Por: Camilo Díaz Suárez, investigador nacional Línea de Democracia y Gobernabilidad Recientemente se dieron a conocer los nombres de la terna de 10 aspirantes a contralor general. La Ley 1904 de 2018, que establece las reglas de convocatoria pública para contralor de la República, estableció que el proceso de elección tiene las siguientes etapas: convocatoria, inscripción, lista de elegidos, pruebas, criterios de selección, entrevista, la conformación de la lista de seleccionados y elección. El pasado 3 de febrero se abrió la convocatoria para aspirar al cargo de contralor de la República, establecida con la Resolución 001 del 17 de enero del 2022. Se inscribieron en total 2.010 aspirantes en el Congreso, de los cuales 195 fueron admitidos. Posterior a ello, se realizó una prueba de conocimientos, a cargo de la Universidad Industrial de Santander (UIS), que redujo los aspirantes a 20, que fueron aquellos que obtuvieron un puntaje igual o mayor a 70 puntos sobre 100 en dicha prueba. Una vez conocidos los nombres que pasaron la prueba de conocimientos, el 20 y 21 de abril se realizaron audiencias públicas en el Congreso, para escuchar a los 20 aspirantes al cargo de contralor general. Así, el siguiente paso fue reducir la lista de aspirantes de 20 a 10, en manos de una comisión accidental integrada por miembros de las dos corporaciones del Congreso, para dejar lista una terna para que el próximo Congreso posesionado elija a la persona que ocupará el cargo de contralor. La Comisión Accidental Mediante la Resolución 006 del 2022, el Senado designó una lista de 16 senadores en representación de cada partido que integra a la corporación, para que integraran la comisión accidental encargada de definir la lista de elegibles a ocupar el Cargo de Contralor General de la República para el periodo 2022 – 2026. De los 16 senadores designado, al menos 10, como ha registrado Pares, tienen cuestionamientos, entre los que se encuentran como herederos de la parapolítica Honorio Miguel Henríquez, Ciro Ramírez, Ana María Castañeda, Juan Samy Merheg y Juan Felipe Lemus; por hechos de corrupción Arturo Char, Lidio García y Carlos Andrés Trujillo y John Moisés Besaile; y Sandra Ramírez Lobo, quien fue miembro del estado mayor de la ex - guerrilla de las Farc. Miembros del Senado de la Comisión accidental Además, por la composición misma del Congreso, la Comisión Accidental quedó conformada por una mayoría de partidos tradicionales o afines al gobierno, mientras que la oposición quedó con una minoría de integrantes. Esa conformación de la comisión accidental es lo que llevó a que se sostuviera que, con la terna de 10 aspirantes, se buscara amarrar el próximo contralor. Los perfiles de los aspirantes a contralor 1. Andrés Castro Franco: es abogado de la Universidad Nacional y politólogo de la Universidad Javeriana, especializado en Instituciones Jurídico-procesales y magister en Derecho Procesal Penal. Ocupó distintos cargos públicos y carácter político, para llegar en el 2016 a la Contraloría Distrital como contralor auxiliar, durante el periodo de Juan Carlos Granados, luego en 2019 fue Gerente Seccional II de Bogotá de la Auditoría General de la República y fue nombrado contralor distrital en 2020 y estuvo en el cargo hasta febrero del 2022. Tras su nombramiento como contralor distrital, la Fundación Paz y Reconciliación, en el informe “El negocio detrás del próximo contralor de Bogotá”, Andrés Castro es cercano a Juan Carlos Granados, por lo que fue nombrado contralor auxiliar y, después, entraría a la auditoría, donde estaba Luz Adriana Granados Becerra, hermana de Granados, y asesora del despacho de la auditora general Alma Carmenza Erazo Montenegro. Además, Andrés Castro habría sido la ficha de Granados en la Contraloría de Bogotá, en el marco de un carrusel de nombramientos orquestado junto con el registrador nacional, Alexander Vega, para garantizar el trámite legislativo del Código Electoral. Cabe resaltar que Juan Carlos Granados fue representante a la Cámara por Boyacá, gobernador del mismo departamento y, desde el 2021 magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Fue acusado de beneficiar a Odebrecht con contratos a cambio de dinero siendo gobernador de Boyacá, pero tras engavetar el proceso que cursaba en su contra en la Corte Suprema, al ser nombrado magistrado este pasó a la Comisión de Acusación del Congreso. Por estos hechos, ya la Fiscalía le había imputado los cargos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. 2. Luis Carlos Pineda Téllez: es abogado de la Universidad Autónoma y magister en Derecho, gobierno y gestión de justicia de la Universidad de los Andes. Ha sido contralor delegado intersectorial, director de vigilancia fiscal para los sectores Social y Minas y Energía, y director de investigaciones en la Contraloría General de la República. Además de haber trabajado en la Auditoría General de la República, el ICBF, Senado de la República, la Rama, el Ministerio de Minas y Energía, entre otros. Según fuentes de prensa, Pineda Téllez sería una de las opciones a las que le apuesta el actual contralor Felipe Córdoba, para dejar un sucesor de su confianza. 3. Carlos Fernando Pérez Gelvez: es economista y administrador de empresas especializado en Gerencia Pública de la UIS y cuenta con una maestría en Administración de Empresas de la Santo Tomás y otra en Gestión Pública y Gobierno de la UDES. En 2011 aspiró al Concejo de Bucaramanga, por el Partido de la U, sin lograr quedar al alcanzar 2.510 votos. En 2012 llegó a la Contraloría de Santander, presuntamente por recomendación de Hugo Aguilar, durante la gobernación de Richard Aguilar. Más adelante, en 2020, aspiró al cargo de contralor de Santander, coincidiendo con la gobernación de Mauricio Aguilar, luego de haber sido parte de su equipo de empalme, donde estuvo hasta el 30 de diciembre del 2021. Diferentes medios han sostenido que es un hombre de confianza y cercano a Hugo Aguilar, cabeza del Clan Aguilar en Santander, quien ha sido condenado por parapolítica, enriquecimiento ilícito, lavado de activos e investigado por corrupción durante su periodo como gobernador del departamento. Al igual que su padre, el exsenador Richard Aguilar fue imputado por irregularidades durante su administración, que llevó a que su hermano, Mauricio Aguilar, también fuera investigado por ocultar pruebas en el caso de su Richard. 4. Luis Alberto Rodríguez: Es un economista graduado de la Universidad Nacional y tiene una maestría en Política Económica de la Universidad de Columbia. Se desempeñó en el sector privado hasta el 2018, cuando fue nombrado viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para luego ser nombrado entre 2019 y 2021 como director del Departamento Nacional de Planeación. Alberto Rodríguez es señalado de ser el candidato de Iván Duque para que ocupe el cargo de contralor general. Rodríguez en su aspiración ha buscado la favorabilidad de congresistas de Cambio Radical, lo que ha llevado a que, presuntamente, tenga el apoyo de la casa Char y de los González Villa. Cabe mencionar que la casa Char es un clan cuestionado del Atlántico, cuya cabeza más reconocida, Alejandro Char, ha estado involucrado en el desfalco de la empresa Triple A, el agrietamiento de unas casas en cuya construcción participó su constructora o el de la concesión de la vía Bogotá-Girardot y la presunta participación en la empresa criminal por medio de la cual ella y otros políticos se habrían hecho elegir. El clan Char en las elecciones del 13 marzo lograron poner 7 congresistas. Por su parte, el Clan González Villa está compuesto por Cielo González Villa, quien ha tenido varias investigaciones y sanciones por hechos de corrupción, y su hermano, Carlos Julio, que aspiró al Senado y se quemó y está siendo investigado disciplinariamente. Si bien Carlos Julio se quemó, de su estructura llegaron dos representantes a la Cámara por Cambio Radical. 5. María Fernanda Rangel Esparza: es abogada de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con una especialización en Contratación Estatal y otra en Gestión Pública e Instituciones Administrativas. También tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Fue secretaria general de ministro del Interior en 2014, Juan Fernando Cristo, y ha tenido experiencia en el Ministerio de Justicia, la Fiduprevisora y la Fiscalía General de la Nación. Actualmente es la Directora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), de la Contraloría General de la Nación. Es señalada de cercana al contralor general Felipe Córdoba y ser una de sus fichas. 6. Juan Carlos Gualdrón: es psicólogo de la Universidad de la Sabana, especializado en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo Social de la Universidad de la Salle y en Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido coordinador Nacional de Gestores Regionales para la Competitividad Turística en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Subdirector General Para la Superación de la Pobreza y Jefe de Oficina de Gestión Regional de Prosperidad Social; y, actualmente, contralor delegado de la Contraloría General. 7. Víctor Andrés Salcedo Fuentes: es abogado especializado en Alta Gerencia, Derecho Público, Derecho Penal, magíster en Derecho Penal Internacional. Ha sido procurador Judicial Penal II ante el Tribunal Superior de Bogotá y Montería, coordinador Nacional de Justicia Transicional de la Procuraduría General de la Nación, exmagistrado Auxiliar de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y fue el fiscal Doce Delegado de la Fiscalía. 