Por: Redacción Pares Fue en el 2011, a través de un artículo publicado en el portal Verdad Abierta, donde se escuchó por primera vez el nombre de Juan Gilberto y Luis Gilberto Villegas. En el 2009, después de recibir información sobre ex comandantes paramilitares extraditados, Iván Cepeda, Danilo Rueda y Piedad Córdoba viajan a los Estados Unidos y allí se ven con Salvatore Mancuso quien se desahogó con ellos sobre lo que consideraba la traición máxima del gobierno Uribe: a pesar del apoyo que presuntamente les habían dado los paras al candidato del corazón grande para ser presidente, Uribe no les había cumplido a los paramilitares. Empezaron a escuchar versiones de mandos medios. Uno de ellos en Estados Unidos y en las cárceles colombianas. El senador Iván Cepeda visitaba las cárceles del país no para buscar testimonios contra su némesis, el ex presidente, sino para revisar las condiciones en las que se encontraban. Allí conoció a Pablo Hernán Sierra, alias “Pipintá” quien nombró a los hermanos Villegas y cuyos nombres aparecieron en Verdad Abierta en esta declaración: “A mediados de la década de los 90, se conformó un grupo paramilitar en San Roque (Antioquia), que posteriormente dio lugar al Bloque Metro de las Accu, y que los fundadores de aquel grupo paramilitar fueron, además de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, el empresario ganadero Luis Alberto Villegas Uribe, su hermano Juan Guillermo Villegas Uribe, diputado a la Asamblea de Antioquia, y Santiago Gallón Henao, ganadero y caballista condenado por paramilitarismo”. Catorce años después Pipintá es, junto con Juan Guillermo Monsalve, los testigos estrellas que tiene el juicio que se le sigue a Álvaro Uribe por manipulación de testigos. En una explosiva entrevista publicada por la revista Raya, el ex para afirma que aunque conoció a Uribe por primera vez en 1995, cuando era gobernador y él ya hacía parte de las AUC, el expresidente ha intentado descalificarlo demandándolo en varias ocasiones por supuesta injuria y calumnia. Uribe ha respondido que jamás ha hablado con “Pipintá”. El expresidente ha usado la táctica de descalificar a este testigo porque, en caso de que sea tomado en serio su testimonio, se vería en graves problemas. Dejaría en evidencia sus negocios con Villegas. Los rumores de esta relación han flotado desde el año 2010 cuando se publicó una investigación titulada  Mecanismos de Impunidad en Antioquia: lo que la justicia no quiso ver sobre el paramilitarismo’ de la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación. En este estudio estaba consignado el seguimiento que se le hizo a uno de los negocios de Luis Alberto Villegas llamado Lácteos El Paisa y que estaba ubicado en el barrio Laureles de Medellín. Se tenía la sospecha, después de reiteradas denuncias que provenían del municipio de San Roque, que desde allí funcionaba un grupo armado. Mientras fue gobernador de Antioquia Uribe le dio legitimidad a las Convivir, como estrategia para combatir las guerrillas que azotaban el nordeste de ese departamento. Una de esas Cooperativas de seguridad fue el Cóndor, era manejada por los hermanos Villegas. Esa habría sido la semilla -según testigos como Juan Guillermo Monsalve- donde creció y ramificó el Bloque Metro. El Cóndor recibió su personería jurídica el 18 de noviembre de 1996 a través de la resolución 42378 siendo gobernador Álvaro Uribe Vélez. Según las explosivas declaraciones de “Pipintá” en la revista Raya, los Villegas habrían estado detrás de varios hechos delictivos en el municipio de San Roque. Uno de esos hermanos fue asesinado. Según un artículo de la revista Raya fue ejecutado por el Bloque Metro. Se trata de Luis Alberto Vargas Uribe, hermano de  Juan Guillermo,  ganadero y político antioqueño, íntimo amigo del expresidente quien se hizo conocido en el país por una conversación con él en donde afirma “nos están escuchando estos hijueputas” haciendo referencia a los miembros de la Corte Suprema. Según una investigación de la Fiscalía, obtenida a través del seguimiento que se le hizo al local lácteos El Paisa, se obtuvo evidencia de que los hermanos Villegas  “conseguían desde armas y municiones, hasta la provisión de recursos económicos a partir del cobro de cuotas a diversas personas del Nordeste antioqueño” según documenta el portal Verdad Abierta. Los Villegas fueron dueños de la finca Las Guacharacas después de que los Uribe se la vendieran. En 1996 sufrieron un ataque por parte del ELN, quemaron la hacienda y se robaron seiscientas cabezas de ganado. Según contó Pipintá en su larga entrevista a la revista Raya las masacres del Aro y la Granja serían una retaliación por el ataque a la hacienda de las Guacharacas. Así lo cuenta en el texto: “Todavía no era Bloque Metro, inclusive no estaba conformada la Convivir El Cóndor. Ahí entra el papel de Luis Alberto Villegas. La primera masacre, de julio de 1996, fue en toda la autopista que va hacia Puerto Berrío, frente de una hacienda panelera que se llama La María, muy cerca al corregimiento de Providencia y los predios de la Hacienda Guacharacas. La masacre de septiembre fue con la gente que yo conocí, a ellos los desaparecieron: a Miguel Amariles, un caballista, Fernando Peláez, un comerciante que tenía ferreterías y negocios, había también un menor de edad que yo no conocí, y Álvaro Carmona, un negociante de caballos que recorría las ferias de todos esos pueblos. Yo tomaba aguardiente con él y hacíamos cabalgatas”. Vale la pena recordar que Juan Guillermo forma parte de los testigos que tendrá la defensa de Álvaro Uribe. Su relación con la creación del Bloque Metro es algo que debe aclararse en los próximos meses.

