Por: Línea de Investigación de Paz, Postconflicto y Derechos Humanos Desde la Fundación Paz & Reconciliación se hizo seguimiento a las acciones realizadas por el Clan del Golfo durante el paro armado que se desarrolló entre el 5 y el 10 de mayo como respuesta a la extradición de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel” a Estados Unidos. En este balance encontramos que hubo un total de 145 afectaciones en nueve departamentos y 77 municipios del país, siendo los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó los epicentros de las mismas. Gráfico No. 1 Entre las afectaciones que se presentaron se encuentran 22 asesinatos, 21 ataques a establecimientos, 91 ataques a medios de transporte, tres enfrentamientos armados, cuatro bloqueos de vías y un número indeterminado de propaganda alusiva a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en por lo menos 10 municipios. Con este paro armado el Clan del Golfo expuso la magnitud de su presencia territorial en zonas del noroccidente del país y la costa atlántica, en donde se han consolidado como el actor armado hegemónico. Gráfico No. 2 Las afectaciones que dejó el paro armado del Clan del Golfo también se vieron reflejadas en las pérdidas económicas de los comercios, el desabastecimiento de alimentos, la suspensión de actividades educativas, el confinamiento de la población civil y la restricción de su movilidad ante la mirada pasiva de la Fuerza Pública y la respuesta tardía por parte del Ministerio de Defensa. Es importante señalar que el paro armado del Clan del Golfo no es un hecho aislado, ni fue realizado por “reductos” de este grupo, tal y como lo señala el Gobierno Nacional. Como se mencionó en el reciente informe de la Fundación Paz & Reconciliación, “Plomo es lo que hay”, el Clan del Golfo tiene presencia en 241 municipios de Colombia a través de cuatro estructuras, 22 subestructuras y dos comisiones conformadas por aproximadamente 3.260 integrantes (1.461 armados y 1.799 en el componente criminal focalizado). Gráfico No. 3 Es claro que la extradición de alias “Otoniel” no se vio reflejada en un debilitamiento organizacional del Clan del Golfo, siendo este paro armado una muestra de ello. Cabe recordar también que este grupo armado reaccionó de manera violenta tras la captura de su máximo jefe en octubre del año pasado y desde entonces otros cabecillas como alias “Chiquito Malo” y alias “Siopas” se hicieron cargo del manejo de los hilos de esta estructura criminal, dando cuenta de la capacidad adaptativa del Clan del Golfo ante la pérdida de sus principales miembros. Con esta última acción del Clan del Golfo queda en evidencia que es más que preocupante la situación de seguridad que afronta el país en el cierre del gobierno de Iván Duque. En lo que va de 2022 ya se cuentan dos paros armados nacionales, el primero realizado por el ELN en el mes de febrero y este del Clan del Golfo. Ambos hechos exponen el fracaso de la política de seguridad y defensa del gobierno de Iván Duque, dando cuenta de que no existen las garantías suficientes en esta materia ad portas de los comicios de la primera vuelta presidencial de finales de este mes.

Por: Walter Aldana Político Social Alternativo Ante la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, Alias “Otoniel”, jefe máximo de una de las organizaciones más fuertes de composición narco-paramilitar (y de variados nombres como Clan del Golfo, Clan Úsuga, Los Urabeños, Bloque Héroes de Castaño y Autodefensas Gaitanistas de Colombia), la respuesta institucional es la de siempre. Todas y todos recordamos la famosa captura. ¿Captura?, el cambuche mejor tendido que las camas de mi casa, las botas limpias y ni un solo disparo en la aprehensión del mandamás de una organización de cobertura nacional. Aquella vez nos vieron la cara cuadrada. “Otoniel” declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que no fue capturado, sino que se entregó voluntariamente. Recordemos que “Otoniel” también perteneció al EPL y luego a las AUC. Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares por él y Colombia hasta 3.000 millones de pesos. De lo más contradictorio, el 29 de abril de 2022 el Consejo de Estado suspendió la extradición de “Otoniel” como respuesta a una demanda presentada con el argumento de no afectar el proceso y el derecho a la verdad de las víctimas. Luego, el 4 de mayo, ante la cascada de declaraciones del cabecilla —que involucra a altos funcionarios civiles y militares—, la misma entidad sorpresivamente determinó autorizar su extradición. El argumento del Consejo de Estado fue que “las circunstancias fácticas y jurídicas que motivaron la adopción de la medida (la suspensión de la extradición) han desaparecido”. Previamente la Corte Suprema de Justicia había avalado la extradición de “Otoniel” y, obviamente, el presidente Duque se afanó a firmarla. Luego de la extradición, el primer mandatario expresó que “este bandido fue extraditado para cumplir las penas de narcotráfico en los Estados Unidos. Pero quiero dejar claridad que una vez cumpla esas condenas regresará a Colombia a pagar por los crímenes que cometió en nuestro país”. ¡Qué poca confianza en la justicia colombiana!, dirán algunos. Otros analizarán de fondo el interés de que no se sepan muchas verdades que afectarían el statu quo, así como a muchos políticos, militares y altos dirigentes colombianos. ¿El resultado de la extradición? Como en el lejano oeste: pie de fuerza y desplazamientos por miles que seguirán generando este grupo armado con 3.000 hombres en armas y 1.600 en su red de apoyo, con presencia en 237 municipios de 23 departamentos. ¿Hasta cuándo seguirá este Gobierno, cohabitando con estas realidades, la presencia de grupos armados ilegales y la poca, o nula, efectividad operativa? *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Observatorio para la Defensa de la Vida Nota Evento Escazú El Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) escuchó a líderes de tres organizaciones sociales de las regiones de Catatumbo, Putumayo y Norte del Cauca. Desde los territorios, las organizaciones, los líderes y las comunidades exigen la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso en Colombia. El Acuerdo de Escazú es una herramienta internacional que busca proteger el patrimonio natural y la vida de quienes lo defienden desde las organizaciones sociales y comunitarias de base. Por esto, ODEVIDA les preguntó a los líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA) y la Asociación de Consejos Comunitarios de Norte del Cauca (ACONC), por las afectaciones ambientales a las que se han visto enfrentadas sus territorios. En las tres regiones coinciden las afectaciones causadas por aspersiones con glifosato. Las aspersiones, que hacen parte de la estrategia de guerra del gobierno contra las drogas, no han aportado a la solución de la violencia asociada a la cadena del narcotráfico. Al contrario, resaltan las organizaciones, las fumigaciones con glifosato contaminan los suelos y las fuentes hídricas, dejando sin recursos fundamentales a los habitantes de los territorios en que se hacen, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de las comunidades que dependen principalmente de la agricultura, la ganadería y la pesca. Pero también, nos cuentan los líderes, las comunidades de estas regiones ven amenazada su permanencia en el territorio debido a la actividad de explotación de recursos minerales, energéticos y el monocultivo de productos como caña de azúcar y palma de aceite. Estas actividades de monocultivo, extracción, explotación y fumigación se alinean con un modelo económico insostenible que invisibiliza los conocimientos de las comunidades. Juan Carlos Quintero, directivo de ASCAMCAT, nos cuenta que, desde los años treinta del siglo pasado, distintos frentes empresariales han ejecutado sus procesos económicos a costa de la exterminación étnica y ambiental. Para esto han contado con el aval de los gobiernos en la región del Catatumbo. Las organizaciones sociales de base como ASCAMCAT, ACONC y la ZRCPA, realizan labores de defensa, pero además adelantan un proceso juicioso alrededor de la generación de propuestas de trabajo para el buen vivir en sus territorios. Rubén Pastrana, desde Putumayo, hace hincapié en las herramientas jurídicas a las que las organizaciones han logrado acceder mediante la incidencia y la movilización social. Entre estas herramientas destaca la Sentencia T-052 de la Corte Constitucional que manda la ampliación de los resguardos indígenas en la región y la constitución de la Zona de Reserva Campesina. El Acuerdo de Paz también es, sin duda, una hoja de ruta para la defensa del territorio y la protección de la vida de sus habitantes y defensores. Plinio Mina, coordinador de derechos humanos de ACONC, hizo énfasis en la urgencia de su implementación. Sin embargo, estos documentos existentes no han sido implementados. Para que sean efectivos es necesario que haya voluntad y entendimiento sobre su pertinencia en los órganos del Estado Social de Derecho. En este sentido, los líderes hacen un llamado al Congreso electo y al gobierno que inicie su mandato este año, a ratificar el Acuerdo de Escazú; a garantizar su implementación y la del Acuerdo de Paz; y a cumplir efectivamente los mecanismos que garanticen los derechos de las comunidades a permanecer y vivir bien en sus territorios.

