Por: Línea de investigación de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Esta semana Pares Destaca a Daniel Cundumí, joven líder social y miembro de la Junta de Acción Comunal de la Comuna 5 de Tumaco, quien empezó su trabajo comunitario a los 15 años y trabaja para el fortalecimiento del tejido social desde diferentes perspectivas. Daniel apoya múltiples proyectos, como la siembra de 35.000 mangles por madres cabeza de hogar para generar empleo y al mismo tiempo fortalecer el ecosistema, o la implementación de un sistema de reciclaje para niñas, niños y jóvenes, en el que estos cambian materiales reutilizables por útiles escolares o deportivos, o la coordinación de partidos de fútbol interveredales. El sueño de Daniel es que gracias a estos espacios las mujeres, los niños, niñas y jóvenes encuentren en el arte, la cultura y la sostenibilidad una forma de cumplir sus propios sueños, al tiempo que mantienen viva la identidad cultural de Tumaco.

Por: Miguel Ángel Rubio Coordinador Escuelas de Liderazgo Juvenil Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil Detrás de cada gran fortuna hay un crimen Balzac Uno se pasa la vida preparándose para algo. Primero se enfada. A continuación, quiere venganza. Después espera. Él llevaba mucho tiempo esperando. Ya no se acordaba ni siquiera del momento en que el enfado y el deseo de venganza habían dado paso a la espera. El tiempo lo conserva todo, pero todo se vuelve descolorido, como en las fotografías antiguas. Sandor Marai, El Último Encuentro El siglo XX fue el siglo de las mafias en América y en Italia. Mafias que se arraigaron en Colombia de manera especial con el nombre de cárteles, los cuales, herederos de una tradición siciliana, han sido en muchos momentos enclaves económicos con sustento en poderosos dirigentes políticos, al punto de poner y quitar presidentes en muchos países del mundo. En nuestro país es famoso el escándalo del proceso 8.000, en el que a un expresidente se le acusa de haber recibido dineros de la mafia caleña para financiar su campaña política. Esto no es, ni más faltaba, una teoría conspiranoica de las que se encuentra uno en las noticias falsas de internet cada tanto. Se sabe a ciencia cierta que las mafias más poderosas del mundo no solo donan grandes cantidades de dinero al Vaticano y establecen sólidas relaciones con otras congregaciones religiosas, sino que tienen alianzas muy fuertes y duraderas con los partidos políticos, con las fuerzas del orden y con las élites, que las desprecian, pero que se usufructúan de ellas para sus beneficios económicos y para su permanencia en el poder. En Colombia, después de la segunda mitad del siglo XX, emergieron grandes capos y mafias dedicadas principalmente a la comercialización ilegal de marihuana primero y Cocaína después, diversificando su negocio con el juego, las apuestas, la trata de personas, el tráfico de armas, el lavado de divisas, entre otros negocios, y de un tiempo para acá, involucrándose en actividades políticas del tipo, patrocinar campañas políticas o, incluso, lanzar sus propias fichas a elecciones, adquiriendo un poder político que los blinda del siempre débil brazo del Estado y la policía. El actual presidente de la república se ha visto salpicado en relaciones de este tipo y sus actuaciones y declaraciones no dejan saber lo contrario. Es de este tipo de relaciones establecidas entre la mafia y la política, de lo que habla la última novela del escritor, politólogo, periodista y director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), León Valencia Agudelo. La Sombra del Presidente es una novela recientemente publicada por Editorial Planeta, que, en clave de novela de ficción, cuenta los últimos 20 años de la historia política de Colombia desde dos grandes familias, la una terrateniente y conservadora, arraigada en el amor a la tierra, el poder a la tradición y las “buenas costumbres”. Es la familia Echeverry, de la que uno de sus hijos llega a ser presidente de Colombia, después de una prolífica pero también polémica carrera política en su región. La otra, la Familia Ferraro, contrabandistas y comerciantes de frontera, cuyo encuentro con los Echeverry determinará su papel en la historia y la política colombianas. Esta novela, publicada en plena pandemia y lanzada de manera virtual en muchas ciudades del país, tuvo finalmente el pasado 30 de abril en Corferias su lanzamiento “en carne y hueso”, con autor a bordo, comentaristas invitados y por supuesto público. El leitmotiv de la obra es la relación mafia-política, una relación por supuesto de traiciones, asesinatos a mano propia, venganzas, negocios sucios, mentiras, hipocresía, violación, infidelidades, etc., al mejor estilo de la novela gansteril de la línea de Mario Puzo o de Kurt Vonegut,  de Cormac McCarthy o de Ken Follet. El relato es al inicio lento, pero no tedioso, pues al narrador le interesa dejarnos claro que habrá una historia de amor irrealizable, signada por la muerte y la traición, y con una relación del pasado familiar turbia, que corresponderá a los nietos Adriana Ferraro y Daniel Echeverry resolver y dejar atrás, para cerrar futuros y fructíferos negocios. El presidente retratado en la historia, al momento de su aparición y mientras es narrado y va teniendo su despliegue literario, va dándonos pistas de quién es a pesar de que el narrador usa la técnica del nombre falso. Y qué profundo se nos hace en su búsqueda del poder, en las vicisitudes de su ascenso, en sus profundas convicciones políticas, en la defensa de sus intereses y en las actuaciones que le significan su ruina moral y por ende la del país, que lo llevó enceguecido 2 veces al poder. El otro personaje principal, pues en la novela no se puede decir que uno es más importante que otro, es un narcotraficante, quien, por circunstancias ligadas a los negocios, el honor y la protección a su familia, termina involucrado en la creación de los grupos paramilitares, en un asesinato que determinará el éxito de su amigo presidente y en las negociaciones con estos grupos armados. Luego es traicionado por el presidente con la extradición a los Estados Unidos, lo que le permitirá una reflexión lenta, profunda, tranquila y meditada de su vida, para cuando llegue el momento de cruzar de nuevo su mirada con el presidente Echeverry, antes su amigo, con quien tiene asuntos pendientes. Con ecos de la novela de dictadores como El Otoño del Patriarca de García Márquez, Yo El Supremo de Roa Bastos, La Fiesta del Chivo de Vargas Llosa o El Jinete de Bucentauro de Alfredo Iriarte, La Sombra del Presidente nos habla de las relaciones de poder, de los miedos de quien lo detenta, del lado oscuro de un presidente que en público es amado por el pueblo y en familia odiado por su esposa. León Valencia logra ficcionar, y de qué manera, la vida política y personal del presidente más cuestionado de la historia de Colombia, sus relaciones con las mafias de Antioquia y la Costa Atlántica, sus vínculos y complicidad con el paramilitarismo y su legado. Con esta novela madura, de narrativa ágil, de profundidad investigativa, de audacia en el trasunto de la historia, sin toma de postura o juicios de valor, la literatura colombiana cierra un ciclo de literaturas de sicariato, mafias de barrio, traquetos y violencia, y abre otra de literatura política. Retoma la historia, va a la crónica y regresa para novelar, en el mejor sentido de la palabra, una historia de Colombia en la que la ficción parece más verosímil que lo que a diario pasa en este país.

