendemos que los derechos humanos no son los únicos que necesitamos para la vida, comprendemos que los derechos sociales (educación, salud, vivienda, producción, ingresos, etc.), son los que constituyen la vida digna, el derecho a "vivir sabroso". *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Juan Camilo Rodríguez, Investigador Nacional Línea de Investigación de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Colombia es el país más peligroso del mundo para los y las activistas defensoras del medio ambiente. Solo en 2020, 86 líderes ambientales fueron asesinados en el país, la cifra más alta de asesinatos contra este tipo de población jamás registrada internacionalmente. En los primeros cuatro meses de este año, los asesinatos contra defensores y defensoras aumentaron 150% con respecto al mismo periodo de 2021. La respuesta del gobierno frente a este fenómeno ha sido insuficiente y los liderazgos continúan viviendo y haciendo su labor bajo un peligro alarmante. ¡Es necesario ratificar el Acuerdo de Escazú ya!, para garantizar la vida de estas personas. Lea el análisis completo aquí:

Por: Isaac Morales y Brayan Guzmán La delincuencia organizada en Bogotá se mueve a través de contrataciones entre organizaciones de diferentes tamaños y acciones delictivas para el control territorial. La línea de seguridad y convivencia ciudadana ha investigado estar redes en diferentes aglomeraciones urbanas. Para conocer más, conoce el informe: Delincuencia organizada en áreas metropolitanas

By: Léon Valencia I met Gustavo Petro in March 1994 by the time he had been defeated in his run to get the Colombian Parliament. He went to visit us in Flor del Monte, a county in the province of Sucre, Colombia, where the Corriente de Renovación Socialista (Stream of Socialist Renovation) , a faction of the ELN (Ejército de Liberación Nacional – National Liberation Army), was in peace talks towards signing a peace agreement with the government of Cesar Gaviria Trujillo. If I remember well, he stayed in the camp for more than a week sharing with the guerrillas and brooding over the anguish of his failure. He looked pretty angry. He blamed Antonio Navarro’s mistakes for his loss and the decline of the M-19 movement in that electoral campaign. They had given up some revolutionary flags in the Constituent Assembly; also they have accepted being part or President Gaviria’s cabinet; and there were the consequences, he said. They had allowed themselves to be co-opted by the neoliberal government, he claimed. Later on, I kept track of him and his steps. At first because we met frequently in the political activities of the left parties and movements and later because, as an analyst and writer, I have spent a good deal of time studying his speeches and debates as a parliament member and his achievements as major of Bogota, the capital city. I was astonished over and over again by his persistence and his unappeasable vocation for change and revolution. Always faithful to what he had said in Flor del Monte, the need to challenge the establishment, to radically transform the Colombian economy and society. Always in the messianic illusion of saving the country from para-militarism and mafias, from the centuries-old political class, from dependence on extractive industries and from poverty and inequity. With those convictions and ideas, he is about to win the presidency of Colombia. I never thought he would go that far. Colombian society went through the twentieth century and settled in the twenty-first without showing signs of wanting deep changes. Conservative and cunning elites have always found ways to avert away from risks and remain in power. At the beginning of the century, society and the elites embraced Álvaro Uribe Vélez who offered them security to face, on one hand the advance of the guerrillas and on the other hand the rise of non-violent left wing parties. Petro, for his part, as a lone wolf, went from one alliance to another, from one campaign to another, without finding a firm hold for his project. But some powerful events catapulted his leadership and softened his flaws, which are not few. The peace agreement signed with the most powerful guerrilla and under this process the national political elites were divided; the opinion vote began to grow in the big cities and the left won key mayoralties; The pandemic arrived with its trail of death, uncertainty and hunger; the social explosion took place and brought seven million to the streets; another wave of leftist governments reached the shores of Latin America; and uribismo plummeted under the burden of the judicial inquiries, the seriousness of the 6,402 extrajudicial executions of unarmed people and the outrages of the terrible government of Iván Duque. Gustavo Petro has led the polls from the beginning of the campaign with an advantage. Hence, the inter-party consultations and the first round have become competitions to choose a rival who has a chance of defeating Petro. Until a few days ago, Federico Gutiérrez, supported by the Liberal, Conservative, Centro Democrático (Democratic Centre, President Alvaro Uribe’s party) , Partido Radical, Partido de la U, Mira and 45 political clans, appeared as someone who would go to the second round to compete with the candidate from the left. But for two months it had been stuck at twenty points or a little more; On the other hand, Rodolfo Hernández, the outsider of the contest, left Sergio Fajardo behind and began to grow and got the ticket for the second round by displacing Gutiérrez. Petro failed to win in the first round. But in the second, he has high chances of doing so thanks to the advantage he has at this stage. In any case, the arrival of Rodolfo Hernández has complicated his life at the end of this contest. We will see if Petro's tenacity and the desire for change in large sectors of the Colombian society manage to push the political pendulum to the left for the first time in our republican history. *León Valencia Agudelo is a Colombian political analyst, with expertise on Colombian armed conflict. Director of Fundación Paz y Reconciliación. Opinion columnist in the Colombian magazines Semana, Diners and Credencial, and in the newspapers El Tiempo and El Colombiano. He published political books such as: 'Goodbye to politics, welcome to war' (2002) and 'Miseries of war, hope of peace'. He recently presented the second edition of the book 'My years of war', which recounts his experiences as an ELN’s guerrilla fighter.