Por: Redacción Pares Aunque intente pasar de agache en los grandes medios el juicio de Uribe, este continúa y se pone álgido. Uno de los testigos claves de la defensa, Mario Uribe, ex congresista primo del expresidente y condenado por parapolítica, reconoció que él fue quien le presentó a Diego Cadena. El pasado 12 de mayo ante la juez Sandra Liliana Heredia dio detalles de cómo conoció al controvertido abogado “Cuando ya vino la pregunta obligada ‘a ver doctor cuente’ en las primeras de cambio, inmediatamente me paré de la silla, me retiré (...) Estuve con Lina un rato, di una vuelta, recogí a Cadena y me vine al aeropuerto. Despaché al doctor Cadena a Bogotá y chao”. Uribe Escobar en su declaración en el juicio apuntó sus misiles contra Iván Cepeda: “El doctor Cepeda, que era por entonces miembro de la Cámara de Representantes, que se decía o todavía se dice defensor de derechos humanos, se fue allá, recogió una versión de ese bandido, la mandó en un disco compacto, dice la Corte, y a raíz de eso me abrieron una investigación preliminar a mí. Esa investigación, señora fiscal, porque no pudo prosperar, no podía prosperar, nada tengo que ver en eso, nunca tuve que ver en eso. Esa investigación fue archivada el 8 de agosto del año 2018″. Hay que recordar la importancia que tiene Mario Uribe para el uribismo. La caída de Álvaro Uribe empezó en los años 2007 y 2008, justo cuando estaba en la cima. Convocatorias como la marcha contra las FARC, en donde las calles de Colombia se llenaron de un blanco inmaculado comprobaban su nivel de conexión con las masas. Triunfos militares contra la guerrilla como la Operación Jaque que terminó con el rescate de Ingrid Betancourt, encendían los ánimos de quien fue votado en el año 2011 en el canal History como el Gran Colombiano. Paralelo a estas victorias caía sobre él una catarata de golpes judiciales que amenazan lo que más cuidaba, su legado político. Ante los medios de comunicación anunciaba que se gestaba un golpe contra la Seguridad Democrática por parte de investigadores, ONG, intelectuales y magistrados como Iván Velásquez que buscaban su caída. En el año 2015, Uribe escribió un memorando de 77 puntos en donde intenta comprobar que desde la Corte Suprema se fraguó un complot contra él. Es que entre el 2007 y el 2008 le estallaron todos los escándalos, las presiones de los gobiernos de Francia y Brasil para que negociara la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien llevaba seis años secuestrada, las declaraciones de Yidis Medina, una ex repartidora de tintos encumbrada a poderes insospechados con tal de que su voto definiera la perpetuación de Uribe en el poder, una parte de la opinión pública, que aplaudía cada una de las decisiones de la Seguridad Democrática, percibía el tufillo a dictadura que podría tener esa obsesión para la reelección. Pero sin duda el golpe que más sintió fue la detención en abril del 2008, de su primo, Mario Uribe. En ese momento Mario Uribe era uno de los hombres más poderosos del país. Uribe había creado en 1985 uno de los primeros partidos que saldrían de los liberales, la Colombia Democrática, junto con su primo Álvaro y el político antioqueño William Vélez. En 1994 consiguen la gobernación de Antioquia para Álvaro Uribe y además logran que Mario Uribe llegara al Senado. No había ninguna duda, los primos eran un tándem poderoso. En el Senado Mario Uribe protagonizó encendidos debates contra la ley que buscaba revivir la extradición de colombianos a los Estados Unidos, la cual había sido prohibida por la nueva Constitución de 1991. Uno de los argumentos esgrimidos por Mario Uribe para que no regresara la extradición era la confianza que había que tener en instituciones como la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Desde esos años ya se le seguía el rastro a Mario Uribe sobre sus alianzas con narcotraficantes. Según Verdad Abierta investigadores judiciales obtienen conversaciones telefónicas con un narcotraficante del oriente antioqueño llamado Pedro Pablo Uribe Henao. Según un informe de la Fiscalía del 17 de julio de 1997, Henao lideraba una organización que enviaba droga de Medellín a Estados Unidos. En continuas ocasiones Uribe Henao le preguntaba a Mario Uribe por el estado del trámite de extradición en el Congreso. En una de ellas contestó: “pues se ha hecho mucho esfuerzo por eso Pedro, pero, pero eso parece inatajable”. La extradición entraría en vigencia de nuevo en noviembre de 1997. En unos cuantos años y gracias a una efectiva campaña mediática su primo, Álvaro Uribe se transforma en uno de los gobernadores con mayor proyección del país. Iniciativas como las CONVIVIR, que fue vendida como una respuesta de la comunidad para combatir los desmanes de la insurgencia, fueron aplaudida en televisión, radio y prensa omitiendo la importancia que tuvo como ficha para las intenciones de legitimarse de las Autodefensas Unidas de Colombia. Las Convivir estaban cobijadas por la legalidad a través del decreto 356 de 1994 en donde se legitimaba a los miembros de esas organizaciones la facultad de utilizar armas y hasta ejercer control en algunos territorios, todo con la excusa de combatir la insurgencia. El 7 de noviembre de 1997 la Corte Constitucional declaró inexequibles apartes de este decreto. Las Convivir fueron la inspiración para que ganaderos de Cesar y Sucre le pidieran a Mancuso replicarlas en departamentos como Cesar y Sucre. Entonces formó su organización, Rodrigo Tovar Pupo, un dicharachero rumbero, amigo de infancia y cuadra de Ricardo Palmera, quien con los años sería Simón Trinidad, se transformaría en el temible comandante Jorge 40, máximo comandante del Cesar. Diego Vecino, su viejo amigo del barrio La Castellana en Montería, sería el mandamás de Sucre. Las Convivir les daba legalidad, por más de que se moleste Uribe, a estos grupos paramilitares quienes pasarían a la ilegalidad en 1997. Cuando esto sucede los miembros de la Convivir se transforman en una cantera de miembros que engrosarían las AUC y ayudarían a su temible expansión. Este exabrupto no deterioraría la popularidad en Antioquia de Álvaro Uribe. Insuflado por la buena imagen que dejó su paso por la gobernación, Uribe aspira a la presidencial en el 2002. Colombia Democrática se divide y mientras Álvaro aspira al cargo por el movimiento Primero Colombia, su primo Mario se presenta al congreso, al lado de William Vélez, con el Movimiento de Renovación de Acción Liberal, paradójicamente llamado por sus siglas: MORAL. Logran entrar al Congreso y  en las elecciones del 2006 quieren reelegirse y entre senado y cámara consiguen cinco escaños. Entonces estalló el escándalo. En ese momento Uribe tenía que enfrentarse además con la inconformidad de los jefes paramilitares que se habían desmovilizado desde el 2004 acogiéndose a los acuerdos de Justicia y Paz. En julio del 2004 Ernesto Báez, Ramón Isaza y Mancuso fueron vitoreados en el Congreso y ellos ya se frotaban las manos creyendo que podrían legalizar las fortunas que hicieron sus ejércitos irregulares convirtiéndose en partido y amparados en la Ley de Justicia y Paz que se tramitaba y en dónde aspiraban blanquear sus fortunas y reputación. Para eso tenían a 52 congresistas de su manga listos a volver ley lo que ellos propusieron. Pero no fue tan fácil. La Corte Suprema de Justicia y magistrados como Iván Velásquez, le dañaron la fiesta a los paras y a Uribe. Por eso Mancuso en el año 2007 se sentía traicionado. El 17 de mayo del 2007, en versión libre con fiscales de Justicia y Paz, Mancuso afirmó que Uribe Escobar se había reunido con él, en la Finca La Capilla, en Tierralta Córdoba, para pedirle ayuda económica y logística previo a las elecciones del 2002. El puente entre Mario Uribe y Mancuso fue la congresista de esa tierra, Eleonora Pineda. El caso de Pineda en Córdoba, como el de Rocío Arias en Antioquia, fue emblemático de la parapolítica. Fueron políticas que alcanzaron votaciones superiores astronómicas a pesar de venir de zonas sin mayor tradición política y con una alta influencia paramilitar. El fenómeno reflejó la presión que ponían las AUC en la comunidad a la hora de pretender conseguir votos. Eleonora Pineda se transformó en una popular esteticista, dueña de un salón de belleza en Tierralta, en la Representate a la Cámara mayor votada del país con 60 mil sufragios. Según el propio Mancuso, en declaraciones que fueron corroboradas por la Corte Suprema en el 2010, cuando ya el ex jefe paramilitar estaba en una celda en los Estados Unidos, ellos, antes de esa reunión en Tierralta, estaban listos para apoyar a Miguel de la Espriella como fórmula de Eleonora Pineda al Congreso, pero después de la reunión con Mario Uribe se convencieron de que él sería el caballo ganador.   