Por: Nataly Triana Guerrero, Asistente de investigación Línea de Democracia y Gobernabilidad El 13 de marzo Sergio Fajardo se impuso como ganador en la consulta presidencial de la Coalición Centro Esperanza, desde entonces se ha presentado oficialmente como la única propuesta transparente que puede competir contra Gustavo Petro y Federico Gutiérrez para lograr una transformación en Colombia. De hecho, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), se ha podido identificar que es el único candidato en esta triada que no tiene respaldo de clanes políticos. Aunque la Coalición Centro Esperanza ha demostrado ser una tercería viable frente a la disyuntiva entre los candidatos Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, lo cierto es que no logró subir en las encuestas para competir y asegurar su llegada a una segunda vuelta. Esto, en principio, tras los resultados obtenidos en la consulta presidencial, en la que obtuvieron 2.287.603 votos, que representaron solamente el 22,47% de la votación total de las consultas. Sergio Fajardo no alcanzó ni a la tercera votación más alta, obtenida por Francia Márquez con 785.215 votos. 9dd0e1 Tabla No. 1 Top de votaciones más altas en las consultas presidenciales. Creado por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Asimismo, esta Coalición solo obtuvo una votación mayoritaria en el departamento de Boyacá, que corresponde al fortín electoral del precandidato Carlos Amaya, ex-gobernador del departamento 2016-2019,quien actualmente acompaña al candidato Sergio Fajardo en su aspiración presidencial. Este resultado refleja el declive de la coalición y especialmente el del candidato presidencial, si se compara con los resultados obtenidos en las elecciones presidenciales de 2018. Tabla No. 2 Votaciones presidenciales 2018 primera vuelta. Creado por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. La caída del centro y de Fajardo se debe principalmente a que la Coalición Centro Esperanza se ha construido como un proyecto político inestable debido a las disputas internas entre sus miembros. Esto ha imposibilitado asumir un rol de liderazgo y refugio frente a la polarización del escenario político que representan los candidatos del Pacto Histórico y el Equipo por Colombia. Pese a ser la primera coalición que comenzó diálogos para estas elecciones, sus integrantes no lograron asumir acuerdos comunes a tiempo, lo que los llevó a ser sus propios enemigos en esta campaña. Adicionalmente, Fajardo sufrió una gran fractura en el voto de opinión luego de las investigaciones y los procesos relacionados con Hidroituango, sobre lo cual ha recibido varios señalamientos, a pesar de las controversias dentro del fallo de la Contraloría y las sanciones derivadas. Esto también ha llevado a que se presenten disputas entre Fajardo y el actualmente suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Por otra parte, la Coalición Centro Esperanza tiene el respaldo de partidos, fracciones de partidos y/o movimientos políticos que, aunque tuvieron un caudal electoral importante en 2019 para las elecciones locales, no lograron consolidar un proyecto sólido para las nacionales. Este es el caso del partido Alianza Verde, el cual quedó gravemente fracturado entre los miembros que ahora se encuentran en el Pacto Histórico, y los que se quedaron en la consulta. Dentro de la coalición también hay otros partidos y movimiento que han tenido dificultades para sumar una cantidad importante de votos: Colombia Renaciente, Alianza Social Independiente (ASI), Nuevo Liberalismo, Somos Verde Esperanza, Movimiento Compromiso Ciudadano y Partido Dignidad. Según el preconteo de las recientes elecciones legislativas, Colombia Renaciente no pudo asegurar la curul afro y obtuvo solamente una curul en la Cámara de Representantes de La Guajira; el Nuevo Liberalismo solamente logró una curul en la Cámara de Representantes de Bogotá; por último, la Coalición Alianza Verde Centro Esperanza, para el senado, obtuvo 13 curules. Ahora bien, a pesar de que estos candidatos electos pertenezcan a los partidos y/o fracciones de partidos que respaldan a Sergio Fajardo en su campaña a la presidencia de la República, esto no significa que ellos o ellas compartan esa aspiración, especialmente en el partido Alianza Verde, donde hay libertad de militancia para estas elecciones. Conforme a las investigaciones de Pares, los candidatos electos según el conteo preliminar de la Registraduría que respaldan abiertamente a Sergio Fajardo son 7 senadores y 8 representantes a la Cámara. Tabla No. 3 Congresistas electos que apoyan a Sergio Fajardo. Creado por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. La capacidad electoral que tienen estos candidatos corresponde, según las votaciones al senado, a 429.101 votos; no obstante, no se puede asegurar que la totalidad de estos votos sean endosables para Fajardo, si se tiene en cuenta que la literatura académica señala que existe una incertidumbre inherente a los votos amarrados en función de las dinámicas mismas del proceso electoral local. Lo anterior también plantea un problema de futura gobernabilidad. Fajardo debería hacer acuerdos amplios con otros partidos y facciones, en dado caso que logre pasar a segunda vuelta. Según las encuestas actuales, Fajardo esperaría mantener la votación obtenida en la consulta para tener un margen de negociación en segunda vuelta con los candidatos que pasen, si no logra pasar él.

Por: Luis Eduardo Celis Elsa Alvarado, Carlos Alvarado y Mario Calderón, siempre en la memoria. El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) es el pionero en Colombia en la tarea de acompañar procesos populares para avanzar en derechos, equidad y democracia. La historia del Cinep, como obra de la Compañía de Jesús, está ligada al mundo campesino, barrial, afro e indígena, las poblaciones más excluidas y atropelladas por un orden social caracterizado por el autoritarismo, las inequidades, y una enorme concentración de la riqueza y el poder, de manera violenta. La labor del Cinep siempre ligó la reflexión y la investigación con la acción social. Por este centro de investigación pasó una pléyade de intelectuales de las mayores calidades, quienes juntaron su capacidad de comprensión de los temas sociales con una acción pedagógica y de incidencia política para trabajar con nacientes organizaciones sociales. Hablo de los años setenta, en los que hubo un florecimiento de las luchas sociales, en aquél momento se dieron grandes enseñanzas. La maduración que hoy vive la sociedad colombiana, una mayor comprensión de los enormes desafíos que tenemos como sociedad, se ha nutrido de la acción de cientos de iniciativas de acción social e institucional que hemos aprendido del Cinep. Medio siglo de trasegar bien vividos ha dejado muchas satisfacciones para quienes han participado de la experiencia del Cinep. Son muchos los logros, frente a la reflexión y la acción en derechos humanos, en los derechos sociales y económicos, en los temas agrarios, en los temas territoriales, para mencionar solo algunos temas en los que la relevancia del Cinep es plena. Ahora que el Cinep cumple medio siglo de existencia y actuación, no queda sino expresarles gratitud y reconocimiento por todo lo que han hecho por Colombia y por lo que nos han enseñado.

Por: Línea de Frontera, Migración y Conflictos. La administración del presidente Biden relaja las posturas inflexibles hacia la administración del presidente Maduro y lanza señales firmes de que ahora optará por una relación de cooperación con Caracas, siempre teniendo presente y como prioridad los intereses de los Estados Unidos. Ahora, estos intereses se mueven entre bloquear una mayor presencia rusa en Venezuela y tener acceso al petróleo venezolano, todo movido por la guerra entre Rusia y Ucrania. La noticia de que la petrolera Chevron pueda reactivar su relación con la petrolera PDVSA, representa un nuevo paso desde Washington para recomponer la maltrecha relación con el gobierno Venezolano y es la antesala de nuevos pasos que veremos en las próximas semanas y meses, en un pragmatismo usual para quienes saben moverse de un lado para otro sin mayores complicaciones. Maduro sigue ejerciendo el gobierno, no se dejó desalojar y ahora es el interlocutor necesario para un mundo que se ha convulsionado desde Europa, impactando en nuestra vida doméstica por la subida de los precios de los alimentos que se producen con insumos provenientes de Ucrania. De manera delirante, el presidente Duque lee los nuevos pasos dados en Washington por la administración Biden en relación a Venezuela, como un triunfo de la fallida y nefasta política del "cerco diplomático". Nada más alejado de la realidad, pues es todo lo contrario; el acercamiento de Washington a Caracas de los últimos meses es una nueva palada a esa insepulta política. En el debate presidencial colombiano, sin excepción y con algunos matices, los contendientes han afirmado que, con relación a Venezuela, tomarían un rumbo de relaciones diplomáticas, el único camino viable para pensar los enormes desafíos que tenemos las dos naciones. El próximo presidente de Colombia debe restablecer la relación diplomática con Venezuela y acordar una hoja de ruta para enfrentar los temas de seguridad en la frontera, hoy en manos de ilegales de lado y lado. También deberá concertar un involucramiento positivo del gobierno Maduro en el necesario proceso de paz pendiente con el ELN, involucramiento que ya viene desde los años 90, cuando se dio la mesa de diálogos en Caracas en 1991 y que se ha mantenido con varios gobiernos colombianos. Igualmente, hay mucho por hacer para recuperar una fluida relación económica con Venezuela. El vecino país fue nuestro segundo socio comercial por más de tres décadas y hoy no está ni en los primeros diez lugares, debido a las fracturas en la relación binacional y a la aguda crisis que ha vivido Venezuela en los últimos años, de la cual poco a poco viene mostrando signos de recuperación y en la cual hay múltiples oportunidades para los empresarios colombianos en varios renglones. Quien gane las elecciones debe liderar la construcción de una relación diplomática con Venezuela, pensando en nuestros intereses económicos, de paz, control democrático de la frontera y una relación constructiva frente a una nación con la cual nos une una vecindad y una hermandad.