Por: Erika Montaño Rojas Proyecto: Escuela de Liderazgo Juvenil Pueblo Rico, Risaralda Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil La nación emberá es uno de los grupos de origen más importantes de Colombia. Al sumar su población disgregada en el censo del 2018 hecho por el DANE, se ubican en el primer lugar. Calculando entre Emberás Catio, Emberás Chamí, Wounan, entre otros, suman en total unas 200.000 personas. Como nación comparten aspectos de identidad. También se encuentran fortaleciendo su Plan de Vida y Salvaguarda. Con sus saberes y haceres, y en general con lo que desarrollan como grupos de personas con cosmovisiones y cosmogonías profundas, buscan sostenerse en el tiempo y perdurar. **** La vereda La Palmita se encuentra ubicada en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, exactamente sobre la cordillera occidental colombiana. Para llegar allí hay que ascender por las montañas durante seis horas de camino. Mientras caminábamos, se podía escuchar el viento fuerte fusionado con el sonido de las aves y los colores del territorio, que hacían del recorrido un disfrute por la maravillosa inmensidad, el aire puro, la calma y la brisa. Nos encontramos en el camino con la mirada segura y fuerte de Luz Idalba Ziagama Onogama, una niña de 10 años, con su hermana y un bebé, su sobrino, de siete meses, al que llevaba en su espalda. Se podía percibir la fuerza y seguridad con la que lo tomaba en sus brazos y lo cubría en el parú (manta en emberá) que portan las mujeres para llevar a sus hijos pegaditos al corazón. A simple vista pudimos ver cuánto amor y compromiso tiene Luz para su primo. Luz Idalba y su hermana nos cuentan que en la mañana de ese mismo día ya habían caminado 3 horas más, bajando al pueblo, de vuelta, hasta la vereda completarían 6 horas en total. El motivo de la salida de estas dos hermanas fue llevar a su sobrino a control de crecimiento y desarrollo, teniendo que pasar por caminos de trocha, cruzar arroyos y soportar la lluvia y el sol, condiciones a las que se ven expuestos los habitantes de la comunidad de Palmitas cuando quieren salir al pueblo. Así tuvimos el primer acercamiento con una de las jóvenes y niñas de la comunidad La Palmita. Las hermanas nos animaron, puesto que si ellas, que llevaban a un bebé en su espalda, podían, ¿por qué tendríamos que quejarnos nosotros por la distancia? No era fácil controlar el agotamiento, no solo físico, sino también mental. Caminamos durante cinco horas y media. “El paso del capunia (hombre blanco en lengua emberá) es mucho más lento, nosotros lo hacemos en tres horas”, nos dijeron en el camino. Nuestros equipajes, por fortuna, lo llevaron las mulas. Nosotros sólo debíamos caminar. Llegamos a la comunidad en medio del atardecer, el cielo empezaba a tornarse azul oscuro, el viento era cada vez más espeso y frío. La imagen: casitas humildes hechas en madera sobre estacas elevadas de la tierra. Los pobladores salían de ellas, atentos y curiosos mirando quiénes eran los “capunias” que llegaron de visita. Ellos produjeron un efecto en nosotrosde admiración por habitar territorios tan alejados de la zona urbana. Ahora el cansancio era menos, nuestros cuerpos ya se sentían relajados. No era para menos, habíamos cumplido con la meta de llegar al lugar de destino, este lugar asombroso, habitado por familias numerosas que viven en espacios reducidos, para ellos suficiente. Indígenas y capunias se ven por primera vez, se comparte el abrazo, el “pase usted”, “está en su casa”, “tómese esta agua de panela”, “allá es el lugar donde se hospedan esta noche”. Entrar a una casita y tener un espacio donde armar nuestras carpas fue la más bella y tranquila sensación, después de seis horas de camino. Al día siguiente despertamos entre montañas alucinantes. El brillo del sol se escondía entre la niebla gris y blanca que viaja entre la cuenca, magnetizando corazones. Las aves cruzan y su cantar anuncia el nuevo día. Los buenos días de mujeres, niños y hombres que pasaban frente a la casita dirigiéndose a la cocina. Al calor del fogón doña Ana Rita, líder de la comunidad y cocinera con sus manos, más que alimentar el cuerpo, trasformaba los alimentos en