Por: Línea de investigación de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Pares Destaca a Lía Dalila Muñoz, la primera persona transgénero del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, en obtener una cédula que refleja su identidad de género: mujer. Lía es una de las caras más visibles de la lucha por la visibilidad de las identidades diversas en su pueblo, uno de los más conservadores del departamento. Actualmente, Lía hace parte de la Escuela de Liderazgo Juvenil con énfasis étnico y territorial de Pueblo Rico de la Fundación Paz & Reconciliación. Cuenta Lía que su mayor sueño es salir a la calle vestida y maquillada como mujer, y no ser discriminada.

Por: Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) El presente boletín tiene como objetivo visibilizar la violencia letal cometida contra personas defensoras del ambiente y el territo rio en Colombia y Perú a partir de 2020, año que marcó un hito en la degradación de la violencia contra las defensoras y defensores, así como el inicio de un crudo ciclo de violencia contra esta población que no se detiene. En los primeros cuatro meses de 2022 (enero-abril), en Colombia los asesinatos contra líderes ambientales aumentaron 150% en comparación con el mismo periodo en 2021. El panorama es similar en Perú, pues entre enero y abril de 2022 se cometieron la misma cantidad de asesinatos contra defensores y defensoras del medio ambiente que durante todo 2021. Estos indicadores son aterradores y nos obligan a reflexionar con urgencia sobre la situación humanitaria de los y las defensoras del medioambiente. En el horizonte está la posibilidad de lograr un cambio para bien en la defensa de estos liderazgos: la ratificación del Acuerdo de Escazú, el primer tratado en el mundo que propone tratar y mitigar la violencia contra activistas ambientales. ¡Necesitamos la ratificación del Acuerdo de Escazú ya, en los congresos de Colombia y Perú! Te invitamos a conocer el boletín completo sobre la violencia letal contra liderazgos ambientales en Colombia y Perú aquí :

Por: Laura Vanesa Prieto Pinto, Investigadora Nacional Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana La gestión pública de la seguridad en Colombia tiene al menos dos grandes dimensiones: en primer lugar la nacional, que busca garantizar la soberanía de las instituciones del Estado en el territorio, a través de un enfoque multidimensional y con el fin de fortalecer la legitimidad estatal, el régimen democrático, el respeto por los derechos humanos y la construcción de legalidad, por medio de la clasificación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) (Gobierno de Colombia, 2019, p. 5). En segundo lugar, la ciudadana, la cual está ligada a la convivencia y busca la protección universal de los ciudadanos, en especial contra el delito violento y el temor a la inseguridad, garantizando el derecho a la vida, la integridad, la libertad y el patrimonio económico (DNP, tomado el 13 de mayo de 2022). Los garantes de la primera dimensión, la nacional, son las Fuerzas Militares (Ejército, Fuerza Aérea, Armada) y el Gobierno Nacional, mientras que para la dimensión ciudadana están delegadas la Policía Nacional y las autoridades locales. Ambas dimensiones se encuentran enmarcadas en las disposiciones de la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad; sin embargo, su gestión tiene algunas diferencias en términos presupuestales y administrativos. A pesar de que existen los lineamientos de la Política de Seguridad y Defensa (PDS) y la Política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana que orienta la formulación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) en los niveles departamental y municipal; los gobiernos descentralizados tienen autonomía a la hora de formular los PISCC e implementar políticas públicas de convivencia dentro de sus planes de gobierno. Cabe señalar que las acciones de seguridad ciudadana, particularmente los PISCC, deben estar enmarcados en dichos lineamientos; sin embargo, muchas veces estos no lo están. En lo referente a la asignación presupuestal, vale la pena resaltar que, a pesar de que los recursos para la administración de la seguridad buscan financiar las acciones contempladas en la política pública por parte del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y los Fondos de Seguridad Territorial (FONSET), que son administrados por funcionarios de las alcaldías, estos suelen invertirse en dotaciones de intendencia y vigilancia de las comandancias de Policía, en su mayoría. Por lo tanto, algunos municipios y gobernaciones que no cuentan con un presupuesto robusto en la materia acuden a otro tipo de financiación para implementar programas sociales que permitan ejecutar acciones más integrales en términos seguridad y convivencia ciudadana. Tal es el caso de las donaciones del sector privado y la cooperación internacional. En lo referente a la investigación criminal, existe una categorización de las organizaciones delincuenciales, según la Directiva No. 15 del sector defensa, la cual determina la capacidad operativa de las mismas y les asigna acciones a la Fuerza Pública para combatirlas. De acuerdo a esta directiva, los GAO (Grupos Armados Organizados), al tener capacidad militar y atentar contra la seguridad nacional, son investigados y combatidos por las Fuerzas Armadas y sus agencias especializadas. Por su parte, los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) y los Grupos de Delincuencia Común Organizada (GDCO), afectan la seguridad y convivencia ciudadana, y por lo tanto son competencia de la Policía. De esta forma, tanto los planes y programas, así como la asignación presupuestal, dependen del diagnóstico de cada contexto municipal que, entre otras, determina la gestión de la seguridad en un territorio determinado. Esto, sumado a lo señalado previamente, da cuenta de la capacidad limitada (en términos de investigación, acciones sociales e integrales y presupuesto) de algunas entidades territoriales a la hora de asumir las problemáticas asociadas a la convivencia y seguridad ciudadana. Debido al comportamiento de las organizaciones de delincuencia organizada en Colombia, la gestión de la seguridad, tal como está planteada en los lineamientos, se queda corta. Esto, ya que muchos de los GAO tienen frentes urbanos y subdivisiones que administran mercados ilegales en los cascos urbanos y, además, desarrollan acciones de subcontratación a organizaciones con menor capacidad dentro de las que se encuentran pandillas y grupos de delincuencia común. Lo anterior significa que existe una alta incidencia de los GAO en la seguridad ciudadana y un control territorial latente por parte de los mismos en zonas en las que no necesariamente tienen presencia militar. Además, es necesario señalar que en los últimos años se ha desatado una crisis de seguridad en el país. Esto, debido al fortalecimiento de los grupos armados y organizaciones delincuenciales que aumentaron los repertorios de violencia por las disputas de las rentas derivadas de los mercados ilegales, así como el control territorial de algunas zonas estratégicas para estos mercados. Adicionalmente, gracias a la cuestionable gestión durante el paro nacional y los operativos militares irregulares que resultaron en violaciones al Derecho Internacional Humanitario (sin mencionar los casos de corrupción y nexos con grupos armados denunciados por la Fiscalía y por la JEP), se ha generado un alto grado de desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Un caso reciente que retrata dicha crisis es el paro armado del Clan del Golfo (autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC), el cual pone en evidencia una alta capacidad de control territorial por parte de este grupo en 11 departamentos del país y, además, demuestra las limitaciones en la contención de su accionar por parte de la policía, ante enfrentamientos y ataques registrados a estaciones y patrullas durante este paro. Lo que se observa en este caso es la no comprensión por parte de la política de