Una vez se concretó la reunión Salvatore Mancuso se remangó la camisa y llamó a sus lugartenientes en municipios como Puerto Libertador, Planeta Rica y Montelibano. La misión era ayudarle a Mario Uribe con las elecciones al senado del 2002. La cifra con la que llegaría al senado ese año Mario Uribe fue realmente histórica: 107.099 votos.   Hubo otro desmovilizado de las Autodefensas, Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, que confesó haber tenido reuniones con Mario Uribe en 1998, no para hablar de compra de votos, sino para negociar tierras, conseguidas por los paramilitares, a precios muy bajos. Las reuniones se habrían dado en fincas en los municipios de Sahagún Córdoba y en Caucasia, Antioquia. Una de las obsesiones de Uribe era comprar la finca La Alemania en San Marcos Sucre, según testimonio de Pitirri no le importaba demasiado al congresista comprarla así tuvieran que desplazar a su dueño. La Corte no pudo probar nada de esto.   En el 2006 es reelegido senador por cuarta vez consecutiva con una votación de 66.407 votos. Esta votación no sería un problema para Uribe pero sí la del 2002 que fue tan alta que empezó siendo objeto de estudio para investigadores como los de la fundación Nuevo Arco Iris. Era alarmante que la alta votación se presentara en regiones donde el fenómeno paramilitar estaba desatado. Se abría el capítulo de la Parapolítica. Además a tres de los congresistas que tenía su partido, Colombia Democrática, se les abrió investigación por sus nexos con la parapolítica.     Las investigaciones a su primo por parte de magistrados como Iván Velásquez se convirtieron para Álvaro Uribe en un ataque, una afrenta personal. Uribe estalló cuando su primo, para ser investigado, tuvo que dejar su curul. Uno de los magistrados, César Julio Valencia Copete, afirmó que el mismo día que la Corte llamó a indagatoria a Mario Uribe el entonces presidente, quien se encontraba en Nueva York, le exigió explicaciones al togado por la decisión tomada contra su primo. El ex presidente siempre negó esta llamada. El 22 de abril del 2008 se le emitió orden de captura. Desesperado Mario Uribe buscó refugiarse en la embajada de Costa Rica en Bogotá pero todo fue en vano. Fue capturado y llevado a la Picota. Su primo, el presidente, aparentemente aceptó en un comunicado la decisión de la justicia pero, el entonces ex vicefiscal, Guillermo Mendoza Diago, ordenó su ex carcelación.   Empezó un tire y afloje con la corte que terminaría con la segunda detención de Mario Uribe en mayo del 2010 en Medellín. En su momento negó cualquier participación con Mancuso. Después afirmó que si asistió a la reunión en la finca “La Capilla” con Mancuso lo hizo porque Eleonora Pineda lo llevó allí “de manera sorpresiva”. Mancuso, aprovechando su vínculo con el presidente, le pidió favores personales que el ex congresista rechazaría “de manera cortés”. Otra de las razones que esgrimió para reunirse con Mancuso fue el de generar un puente para unas próximas negociaciones de paz con el gobierno. Esto fue desmentido por el entonces Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo negó al ex congresista se le hubiera dado un aval para hablar con los paramilitares. Pese a la insistencia de su inocencia la sentencia caería sobre Mario Uribe. El 20 de febrero del 2011 la Corte Suprema condenó a Mario Uribe a siete años y seis meses de cárcel además de una multa de 3.481 millones de pesos. El delito por el que se le condenaba era el de Concierto para delinquir. La acusación de la Corte Suprema tomaba en cuenta la cantidad de votos -completamente atípicos- que había recibido Uribe en los municipios de Sahagún, Montelíbano, Planeta Rica y Chinú. Desde entonces Álvaro Uribe extremó sus ataques a magistrados como el actual ministro de Defensa Iván Velásquez. Habló de complot para sacarlo de la presidencia. A los 63 años Mario Uribe tuvo que ver como su barco político se hundía para siempre

Por: Redacción Pares Una serie de cartas en donde el ex canciller Álvaro Leyva juzga al presidente por sus supuestos vicios levantó una polémica no tanto sobre Petro sino sobre la integridad moral del político conservador. No cabe duda que Leyva ha sido un luchador de la paz y que pertenece a un ala progresista dentro de su partido, pero tampoco se pueden olvidar sus orígenes. La historia es ingrata y es caprichosa a la hora de elegir a quien termina abrazando. A Jorge Leyva Urdaneta los pocos conservadores raizales que le quedan a Colombia lo recuerdan como un prócer. Hace unos años en el diario el Nuevo Siglo se recordaba de esta manera el legado de Leyva Urdaneta: “El ganador escribe la historia y la verdad se olvida. Este es el caso de Jorge Leyva Urdaneta: El Grande. Se trata de un conservador que llevó a Colombia de las trochas al modernismo. Pero, como otros inauguraron las obras a Leyva lo borraron de la historia. Por esto, pido la palabra en su nombre”. En el encendido artículo el escritor está tan consumido de pasión que resalta la fidelidad a prueba de fuego que tuvo Leyva con Laureano Gómez. Era uno de los hombres que pertenecían al círculo de confianza de un político al que su beligerancia le hizo ganar el remoquete de “El Monstruo”. Incluso a Leyva le tiraban alpiste en algunos sectores de Colombia. Esto era como símbolo de ser un pájaro. Así le decían a los sicarios en la época de la violencia. Era una manera de la gente de expresarle su rechazo por ser godo y por apoyar a la policía chulavita. Leyva Urdaneta -dos apellidos poderosos, por cierto- fue ministro en cuatro gobiernos conservadores, fue senador, concejal y gobernador de Cundinamarca. En 1950, dos años después del Bogotazo, Laureano Gómez le confía el Ministerio de Obras Públicas. Para los conservadores este ministerio fue poco menos que revolucionario ya que inició el plan vial nacional, y también comenzó la unificación del sistema ferroviario, el plan nacional de aeropuertos. Todo eso se vio interrumpido por el golpe de estado de Rojas Pinilla en 1953. Ahí él se va a Nueva York exiliado junto con su familia, conformada por ocho hijos. Su hijo Álvaro tenía 11 años Durante la dictadura Rojas se apropió -al menos eso dicen los conservadores- de los logros de Leyva. La historia es según quien la cuenta. Dicen que en realidad esos proyectos surgieron de Rojas y no del gobierno ultraconservador de Laureano. También circula la versión de que el papá del ex canciller, como un Fouché moderno, se ofreció para ser ministro de la dictadura pero Rojas lo habría rechazado. Leyva pasaba los días de exilio en Nueva York como buen aristócrata, tocando el violín mientras su esposa tocaba el piano. Cuando regresó al país, en 1958, luego de que cayera el dictador, se postuló dos veces para la presidencia sin mucho éxito. A los 56 años uno de los políticos conservadores más importantes del siglo XX y también más olvidados murió de la llamada gripa de Hong Kong después de una visita a Asia. Muchos se preguntan por el errático comportamiento de Alvaro Leyva después de haber dejado la cancillería y la rencilla que estableció con el presidente, pocos recuerdan que por sus venas lo que circula es sangre azul. El progresismo del que alguna vez hizo gala simplemente se ha diluido.