8. Mónica Elsy Certain Palma: es abogada de la Universidad Libre especializada en Derecho Procesal de la misma universidad y tiene un máster en Dirección Estratégica y Gestión para la Innovación de las Universidades Carlos III de Madrid, Alicante y Autónoma de Barcelona. Fue contralora de Bogotá y auditora de Calidad del Instituto Nacional de Consultoría en calidad INALCEC. 9. Luis Fernando Bueno González: Es administrador de empresas, contador público y periodista, con una especialización en Gerencia de Empresas. Ha sido contralor de Barrancabermeja y estuvo en la terna para contralor de Cúcuta en 2021. Actualmente, también está aspirando al cargo de contralor de Bogotá. 10. Aníbal José Quiroz Monsalvo: es administrador de empresas de la Universidad Popular del Cesar, especializado en Evaluación de Proyectos de la Universidad del Rosario. Ha sido asesor de la Dirección General del Departamento Nacional de Planeación, jefe de planeación (2012-2013 y 2016-2017) y gerente del Fondo de Vivienda de Valledupar (2017-2018) de la Alcaldía de Valledupar. En 2019 llegó a la Contraloría General como asesor de despacho para el sistema de regalías. Es hermano de Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Con este listado de aspirantes, el próximo 3 de agosto el nuevo Congreso posesionado tendrá que elegir a quien será el nuevo contralor general.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Nuevamente Avianca mueve las fichas para beneficiarse: este 29 de abril anunció una alianza con Viva Air. Una jugada empresarial con la que busca reducir costos y aumentar sus utilidades. Así lo hizo hace 20 años, cuando conformó la Alianza Summa –una integración operativa que ejecutó junto a Sam y Aces–; y así lo está proponiendo nuevamente en 2022, con Viva Air. Hacer alianzas es una vieja estrategia de negocios que ha usado Avianca para salir de crisis y expandirse. Camino que le fue efectivo hace dos décadas, cuando en 2001 el Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), mediante la Resolución 19354, le aprobó la integración operativa con otras dos empresas –Sam y Aces–. Esta actuación conllevó a la liquidación de Aces y a la permanencia de Avianca como la principal aerolínea en el mercado aéreo en Colombia. En aquella época, debido a los problemas financieros que tenía Avianca, la autoridad reguladora autorizó la integración. Su objetivo era afrontar la crisis financiera, la recuperación económica y el aprovechamiento de las sinergias operativas que tenían las empresas juntas en el mercado. La alianza consistió en tener códigos compartidos, coordinación de itinerarios, prestación conjunta de servicios y la creación de equipos administrativos para supervisar, controlar y ejecutar las actividades de la fusión. Sin embargo, los resultados no fueron los mejores. Primero, para las empresas, pues, además de ser liquidada Aces, Avianca no salió de la crisis, a pesar de estas medidas; y en marzo de 2003 tuvo que acogerse al Capítulo 11 o “Ley de reestructuración empresarial” de Estados Unidos. Con esto logró suspender todos los fallos judiciales, el cobro de deuda, los juicios hipotecarios y la recuperación de bienes impagados. Y también logró mantener, con dificultad, un primer lugar en el servicio del transporte aéreo de pasajeros en Colombia. Y segundo, por la nefasta consecuencia que tuvo para los usuarios. La Alianza Summa trajo una caída en la calidad del servicio, pérdidas irrecuperables de eficiencia y un deterioro en el bienestar de los consumidores. Así quedó demostrado en aquel entonces, cuando se valoró el cambio en la prestación del servicio y se notó un descontento de los usuarios en temas como los stand de atención, la velocidad del viaje, las condiciones de seguridad y la fiabilidad en la hora de salida y de llegada (lea el estudio completo aquí). Nuevamente, y ante la crisis económica que sufrió la compañía como resultado de la pandemia reciente, Avianca informó esta semana que explorará la estrategia de conformar una alianza con Viva Air, en un nuevo holding llamado Avianca Group International Limited (Avianca Group). Viva Air es una joven compañía con 10 años de experiencia, que opera 46 rutas domésticas en Colombia y Perú, además de 14 rutas internacionales a Estados Unidos, México, Perú, República Dominicana, Argentina y Brasil. Aunque la idea de las dos aerolíneas es operar durante este primer año de forma independiente –manteniendo las marcas separadas, canales propios de venta y sus servicios de atención al cliente tal como se ofrecen hoy–, la idea es que en poco tiempo se avance a la fusión y convertirse en una sola empresa, logrando la unión de las dos compañías más grandes del mercado aéreo en Colombia. Como lo ha dicho Declan Ryan, el socio fundador de Viva –quien a partir de esta semana se sumaría a la junta directiva del nuevo grupo–, el objetivo del holding será expandirse en el mundo de la aviación. El primer efecto es que la nueva alianza tendría un 56% del mercado del servicio del transporte aéreo: Avianca aportaría el 34% y Viva Air el 22%. Que sería un porcentaje similar al que tuvo en 2003, cuando quedó con un 58% –Avianca con 35,89%, Aces con 11,69% y Sam con 10,67%–. Lo más seguro es que Avianca, aprovechando el conocimiento que tiene Viva Air en bajos precios –low cost–, utilice los conocimientos de la joven empresa para ofrecer sus servicios. Esto tendrá como consecuencia un cambio en los atributos de calidad del servicio, desde la reducción del número de los stand de atención –que se relaciona con un aumento en el tiempo en fila para entregar equipaje– hasta la disposición física de las sillas –más delgadas para transportar más pasajeros–, pasando por el aumento en los cobros por impresión de tiquetes, el cumplimiento en las reservas, el uso de equipaje en bodega, pago por elección de sillas –discriminación de tarifas por ubicación y talla– y el servicio de comida a abordo –venta de comestibles–, entre otros. En este sentido, como usuarios de este importante servicio público que requiere ser regulado, es necesario pedirle a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y a la Aerocivil que estudien con mucho cuidado la nueva propuesta de integración de Avianca. Que evalúen –con lupa– la decisión de unir a estos dos gigantes del servicio aéreo en el país. Pues esta actuación podrá tener muchas consecuencias negativas para todos los implicados –usuarios, accionistas, trabajadores, proveedores y la misma competencia–. Que valoren las consecuencias que traerá para los usuarios la fusión. En especial, hay que advertirles a los reguladores sobre los efectos que conllevará la inminente concentración del mercado. Las alianzas han perjudicado a los consumidores y han afectado el bienestar social. El país verá cómo las rutas de servicio quedarán en pocas manos, lo que podría perjudicar seriamente el bienestar de los consumidores –son 128 rutas de Avianca y 60 de Viva y 7.76 y 4.88 millones de pasajeros atendidos en el último año respectivamente–. Esta alianza les dará mucho poder de mercado –superior al 50%– y podrían las empresas usarlo en detrimento de los usuarios. Estamos ante un mercado cautivo, caracterizado por una falta de sustitutos y con un control oligopólico sobre las rutas troncales, que hace escasa la competencia. Lo más seguro es que la fusión traerá como consecuencia el detrimento en la calidad del servicio. De allí que se requiere –ante el cambio jurídico de las aerolíneas integrantes–, un estudio detallado que aventure efectos negativos y la manera de evitarlos. Daños que podrían aparecer para los empleados, acreedores, proveedores y accionistas, pero, lo más seguro, es que afectará negativamente la calidad en el servicio de los millones de usuarios que tiene el nuevo holding. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Liza Roncancio Arias Hace más de 11 años salió de su natal Maicao, pero la manta y la mochila Wayúu siguen siendo su traje habitual, porque de su raza se siente orgullosa. Hablamos con ella para que nos cuente ese tránsito desde su territorio hasta Suiza y ahora a la Cámara de Representantes, con el escaño de los colombianos en el exterior. Pares: ¿Qué la obligó a salir de su tierra y llegar hasta Suiza? Debido a que tenía problemas de persecución y amenazas por las luchas que venía librando por los derechos de mi comunidad, entré al programa de protección en el 2009. Pero, la verdad, llegué a Suiza porque me casé con mi esposo a quien había conocido años atrás. Yo soy exiliada del amor, me casé para salvar mi vida, la vida que siempre he defendido con amor, no me considero exiliada política, aunque sí, migrante. Llegué a Suiza hace 11 años, casada ya, y aquí conformé mi familia Pares: ¿Cómo ha sido ese activismo por su comunidad desde Suiza? En Suiza queda la sede de la empresa Glencore concesionaria del Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo y una de las más contaminantes. Glencore tiene operaciones de extracción de recursos fósiles en comunidades similares en muchos países, lo cual originó un referéndum llamado “iniciativa de derechos humanos y empresas”, que está en proceso de aprobación para convertirse en una Ley que obligue a la empresa a responder por los daños causados a las comunidades. La gente ya dijo sí, pero falta el voto de la mayoría de Cantones para que sea aprobada, por ello seguimos denunciando y visibilizando la situación, pues el gobierno colombiano le acaba de conceder permiso para explotar 3.7 km del arroyo Bruno, uno de los afluentes del río Ranchería, los únicos recursos de agua que nos quedan. Con este desvío, se acabaría el mayor ancestro acuífero que tenemos, y eso es objeto de rechazo, por eso seguimos presionando. Pero el activismo