Por: Miguel Ángel Rubio Coordinador Escuelas de Liderazgo Juvenil Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil “En Santa Librada se puede evidenciar el abandono del patrimonio público y cultural por parte de la administración pública. Por eso se hace necesario implementar instrumentos como los planes especiales de manejo y protección de un bien de interés cultural, la transferencia de derechos de construcción en tratamiento de conservación y el plan de manejo ambiental para Santa Librada, bosque municipal” Julián Bonilla, Abogado experto en derecho de ciudad, egresado del Colegio Santa Librada. **** Conversación con Juana Peláez, Economista y Magíster en Derechos Humanos y Cultura de Paz, egresada del colegio Santa Librada de Cali, Valle del Cauca. Fundación Paz & Reconciliación (Pares): gracias, Juana, por aceptar este diálogo con Pares. Desde la Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil estamos convencidos de que los temas de conservación del patrimonio cultural y el valor histórico son, y deben ser, de interés superlativo para los jóvenes del país. En este sentido, me gustaría que comenzáramos contándole a los lectores del portal ¿por qué es importante el colegio Santa Librada de Cali, no sólo para la ciudad y el departamento del Valle del Cauca, sino para el conjunto de la sociedad colombiana? Juana Peláez: durante 199 años de historia Santa Librada ha sido parte primordial del desarrollo político, social y cultural, no solo de Cali y del suroccidente del país, sino de toda Colombia, principalmente desde 3 pilares: Primero, Santa Librada fue cuna de la fundación del departamento del Valle del Cauca, así como de la Universidad del Valle. Se graduaron importantes personajes que dirigieron la región y el país como los expresidentes de la república: Carlos Holguín, Jorge Holguín, Eliseo Payan, Manuel María Mallarino; entre otros personajes ilustres como los artistas y escritores: Eustaquio Palacios, Ricardo Nieto, Mario Carvajal, Enrique Buenaventura, Octavio Gamboa, Antonio María Valencia y Jota Mario Arbeláez. Otras personalidades como monseñor Anuar Ilian Botero, el científico Evaristo García, entre otros políticos, científicos y deportistas también se graduaron de este colegio. En procesos juveniles más recientes, como en las dos últimas elecciones populares que se han realizado para elegir los Consejos Municipales de Juventudes (CMJ) se encuentran dos egresados: Juan Carlos Tandioy, en las pasadas elecciones, y en las más recientes (2021) Giovanny Jurado. Segundo, este es un centro educativo de referencia en la construcción de la ciudadanía e identidad caleña, con su modelo educativo incluyente y vanguardista para la solución de problemas de contexto y la construcción de paz. En su proyecto educativo institucional el colegio incluye programas como la Oferta Bilingüe Intercultural para Sordos y el Programa de Resocialización Para el Habitante de Calle. Tercero, la estratégica geolocalización de Santa Librada en el centro de Cali hace que haya representación de toda la sociedad caleña. Hay estudiantes del 95% de las comunas, del 50% de los corregimientos e incluso de los municipios aledaños a la ciudad. Es la segunda institución educativa de Cali con la mayor diversidad étnica, permitiendo una interacción social y cultural que promueve escenarios de construcción y movilidad social. Pares: ¿desde cuándo presenta el colegio Santa Librada estos problemas estructurales y cuáles han sido las acciones tomadas al respecto por esta y anteriores administraciones de la ciudad para salvar el colegio? Juana Peláez: Santa Librada lleva Casi 200 años haciendo historia en Cali, el Valle del Cauca y el país, y lastimosamente lleva varias décadas esperando la voluntad política que lo salve de la ruina. Muchas de las administraciones que han pasado por el distrito de Santiago de Cali han prometido intervenir el colegio y garantizar su conservación, pero dichas promesas no se han materializado. Hace 7 años aproximadamente la administración de turno realizó un contrato de “reforzamiento” de la torre del reloj, torre que en este momento es la que se encuentra en peor estado y que sólo un año después de la intervención empezó a mostrar fallas estructurales. Esta situación genera muchos cuestionamientos sobre la idoneidad de los estudios, la obra y las condiciones técnicas de la misma. Pares: ¿en qué consiste la demanda interpuesta por usted y por el abogado Julián Bonilla ante la justicia respecto al Colegio Santa Librada, por qué “busca salvar al colegio Santa Librada”, como lo dice literalmente el auto del boletín jurídico? Juana Peláez: como ciudadanos, al ver la falta de voluntad política, la negligencia, la omisión e incluso posible corrupción de la administración distrital, la gobernación y la nación, decidimos interponer esta acción popular para salvar Santa Librada La acción popular es un mecanismo de participación ciudadana que nos ha dotado la constitución del 91 para la defensa y protección de derechos colectivos. En este caso buscamos proteger los derechos colectivos al bien de interés cultural, el medio ambiente, el orden urbanístico y por supuesto el derecho a la educación. Y para continuar con el espíritu ciudadano, estamos haciendo uso del mecanismo de la coadyuvancia en la acción popular, permitiendo que cien mil ciudadanos apoyen y hagan parte de la acción popular, ya que la única forma de tener el colegio republicano de Santa Librada para la posteridad es que la ciudadanía y la caleñidad hagan su parte. Por esta razón empezamos a recorrer la ciudad haciendo la pedagogía y andragogía sobre Santa Librada y el mecanismo de participación ciudadana. Pares: el 26 de abril hubo un cabildo abierto en las instalaciones del colegio, con presencia de los concejales de Cali, los secretarios de despacho y el alcalde Jorge Iván Ospina. ¿Cómo fue el desarrollo de este cabildo? Juana Peláez: el cabildo abierto fue convocado por el Concejo de Cali, nosotros lo apoyamos y participamos, aunque, debo decirlo, sin mucha esperanza de parte de algunos por los cuestionamientos al carácter vinculante de este mecanismo. Celebro este espacio en el que la comunidad educativa pudo alzar su voz y expresar su inconformidad y su dolor frente a la violación de los derechos colectivos que genera el estado actual del colegio. También aplaudo la participación masiva de la ciudadanía, del Concejo y de la administración municipal, así también como de otras instituciones: Personería, Indervalle, el Ministerio de Cultura, entre otras. No obstante, nos deja con unas preocupaciones incluso más profundas, pues, como lo auguramos, el alcalde, aunque dice comprometerse con el colegio, lo condiciona a que el concejo de Cali le autorice aforar un recurso de $50.000 millones de pesos para invertir en el colegio y a su vez el Concejo le devuelve la pelota, solicitándole que no deje condicionados los recursos a un proyecto de acuerdo y aprobación del Concejo de Cali y que se financie de los recursos del empréstito. Concluye el cabildo dejando de nuevo al colegio en el limbo, o mejor en manos de las acciones ciudadanas y la Acción popular. Vamos por esas 100mil firmas. **** Desde este espacio periodístico estaremos pendientes del desarrollo de esta iniciativa y de las respuestas de la administración municipal, departamental y, ¿por qué no?, nacional a la necesidad de recuperar el colegio Santa Librada de Cali. No sólo porque el Estado y sus instituciones están en la obligación de garantizar el derecho a la educación de su población, sino porque como estructura arquitectónica de valor histórico y patrimonial, su conservación, reforzamiento y manutención permite más salones y cupos, y evita que, como sucede actualmente, algunos estudiantes sean reubicados en otras sedes educativas. #salvemosasantalibrada

Por: Daniel Parra Equipo de Frontera, Conflicto y Migración - Pares Asesinatos selectivos, hostigamientos, desplazamiento forzado y mucha zozobra. Esa es la rutina del día a día que acompaña a todos los ciudadanos del Catatumbo. Temor por un explosivo, terror por una bala perdida y horror porque la próxima víctima pueda ser cualquiera de ellos: un hijo, un esposo, un familiar. Pese a ser una región fuertemente militarizada, la guerra en el Catatumbo cada día se hace más insostenible. En los últimos cinco meses han aumentado de manera vigorosa los enfrentamientos contra la fuerza pública y las bajas en ambos bandos no se han hecho esperar. Estructuras del ELN y del Grupo Armado Post FARC (GAPF) Frente 33 se encargan de atizar la lucha armada en el territorio, en el que se estima suceden a diario afectaciones o violaciones al derecho internacional humanitario. Desarrollar la guerra en territorios fronterizos trae ciertas ventajas para los actores armados dominantes: el control de las economías ilegales derivadas del contrabando y el cultivo de hoja de coca, el camuflaje en zonas extranjeras para evadir la fuerza pública nacional y, la más usual, la instrumentalización de la población civil (tanto la que reside en la frontera como la que la frecuenta). Este control hegemónico que ejercen las guerrillas en el territorio se ha traducido en lo corrido del año en más de setenta acciones armadas centradas en ataques a la fuerza pública, bloqueo de vías y proselitismo armado. Sumado a esto, durante 2022 la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha monitoreado más de 20 asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y secuestros (entre las víctimas se encuentran contratistas, docentes, ganaderos y líderes sociales). Así, la militarización de la región no ha garantizado la tranquilidad o la paz en el territorio. La seguridad sigue deteriorada y es probable que siga empeorando. Es menester que el Gobierno Nacional haga presencia con intervenciones en salud, educación, y empleo. La ciudadanía también solicita ayudas reales para la sustitución voluntaria de cultivos y la implementación de los Acuerdos de Paz. Solo así se podrán ver transformaciones en el Catatumbo. Sin embargo, de hacerse, estas apuestas de transformación en el territorio tomarían su tiempo. Es por esto que también se debe pensar en intervenciones a corto o mediano plazo, que ayuden a mitigar todas las necesidades de la población.