platos llenos de sabores: encuentros de ingredientes con sabor de abuela, de casa, de hogar, sabores que nos trasladan al calor del hogar. Allí, bajo el fogón, es donde se abrazan el niño, el joven, el anciano, y el capunia. La unidad de los emberá vuelve y se refleja y esta vez en un rico plato de comida. Todos se preparaban para la fiesta. Unión, alegría, parranda y viche. El día llegó, los preparativos estaban casi listos, las personas fueron llegando, mujeres, niños y hombres se trasladaron de distintos lugares aledaños con aproximadamente una o dos horas de camino para poder participar del evento. Celebrarían nuestra visita. Bailaremos y tomaremos viche esta noche, pero también el médico emberá hará sanación a niños y adultos enfermos, el ritual que presenciamos fue fantástico. El jaibaná empezó a invocar los espíritus de sus ancestros para que lo guiaran y apoyaran en el proceso. Velas, tabaco y sus cantos fueron los elementos que usó. Finalmente, la fiesta duró toda la noche, mujeres, niños y niñas no habían dormido, puesto que la celebración se extendió hasta las horas de la mañana del día siguiente. Luego de la noche, nuestro equipo de investigación tuvo que levantarse muy temprano para iniciar un recorrido con la mayora Flor Alba Wazorna Arce y Nicolás Wazorna hacia la planta de la que sacan el producto final para la cestería. Fue muy especial escuchar el relato de cómo y en qué tiempo de la luna se debe cortar. Es fascinante la manera en que se recupera la voz y la ancestralidad por medio de mujeres líderes, que tejen la vida a través de sus saberes, mujeres lideresas, emprendedoras. Si bien es cierto que el hombre emberá no permite mucha participación de la mujer en la política y toma de decisiones en la comunidad, varias mujeres de este territorio alzan su voz, son líderes empoderadas de sus saberes ancestrales: medicina, platos típicos, arte y música, son algunos de tantos artes que ellas portan. Camino al bejuco (planta de la que sacan la materia prima de la cestería) encontramos un trapiche. Nicolás relata como él y su esposa Gloria lo construyeron. Generan empleabilidad a la comunidad. Sobre todo a mujeres, son cerca de 21 emberá que se ven beneficiados por la gestión de estos dos líderes que se han apoyado en instituciones para lograr participar en convocatorias. Ahora bien, no habría sido posible sin el amor y compromiso que estos dos líderes y esposos han depositado en la comunidad. Él relata que así mismo visualizan la cestería: “el proyecto a futuro es tener un lugar así, donde podamos realizar cestería emberá hecha por mujeres y jóvenes de la comunidad y poderla distribuir, generar empleo y recuperar esta práctica”, dice. Con el bejuco preparado para tejer, todos se reúnen al calor del arte emberá practicado especialmente por las mujeres: la cestería. Allí estaba el tejer, el unir entre todos una red de amor, fuerza y conocimientos étnicos y territoriales. Mientras tejen cuentan historias, recogen saberes ancestrales, nos cuentan anécdotas basadas en conocimientos tradicionales. Este es su saber, hilar la vida misma entre cada trenzar, se sumergen en el ayer, el abuelo, la abuela. Es avivar un saber, una esencia, una identidad. La práctica de la cestería se ha venido perdiendo con los años, ya los jóvenes no quieren hacer parte de sus costumbres y prefieren hacer actividades más occidentales. Es por ello que recuperar estos saberes es fundamental, realizar trabajos audiovisuales, investigar, fotografiar estos eventos donde se construye memoria desde la participación activa de la comunidad. Las mujeres sabias eran las encargadas de moderar los talleres que se dictaron en esta actividad llamada La Ruta de la Cestería Emperá, con el fin de recuperar conocimientos para la comunidad. Este trabajo investigativo se hace a través de un estímulo que publicó la Gobernación de Risaralda con un enfoque étnico y territorial. Premio que fue otorgado al colectivo Wera Kirisia. Actualmente se encuentra un cortometraje en proceso de producción para ser estrenado próximamente. Agradecemos a la comunidad de Palmitas en general por habernos permitido vivir esta experiencia y por hacer parte de este bello proyecto.