no solo ha sido por el pueblo Wayúu, también ha sido por los derechos de la migración, dentro de lo cual hacemos seguimiento a los informes presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de NU, que es transversal a las reivindicaciones antirracistas y feministas para eliminar la discriminación de personas racializadas, un trabajo para la inserción de poblaciones discriminadas. En el 2019 fui delegada para preparar y organizar la Declaración de mujeres migrantes viviendo en Suiza, respaldando las 30 mil mujeres que se plantaron frente al Consejo Federal del Parlamento suizo. Es un activismo por los derechos de comunidades migradas y discriminadas que incluye obviamente la colombianidad en Europa. Pares: ¿Cómo ha sido luchar por su comunidad con enfoque feminista, en una región caracterizada por el machismo? Cuando comenzamos el trabajo hace más de 20 años, nos acusaron de pretender cambiar la cultura ancestral, era como acusarnos de terroristas; asumimos la defensa de la madre tierra, la hembra más grande que ha parido la humanidad, desde lo femenino, a partir de ahí hubo un proceso de creación y análisis de nuestro propio feminismo pensado desde la comunidad, sin la influencia de ese feminismo blanco privilegiado y que se pretende salvador, como única opción. Lo hemos ido construyendo, primero, en la relación del ser humano y especialmente de las mujeres hacia los espacios de poder, que incluye la forma como en nuestra comunidad hacemos intercambio de saberes para fortalecer y proteger el territorio. Para ello se creó la “Escuela de mujeres indígenas y otras formas de sabiduría”, con el objetivo de empoderarnos en temas de DDHH y aplicarlo a la protección de nuestro territorio. No ha sido fácil, porque los palabreros se sintieron cuestionados en sus propias prácticas y el etnocentrismo que predican, que considera que la cultura debe permanecer intacta. Nosotras discutimos eso: las cosas que no están bien en la cultura deben ser analizadas, reflexionadas y cambiadas para el mejoramiento de la colectividad. El wayúu es un pueblo matrilineal, hereda el clan por línea materna, pero también un pueblo machista, y existen los puristas que piensan que debemos volver a ser como hace 500 años, mientras interactúan con el pueblo Aríjuna, (la sociedad no wayú) lo cual genera cambios no conscientes y su efecto es la asimilación de una cultura externa que produce expropiación de saberes ancestrales; pero volver al pasado es casi imposible, pues la tecnología y las comunicaciones ahora presentes en cualquier territorio del mundo, cuestiona ese purismo que impide una construcción cultural acorde a estos tiempos Pares: ¿Qué la impulsó a entrar en la escena política? Comencé el trabajo político a finales de los 90 cuando los paramilitares, el ejército y la guerrilla comenzaron a asesinar a mi familia, todo era una mezcla de grandes intereses sobre el territorio. Yo estudiaba Diseño gráfico en el Sena y trabajaba en un restaurante en Bogotá y lo dejé todo por irme a luchar por los derechos de mi gente que estaba siendo asesinada, mientras el gobierno desconocía la presencia paramilitar y de grupos armados en la región. Pronto nos dimos cuenta de ello porque en el territorio paralelamente a la economía legal, hay muchas actividades ilegales debido a la fortaleza de la zona, que tiene muchos puertos sobre el mar Caribe, con salida fácil hacia Centroamérica; de ahí que permanentemente estén intimidando y despojando a la comunidad de sus territorios. Entonces fundamos la fuerza de mujeres Wayúu y el Cabildo Wayuna de campamento, para neutralizar esa arremetida paramilitar y los impactos de la minería. Pares: Usted ha trabajado en investigaciones sobre incursiones de grupos al margen de la ley en territorios ancestrales, publicados por organizaciones defensoras de DDHH y medios colombianos Si, escribir es otra de mis pasiones. En el 2007 publiqué el libro “Desde el desierto, Notas sobre la violencia paramilitar en territorio Wayúu”; también escribí para medios colombianos siempre con enfoque en Derechos Humanos; con el Instituto Interamericano de DDHH y para Codhes, colaboré en los temas transmigratorios, fronterizo y étnico; son publicaciones sobre el fenómeno surgido entre mi comunidad y las incursiones paramilitares, lo cual me originó amenazas más intensas por parte de grupos armados con presencia en la región, pues en una de estas, se publicó una lista de desaparecidos, asesinatos y masacres producidos dentro de este contexto. Pares: ¿Cuál considera el principal problema que padece Colombia? El mayor problema que padece Colombia es que no garantiza los derechos fundamentales a la gente, hay garantías de derechos para los grandes capitales, pero no para la gente del común; un país que no está en paz y cuyo gobierno sigue promoviendo la guerra de manera solapada no tiene posibilidades de progresar; no hay educación para los jóvenes, posibilidades de una vivienda digna, salud, empleo. Hay que trabajar por la paz y por supuesto por erradicar la corrupción que es absolutamente miserable y desangra las posibilidades de garantizarle derechos a los colombianos Pares: ¿Qué percepción tiene de la situación de los colombianos en el exterior? Partamos del hecho que los colombianos que han salido del país es justamente porque no tienen garantía para una vida digna, no solo es el tema de violencia, en Colombia no hay alternativas para la población de estratos medios y bajos, no se garantizan los derechos fundamentales, estudio, vivienda, en salud se privilegia el aspecto mercantil sobre la vida, no se garantiza el trabajo, no hay condiciones de vida dignas. En ese aspecto Colombia es un Estado inhumano Pares: ¿Cuál sería la mayor estrategia, o la más efectiva, para lograr que esos colombianos tengan más visibilidad y más atención? Desde mi experiencia hay tres estrategias que hacen una macroestrategia; una, es la movilización social que ha sido efectiva para detener políticas que van en contravía de los intereses del pueblo. Desde hace años la movilización se viene dando con mayor intensidad como única opción, otra, son las acciones jurídicas, porque es necesario condenar los hechos violatorios de DDHH, y la tercera, la denuncia internacional. Estas tres juntas, aunque con resultados lentos, son importantes para atenuar o frenar el panorama reiterativo de violación de derechos fundamentales. Por eso actuamos, porque se privilegie la vida en su sentido íntegro. Pares: ¿Usted ha llegado a la Cámara por un movimiento que se ha convertido en una alternativa de cambio?, ¿lo cree así? ¿Por qué? Definitivamente sí. La Colombia Humana, el partido que me avaló, construyó una estrategia fundamental para el cambio, basada primero en la transparencia y segundo en la necesidad de iniciar esa transición; si no lo creyera no estaría aquí, nunca había hecho política electoral ni me interesaba, al ver el entramado corrupto que existe en Colombia y especialmente en La Guajira donde se cometen toda clase de delitos electorales que se han convertido en habitual, y si no los hay, se los inventan porque permanecer en el poder es garantía para sus privilegios. Los aportes de la Colombia Humana para la construcción del PH han sido reflexionados desde la unidad, ese llamado a la juntanza de todas las corrientes de pensamiento, esa inclusión de las mujeres de manera paritaria, son aspectos necesarios que contribuyen al cambio que necesita Colombia, un cambio con justicia social que cimente una sociedad íntegra, con garantía de sus derechos y para que sea pilar fundamental de desarrollo. Pares: ¿Cuáles son sus propuestas fundamentales desde la Cámara? Esas propuestas fundamentales las trabajamos con la gente a lo largo de la campaña. Se hicieron dos consultas internas de partido y otra en Suiza, también reuniones y encuentros con alrededor de 300 personas, con organizaciones, asociaciones internacionales, con procesos, con grupos políticos, de allí surgió la propuesta denominada “El pacto por la paz y el buen vivir de la colombianidad en el exterior”, que tiene cuatro ejes fundamentales: 1). El Pacto para garantizar los derechos de la migración colombiana; 2). Un Pacto por las mujeres, las diversidades, las poblaciones vulnerables y la población LGTBI; 3). El Pacto por la paz del país y 4). Un Pacto por la madre tierra; todos conforman el propósito del PH y para nuestro caso, con enfoque migratorio, feminista y ambientalista, teniendo en el centro la vida. La entrevista parece quedar en puntos suspensivos porque al preguntarle por lo que será su vida los próximos años piensa en su familia, pero también en toda la población migrante que la llevó a obtener su representación en la Cámara; dice que es un compromiso grande, pero no quiere ser inferior a éste; así como ha luchado por su comunidad, lo hará por los colombianos y especialmente por los que se han visto obligados a migrar.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Federico Gutiérrez se ha vendido como un candidato anticorrupción. Desde La Picota, dijo que aumentará las penas para los corruptos y propondrá su muerte política. No es claro, entonces, por qué la mayoría de los clanes y las estructuras políticas que tienen en su haber escándalos por corrupción, malos manejos de recursos públicos, parapolítica, y presuntos nexos con grupos armados lo están apoyando con tanto entusiasmo, haciendo eventos de campaña aquí y allá en departamentos como Atlántico, Magdalena o Tolima. Presentamos aquí el top 10 de los clanes que hoy están con el candidato, sus cuestionamientos más graves y fotografías que prueban que el apoyo va más allá de una simple simpatía no pedida.