Por: León Valencia Para qué se pone en esas, Petro, para qué va a China, para qué anuncia que va a firmar un memorando de entendimiento en torno al Cinturón Económico de la Ruta de la Seda , para qué alienta los lazos de CELAC con China, eso es provocar a Donald Trump, eso es arriesgarse a duras sanciones económicas, son frases corrientes de la oposición y los críticos, tantos críticos, de los medios y de las redes sociales, ahora que se realiza en Beiging la Cuarta Conferencia entre China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.   Gran conferencia que encabezan los presidentes de China, Brasil, Colombia y Chile: Xi Jinping, Inacio Lula Da Silva, Gustavo Petro y Gabriel Boric y en la que participan quince cancilleres de la región. Una enorme oportunidad para buscar nuevos caminos de cooperación y nuevos mercados para el desarrollo de nuestro país y de América Latina. Nuestros países lo necesitan y China lo necesita, ante el rumbo incierto y peligroso que ha tomado Estados Unidos.   Sería una solemne bobada perder esta oportunidad que está bañada por una ironía mayor. También Estados Unidos se está reuniendo con China, en Suiza, para intentar apaciguar la tormenta que desató Trump con la imposición de exorbitantes aranceles a la economía del gigante asiático. Darían risa, sino tuvieran, un rasgo lamentable, los consejos de no buscar a China porque se enoja Estados Unidos.   El gobierno colombiano ha hecho bien en ir y esperamos que lo haga bien en el curso de las reuniones de la conferencia y en los diversos encuentros bilaterales. Ya habíamos tenido la oportunidad de firmar la vinculación a la Ruta de la Seda a lo largo del gobierno de Duque y también en el primer viaje de Petro, no lo hicimos, por el mismo temor que ahora difunde la oposición, pero resulta que ya 21 países de la región lo han hecho y algunos de ellos están aprovechando las oportunidades que ofrece este gran mercado.   China está pisando duro en América Latina, recientemente inauguró, juntamente con Perú, el gran puerto de Chancay, para barcos de gran calado, que, sin duda, desplazará a puertos como Buenaventura y Valparaíso en el tráfico comercial con Asia. También esta impulsando la ruta interoceánica Perú-Brasil, un proyecto vial que conecta a los océanos del Atlántico y el Pacífico atravesando el sur de Perú y conectándose con la rede vial brasileña. Estamos obligados a mirar hacia el Sur y hacia el Este en la dura batalla por nuevos mercados.   Ahora la balanza comercial entre China y Colombia es desigual y desfavorable a Colombia y uno de los objetivos del acuerdo tiene que ser equilibrar y crecer este intercambio comercial que será vital para el futuro de nuestro país y de América Latina y el Caribe. Para nadie es un secreto que estamos ante el rápido ascenso de China al primer lugar entre las economías del mundo. Este proceso puede acelerarse ahora con el viraje proteccionista de Estados Unidos. Tenemos una oportunidad de seguirle el paso a los cambios que se están operando en el campo internacional y sería una gran torpeza desperdiciar la ocasión.   El memorando o plan de cooperación entre China y Colombia no es un rígido tratado de comercio, es apenas una guía para orientar las relaciones económicas entre los dos países. Lo que se conoce está en consonancia con nuestros propósitos de desarrollo sostenible, de descarbonización y lucha contra el cambio climático, de reindustrialización y transformación de las inequitativas relaciones sociales del país.   El viaje a China, tengo entendido, se aprovechará también para afianzar los lazos entre los presidentes Lula, Petro y Boric, mandatarios que, junto a Claudia Sheinbaum de México, están liderando un nuevo ciclo de integración de América Latina y una respuesta a la ofensiva de la ultraderecha contra las instituciones democráticas de la región.   Al momento de escribir esta columna apenas está arrancando la conferencia entre China y la Celac y empezando las gestiones bilaterales del presidente Petro, pero el ambiente inicial es prometedor, a la largo de la semana se sabrá más de lo que ocurre en la lejana China y en el país, seguramente, se acentuarán los debates sobre sobre la pertinencia de introducir cambios en nuestra política exterior. Pero, cualesquiera, sean los resultados de estos eventos y búsquedas, lo peor sería

Por: Redacción Pares Hay un dato del Centro de Memoria Histórica: desde 1982 se han encontrado 320 cadáveres flotando en este río. En ese año el MAS, el grupo que armó el cartel de Medellín para darle muerte a los secuestradores, después de que el M-19 decidiera retener a Marta Nieves Ochoa, hermana de Juan David, Jorge Luis y Fabito, capos absolutos de la droga, sembró la semilla del paramilitarismo. Una de sus prácticas era la desaparición, el desmembramiento, echar todo lo que no podían enterrar al río. Eulises Porras, líder comunitario del Sur de Bolívar le hizo esta pregunta al portal Rutas del conflicto: “¿Si el río Magdalena hablara que diría?”. Aunque el primer muerto que vieron bajar por el río con un gallinazo picoteando su vientre fue en 1982 en el sur de Bolívar fue entre los años 2000 y 2004 en donde se vieron pasar muertos flotando en el río. Aunque el Centro de Memoria Histórica dice que fueron 320 cadáveres ¿Quién puede saber exactamente cuántos fueron? En Puerto Triunfo, por ejemplo, hay un lugar conocido como Saca Mujeres. “Los muertos salían por arrumes” le contaron algunas de las mujeres que, desesperadas, ayudaban a sacar pedazos de cuerpos esperando la prueba de que encontrarían al menos una parte de sus seres queridos. La gente en la Dorada, en todas las comunidades bañadas por el rio Magdalena saben que contar muertos que flotan en el río es una labor inútil. El rio con su fuerza, hunde, arrastra, despedaza lo que entra. Nada es lo suficientemente fuerte como para resistir. Muchas verdades que podrían solucionar la angustia de una madre, de un esposo, de una familia yacen en el fondo del río y recuperar esa memoria será imposible. El pasado 12 de mayo la Unidad para las Víctimas acompañó el acto de reconocimiento del Río Magdalena como víctima y sujeto de derechos del conflicto armado. El lugar escogido para hacer este acto simbólico fue en el corregimiento de el Guayabo en Puerto Wilches. También en Barrancabermeja, epicentro de la violencia paramilitar, se llevaron este tipo de reconocimientos. La directora regional de la Unidad de las víctimas para el Magdalena Medio, Paola Daniels, afirmó que si no se hacen este tipo de reconocimientos no se ayudará a la comunidad, la que sigue esperando que el río traiga sus verdades, las heridas seguirán abiertas: “Hagamos acuerdos entre las entidades relacionadas con la atención a las víctimas del conflicto armado y la implementación integral del Acuerdo Paz. Llevemos la justicia transicional a los territorios, implementemos acciones articuladas como entidades estatales que nos permitan brindar garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición a las víctimas del Magdalena Medio”. Luz América López representante de la Corporación Regional para la Defensa de Derechos Humanos (CREDHOS), el Magdalena, por culpa de la ferocidad del grupos armados, se ha convertido en algo muy diferente de un ecosistema. “El río Magdalena no solo transporta peces, lastimosamente, se sabe que muchos cuerpos fueron lanzados a su afluente, algunos fueron encontrados y otros no. Esa fue una de las principales causas por las que quisimos solicitar ante la JEP el reconocimiento del río como víctima. El agua de este río es una fuente de vida y se ha violado ese derecho con la contaminación”. Reconocer que el Magdalena, con la carga simbólica, históricas que tiene para el país -es la arteria más importante- es sujeto de derechos es mucho más que un acto poético, es empezar a llevar verdad a las comunidades cuyos familiares fueron arrojados al río, a los que tuvieron que sufrir la contaminación más despiadada. Estos son los actos que empiezan a sanar una sociedad rota por la violencia.