Por: Línea de investigación de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Pares Destaca a Guillermo Herazo, un líder afrocolombiano que trabaja por el desarrollo pleno, la vida y la cultura de las poblaciones afro en el departamento de Norte de Santander. Guillermo hace parte de la Asociación de Afrodescendientes de Tibú (AFRODETI), desde la que se impulsó la conmemoración del día de la cultura afro el 21 de mayo en este municipio. “Porque todavía hay racismo, aunque supuestamente ya se haya acabado”, comenta Guillermo. Dice Guillermo que ser un líder afro es un sueño, “porque de verdad lo soñé, poder ser como un palenque”.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda De manera inteligente, la vicepresidenta Francia Márquez le ha respondido a una entrevistadora de la BBC que ella, en su papel de vicepresidenta, quiere ser reconocida por su gestión en favor del cambio social y no por el hecho de ser negra o ser mujer. Dos condiciones que hacen parte del mundo de las exclusiones en un tiempo en que la humanidad se ufana de estar provista de nuevos valores, precisamente en el siglo XXI, del cual pronosticó Mircea Eliade que sería espiritual o no sería. Sin embargo, la resistencia más notoria que ha recibido Francia Márquez es precisamente por ser una mujer negra, o lo que es lo mismo en la tradición de la exclusión, por ser heredera de esclavos. Y esto es así por cuanto en los Estados Unidos como en Suramérica buena parte de las personas tiene el imaginario de que la esclavitud era una condición exclusiva de los afrodescendientes. No obstante, tal percepción es causa de la política colonialista que vio en el color de la piel y en los rasgos fenotípicos de los africanos las condiciones naturales y necesarias para ser esclavo. “Este esquema mental —así lo explica el sociólogo peruano Aníbal Quijano— significó una nueva manera de legitimar las ya antiguas ideas y prácticas de relaciones de superioridad/inferioridad entre dominados y dominantes, fue fundamental en el proceso de conquistas territoriales y sometimiento de pueblos enteros para beneficio de las metrópolis europeas”. De modo que la realidad es que quienes originaron y promovieron la esclavitud en el continente europeo tenían otro criterio respecto a ella. En la antigüedad, por ejemplo, los griegos veían natural la existencia de los esclavos argumentando que la naturaleza creaba a unos seres para mandar y a otros para obedecer, y hasta el mismo Aristóteles la justificó en su Política, donde afirma que: “La naturaleza ha querido que el ser dotado de razón y de previsión mande como dueño, así como también que el ser capaz por sus facultades corporales de ejecutar las órdenes, obedezca como esclavo”. De esa aseveración aristotélica proviene la estrategia maquiavélica de los privilegiados del capitalismo salvaje, los autodenominados “gente de bien”, que para seguir sacando provecho de la esclavitud hacen de la educación un derecho vedado a los pobres, bien elevando los costos de esta o brindándoselas de muy mala calidad. Una estrategia que les asegura que estos no estarán buenamente dotados de razón y, al mismo tiempo, les festejan las prácticas deportivas, asegurándose de que desarrollen facultades corporales para el trabajo. De otra parte, hay quienes desconocen todavía que aparte de los negros y antes que estos, los indígenas fueron esclavizados. De hecho, muchos indígenas fueron llevados a Europa para ser vendidos en calidad de sirvientes. El mismo Cristóbal Colón alcanzó a programar viajes para llevar indígenas a España y venderlos en Sevilla. De corriente se dice que el proyecto de esclavizar indígenas fracasó por causa de sus características físicas inapropiadas para la realización de trabajos pesados como la minería; pero, aunque eso sea cierto, la razón de que fueran desusados como mercancías del esclavismo se debió a una ley emitida por el rey Carlos I, tras advertir que el continente americano necesitaba quien trabajara la tierra y la minería, pues a los indios los habían asesinado en un 70% y otro tanto había sido vendido en Europa. De modo que no se trató de un acto de benevolencia del rey, sino de la reacción lógica de quien, por sus ambiciones de progreso imperial, vio con preocupación la baja demográfica de los indígenas. A partir de entonces, y con licencia de la Corona, la esclavitud en Suramérica sería surtida con afrodescendientes capturados de manera salvaje y cruenta en territorios africanos. Con todo, pese a esa atroz realidad de los esclavos, que es bien sabida, poco se habla acerca de si fueron esclavizadas o no las mujeres