Por: Redacción Pares Esta semana Pares Destaca a Plinio Mina, defensor del territorio y de las comunidades negras en el Norte del Cauca. A través de la articulación de diferentes organizaciones y de su coordinación de temas de derechos humanos, víctimas e identidad étnica en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), Plinio ha podido fortalecer los procesos de resistencia que garantizan la vida en un territorio históricamente azotado por la violencia. Además, Pares Cuestiona a alias “Otoniel”, quien fuera el delincuente más buscado del país, no solo por su amplio recorrido en diferentes grupos armados ilegales, sino por la cantidad de verdades que tenía por contar a las víctimas. Inesperadamente, el Gobierno Duque lo extraditó esta semana sin permitirle hablar al país.

Por: Jeanneth Valdivieso M. para La Liga Contra el Silencio En la Comuna 20 de Cali recuerdan los episodios violentos que vivió esa ciudad durante el estallido social de 2021. Allí la arremetida policial dejó amenazas y miedo entre las víctimas, pero también el ánimo de enfrentar una justicia que consideran veloz contra los manifestantes y lenta contra la fuerza pública. Fotos: Edwin Rodríguez Pipicano “Siloé resiste y usted?”. La frase está escrita sobre un escudo de lata, como los que usaron los manifestantes frente al Esmad durante los dos meses del paro nacional de 2021. Atrás, en una esquina de este barrio popular al occidente de Cali, se alza una pila de pupitres como monumento a las protestas que protagonizaron muchos jóvenes hace un año. Cerca está el Museo Popular de Siloé. “Prohibido hacer silencio. Att. La Memoria de Siloé”, dice un aviso al entrar. En el segundo piso, la sección del paro reúne diversos objetos: bolsas de leche vacías, casquillos de balas, restos de bombas lacrimógenas, banderas, cascos, piedras, palos, escudos; todo aquello que la gente llevó al lugar. A pocas cuadras, junto al cementerio, un mural se extiende colorido con los rostros de jóvenes asesinados en medio de la represión policial, entre ellos cinco caídos en Siloé. No todos eran manifestantes; algunos solo pasaban por ahí: José Ambuila (32), Kevin Agudelo (22) y Harold Rodríguez (20), el 3 de mayo; Daniel Sánchez (16) y Michael Aranda (24), el 28 del mismo mes. Pero no son los únicos. Desde que inauguraron el mural, a inicios de octubre pasado, se han conocido otros fallecidos, junto a casos de tortura e intentos de desaparición forzada que han tenido poca o ninguna visibilidad ante la justicia y la opinión pública. Ahora estos casos son investigados por el Tribunal Popular de Siloé, una instancia impulsadapor organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales. Cuando terminaron las protestas, en el museo organizaron eventos para recordar a las víctimas. “Arrimaba gente para decirnos: ‘Venga, a mi hijo también lo mataron. No está en tu lista’. Y nos dan el testimonio de cómo pasó”, cuenta Ani Diesselman, quien apoya el trabajo del museo y el tribunal. Lo mismo ocurrió con otros casos. “El trabajo del museo y el tribunal es estar pendiente, estar presente, porque a la gente le queda muy difícil contar los casos porque es algo muy doloroso y hay miedo a amenazas”, dice. Ángela Jiménez, madre de Kevin Anthony Agudelo. Su único hijo fue asesinado con un tiro de fusil mientras participaba en una velatón en Siloé. David Gómez, líder social de Siloé y curador del museo, lo confirma. “Tenemos casos acá que ni siquiera podemos nombrar, han venido por la confianza”, explica. Los casos son documentados por el equipo del tribunal y esperan que durante su funcionamiento se acerquen más personas para aportar información. Para el próximo 10 diciembre está previsto el fallo y la sentencia del jurado, que incluye a académicos, investigadores y activistas de varios países, entre ellos: Boaventura de Sousa Santos (Portugal), Joanne Rappaport (EEUU), Heike Hänsel (Alemania) y Juan Grabois (Argentina). Con un acto público y cultural, el tribunal se instaló el 3 de mayo pasado, cuando se cumplió un año de la llamada “Operación Zapateiro”, en alusión al comandante del Ejército, quien llegó a Cali, con otras autoridades, para cumplir la orden del presidente Iván Duque frente a las protestas: “estabilizar y recuperar” la ciudad. Lo que se registró fue el uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos, entre disturbios que duraron casi dos meses más. El tribunal es una instancia única en el país surgida tras las protestas, y sigue el ejemplo de otros juzgados de carácter social en otros lugares del mundo. “La idea es esclarecer la verdad y por lo menos tener un juicio ético desde las lógicas de una ciudadanía que está en contra de la impunidad”, explica José Benito Garzón, director del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Católica en Cali e impulsor del Tribunal Popular en Siloé. “Aunque no vaya a tener un efecto vinculante en términos judiciales, por lo menos que se conozca la verdad, que es uno de los asuntos fundamentales para las familias de las víctimas”, dice. Abelardo Aranda, padre de Michael Andrés Aranda Pérez. El joven tenía 24 años cuando fue asesinado por arma de fuego el 28 de mayo de 2021 en medio de las manifestaciones en Siloé. Hasta la semana pasada, según Garzón, llevaban documentados 25 casos. De esos, 12 son asesinatos, y al menos tres de ellos también configuran como intentos de desaparición forzada o desaparición forzada en sí; y en algunos otros tortura previa al asesinato. “Hay otros casos de torturas, otros de detención y demás”, asegura. La mayoría tiene como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública. Algunos fallecidos de Siloé fueron más conocidos, como los jóvenes que aparecen en el mural. Pero hay otros menos visibles, como Neison Sánchez, de 23 años, hallado con heridas de bala y cuchillo en la glorieta de Siloé el 4 de mayo. También está el caso de Didier Andrés Quintero, de 17 años, quien participaba en las protestas. Su cuerpo apareció la mañana después del 28 de mayo, día del incendio en el local de Dollarcity, con quemaduras y heridas de bala en otra zona de Siloé. En ese mismo comercio encontraron el cuerpo calcinado de Daniel Sánchez (ver su caso abajo). Alexander Ambuila, hermano de José, de 32 años, asesinado el 3 de mayo de 2021 por una bala de fusil en medio de acciones de la fuerza pública durante una velatón. Él había salido para comprar salchipapas para su hijo. Bairon Alexander Lasso, otro hijo del barrio, el 4 de junio hacía fila con su moto en una estación de gasolina en otro punto de la ciudad. Se acercó un policía a pedirle sus papeles y, cuando quiso sacarlos de su