Por: Redacción Pares Este 13 de mayo partió Pepe Mujica. Un día antes su compañera de vida, Lucía Topolansky, había anunciado que el presidente, próximo a cumplir 90 años, ya recibía cuidados paliativos. Un cáncer de esófago, anunciado en abril del 2024, hizo metástasis en enero de este año lo que hizo que el final fuera inevitable. A continuación repetimos un perfil que publicamos el año pasado. Adiós al gran Pepe:  El domingo 24 de noviembre quedó claro que Pepe Mujica sigue de pie frente a la historia. En meses pasados anunció que tenía un cáncer terminal. Pero lejos de tirarse a morir Pepe saca fuerzas de flaquezas. Su legado está intacto. Su legado es de acero. Es que en esa fecha uno de sus discípulos más aventajados, Yamandú Orsi, quien vivió sus primeros años de vida en una casa sin luz eléctrica, era el nuevo presidente del Uruguay. Su familia vivió los rigores de una sociedad desigual como ha sido la uruguaya. Duró años inmovilizado por culpa de una hernia discal que sufrió por culpa de su trabajo en una bodega donde se hacía vino. Paralelo a sus estudios Orsi tuvo que ayudarle a su familia con el trabajo en un almacén. Orsi, marxista confeso, le ha agradecido toda su vida a Pepe Mujica su entrega para que Uruguay sea un lugar mejor. Mujica va a ser en estos días distinguido con la Cruz de Boyacá. El cáncer es sólo un nombre más en la larga lista de dificultades que ha tenido que sortear pero llegar a donde está. Mujica va a ser eterno, eso lo sabemos. Toda la gloria se resume en su libertad para cultivar flores en su granja en las afueras de Montevideo donde convive con su compañera Lucía Topolanski, tomando mate, cantando una y otra vez los tangos que aprendió en sus derrotas. “Sólo un hombre que ha perdido sabe de la belleza del tango” Le dijo alguna vez al cineasta Emir Kusturica.n Sus seguidores están preocupados desde que abril anunciara en una rueda de prensa que está perdiendo la batalla contra el cáncer. Pocos dirigentes en este maltratado continente han tenido su honestidad. Mientras fue presidente Mujica donó el 70% de su sueldo mensual para ayudar a construir las casas para los  que no tenían nada. Cuando Tabaré Vásquez, su discípulo y de quien fue su ministro de ganadería, agricultura y pesca y además el hombre que le hablaba al oído, llegó a la presidencia del Uruguay, el 39% de sus habitantes vivía en la pobreza. La cifra se bajó, diez años después, al 9%. Pero a Pepe le preocupaban más que los indicadores económicos los problemas morales que tenía el mundo. Uno de ellos, la avaricia de los ricos. Alguna vez le preguntaron ¿Qué haría si tuviera los 85 mil millones de dólares que tiene Carlos Slim? Y él respondió, mordaz, “haría lo que hace él, averiguar quién me está robando”. Después de las risas obligadas de la respuesta, con mayor seriedad, afirmó que se preocuparía por salvar el mundo, por llevar agua salada a la mitad del Sahara, crear ríos en la seca Mongolia aprovechando el deshielo en África, volver habitable el agreste paisaje de La Patagonia. No importa la ideología, Pepe es respetado hasta por los más encarnizados políticos de la derecha. Es tal ese respeto que hasta Milei, siempre dado a la reacción, se quedó callado cuando Mujica expresó, después de su incongruente y peligroso discurso en Davos, que era un “Ideólogo fanático”. Pepe fue guerrillero. Perteneció desde 1965 se unió al movimiento guerrillero de Los Tupamaros y cuenta, con su habitual desparpajo, que participó en acciones militares como asaltar bancos. “La única forma de que te respeten en un banco es entrando con una nueve milímetros en la mano” dice con su habitual humor negro. Nunca mató a nadie, pero en un enfrentamiento con la fuerza pública recibió seis tiros. Desde hace cincuenta años le extirparon medio pulmón por esos disparos. Los otros tiros fueron en las piernas, en los brazos. Lo atraparon y lo metieron a la cárcel. Decir a la cárcel es poco. La dictadura civico-militar del Uruguay tuvo el descaro de llamar rehenes a los presos políticos que metía en ese centro de tortura que fue Punta Carretas, hoy convertido en un elegante centro comercial. Duró preso 13 años, desde 1972 hasta 1985. Allí fue sometido a torturas indecibles. Cuando lo liberaron no odio a nadie. Fue senador, ministro y después un presidente ejemplar, famoso por manejar su propio auto, un escarabajo azul clarito que se convirtió en todo un símbolo. Cuando era presidente de su país salía a tomar vino a cualquier bar y allí se encontraba con contradictores a los que le discutía con apasionamiento, como si fuera un vecino más. “Vos no podés mandar como si fueras un rey, la democracia en estos países parece una monarquía, todo se hace con alfombras rojas, con elegancia. Hay que vivir como una persona normal y dar ejemplo”. Lejos de cualquier tipo de resentimientos, de venganzas, Mujica gobernó para todos y se fue cuando se tuvo que ir, cuando se cumplió su periodo de gobierno de cinco años, en el 2015. Una de las pocas cosas que se arrepiente fue no haber tenido hijos. Por eso, su granja en las afueras de Montevideo se las dejará a una asociación de campesinos que se acostumbraron a trabajar su tierra. Siempre fue el mismo, desparpajado, único, lejos de los excesos, de la megalomanía de tantos presidentes de izquierda. Con su habitual naturalidad, como si estuviera hablando de cultivar flores, avisó en abril lo siguiente “concurrí al Casmu (Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay) a hacerme un chequeo, a resulta de lo cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago” y con realismo no le dio mucha esperanza a sus seguidores: “Es algo obviamente muy comprometido. Es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó, entre otras cosas, los riñones”. Sin embargo en los últimos meses han pasado, entre otras estrellas mundiales, Residente, por su chacra en Uruguay y él sigue lúcido, ahora disfrutando de la victoria de uno de sus discípulos más queridos.

Por: Linda Y. Posso Gómez Coordinadora Oficina Regional Pares Pacifico El Espacio de Conversación Sociojurídico en Buenaventura fue instalado formalmente el 18 de julio del 2023 y varios cambios se han suscitado hasta la fecha, entre los que resaltan, el hundimiento del proyecto de Ley de sometimiento, con el que el gobierno pretendía darle sustento jurídico a la política de Paz Total; la salida de Danilo Rueda de la OCCP que derivó en la llegada de Otty Patiño en su reemplazo; y con ello, el cambio de los delegados de gobierno. Así las cosas, el congresista Alejandro Ocampo fue sustituido como jefe de la delegación de gobierno por Fabio Ariel Cardozo Montealegre, un experimentado en el tema quien fuese gestor de paz y secretario de Paz departamental durante los gobiernos de Ubeimar Delgado y Dilian Francisca Toro y secretario de paz municipal durante la alcaldía de Jorge Iván Ospina. Rápidamente el nuevo jefe de la delegación reconfiguró su equipo, de 9 delegados de gobierno se pasó a 5, y llegaron al espacio sociojurídico tres nombres nuevos: Adriel Ruiz y Laura Fúquene, quienes ya conocían el espacio sociojurídico por su rol de asesores en la mesa, el primero de Monseñor Ruben Darío Jaramillo y la segunda del ex delegado Luis Guillermo Perez; y Jhon Henry Arboleda, un académico del pacífico colombiano con experiencia en paz urbana. Mientras que, de los antiguos delegados, solo continúo Jesus Florez otro académico vallecaucano. Este sería lo que Fabio presentó como un equipo ‘más técnico y académico’, y su primer objetivo fue darle una renovación al proceso de paz urbana en Buenaventura que merece ser examinada. En entrevista de Pares Pacifico con la delegación de Gobierno, su relato da cuenta de una transformación ‘sustantiva’ en la forma como se concibe e implementa la estrategia de paz urbana: la delegación ha planteado que este proceso ya no es concebido como una mesa cerrada entre estructuras criminales y representantes estatales, sino como una dinámica territorial más amplia, orientada al desescalamiento de violencias, el fortalecimiento comunitario y el desmantelamiento progresivo de las estructuras armadas.  