Por: Redacción Pares Durante el gobierno de Iván Duque, los bombardeos han estado en centro del debate debido a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas en el desarrollo de los mismos; como resultado de algunos de estos, murieron varios menores de edad. Dado esto, sus tres ministros han enfrentado procesos de moción de censura. Aquí un resumen de las cifras. ¿Cuántos y dónde se presentaron bombardeos después del acuerdo de paz? ¿Cuántos menores han muerto en bombardeos? ¿Cuánto dinero se invierte para los bombardeos? Para conocer más sobre los bombardeos y las afectaciones a menores de edad, consulta nuestro informe Bombardeando el futuro.

Por: Nataly Triana Guerrero y Laura Fajardo. Asistentes de investigación de la Línea de Democracia y Gobernabilidad. Según el informe “ ¡la calle es nuestra! ¡la calle es libre! del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander en el 2021 se registraron 830 víctimas de Violencias Basadas en Género (VGB) en ese departamento. Los datos revelan que, en su mayoría, son mujeres de nacionalidad colombiana y/o venezolana que habitan el área metropolitana de Cúcuta y la subregión del Catatumbo. Parte importante de las violencias que identifica este estudio se concentran en Colombia con un 86%; no obstante, se ha podido reconocer que el 8% de los crímenes fueron cometidos en Venezuela y el 4% en las trochas, lo que se traduce en que las mujeres de la región y las mujeres migrantes pueden ser violentadas tanto en su país de origen, como durante su tránsito, como en su estadía en Colombia; situación que representa un continuum de violencia (Kelly, 1988). En Norte de Santander las víctimas se concentran, principalmente, en Cúcuta (68.4%), Tibú (6.3%) y Villa del Rosario (6%). Las violencias más frecuentes que padecen las mujeres son la violencia psicológica (96%), la violencia sexual (88%) y la violencia física (79%). No obstante, solamente el 22% del total de las víctimas denunciaron ante las autoridades judiciales, considerando que la mayoría de las mujeres han sido revictimizadas por entidades estatales y/o personas cercanas. Feminicidios en Catatumbo Las investigaciones llevadas a cabo por el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander han señalado que desde 2018 se ha dado un proceso de reconfiguración de la guerra en Catatumbo, debido, en parte, por la expansión y el fortalecimiento de distintas Estructuras Armadas Ilegales; dicha reconfiguración ha desencadenado en que los cuerpos de las mujeres que allí habitan se conviertan en objetivos militares y territorios de guerra. Esto ha generado unas dinámicas de desplazamiento forzado y feminicidios de mujeres jóvenes, campesinas, migrantes y madres cabeza de hogar. El Observatorio de Feminicidios en Colombia informó que, para el 2018, el mayor número de feminicidios del país se presentó en los departamentos fronterizos de Norte de Santander con 5 casos y La Guajira con otros 5 casos. En Norte, los delitos se concentraron en Cúcuta y Tibú. Mientras tanto, en septiembre de 2021 la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz denunciaron que 10 mujeres fueron asesinadas y 46 abandonaron Tibú por amenazas. De acuerdo a los testimonios de estas mujeres, las amenazas y asesinatos se han dado por el rol social que cumplen algunas mujeres en su territorio, al igual que por ser parientes, parejas, esposas o exparejas de algún miembro de un grupo armado que allí tiene presencia. Cabe mencionar que estas cifras varían con respecto a las entregadas por la Defensoría del Pueblo quienes registraron 11 asesinatos de mujeres. Mientras tanto, el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander junto a la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz al cierre del 2021 identificaron 14 feminicidios, 54 mujeres amenazadas y 36 mujeres desplazadas hacia Cúcuta. Aunque el centro de interés en este Quinto Boletín son los feminicidios impersonales, es importante señalar que en está subregión también se presentan feminicidios interpersonales, es decir, aquellos en los que el móvil se encuentra determinado por motivaciones de orden personal. Esto último es relevante si se tiene en cuenta que, aunque no todos los casos de feminicidios están directamente relacionados con las Estructuras Armadas Ilegales o el Estado, sí es posible rastrear cómo las parejas sentimentales aprovechan el miedo impuesto por estas instituciones oficiales, para llevar a cabo actos de venganza y violencia contra las mujeres. En 2021, la Fiscalía registró 883 mujeres víctimas de feminicidio. No obstante, a la fecha, se desconoce la cantidad de feminicidios en el país y en Norte de Santander y zona fronteriza. Además, cabe señalar que la Fiscalía no documenta la totalidad de las mujeres violentas como feminicidios, tal y como señala qué debería hacerse, según la Ley Rosa Elvira Cely[1]; por el contrario, los cataloga como ‘homicidio doloso o culposo’, en el marco de relaciones sentimentales. Esta clasificación resulta problemática si se considera, además, que la mayoría de los feminicidios registrados recientemente se relacionan con actores desconocidos o agresores que no tienen una relación muy clara con actores armados y que es difícil atribuirle el carácter de ‘homicidio’ cuando podrían tratarse de feminicidios, como lo estipula la ley. Ante este difícil panorama de seguridad para las mujeres colombianas y venezolanas en la zona fronteriza resulta vital que las entidades estatales conozcan, estudien y busquen resolver la cadena de violencias de las que estas mujeres son víctimas: la violencia física y psicológica, la dificultad y exposición durante los tránsitos, el desplazamiento forzado por violencia física o económica, etc. Un punto nodal en la búsqueda de soluciones reside, sin duda, en el funcionamiento de los aparatos de justicia que deben propender por la adaptación de mecanismos aptos y acordes para la atención de estos casos; por otra parte, la articulación entre entidades que reconozcan la existencia de los delitos contra las mujeres y su debido tratamiento en las distintas instancias de reparación y justicia también son parte fundamental de las responsabilidades que desde la institucionalidad se deben implementar

Por: Nataly Triana Guerrero, asistente de investigación de la Línea de Democracia y Gobernabilidad. Las fronteras entre Colombia y Venezuela se han transformado en sinónimo de violación sistemática de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. A pesar del anuncio de la apertura total de los puentes internacionales de la Unión, Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar para el paso peatonal total desde el 15 de noviembre de 2021 las violencias basadas en género (VBG) han tenido continuidad sobre las mujeres migrantes vulnerables. La apertura de los puentes internacionales para la circulación de personas tiene el objetivo de reducir las prácticas delictivas y violentas de los actores de la economía ilegal en los pasos fronterizos. No obstante, fuentes de Pares han señalado que una de las razones por las que las VBG continúan sobre la población migrante es debido a la complicidad de la Guardia Bolivariana con grupos armados ilegales que podrían estar dedicados a la trata y/o tráfico de personas, especialmente la trata con fines de explotación sexual. Varios testimonios recibidos por el Observatorio de Asuntos de Género en Norte de Santander han señalado que las poblaciones más vulnerables como mujeres y personas LGTB continúan cruzando a través de las trochas debido a que en los puentes peatonales la Guardia Bolivariana destruye sus pertenencias y órdenes médicas, impulsando y constriñendo de esta manera el paso por las trochas. En las investigaciones adelantadas por Pares con el respaldo de la National Endowment for Democracy (NED) se ha podido corroborar que existe un flujo migratorio con carácter pendular y permanente de mujeres y niñas venezolanas provenientes del interior de Venezuela que son captadas desde su lugar de origen o en su tránsito hacia Colombia por redes de trata de personas con el propósito de explotarlas sexualmente, por lo general. Al respecto, la organización Operación Libertad Internacional ha señalado que estas organizaciones criminalescaptan mujeres migrantes provenientes de estados del oriente y centro venezolano, quienes son marcadas corporalmente a través de tatuajes o rapando una parte de su cabello para que sean reconocidas en su paso por las trochas. De acuerdo con el gobierno nacional, el 60% de las niñas, adolescentes y mujeres que son explotadas en la zona de la Parada y en Cúcuta son de nacionalidad venezolana. Frente a esto, el Ministerio del interior a Pares le ha señalado también que los casos conocidos por esta entidad a nivel nacional por trata de personas generalmente corresponden mayoritariamente a casos de trata externa que de trata interna, esto quiere decir que la trata de personas en Colombia se da mayoritariamente en población extranjera. Este tipo de violencia no solamente se da en las trochas que tiene lugar entre Norte de Santander y el Táchira, sino también en las rutas que se extienden por el país hacia el Tapón del Darién. Fuentes de prensa han revelado que está ruta migratoria, la cuál puede ser considerada la más peligrosa de las américas, es lugar de predilección de algunos migrantes venezolanos que cruzan hacia Colombia para poder llegar a la región Centroamérica y migrar finalmente a Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades panameñas, la cifra de personas que cruzan está ruta se ha triplicado en comparación con el año pasado, en este fenómeno se ha podido observar un aumento de migración venezolana que para el 2022 ha superado ya el total de migrantes registrados en el 2021. En la actualidad, se desconoce la cantidad de mujeres y niñas venezolanas que han cruzado el tapón del Darién y que se han convertido en víctimas de trata desde su lugar de origen o en su paso por este corredor de narcotráfico. No obstante, es importante señalar que el paso hacia Colombia y Centroamérica implica un continuo de violencias en las cuales no se puede decir que son víctimas una única vez, por el contrario, se encuentran expuestas a violencias sistemáticas. Al respecto, el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander ha señalado que las VBG en este departamento son circulares y continuas en tanto las condiciones de violencia del conflicto armado permiten las circunstancias bajo las cuales estas y otras violencias se reproducen y se presentan frecuentemente en la vida de las víctimas a través múltiples actores y lugares. Las cifras obtenidas a partir del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO) informan de un aumento del 260% en este delito entre el 2020 y el 2021 en Norte de Santander. De acuerdo con la Policía Nacional de Colombia entre 1 de enero al 31 de octubre del 2021 en Norte de Santander se denunciaron 41 casos de trata de trata de personas, los delitos