carriel, recibió un disparo a quemarropa. Su madre, Luz Aida, lo relaciona con el paro por el actuar violento de la policía contra los jóvenes en ese contexto, y por la escasez de gasolina que existía. Jhon Arenas Imbachí, de 36 años, es otra víctima. El 10 de junio, mientras trataba de esquivar las protestas con su vehículo, recibió un disparo de fusil que atravesó el vidrio posterior. Según testigos, el proyectil salió desde donde estaban los policías. En todos los episodios hay mucho por esclarecer, incluido el caso de dos jóvenes que participaron en las protestas y aparecieron muertos en la recta Cali-Palmira. También existe otro donde denuncian tortura durante una detención. Ambos casos se presentaron ante el Tribunal Popular. Alberto Bejarano, uno de los abogados que lleva el caso de un asesinado y una herida durante la masacre del 3 de mayo, cree que las víctimas de ese día fueron más, y que todavía hay un subregistro. “No todas han denunciado por el clima de terror que al día de hoy impera en Siloé y en otras partes de la ciudad. No hay garantías para víctimas y testigos. Es un grave problema que tenemos”, dice. Luz Aida Lasso habla sobre su hijo, Bairon, residente de Siloé, quien fue asesinado a quemarropa por un policía, en una estación de gasolina durante el paro. Las dos varas de la Fiscalía Desde el 28 de abril de 2021, la glorieta de Siloé se había convertido en un punto de encuentro de manifestantes, y de confrontación con la Policía. Poco después se incrementó el pie de fuerza en Cali, y en el barrio se sintió. La noche del 3 de mayo se realizaba en Siloé una velatón por el asesinato, en otro punto de la ciudad, de Nicolás García, conocido como ‘Flex’. Ocurría esto cuando empezaron los disparos; unidades de la policía envolvieron la zona plana del barrio, donde está la glorieta, para bloquear las salidas. Un helicóptero sobrevolaba la zona y se oían fuertes estallidos. Había familias, menores de edad y ancianos allí, según varias fuentes. “Escuchábamos disparos como de cañones, armas potentes y una gritería (…) Era horrible, parecía una guerra”, recuerda Ángela Jiménez. Su único hijo, Kevin Agudelo, de 22 años, conocido como ‘Polaco’, fue a la velatón y murió con una bala de fusil en el pecho. A pocos metros también fueron alcanzados José Ambuila y Harold Rodríguez, que habían salido a comprar comida. Ninguno se conocía; la muerte los juntó. Ese día se registraron al menos 21 heridos con armas de fuego, según el reporte del Tribunal Popular. “Hubo operativos desmesurados de parte de la fuerza pública; equipos tácticos con movimientos de guerra, entrando a disparar a todo lo que se moviera. Ese operativo marcó un punto de ruptura por las estrategias militares utilizadas por la Policía”, dice Juan Manuel Erazo, coordinador de la oficina Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), e integrante de la plataforma Convergencia por la Paz de Cali. EN OCTUBRE DE 2021 FUE INAUGURADO EL MURAL CON LA FRASE “LA DIGNIDAD HACE MEMORIA” Y LOS ROSTROS DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLICIAL EN CALI. ESTÁ UBICADO AL LADO DE LA ENTRADA DEL CEMENTERIO DE SILOÉ. Bejarano, como abogado apoyado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, actúa en el caso de Kevin Agudelo y en el de otra joven herida el mismo día. Según dice, en el proceso judicial consta que esa noche intervino el GOES (Grupo de Operaciones Especiales), unidad de élite con francotiradores; policía uniformada regular, el Esmad y un helicóptero Halcón. Además hubo respaldo de la Policía Militar. En Siloé y otras zonas de Cali el GOES realizó disparos con revólveres calibre 38, pistolas 9 milímetros y fusiles Tavor 5,56, según informes de balística que tiene la Fiscalía, aunque la Policía lo ha negado. En Cali, la Fiscalía acusó a dos oficiales y un patrullero como supuestos responsables de “varios homicidios”. En el caso de Siloé están investigados el teniente Néstor Fabio Mancilla Gonzalíaz, comandante del GOES; y el coronel Édgar Vega Gómez, entonces comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali. El abogado Bejarano explica que en sus casos hay imputaciones por homicidio agravado y lesiones personales agravadas. Según él, está probado que se abrió fuego, que se utilizó armamento y la munición fue encontrada en los cuerpos de las víctimas. “Se entiende que hay una responsabilidad por omisión de los mandos”, dice. No se ha determinado quién disparó. Aunque reconoce que el caso ha avanzado. Bejarano señala algo que considera atípico. “La Fiscalía nos dijo a las víctimas: ‘Voy a hacer la imputación, pero yo no voy a pedir medida de aseguramiento’” o detención preventiva que se podría solicitar por la gravedad de los delitos sobre oficiales que siguen trabajando normalmente y que “están siendo investigados por no controlar a sus hombres”, dice. Para el abogado es raro y riesgoso que sean las víctimas quienes deban enfrentar en juicio a la Policía para pedir cárcel. “Para eso está la Fiscalía General de la Nación, para perseguir el delito. Se supone que es el rol del Estado, no de la sociedad”. LA COMUNA 20, CONOCIDA COMO SILOÉ, ESTÁ UBICADA EN EL OCCIDENTE DE CALI Y FUE UNO DE LOS PUNTOS CLAVES DE LAS MANIFESTACIONES DEL AÑO PASADO. El abogado también representa a manifestantes, entre ellos a Carolina Montaño Cuero, líder de la “primera línea”, detenida desde hace 10 meses en una cárcel de Jamundí, acusada por el asesinato del policía Carlos Andrés Rincón, agredido en el llamado Paso del Aguante (o Paso del Comercio). Su cuerpo fue luego encontrado en el río Cauca. Montaño Cuero enfrenta una posible condena de 50 años, basada en versiones de testigos y sin pruebas, según Bejarano. El abogado advierte la desigualdad que existe en el tratamiento de los casos. Cuando se trata de manifestantes, los procesos avanzan “de manera vertiginosa”, en investigaciones complejas con imputaciones muy graves. Según la Fiscalía, durante el paro murieron 29 personas; más de la mitad en Cali. Fueron 25 civiles, tres policías y un miembro del CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía). Esa entidad ha acusado a tres oficiales de Policía y un patrullero por casos relacionados con homicidios y ha logrado la captura de 119 manifestantes por agresiones a policías. Organizaciones como Temblores hablan de 40 casos de violencia homicida atribuidos a la Policía y al Esmad, sin ningún fallo condenatorio. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dice que de 46 casos verificados, en al menos 28 los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la fuerza pública y en 10 actores no estatales. “¿¡Qué vándalos!?” A un año del paro nacional de 2021, los familiares y abogados de siete de las nueve personas asesinadas e identificadas en Siloé (José, Kevin, Harold, Daniel, Michael, Neison y Bairon) viven entre la impunidad, la revictimización y la ausencia de justicia. Por esos días comparecían diez militares y un civil en la primera audiencia de responsabilidad por los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado (“falsos positivos”), frente a la Justicia Especial para la Paz (JEP). Pasaron entre 13 y 14 años para que esto ocurriera. Hoy en Siloé se preguntan cuánto tiempo pasará antes de conocer la verdad sobre los asesinatos, las desapariciones y otros delitos cometidos durante el paro. “Ha habido cinco audiencias; todas las han aplazado. Es una burla para los familiares, para las víctimas. No sé por qué el juez se presta (a aceptar) que quien tiene que decidir las fechas son la Policía y los abogados de la policía”, dice Yenny Mellizo, madre de Harold. Yenny Mellizo, madre de Harold Rodríguez, recuerda a su hijo como un joven intachable y rechaza que a él y a otros muchachos asesinados las autoridades los hayan tildado de vándalos. El padre de Michael, Aberlardo Aranda, dice que no ha existido ningún reconocimiento del Estado. “Ya van a ser 11 meses de la muerte de mi hijo y no se ha pronunciado. No ha tenido ni la primera audiencia, ni el primer llamado de autoridades. Estamos a la deriva”, denuncia. En el caso de estos dos jóvenes la rabia aumenta porque prestaron el servicio militar con excelencia en zonas consideradas “rojas”: Harold en Chocó y Michael en Caquetá. Regresaron con vida tras enfrentar al enemigo y encontraron la muerte a manos de la fuerza pública, que juró protegerlos. “Le da a uno impotencia de que el Estado mismo mata a los muchachos que reclaman sus derechos”, dice Abelardo. Las historias de los jóvenes muestran que tenían proyectos y se ganaban la vida como podían. “Duele cuando dicen que eran vándalos. ¡¿Qué vándalos?!”, se queja Yenny. La familia de José Ambuila dice que no tiene ninguna información sobre cómo avanza el proceso. Luz Aida, la madre de Bairon, espera la próxima audiencia. Sobre el caso de su hijo Neison, Elizabeth dice que nadie la ha buscado para investigar. La mayoría de las madres de los muchachos asesinados son mujeres solas que en algunos casos incluso dependían de sus hijos. Unos 35 familiares de los chicos asesinados han formado la organización Memoria Vive Colombia (Mevico) para acompañarse, compartir experiencias y continuar su lucha en medio del pesimismo. En las reuniones supieron de otras víctimas de la violencia policial: Jhonny Silva, asesinado en 2005 dentro de la Universidad del Valle, un caso sin resolver; o Nicolás Neira, cuyo padre, tras sufrir atentados y exilio, logró la condena de un agente del Esmad, 16 años después de la muerte de su hijo. Luchar contra el Estado puede tomar años, y expone a las familias a todo tipo de riesgos y tareas, como en el caso de Luis Carlos Agudelo, padre de Kevin Agudelo, quien salió del país por amenazas. O el de las hermanas de Daniel Sánchez, Crisol y María Paula, quienes abandonaron su casa en Siloé con la familia por amenazas que denunciaron sin recibir respuesta oficial. Estas mujeres y su equipo jurídico han hecho una tarea que le tocaba a la Fiscalía: reunieron fotos, videos y testimonios para lograr que el caso de su hermano sea investigado como un asesinato y probar que no murió por inhalación de gases en el incendio del Dollarcity de Siloé, como sostuvo Medicina Legal, sino bajo la acción de agentes del Estado. El cuerpo de Daniel, según la familia, presenta signos de tortura y un tiro, y fue plantado dentro del comercio incendiado. EN UN EVENTO ORGANIZADO POR EL COLECTIVO 28A EN CALI, EL 28 DE ABRIL, AL CUMPLIRSE UN AÑO DEL INICIO DE LAS PROTESTAS DEL 2021, PARTICIPÓ CRISOL SÁNCHEZ, HERMANA DE DANIEL STIVEN SÁNCHEZ, CUYO CUERPO FUE ENCONTRADO QUEMADO EN EL DOLLARCITY DE SILOÉ. UN CASO QUE NO HA SIDO ACLARADO POR LA JUSTICIA. Santiago Medina, defensor de derechos humanos que acompaña el caso de Daniel Sánchez, explica que en el último año han evidenciado “muchos yerros del actuar diligente del Estado en la investigación (…) Y no existe una completa transparencia en todo el proceso”. Dice, por ejemplo, que la Fiscalía no ha querido recibir testimonios de los familiares, que la defensa no pudo participar en el interrogatorio de agentes de la Policía y el Esmad que actuaron en la glorieta de Siloé, ni pudo acceder a sus declaraciones. También interpusieron una tutela para acceder al dictamen de Medicina Legal, que según análisis de expertos consultados por la familia presenta inconsistencias. En la última traba, hace varias semanas, un juez de tutela aprobó el pedido de que el caso sea trasladado de la Fiscalía de Vida (que investiga asesinatos) a una Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, y eso hasta el momento no ha ocurrido.“Todo esto lo hemos tenido que hacer nosotros porque las autoridades no han querido hacer ninguna investigación. Hay una forma de impunidad”, lamenta Medina. Pero las familias no se rinden, aunque la justicia y las autoridades actúen como si las vidas de esos jóvenes marginados no importaran. La comunidad trata de cambiar la imagen de Siloé, el mismo barrio que en 1985 ya había conocido la violencia estatal. Una toma militar que perseguía a una célula del M-19 dejó 17 muertos y 40 heridos, la mayoría civiles. LUGAR DONDE ESTABA UBICADO EL DOLLARCITY QUE FUE INCENDIADO EL 28 DE MAYO EN MEDIO DE SAQUEOS, EN EL MARCO DE LAS MANIFESTACIONES EN LA GLORIETA DE SILOÉ. EN EL LUGAR FUE ENCONTRADO EL CUERPO QUEMADO DE DANIEL SÁNCHEZ. EN EL LUGAR HAY UNA FRASE PINTADA EN ROSA QUE DICE: “SOÑÁNDONOS EL CENTRO CULTURAL Y MEMORIA DANIEL SÁNCHEZ”. El paro trajo nueva atención al barrio. “Hubo un tiempo en que era demasiado ‘caliente’, pero ahorita está la ruta turística, un proyecto que estaba desde antes, pero que ahora se ha fortalecido. Vienen al mural (de víctimas), conocen lo que es el museo”, cuenta La Mona, una líder social. Tras el estallido social, la educación se volvió una prioridad; muchos jóvenes que participaron en las manifestaciones y que habían dejado los estudios, se sintieron motivados y se graduaron de bachilleres. Torres, el investigador de Pares, cree que estas iniciativas y otras como la del Tribunal Popular son innovadoras. “Ese poder comunitario, esa lucha por la memoria que vienen adelantando desde hace tantos años, redunda en que se presenten estos escenarios populares que pueden tener más legitimidad que cualquier acción de la justicia en estos momentos”, dice.