Pero ¿cómo va ese proceso? Del hermetismo al reconocimiento: ¿realidad o discurso? La actual delegación reconoce que, en su fase inicial, el proceso estuvo centrado en una tregua que heredaron, tuvieron dificultades para lograr la articulación interinstitucional y casi nula conexión con la ciudadanía. Por supuesto, ese hermetismo generó que la sociedad civil se pronunciara  exigiendo mayor participación, como lo venían teniendo, pero no solo eso, sino también la creación de estrategias y mecanismos de seguimiento que dieran cuenta de los avances y retos en el proceso. Para los delegados, esa es una etapa ya superada, afirman que reconocen la importancia de contar con una comunidad activa y partícipe en la construcción de paz urbana y esta no se limita al espacio sociojurídico.  Algo que resulta ser cierto ya que se ve un interés por dialogar con la comunidad o al menos intenta un enfoque de puertas más abiertas. A la fecha se han desarrollado diversas reuniones con lideres de la Ruta Humanitaria, Juntas de Acción Comunales, ediles y otros liderazgos en el territorio. Se han desarrollado dos encuentros que serían espacios para dinamizar la construcción del mecanismo para el seguimiento y monitoreo de los acuerdos del espacio sociojurídico, una deuda que tiene la delegación con la ciudad, pero que todavía es incierto cómo se hará ese seguimiento, y que rol tendrá cada actor, por lo complejo que resulta. Sin embargo, hay quienes sostienen que el espacio sociojurídico se ha debilitado, y no señalan a los actuales delegados, sino que apuntan hacia más arriba responsabilizando y atribuyendo una falta de interés al comisionado Otty Patiño. Y en términos comparativos pareciese ser cierto, la mesa tuvo en sus inicios un despliegue institucional bastante importante, la misma OCCP contaba con un equipo de más de 20 personas en terreno acompañando y rodeando a la delegación de gobierno y la mesa, además de constantes visitas ministeriales, eventos y presencia institucional en los barrios, lo que ayudó a sostener bajas las cifras de homicidios. Pero la actual delegación se enfrenta a un escenario más adverso, la oficina de la OCCP redujo su equipo de 20 a 1 persona en el 2024 y para este año (2025) prácticamente cerró su oficina, delegando la responsabilidad que tienen sobre la delegación que pareciera deben hacer las veces de delegados de paz y funcionarios del comisionado. En las calles y reuniones y encuentros con la comunidad ya no se ve ese despliegue, sino a Jhon Henry y eventualmente a Adriel solos recepcionando cientos de quejas y propuestas que casi siempre se salen de su alcance como delegados, mientras que las relaciones con otrora aliados como la ONU Verificaciones tampoco pasan por su mejor momento, lo que se deriva en menores posibilidades de conseguir los objetivos trazados desde la delegación.  Si bien no se puede desconocer el esfuerzo de los actuales delegados de gobierno, todo podría quedar en buenas intenciones sin las condiciones adecuadas por parte del Gobierno Nacional o a lo que se rehúsa Cardozo: que la finalidad del espacio sociojurídico sea solo sostener una tregua entre las estructuras criminales. ‘La tregua’ y otras preguntas que siguen abiertas… Son varias las controversias que ha causado las declaraciones del jefe negociador sobre la tregua en Buenaventura. Para él, no es un mecanismo eficaz para la disminución de las violencias, por el contrario, afirma que con la ‘tregua’ las estructuras armadas fortalecieron su capacidad de control criminal, es decir, se configuró un escenario menos complejo para el desarrollo de acciones delictivas, para las economías ilegales, incluyendo la extorsión. Hay una autocrítica ante esta situación, que manifiesta que la paz aparentemente fue, en realidad, una forma de administración criminal del orden local. Mientras hubo disminución de homicidios, sigue la pregunta sobre el aumento de las desapariciones. La delegación habla abiertamente de la existencia de una ‘gobernanza criminal’ en Buenaventura, elevan una alerta – que no es nueva - sobre un aparente matrimonio entre lo ilegal y lo legal. Se reflexiona constantemente sobre los entramados criminales que dan lugar a las violencias en el territorio, y la necesidad de desmantelar todas las estructuras. No obstante, este reconocimiento que es valioso por su frontalidad deja más preguntas que respuestas: ¿cómo se enfrenta políticamente esa forma de gobernanza Criminal?, ¿qué capacidades institucionales se están construyendo para desplazarla? ¿Cuál es realmente el alcance del espacio sociojuridico? Por otro lado, hay una afirmación que también llama la atención, la delegación sugiere que el problema de fondo que atraviesa la Paz Urbana no es necesariamente la falta de una ley de sometimiento, dado que, para el caso de Buenaventura, el grueso de quienes se encuentran vinculados a las estructuras criminales son jóvenes que no tienen problemas judiciales versus una minoría que sí, pero que pueden ser resueltos con las herramientas que brinda la justicia ordinaria.  Al respecto resulta importante cuestionarse entonces ¿Dónde está el cuello de botella?, es decir, si el problema no es estrictamente la ausencia de una ley de sometimiento, entonces ¿qué condiciones institucionales, sociales y políticas están obstaculizando el desmonte y sometimiento de las estructuras? Aunque la ley de sometimiento no es lo único que determina el avance del proceso, sí es importante, y lo cierto es que hoy, no existe realmente una caracterización de las estructuras que permita dar cuenta en términos reales de la veracidad de estas presunciones.   Entre tensiones y voluntades Al difícil escenario expuesto que se enfrenta la delegación de gobierno se suma uno nuevo: este sábado el 10 de mayo del 2025, la armada Nacional reportó la captura de cuatro presuntos integrantes de los Shottas por delito de secuestro simple, lo grave de la situación es que entre los capturados se encontrarían los dos voceros de esta agrupación ante el espacio sociojurídico, se trata de alias “William” y Alias “Jimmy”. Un golpe profundo al futuro del proceso de Paz Urbana en Buenaventura. Con este nuevo contexto y la conocida situación jurídica de alias “gordo lindo” (Vocero de los Espartanos) que no pudo ser resuelta, técnicamente el espacio de dialogo sociojuridico, hoy no existe o se encuentra en vilo. Lo que existe son diálogos bilaterales entre la delegación y aparentemente los mandos medios o algunos jefes de las estructuras. Aunque la delegación señala logros importantes como el acuerdo de no reclutamiento, vinculación y uso de niños y niñas, la construcción de un mecanismo de verificación para el seguimiento a ese acuerdo y la inclusión del enfoque de género, las múltiples vulneraciones del acuerdo de no agresión entre estructuras criminales, además de las diversas dificultades existentes entre voceros y -principalmente- el jefe de delegación, son factores que inciden en la dificultad para sostener el espacio sociojurídico. No obstante, es de reconocerse que las ‘nuevas estrategias’ de la delegación intentan reimpulsar el proceso. Pero, a un año de terminar el actual Gobierno, esta renovación aún no se traduce en transformaciones tangibles para las comunidades más afectadas. Si bien el discurso es elocuente y los aprendizajes institucionales son evidentes, los avances son todavía escasos: no se ha consolidado un marco legal diferenciado, las estructuras armadas continúan operando con poder real, la tregua se ha roto y los diálogos son cada vez más unilaterales, sin mecanismos activos de seguimiento y monitoreo que permitan verificar el cumplimiento de los acuerdos. Hacemos un llamado al Alto gobierno en cabeza de Otty Patiño, a todos los actores Institucionales, departamental y local; al pleno del sector privado y de sociedad civil, a abrazar y rescatar el proceso de paz urbana en Buenaventura, uno de los pocos que, a pesar de las dificultades, tiene mayores posibilidades de dar resultados.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia La cuota de administración por vivir en Antioquia está subiendo en el 2025. Desde enero, mediante la Ordenanza Departamental 50, el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón Cardona, estableció un costo adicional a los habitantes de este territorio. La norma le permitió crear una Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.   