se concentran mayoritariamente en Cúcuta y Villa del Rosario con 29 y 7 casos respectivamente. Ahora bien, en un mapeo de los delitos sexuales realizado por Pares a través del SIEDCO, se evidencia que los delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes, entre el 2020-2021 existieron en todo el territorio colombiano 21.336 casos, los cuales se concentran en un 86% en la población femenina y el 14% en masculina. En relación a Norte de Santander se ha identificado que estos delitos se concentran mayoritariamente en Cúcuta (3.484), seguido de Ocaña (104), Villa del Rosario (78) y los Patios (54). Estas cifras ofrecidas por la Policía Nacional son reveladoras de las situaciones de trata de personas y delitos sexuales en Norte de Santander, sin embargo, estas no reflejan a cabalidad el comportamiento de este fenómeno. Conforme a la Secretaria de Fronteras, las cifras sólo son una pequeña muestra del delito ya que las mujeres víctimas generalmente no denuncian por miedo a las represalias del grupo armado, miedo a la revictimización y desconfianza hacia la Fuerza Pública. Debido a que este tipo de delito es de carácter transfronterizo, las acciones encaminadas a su reducción y protección integral de los derechos de las víctimas requiere de un restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela para la investigación, judicialización y prevención. Según las investigaciones de Pares, la trata de personas y otros delitos como la desaparición forzada actualmente no han sido investigados a cabalidad debido no solamente a la naturaleza del delito, sino también en la incapacidad de los gobiernos colombianos y venezolanos de trabajar en conjunto para la detección oportuna de estos. Es por esto que Pares hace un llamado para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en función de la protección de los derechos de las migrantes.

Por: Redacción Pares Hoy en Pares Cuestiona y Pares Destaca presentamos César Gaviria, quien puso su capital político a favor de Federico Gutiérrez, demostrando que dejará que prevalezcan sus intereses burocráticos en este escenario electoral. Por otro lado, presentamos a Nora Margarita Hernández la mujer que no ha dejado que la violencia se sobreponga a la defensa de los derechos humanos en Tarazá, un territorio que históricamente ha vivido la violencia de cerca.

Por: Damian Rodríguez Vera. Son distintos los episodios donde el ELN ha actuado como protagonista, o en los que, por lo menos, ha tenido un papel relevante en los eventos de violencia del país en lo corrido de este año. Desde inicios del 2022 empezaron sus acciones que han pasado por afectaciones en ciudades importantes, en territorios que históricamente han tenido presencia, protagonizando un paro armado, como también en enfrentamientos por disputas de control territorial. A partir de la recopilación de información periodística, se ha podido encontrar que el ELN ha sido autor de más de 90 acciones durante el primer trimestre. No obstante, reconociendo el nivel de subregistro sobre eventos que en la prensa nacional se hubieran podido reportar, incluso la invisibilidad que sufren algunos territorios que temen denunciar por temor a las represalias de los grupos armados, es claro que la cifra aumenta considerablemente. Una frontera caliente. Se recrudece el conflicto armado en Arauca Después de que la disidencia del frente 10 Martín Villa y, la disidencia del frente 28 José María Córdoba rompiera esa “tensa calma” con el ELN durante el año pasado, aumentaron exponencialmente los niveles de enfrentamientos y hostigamientos en la región, dejando un saldo increíble de amenazas y homicidios en el territorio. Según cifras de la Policía Nacional, tan sólo en el mes de enero y febrero se han presentado 64 homicidios en el departamento de Arauca, siendo enero el mes más violento. Los anteriores hechos coinciden con uno de los eventos en el que empezó a registrarse las acciones del ELN. A tan solo 3 días de haber empezado el año 2022 fuertes enfrentamientos entre el ELN y la disidencia de las FARC se presentaron en las veredas de Puerto Contreras y El Charo, en el departamento de Arauca. Además, también se señalaron enfrentamientos en la región de El Botalón, frontera colombo-venezolana dejando una cifra de 23 personas muertas durante los enfrentamientos. Según señala el Ministerio de Defensa, al menos 15 de esas 23 personas pertenecían a las disidencias de las FARC y, los homicidios fueron perpetrados por parte del ELN en un conflicto que inició desde el estado de Apure, Venezuela. Lo anterior nos permite concluir por lo menos dos aspectos relevantes: el primero de ellos consiste en señalar que la crisis humanitaria que vive el departamento de Arauca es cada vez más aguda, por los constantes enfrentamientos de los grupos armados que paulatinamente se ha ido recrudeciendo en la región. Por otro lado, que la injerencia del ELN en el territorio y, el escalamiento del conflicto armado involucra cada vez más al vecino país de Venezuela, por lo que las afectaciones de la población civil no solamente son para los colombianos. ELN en las ciudades La injerencia de los grupos armados no solo se ha sentido en los márgenes de la nación sino, también que ha ido teniendo presencia paulatina en las principales ciudades del país. Un evento que ha dejado la impronta del ELN en el 2022 ha sido en la ciudad de Cali, donde un carro bomba explotó en la Carrera 46 con Calle 25 dejando cerca de 13 policías integrantes del ESMAD heridos. El evento perpetrado por la insurgencia, específicamente por parte del Comando de Operaciones Especiales, según exponen fue una respuesta debido a la muerte del comandante alias “Fabian”, cabecilla del frente Occidental en septiembre del año 2021. Lo anterior nos alecciona que, la injerencia del ELN, como también otras organizaciones armadas, ha ido teniendo un proceso de incidencia en algunas de las principales ciudades del país, como lo expusimos líneas atrás. No en vano, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas que han evidenciado la presencia de estos grupos armados como ha sido la AT 001-22 que permitió evidenciar su injerencia en la capital del Valle del Cauca. Paro Armado y zozobra en territorios A partir de los datos suministrados por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ), en su seguimiento durante los días en que el ELN decretó el paro armado en el presente año entre el 23 y 26 de febrero, se registraron 65 hechos perpetrados por esta insurgencia. De los 65 hechos registrados durante el paro armado, el día que más episodios violentos experimentaron los municipios donde se perpetraron las acciones del ELN fue el día 23 de febrero con un total de 32 hechos, seguido del 24 de febrero con 20 hechos. Fuente: INDEPAZ Por otro lado, el accionar del ELN más frecuente durante el paro armado estuvo vinculado al uso de dispositivos o artefactos explosivos que suman un total de 13 acciones y que, de manera desagregada fueron: el ataque con explosivos (2); detonación con explosivos en sectores viales (5). Y aunque fueron desactivados o no llegaron a activarse, se registraron artefactos explosivos desactivados (2) y cilindros sin explotar (4). También se registraron la instalación de banderas alusivas al ELN en distintos territorios (13); seguido de la quema de vehículos (7) y restricciones de movilidad en los municipios donde se vivió el paro armado (6). Finalmente, los departamentos donde hubo mayor cantidad de acciones por parte del ELN fueron Norte de Santander y el Cauca. El primero con 25 hechos y el segundo con un total de 15 acciones. Para el caso de Norte de Santander, la capital de Cúcuta fue quién más daños recibió durante estos tres días de paro armado con una cifra de 9 hechos. En Cauca, su capital Popayán y los municipios de Bolívar, El Tambo, Santander de Quilichao y Timbío presenciaron por lo menos dos hechos en cada uno de ellos. Fuente: INDEPAZ Conclusiones De más de las ochenta acciones del ELN registradas durante el primer trimestre, se advierte que se replica la misma conducta durante el paro armado, siendo Norte de Santander el departamento más afectado. La injerencia del ELN sigue afincándose en sus territorios de retaguardia, es decir, en zonas fronterizas principalmente donde operan sus dos frentes de guerra con mayor capacidad bélica: el Frente de Guerra Nororiental (Norte de Santander) y, el frente de Guerra Oriental (Arauca). Además, a partir de sus repertorios de acción lo que nos señala es que, el ELN es una estructura armada que tiene capacidad de desestabilización, pero en territorios muy puntuales. Territorios que, como se mencionó hace un momento, hacen parte de la injerencia histórica del grupo guerrillero o que, han logrado consolidar un fortalecimiento considerable en las denominadas zonas PosFarc. Su estrategia se concentró en realizar acciones de saboteo, tratando de prescindir enfrentamientos con las FFMM. También, fueron pocos los eventos donde se registraron enfrentamientos entre el ELN y otros grupos armados organizados. Por ejemplo, en el departamento el Chocó cuya presencia por parte de la guerrilla es más bien tímida y que poco control territorial ha logrado consolidar, son más constantes las disputas y que dejan a la población civil en una alta condición de vulnerabilidad: En el municipio de Nóvita, por ejemplo, cerca de 900 personas se encuentran con restricciones de movilidad y confinadas por los constantes enfrentamientos del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En cuanto a la situación humanitaria, como se mencionó al comienzo de esta exposición el departamento de Arauca junto con Norte de Santander, es decir, territorios fronterizos, han experimentado un paulatino crecimiento de la crisis. Según el primer y segundo boletín de movilidad humana forzada de la Defensoría del Pueblo, ambos departamentos debido a los constantes enfrentamientos de los grupos armados, con un protagonismo especial del ELN hacen que sean los territorios con altos niveles de desplazamiento forzado. Por ejemplo, alrededor de 1.210 personas han tenido que desplazarse de los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena y Tame en este año. También, llama la atención a modo de preocupación los señalamientos que el ELN a través de una carta abierta envió al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el que, a los ojos del grupo guerrillero se señala que “ha dejado de ser una institución neutral e independiente y ha tomado partido por unos bandos...” Ese tipo de señalamientos puede agravar la situación humanitaria donde el ELN ha tenido injerencia pues, el CICR ha fungido como una institución que ha coordinado acciones humanitarias como la liberación de secuestrados en manos del grupo guerrillero. Por lo tanto, ese tipo de calificativos puede generar efectos nocivos no solo a la institución sino también, a las personas que hasta el día de hoy están privadas de libertad bajo la responsabilidad del ELN.