seguridad de que la incidencia en la seguridad nacional y ciudadana por parte de este grupo, y otros GAO, impacta en lugares en los que solo se gestiona esta problemática desde la acción policiaca, más no desde la investigación militar. Ahora, esto no significa que sea necesaria la militarización de estas zonas, sino, más bien, que se implementen acciones complementarias que le brinden a los municipios en los que estos grupos tienen presencia e incidencia, las herramientas necesarias para gestionar la seguridad de manera más integral. En este sentido, la prevención del reclutamiento forzado, el consumo de sustancias psicoactivas y la oferta social que el Estado pueda brindar, son herramientas para evitar la vinculación de personas a las cadenas criminales. Y también son la garantía del control social del territorio, por medio de la reconstrucción del tejido social y el ejercicio pleno de los derechos humanos. Todos estos son mecanismos complementarios que se requieren a la hora de gestionar la seguridad, tal como señala el Acuerdo Final de Paz en sus diferentes puntos. Como se observó durante los cuatro días de paro armado, la capacidad de control del Clan del Golfo es muy alta, por lo que su afectación no sólo se dio en términos de la soberanía nacional, sino además en la seguridad y convivencia ciudadana a nivel local, por medio de la implementación de delitos que buscan generar temor e inseguridad en las comunidades. Hechos puntuales como los registrados en Turbo, Antioquia, en el que los integrantes del Clan del Golfo atacaron a varios policías con armas de largo alcance, dan cuenta de la limitación en términos de la debida gestión de la seguridad (Semana, 2022). También, los hechos registrados en Montería y otros cascos urbanos, demuestran que esta estructura armada tiene incidencia en algunos lugares en los que no necesariamente opera como GAO, sino que desarrolla otro tipo de dinámicas que les permite sustentar cierto control territorial (El Universal, 2022). De esta manera, se pone en evidencia que la crisis de la gestión de la seguridad no solo se da en sentido de las políticas públicas en la materia, que no logran articular adecuadamente las distinciones entre la seguridad nacional y ciudadana; sino, además, en las limitaciones que existen a la hora de identificar el tipo de incidencia que tienen ciertas estructuras en ciertos territorios. Es por esto que se vuelve necesario reconocer que los esfuerzos por garantizar la seguridad en el país son poco eficientes a la hora de afrontar una gestión integral en las zonas rurales y urbanas, y que es necesario reformular los lineamientos que distinguen acciones de manera concreta frente a la gestión por parte del gobierno nacional y los gobiernos territoriales, ya que en muchos casos los diagnósticos de seguridad definidos no corresponden a la realidad de los municipios de Colombia. Referencias - Departamento Nacional de Planeación. (Tomado el 13 de mayo de 2022). Contexto histórico y lineamientos generales del Grupo de Apoyo a la Convicencia y la Seguridad Ciudadana. Disponible en: https://www.dnp.gov.co/programas/justicia-seguridad-y-gobierno/grupo-de-convivencia-y-seguridad-ciudadana - Revista Semana. (Tomado el 13 de mayo de 2022). Paro armado: Denuncian ataque del Clan del Golfo a estación de Policía en Turbo, Antioquia. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-armado-denuncian-ataque-del-clan-del-golfo-a-estacion-de-policia-en-turbo-antioquia/202217/ El Universal. (Tomado el 13 de mayo de 2022). Tensión en Córdoba: Clan del Golfo habría asesinado a comerciante. Disponible en: https://www.eluniversal.com.co/regional/cordoba/tension-en-cordoba-clan-del-golfo-habria-asesinado-a-comerciante-BE6512120

Por: Luis Eduardo Celis Llegamos a la primera vuelta presidencial este domingo 29 de mayo con una campaña que evidencia las enormes debilidades de un sistema político y electoral lleno de irregularidades, falta de garantías y prácticas que no dan credibilidad de que esta sea una competencia que se dé con instituciones garantistas y un orden democrático de calidad. Todo lo contrario, esta es una precaria democracia que convive con un mundo de mafias, violencia, corrupción y prácticas abiertamente antidemocráticas, todo lo cual hay que superar. En esta campaña el mal ejemplo lo inició el presidente Duque, quien abiertamente ha participado del debate político, controvirtiendo las propuestas de Gustavo Petro, algo abiertamente inconstitucional que dio pie a que el comandante de las Fuerzas Armadas, el General Zapateiro, igualmente se fuera lanza en ristre contra el candidato del Pacto Histórico, sin que nada pasara, ni un leve llamado al orden por parte del primer mandatario. Y así siguió la acción arbitraria e ilegal de la procuradora, al destituir al alcalde de Medellín, violando de manera abierta la jurisprudencia en firme de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante la administración del presidente Iván Duque, el deterioro de las instituciones ha sido mayúsculo y, en lugar de avanzar en fortalecerlas en el marco del ordenamiento constitucional, las ha debilitado, al cooptarlas en detrimento de la independencia de los poderes y al colocar en todos los organismos de control a personas de su más cercano circulo de colaboradores, lo cual puede que no sea ilegal, pero es abusivo con la independencia que las debe caracterizar. Si desde el ejecutivo han arreciado las acciones violatorias a la independencia de los poderes y la intromisión indebida en el debate político, el sistema electoral ha evidenciado su enorme fragilidad, para usar un adjetivo suave, en cabeza de un registrador ampliamente cuestionado por tirios y troyanos, lo que muestra la urgencia de avanzar en reformas de fondo para contar con un sistema electoral transparente, riguroso y garantista de la voluntad ciudadana. Hoy no lo es, y hemos visto en estos meses los múltiples escándalos y alarmas prendidas por su cuestionable desempeño en el delicado asunto de organizar las elecciones y dar credibilidad de seriedad. Todo esto es una asignatura pendiente. Y los viejos problemas sigue ahí: violencias y coerción contra la ciudadanía, compra de votos, fraudes a pequeñas y no tan pequeñas escalas, ríos de dinero que se mueven sin control ni sanción. Todo esto habla muy mal de un sistema político y de una competencia electoral que es poco democrática en muchos territorios y comunidades, y que nos interpela desde hace muchas décadas, en una sociedad en la que el dinero de la mafia circula por muchos lados y la política está al centro de sus intereses. Mafias y políticos van de la mano y sigue siendo un reto superar esta anomalía. Llevamos décadas sabiendo que contamos con un sistema político y electoral que hay que transformar. No se hace porque hay poderosos que lo sostienen tal y como está y se oponen a las transformaciones, es un verdadero déficit y una tarea pendiente si queremos avanzar en una democracia de mayor calidad. Hay tareas y esperemos que el nuevo gobierno, que todo indica que va a ser el liderado por Gustavo Petro, Francia Márquez y el Pacto Histórico, las lideren. Merecemos y requerimos una mejor democracia, sustentada en una cultura política con mayor rigor de los retos que como sociedad tenemos y unas instituciones que cumplan de manera cabal en ser promotoras de un orden de derechos, garantías y cumplimiento de una Constitución, que hoy en buena medida es letra muerta para millones de ciudadanos y ciudadanas, comunidades y territorios. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Francisco Daza, Investigador Nacional Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Hechos En horas de la mañana de este 25 de mayo se dio a conocer la muerte de Miguel Botache Santillana, mejor conocido como alias “Gentil Duarte”, líder guerrillero de la facción de los Grupos Armados PostFarc (GAPF) que bajo su nombre se había consolidado como la disidencia más grande del país. La primera información que se conoce sobre la muerte de alias “Gentil Duarte” es que presuntamente fue abatido con artefactos explosivos en una confrontación con el ELN, en un campamento instalado en jurisdicción del municipio de Jesús María Semprún, en el estado venezolano de Zulia. Alias “Gentil Duarte” había establecido el centro de operaciones de su disidencia en el departamento del Guaviare, por lo que sorprende que haya sido abatido en Venezuela. Una de las hipótesis que se manejan respecto a su ubicación en el vecino país gira en torno a una medida de protección tras la dada de baja de Euclides España Caicedo alias “Jhonier”, quien fuera el comandante del Comando Coordinador de Occidente (CCO), confederación de diversos GAPF sumados a la línea de “Gentil Duarte”, el pasado 24 de enero. ¿Quién era “Gentil Duarte”? Alias “Gentil Duarte” de 56 años de edad era oriundo de Florencia, Caquetá, y contaba con una experiencia de aproximadamente 4 décadas como integrante de grupos guerrilleros. Ascendió rápidamente al interior del antiguo Bloque Oriental de las FARC-EP, desde su ingreso al Frente 14, llegando a comandar el Frente 7mo. Como comandante de ese Frente, alias “Gentil Duarte”, previo a la firma del Acuerdo de Paz en 2016, realizaba operaciones relacionadas con el cultivo y procesamiento de hoja de coca, así como actividades extorsivas en el departamento del Meta, principalmente en el municipio de La Macarena. Su vertiginoso ascenso en las filas del Bloque Oriental le permitió codearse y establecer relaciones cercanas con grandes mandos guerrilleros como alias “Mono Jojoy” y “Alfonso Cano”, logrando sumarse, a finales de la primera década del 2000, al Estado Mayor del Bloque Oriental de las FARC-EP. Posteriormente, tras el inicio de los diálogos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP (2012), que buscaban encontrar una salida negociada al conflicto, alias “Gentil Duarte” se sumó al equipo negociador de la antigua guerrilla, pasando a ser parte del Estado Mayor Central del antiguo grupo guerrillero en el año 2015. La salida de alias “Gentil Duarte” del Acuerdo de Paz se daría luego de que alias “Iván Mordisco” no se acogiera al mismo, conformando la disidencia del Frente 1ro. Tras este hecho, alias “Gentil Duarte” fue enviado a Colombia para que disuadiera a “Mordisco” de mantenerse bajo el ala del Acuerdo. Sin embargo, tras su llegada al país, el Frente 1ro le ofreció hacer parte de este primer grupo disidente. Desde finales de 2016, alias “Gentil Duarte” se integró a los GAPF, o disidencias, promoviendo su crecimiento gradual desde aquél entonces, inclusive haciendo que alias “Iván Mordisco” pasara a su subordinación. ¿Cómo queda su línea disidente? La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha hecho un seguimiento al crecimiento de los GAPF o disidencias desde su conformación en el año 2016. En nuestro último informe titulado “Plomo es lo que hay”, se pudo establecer que los GAPF o disidencias, divididas en la línea de “Gentil Duarte” y la línea de la “Segunda Marquetalia”, lograron posicionarse a inicios de 2022 en 164 municipios del país. De estos, se tiene conocimiento que la línea de “Gentil Duarte” hace presencia en 119 municipios y comparte presencia con la “Segunda Marquetalia” en 21 municipios. A inicios de este año, la línea de “Gentil Duarte” ha logrado ubicarse en zonas del oriente y suroriente del país, posicionándose en departamentos como Guaviare, Arauca (a través del Frente 10mo), Casanare (por medio del Frente 28), Caquetá y Putumayo (con el Frente Carolina Ramírez). Asimismo, ha establecido una presencia localizada en el Catatumbo, Norte de Santander, a través del GAPF Frente 33, bajo el mando de alias “Jhon Mechas”. Por otro lado, en el suroccidente del país, la línea de “Gentil Duarte” ha logrado consolidarse por medio del Comando Coordinador de Occidente (CCO), estableciendo su presencia en gran parte del departamento del Cauca, el norte de Nariño y departamentos como Valle del Cauca, Huila y Tolima. Con la muerte de alias “Jhonier”, el CCO se encuentra bajo la comandancia de alias “Mayimbú”, quien al parecer mantiene activas las operaciones de esta confederación de grupos guerrilleros tales como el Frente Carlos Patiño, la Columna Móvil Jaime Martínez, la Columna Móvil Dagoberto Ramos, entre otros. Sucesores y escenarios La muerte de alias “Gentil Duarte” es un duro golpe para la línea disidente que estaba bajo su mando, sin embargo, desde Pares no consideramos que se vaya a presentar una desarticulación de la estructura, ya que actualmente hay una consolidación de su presencia a nivel nacional, inclusive pasando por una etapa de maduración de su injerencia, por medio de figuras como alias “Iván Mordisco”, “Jhon Mechas” y “Mayimbú”. Lo que sí se puede tener a consideración y que se señala desde Pares es que con la muerte de alias “Gentil Duarte” tras presuntos combates con el ELN en territorio venezolano, se puedan presentar escenarios de intensificación de la violencia con ese grupo guerrillero en departamentos como Arauca y Cauca, y una posible ruptura de relaciones entre el GAPF Frente 33 y el ELN en la subregión del Catatumbo. Lea aquí el fragmento de nuestro informe “Plomo es lo que hay” referente a los Grupos Armados PostFarc (GAPF).

Por: Redacción Pares El próximo viernes 27 de mayo llega a Colombia la Misión de Observación Electoral Internacional de la Alianza Global de Jóvenes Políticos (AGloJoven) delegación Guatemala, la cual realizará observación electoral sobre las elecciones presidenciales del domingo. Esta delegación contará con 38 observadores del país centroamericano, quienes serán capacitados por la Misión de Observación Electoral de Colombia (MOE) y realizarán su misión en distintos puntos de votación en Bogotá. Durante esta semana, AGloJoven también estará organizando una observación electoral internacional con delegados en los consulados y embajadas colombianas de los siguientes países: Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Argentina, Brasil, Honduras, México y Venezuela. AGloJoven es un colectivo de jóvenes líderes que buscan incidir en espacios sociales, académicos y representativos. “Actualmente estamos presentes en cinco países de América Latina y tenemos aliados en 15 países de Asia, Europa y el resto de Latinoamérica”, explica Sebastián Solano, director internacional de AGloJoven. Según David Berts, presidente de esta organización en Guatemala, “las misiones de observación son esfuerzos usualmente pequeños en cantidad, pero sin duda gigantescos en impacto, pues dan espacio a extranjeros para que sean testigos de los procesos electorales. Sin duda, esto es un aporte fundamental en democracias libres y plenas…en especial para los jóvenes al ser consencientes de los retos que enfrentamos no solo como países sino como región.” No es la primera vez que AGloJoven Guatemala hace observación electoral internacional. Ya tuvieron experiencia en El Salvador (2021), Honduras (2021), México (2021) y Costa Rica (2022). La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) realizará el recibimiento oficial de esta delegación de observación electoral el próximo viernes 27 de mayo, en horas de la tarde. En apoyo con los delegados, Pares también realizará un seguimiento técnico y de coyuntura de las elecciones del domingo 29 de mayo, basándose en reportes y acciones informativas vinculadas a los 38 delegados de AGloJoven y al seguimiento electoral desarrollado tradicionalmente en fechas de elecciones por la Fundación. Esta misión de observación electoral internacional y nuestro apoyo como organización de la sociedad civil es fundamental para garantizar unas elecciones transparentes y seguras, así como para alertar a la comunidad internacional sobre posibles irregularidades que puedan presentarse y que se han venido presentando desde las elecciones electorales del 13 de marzo. “Para esta observación electoral internacional queremos que los ojos del mundo estén puestos en Colombia ante los graves riesgos electorales que se vienen replicando históricamente y se agudizaron desde las elecciones a Congreso de este año”, aseguró Solano.