Aunque el impuesto no es nuevo en Colombia —pues la vienen implementando los departamentos de Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar y Sucre, y próximamente en Santander— la Gobernación de Antioquia lo presenta como una gran innovación social. Un impuesto con el que el gobernador intenta seguir manteniéndose a la vanguardia en el manejo de lo público, atacando y cuestionando las propuestas del Gobierno nacional.   Ahora coloca en la opinión pública la tesis de que son las gobernaciones y no el Estado central a quien le corresponde invertir en los policías y soldados del país. Busca con el nuevo impuesto defender la idea de que son los gobernadores y dirigentes de los niveles descentralizados los que deben garantizar la seguridad de los colombianos, como si el Estado central fuera incapaz.   El mandatario regional no quiso desaprovechar el poder mayoritario que tiene entre los miembros de la Asamblea Departamental para que le aprobaran en diciembre de 2024, sin mucha discusión y crítica, un nuevo tributo para los antioqueños que viven en los estratos  4, 5 y 6, y para los sectores industrial, comercial y oficial.   Además, está recurriendo al sentimiento de solidaridad que tienen los “paisanos” con la Fuerza Pública para que paguen cumplidamente en el primer trimestre de 2025. Pues, según insiste, estamos en un contexto donde se ha incrementado la violencia contra “nuestros soldados y policías” y se requiere un dinero adicional para financiar los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura, con más cámaras de seguridad e infraestructura para el patrullaje, el monitoreo y la movilidad estratégica.   Con este nuevo impuesto, el gobernador de Antioquia está dejando claro que su apuesta, como administrador de lo público, es la seguridad. Una idea con la que ha sido coherente desde hace más de una década atrás, cuando ha ocupado cargos públicos: durante la administración del gobernador Luis Alfredo Ramos, cuando fue secretario de Gobierno entre 2008 y 2012. También como alcalde de Rionegro, entre 2016 y 2019, se comportó de esta misma manera.   Y ahora lo hace nuevamente como gobernador del departamento de Antioquia y miembro del partido Centro Democrático.  Una apuesta que le ha servido para ponerla de bandera de su programa de gobierno —la seguridad para la región— y que lo acerca cada vez más con la ideología de los miembros de su partido. Lo que asegura el apoyo popular, en un departamento donde cuenta con mucho respaldo el uribismo.   El gobernador ha sido claro que este “apoyo a la Fuerza Pública” es obligatorio. Y que de no ser pagado, en los plazos estipulados por la Secretaría de Hacienda, comenzarán a imponerse las sanciones a partir del 15 de junio: primero con un interés de mora, equivalente a la tasa de usura determinada por la Superintendencia Financiera con una moralidad de crédito de consumo menos dos puntos; y luego con  cobro coactivo de embargos de activos y de productos financieros.   El gobernador Andrés Julián Rendón no quiso en esta ocasión acudir a la libre y espontánea solidaridad de los antioqueños y antioqueñas para recoger el billón de pesos que recogerá con el impuesto, tal como lo quiso hacer con la “vaca” para las vías del departamento, sino que recurrió al poder que le ofrece la Constitución —de producir normas— para recoger el dinero de forma obligada, incluso, amenazando con los cobros coactivos.   Como ocurre siempre con las propuestas del gobernador, los críticos han sido pocos. En un inicio, algunos diputados —una vez radicado el Proyecto de Ordenanza número 27, el 28 de junio de 2024— hablaron de lo desafortunado de la propuesta, pues le faltaba comunicación y socialización; además, se estaba en un momento difícil para los consumidores de energía y para las empresas, todos ellos muy golpeados por la situación, que pone en riesgo la inversión.   Y luego, paradójicamente, la principal crítica vino del mismo político que tanto lo apoyó en su elección como gobernador. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no le aceptó a Julián Rendón que se pusiera en la factura de los servicios que presta las Empresas Públicas de Medellín (EPM) el valor adicional. Para Gutiérrez, quien es el presidente de la compañía y está al frente de la Junta Directiva, la tasa puede ser leída por los consumidores como un incremento en el precio del servicio, lo que haría que se redujera el consumo de energía.   Además, el gobernador y los asambleístas no pueden subvertir las atribuciones constitucionales que se le han dado a las comisiones de regulación para poner tributos en el pago de servicios públicos domiciliarios. Es la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) la que está encargada de cambiar fórmulas tarifarias y establecer cobros adicionales, impactando planificadamente la economía.   Sin embargo, la Asamblea Departamental y la Gobernación de Antioquia hicieron caso omiso y buscaron saltarse la norma. La Ordenanza Departamental 50 mantuvo la idea inicial de calcular el impuesto de acuerdo al consumo mensual de energía en kilovatios hora (kWh) —consumo mensual de energía (kWh) x Tarifa x Unidad de Valor Tributario (UVT)—; pero el cobro lo hace sin usar la factura de servicios públicos, lo envía a los hogares por medio del correo.   Está estratagema, le está permitiendo a la Gobernación una asignación proporcional al uso real de los servicios, afectando a las empresas de servicios públicos y a los consumidores de energía, pero recogiendo de manera obligatoria los impuestos. Es decir, la gobernación está obligando de forma unilateral a los consumidores de energía a que se solidaricen de manera obligada y mensual con la Fuerza Pública.    Lo hace con una tasa poco socializada e impuesta de manera unilateral. Medidas a las que hay que ponerle mucho cuidado desde la ciudadanía y pedirle al Estado que las controle. De lo contrario estaríamos aceptando la idea de que como el dinero es regional, también el control de la Fuerza Pública y del sistema carcelario debería serlo, lo cual traería consecuencias nefastas para el país. Finalmente, esperemos que está tasa no haya llegado para quedarse.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Arnold Cruz En Colombia, los derechos de niños, niñas y adolescentes están consagrados en normativas como la Ley 1098 de 2006 y respaldados por tratados internacionales. Sin embargo, estas protecciones se ven constantemente amenazadas, especialmente en los contextos de conflicto armado, donde el reclutamiento y la utilización de menores representan una de las vulneraciones más atroces y persistentes. El reclutamiento infantil no solo despoja a los niños de su infancia, sino que los obliga a asumir roles devastadores y peligrosos. Las cifras de casi 1500 menores reclutados en Colombia desde el Acuerdo de Paz, reflejan una realidad alarmante: niños y niñas arrancados de sus comunidades para ser utilizados como combatientes, mensajeros, espías e incluso víctimas de violencia sexual. Este crimen, documentado por instituciones como el ICBF, no solo destroza vidas individuales, sino que también fractura la cohesión social y cultural de las comunidades afectadas, comprometiendo su pervivencia y futuro. El impacto de este delito es desproporcionado. Los menores no solo sufren las consecuencias físicas y psicológicas directas, sino que también enfrentan dificultades para reintegrarse socialmente una vez desvinculados. Su educación, salud y estabilidad emocional quedan profundamente afectadas, perpetuando un ciclo de vulnerabilidad y exclusión. Pese a los esfuerzos legales y políticos, como el Decreto 4633 de 2011 y la adhesión al mecanismo de monitoreo de la Resolución 1612 de 2005 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la respuesta sigue siendo insuficiente. El desafío no radica únicamente en la sanción de los perpetradores, sino en construir un entorno que prevenga este crimen desde su raíz. Es necesario fortalecer los programas de protección y prevención, garantizar una atención integral para las víctimas y, sobre todo, involucrar a las comunidades en la construcción de soluciones sostenibles. El reclutamiento infantil es más que una vulneración de derechos: es una herida que desgarra el tejido social y cultural. Si queremos garantizar un futuro donde los niños puedan crecer y prosperar, debemos colocar su protección como una prioridad absoluta y tomar acciones contundentes contra este flagelo.