negras, o de cuándo y en qué momento decidieron traerlas en calidad de esclavas. Las referencias historiográficas indican que, en esos barcos negreros, ingleses, holandeses, franceses y españoles, se trasportaban decenas de hombres por viaje, y no hay, o hay muy pocas, referencias acerca de que embarcaran también mujeres, en un tiempo en que hacerlo era de mal agüero. Se sabe que durante todos los años de la esclavitud —que van del siglo XVII al siglo XIX— los marinos no se enganchaban en barcos en los que hubiera mujeres y era popular que los capitanes dijeran: “A mi barco sólo suben las mujeres tatuadas en los antebrazos de los marineros”. Esa creencia agorera se sumaba al hecho de considerar a las mujeres como el “sexo débil”, es decir, no aptas para trabajos pesados, como eran aquellos para los cuales se requerían esclavos, en minas de socavones. Quizás menguaron las investigaciones acerca del comercio de mujeres negras; porque las mujeres encargadas de los oficios domésticos, en el caso de los Estados Unidos, no eran blancas. En cuanto al continente americano, la escasez de indígenas, como ya lo hemos comentado, también las requería. Y que hubiesen sido traídas en calidad de objetos sexuales, como sustentan algunos investigadores, se contradice con la historia que da cuenta de cómo tal oficio ha sido ejercido esencialmente por mujeres blancas. Lo que sí no tiene discusión, porque los traficantes de negros y quienes los adquirían para sus plantaciones o fábricas necesitaban que estos se reprodujeran, es que hubieran sido traídas para la producción de esclavos. De esclavos negros, por aquello de que la racialidad los signaba con natural legitimación como esclavos a sus servicios. De tal suerte que las mujeres negras, aunque en menor proporción, fueron esclavizadas, tanto para la creación de familias de esclavos, para hacer trabajos domésticos (hacer pan o lavar la ropa) y también, en muchos casos, para arduos trabajos en las minas. Esto último por una torpe razón de los ideólogos del colonialismo, considerar a las mujeres negras distinto a como trataban a las mujeres blancas, por fuera de la machista clasificación de sexo débil. En la historia de los Estados Unidos hay referencias muy precisas de que el tráfico y comercialización de mujeres negras ocurría. En efecto, en el primer viaje de afrodescendientes que con fines comerciales arribó a Virginia en 1619 —en el barco White Lion—llegaba una mujer negra apodada Ángela, adquirida por un cultivador de tabaco de apellido Pierce. Finalmente, valga decir que la esclavitud, por cuenta de deudas civiles o penales, fue abolida en el derecho romano en el siglo IV a.C., con la aprobación de la Lex poetelia papiria; valga decir que la esclavitud, como consecuencia de actos de conquista, terminó después de la Segunda Guerra Mundial; y valga decir que la esclavitud, soportada en la compra y venta de esclavos o en la condición natural de ser hijos de estos, fue prohibida en Colombia durante la presidencia de José Hilario López en 1851 y, catorce años después, en 1865, Abraham Lincoln la abolió en los Estados Unidos. Pese a ello, en el presente la esclavitud, como figura de sumisión y de subordinación, como pérdida de libertades y limitación de derechos, sigue vigente; pero ya no por causas de la guerra o de la conquista, sino por la extrema necesidad de algunas franjas sociales y por la insensibilidad de gobernantes y empleadores. De hecho, no son exagerados quienes afirman que los pobres de hoy en día son la versión renovada de la esclavitud y su causa esencial sigue siendo la desigualdad. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis Las elecciones presidenciales del pasado 29 de mayo dejan por fuera del escenario presidencial al uribismo, la principal fuerza política de las dos últimas décadas. Sin duda una buena noticia. El uribismo es la fuerza política más retrograda, la que está abiertamente ligada a los clanes políticos que se han construido vía corrupción y apropiación del Estado para sus intereses, sin mencionar sus abiertos, o velados, vínculos con las mafias que se han articulado con la política, lo que en su momento conocimos como la parapolítica y que en parte fue judicializado por un aparato de justicia probo y comprometido con el Estado de derecho. El declive del uribismo viene desde 2010, cuando el presidente Juan Manuel Santos se desmarcó de la política guerrerista con la que Álvaro Uribe Vélez ofertó la derrota de unas FARC persistentes en su proyecto armado. Santos tomó el camino de la solución negociada, camino que dio sus frutos en 2016 y por