Por: Esteban Salazar En política, perder, a veces, es ganar. Francia Márquez es el mejor ejemplo de esto. A pesar de las dificultades que tienen las mujeres en Colombia, y el mundo, para participar electoralmente, Francia se ha convertido en un fenómeno político de admirar. Sus discursos, sin adornos rimbombantes o grandilocuencia, a diferencia de los competidores propios de su coalición, o ajenos, son potentes y elocuentes. Su participación en esta contienda es un logro para las comunidades negras, los procesos sociales de base y todas las personas excluidas históricamente de la representación política. Todos esos factores vaticinan una victoria temprana por donde se le vea. En el Pacto Histórico hoy buscarían competir en una consulta presidencial tres hombres y dos mujeres: Gustavo Petro, Camilo Romero y Roy Barreras; Francia Márquez y Arelis Uriana, respectivamente. De todos los anteriores, Petro sería el único capaz de llegar a segunda vuelta, con la intención de voto más alta de las encuestas recientes (19,7%, Centro Nacional de Consultoría). Por su parte, Romero y Barreras registran por debajo del margen del 1%, cuando registran. Y, aunque Márquez no registre, bien sea por no tener la visibilidad, o por las barreras propias del diseño de las encuestas y el poder de los medios, la realidad es que, de cualquier manera, saldrá ganadora. Los escenarios son los siguientes: · En la consulta del Pacto Histórico es la candidata con las mayores probabilidades de quedar segunda en la consulta. Esto se da, toda vez que sus competidores más fuertes son Barreras y Romero. El primero, de un camaleonismo que no conquista; y el segundo, partícipe de la ruptura del Verde, con pocos votos propios y ajeno al proceso del Pacto. · De ocupar el segundo lugar en la consulta, Francia podría ser la candidata vicepresidencial de Petro. Esto implica que, de llegar a pasar a segunda vuelta y ganar las elecciones, sería vicepresidenta. Incluso, de llegar a pasar en segunda vuelta y perder, también podría ganar una curul en Cámara de Representantes, por el estatuto de oposición. · Ahora bien, en dado caso de no pasar a segunda vuelta, la visibilidad que tomaría le serviría para apostarle a una candidatura en la gobernación del Valle del Cauca y destronar a Dilian Francisca Toro. Lo que es más valioso es que sin que se cumpliera el hecho de que obtuviera el segundo lugar en la consulta del Pacto Histórico, si llegara a obtener una votación significativa, podría recorrer el camino de Carlos Caicedo en 2017, quien luego de perder la consulta con Petro con una votación alta, consolidó su imagen y su movimiento Fuerza Ciudadana, para hacerse con la gobernación de Magdalena y sacar al Clan de los Cotes en el departamento. Francia podría aprovechar esa estrategia para posicionarse, sin importar el lugar de la encuesta, y buscar en 2023 el crecimiento de los partidos alternativos en las elecciones locales. Victoriosa por donde se le mire. Y como si lo anterior no fuera suficiente, el solo hecho de su liderazgo histórico en movimientos sociales y ambientalistas la ponen en el sonajero de ministerios como el de ambiente, en dado caso de que el Pacto Histórico o la Coalición de la Esperanza pasen a segunda vuelta, y tengamos, por primera vez, un gobierno alternativo de izquierda o centro izquierda en Colombia.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Hace unos días, en la salida de Popayán hacia la ciudad de Cali, colocaron una valla que dice: "Los cubanos y venezolanos también querían un CAMBIO...Y les tocó cambiar de país". Cuando la leí, en mi mente formulé una respuesta imaginaria para las personas que la pusieron, respuesta que comparto con el respeto que usted como lector merece: “Ustedes no van a cambiar nada, seguirán las masacres, los asesinatos, los robos y la corrupción. Nosotros nos vamos a arriesgar, porque amamos la vida”. Tanto el mensaje de la valla como mi respuesta son dos caras de una misma moneda. Dibujan diferentes puntos de vista ideológicos y políticos, que en un país con un verdadero Estado Social de Derecho dialogarían para hacer un tránsito de un gobierno situado en una orilla hacia uno ubicado en la otra, sin que la mentira y el miedo fuesen estrategias válidas al mejor estilo de un “perverso asesor de campañas de la derecha”, el venezolano Rendón. “Divide y reinarás” es la máxima que el establecimiento ha utilizado, a través de los grandes medios de comunicación, para alinearnos y enmarcarnos en los partidos políticos tradicionales: Liberal y Conservador, posteriormente La U, Cambio Radical, etc. Además de gastar inmensos capitales económicos en las campañas, amén de su genética costumbre de comprar votos. Cuando la valla en mención dice que a los cubanos y venezolanos les tocó irse del país por el "cambio", olvida intencionalmente que, en el transcurso de varias décadas, tres millones de colombianos emigraron hacia el hermano país bolivariano en busca de la libertad económica que conlleva en sí la capacidad autónoma de optar políticamente. Es decir, se fueron para que la comida de sus hijos no dependiera del constreñimiento electoral practicado desde lo público y lo privado, constreñimiento que se ve mucho por estos días en las redes sociales. Nos vamos a arriesgar al CAMBIO, porque nos duele y nos da coraje las múltiples masacres acaecidas en lo que va corrido de este 2022 y los asesinatos de lideresas y líderes sociales en nuestro departamento del Cauca. Porque llevamos más de cinco años esperando el inicio de la construcción de la doble calzada Santander-Popayán y, en varios ocasiones, nos han mentido con el inicio de la obra. Creemos en el CAMBIO, porque la apertura económica y tratados de libre comercio acabaron con la producción campesina y solo beneficiaron a la agro-industria, para responder a la globalización. Aspiramos al crédito público, a tener acceso a los bonos producidos por una empresa estatal, donde la rentabilidad esté en el empoderamiento productivo y cooperativo del pequeño y mediano labriego. Yo quiero creer en el CAMBIO como un proceso, imperfecto, pero esfuerzo por mejorar, no quiero la CONTINUIDAD del estado actual de las cosas. Yo quiero creer que el cambio... será en primera. Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea de investigación de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos En Colombia es histórica la asociación entre Estructuras Armadas Ilegales (EAI) y narcotráfico, siendo catalogada esta relación por algunos sectores políticos, económicos y sociales, como la génesis de un problema que no permite el progreso del país. Si bien, se ha logrado demostrar la relación directa de las organizaciones paramilitares con el narcotráfico, para el caso de las guerrillas del ELN y las antiguas FARC-EP, es diferente, debido a que su incidencia se especifica en la cadena de producción, más no en la exportación y tráfico de drogas. Por lo cual, al circunscribir a dichos grupos como “narco-guerrillas” o “narco-insurgencia”, se habría buscado arrebatar el carácter político de un conflicto que data de mediados del siglo pasado. Durante el periodo en el que se llevaron a cabo los diálogos entre las FARC-EP y el Estado colombiano surgió la pregunta “¿qué tan fácil o difícil es sustituir a este grupo dentro de la cadena del narcotráfico?” (Garzón, 2013). Muchos colombianos contemplaban la posibilidad de que, tras la salida de las FARC-EP de los territorios y su paso a la vida civil, se daría por terminado este fenómeno. Sin embargo, en la actualidad, viejas y nuevas EAI se acentúan sobre las zonas donde existen economías ilícitas, las cuales generan grandes dividendos a quienes logran incidir en algún eslabón de la cadena. Ese es el caso del norte del Cauca, lugar en el cual los cultivos de coca y marihuana han persistido a pesar de la firma del Acuerdo de Paz, posicionándose incluso como economías que inciden en la vida social, económica, política y cultural. Frente a esto último, cabe destacar que las organizaciones étnico territoriales que habitan en la subregión, como es el caso de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), han tenido que enfrentar este fenómeno