Por: Redacción Pares La llegada de Petro a Beijing generó un escándalo entre gremios y opositores del gobierno. El pasado 12 de mayo llegó el presidente a estar al frente de la reunión que tendrá la Celac en ese país. La idea es ingresar a la nueva Ruta de la seda, China ya tiene una amplia participación e influencia en el continente hasta el punto de que Colombia es uno de los pocos países que no tiene un tratado comercial con el gigante de oriente. A pesar de eso las exportaciones a ese país ya suman más de dos mil millones de dólares al año y es el cuarto país del mundo con el que Colombia mantiene un constante flujo comercial. Encerrado por Estados Unidos, quien tiene bases militares en países limítrofes con China, y limitado por una producción de petróleo que no alcanza para abastecer su consumo interno, el dragón necesita conectarse con el mundo. Por eso lanzó, desde el 2013, su intención de reestablecer La ruta de la seda. Hace 2.200 años China emprendió la tarea de comunicarse con el mundo a través de una ruta comercial que iría desde Xian, antigua capital imperial, hasta Constantinopla, hoy Estambul. Eran cerca de 8.000 kilómetros que pasaba por toda Eurasia. La ruta se fue desvaneciendo por la sucesión de diferentes imperios y renace dos milenios después de la mano de Xi Jinping. A Colombia le conviene estrechar lazos con China. Es un mercado que viene siendo mirado como una alternativa desde los años en los que Ernesto Samper era presidente. A pesar de la necesidad de tener como aliado comercial a China muchos empresarios contrarios a Petro criticaron la iniciativa y temían que vinieran repercusiones económicas con el gobierno Trump. Esto no será así. La guerra comercial que sostenían las dos potencias ha bajado decibeles. La reunión en Ginebra, Suiza, sostenida entre la diplomacia de las dos países, dio como fruto llegar a un acuerdo que reducirá significativamente los aranceles mutuos a la importación durante un periodo  de 90 días. La reducción de estos aranceles será de un 115%. El presidente Trump había impuesto un arancel del 145% a las importaciones chinas, mientras que Beijing respondió con un gravamen del 125% sobre algunos productos estadounidenses. Esto le favorece a la movida comercial del actual gobierno ya que Washington no tendría argumentos para asumir algún tipo de represalia por la iniciativa de Petro de intentar ingresar a la Ruta de la Seda. Esto le traería beneficios comerciales al país, ya que se abriría un mercado que tiene a 1.500 millones de personas y en lo económico beneficiará a sectores como la salud, y algunas iniciativas que buscan un planeta más limpio como la descarbonización, la transición energética justa y la búsqueda de energías limpias. Colombia por fin está entrando con todo a la órbita del mercado chino.

Por: Redacción Pares Hace un año el ex presidente uruguayo anunció que padecía un cáncer de esófago. A sus 88 años las posibilidades de recuperarse eran remotas. Pocos líderes latinoamericanos han despertado la admiración unánime. Incluso sectores de la derecha retardataria han exaltado su frugalidad, su sencillez de anacoreta. Han pasado por alto incluso aspectos de su vida que a otro personaje le hubieran cobrado caro. Uno de ellos fue su militancia en la guerrilla de su país. En los años sesenta, junto a su esposa, Lucía Topolansky, fue parte del movimiento de liberación nacional-Tupamaros. Su historia ha inspirado el interés de grandes cineasta como Emir Kusturica. Es una especie de Mandela de este lado del mundo. Su detención entre 1972 y 1985, en condiciones extremas, terminó disparando su carrera política. Desde 1989 fue senador, después ministro y en la primera década de este siglo consiguió la presidencia del Uruguay. El próximo 20 de mayo cumplirá 90 años. Este 12 de mayo Yamandú Orsi, presidente de Uruguay y discípulo de Mujica, confirmó que el expresidente se encuentra en un estado terminal y ya recibe cuidados paliativos. Pepe se apresta para el viaje final. Lucía, desde su chacra en las afueras de Montevideo, confirmó que su estado de salud empeora de manera irreversible. Con entereza Topolanky afirmó lo siguiente: "Yo estoy hace más de 40 años con él y voy a estar hasta el final; eso fue lo que prometí". Fue el 29 de abril del 2024 cuando Mujica anunció que el tumor que se le había encontrado en el esófago era maligno. Esto, sumado a una enfermedad inmunológica que padece desde hace veinte años, sentenciaban su futuro inmediato. En enero del 2025 anunció que el cáncer había hecho metástasis en el hígado. Las posibilidades se reducían a unos cuantos meses. Su esposa ha pedido que, a pesar de la figura tan atractiva de Pepe, los medios los dejen tranquilos durante los últimos días que pasará en la tierra el gran Mujica. Difícilmente se volverá a disfrutar en este continente de un ícono de limpieza y coherencia política. En su chacra campesina recibió a estrellas de la música como Residente y al astro del fútbol Diego Maradona. Siempre con su mate, sus ojotas y su camisa por fuera. Con Pepe termina una era. El mundo y sobre todo la izquierda, quedará un poco más solo, un poco más triste.

Por: Redacción Pares Una fuerte resistencia se le formó entre empresarios colombianos por la decisión que tomó la semana pasada el presidente Petro por hacer un memorando de entendimiento con China. En plena guerra de aranceles profundizar acuerdos económicos con el dragón asiático es una necesidad imperante. Apenas se supo de esta intención del gobierno colombiano se encendieron las alarmas desde Estados Unidos. Desafiante, el enviado especial del Departamento de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver Carone, y el encargado de negocios de la embajada norteamericana, John McNamara fueron más que amenazante: si Colombia quiere abrazar a China será una gran oportunidad para las flores ecuatorianas y el café de Centroamérica. Sin embargo en los últimos días las relaciones entre Estados Unidos y China parece mejorar. Una vez más Trump demuestra la inestabilidad de sus decisiones. A pesar de haber anunciado una guerra comercial con China, en Ginebra la diplomacia ha funcionado. Se reunieron el domingo 11 de mayo y pudieron limar asperezas entre las dos potencias. Entrar a la nueva ruta de la seda es mucho más que una pataleta del presidente contra Trump. Es entrar en el futuro. China tiene acuerdos con más de 135 países para revivir una ruta que empezó en el año 206 antes de cristo, es decir, hace 2.206 años. Era una ruta en la que se abarcaban 8.000 kilómetros y que llegaba a Estambul. Los principales puntos por los que pasaba la ruta de la seda eran Xian, se pasaba por un desierto, el de Takla Maklan, Afganistán, Kirguistán y Pakistán. Continuaba por el Levante y atravesaba el Meditarranio. En ese momento Estambul era Constantinopla. A pesar de las advertencias de Estados Unidos no es ninguna excentricidad que Petro, quien llegó a la China este 12 de mayo, quiera profundizar las relaciones con China. A este país llegó en una delegación con 16 funcionarios. Entrar a la Ruta de la China es abrirle la puerta a necesidades que exige el mundo. Una de ellas es la Transición energética de la que China es potencia, además de acelerar el proceso de la descarbonización. Históricamente Colombia ha estado ligada a Estados Unidos y los empresarios obviamente sienten temor por posibles represalias por parte del gobierno norteamericano quien, una vez ejerció su segundo mandato, después del 20 de enero, ha demostrado ser especialmente brutal con los países que ellos consideran no están alineados con sus ideales. Parte de los gremios advierten de los riesgos por jugársela por China: “China no es reconocida internacionalmente como una economía de mercado, lo cual plantea serias dudas sobre la transparencia, la equidad y las condiciones de competencia”. Así lo advirtió María Claudia Lacouture, presidente de AmCham Colombia. Lo que pide la doctora Lacouture, lo que teme, es que  esta decisión surja de un análisis reposado, mucho más allá que una pataleta contra un gobierno tan difícil de llevar como es el de Donald Trump: “Es crucial que estas decisiones se basen en un análisis riguroso de beneficios y riesgos, priorizando siempre el interés nacional y la estabilidad de las relaciones existentes, especialmente con socios estratégicos como Estados Unidos. La diversificación de relaciones internacionales debe orientarse hacia la obtención de beneficios tangibles para los colombianos, sin comprometer los principios fundamentales que rigen nuestra economía y política exterior”. Una de las primeras reacciones de Petro apenas llegó a Beijing fue la de afirmar la independencia de Colombia en sus decisiones. Si bien en su primera visita, en octubre del 2023, quiso firmar el ingreso del país a la Ruta, no lo hizo por lo que él llamó un error de su entonces canciller Álvaro Leyva. Ahora parece que será un hecho, Colombia ingresará a la milenaria ruta comercial.