Por: Miguel Ángel Rubio Línea de Jóvenes en riesgo y participación Juvenil El pasado 28 de abril de 2021 Colombia vivió un estallido social como en muchos años no sucedía, quizá desde las marchas universitarias de 1971 y algunas de los 90`s. Este estallido tuvo una especial participación de los jóvenes, quienes, como principales protagonistas, llenaron plazas, atestaron calles y colmaron de consignas a garganta viva los anhelos y reclamos por un país mejor. En Pereira y el área metropolitana las principales concentraciones multitudinarias se dieron en el Viaducto, fue este el escenario de marchas, almuerzos comunitarios, festivales de arte, pintatones, grafittis, etc. Acciones que de manera creativa mostraron la insatisfacción de una juventud históricamente burlada por el Estado. El Viaducto también fue el escenario de atentados contra el movimiento social, que le costó la vida a activistas como Lucas Villa, cuyo homicidio continúa impune; o Héctor Fabio Morales, quien fuese asesinado en el Museo de arte de Pereira, crimen también sin resolver. Entre otros. El Estado también tuvo su cuota de pérdida; la salida del ministro Carrasquilla, quién atizó el descontento con una reforma tributaria que pretendía encarecer la ya costosa canasta familiar; el escándalo del Ministerio de las TIC, que le costó el puesto a Karen Abudinen; el informe de la CIDH, que deja al Estado colombiano mal parado ante el mundo por los abusos de la Fuerza Pública, entre otros. Esto generó un ambiente vindicativo del Estado contra el movimiento social, que recrudeció en los últimos días del paro las acciones violentas, con anuencia del presidente y algunos alcaldes como el de Pereira, que instigaron a la creación de frentes comunes de seguridad. En este artículo hemos realizado preguntas a personas participantes del Paro: como activistas, ex miembros de la primera línea, defensores de derechos humanos y periodistas de medios independientes que nos ofrecen su visión de lo acontecido a un año de su recordación. Adriana González: Abogada, defensora de Derechos Humanos, primera abogada colombiana en defender y ganar la garantía el derecho a la eutanasia en Colombia. Pares: Adriana, usted ha sido reconocida a nivel nacional no solo como abogada, sino como una acérrima defensora de los Derechos Humanos. ¿Cuáles considera usted que fueron las principales violaciones de DD.HH. contra los jóvenes, presentadas durante el estallido social en Pereira y el departamento? A.G: o primero es aclarar que me centro en lo sucedido en el departamento de Risaralda. Las violaciones son: homicidios selectivos como hechos sicariales, homicidios por asfixia producida por los gases lacrimógenos, desaparición forzada, violencia sexual contra mujeres, amenazas, detenciones arbitrarias y tortura, detenciones con judicialización y sin imputación de cargos. Pares: ¿Cuáles cree usted que fueron las causas primordiales que generaron el estallido social en Pereira y el departamento? A.G: Las causas que generaron el estallido social son básicamente las condiciones de vida que ha generado para un amplio sector de la población colombiana: los niveles de desigualdad social, la exclusión, la marginalidad, la falta de oportunidades para los y las jóvenes, las condiciones indignas y la pobreza son la real causa del descontento social que se manifestó el año pasado en lo que llamamos el estallido social. El Gobierno a cambio de buscar soluciones lo que hizo fue contener con violencia estatal las manifestaciones sociales, lo que agravó la situación. Desde que esas condiciones sociales no sean superadas, en Colombia estaremos frente a una calma tensa, pues en cualquier momento se volverá a dar una situación igual o peor. Alejandro Mejía: Líder político del movimiento estudiantil del COES, SENA; excandidato al Concejo de Pereira por el Polo Democrático alternativo. Estudiante de licenciatura en ciencias sociales. Presidente de Junta de Acción Comunal del barrio 20 de Julio, comuna oriente de Pereira. Pares: Alejandro, como uno de los líderes del Paro en Pereira, ¿cuál cree usted que fue el mayor logro de este estallido social?, pues la gente dice en las calles y en la opinión pública en general que el estallido social no sirvió