Por: Línea de Investigación de Paz, Postconflicto y Derechos Humanos A raíz de la extradición del máximo jefe del Clan del Golfo, Darío Antonio Úsuga David “Alias Otoniel” a Estados Unidos por parte del Gobierno Nacional, este grupo armado ilegal inició un paro armado como retaliación en varias regiones del país en las que tiene fuerte injerencia: Antioquia, Chocó, Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena. En panfletos difundidos vía WhatsApp anuncian que el paro tendrá una duración de cuatro días iniciados a partir de las 12:00 a.m. del 5 de mayo hasta las 12:00 a.m. del 10 de mayo, ordenando además “la suspensión de todas las actividades sociales, económicas, educativas y culturales" y prohibiendo la circulación del transporte terrestre y fluvial en veredas, municipios y ciudades donde tienen presencia; advierten que “quién no quiera acatar la orden será dado de baja”. Desde la noche del pasado 4 de mayo se infundió un temor generalizado entre los habitantes de estos departamentos, pues hombres armado comenzaron a pintar las paredes de establecimientos comerciales, educativos y viviendas con el nombre del bloque y las siglas AGC (Autodefensas Gaitanitas de Colombia). Antioquia es el departamento que en el primer día de este paro armado sufre mayores afectaciones a causa de las acciones violentas. Siendo las 2:00 p.m. del 5 de mayo se reportaban 14 vehículos incinerados en todo el departamento, de los cuales 12 se registran en la región Norte y Bajo Cauca en los municipios de Caucasia, Cáceres, Nechí, Zaragoza, El Bagre y Valdivia; uno en Don Matías y uno en la región de Urabá. En su mayoría han resultado afectados los vehículos de transporte público y de carga. Ante estos hechos la vía troncal de occidente que conecta el interior del país con la Costa Caribe se encuentra cerrada a la altura del municipio de Valdivia. En medio del miedo y la zozobra la población busca algunos establecimiento abiertos para abastecerse de alimentos durante estos cuatro días de paro armado. Otras acciones violentas en contra de la población civil han sido amenazas a las instituciones educativas para que suspendan todas las actividades académicas, llamadas y envío de mensajes intimidantes a los comerciantes prohibiéndoles abrir sus negocios y amenazas a transportadores incluido el transporte público que fue llamado a no despachar buses. Las personas que no se acogen a estas medidas han sido retenidas por integrantes del grupo armado. Tal fue el caso de los empleados de la empresa Mineros S.A., quienes se movilizaban en una embarcación en inmediaciones del corregimiento Cargueros, en el municipio de Nechí. Allí fueron retenidos y advertidos de que estaba prohibido navegar por el río Nechí, posterior a esta amenaza fueron liberados y pintaron el bote con las iniciales AGC. Fotos compartidas por la población civil de las zonas donde se desarrolla el paro armado El departamento de Córdoba también ha sentido con rigor el paro armado con la quema de vehículos de transporte público en varios municipios, lo que aumentan el temor entre la población. En el departamento el 90% de los establecimientos educativos suspendieron actividades académicas. Todos estos hechos siguen poniendo en evidencia la capacidad operacional que tiene esta organización armada sobre los territorios y la débil capacidad institucional para dar una respuesta oportuna que brinde condiciones de seguridad a la población. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la fuerza pública, ni acciones institucionales que permitan garantizar las condiciones de seguridad y contrarrestar las acciones violentas por parte del grupo ilegal. Estas acciones reaccionarias del Clan del Golfo ante la extradición de su máximo jefe recuerdan las que se realizaron en el mes de octubre del año pasado cuando alias “Otoniel” fue capturado en un operativo de la fuerza pública en el departamento de Antioquia. En esa ocasión, el Clan realizó un ‘plan pistola’ (Te podría interesar: El ‘plan pistola’ del ‘Clan Golfo’ ya estaría en marcha) en el bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba que dejó un saldo de cuatro miembros de la fuerza pública asesinados. La inmediatez de estas acciones del Clan del Golfo dan muestra de su poderío territorial en zonas que han establecido como centros de operaciones a lo largo del territorio nacional. En el reciente informe de la Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) “Plomo es lo que hay”, se dio cuenta de que el Clan del Golfo es el grupo armado más grande del país estableciendo una presencia territorial en 241 municipios de Colombia. Imagen No. 1 Presencia del Clan del Golfo en 2022. Imagen de: Fundación Paz & Reconciliación. Sobre la base de esto, desde Pares se ha señalado que la captura y ahora extradición de alias “Otoniel” no parece derivar en un debilitamiento del Clan del Golfo como grupo armado. Por esto insistimos en que, si no se plantea una solución estructural, como una ley de sometimiento a la justicia con un necesario esfuerzo en materia judicial, económica y política, no tendremos el desmantelamiento del crimen organizado en cabeza del Clan del Golfo.

Por: Jeanneth Valdivieso M. para La Liga Contra el Silencio

Laura Vanesa Prieto Pinto Investigadora Nacional Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana En los últimos meses se han presentado diferentes hechos en el país que encienden las alarmas sobre la violencia contra personas de identidad diversa y que pertenecen a la población LGBTIQ+. Uno de estos fue el de la agresión a una pareja de hombres en Bogotá, el pasado 11 de abril, en la que dos sujetos los golpearon e insultaron en la localidad de Chapinero a altas horas de la madrugada. En este hecho también resultaron heridas dos mujeres que trataron de defender a la pareja. Este se asume como un ataque de odio, ya que los agresores (identificados en una denuncia pública hecha por el concejal Luis Carlos Leal como Andrés Lara y Brayan Nemocon) justificaron su agresión a través de comentarios discriminatorios. Otros hechos de mayor gravedad corresponden a los homicidios registrados en Medellín recientemente. Entre el 11 de enero y el 31 de marzo, seis hombres gais fueron asesinados bajo circunstancias similares en la capital antioqueña. Se presume que estos tienen un mismo autor/es debido a la sistematicidad de los casos que, según el portal Caribe Informativo, tienen 3 características: 1. Circunstancias de vulnerabilidad de las víctimas, ya que los delitos se cometieron en espacios privados. 2. Estado de indefensión de las víctimas, debido a que fueron sometidas e inmovilizadas atándolas de manos. 3. El mecanismo de los asesinatos, en todos los casos, fue la asfixia mecánica[1]. La ONG Colombia Diversa ha registrado asesinatos similares en otras partes del país como Bucaramanga, Bogotá, Pereira y Manizales en lugares como moteles y residencias. Para el 2020, Antioquia fue el departamento con la mayor cantidad de homicidios y feminicidios de población LGBTIQ+ registrados, con un total de 47 casos; seguida del Valle del Cauca y Bogotá. Tabla No. 1 Distribución de las víctimas LGTBI en 2020 por departamento y tipo de violencia. Imagen tomada de: Colombia Diversa, 2021. Por su parte, en Valledupar se registró el 18 de abril el asesinato de una migrante venezolana trans, quien era trabajadora sexual y ejercía un liderazgo social en esa ciudad. De acuerdo con la información de Caribe Afirmativo, en la costa atlántica se ha evidenciado un incremento del 70% para el 2021 de los hechos violentos contra personas de la población LGTBIQ+, de los cuales la mayoría de víctimas son personas trans[2]. De acuerdo con el balance realizado por la Defensoría del Pueblo, durante el 2020 se reportaron 77 homicidios y feminicidios de esta población, de los cuales 28 sucedieron en departamentos de la región Caribe, 15 en la ciudad de Medellín, 8 en el Valle del Cauca, 7 en el Eje Cafetero y 19 en otras zonas del país. Las principales víctimas son las mujeres trans (27), seguidas de hombres gay (14) y mujeres lesbianas (8). Los hechos violentos contra personas de identidad diversa no están categorizados en los sistemas de información de seguridad ciudadana en Colombia, por lo que es un reto registrarlos en sistemas como el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), debido a que tales sistemas utilizan categorías binarias frente al género (masculino y femenino). Es así que los ataques contra la población LGBTIQ+ pasan desapercibidos y no son identificados de manera adecuada. A pesar de que desde los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) se ha venido adpotando un enfoque de género, de acuerdo a los lineamientos del Plan Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana y a las recomendaciones de las agencias internacionales de las Naciones Unidas (PNUD, ONU Mujeres, entre otras); la garantía de la seguridad para esta población constituye un reto para las autoridades. Por un lado, debido a las dificultades en el registro y verificación de las violencias que se ejercen contra esta población y, por el otro, al alto grado de desconfianza en las instituciones. Aunque Colombia ha suscrito varios tratados internacionales en materia de reconocimiento de los derechos de las personas de identidad diversa y que tiene una normativa avanzada en este sentido, es un país con altos grados de violencia contra la población LGTBIQ+. La discriminación, las amenazas, las lesiones personales, los homicidios, entre otros, afectan el pleno goce de los derechos de esta población; por lo que se constituye como un problema urgente para la gestión pública de la seguridad y la convivencia ciudadana. Hace falta entonces fortalecer la confianza en las instituciones para que los mecanismos de prevención de violencias y la atención de denuncias sean más efectivos y, del mismo modo, avanzar hacia la generación de mecanismos comunitarios de protección. También es clave promover campañas que apunten a la denuncia de la discriminación y a la socialización de los protocolos de atención de casos de violencias basadas en género en contra de la población LGBTIQ+, focalizadas en los territorios con la mayor concentración de las mismas. [1] Redacción Caribe Afirmativo, “Comunicado Sobre la Situación de Derechos Humanos de Personas LGBT en Medellín”, Caribe Afirmativo, 5 de abril de 2022. Tomado de: https://caribeafirmativo.lgbt/comunicado-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-de-personas-lgbt-en-medellin/ [2] Redacción Infobae, “Homicidios de la comunidad LGBTIQ+ se incrementaron en más del 70% en la Costa Atlántica”, Infobae, 25 de marzo de 2022. Tomado de: https://www.infobae.com/america/colombia/2022/03/25/homicidios-de-personas-de-la-comunidad-lgbtqi-se-incrementaron-en-mas-del-70-en-la-costa-atlantica/