Por: Dennis Huffington y Linda Posso Gómez Oficina Pares-Pacífico Hoy 28 de marzo de 2022 se cumplen cuatro meses de angustia y zozobra para la comunidad Yurumanguireña, y para Buenaventura en general, por la desaparición de Edison Valencia y Abencio Caicedo. ¡Los queremos vivos!, ese es el mensaje que desde noviembre del 2021 envía esta comunidad por sus lideres. Abencio Caicedo es delegado por la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario al Equipo de Resolución de Conflictos, y Edison Valencia es Coordinador de Control y Vigilancia de la Organización Étnico Territorial APONURY del río Yurumanguí. La desaparición de estos lideres es un ataque político contra las comunidades ribereñas de las cuencas del sur de Buenaventura y las organizaciones comunitarias de la zona, por lo que representaban Edison y Abencio como líderes, pero también como vecinos, padres, hijos y amigos. El impacto ha sido tal que las fiestas tradicionales celebradas en diciembre se cancelaron, y con el reconocido festival “Manacillos”, a desarrollar en semana santa, podría ocurrir lo mismo. Un golpe al corazón de las comunidades Edison y Abencio, que pertenecen a la Asociación Popular Negra Unida del río Yurumanguí (APONURY), son reconocidos y admirados por su liderazgo en el cuidado del territorio a través de la defensa de los recursos naturales, protección contra la minería ilegal, cultivos ilícitos, transmisión de saberes y la educación. Edison, además, participó en los inicios del proceso constituyente de la Ley 70 de 1993 y para el momento de su desaparición, era docente en la Institución Educativa Esther Etelvina Aramburo, ubicada en la vereda de Juntas, donde enseñaba desarrollo comunitario. Tiene 5 hijos que esperan que aparezca con vida. Abencio es conocido por haber sido el representante legal más joven del Concejo Comunitario de Yurumanguí y se desempeñaba como el presidente de APONURY. Se encargaba de transmitir los saberes ancestrales a los más jóvenes a través del canto y el baile, expresiones de la practica cultural que en medio de la violencia se han convertido en muestras propias de resistencia pacífica. Sus más cercanos lo catalogan como el “alma de la fiesta” durante las celebraciones del Manacillo, donde junto a las mayoras se encarga de los cantos; y a los más jóvenes, del baile y los instrumentos. Ambos son líderes que trabajan incansablemente por la defensa de los derechos humanos de sus comunidades, la transmisión de saberes, formación de juventud, prevención del reclutamiento y fortalecimiento del proceso organizativo. Por ello, su desaparición es un claro ataque al corazón de la comunidad, las autoridades étnicas y la organización territorial. Se asume que es con la intención de debilitarles para que cedan a las presiones de las que son víctimas para que permitan el desarrollo de economías ilegales al interior del territorio. La lucha es para vivir sabroso Yurumanguí es de los pocos territorios del pacífico medio libre de economías ilegales gracias a su proceso organizativo interno. Desde el 2007, a través de un mandato de asamblea, se declararon un territorio libre de coca, de minería ilegal y monocultivos. Para los grupos criminales que procuran la producción de cultivos en este territorio es una afrenta. Por esta razón, sus líderes son constantemente objeto de amenazas e intimidaciones. Fuente: Archivo Pares Pacífico En este territorio hubo presencia del Frente 30 de las FARC y el Bloque Calima de las AUC durante el conflicto armado, este último dejó la zona en el 2006, producto del Acuerdo de Santa Fe de Ralito que desmovilizó a los grupos paramilitares. En 2016, las FARC hizo lo mismo debido a la Acuerdo de Paz e inmediatamente el corregimiento se convirtió en escenario de disputa entre pequeños grupos posfarc y el ELN. Actualmente, Yurumanguí se lo tomó el Comando Coordinador de Occidente, a través de la Columna Móvil Jaime Martínez, como lo ha reconocido públicamente el Personero Distrital. Esta agrupación se financia con el narcotráfico, minería ilegal y la tala y comercialización indiscriminada de madera, actividades que ejercen desde el Cauca, hasta nororiente rural de Buenaventura, con excepción de un extenso territorio: Yurumanguí. Por eso golpean a la comunidad para controlar al territorio. Al igual que en las zonas de Naya, Cajambre, Raposo, Anchicayá, Zaragoza, Sabaletas, Córdoba y San Cipriano, en Yurumanguí la Columna Móvil Jaime Martínez ha logrado en los últimos meses ejercer un profundo control territorial. Se han asentado en medio de la población civil, que a pesar del riesgo de quedar en medio de un enfrentamiento o ser señalada de colaboradora, decidió quedarse en el territorio, porque saben que salir es perderlo, junto a sus jóvenes, y retroceder dos décadas en la guerra. La Jaime Martínez ha intentado regular las dinámicas propias de la comunidad en Yurumanguí, pero se han encontrado con una resistencia civil, comunitaria y pacífica, que es admirable, pero que los pone en alto riesgo. Por esto, es necesaria la presencia efectiva del Estado en estas partes de la ciudad. Por supuesto que no se hace referencia a la presencia militar, sino a todas aquellas instituciones que les garanticen el mejoramiento en la calidad de vida para evitar que la juventud sean reclutada bajo promesas monetarias. A la vez, la comunidad insiste en el denominado Acuerdo Humanitario ¡YA! y de la Juntanza por la vida y la Paz para establecer diálogos subregionales y para que se les respete derechos como la vida, tranquilidad, seguridad alimentaria, educación, salud, libre desarrollo del ser; o como le dicen: su derecho a vivir sabroso. A pesar del dolor la esperanza se mantiene Pese a esta realidad, Yurumanguí se reafirma como un territorio de paz; es una comunidad que cree en la reconciliación y pide el respeto a la vida y la libertad de sus lideres. El consejo comunitario mantiene vivas las esperanzas de hallar con vida a sus dos hijos. Desde el primer momento en que se conoció la trágica noticia no han parado la búsqueda: mujeres de los ríos Raposo, Cajambre y Yurumanguí se organizaron y conformaron el Comité de Mujeres Buscadoras, el cual lleva 120 días movilizándose por los ríos en la búsqueda de Abencio y Edison, lamentablemente, sin encontrar respuestas. El 1 de diciembre del año anterior, el consejo comunitario de Yurumanguí se declaró en asamblea permanente y la prioridad es encontrarlos. Las autoridades han manifestado que los han buscado en las partes altas, medias, bajas y montañosas del río Naya (último lugar donde se conoció su paradero) y Yurumanguí, pero tampoco han dado con su paradero ni han conocido ningún tipo de información que les ayude en su búsqueda. Para las poblaciones de este territorio no solo están desaparecidos Abencio y Edison, han desaparecido dos grandes constructores de paz, dos implacables lideres que defienden el territorio y la vida que se oponen a los cultivos de uso ilícito. Hoy son 4 meses de angustia y búsqueda incesante, pero también de esperanza por verlos regresar a su territorio de donde nunca debieron llevárselos. Por el momento no hay comunicado oficial de ninguna agrupación armada ilegal que se otorgue la responsabilidad de lo ocurrido y el miedo de las comunidades por la presencia armada impide que se tenga mayor información. No obstante, la esperanza de que a Edison y Abencio los devuelvan con vida sigue viva y a pesar de los riesgos, su búsqueda continua bajo la consigna de “vivos se los llevaron, vivos los queremos de vuelta”.