para nada, e incluso culpabilizan al Paro del alto costo de la canasta familiar de los últimos meses. A.M: Bueno, respecto al tema de la pregunta de cuál ha sido el mayor logro o cuál fue el mayor logro del estallido social, a pesar inclusive pues de la de la campaña sucia o el desdén hacia lo que es la movilización por parte de los grandes medios de comunicación y algunos incautos y ciudadanos que caen en esto. Yo creo que el estallido social fue el generador de que una ciudadanía empezara a mirar hacia la política con mayor criticidad. Hoy hay oposición al establecimiento, a quienes han gobernado en los últimos 20 años como el uribismo. Inclusive muchos activistas del Paro en algunas partes del país ahora fueron elegidos congresistas de la República. La ciudadanía ha castigado al uribismo por sus reformas tributarias, sus políticas retardatarias, pero también por invisibilizar al ciudadano que se ha quejado, que ha denunciado, que ha estado exigiendo cambios sociales. Entonces se están generando otras dinámicas. Pares: ¿Qué acciones puntuales enfrentará el Gobierno para que el estallido social en Colombia cese? A.M: El próximo gobierno debe generar cambios sustanciales. El estallido social lo da el hambre, las políticas de privatizaciones, las limitaciones al acceso de los derechos, las restricciones al disfrute y al goce colectivo de la vida, las malas condiciones laborales. El próximo presidente debe dignificar la vida. Lo anterior sin desconocer que hay unos grandes monopolios, conglomerados, sectores poderosos financieros, que mandan hacer las leyes, regulan el modo en que se gobierna, y se materializa la legislación, sin tener que ir a elecciones, simplemente financian campañas y candidatos, para que vayan al gobierno a administrar el país como si fuera su finca, su propiedad privada. Entonces la única forma de que no haya un estallido es cambiar a quienes nos han gobernado mal, y eso implicaría que haya una redistribución de la riqueza. Eko Giovanni Jurado: consejero de juventudes del CMJ de Cali, ex miembro de la primera línea, líder juvenil. Pares: Cali fue quizá la ciudad que más sufrió la dura respuesta del estado al estallido social. ¿Qué diagnóstico hace usted a un año del Paro Nacional? G.J: Como diría nuestro amigo Residente "en este caso es incorrecto incitar al desorden, pero donde la tiranía es ley la revolución es orden". Después de Cali ser reprimida golpeada y maltratada, los jóvenes respondimos con organización estructuración y trabajo en la comunidad. Pares: ¿Recogen los CMJ recién elegidos en el país el sentir de los jóvenes en el estallido social? G.J; No en su mayoría. En mi caso salgo de la primera línea al CMJ Y defiendo los intereses de la juventud menos favorecida, pero queda la pregunta sobre cuáles serán los intereses de los que llegaron con cuota política. Hernán Tena: Docente y periodista colombiano radicado en Irlanda. Pares: El estallido social no solo fue un fenómeno de protestas ciudadanas que sucedió en las principales ciudades y pueblos del país, también colombianos residentes en todo el mundo se volcaron a las calles a apoyar a sus compatriotas. ¿Para usted como colombiano residente en el exterior, cuál es su lectura de estos apoyos de colombianos residentes en otros países? H.T: El estallido social fue sin duda un acontecimiento que sensibilizó no solo a los colombianos, sino a ciudadanos del mundo que han seguido de cerca la situación actual y la historia del país. Puntualmente con los colombianos en el exterior, leo que nos movilizarnos porque estamos mamados de lo difícil que es vivir en Colombia, no solo por temas económicos, sino por la seguridad. Los colombianos somos de esas pocas nacionalidades que nunca nos desligamos por completo de la actividad del país, pues la mayoría salimos, pero seguimos enviando dinero para nuestros familiares. Una reforma tributaria claramente iba a enriquecer a esa minoría que se viene enriqueciendo con la ayuda de las masas útiles en época electoral. Hay que decir que por fuera del país se está ejerciendo un control político que a pesar de la distancia es muy necesario. Pares: Usted es director de un medio de comunicación alternativo. ¿Cuál cree que fue el papel de los medios