el cual se logró que las FARC firmaran un Acuerdo de Paz (acuerdo incumplido y que sigue siendo un compromiso de Estado a volverlo plenamente realidad). Durante los años más duros de la violencia, entre 1992 y 2005, algunos analistas afirmábamos que esa extendida crueldad era una capa de humo sobre los verdaderos conflictos que tenía, y sigue teniendo, la sociedad colombiana, y el tiempo nos ha dado la razón. Luego del Acuerdo de Paz firmado en 2016, hemos vivido las más extendidas y masivas protestas sociales ante un orden de exclusiones, inequidad y vulneración de derechos. Esos son los verdaderos conflictos a superar y que han estado invisibilizados ante una violencia que, desde los años ochenta y hasta hace muy poco, se tornó en el principal tema de la agenda nacional y que afortunadamente ya no lo es, aunque seguimos con un fenómeno de violencia preocupante, pero que ya no copa la agenda nacional, como lo hizo en el pasado reciente. El uribismo viene en declive. Álvaro Uribe tiene que defenderse ante la justicia, su partido, el Centro Democrático, perdió la mitad de su bancada en el senado e igualmente decreció en la Cámara de Representantes. Es un partido sin rumbo compartido en sus liderazgos más visibles. No tuvo candidato propio en estas elecciones presidenciales y adhirió al débil liderazgo de Federico Gutiérrez, quien aún con el apoyo de todos los clanes políticos tradicionales y del apoyo silencioso del expresidente Uribe, otrora poderosa voz, en estas elecciones obtuvo el tercer puesto y está por fuera de la segunda vuelta presidencial, no es protagonista de manera formal, así todos sus votos vayan con seguridad a la candidatura de Rodolfo Hernández, que está dispuesto a recibir ese caudal electoral, pero sin foto con ningún integrante de esa derecha maltrecha. El uribismo no está liquidado políticamente, cuenta con un importante apoyo político y social, y si bien va en descenso, y quizás no vuelva a ser protagonista de primera línea, está lejos de desaparecer del escenario político colombiano, porque representa auténticos intereses del viejo orden político afincado en las políticas de exclusión y autoritarias que existen en la sociedad colombiana. Ahora el uribismo constituye minorías que se han sintonizado con una cultura política que le teme a la izquierda y considera que otro orden social y político, que promueva derechos y haga crecer esta precaria democracia, son propósitos políticos inconvenientes, que tal y como están las cosas están bien y que no se requieren nuevas políticas y nuevos derroteros para la vida nacional. Es un conservadurismo que se resiste al cambio, un cambio que es necesario y está a la vista, que entiende que este orden de inequidades y exclusiones debe ser superado. El uribismo no es recibido por un impredecible Rodolfo Hernández, pero ellos saben muy bien que son una fuerza política nacional, en declive, pero nacional. Ya veremos cómo se mueven en un escenario de la política colombiana, que el pasado 29 de mayo, les dijo que hay un anhelo de cambio frente a lo que ellos han representado y defendido en las últimas dos décadas. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Segovia Mora Abogado y politólogo En la primera vuelta de las elecciones presidenciales para el período 2022-2026, el pasado 29 de mayo, el Pacto Histórico, con el liderazgo de Gustavo Petro, 8 millones 500 mil votos y el 40% del electorado, se convirtió en la principal fuerza política del país. Federico Gutiérrez, afectado por el desprestigiado gobierno de Iván Duque, la decadencia de Álvaro Uribe y las enmohecidas y emperezadas maquinarias, apenas logró el tercer lugar con un 23%. Y la alianza de centro, con Sergio Fajardo a la cabeza, se diluyó en inconsistencias, falta de entusiasmo y ambigüedades. La sorpresa, el segundo lugar, con el 28% de la votación, del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, catapultado por una hábil estrategia de marca que supo advertir la demanda emocional del momento —el hartazgo con la corrupción a la que se asocian todos los males—, el potencial de una personalidad contradictoria (novedosa, pero anticuada), excéntrica e irascible, y la popularidad en las redes sociales. Acertó en centrar su oferta en “quitarle la chequera a los corruptos”, con un lenguaje desabrochado y la promesa de medidas que, por su carácter efectista, lograron eco en un amplio sector del país. El Pacto Histórico —la ampliada Colombia Humana de las presidenciales de 2018—, obtuvo en primera vuelta la votación que la Colombia Humana alcanzara en segunda, consolidando su caudal gracias a