Por: Dennis Arley Huffington Investigador Territorial Oficina Pacífico - Pares Desde hace seis meses las comunidades de Bajo Calima en Buenaventura son víctimas de la expansión criminal de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también denominadas Clan del Golfo. Su accionar en esta parte del distrito ya ha dejado miles de personas desplazadas en ocho desplazamientos masivos ocurridos en lo corrido de 2022, dejando como resultado veredas enteras completamente vacías. Quienes han optado por resistir en su territorio deben enfrentar las restricciones impuestas por este grupo delincuencial que a sangre y fuego se disputa con el ELN el control de la zona y del vecino departamento del Chocó. Tal es la capacidad bélica de las AGC y su presencia en el territorio nacional, que desde el pasado 5 de mayo paralizaron por completo cinco departamentos y afectaron la cotidianidad de otros tres. Esto deja en evidencia, una vez más, el fracaso de la política de seguridad del gobierno Duque y el alto riesgo que afrontan las comunidades rurales y periféricas del país con la realización del paro armado. Padeciendo otro paro armado Mientras el país no sale del asombro por la declaratoria de paro armado de las AGC, debemos recordar que es el segundo paro que se realiza en menos de tres meses, el primero lo ejecutó el ELN a finales de febrero. El que inició la semana pasada por parte de las AGC se presenta como retaliación a la polémica extradición hacia los Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, quien hasta hace unos meses fue su principal comandante y el narcotraficante más buscado de Colombia. Mediante un comunicado, las AGC amenazaron a los habitantes de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre, Magdalena y Chocó, en donde tienen mayor presencia, y ordenaron acatar las restricciones que impedían la movilidad y todo tipo de actividades como el comercio, las jornadas educativas y deportivas. En los cinco departamentos el comercio se paralizó, en las vías fueron incinerados buses, camiones y vehículos particulares, además, en Riosucio y Ancandí (Chocó) fueron hostigadas con ráfagas y explosivos las estaciones de policía. De acuerdo a los comunicados de este grupo armado, el paro culmina el diez de mayo a las 12 de la noche. Sin embargo, en Buenaventura parece no ser así, pues según han advertido a comunidades de la parte norte de la ciudad —zona que se ha convertido en el nuevo epicentro de la disputa armada entre las AGC y el ELN— las restricciones continuarán por cinco días más hasta el 15 de mayo. Una de las pocas imágenes que circulan en La Colonia, Bajo Calima, un pequeño centro poblado de la zona. Foto compartida por población civil de la zona La crisis humanitaria entre Buenaventura y Chocó se agudiza Actualmente hay una arremetida de las AGC desde el sur del Chocó, principalmente en la cuenca baja del río San Juan, que conecta con el Bajo Calima. Según la ONU, los ataques iniciaron desde noviembre del año pasado, cuando por lo menos 940 personas se quedaron confinadas en medio de combates entre las AGC y el ELN. En lo que va corrido del año, según denuncia pública del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN), se han registrado ocho desplazamientos masivos en diferentes comunidades: 150 familias en Dipurdú, 53 familias en Negría, cuatro familias en Paimadó, 17 familias en Barranconcito, 51 familias en San Agustín, cinco familias en Las Brisas del Litoral y 17 familias en Tordó. Además, 39 de las 72 comunidades del San Juan están en situación de confinamiento, 21 de ellas en el municipio de Litoral del San Juan: Cabecera, Cuéllar, Malaguita, Palestina, El Coco, El Quícharo, Taparal, Los Perea, Las Delicias, Munguidó, Pangalita, Barrios Unidos, Bella Victoria, Las Peñitas, Las Brisas, Tordó, Copomá, Puerto Murillo, Guachal, Corriente Palo y Cucurrupí. Otras 6 se encuentran confinadas en Medio San Juan: Dipurdú, La Unión, Bebedó, Calle Fuerte, Paimadó y Fugiadó. En medio de todo esto, dos menores de edad han perdido la vida: una menor de diez años, Valeria Murillo Murillo, producto de una bala perdida en medio de una incursión de las AGC en la comunidad de Dipurdú del Guacimo (Medio San Juan). En esta misma incursión se llevaron al joven Juan de Jesús Lerma Murillo, que tres días después apareció muerto en una playa sobre el río. Recientemente, en medio del paro armado, la Juntanza Inter - Étnica Popular Y Social, denunció que el día 8 de mayo “hacia las 8:30 a.m. la comunidad de Colonia fue convocada a una reunión por las AGC, en la que informan que el paro armado lo aumentan por 15 días más, y señalan y amenazan con picar a los pobladores de esta comunidad y que acabarán con todos los colaboradores del ELN, y dan 2 horas para comprar en las tiendas. Es de anotar que hay un desabastecimiento por el control en los territorios. La reunión se hace a cien metros de donde se encontraba la fuerza pública”. Por tal razón, las comunidades insisten en el llamado a las autoridades y al Gobierno Nacional para que tomen medidas que les garantice el derecho a vivir sabroso en su territorio Recomendaciones adaptadas al contexto Buenaventura limita al norte con el departamento del Chocó, en esta zona se entrecruzan los ríos Calima y San Juan y convergen en hermandad las comunidades del Litoral del San Juan (Chocó) y Bajo Calima (Buenaventura). Bajo Calima es la entrada fluvial, rivereña y terrestre hacia el casco urbano del distrito de Buenaventura, un lugar estratégico, que además de colindar con el puerto de Aguadulce, permite la salida desde los corregimientos carreteables hacia el océano pacífico sin tener que cruzar los controles urbanos, por lo que fácilmente puede ser usada para la movilidad de droga, armas, oro y dinero. Por ello, es menester que se diseñen e implementen medidas de prevención, atención y respuestas adecuadas para salvaguardar la vida de todas las comunidades que se han visto obligadas a soportar la presencia de los grupos armados ilegales en sus territorios. Las medidas deben ser de carácter nacional debido a que las AGC son una estructura armada que sobrepasa la capacidad de los operadores de seguridad local, según el más reciente informe de PARES titulado “Plomo es lo que hay”, este grupo se consolidó como uno de los actores armados con mayor presencia en el territorio colombiano, ubicándose en los primeros meses de 2022 en 241 municipios del país (31 más que los registrados el año pasado) a través de cuatro estructuras, 22 subestructuras y 2 comisiones conformadas por aproximadamente 3.260 integrantes (1.461 armados y 1.799 en el componente criminal focalizado). Además, se deben tomar las medidas necesarias para contener su expansión hacia otras zonas de Buenaventura, porque ya tienen presencia en Juanchaco, Ladrillero y la Barra - Bahía Málaga, donde el fin de semana no permitieron movilizar transporte normalmente por las restricciones del paro armado. El riesgo inminente es que, sin la intervención estatal, es cuestión de tiempo para que ingresen al casco urbano, ya sea subcontratando a alguna de las agrupaciones locales o directamente disputándole el control territorial a las que están posicionadas. En cualquiera de los casos, el resultado sería reavivar la guerra entre el narcotráfico que se vive desde finales del 2020, seguramente con una violencia más degradada y degradante, militarmente más intensa y socialmente más angustiante. Por esta razón, las organizaciones sociales y étnico territoriales, en cabeza de la Juntanza Inter - Étnica Popular y Social, son enfáticas en sus exigencias: Exigen, en el marco del Acuerdo de Paz, que se dé cumplimiento al punto 3.4, con el efectivo desmonte de las estructuras sucesoras del paramilitarismo en Buenaventura. Exigen que se retomen los diálogos con el ELN y habiliten los diálogos humanitarios que garanticen los retornos y la protección de la población civil. Exigen la atención inmediata en salud, educación y protección en los albergues.

Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador nacional Línea de Democracia y Gobernabilidad El aspirante a la presidencia de Colombia por el Movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández Suárez, se ha caracterizado por un discurso anti-establecimiento y anti-corrupción. Esto ha llevado a que el candidato mantenga una postura de independencia respecto a estructuras políticas y grandes financiadores de campañas, lo cual, en el escenario en el que llegue a ser presidente, se enfrentaría a grandes problemas de gobernabilidad para que sus iniciativas avancen en el Congreso, como se pudo ver durante su mandato como alcalde de Bucaramanga. Además, pese a que Hernández ha tomado la bandera de la lucha contra la corrupción como el pilar de su campaña, no se vio exento de que los representantes a la Cámara de su Movimiento, Liga de Gobernantes Anticorrupción, fueran personas cuestionadas y pertenecientes a estructuras políticas tradicionales de Santander. El candidato sin Congreso y sin apoyos políticos En caso de que Hernández llegara a la presidencia de Colombia, contaría únicamente con el apoyo de dos representantes a la Cámara del Movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, que lograron llegar con la mayor votación de una lista a la Cámara de Representantes en Santander, al alcanzar 172.306 votos. Pese a este éxito en el departamento de Santander, el movimiento fundado por Rodolfo Hernández no lanzó una lista al Senado ni en ningún otro departamento. A su vez, ajustándose a su discurso de independencia, Hernández ha sostenido que no hará alianzas ni acuerdos programáticos con ningún partido político o aspirante a la presidencia, ya que eso sería traicionar a las personas que impulsaron su candidatura y lo han apoyado bajo la premisa de que es el candidato independiente. Precisamente esa ha sido la estrategia de su campaña: mostrarse como un “llanero solitario” que va a derrotar a las élites corruptas que están en el poder. Incluso, como señaló el analista político y director de la Fundación Liderazgo y Democracia, Álvaro Forero Tascón, “se presenta como llanero solitario, independiente de todo compromiso o deuda política”. Así, Hernández no se ha aliado ni ubicado con nadie para presentarse como alguien sin deudas que pagar. Sin embargo, esa lógica de independencia tiene como efecto directo que Rodolfo Hernández, de llegar a la presidencia, no contaría con ninguna estructura política en el Congreso que lo respalde como una bancada clara, lo cual podría tener efectos directos en su gobernabilidad. Crónica de una crisis de gobernabilidad anunciada Un escenario como el que podría enfrentar Rodolfo Hernández si gana la presidencia es el que sucedió durante su mandato como alcalde de Bucaramanga, Santander. Al igual que en su campaña actual, en 2015 lanzó su aspiración a la Alcaldía de Bucaramanga por el Movimiento Cívico Lógica Ética y Estética que recogió 130.000 firmas para inscribir su candidatura independiente. En todo momento sostuvo su independencia, aludiendo a que así no le debía “favores” a nadie. Con ese discurso, logró hacerse elegir y marcó un cambio, porque no pertenecía a un clan político o a un partido tradicional. Incluso, como parte de su campaña presidencial, se ha presentado como alguien que derrotó las máquinas politiqueras en Bucaramanga. De esta forma, durante su mandato, no contó con ninguna estructura política que lo apoyara en el Concejo de Bucaramanga, porque ningún partido le “debía” a él. Por un lado, 12 de los 19 concejales que integraron el Concejo 2016-2019 se declararon en oposición. Y por el otro, la bancada minoritaria, que “apoyaba” a Hernández, no apoyó varias propuestas del exalcalde. Esa independencia y ausencia de estructuras políticas en el Concejo de Bucaramanga, llevó a que Hernández tuviera una mala relación con esta corporación y a que varios proyectos se estancaran, afectando a la ciudad. Algo parecido a esto le sucedió al actual presidente, Iván Duque, que pretendía gobernar con acuerdos programáticos y sin “mermelada” o reparto de puestos. Si bien la coalición de gobierno era mayoría en el Congreso, esa lógica ante el reparto de puestos llevó a que Duque tuviera una “crisis” de gobernabilidad,porque es una dinámica que la mayoría de los partidos que conforman el Congreso 2018-2022 no maneja. Eso se vio reflejado en que, hasta lo que va de la presidencia de Iván Duque, el Gobierno haya presentado 112 iniciativas legislativas, de las cuales solo 35 fueron sancionadas como ley. Es decir, solo se tuvo una tasa de aprobación del 31,25% y hubo grandes fracasos como que no pasara la Reforma a la Justicia, la reforma a la Salud y el proyecto de ley de Especialidad Agraria, por mencionar algunos. Esto se debe a que, como sostiene Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia (DEMOS UR), una distancia con los partidos políticos solo deja dos escenarios: el primero, es uno en el que se presione al Congreso para que apoye su agenda a pesar de todo, buscando una presión de parte de la opinión pública con reformas populares. El segundo, es uno en el que haya una resignación a gobernar únicamente sobre asuntos corrientes, sin ambiciones de reformas. Así, Rodolfo Hernández se enfrentaría a una situación similar a la del gobierno actual o incluso a una peor, ya que no tendría ningún partido o estructura política consolidada en el Congreso que impulse sus iniciativas legislativas. Si el gobierno de Iván Duque presentó serias dificultades para que avanzaran los proyectos de ley propuestos por el Gobierno, teniendo entre las dos corporaciones del Congreso a 59 congresistas de su partido, el Centro Democrático; en el caso de Rodolfo se pueden dar mayores complicaciones. En conclusión, Rodolfo tendría que buscar alianzas a toda costa para que sus iniciativas avancen en el Congreso, renunciando, al momento de ser elegido, a cualquier independencia, o, como hizo Iván Duque, resignarse a no aspirar a grandes reformas. ¿Quiénes son los cuestionados representantes a la Cámara de la lista de Rodolfo Hernández? Uno de los representantes que salió electo es Juan Manuel Cortés Dueñas, teniente retirado del Ejército, institución en la que estuvo por 10 años. Ha sido asesor privado de Andrés Villamizar en la dirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y asesor de la comisión Segunda del Senado. Su primera aspiración a un cargo de elección popular fue en 2019, cuando aspiró a la Asamblea Departamental de Santander, sin llegar a quedar por lograr poco más de 8.000 votos. Juan Manuel es hijo del exdiputado y líder político del municipio de Barbosa, José Domingo Cortés, y sobrino de Marcos Alirio Cortés, exalcalde de Barbosa y exsenador, con un cuestionado pasado. Marcos Alirio habría sido sancionado por celebración indebida de contratos mientras fue alcalde de Barbosa, a la vez que ha sido investigado por enriquecimiento ilícito, peculado y maltrato infantil. Además, fue señalado por alias “Lagartija”, ex-miembro del Bloque Central Bolívar de las AUC, de tener presuntos nexos con Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”, por lo que fue investigado por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, se desconoce el estado actual de la investigación adelantada en contra de Marcos Alirio, ya que los procesos que tiene en la Corte Suprema tienen un carácter privado: Imagen No. 1 Procesos de Marcos Alirio Cortés en la Corte Suprema de Justicia con carácter privado. Tomado de: Rama Judicial La otra representante a la Cámara elegida por el Movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, movimiento político de Rodolfo Hernández, es Érika Tatiana Sánchez, quien ha sido trabajadora social y contratista de la alcaldía del municipio de Sucre, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Santander y de las Unidades Tecnológicas de Santander. En 2019 habría aparecido en unos videos en los que presuntamente estaría tabulando votos, un mecanismo para contabilizar la compra de votos, en favor de Claudia Lucero López. Ella ha negado estos señalamientos. Por otro lado, en septiembre de 2021, el diario Vanguardia publicó una investigación en la que trabajadores del ICBF denunciaron que se les estaba pidiendo recolectar firmas para la candidatura de Sánchez Pinto, para que les renovaran sus contratos laborales en la entidad. A través de unos audios, se dio a conocer que Jeisson Pinto, amigo cercano de Sánchez, según el diario Vanguardia, le pedía a los trabajadores recolectar 60 firmas. Sin embargo, Érika negó haber solicitado esos apoyos. La denuncia se articula con un presunto apoyo político de parte de Édgar Gómez Román, conocido como “El Pote”, quien ha hecho del ICBF de Santander un fortín clientelar y burocrático a su favor. Según el periodista y columnista de El Espectador, Jorge Gómez Pinilla, Érika Sánchez sería ficha de “El Pote” y lo mismo ha sido sostenido por la prensa local y otros columnistas como Miguel Ángel Pedraza, de Vanguardia. Sumado a ello, en medio del escándalo en el que se filtró un audio de Rodolfo Hernández en el que pedía dinero para integrar las lista de su movimiento a la Cámara, según fuentes de La W, él habría recibido $1.000 millones para que Érika, como cuota de “El Pote” fuera cabeza de lista y el hecho de que fuera ficha de Édgar Gómez no fue negado por Rodolfo Hernández. Pese a ello, estos nexos han sido negados por Sánchez. Caber recordar que Édgar Gómez Román es un político tradicional de Santander, que ha sido concejal de Bucaramanga, representante a la Cámara por Santander y senador. En 1998 tuvo su primer cuestionamiento, luego de ser capturado por, presuntamente, recibir dinero de empresas fachada del Cartel de Cali. Sin embargo, a los pocos días fue liberado y no hubo una condena por estos hechos. En 2009 fue uno de los 86 congresistas investigados por prevaricato, tras haber votado a favor del proyecto reeleccionista. La investigación en su contra fue archivada.