en el estallido social? H.T: Indudablemente fue un papel muy interesante, el poder de los medios es, ha sido y seguirá siendo categórico en materia de difusión y alcance. Sin embargo, y aprovecho para hacer una cuña a mi próxima columna, me parece más poderosa aún la pauta. Ojalá llegará el día que los medios recibieran pauta y mantuvieran su imparcialidad, ese pareciera ser el reto, pues la Constitución Política en su artículo 20 da plena libertad para que expresemos lo que nos parezca. Me parece interesante que la pregunta hable de medios alternativos, pues ese concepto se ha ido perdiendo en la medida que la pauta ha ido haciendo metástasis entre nosotros. Ahora el adjetivo de alternativos puede ser más un desprestigio que su opuesto, pues mientras antes se interpretaba así a un medio independiente e imparcial; ahora se toma más como un pasquín que se vendió al mejor postor. En Pereira, por ejemplo, el rumor en la calle del tubo es que ningún medio escribe en contra de la administración y la Cámara de Comercio, porque todos están pautados. Así que pienso que el papel de los medios fue fundamental a conveniencia, pues cada portal informaba lo que sus patrocinadores querían leer, vimos desde el excelente trabajo del Canal 2 en Cali, hasta la cuestionada promoción de la legítima defensa del quemado senador Corrales. Luego sin duda se debe reconocer que la mayoría de medios alternativos han llegado a comunicar e informar eso que los medios tradicionales censuraban. * * * El estallido social de 2021 fue especialmente difícil para la juventud pereirana esto por las muertes a manos de fuerzas sicariales de Lucas Villa y Héctor Fabio Morales y otras por accionar del estado como las de Brahian Gabriel Rojas y Evelio de Jesús López, que se presumen a manos del ESMAD. Crímenes impunes de los que aún sus familias reclaman justicia, y de los que, a propósito, en mayo, se cumplirá un año exacto de sus muertes. Hoy el panorama del estallido social se debate entre si el nuevo gobierno recoge la agenda del estallido social y da soluciones a sus dificultades, o si entra otro gobierno que recrudezca el modelo económico inequitativo, perpetre una venganza y persecución a todo lo que se le oponga, y, además, mantenga el estado violento actual de las cosas.

Por: Laura Cano Periodista Pares En el 2020, en medio de la pandemia, conocimos una publicación que marcó un punto importante en la vida como escritor de León Valencia: La Sombra del Presidente, una historia que surge de la experiencia como investigador de las relaciones entre política y mafia en Colombia. Así, León Valencia ha sido capaz de tejer una trama usando mucho de la realidad pero imaginando, a partir de allí, cómo sería el desenlace de un poder que se eternizó en el país. Lo anterior a través de la construcción de personajes que reflejan mucho de lo que por años ha pasado con el poder en el país, pero que también dejan ver cómo la investigación y la narrativa propia de las novelas se unen en un texto. La sombra del presidente llegó en un momento en el que tuvo que ser presentada de manera virtual, pero este año en el marco de Feria Internacional del Libro de Bogotá por primera vez León Valencia hablará presencialmente de su libro, además en medio de una coyuntura en la que en Colombia se encuentra en una competencia por quién llegará a la presidencia, un panorama que se podría analizar por medio de lo que esta novela narra. La cita es este 30 de abril a las 2:00 p.m. en la Sala A de la FILBo. En este espacio León Valencia estará dialogando con Jorge Enrique Botero, autor de Blanca Oscuridad, un libro que también cuenta sobre las familias que se han instalado en el poder a través de una realidad en la que la violencia es la protagonista. Además, en la moderación estará Hernán Dario Correa; sociólogo, investigador, escritor y editor. Desde Pares previo a este encuentro hablamos con León Valencia sobre su novela y lo que significa presentarla por primera vez presencialmente. Pares: ¿Cómo La sombra del presidente ayuda a analizar el actual panorama político del país, el que además está atravesado por la contienda presidencial? León Valencia: Este género está escrito en un género que se creó en Francia en el siglo