una estrategia de alianzas dirigida a sumar bajo su égida fuerzas progresistas, en particular del Partido Liberal y un sector reticente del Partido Verde, ante la constatación de los límites de las izquierdas coaligadas. Conquistó la mayor votación de propuestas alternativas en la historia nacional, pero no cumplió el reto de imponerse en primera vuelta, y el hecho de que el rival no sea el candidato oficial del uribismo, lleva a la cautela en la medida que desajustó los presupuestos políticos de la campaña. Federico Gutiérrez aparecía derrotado en todas las encuestas, mientras que un recién aparecido Rodolfo Hernández creció en forma sostenida. La región del Pacífico (Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó) golpeada por el conflicto armado, la criminalidad y el asesinato de líderes sociales, los altos índices de pobreza, la proliferación de cultivos ilícitos y otras expresiones de economía ilegal, se ratificó como bastión alternativo del país. En Nariño y Cauca se dio la mayor votación por el Pacto (70%). En Valle y Chocó ganó, pero estuvieron por debajo de las expectativas. Petro también logró imponerse en toda la costa Caribe con promedios cercanos al 50%, Putumayo, Amazonas y Vaupés; tuvo una gran votación en Bogotá; se impuso al uribismo en Risaralda y Quindío, y, a pesar de las dificultades, obtuvo mayoría en varias poblaciones de Antioquia, único departamento donde ganó Federico Gutiérrez, y subió en la capital, Medellín. En el no logro de la meta por el Pacto, los directivos y la militancia reticentes a los resultados han mencionado: triunfalismo y dificultades provocadas de transporte (Petro afirma que esto afectó un 20% de votación), falta de presencia de la campaña en algunos departamentos, regiones y medios locales, y la persistente sospecha de irregularidades en el proceso de preconteo, debido a que la auditoría internacional a los programas informáticos no ha sido posible en medio de dilaciones y contradicciones de la Registraduría, asunto de suma gravedad. También es conveniente señalar la eficacia de una inadvertida, pero eficaz, estrategia de distorsión y desprestigio de las propuestas de Petro. Más allá de algunos opinadores, medios y adversarios políticos en público; de forma soterrada, en poblaciones y barrios, tiendas, supermercados y taxis, donde corre de boca en boca, como en las previas del plebiscito por la paz, el rumor de que un gobierno del Pacto Histórico expropiará viviendas y pequeñas y medianas empresas, los ahorros de los pensionados, la pensión de los jubilados, que promoverá la violencia para imponerlos y otro sartal de falsedades, que, quiérase aceptar o no, han calado y restado posibles apoyos al no haberse prestado debida atención a la necesidad de una estrategia pedagógica para traducir a sectores populares y medios aspectos conceptuales y técnicos de las reformas, de por sí complicados para ciudadanos informados. La sobreposición en el mapa electoral de la votación por Hernández a la expresada en el plebiscito por la paz de 2016 asombra por su coincidencia, lo que permite deducir que se trata de un electorado sin duda inconforme con la situación actual, pero de estirpe conservadora, adverso a la izquierda por asociación con la guerrilla y sus actuaciones en el pasado, atraído por el autoritarismo y reacio por imposición ideológica a ir más allá de correctivos funcionales y simbólicos a la grave problemática de la corrupción, desentendiéndose de la agenda social y económica. Allí, Hernández, consciente de ello o no, desplazó a Federico Gutiérrez en la medida en que este fue demostrando incapacidad para liderar la alianza derechista. En esa situación, coincidente o provocada, encontraron los dirigentes uribistas la justificación para anunciar su apoyo a la “permanencia del uribismo”, en palabras de José Obdulio Gaviria o al candidato “antiestablecimiento”, incluido Gustavo Petro y el Pacto Histórico, al decir de la oportunista y fabuladora María Fernanda Cabal. Gutiérrez, derrotado, no demoró en cantar su voto antipetrista, como era obvio. De ello se colige que los 5 millones de votos que logró, en buena parte se trasladarán al ingeniero. De otra parte, partidarios de los grupos ubicados en el centro, alrededor de la Coalición de la Esperanza, desencantados ante la falta de entusiasmo de Fajardo en la cruzada anticorrupción y de verlo enredado en episodios de la misma —se trate de persecución política o de fallas propias—, encontraron en Hernández una alternativa aparente a las maquinarias tradicionales. El crecimiento del uno a expensas del descenso del otro