que ha desarmonizado sus territorios y desencadenado una oleada de afectaciones a los derechos humanos, entre los cuales se resaltan las amenazas, desplazamientos y asesinatos selectivos. Panorama actual de los cultivos ilícitos en el norte del Cauca y la vinculación de las Estructuras Armadas Ilegales a estas economías. Los cultivos para usos ilícitos en el norte del Cauca han existido desde 1980 con la inserción del cultivo de hoja de coca para su transformación en pasta base. Si bien, estos cultivos no han sido extensos en comparación a otras regiones del departamento, han representado una alternativa para muchas familias nortecaucanas que se vieron afectadas por la caída del precio del café y el fracaso del modelo agrícola del Estado colombiano. En aquella década, los colombianos fueron testigos del crecimiento de la guerrilla de las FARC-EP y su expansión a varias zonas del país. El norte del departamento del Cauca representaba una zona geográfica importante para la presencia y control territorial por parte de grupos armados. Hasta la firma del Acuerdo de Paz, la guerrilla de las FARC-EP llegó a ser el actor armado con mayor peso en la subregión, a través de los frentes 6, 30 y las compañías móviles Jacobo Arenas, Gabriel Galvis y Miller Perdomo. Durante más de 30 años, este grupo guerrillero logró incidir en la vida social, política y económica de las comunidades. Una de las formas a través de las cuales ejerció poder fue a través del control de los cultivos de uso ilícito. Los cuales, para la época, consistían en la siembra de hoja de coca[1]. En la actualidad, el Comando Coordinador de Occidente (CCO), confederación de varios Grupos Armados Post-FARC (GAPF), es el actor armado con mayor presencia; de hecho, se localiza en los 13 municipios que conforman la subregión, a través de la columna móvil Jaime Martínez, ubicada sobre la cordillera occidental, en los municipios de Suárez y Buenos Aires. Y la columna móvil Dagoberto Ramos, la cual se ubica hacia la cordillera central, en los municipios de Miranda, Corinto, Caloto, Toribio, Jambaló y Caldono. Además de los municipios de Guachene, Padilla, Puerto Tejada y Villa Rica, los cuales conectan con el departamento del Valle del Cauca. Cabe resaltar que se tiene registro de la presencia de ambas columnas en el municipio de Santander de Quilichao, al ser el epicentro de la conexión entre ambas cordilleras y el puente entre el norte y sur del país. Existen diferentes factores que inciden en la distribución espacial por parte de los dos GAPF sobre la geografía de la subregión, siendo las relaciones preexistentes, el arraigo o afinidad a un lugar o población uno de los factores más importantes para la presencia de determinado actor armado. Esto es clave en la medida en que ambos GAPF se han logrado expandir sobre toda la subregión, gracias al crecimiento en sus filas. Lo que está más grave en ese sector [norte del Cauca] es el reclutamiento, no solo de menores, de mucha gente. Pero no un reclutamiento forzado, es decir, como una especie de conciencia, concientización que le hacen a la gente (…) lo que nos cuenta gente del sector es que están ejerciendo el reclutamiento de mucha gente, de la misma comunidad (Funcionario público, entrevista personal, mayo de 2022). Al mismo tiempo, las economías ilícitas se configuran como un factor incuestionable para la presencia de estos GAPF. Tras la salida de las antiguas FARC-EP de los territorios, las columnas móviles Jaime Martínez y Dagoberto Ramos han logrado hacerse de las rentas, principalmente, de la coca y la marihuana. Esta situación genera la pregunta de si los Grupos Armados Post-FARC cumplen el mismo papel de las antiguas FARC-EP, y si inciden en la misma etapa de la cadena del narcotráfico. Según los testimonios de un funcionario público del departamento “ellos no son los que la hacen, sino los que la cuidan y la patrocinan” (Funcionario público, entrevista personal, mayo de 2022). Por lo anterior se podría deducir que estos grupos brindan seguridad[2] y enlazan con posibles compradores (narcotraficantes) que se encargan de su exportación y comercialización. Hasta ese punto sería una continuación de la política de las antiguas FARC-EP. Sin embargo, Insight Crime (2019) señala en su informe que la columna móvil Dagoberto Ramos tiene funciones más directas en el tráfico de marihuana, “gran parte de esa marihuana se envía a Brasil en colaboración con la pandilla brasileña Familia del Norte (Familia do Norte)”. Esto indicaría un papel activo en la exportación del producto final. Por ende, su relación con el narcotráfico es mucho más estrecha que su predecesor. Frente a esto último, es importante mencionar que el CCO estableció una alianza formal con la disidencia del Frente 1, encabezada por alias ‘Gentil Duarte’, sobre la cual, recaen denuncias sobre su vinculación directa con el proceso de exportación de droga. Este dato es importante en la medida en que se puede correlacionar esta alianza con la aceptación de ciertas prácticas económicas que financien sus estructuras y accionar. En relación a lo anterior, es importante mencionar que posterior a la firma del Acuerdo de Paz, los cultivos de coca y marihuana no han parado de crecer en el norte del Cauca. El panorama actual indica que el cultivo de marihuana se ubica sobre la cordillera central, principalmente sobre los municipios de Toribío, Caloto, Corinto y Miranda, se conoce también su expansión hacia el municipio de Jambaló. Según cifras de Gonzales Posso (2019), los 4 municipios albergan alrededor de 744 hectáreas sembradas. Cifra que la Corporación Ensayos (2020) ratifica en su informe de investigación. Por otro lado, los cultivos de hoja de coca se expanden sobre la cordillera occidental principalmente sobre los municipios de Buenos Aires y Suárez, pero también se sabe de su expansión hacia los municipios de Morales, Cajibío, el Tambo y Argelia. Gráfico No. 1 Presencia de Estructuras Armadas Ilegales y cultivos de coca en el norte del Cauca. Imagen de: Fundación Paz & Reconciliación. Cabe destacar que desde 2018 se reconoce la reaparición del cultivo de coca en los municipios de Toribío, Santander de Quilichao, Miranda, Jámbalo, Corinto y Caloto. Este fenómeno requiere ser analizado a partir de la variación de los precios de ambos cultivos, el fracaso del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la presencia de EAI, el camino que está transitando la legalización de la marihuana con fines medicinales y recreativos, entre otros factores que podrían estar incidiendo. Así pues, para el año 2020 se tiene registrado un total de 1.274,47 hectáreas en el norte del Cauca. De esta manera, la reconfiguración de los actores armados y la consolidación y expansión de los cultivos de uso ilícito, han generado que en el norte del Cauca se perciba un incremento en las afectaciones a los derechos humanos. Entre los hechos más recurrentes se encuentran las amenazas a líderes y lideresas sociales, masacres y desplazamientos. De hecho, según datos de Medicina Legal, para 2021 se registraron 370 homicidios en el norte del Cauca, el segundo más alto en los últimos cinco años. Gráfico No. 2 Tasa de homicidios en municipios del norte del Cauca (2018-2021). Imagen de: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal, 2022. Los municipios de Suárez, Buenos Aires y Corinto son los que presentan un mayor incremento en la tasa de homicidios. Por otro lado, Puerto Tejada y Santander de Quilichao representan zonas de tránsito para el narcotráfico y, por ende, puntos importantes de las economías legales e ilegales. Gráfico No. 3 Presencia de cultivos de hoja de coca en el norte del Cauca (2016-2020). Imagen de: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia, 2022. En suma a todo esto, la vinculación de menores de edad a Estructuras Armadas Ilegales ha sido una problemática que ha ido en aumento. Hay mucho dinero, da para muchas cosas, un celular, una moto, plata en efectivo estas cosas sirven mucho para llamar la atención de los niños, la falta de oportunidades de trabajo, la descomposición social que se vive en estos sectores confluye para eso (Funcionario público, entrevista personal, mayo de 2022). Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, durante el 2021 se registraron 272 casos de reclutamiento de menores en el norte del Cauca, de los cuales, el 87% fueron víctimas mujeres “(…) últimamente, se ha visto muy inmiscuido el sector indígena a pesar de que la gente no denuncia, hay un subregistro tremendo de eso, por miedo a las represalias, con la esperanza de que los niños vuelvan, pero, la gente no denuncia” (Funcionario público, entrevista personal, mayo de 2022). Recientemente, organizaciones sociales han denunciado la presencia del GAPF Segunda Marquetalia Comisión Sexta, el cual se encuentra en un proceso de crecimiento desde el año 2020 en los municipios de Buenos Aires, Suárez, Caldono y Santander de Quilichao, por lo que se cree que iniciará una confrontación entre estos dos grupos. Además, se ha conocido a través de panfletos y comunicados la presencia del Clan del Golfo y las Águilas Negras Bloque Suroccidente, los cuales amenazan y asesinan a líderes y lideresas sociales de la subregión. Consideraciones preliminares. Indagar sobre las relaciones que se tejen entre las actuales EAI y las economías ilícitas en una subregión con altos índices de conflictividad como lo es el norte del Cauca, requiere tener en cuenta múltiples aspectos que permiten detallar a mayor profundidad las causas, motivaciones y consecuencias de este fenómeno. Si bien, la fórmula Actores armados + Economías ilícitas = Aumento en las cifras de violencia ha funcionado bien para explicar el impacto que afecta a las comunidades, se suelen dejar de lado aspectos históricos, geográficos y el papel del Estado en un país en el que las economías ilícitas representan algo más que una economía criminal. Es por esto que se vuelve necesario explorar sobre el comportamiento de las EAI que ejercieron control territorial en la zona para ser analizadas bajo el contexto actual. Como se mencionó anteriormente, las FARC-EP fueron el actor armado con mayor presencia e incidencia en el norte del Cauca. Durante ese periodo realizaron el cobro de impuestos a los cultivos de coca, amapola y marihuana, así como también las rutas utilizadas para el tráfico de drogas. Sin embargo, su participación no se concentró en la exportación de drogas ilícitas. En otras palabras, no eran los dueños del producto final, por lo que es cuestionable afirmar que fueron una ‘narcoguerrilla’ (Benjumea & Sarmiento, 2022). Por otro lado, no podemos definir de manera clara la participación en la cadena del narcotráfico de los actuales GAPF, ni tampoco sus aspiraciones políticas y principios organizativos. Adicionalmente, la presencia histórica de los cultivos de coca y marihuana en el norte del Cauca ha demostrado que no es correcto pensar estos cultivos de manera diferenciada. Si bien el PNIS se planteó como una solución para la sustitución de los cultivos de hoja de coca, no contempla los cultivos de marihuana. Existen muchas explicaciones para el fracaso de este programa, sin embargo, es necesario observar la problemática de los cultivos para uso ilícito a nivel multiescalar, ya que las particularidades de las subregiones han demostrado ser diferentes. Finalmente, debemos resaltar el papel de organizaciones como la ACIN, la cual ha enfrentado esta problemática a partir de diferentes mecanismos de defensa del territorio. Esta organización plantea que la solución no se simplifica en la sustitución de un cultivo por otro, se requiere resolver el problema de la tierra y de la producción agrícola de manera integral para instalar capacidades productivas (Cooporación Ensayos, 2020). Definitivamente es necesario prestar atención a las propuestas elaboradas por las comunidades para enfrentar este fenómeno. [1] Durante la década del 90, la amapola se posicionó como el cultivo ilícito prominente en la subregión, sin embargo, tras la caída del precio, los cultivadores retomaron el cultivo de coca. Por otro lado, la marihuana para fines recreativos apareció en 2010 en los municipios de Corinto, Caloto y Toribío. Hoy en día se han posicionado como una economía regional (Cooperación Ensayos, 2020). [2] Según el informe de investigación de la Corporación Ensayos (2022) estos grupos también son los encargados de establecer los precios. Sus indagaciones demuestran que la columna móvil Dagoberto Ramos es la encargada de establecer los precios de la hoja de marihuana, además de instaurar normas y reglas para su cultivo. Referencias bibliográficas Anónimo. (09 de mayo de 2022). Funcionario público del departamento del Cauca. Fundación Paz y Reconciliación. Benjumea, P., & Sarmiento, J. (2022). Federico Gutiérrez acusa a las FARC de incumplimiento con tres datos falsos y uno cuestionable. Colombiacheck. https://colombiacheck.com/chequeos/federico-gutierrez-acusa-las-farc-de-incumplimiento-con-tres-datos-falsos-y-uno Cooporación Ensayos. (Noviembre de 2020). ¿Es posible superar las economías ilegales? Aproximación a las variables económicas e institucionales del cannabis en Toribío, Cauca. Patacrítica(4), 65-146. Garzón, J. C. (13 de Diciembre de 2013). Las FARC y el narcotráfico: el motivo y el pretexto. Razon Publica. González Posso, C. (2019). La sustitución de economías ilegales y la regulación de la marihuana. http://www.indepaz.org.co/destrabarlaguerralasustituciondeeconomiasilegalesylaregulaciondelamarihuana/. Consultado 29 de abril de 2022. Insight Crime. 2019. Crónica de una amenaza anunciada: las ex - FARC mafia.

Por: Laura Alejandra Fajardo, Asistente de Investigación Línea de Democracia y Gobernabilidad El candidato Gustavo Petro es el personaje político de la izquierda colombiana que mayor caudal electoral ha recogido en la historia reciente del país. En 2022, para las elecciones legislativas, el Pacto Histórico, movimiento liderado por Petro, alcanzó cifras históricas en curules al Congreso, al igual que en la consulta presidencial de la que fue parte, en la que también superó las expectativas electorales y casi duplicó los votos que había recogido en la primera vuelta presidencial de 2018. A partir de estos datos, vale la pena revisar los alcances electorales del candidato a pocos días de la primera vuelta presidencial, los votos con los que ya cuenta y los que podría alcanzar, calculando los apoyos que recientemente se han sumado a su campaña. Además, ante las posibilidades de quedar elegido presidente, empieza a ser pertinente analizar con qué apoyo cuenta Petro en el Congreso y cuál sería la relación entre el ejecutivo y el legislativo, en el caso eventual de que ganase las elecciones. Las sumas y las restas: los balances a partir de los resultados de la consulta presidencial de marzo Junto con las elecciones legislativas del pasado marzo, las y los colombianos pudieron votar en las consultas presidenciales de la izquierda, el centro y la derecha política, y elegir tres de los siete candidatos que actualmente se enfrentan en primera vuelta. La consulta de la derecha la ganó Federico Gutiérrez, la del centro, Sergio Fajardo y la de la izquierda, Gustavo Petro, quien no solo logró la votación más alta como candidato, sino que la consulta del Pacto Histórico, en donde también eran precandidatos Francia Márquez y Camilo Romero, fue la consulta más votada. Actualmente, Márquez es su fórmula vicepresidencial. ¿Qué le dicen las consultas presidenciales a Gustavo Petro? El crecimiento electoral de la izquierda política colombiana de cuatro años hacia acá es notable. La Tabla No. 1 permite ver cómo la izquierda política, liderada por Petro, ha logrado un incremento de votos, revelando que sí es una fuerza electoral en ascenso y que esto podrá favorecer al candidato Petro en estas elecciones presidenciales. Tabla No. 1. Comportamiento del voto en las consultas presidenciales 2018 vs. 2022. Creado por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Registraduría Nacional. Además, y considerando que según las encuestas la primera vuelta definirá a Federico Gutiérrez y a Gustavo Petro como los candidatos a enfrentarse en segunda, cabe revisar cómo ha sido el comportamiento electoral de cada uno de los sectores políticos que representan, más allá