XIX, es la novela en clave. Este es un escrito que habla realidades con tramas y personajes ficticios. Una de esas realidades es la competencia política. De hecho el eje del libro es la disputa por la Presidencia de la República. De hecho, hay que decir que en esta contienda presidencial hay representantes de una de las personalidades políticas de la cual el libro caracteriza a través de Gregorio Echeverri. Asimismo hay que decir que La sombra del presidente trata de reflejar cómo ha sido el ascenso de la mafia al poder en Colombia. De hecho, vale la pena recordar que un candidato como Federico Gutiérrez está apoyado por gran parte de los clanes políticos del país, y de estos varios tienes relaciones con la mafia y la parapolítica. Pares: La sombra del presidente también cuenta cómo está dinámica en el poder ha sido una realidad durante años. ¿Usted cree que hay una posibilidad de cambio con el actual panorama electoral? L.V: La posibilidad de cambio es enorme, esto porque gran parte del país quiere un cambio, y por eso muchos están dispuestos a votar a favor de quienes le apuestan a cambiar la realidad. No obstante, siempre hay el peligro de que mediante actos tramposos esa posibilidad no prospere. Pares: Si bien esta novela recoge una trama desde la ficción, sí refleja mucho de la historia del país. ¿Cómo fue la investigación para poder escribir La sombra del presidente? L.V: Yo llevo 30 años dedicado a la investigación social y política. En este trabajo siempre estuvo como vertiente investigar las mafias y la parapolítica. Sobre eso acumulé un nivel de información muy grande; alguna que no la podía utilizar en libros de investigación, pues muchas veces las fuentes me contaron cosas con la solicitud de no citarlos. Yo utilicé mucho de eso, pero sin atribuirle esa información a nadie. Pares: En La sombra del presidente uno de los ejes principales son los personajes. ¿Cómo fue esa construcción? L.V: Los personajes reúnen distintos personajes de la política del país en uno solo. En Carlos Rojano, confluyen el típico mafiosos que tiene poder y capacidad de hacer daño, pero está también el de consigliere, es decir, la persona que resuelve problemas entre los mafiosos, aconseja en el enfrentamiento entre mafiosos y Estado. Por otro lado, en los personajes del libro también hay unos que no se conocen públicamente pero que están detrás de todas estas dinámicas. Pares: En una reseña hecha por El Espectador se dice que La sombra del presidente “abre un camino no necesariamente explorado en la novelística colombiana”. ¿Usted lo considera así? L.V: Los que hacemos libros siempre tenemos la ilusión de que rompemos y cambiamos cosas, tenemos esa intencionalidad. Yo quería comprender una realidad: que los mafiosos colombianos tienen un espíritu político; que han competido por llegar al Congreso, las alcaldías, e incluso la presidencia, ya sea por medio de otras personas, o de manera directa. Pero también quería comprender algo que para mí ha sido impresionante y que le ha hecho mucho daño a Colombia, y es el espíritu mafioso de los políticos, y los secretos que hay detrás de estos, secretos que muy pocas veces son dichos. De hecho, acá muchos políticos han preferido pagar cárcel para no hablar. Eso significa la mayor construcción del espíritu mafioso lo han logrado los políticos, incluso por encima de las propias mafias. Pares: Usted ha sacado muchos libros con tinte político y novelas. ¿Qué hace a La sombra del presidente diferente de los otros escritos que ha elaborado? L.V: Desde que hice Con el pucho de la vida abandoné un poco ese género de la novela; hice cuentos y cosas inéditas. Luego volví con Mis años de guerra, que es una construcción de no ficción pero construida con base en la memoria y en la trama. Ahora, escribí La sombra del presidente con el ánimo de cerrar un ciclo, en donde además pude unir la investigación y la escritura de novelas, tareas a las que me he dedicado en gran parte de mi vida, y con este escrito quería cerrar una etapa de mi vida: escribir sobre mafiosos. Hay que decir que todavía sigo con una labor de análisis político, pero siempre tengo la idea de dedicarle más tiempo a la ficción, es como una aspiración de los años, de mi vejez