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. “Las autoridades informaron que el martes fue secuestrado Hernando Linero López, auxiliar administrativo de la Subestación Eléctrica de Aracataca (Magdalena), quien luego fue asesinado y su cadáver encontrado en las afueras de esa población. El hecho fue atribuido a un comando de 7 hombres presumiblemente de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, quienes sacaron a Linero de la sede de Electromag, en zona central de Aracataca”[1]. Esta triste nota hace referencia a la muerte de mi hermano mayor, quien fue secuestrado, torturado y asesinado en los tiempos y predios donde no se movía una sola hoja, y menos una sola bala, sin el consentimiento de Jorge 40. Sus hijos, mis sobrinos, nada han hecho para tomar venganza (y si cargan odio nadie lo sabe). Tampoco son resilientes, porque ello implica mirar al maltrato como un estímulo para salir adelante y ellos tienen por cierto que les estaría yendo mil veces mejor –como le está yendo al hijo de Jorge 40– si su padre estuviera vivo. Los abanderados de la resiliencia piensan que después de ser destrozada vitalmente una persona, es un acto de justicia ejemplar que llore, seque sus lágrimas y retome sus labores. Claro que las víctimas deben seguir laborando –es un obvio principio de supervivencia–, claro que deben dejar de llorar o al menos no hacerlo con lágrimas de escarnio; pero, que olviden y dejen de sufrir, que dejen de experimentar el dolor, es una petición infame. Sin duda, una manera eficaz de alivianar estos sentimientos (¡antes que pedir resiliencia!) es impedir que a los afectados se les recuerde el hecho doloroso para sacar partido político, y mucho menos enrostrarles al victimario o a sus hijos. Así lo ha hecho el uribismo durante su gobierno en cabeza de Duque con el hijo del autor de la masacre de El Salado –en la que murieron más de 60 personas– porque habiendo podido posesionarlo en cualquier otro cargo de los miles que le permite el desmedido presidencialismo, lo nombró –qué cosa tan infame y revanchista– representante de las víctimas. En justa lógica, el nombramiento en mención, ocurrido en 2020, no fue tan descabellado en su malevolencia, ni ilógico en su perversidad. Precisamente porque surgió de una decisión de un gobierno uribista, es decir, de un gobierno que no interpreta la voluntad del pueblo y menos la de las víctimas, que como lo dicta la más simple de las reglas morales, merecen respeto. Por tal razón, haberle encargado al hijo de Jorge 40 una tarea tan delicada como lo es la coordinación de víctimas del Ministerio del Interior, fue una decisión obtusa o de mala fe, pues al estar dicha tarea tan ligada al interés de las víctimas, no podría habérsele encomendado al heredero consanguíneo de un sanguinario. Muy a pesar incluso del principio penal acerca de que los delitos de sangre no se heredan, y pese a que el hijo del victimario sea buena persona, si lo fuera, porque esto no solo se trata de un asunto de derecho penal, sino también de ética y moral. Otra acción del gobierno que resintió a las víctimas fue el contrato de arrendamiento que por un valor de más de 260 millones de pesos mensuales firmara con la ex mujer de Jorge 40 para el funcionamiento de la Unidad de Víctimas de Valledupar. El señor Luis Fernando Lara, que es una de las víctimas del conflicto armado en el norte del país y representa a la Corporación Constructores de Paz y Desarrollo Sostenible, dijo al respecto: “Queremos que la sede de la Unidad de Víctimas no esté más allá. Hay muchísimas víctimas que no estamos de acuerdo con que la oficina que está para la atención nuestra quede ubicada en un inmueble que es de propiedad de la ex mujer del paramilitar. Creemos que atenta contra nuestra dignidad. Además de que somos víctimas tenemos que ir a la casa de un victimario a reclamar nuestros derechos”[2]. Luego de ello, el hijo de Jorge 40 se registró en dicha sede de la Unidad de Víctimas para optar al cargo honorable de representante de víctimas en el Congreso, donde resultó elegido. Sin embargo, su campaña fue denunciada en distintos medios y por distintas personas o rivales políticos como, entre otros, la candidata Claudia Vásquez: “Estos tres meses no podíamos entrar a la Sierra Nevada o la Serranía del Perijá a hacer campaña, eran territorios que los paramilitares custodiaban y le decían a la gente que debía votar por ‘Yoyo’ Tovar”[3]. Ahora, en días recientes y en respuesta a una demanda contra la elección del hijo de Jorge 40 como representante de las víctimas de buena parte del norte del país, el Consejo de Estado ha solicitado como medida cautelar que se abstenga de posesionarse el próximo 20 de julio. Valga decir que, si bien le asiste el derecho para optar al cargo de elección popular como representante de las víctimas en el Congreso –pues su prohibición no quedó expresa ni suscrita en los recientes acuerdos de paz–, su elección pareciera desobedecer al sentido común y al desarrollo armónico de la paz. Y aunque es una licencia de los sistemas de derecho aprovechar los vacíos de la ley, cuando estos ocurren se debe acudir a los principios de la justicia que son la base, los fundamentos y las reglas de oro de todo sistema jurídico escrito. Pero, ¿por qué no es víctima el hijo de Jorge 40?: Para Benjamín Mendelsonhn, el llamado padre de la victimología, víctima “es la personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en que está afectada por las consecuencias sociales de sufrimiento [es decir que Jorge 40 junior, tendría que haber sido víctima de bullying, perseguido con amenazas por criminales o sujeto de vejaciones que producen dolor], determinado por factores de origen muy diverso, físico [que yo sepa no han jugado fútbol con su cabeza], psíquico [que se sepa tampoco el hijo de Jorge 40 ha estado en tratamientos psiquiátricos ni en manicomios, ni aparece registrado en los libros de Sibaté], económico [solo con los altos salarios que le dispone el gobierno ya está muy por encima de la media salarial en Colombia], político [sin duda es hijo consentido del uribismo] o social [pertenece a la inmaculada aristocracia de Valledupar]; así como el ambiente natural [de música vallenata, licores y piscinas] o técnico [el hijo de Jorge 40 viaja en avión y se mueve en camionetas de cuatro puertas]”[4]. Así las cosas, es natural que las víctimas hayan resentido el nombramiento de este señor como coordinador de víctimas en el Ministerio del Interior, es natural que les indigne el arrendamiento de la casa de la ex mujer de Jorge 40 para el funcionamiento de la Unidad de Víctimas y es natural que los hiera bastante su posible posesión –para representar a las víctimas– en la Cámara de Representantes. En fin, un cuadro de favorecimientos al hijo de Jorge 40, que a todas luces configura un premio a su buena hoja de vida, facilitada por un contexto social que ama lo que Jorge 40 tenía a montones, el poder del dinero y las armas; mientras que la mayoría de los hijos de las víctimas siguen siendo re victimizados, precisamente por carecer de sus padres y del poder de las armas y el dinero. Configura igualmente un desafío a la opinión pública, que se ha enterado de cómo los paramilitares jugaban fútbol con las cabezas de los campesinos asesinados por orden de su padre, y es también una afrenta a las víctimas, que sienten y entienden cuánto está ligado ese señor a su padre, de quien heredó y usa sin aspavientos el ámbito de poder perteneciente a la maquinaria política del expresidente Uribe, ese gran sospechoso de crímenes de lesa humanidad. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto. [1] Redacción El Tiempo, “Secuestran a hacendado y matan a un empleado”, El Tiempo, 6 de febrero de 1997. Tomado de: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-586691 [2] Redacción El Espectador, “La Sede de la Unidad de Víctimas que funciona en edificio de exesposa de Jorge 40”, El Espectador, 4 de enero de 2022. Tomado de: https://www.elespectador.com/judicial/la-sede-de-la-unidad-de-victimas-que-funciona-en-edificio-de-exesposa-de-jorge-40/ [3] Redacción Rutas del Conflicto, “Jorge Tovar, Hijo de Jorge 40: El Nuevo Representante de las Víctimas en el Cesar”, Rutas del Conflicto, 13 de marzo de 2022. Tomado de: https://rutasdelconflicto.com/notas/jorge-tovar-hijo-jorge-40-el-nuevo-representante-las-victimas-el-cesar [4] Nimrod Mihael Champo, “La Víctima en el Derecho Penal”, en “Entre Libertad y Castigo: Dilemas del Estado Contemporáneo”, 15 de diciembre de 2011, pp. 237-246. En: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3104/13.pdf.