de las consultas. Tabla No. 2 Comportamiento del voto para los ganadores de las consultas presidenciales 2018-2022. Creado por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Registraduría Nacional. La Tabla No. 2 muestra que, más allá de los movimientos o partidos políticos, los principales personajes de cada orilla política y sus capacidades electorales también han cambiado y denotan el crecimiento de la izquierda como fuerza electoral que la consolida hoy como un sector con posibilidades reales de elección en esta contienda electoral. En contraste al crecimiento de la izquierda, las variaciones de las consultas y las votaciones a los líderes de la derecha, que para estas elecciones están en cabeza del candidato Federico Gutiérrez, develan pérdidas electorales para este tradicional sector político. Con estos datos, ¿qué podría esperar Gustavo Petro en la primera vuelta? Conociendo de antemano su crecimiento electoral en consultas presidenciales, es preciso evaluar los datos de la primera vuelta en 2018 junto con los resultados de las consultas de 2022. Tabla No. 3 Comportamiento electoral de la primera vuelta en 2018. Creado por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Registraduría Nacional. La Tabla No. 3 permite confirmar, por un lado, que ambos candidatos, tanto de la derecha como de la izquierda, tienen un crecimiento electoral de la consulta a la primera vuelta, por lo que es de esperar que tanto Petro como Gutiérrez alcancen más votos en la primera vuelta que lo que alcanzaron en las consultas. Sin embargo, es notable cómo Gustavo Petro alcanzó en las consultas de marzo casi la misma votación que logró en primera la vuelta de 2018, mientras que Federico Gutiérrez está muy lejos de alcanzar los siete millones y medio de votos que logró Duque, el candidato de la derecha, en la primera vuelta presidencial. Además, Gutiérrez alcanzó casi la mitad de los votos que Duque en su momento consiguió en la consulta presidencial, es poco probable que el candidato de la derecha conquiste un crecimiento considerable que le permita ganar en primera vuelta. En contraste, el aumento electoral de Gustavo Petro sí sigue siendo notable y seguramente alcance un crecimiento de más del 40% que los votos que alcanzó en la consulta presidencial; tesis que se refuerza si se tiene presente que seguramente cuenta con los votos que logró la consulta del “Pacto Histórico” en general. Por otra parte, si se parte del supuesto de que la totalidad de los votos obtenidos en las consultas se suman al candidato elegido que se enfrenta en primera vuelta, con respecto al 2018 y las votaciones de 2022, tendríamos que Petro conseguiría, según cálculos, el 40% más que en su consulta, es decir, tendría 6’294.163 votos. Si se suman los votos que obtuvieron Francia Márquez y Camilo Romero, Petro tendría cerca de siete millones y medio de votos, cifra cercana a lo que alcanzó Iván Duque, hace cuatro años. Los apoyos en el Congreso En las pasadas elecciones legislativas de marzo, el Pacto Histórico decidió conformar una lista cerrada bajo la cual se presentó al Senado y también lanzó listas en los diferentes departamentos para la Cámara de Representantes. Según las investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), Gustavo Petro contaría con el apoyo de 30 senadores y 47 representantes a la cámara, pertenecientes a diferentes partidos políticos y coaliciones, principalmente del Pacto Histórico; pero también de la Alianza Verde, el Partido Liberal, Fuerza Ciudadana y algunos de los representantes elegidos por la Circunscripción Territorial Especial de Paz (Citrep). Sin embargo, en el Senado cuenta con el apoyo de solo 30 de los 108 senadores y en la Cámara cuenta con solo 47 de los 172 representantes, lo que revela una clara desventaja de gobernabilidad eventual frente a su actual oponente, Federico Gutiérrez, quien sí cuenta con importantes mayorías en el Congreso. Fuente y elaboración: Pares Fuente y elaboración: Pares Aunque podría considerarse un cálculo sobre la cantidad de votos que los apoyos parlamentarios podrían aportarle a la campaña presidencial de Petro, los resultados no serían del todo certeros considerando que, por un lado, un porcentaje considerable de la votación a la lista del Pacto Histórico en Senado y Cámara seguramente también votó en la consulta presidencial de esta coalición, y esos votos ya estarían incluidos en los cálculos anteriores. Mientras tanto, con respecto a los votos de los apoyos que se sumaron recientemente a la campaña petrista, y que son ajenos al Pacto Histórico, como los del Partido Liberal o la Alianza Verde, no podemos garantizar que, necesariamente, tengan como destino la candidatura de Petro, pues intervienen dos factores: primero, la disciplina al interior de cada partido y sus votantes, que bien podrían decidir ceñirse a los apoyos oficiales dictados por las direcciones de los partidos. Y segundo, las dinámicas propias de las elecciones locales en torno a maquinarias, filiaciones y cacicazgos no garantizan que los votos de representantes como Andrés Calle sean del todo endosables a la campaña presidencial. ¿Hay clanes políticos en la campaña presidencial de Gustavo Petro? Sí. A la fecha, Pares ha podido rastrear que seis clanes políticos han hecho público su apoyo al candidato de izquierda: clan Julián Bedoya, clan Amín-López-Calle[1], clan Jaramillismo, clan Villamizar- García[2], clan Álvaro Pacheco y el clan Sánchez Montes de Oca. Tabla No. 4 Listado de clanes que apoyan a Gustavo Petro. Creado por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación. Algunas conclusiones 1. Es innegable el crecimiento electoral y político de Gustavo Petro y el sector de la izquierda que representa. En efecto, es la primera vez que Colombia tiene una oportunidad real de tener un presidente de un sector político diferente a las derechas tradicionales que han gobernado. 2. En caso de ser presidente, la gobernabilidad de Petro, en tanto sus relaciones en el Congreso, resulta sumamente complicada, pues a la fecha no cuenta con mayorías de ningún tipo para el trámite efectivo de los proyectos que planea tramitar como gobierno. En caso tal, requerirá de congresistas capaces de cumplir a cabalidad su labor y, además, necesitará de un muy buen Ministerio del Interior, capaz de tender puentes de negociación entre el gobierno y los congresistas. 3. La presencia de clanes políticos en la campaña de Petro nubla la transparencia política de la que se jacta el movimiento político a su alrededor; no obstante, parte de la maquinaria electoral de esos clanes ha contribuido a su crecimiento electoral y habrá que ver si también aportarían a facilitar su eventual gobierno. [1] La situación del clan Amín-López-Calle resulta confusa, considerando que Fabio Amín decidió apoyar a Federico Gutiérrez y se desconoce la postura de la casa López. En términos estrictos, sólo los Calle, en cabeza de Andrés Calle, están apoyando abiertamente a Gustavo Petro. [2] El apoyo del clan Villamizar-García también es confuso, pues Diógenes Quintero, miembro del clan, anunció su apoyo a Gustavo Petro, pero los demás miembros del clan pertenecen a partidos afiliados a la campaña de Federico Gutiérrez y han participado activamente de sus eventos.

Por: Línea de investigación de Gobernabilidad y democracia Pares Cuestiona a Eduardo José González, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), la cual, durante la emergencia sanitaria, manejó una chequera de 5,3 billones de pesos para financiar la provisión de bienes y servicios requeridos para mitigar los efectos de la pandemia. Varios de los contratos firmados por la UNGRD en cabeza de González tendrían irregularidades y en octubre de 2020 se abrió una investigación al director por supuestos sobrecostos en la entrega de unos kits de alimentación, por esto se le imputó una responsabilidad fiscal por 5.703 millones de pesos. Esta semana la Contraloría abrió otra investigación a González por responsabilidad fiscal por 7 mil millones de pesos correspondientes a unos paneles solares que se debían instalar en Chocó, que ya fueron pagados, y que siguen sin instalarse al día de hoy.