Por: Luis Eduardo Celis Se ha cumplido un año del inicio de la más formidable protesta ciudadana de toda nuestra historia republicana, no hay parangón por lo amplia, diversa, extendida y sostenida. Inició convocado por las centrales sindicales y otras organizaciones sociales y políticas, le pusieron la fecha del 28 de abril, pero no fue el clásico paro de una marcha y cierta anormalidad en el transporte y ya, nada de eso, fue el inicio de una sostenida acción de calle, donde los protagonistas fueron los jóvenes que gritaron de mil maneras que están hartos de las exclusiones y la inequidad, de la falta de democracia de calidad, de la falta de respeto y dijeron con claridad que desean y van a luchar por cambios. Colombia ha vivido masivas movilizaciones ciudadanas, se han movilizado los estudiantes por el derecho a la educación, se han movilizado indígenas, afros y campesinos por el derecho a la vida, por el territorio y por la paz, y ahora hemos visto a cientos de miles de jóvenes exigiendo cambios y transformaciones en este injusto orden social, donde no hay derechos universales y sí muchos privilegios para pocos y exclusión en muchos órdenes para millones. Toda esta energía social volcada a las calles, y sobre todo esa energía juvenil, fue respondida en muchos momentos y en muchos territorios con violencia, que deja más de ochenta muertos, en su inmensa mayoría hombres jóvenes, lo cual es nueva evidencia de que ante la protesta legítima y fundamentada no se responde con diálogos y concertaciones, sino con la fuerza de la bala que aniquila vidas. Eso es inaceptable y debe llevarnos a redoblar esfuerzos por transformar estas políticas de injusticia y exclusión, para transitar hacia políticas que promuevan derechos y busquen mayores oportunidades en una sociedad que ya es la más desigual del continente, solo por debajo de Haití y entre las más desiguales del mundo. Con la protesta sostenida del año 2021 se ha creado el referente claro y contundente de que se requieren cambios en la sociedad colombiana, que estos cambios deben promover políticas que trabajen por una ciudadanía de mayor calidad, que la pobreza no sea el flagelo para más de la mitad de la población, y que hay que volver a pensar en un contrato social que haga realidad que vivimos en un estado social y derecho, como lo dice la Constitución del 91, que para muchos territorios y comunidades es letra muerta, que hay que llevar a la vida real, dando condiciones y promoviendo derechos, no negándolos. Hay muchos mensajes de esta protesta: hay cansancio, hay inconformidad, hay rebeldía y no hay resignación con este orden social injusto, con los atropellos de las instituciones, hay una juventud que ha levantado la voz y las cosas deben cambiar. En este debate presidencial en curso está claro que la disputa está entre continuidad con este orden antidemocrático o avanzar hacia las transformaciones que se expresaron en esta formidable protesta y todo indica que va a ganar el cambio.

Por: Guillermo Linero Montes Tanto en los años de Nelson Mandela en África, como en el presente de nuestro país, las víctimas del conflicto político -aquellos a quienes les arrebataron las tierras, les secuestraron sus familiares, les asesinaron sus padres y sus hijos, y les violaron sus mujeres- esa sociedad desplazada a la cual se le aúpa, casi con sorna, por ser resiliente, nunca se le ocurrió, ni a los africanos víctimas del apartheid ni tampoco a los colombianos víctimas de la violencia, tomar partido por la venganza. Cosa distinta ocurre con la tradición de los verdaderos enemigos de la paz, los directos causantes de los males en Colombia, porque siempre han justificado sus maldades enarbolando la venganza como un derecho natural. Mientras que a las víctimas -casi siempre agredidas por razones tan injustificadas como inciertas- no les interesa la venganza, sino el conocimiento de la verdad. Al parecer, la verdad está tan ligada a la esencia de los seres humanos, que vivir sin ella es un insoportable desasosiego. Una suerte de nerviosa inquietud, comparable al misterio de la existencia: “de dónde venimos”, “quiénes somos” y “para dónde vamos”. De tal suerte, ante la angustia de no tener respuestas acerca de las razones por las que fueron desaparecidos sus seres queridos, y cuando estos aparecen muertos, es natural que en calidad de dolientes expresen su interés por saber qué les ocurrió durante su ausencia. Esa necesidad de conocer los detalles de los hechos –algo que podría verse como la pretensión de agregarle más horror al horror- lo expresan como una necesidad vital por conocer la verdad. Muchas madres que hacen parte de las víctimas del conflicto en Colombia, cuando reciben la noticia de que fueron hallados los restos mortales de sus hijos -de quienes ya intuían su muerte- manifiestan experimentar un alivio espiritual, porque tal hecho fundado en una verdad tangible les da al menos un respiro para sentarse a esperar su propia muerte. Con todo, lo cierto es que, sin resiliencia ni nada parecido, muchas de esas madres, habiendo perdido a sus seres queridos en circunstancias atroces e injustas, ya no quisieran alentar nada que signifique vida. Si bien la resiliencia es un esfuerzo benévolo de las ONGs, lo cierto es que también constituye una estrategia malévola de los gobiernos que atenúan sus barbaridades con remedios placebos. La realidad es que nadie, luego de haber sido maltratado tan hondamente, vuelve a ser el mismo, ni lo mismo. No obstante, toda esa numerosa población de víctimas, se ha bebido la hiel del odio y no ha pensado ni piensa nunca en la venganza, porque de haberlo hecho, el país sería hoy una escombrera gigantesca. De hecho, si como resultado del odio y la venganza ha quedado el país como ha quedado, no vale la pena imaginarse cómo quedaría si las víctimas decidieran actuar con la misma ceguera que los promotores de la guerra, quienes justifican sus impulsos animales porque les mataron al tío o al papá. Esa noble actitud de las víctimas de preferir la verdad antes que la venganza, podría interpretarse como un perdón; sin embargo, basta pensarlo racionalmente para saber que el perdón sólo surge cuando ha desaparecido absolutamente el recuerdo de lo vivido amargamente, cuando sobre ese recuerdo se ha posesionado el olvido y cuando los hechos atroces se han reducido a datos en la memoria histórica. El odio y la venganza como herencias no duran menos de tres generaciones, de no ser así, ya los suramericanos, por ejemplo, habríamos aplastado a España por lo que hicieron los conquistadores a nuestros antepasados. El odio y la venganza, siendo emociones humanísimas las padecen todas las personas; pero no todas son capaces de controlarlas, pues estas suelen activarse con inmediatez de resorte. El perdón en cambio se forja lentamente y suele concretarse cuando ya se ha agotado el dolor y se ha desdibujado lo que atizaba al odio y a la venganza. De hecho, la gran confusión que tiene el país ante la hipótesis de que pueda perdonarse a los corruptos, así como se ha perdonado a muchos criminales, se debe a que estos en la viva realidad de sus acciones, aunque presos, están disfrutando el botín de sus pilatunas, y si algo demuestran es su distanciamiento de la verdad y del arrepentimiento; es decir, no hay todavía espacio para la justificación del perdón. Pienso ahora en la iglesia y en sus peticiones de perdón, porque siempre las han manifestado muchos años después de cometidos sus actos de barbarie. Por ejemplo, se tardó 400 años para pedir perdón por quemar vivo al filósofo y teólogo Giordano Bruno y pese a ello piden a las sociedades que perdonen a sus victimarios en tiempo presente, es decir, justo cuando son imperdonables. No en vano, los más duros críticos de la iglesia, les cuestionan su promoción del perdón, diciendo que lo hace más con la intención de proteger a los victimarios -de corriente sus mejores benefactores y aliados- que con el fin de cristianizar aliviando el dolor de las víctimas. Sea como fuere, el perdón no ha tenido que legislarse porque no implica obligación y es un derecho intrínseco a cada quien, como desafortunadamente también lo es el odio. Pero contra lo que sí es posible hacer algo es contra la venganza. No en vano el sistema normativo del Derecho existe para que esta no exista. Al principio de las sociedades la venganza estaba naturalmente legitimada; no tenía límites, ni dejaba espacio para la mínima defensa. Con el establecimiento del Derecho como mecanismo de protección del bien jurídico general, empezaron a corregirse muchas conductas de excesos unipersonales. El ejemplo más ilustrativo y originario de esa transformación