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. El país sensato, el país cuerdo, el país con sentido común, no sale del asombro ante la determinación de la procuradora Margarita Cabello de destituir a dos alcaldes -Daniel Quintero de Medellín y Andrés Hurtado de Ibagué- a propósito de sus participaciones soslayadas en política. Y esto ocurre así, pese a que en Colombia no hay cultura jurídica, porque la ciudadanía, obedeciendo únicamente al sentido común, que dicta que las decisiones judiciales se acatan y respetan, entiende que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha desautorizado a la Procuraduría para destituir o inhabilitar a funcionarios de elección popular, pues tal potestad debe estar única y estrictamente en manos de los jueces penales competentes. Sobre dicho fallo esto ha dicho la CIDH: “La Comisión reitera que el artículo 23.2 de la Convención Americana es claro en el sentido de que dicho instrumento no permite que órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que implique una restricción (por ejemplo, imponer una pena de inhabilitación o destitución) a una persona por su inconducta social (en el ejercicio de la función pública o fuera de ella) para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido: sólo puede serlo por acto jurisdiccional (sentencia) del juez competente en el correspondiente proceso penal”[1]. Ante ello, y para hacerle frente a la desbandada de críticas en su contra, la procuradora ha publicado en su columna de El Tiempo una argumentación falaz acerca de las razones por las cuales se siente con derecho de poder desatender el mandato de la Corte Interamericana. Según ella, con dicha actuación -la de inhabilitar a los alcaldes nombrados- no está desobedeciendo la orden de la mentada corte, sino que la está interpretando debidamente. Así las cosas, haré entonces el papel cuasi escolar de analizar un apartado esencial de dicha columna, en la cual la doctora Cabello expone sus argumentaciones y las iré debatiendo desde mis conocimientos de derecho, bien para reconocerlas como verdaderas -si fuera el caso- o bien para develarlas en su falsedad. Dice la procuradora que: “El Estado de derecho exige la subordinación del poder y de quienes lo ejercen al ordenamiento jurídico…”. En efecto, en atención al ordenamiento jurídico colombiano, y siendo la figura del procurador una figura de poder, la doctora Cabello debe saber que por encima de su jurisdicción -el espacio y las normas que le otorgan potestad- está el poder jerárquico de las denominadas normas de normas: la Constitución Política de Colombia y los convenios internacionales firmados con otros países. Dice la procuradora que: “Quienes son elegidos ya no se deben a su partido, sino a toda la comunidad…”. Sí, lo interpretable de eso es que a los funcionarios públicos elegidos popularmente debe desvinculárseles de las connotaciones políticas, como ellos también deben hacerlo, precisamente por eso, porque a partir de su elección sólo se deben a su comunidad. En tal suerte no resulta coherente investigarlos en favor de los intereses de un partido político que se les oponga. Y luego continúa: “Cabría entonces preguntar: ¿Impunidad disciplinaria, y por tanto ética, para ellos, quienes solo serían susceptibles de investigación penal?”. No, de ninguna manera, precisamente lo que la corte está distinguiendo es el campo penal del disciplinario, dejando a la procuradora solamente los asuntos que tengan que ver meramente con hechos de una inconducta social sancionable, pero no penalizable. De hecho, las vías de la sanción disciplinaria son varias, y no necesariamente han de ser severas como la destitución o inhabilitación de un funcionario, porque en esencia ello es más un castigo penal que una sanción disciplinaria. Claro, la procuradora ha podido sancionar disciplinariamente con amonestaciones y advertencias, que de ser desatendidas constituirían la vía judicial expedita para compulsar copias a un juez penal que las pueda conminar a cumplir con la constitución. Lo que no ha debido hacer es destituir, eliminar, suspender; en fin, verbos rectores que implican todos inhabilitación, precisamente lo prohibido por la CIDH en su sentencia del 8 de julio de 2020 en el caso Petro Urrego Vs. Colombia Se pregunta luego la procuradora: “¿Eliminar todos los controles que estableció la carta política frente a las faltas de ética que no conduzcan a una pena privativa de la libertad y conducir todo a una investigación de ese carácter?”. Pues sí, si quienes han sido amonestados disciplinariamente y persisten en su conducta, hay que investigarlos penalmente; pero ya no lo haría la procuraduría, sino un juez penal. En el contexto anterior al fallo de la CIDH, los procuradores tenían la potestad de destituir e inhabilitar a los servidores públicos, si estos cometían faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima y, lo que es resaltable, no importando si estos habían sido elegidos por voto popular. De igual modo, antes del fallo de la CIDH, los procuradores tenían licencia para suspenderlos ante faltas graves dolosas o gravísimas culposas, aplicando la “inhabilidad especial” como llamaban a esa opción sancionatoria. ¿Qué debe hacer entonces la procuradora frente a las faltas de estos especiales servidores públicos a quienes ampara una elección popular? Pues lo ordenado por la ley: o bien aplicarles una multa para las faltas leves dolosas o bien amonestarlos por escrito, si se tratara de faltas leves culposas. Con todo, la doctora Cabello insiste, y se responde con una pregunta: “¿Cambiar toda la estructura orgánica de protección a la ética diseñada por la Constitución del 91?”. Yo le respondo que apenas debe cambiar el concepto que tiene sobre la ética. La ética lo primero que nos desplaza es la parcialidad y de eso es lo que ha demostrado estar cargada la procuradora y todo el grupo político del cual hace parte; pues promueven el descreimiento en la ética -recordemos al abogado De la Espriella, cuya tesis es que la ética no existe en el campo de los asuntos legales-. Desde luego, no hay que cambiar nada por mero capricho, y si el cambio fuera un asunto de necesidad, entonces habría que iniciarlo siguiendo el camino lícito; es decir, cumpliendo -mientras el cambio se tramita y ocurre- con lo ya establecido moral y legalmente. Dice además la procuradora que: “La Procuraduría a mi cargo ha obrado al amparo de las normas constitucionales y con fundamento en una ley del Congreso amparada por la presunción de legalidad, que rigen su función, y ha impulsado un ejercicio de armonización con las orientaciones que surgen del sistema interamericano”. Más que un ejercicio de armonización con las orientaciones del sistema interamericano, lo que debe hacer la procuradora es cumplir con lo que ya está reglado. Para qué inventarse un sistema de interpretación accesorio que esquive las decisiones de la CIDH, cuando esta corte está cimentada sobre los principios universales del derecho. El amparo a las normas constitucionales consiste precisamente en esto: cuando no funciona debidamente la procuraduría, cuando no funciona la fiscalía, ni las altas cortes nacionales ni tampoco el congreso, es precisamente cuando los convenios y las cortes internacionales se develan como norma de normas. Finalmente la procuradora busca alarmar con esta aparente inquietud: “¿Se impone un cambio de nuestro marco constitucional y pensar en nuevas modalidades de garantía sobre la idoneidad y la probidad de los servidores públicos? O ¿son suficientes los esfuerzos de armonización cumplidos sobre la base de la interdependencia y complementariedad del derecho interno con el interamericano?”. La realidad es que la doctora Cabello se está ahogando sola en un vaso de agua; porque la procuraduría, tal y como fue concebida por la constitución del 91, no choca con el bloque de constitucionalidad, al contrario, se adscribe a él complementándose. Y la interdependencia está asegurada en la oportunidad de investigar y proceder antes que las altas cortes internacionales. Ellas solo deben asomar sus narices, y lo hacen muy tarde, estrictamente cuando se ha perdido la efectividad de los sistemas nacionales de derecho, bien sea por falta de regularización (vacíos de la ley) o por abuso del derecho de los funcionarios. Y se está ahogando en un vaso de agua; porque cualquier estudiante de derecho constitucional sabe que el Estado colombiano, yo diría que nuestra democracia judicial, tiene muy bien establecido sus resortes sancionatorios: para los asuntos correspondientes a conductas humanas que ocasionan daños sociales menores a los causados por actos delictuosos, dispone para su aplicación el derecho contravencional; para los casos de orden delictuoso, es decir, aquellos que causan daños mayores a la sociedad, dispone del derecho penal (que es punitivo y castigador); y para las faltas de conducta cometidas por los servidores o los funcionarios públicos -básicamente faltas de ética y de moralidad- el Estado dispone del derecho disciplinario, que debe saberlo la procuradora, ya no castiga -apropiándose del ámbito penal como lo hacía antes- sino simplemente sanciona con multas o amonestaciones escritas. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto. [1] Caso Petro Urrego Vs. Colombia. En: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_406_esp.pdf