Por: Daniela Garzón, Investigadora nacional Línea de Democracia y Gobernabilidad Un hecho innegable es que Federico Gutiérrez es hoy el candidato que tiene mayores chances de tener gobernabilidad en el Congreso, pues es quien tendría más apoyos de congresistas elegidos; pero, paradójicamente, eso no se traduce en ser el candidato más opcionado a ocupar la Casa de Nariño. De los partidos que lograron curules tanto en Senado como en Cámara lo acompañan formalmente el Partido Conservador, De la U, el Liberal y la coalición Mira-Colombia Justa Libres. El partido del presidente Duque, el Centro Democrático, aunque no logró adherirse a la campaña formalmente, también está apoyándolo, y por cuenta de los Char y de la entrada de Luis Felipe Henao a su coalición como jefe de debate, una parte del Cambio Radical también está dentro de su campaña. Así las cosas, según el seguimiento que se ha hecho desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), hoy al menos 49 senadores (el 45%) y 65 representantes a la Cámara electos (el 35%) están haciéndole campaña activamente a Federico Gutiérrez. Eso son casi 7.2 millones de votos, si existiera un endose absoluto entre los votos de Senado y los de la presidencia. El problema de fondo es que en las elecciones presidenciales el llamado “voto de opinión” tiene mucha más presencia, cuando ya las maquinarias locales no están moviéndose tanto, porque ya aseguraron sus curules en el Congreso. También se observa que algunos partidos, como Cambio Radical o el mismo liberalismo, esperan hasta el último momento para unirse a las campañas y poder negociar sus votos al precio más alto posible. En cuanto a curules, esas 49 con que cuenta Federico Gutiérrez en el Senado están distribuidas así: Tabla No. 1 Senadores por partido que apoyan a Federico Gutiérrez. Creado por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación. En la Cámara de Representantes, los 65 representantes que hoy apoyan a Gutiérrez están distribuidos por partidos así: Tabla No. 2 Representantes a la Cámara por partido que apoyan a Federico Gutiérrez. Creado por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación. Esta distribución muestra que sin duda Gutiérrez es el candidato que recogería más votos del pasado 13 de marzo, sin embargo, sorprenden varios asuntos: 1. Pese a la declaración del Partido Liberal de una adición formal, hay una disidencia no despreciable dentro de este partido que le está haciendo campaña a Gustavo Petro, o que al menos no se ha manifestado a favor de Gutiérrez. 2. No todos los congresistas del Centro Democrático le están haciendo campaña a Federico Gutiérrez, lo cual significa que ya esperarán al resultado de la segunda vuelta para adherirse formalmente, si el candidato logra pasar. Esto se agrava al ver que dentro de los que no le están haciendo campaña están grandes electores como Alirio Barrera o algunos que solo han manifestado su simpatía por ser el candidato anti-Petro, como son los casos de Miguel Turbay y Paloma Valencia. Esto sucede incluso después de que el candidato oficial del partido, Óscar Iván Zuluaga, renunciara a su candidatura pocos días después de votadas las consultas interpartidistas. 3. Conseguir los apoyos de los representantes a la Cámara es más difícil, pues son menos visibles y su campaña se enfoca únicamente en sus departamentos, algunos de los cuales no son prioritarios en la campaña de Gutiérrez, por lo cual no es claro poder ponderar los réditos que reciben estos políticos por sumarse de lleno a la campaña. 4. Gutiérrez no logra sumar todos los votos del Cambio Radical y se queda sin apoyarlo formalmente David Luna, uno de los nuevos elegidos senadores que obtuvo más de 100.000 votos. La ausencia del liderazgo de Vargas Lleras comandando el partido es notoria. Los partidos y las diferencias con Duque Es importante resaltar que, de los partidos que se adhirieron desde el principio a la campaña de Gutiérrez, el único que ha puesto todos los esfuerzos en la campaña, acompañándolo en múltiples eventos y haciendo una gran difusión en redes, ha sido el partido Conservador. Esto, por supuesto, muestra que sí le pasa factura a un candidato llegar sin el aval de un partido o movimiento propio y que, aunque la suma de las circunstancias hizo de Gutiérrez el candidato de la derecha, eso no se ha traducido en un apoyo absoluto por parte de los partidos tradicionales. Esto lo diferencia de Iván Duque hace cuatro años, quien llegaba con el apoyo del uribismo en pleno, con un partido consolidado en el Congreso como primera fuerza en el Senado y segunda en la Cámara de Representantes. La victoria del plebiscito todavía resonaba y, sin duda, fue fundamental para el triunfo de Duque hace cuatro años. Las solas diferencias en la votación de la consulta entre Duque y Gutiérrez son importantes. Mientras Iván Duque consiguió en una consulta con tres candidatos, un poco más de cuatro millones de votos, Federico Gutiérrez consiguió, en una consulta con cinco candidatos, un poco más de 2.1 millones de votos. Una brecha de 1.9 millones de votos, que ya de entrada le pone mucho más difícil ser el vencedor de la primera vuelta. Asimismo, Gutiérrez no trae detrás un gran hito electoral de la derecha que lo impulse, todo lo contrario, carga con el lastre del actual gobierno. Hace cuatro años, el uribismo reclamaba no solo como propia la victoria del No en el plebiscito, sino que se presentaba como la alternativa de cambio de los ocho años de gobierno de Juan Manuel Santos y su desgaste, cosa que no puede hacer hoy Gutiérrez, pues, a pesar de sus intentos de desmarque, es obvio que es el candidato del continuismo. Después de una pandemia que lastimó severamente la economía, con la inflación disparada y con un estallido social sin precedentes vivido hace menos de un año, causado en parte por la reforma tributaria presentada por el exministro Alberto Carrasquilla, pocas personas creen que Colombia va por buen camino y que el camino que se transita es el correcto. Quizás sea por eso por lo que el expresidente Uribe, envuelto en el caso de presuntos falsos testigos que no precluyó, no ha decidido aún acompañar a Gutiérrez en la política de plaza, que es la que más lo favorece. Todo ese terreno se ha quedado para Gustavo Petro, y él lo ha sabido aprovechar. Ahora bien, volviendo a los apoyos partidistas, el caso de la U y del liberalismo muestra cómo la disciplina partidista no funciona, menos en los partidos en los que los votos son de los candidatos y no de la etiqueta. Pese a que la directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, ha acompañado a Gutiérrez desde que salió elegido candidato presidencial de la consulta del Equipo por Colombia, en la U los apoyos llegaron tarde. Los grandes electores de la U, como el Clan Gnecco, los Besaile o Alfredo Deluque, aparecieron en su campaña hasta hace muy poco. En La Guajira, por ejemplo, un evento convocado por Deluque resultó en una convocatoria muy pobre. Igualmente, la adhesión del partido Liberal, ocurrida hasta hace muy poco, hizo que electores reconocidos de este partido también entraran tarde a la campaña de Gutiérrez. Son los casos de Lidio García Turbay, Laura Fortich (que incluso alcanzó a dar Me Gusta a trinos de Petro) o Jaime Durán Barrera. Las personas con líos judiciales, como Mario Castaño, a quien la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación días antes de las elecciones de marzo, no se han manifestado en favor de Gutiérrez. Tampoco lo ha hecho la senadora Claudia María Pérez, la heredera del condenado Eduardo Pulgar, que sacó más de 110.000 votos, pero que a hoy no ha dado una sola declaración pública, es la congresista fantasma. Por otro lado, está el grupo de disidentes del liberalismo, que, o se fueron con Petro, o no se han manifestado en apoyo a Gutiérrez. Estos últimos son Alejandro Chacón y Alejandro Vega, representante a la Cámara por el Meta que saltó al Senado. En los disidentes, se destaca en Senado a Juan Diego Echavarría y en Cámara a Andrés Calle y María Eugenia Lopera, la ficha de Julián Bedoya. ¿Y dónde consigue votos? Así las cosas, y a días de que se vote la primera vuelta, el margen que le queda a Gutiérrez para sumar y no solo pasar a la segunda vuelta, sino convertirse en presidente, es poco. Las cuentas en el Congreso no muestran un gran espacio, excepto porque el uribismo se una en pleno, lo que no es tan claro que sea una ganancia, justamente porque el voto castigo contra un gobierno tremendamente impopular siempre pesa. También le quedarían algunos votos de Cambio Radical por recoger. Lo problemático es que esos votos que faltan por sumar están en los partidos que salieron como grandes perdedores de las elecciones de marzo. Como lo mostró Pares, Gutiérrez ya sumó la mayoría de los clanes políticos del país, muchos de los cuáles están debilitados electoralmente, justamente porque perdieron terreno frente a las fuerzas alternativas que fueron las ganadoras, y que ocuparán a partir de julio más espacio en el capitolio. El otro escollo que enfrenta Gutiérrez es que no solo no está creciendo en las encuestas, sino que le apareció en los últimos días un nuevo competidor de los votos de la derecha, que ha hecho una exitosa campaña en redes sociales y que podría recoger muchos de los votos del país conservador que está cansado del uribismo: Rodolfo Hernández. Aún cuando la distancia todavía es de un 7-8%, Hernández viene remontando. Probablemente no le alcance esta vez, pero lo cierto es que la derecha, por primera vez, ve su hegemonía comprometida.