parece corroborarlo. Sin descartar, tampoco, que simpatizantes del Pacto Histórico, ante la llegada a la coalición de miembros de los partidos tradicionales, también hayan virado en esa dirección, restándole votos. Puestas las cosas en este escenario, la matriz mediática ha tratado de establecer la casi segura victoria de Rodolfo Hernández, el uribismo se ha hecho vocero de la candidatura —muy a pesar de la resistencia sincera o táctica del candidato— y sus votantes, hastiados de la política tradicional e identificados con una figura que reivindica el regionalismo y la vida vecinal, aumentan en el frenesí de los vencedores. Al tiempo, el periodismo crítico toma distancia y denuncia defectos protuberantes del “outsider”, como el simplismo de sus propuestas, el cúmulo de denuncias de agiotismo, maltrato, machismo, violencia y corrupción en su ejercicio empresarial y como alcalde, y el sospechoso posicionamiento de última hora, cuando la victoria del Pacto Histórico parece inminente. No obstante que un personaje democrático y crítico como el escritor William Ospina, quien le ha expresado apoyo público, y el publicista Ángel Becassino, que orienta su campaña, resaltan en Hernández su originalidad y un genuino interés por contribuir a solucionar de manera progresista los males del país, para lo cual destacan su respaldo a la paz o al restablecimiento de relaciones con Venezuela, sus posiciones de imponer el orden mediante medidas de excepción como primer acto de gobierno, recortar el gasto público con una visión de almacenista o considerar el trámite legislativo un estorbo, dejan serias dudas de su conocimiento del Estado y talante democrático. Para el Pacto Histórico el desafío está en lograr la votación plena de sus simpatizantes y replantear la comunicación de su programa para atraer un porcentaje importante de abstencionistas, revertir el crecimiento de Hernández, sustraer algo de sus simpatizantes no uribistas y sumar el mayor número de aliados de la Coalición Verde Centro Esperanza, el liberalismo y sectores afines, como está ocurriendo, con el objetivo de llegar al poder e iniciar una era de trasformaciones. Petro, agudo observador y analista, comprometido con un futuro de paz, ante la presentación por Hernández del documento “Los 20 puntos que me diferencian del uribismo”, muchos de los cuales asumidos a última hora coinciden con puntos del programa del Pacto, le ha propuesto, con independencia de quien sea elegido, un acuerdo por un cambio verdadero. Una respuesta positiva sería saludable. Tras décadas de organización y luchas, represión y aniquilamiento de sus figuras, militantes y hasta el genocidio de un partido entero como la Unión Patriótica, las fuerzas progresistas han logrado colocar como referente —ante la crisis social, moral y política—, la necesidad de transformaciones a la estructura económica y el modelo de desarrollo para modernizar el país y superar las desigualdades, con un programa robusto orientado a la justicia social y ambiental. A esa propuesta, ad portas del triunfo, se atraviesa, con apoyo de la reacción, una fórmula exprés de aparente ruptura, popularizada desatando pasiones pero, en su atractiva demagogia, cargada de incertidumbres. A ese dilema se enfrenta Colombia en las urnas el 19 de junio. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humano s Desde el primero de abril hasta el 29 de mayo de 2022 se registran 14 masacres en Colombia, que dejan 50 víctimas mortales en nueve departamentos del país. Norte de Santander (3) y Chocó (2) son los departamentos más afectados. Hay que recordar que a inicios de mayo, el Clan del Golfo decretó un paro armado en varios municipios y departamentos del país, entre estos Chocó, en donde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) viene registrando, desde boletines anteriores, múltiples masacres y hechos de desplazamiento producto de los enfrentamientos entre este grupo armado con el ELN por el control territorial. Hacemos un llamado urgente a la protección de la población chocoana y a los habitantes de los demás departamentos con presencia de Grupos Armados Organizados (GAO) en el país. Algunos de los datos a destacar son: dos de las 14 masacres ocurridas estuvieron dirigidas contra personas que ejercían liderazgo social, seis mujeres fueron asesinadas en cinco del total de masacres, una de las masacres constituye un feminicidio (Beatriz Lizarazo, quien fue asesinada junto a sus dos hijos menores de edad), entre otros. Lea el informe completo con las víctimas de los hechos registrados, los presuntos responsables y los municipios aquí :