es sin duda el abandono de la ley del Talión que castigaba al agresor con daños idénticos a los que hubiera ocasionado: “ojo por ojo, diente por diente”. Una ley malsana, finalmente sepultada por una benévola que las remplazaría: me refiero a la ley poetelia papiria del año 326 a.C., que prohibió el nexum, una forma de contrato en la cual el incumplimiento por las deudas podría afectar tanto a las personas como a su patrimonio. Del mismo modo, el encarcelamiento a quienes han atentado contra el llamado bien jurídico, es una proyección de seguridad de ida y vuelta: se encierra a quien delinquió para que no vuelva hacerlo y allí debería tenérsele hasta su rehabilitación; pero, en efecto lógico, el encarcelamiento también sirve para proteger al causante del daño, de la ira y deseos de venganza de quienes fueron o se sienten afectados por sus acciones. De modo que lo primero parecido al perdón fueron esas dos realidades, la de no agredir personalmente al culpable y la de rehabilitarlo para que no incurra en el mismo error. Ahora bien, pensar en beneficios que descuenten las penas y los castigos a desobedientes de la ley, no solo va en contra del fin teleológico y preventivo del Derecho (como es dar la lección) sino también va en contra de la naturaleza del mismo perdón, que no puede reducirse a una forma jurídica politizada. Esto último lo explicó muy bien el filósofo Derrida –sin duda el pensador más autorizado en el debate sobre este tema- cuando al referirse a los acuerdos de paz entre Japón y Corea del Sur, advirtió que “cada vez que el perdón está al servicio de una finalidad, aunque esta sea noble y espiritual (liberación o redención, reconciliación o salvación), cada vez que tiende a restablecer una normalidad (social, nacional, política, sicológica) mediante un trabajo de duelo, mediante alguna terapia o ecología de la memoria, entonces el “perdón” no es puro, ni lo es su concepto. El perdón no es, no debería ser, ni normal, ni normativo, ni normalizante1”. Lo anterior, desde luego, visto en el contexto de las sociedades y de sus sistemas de Derecho, porque por fuera de estos las víctimas, muy a menudo, deciden unipersonalmente perdonar; aunque no para bonificar al victimario, sino para aliviarse a sí mismas, pues el odio es una constante auto-inquisitiva.

Por: Laura Vanesa Prieto Investigadora Nacional Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana A un año del estallido social y en el marco de las movilizaciones programadas este 28 de abril, desde PARES presentamos un balance del Paro Nacional del 2021 alrededor de 4 ejes temáticos. 1. Violaciones a los Derechos Humanos De acuerdo con diversas organizaciones de Derechos Humanos, incluidas la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas - ONU; durante el desarrollo del Paro Nacional se registraron casos de violaciones a los DD.HH., por parte de agentes estatales que, por medio de un uso desproporcionado de la fuerza cometieron y una fuerte estigmatización, cometieron homicidios, violencias basadas en género, abusos sexuales y desapariciones contra quienes se manifestaron en el país. Según el monitoreo de la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se registraron 80 homicidios en el marco de las movilizaciones, de los cuales 44 se habrían cometido presuntamente por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios - ESMAD, 10 por parte de civiles armados y 25 sin identificar. Las ciudades en las que se reportaron dichos hechos violentos son: Cali con 45, Bogotá con 7, Yumbo con 6, Tuluá con 5, Balboa (Cauca) con 2, La Virginia (Risaralda) 2, Madrid 2, Pereira 2, Belalcázar (Caldas) 1, Candelaria (Valle) 1, Cartago (Valle) 1, Ibagué 1, Medellín 1, Popayán 1, Teruel 1, Villagarzón (Putumayo) 1 (ver mapa). Elaboración propia . Frente a esto, hasta noviembre de 2021, la Fiscalía General de la Nación habría levantado investigaciones contra 180 integrantes de la Policía Nacional; sin embargo, tan sólo 3 han sido imputados y 2 irán a juicio por el homicidio de 6 personas en la ciudad de Cali y 1 en Ibagué. Los demás procesos continúan en trámite. De acuerdo con el informe ‘ Paro Nacional 2021: Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia ’ presentado por la ONU, entre el 28 de abril y el 31 de julio la oficina en el país del Alto Comisionado recibió información de 63 muertos en el contexto de las protestas, de las cuales pudo verificar 46 (44 civiles y dos policías), lo que indica que existen motivos razonables para afirmar que, en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la Fuerza Pública. De estos casos se resalta el de Santiago Murillo en Ibagué, quien murió luego de que el mayor Jorge Mario Molano disparará en su contra sin justificación y desconociendo los protocolos de proporcionalidad; y el de Miguel Ángel Pinto Molina en el sector de Puerto Resistencia en Cali, quien falleció al recibir un impacto de bala en su abdomen, luego de que se presentarán disturbios en esa zona. Frente la violencia sexual ejercida durante el estallido social, la oficina del Alto comisionado recibió 60 denuncias por abusos sexuales, 48 contra mujeres y 12 contra hombres, estas, presuntamente cometidas por miembros de la Policía Nacional; de los que verificó 16. Hasta el 10 de diciembre de 2021, la oficina validó los casos de 16 víctimas de violencia sexual que habría sido cometidos por miembros de la Policía, contra cinco mujeres y una niña de 15 años en Medellín (Antioquia); una mujer en Bello (Antioquia); dos mujeres en Barranquilla (Atlántico); tres hombres en Soledad (Atlántico), uno de ellos es un hombre gay; un niño indígena de 17 años y una mujer en Popayán (Cauca); una mujer en Cali (Valle del Cauca); y una mujer en Palmira (Valle del Cauca). Otras ONGs como Temblores y PAIIS, registraron 25 hechos cometidos por agentes del ESMAD y 6 de violencia basada en género, de acuerdo al informe ‘ Violencias sexuales y otras violencias contra mujeres en el contexto del Paro Nacional de Colombia 2021’ , presentado ante la CIDH por 11 organizaciones. De otro lado, las desapariciones se denuncian al margen de la estrategia de ‘traslados por protección’, en la que se presentaron irregularidades. Tal como sucedió con el caso de Álvaro Herrera Melo, un joven caleño de 25 años quién fue retenido y golpeado por miembros de la Policía, luego de que personas de civil lo entregaran a los agentes. Este habría sido violentado en una estación de policía y obligado a grabar un video presentándose como un “vándalo”. Si bien, fue liberado después de que la Fiscalía declara ilegal su captura, existen otros casos en los que no se conoce el paradero de jóvenes que, según testimonios de algunos ciudadanos, fueron capturados por agentes del ESMAD y llevados a centros de traslado de manera irregular. Sobre esto, hay que decir que hasta el momento no se observan acciones de reparación e investigación que determinen responsabilidades frente a dichas violaciones. Al contrario, existen declaraciones por parte del Gobierno Nacional y comandantes de la Policía que niegan las violaciones y estigmatizan a las personas y organizaciones manifestantes, señalando nexos entre estos y grupos armados organizados. Esto último desconoce las recomendaciones hechas por la CIDH que, en misión entre el 8 y el 10 de junio de 2021, señaló 41 recomendaciones en 10 temas específicos que se explican a continuación. 