Por: Camilo Díaz Suárez, investigador nacional Línea de Democracia y Gobernabilidad El 26 de abril se realizó un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes al que fue citado el ministro de Defensa, Diego Molano, por los hechos del operativo militar en Puerto Leguízamo, Putumayo, del pasado 28 de marzo. En el debate, los citantes expusieron las irregularidades que rodearon el operativo, mientras que representantes de partidos afines al gobierno y a la gestión de Molano, lo defendieron. Esa fue la misma postura de Molano, quien defendió el operativo. De todas formas, a la espera de la votación, la moción de censura parece que va a terminar con una votación favorable a Molano, debido a que la mayoría de representantes a la Cámara hacen parte de partidos afines a su gestión. Así, seguiría el mismo resultado de las otras dos mociones de censura que había enfrentado Molano, en las que tuvo una votación favorable a él. La masacre de Puerto Leguízamo El pasado 28 de marzo, en horas de la mañana, la división de asalto aéreo del Ejército de Colombia llevó a cabo una “operación” en la vereda de Alto Remanso, de Puerto Leguízamo, Putumayo, donde se realizaba un bazar para financiar proyectos comunitarios. Según el Ejército, con la operación se buscaba capturar a uno de los líderes de la Segunda Marquetalia de las Farc. Sin embargo, el operativo terminó con la muerte de 11 personas, que, de acuerdo con la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), "las personas muertas no eran guerrilleros". Así, el Ejército llevó a cabo una masacre que trató de hacer pasar como bajas de disidentes de las Farc. Incluso, el mismo presidente de la República, Iván Duque, se refirió al operativo como un logro en la ofensiva contra las disidencias. Sin embargo, de acuerdo a distintos relatos de sobrevivientes de la masacre, el Ejército atentó en contra de la comunidad. No era un campamento militar del grupo residual 48 de las Farc, sino de un espacio comunal con una gran edificación de dos pisos y un campo pelado que hacía las veces de cancha de fútbol. Pese a ello, el ministro de Defensa, Diego Molano, en todo momento ha sostenido que el operativo no se dio en un bazar ni fue en contra de la comunidad. En todo caso, los sobrevivientes han relatado otros hechos distintos a las versiones oficiales emitidas por el gobierno. De acuerdo a uno de ellos, “30 hombres encapuchados, vestidos de negro, con brazaletes naranja, sin chalecos, con capuchas que cubrían sus rostros hasta la nariz, dispararon contra los civiles que se realizaban un campeonato de fútbol con la participación de hombres y mujeres”. De igual forma, como recogió Cambio, el día de la masacre, miembros del Ejército llegaron a la vereda Alto Remanso, vestidos de negro, para simular pertenecer al Frente Carolina Ramírez, y se presentan como guerrilleros, para encerrar a siete personas en la cocina del espacio comunal. Sobre las 6:45 a.m. empiezan a realizarse disparos, y caen muerto el presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández Rojas, junto con su esposa Ana María Sarrias Barrera. Luego de un par de horas, sobre las 10:00 a.m., el miembros del Ejército que estaban de negro se cambian y se le ordena, con fusiles, a la comunidad a reunirse en la cancha de fútbol, dándoles la espalda a los muertos. Ahí, la comunidad denunció que hubo una alteración de la escena, manipulando, entre otros, el cuerpo de Pablo Panduro Coquiche, gobernador del cabildo Bajo Remanso, colocándole un fusil al lado. Incluso, un forense consultado por El Espectador, indicó que “los hallazgos preliminares sobre las fotos de los cuerpos indican que existió manipulación y alteración del sitio con fines de escenificar es decir, se muestra algo que en realidad no ha ocurrido, para desviar la investigación de forma deliberada”. Además, la comunidad también señaló que el video publicado por Molano, que se ve más arriba, sostienen que no es del caserío de El Remanso, y menos durante el evento comunitario. Incluso, sugieren que ese video sería de otro lugar. El debate de moción de censura La moción de censura es un instrumento de control político que posibilita el remover a ministros de su cargo por no cumplir o desestimar sus funciones. El artículo 135 de la Constitución Política faculta a la Cámara de Representantes a utilizar este instrumento. Esta debía ser propuesta por, al menos, la décima parte de los miembros que componen la respectiva Cámara y su aprobación requiere el voto afirmativo de la mitad más uno de sus integrantes. La Proposición de moción de censura se dio el pasado 12 abril, citado por 36 representantes a la Cámara, por haber omitido diferentes funciones de su cargo en razón de la masacre de Puerto Leguízamo, a la vez que haber ignorado normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Fuente: Caracol Radio Pese a ello, por la composición de la Cámara de Representantes, la moción de censura parece destinada a no progresar, debido a su mayoría de partidos tradicionales afines al gobierno y al ministro de Defensa. En tanto que a favor de la moción de censura votarían los 10 parlamentarios de Alianza Verde, 4 de Comunes, 2 de Lista de la Decencia, 2 de MAIS, al menos 13 liberales, 2 del Partido de La U y 3 entre el Polo, Dignidad y Colombia Humana. Un total de 36 votos Una de las revelaciones fue realizada por Katherine Miranda, quien señaló que Diego Molano omitió dos personas asesinadas en la masacre, que habían sido militares y que no fueron presentados por el ministro de Defensa. De acuerdo con el informe de Misión Humanitaria a las veredas Alto Remanso y Bajo Remanso de Puerto Leguizamo, de la Defensoría del Pueblo, presentó dos muertos que no habían sido presentados por el Ejército, por lo que serían 13 los muertos y no 11. Estas dos personas, como se puede ver en el informe, son Daniel Eduardo Paredes Sanjuan y Lizandro Paredes Sanjuan. A su vez, el operativo habría vulnerado los Convenios de Ginebra relativos a la protección de las víctimas de los conflictos de carácter no internacional. Los citantes del debate expusieron las irregularidades del operativo como haber violado el principio de distinción, el cual establece que “las partes en un conflicto armado deben distinguir en todo momento entre combatientes y objetivos militares, por un lado, y personas civiles y bienes de carácter civil, por el otro, y atacar sólo a los objetivos legítimos”. De igual forma, hablaron víctimas del operativo, que expusieron los hechos ya relatados sobre la masacre. Por su parte, representantes de partidos afines al Congreso defendieron la gestión de Molano y del operativo, aludiendo a que el bazar había sido uno “cocalero” y que el operativo siguió los lineamientos que debe seguir el Ejército. De igual forma, como se esperaba, Diego Molano sostuvo que la vereda donde se llevó a acabo el operativo es un punto estratégico de disidencias de las Farc, a la vez que defendió el uso de la vestimenta de trajes negros por parte de integrantes del Ejército, junto con “supuestas” evidencias que los abatidos en el operativo hacían parte de las disidencias. Con la intervención de Molano, terminó el debate y falta esperar la votación de la moción, para la cual los representantes tienen 10 días. Sin embargo, a priori las cuentas parecen ir hacia una votación negativa, ya que, como se mostró más arriba. Este fue el tercer debate de moción de censura al que fue citado Diego Molano. En el 2021 enfrentó otros dos, por los presuntos excesos de la fuerza pública durante las jornadas de manifestaciones en abril del año pasado, que terminaron con una votación favorable a Molano.