Por: Ernesto Medrano, Asistente de investigación Línea de Democracia y Gobernabilidad La carrera presidencial ha estado marcada por la polarización y la ausencia de debates sobre las propuestas y programas de gobierno de los candidatos. Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo compiten por seducir el voto de los ciudadanos de cara a la primera vuelta presidencial; mientras que la intención de voto sumada por Íngrid Betancourt, Enrique Gómez, Luis Pérez y John Milton Rodríguez, no supera el margen de error (3,2%) en las encuestas. De hecho, Luis Pérez renunció a su candidatura. La competencia entre estos candidatos no sería solo por el margen de error. Cabe recordar casos como el de Humberto de la Calle, quien, en 2018, no alcanzó el umbral del 4% de los votos válidos, razón por la cual tuvo que pagar una deuda millonaria por los anticipos que le fueron entregados por el Estado. En esta oportunidad, ante un escenario de 19,5 millones de votos válidos, si los candidatos no superan los 780 mil votos (el 4% del umbral aproximado), tendrían que reponer de sus bolsillos el dinero de los anticipos. Gráfico No. 1 Intención de voto según la encuesta Yanhass. Imagen tomada de: Encuesta Yanhass, 2022 Íngrid Betancourt Pulecio Betancourt es politóloga del Instituto de Estudios Políticos de París y Magíster en Comercio Exterior y Relaciones Internacionales. Fue representante a la Cámara en 1994 avalada por el Partido Liberal. Sin embargo, tras el proceso 8.000 en el que el candidato presidencial del Partido Liberal, Ernesto Samper, habría recibido dineros del Cartel de Cali para las elecciones presidenciales de 1994, la entonces congresista decidió hacer una huelga de hambre y retirarse del partido, creando a su vez el partido Verde Oxígeno. En las elecciones presidenciales de 1998, Betancourt decidió apoyaral candidato del Partido Conservador Andrés Pastrana, como símbolo de la oposición al Partido Liberal representado por Horacio Serpa en los comicios electorales. - El secuestro. Luego de su apoyo a Pastrana en las elecciones presidenciales de 1998, Betancourt renunció al Senado, para lanzar su candidatura presidencial para el periodo 2002 – 2004 con el partido Verde Oxígeno. En las elecciones locales de 1999, Verde Oxígeno alcanzó la alcaldía de San Vicente del Caguán, justamente en donde se habían llevado a cabo las negociaciones de paz entre el presidente Pastrana y la guerrilla de las Farc. Pero tras el fracaso de las negociaciones de paz, Betancourt decidió solidarizarse con su alcalde y fortalecer su candidatura desplazándose hasta San Vicente del Caguán, donde fue secuestrada por las Farc, en 2001. Después del secuestro de Betancourt, su familia y compañeros políticos decidieron mantener la candidatura y se presentaron a las elecciones del 2002, obteniendo 53.922 votos que representaban el 0,46% de los votos. A pesar de los fuertes ataques de la candidata a Serpa y a Uribe, acusando de corrupción al candidato liberal y de tener vínculos con paramilitares a Uribe, estos candidatos obtuvieron las votaciones más altas y Álvaro Uribe ganó la presidencia con 5.862.655 votos, equivalentes al 53% de los votos totales. El 2 de julio 2008 Ingrid Betancourt fue liberada junto con otras catorce personas: tres empresarios estadounidenses, siete militares y cuatro miembros de la policía nacional. Después de 6 años y cuatro meses de cautiverio, Betancourt recobró la libertad tras la operación ‘Jaque’, liderada por el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. - El regreso de Betancourt a la contienda electoral. Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de devolver la personería jurídica a los partidos que fueron víctimas de la violencia política en el país, el Nuevo Liberalismo, Salvación Nacional y el partido Verde Oxígeno recobraron el reconocimiento político dentro del sistema democrático. Íngrid Betancourt (Verde Oxígeno) y Luis Gilberto Murillo fueron los últimos en incorporarse a la Coalición Centro Esperanza, con el objetivo de fortalecerla. Sin embargo, debido a las diferencias irreconciliables con Alejandro Gaviria, pues Betancourt consideró que no se debían permitir las “zonas grises” sobre las alianzas con las maquinarias políticas, la candidata decidió continuar la carrera hacia la presidencia como independiente. - Íngrid Betancourt se retira de la Coalición Centro Esperanza. Después de la salida de Betancourt de la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo sostuvo que la candidata le había hecho mucho daño a la coalición de centro. Incluso afectó a la coalición limitando la participación en campaña de los congresistas electos Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, que fueron avalados por el partido de Betancourt, Verde Oxígeno. Tras la ruptura de la coalición con Betancourt, los congresistas avalados de por Verde Oxígeno no pueden apoyar públicamente a Sergio Fajardo, porque incurrirían en doble militancia. A pesar de las constantes referencias sobre las maquinarias políticas, Betancourt se reunió con el expresidente Álvaro Uribe, luego de que este la defendiera tras las críticas que recibió la candidata desde el centro. En el congreso Betancourt logró las dos curules de Carvalho y de la Calle, pero su sobrina, Anastasia Rubio Betancourt, se quemó en las elecciones como candidata a la Cámara por Bogotá. Por esta razón, no habría una completa disciplina de partido, pues ninguno de los congresistas de Verde Oxígeno se siente a gusto en ese partido. - ¿Para dónde va Íngrid? El partido Verde Oxígeno no logró tener una representación en el Congreso disciplinada, ni cosechó buenas relaciones con la Coalición Centro Esperanza, debido a los reiterados cuestionamientos de Íngrid Betancourt al entonces candidato, Alejandro Gaviria, lo que no le daría margen de acción a la candidata presidencial que cuenta con el 1% de intención de voto, de acuerdo con la última encuesta. Si bien el partido Verde Oxígeno avaló a los congresistas Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, la ruptura dejó maniatados a los congresistas que apoyan a Fajardo, pero no pueden respaldar la candidatura del candidato de centro, porque incurrirían en doble militancia. Esto significa que, por fuera de la Coalición de la Esperanza, Betancourt no tiene opciones claras de subir en la intención de voto, pero sí logra afectar a la campaña de Sergio Fajardo, impidiendo que sume una voz tan importante como la de Humberto de la Calle. Enrique Gómez Martínez Gómez es abogado de la universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Ha estado apartado de la vida política del país, pero tras la decisión del CNE de retornar la personería jurídica al Movimiento de Salvación Nacional, fundado por su tío Álvaro Gómez Hurtado, se inscribió como candidato presidencial, acompañado por Carlos Cuartas Quinceno como fórmula vicepresidencial. Ha sido director jurídico, árbitro y secretario del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Ha sido Gerente General de la Revista Síntesis Económica, Director Administrativo del Noticiero 24 Horas y docente universitario en las áreas de Derecho Laboral Colectivo y Derecho Indiano, así como profesor del CESA. Es miembro de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros Acoldese y ha sido miembro de la Junta Directiva de Adpostal, Sociedad Portuaria de Santa Marta, Avidanti, Bimedco, Informese, Los Tres Elefantes e Indufrial. - Un corto recorrido político. Gómez Martínez es el director ejecutivo de la Fundación Álvaro Gómez Hurtado desde donde ha liderado la investigación del asesinato de su tío Álvaro Gómez Hurtado, quien en vida fue líder político y periodista. Así mismo, es el abogado que representa a la familia Gómez en el caso del magnicidio del político conservador. El retorno de la personería jurídica para el Movimiento de Salvación Nacional y el alcance mediático de las revelacionessobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, impulsaron la candidatura de Enrique Gómez hacia la presidencia. Sin embargo, el candidato no ha logrado atraer al electorado nacional y, de acuerdo con la reciente encuesta de Yanhass, Gómez cuenta con el 0,3% en la intención de voto de los colombianos. En