2. Recomendaciones de la CIDH Debido a las denuncias realizadas por colectivos y ONGs, y al gran impacto mediático en medios internacionales que generó el Paro Nacional, en junio de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país para revisar y verificar la situación de DD.HH. en el marco del estallido social. Según la Comisión, en el periodo entre el 28 de abril y el 31 de mayo del 2021, se llevaron a cabo acciones violatorias del D.I.H. por parte de las autoridades nacionales y locales en 7 cuestiones específicas que fueron objeto de observación por parte de la misma. Estas son: Uso desproporcionado de la fuerza. Violencia basada en género en el marco de la protesta. Violencia basada en discriminación étnico-racial en el marco de la protesta . Violencia contra periodistas. Violencia contra misiones médicas. Traslado por protección. Denuncias de desaparición. Los hallazgos indican que, dichas acciones tuvieron mayor relevancia en al menos 11 municipios de los 862 en los que se desarrollaron movilizaciones y protestas. Llama la atención el caso del departamento del Valle del Cauca, especialmente en Cali y en Yumbo -así como en Bogotá y Cundinamarca-, en los que la Comisión evidenció la ocurrencia de hechos relacionados con las 6 cuestiones previamente expuestas. De igual forma, en ciudades como Medellín, Barranquilla, Tunja y Pereira también registran acontecimientos similares, con excepción de violencia basada en discriminación étnico-racial. A grandes rasgos, las observaciones de la Comisión apuntan a la ejecución de las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera que insta a que se implementen acciones en los siguientes puntos: Derechos Humanos. Derecho a la protesta. Uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Violencias basadas en género. Uso de la figura de traslado de protección y desaparición de personas. Asistencia militar y la aplicación de la jurisdicción penal militar. Afectaciones a derechos de terceros y bienes públicos en el marco las protestas. Cortes de ruta / carreteras. Protección a periodistas, a la libertad de expresión y el acceso a Internet. Respeto a las misiones médicas. De estos, se resaltan al menos 4 que son claves. El primero que se refiere al derecho a la protesta, con el cumplimiento de las normas interamericanas sobre derechos humanos, lo que implica la adopción de medidas que eviten la estigmatización de las personas y grupos que se manifiestan por parte de funcionarios públicos; el segundo corresponde al uso desproporcionado de la fuerza, que apunta al aseguramiento de medios no letales de control del orden público, la generación de un protocolo que reestructure la formación del ESMAD y prevenga las violaciones a los DD. HH., así como la separación de la Policía Nacional y el ESMAD del Ministerio de Defensa, de manera que se eviten las perspectivas militares frente al tratamiento de la protesta social. El tercero hace referencia a la capacitación y adopción de protocolos de prevención de las violencias basadas en género, y además al reforzamiemto de mecanismos de acceso a la justicia por parte de víctimas de este tipo de violencia; y el cuarto que señala la suspensión del uso de la figura del traslado de protección, considerando que este tiene un objetivo distinto a la contención de la protesta social, y que su empleo constituye una acción irregular. Si bien, las recomendaciones de la Comisión son claras y concretas, hasta la fecha no se evidencian avances en el cumplimiento de las mismas por parte del Gobierno Nacional, debido a que existe una falta de voluntad política en este sentido. Al contrario, se observan acciones que apuntan a la evasión y al desconocimiento de dichas recomendaciones, tales como: las declaraciones estigmatizadoras, la adecuación de centros de traslado por protección y la sanción de dos leyes que reforman a la Policía sin atender a lo dispuesto por la CIDH. 3. Reforma policial Como ya se señaló, el presidente Iván Duque sancionó dos leyes en marco del proceso de transformación de la Policía Nacional, las cuales se quedan cortas a las recomendaciones de la CIDH. La primera corresponde a Ley 2179 de 2021, la cual tiene por objeto crear la categoría de Patrulleros de Policía y establecer las normas relacionadas con su régimen especial de carrera. Así mismo, dictar disposiciones aplicables a los estudiantes y personal uniformado en servicio activo, relacionadas con la profesionalización para el servicio de Policía y desarrollo policial con enfoque en derechos humanos, y otras vinculadas con la modificación de normas de carrera, las distinciones para el personal de Patrulleros del Nivel Ejecutivo y el bienestar del personal. La segunda corresponde a la Ley 2196 de 2022, que crea el Estatuto Disciplinario Policial, con el que se busca modificar los procedimientos y sanciones a los miembros de la Policía cuando haya vulneración de los derechos humanos. Las acciones más visibles corresponden al cambio del uniforme de los agentes bajo el argumento del fortalecimiento de la confianza con la ciudadanía. Ambos actos legislativos fueron tramitados ante el Congreso con mensaje de urgencia, y fueron aprobados por parte de los partidos que conforman la coalición del Gobierno Nacional. Sin embargo, desde sectores sociales se denunció que estas leyes no fueron consultadas con la ciudadanía, y, además, que no garantizan efectivamente la protección y garantía de los DD.HH. Por su parte, partidos de oposición presentaron ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes un proyecto de ley de reforma policial, que se hundió luego de que diversos congresistas señalaran que no iban a apoyar un proyecto ‘hecho a la medida de la izquierda’. Esto, no solo imposibilita la reglamentación de la Policía desde instancias civiles, sino que además, estigmatiza cualquier intento ciudadano por reformar a este pie de fuerza. 4. Peticiones de los manifestantes Finalmente, en lo referente a las peticiones de los manifestantes, se observa que no existe un avance por generar un diálogo social (como lo recomienda la CIDH), que permita llegar a acuerdos entre el Gobierno Nacional y los manifestantes. Si bien, las protestas han disminuido, las solicitudes hechas por las organizaciones convocantes del paro no han sido atendidas hasta la fecha. En esta medida, algunas organizaciones continúan manifestándose en contra de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad, salud, medio ambiente y educación. En el mes de abril de 2022 más de 100 organizaciones sociales, populares y campesinas llegaron a Bogotá a la Universidad Pedagógica desde distintas regiones del país declarándose en ‘emergencia humanitaria’ frente al despojo, asesinato, persecución y explotación por parte del Estado colombiano y el capital transnacional. Los motivos de dicha declaración radican en los asesinatos a líderes sociales que, en el período entre 2016 y 2022, reportan 1300 casos; además, en el homicidio de 323 excombatientes que firmaron el Acuerdo de Paz, y que no recibieron protección por parte del Estado. También debido a las violaciones a los DD.HH., en medio del medio del Paro Nacional del 2021, que tuvo un saldo aproximado de 100 asesinatos, la mayoría perpetrados por la Fuerza Pública. Adicionalmente, denuncian más de 100 casos de lesiones oculares contra manifestantes, 60 casos de violencia sexual, y 129 desapariciones forzadas; así como el incremento de la criminalización de la protesta social y popular, y la judicialización de líderes y lideresas de todo el territorio nacional. Por su parte, el Comité Nacional del Paro, convocó a una nueva jornada de movilización argumentando la incapacidad del Gobierno de mantener el precio del dólar estable, lo cual incide en el consumo y en la importación de alimentos que son cerca de 14 millones de toneladas de importados; y de igual forma, demostrar inconformismo frente al incremento del precio de los servicios públicos en un 10%, el aumento de la gasolina en un 11%, las tasas de interés de los créditos en un 28 %, el SOAT del 12,7 %, entre otras, de acuerdo a las declaraciones de Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Conclusiones De manera general, el panorama de judicialización de las violaciones de DD.HH. no muestra un avance significativo en la condena de los delitos cometidos en el marco del Paro contra manifestantes por parte de la Fuerza Pública. Cabe señalar que los homicidios de agentes de Policía a manos de manifestantes sÍ han producido condenas, lo que indica una alta capacidad de investigación que no se refleja en los casos de manifestantes asesinados. Se alerta entonces un alto grado de impunidad, sumado a la falta de voluntad política del Gobierno Nacional por atender a las urgentes recomendaciones de los organismos internacionales en materia de protección y garantía de los derechos de las personas que protestan. Esto, considerando la crisis de seguridad que se vive en el país en los primeros tres meses del 2022 dan un panorama desalentador en términos de la garantía y protección de los derechos de los ciudadanos. Adicionalmente, las medidas adoptadas por el Gobierno resultan insuficientes frente a las demandas sociales de diversos sectores que denuncian el recrudecimiento de la violencia y la falta de garantías por parte del Estado. Lo anterior ha incrementado la desconfianza en las instituciones y ha generado un panorama de tensión que se acentúa en el marco del período electoral. El balance del Paro Nacional del 2021 da cuenta de la poca disposición del presidente Iván Duque, así como de las instituciones de orden público, por generar espacios de diálogo que permitan atender a los peticiones de diversos sectores sociales del país, así como el reconocimiento de las violaciones a los DD.HH. por parte de agentes estatales. Esto profundiza más los conflictos sociales en el país y dificulta el pleno goce de los derechos de los y las colombianas.