las elecciones legislativas, el Movimiento de Salvación Nacional presentó 77 candidatos a Senado y Cámara propios y en coaliciones con el Partido Conservador, Colombia Justa Libres y el partido Mira. De estos, Salvación Nacional presentó 69 candidatos propios, 16 a Senado y 53 a Cámara. Sin embargo, ninguno alcanzo la curul, por lo que el partido no logró escaños en el Congreso. Es decir, no cuenta con el respaldo electoral, congresistas electos, ni capacidad de establecer alianzas sólidas. John Milton Rodríguez Rodríguez es Ingeniero Industrial con máster en Gestión Pública de la Universidad de los Andes. Es parte de la Junta Directiva Internacional del Church Growth lnternational en Seúl – Corea del Sur, fundador de la Universidad CUDES y de la Fundación Misión Paz, una organización con más de 25.000 miembros. En 2017 Rodríguez fue uno de los cofundadores del movimiento Colombia Justa Libres, que participó en las elecciones legislativas de 2018, alcanzando cerca de 500.000 votos por medio de una lista cerrada que les permitió conservar la personería jurídica y alcanzar tres curules en el Senado y una curul en la Cámara de Representantes. -Rodríguez por la presidencia. Si bien los partidos cristianos no están del todo cohesionados en Colombia, su estrategia de cara a las elecciones legislativas fue la conformación de una coalición que les permitiera alcanzar el umbral electoral y conservar la personería jurídica. La coalición entre Colombia Justa Libres y el partido Mira dio resultado, pues esta coalición logró obtener cuatro senadores y una representante a la Cámara. Adicionalmente, Colombia Justa Libres realizó alianzas departamentales por medio de coaliciones con el Partido Liberal, Cambio Radical y el Partido de la U, lo que les permitió ampliar la representación departamental en tres curules más. Es decir, Colombia Justa Libres alcanzó cuatro curules en Cámara y cuatro en Senado. Luis Pérez Gutiérrez – renunció Pérez es Ingeniero Industrial de la Facultad de Minas de Medellín de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con un máster en Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia y un máster en Estadística e Investigación de Operaciones de la Universidad de Míchigan, en EE.UU. Fue rector de la Universidad de Antioquia en la década de los 90, y en 1993 fue nombrado director del ICFES por el expresidente César Gaviria. Fue Secretario de Educación en la alcaldía de Sergio Naranjo entre 1995 y 1997. En 1997 logró el respaldo del Partido Liberal para lanzarse a la alcaldía de Medellín, pero fue derrotado por el conservador Juan Gómez Martínez en 1998. En 2001 derrotó a Sergio Naranjo y alcanzó la alcaldía de Medellín para el periodo 2001 - 2004, por el que es recordado en la Comuna 13, por la Operación Orión. En esta operación militar se configuró una alianza entre la institucionalidad representada por la fuerza pública y miembros encapuchados pertenecientes a grupos paramilitares (CNMH, 2015). De acuerdo con alias ‘Don Berna’, entre el 16 y 19 de octubre de 2002, tropas de la IV Brigada, en compañía de paramilitares, realizaron el operativo militar urbano más grande de la historia: ‘La Operación Orión’, en donde hubo 88 homicidios y más de 600 víctimas. Pérez volvió a aspirar a la alcaldía de Medellín en 2007 y 2011, pero en ambas candidaturas fue derrotado. Primero contra Alonso Salazar, quien contaba con el apoyo de la entonces primera dama, Lina Moreno de Uribe. A pesar de que en 2010 Pérez hizo una alianza con el candidato presidencial Juan Manuel Santos, para ser su coordinador de campaña, volvió a perder la alcaldía de Medellín contra Aníbal Gaviria, en 2011. En 2015 Pérez llegó a la Gobernación de Antioquia, después de haber sido nuevamente coordinador regional de la campaña de Juan Manuel Santos en 2014. Pérez fue avalado por el Partido Liberal y Cambio Radical y obtuvo 819.389 votos, lo que le significó la elección como gobernador de Antioquia, superando al candidato del Centro Democrático Andrés Guerra Hoyos por 206.314 votos. En 2019, Pares encontró un sofisticado mecanismo de corrupción en la que el entonces gobernador Luis Pérez habría creado una empresa de economía mixta, llamada Valor +, con recursos del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA. En este entramado, Pérez habría logrado mover los recursos públicos, saltándose las exigencias de contratación pública. Adicionalmente, Pérez tuvo que afrontar las investigaciones por el desastre de Hidroituango. - Carrera presidencial 2022. Luis Pérez renunció a su candidatura presidencial tras las declaraciones de alias ´Otoniel´ en la JEP, en las que lo vincula con el paramilitarismo, junto con otras 63 personas más. Esto sumado al rezago en las encuestas, que denotan el fracaso de la candidatura de Pérez con una intención de voto del 0,3%, muy por debajo del margen de error. Sin margen de error Es claro que las candidaturas de Íngrid Betancourt, Enrique Gómez, Luis Pérez y John Milton Rodríguez no tienen ninguna posibilidad de dar la sorpresa en las elecciones del 29 de mayo. Sin embargo, hay algunos elementos que resultan interesantes del análisis de los coleros del pelotón electoral. Íngrid Betancourt, se cerró la puerta de la Coalición Centro Esperanza, después de haber elevado su autoridad moral sobre los intereses colectivos de la coalición de centro. Por su parte, Enrique Gómez y John Milton Rodríguez se enfrentan a una difícil contienda electoral, en la que según la más reciente encuesta, ambos se encuentran lejos de alcanzar el margen de error. Esto quiere decir que estos candidatos tendrán que tomar la decisión de continuar o apartarse de la competencia, para suscribir acuerdos con los candidatos llamados a pasar a la segunda vuelta. De hecho, en la coalición Mira - Justa Libres, la mayoría de los congresistas elegidos ya han mostrado su respaldo a la candidatura de Federico Gutiérrez. Finalmente, tras la decisión de Luis Pérez de retirarse de la competencia por la presidencia, surge el interrogante sobre si finalmente llegará al Pacto Histórico o se decanta por seguir la directriz de su viejo aliado político, César Gaviria, de acompañar a Federico Gutiérrez.

Por: Línea de investigación de Gobernabilidad y democracia A solo dos semanas de la primera vuelta presidencial, la violencia político-electoral sigue en aumento en Colombia. Como advertimos en anteriores informes, a medida que se acercan las elecciones han aumentado los hechos de violencia electoral. Para el 13 de mayo de 2022, y contando a partir del 13 de marzo de 2021, fecha en que inició el calendario electoral, registramos 179 hechos violentos que dejan un total de 222 víctimas, de las cuales 193 han sido amenazadas y 29 asesinadas. A continuación, conozca todos los detalles del Sexto Informe de Violencia y Dinámica Electoral de la Fundación Paz & Reconciliación:

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Dice la máxima que ante un hecho, una acción; ante una pregunta, una respuesta; en fin, que todo estímulo genera una reacción. Esto a propósito de lo que viene sucediendo en las últimas semanas en nuestro departamento del Cauca, en relación al orden público. Si la muerte camina libre por los campos y cabeceras municipales, dejando su marca de terror en la vereda de Morales, corregimiento de Melchor, municipio de Bolívar; si aumentan los asesinatos en Miranda, Caldono; si ponen un carro bomba frente a las instalaciones de la alcaldía de Argelia; así como el pasado viernes pusieron una moto bomba a la entrada de Caloto, norte del Cauca, en el puente frente a la cárcel; habrá una natural reacción de los y las defensoras de derechos humanos y las organizaciones sociales, tal reacción es la exigencia a las autoridades civiles y militares para que garanticen los derechos de protección a la vida y al territorio. Circulan mensajes escritos y de voz por las redes sociales, atribuidos a las "Águilas Negras" y otros grupos, amenazando con nombre y apellido a lideresas y líderes en el Cauca, voceros de los procesos afros, indígenas, y del campesinado, de igual manera a los participantes del Pacto Histórico. La pregunta es: ¿por qué en el Cauca se presentan estos hechos? La respuesta es sencilla: el Cauca ha sido históricamente, y con más fuerza en la actualidad, petrista, de la Cauca humana, del Pacto Histórico y del Frente Amplio. Constituyéndose esta en la primera fuerza política regional, ganando el 50% de la territorial en Cámara de Representantes, el pasado 13 de marzo. En dicha fecha, la consulta presidencial del Pacto Histórico fue votada por 270 mil personas de 330 mil que sufragaron por todos los candidatos, las cifras, reiteran el aporte Caucano al monumental resultado. Pretenden provocar a las fuerzas progresistas, pedir, por ejemplo, el traslado de las mesas de la cordillera del Patía a la zona plana del municipio. Esto es buscar acallar la libre expresión campesina y debilitar la democracia. Las fuerzas del cambio en primera no se dejarán meter en la lógica de la violencia. Para el 29 de mayo no hay paro que valga, la movilización social será hacia llenar las urnas con la voluntad popular de hacer de Colombia una potencia de la vida.