porque ya he entrado en ella. Pienso que esta novela cierra momentos de mi vida. Pares: Este año regresó la Feria del Libro, luego de dos años en los que Bogotá no tuvo este espacio a causa de la pandemia. Justamente, en la pandemia fue lanzado este libro. ¿Qué se siente volver a la FILBo, y además, regresar presentando de forma presencial un libro que salió en medio de todo esta problemática sanitaria? L.V: La pandemia deja una huella muy honda en la sociedad colombiana y del mundo. Paró muchas actividades, y cambió muchas maneras de hacer las cosas. Cuando salió La sombra del presidente todos los eventos de presentación y lanzamiento fueron virtuales. Nunca he hablado de este libro de forma presencial, y vamos a ver qué emociones logra, pudiendo ver de frente a un público, y hablando sobre este tema que a muchos nos importa. Va a ser muy emocionante para mí. Pares: ¿León, cuál es la invitación para este 30 de abril? L.V: Este sábado vamos a estar a las 2:00 p.m. en Corferias, en un espacio en el que también se presentará el libro Blanca oscuridad de Jorge Enrique Botero.Queremos invitarles a que se acerquen a una mirada de la realidad muy política, las dos novelas tienen ese sentido, además en medio de esta coyuntura electoral que nos convoca.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para 2022 el Gobierno nacional tendrá un déficit acumulado de $14 billones en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Un hueco fiscal que es casi tres veces el tamaño de lo que invierte el país en educación superior pública –actualmente gasta 5.39 billones–. Lo que podría leerse como que al Gobierno nacional le importa tres veces más financiar el consumo de energéticos –que contaminan el aire– que invertir en los millones de jóvenes que reclaman formación en educación superior. O que es más importante incentivar el consumo de gasolina –y con esto aumentar la presión sobre el flujo vehicular en las ciudades– que apoyar a las instituciones de educación superior en la creación de nuevo conocimiento, la innovación y el desarrollo que son la base de la riqueza. La historia de cómo se ha generado este hueco fiscal tiene tan solo tres lustros. Inicia en 2007 cuando se expide la Ley 1151 y se crea, a través de su artículo 69, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles; cuyo fin es “atenuar en el mercado interno, el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales”. Hasta 2007, el precio de los combustibles en el país estaba determinado por componentes técnicos, muy relacionados con las dinámicas del mercado –el precio internacional del crudo, la tasa representativa del mercado y el precio de los biocombustibles–. Pero a partir de la creación del Fondo de Estabilización, el Gobierno nacional tomó la decisión unilateral de regular este mercado introduciendo asuntos de orden político. En 2011, el Ministerio de Minas y Energía, haciendo uso de sus facultades legales –en especial las conferidas en el Decreto 070 de 2001 y la Resolución 18-1599 de 2011–, expidió la Resolución 18-1602 del 30 de septiembre. En esta norma ministerial se establece una nueva fórmula, la cual contempla los componentes principales ya descritos, pero introduce otros tres nuevos criterios: uno de tendencia, uno de brecha y unos topes a los ajustes en el precio local. El criterio de topes supone que depende del cruce y simultaneidad de los dos criterios: el de tendencia y el de brecha, sin embargo, de manera injustificada e inexplicable, el Gobierno Nacional estableció un tope de variación mensual de 3% hacia arriba o hacia abajo, según sea la tendencia. Con esto ignoró el criterio de brecha, el cual puede ordenar o definir variaciones mucho mayores. Como resultado de esta decisión política, la variación en el precio de la gasolina en Colombia ha sido muy pequeña en los últimos años. Incluso, se puede hablar de un congelamiento en los precios de este bien, en comparación con el precio internacional del mismo y el precio del dólar que se han incrementado sustancialmente. Es decir, el Gobierno está sosteniendo el valor real del combustible artificialmente con recursos de los colombianos. El efecto positivo, por supuesto, es que el consumidor colombiano paga hoy alrededor de 6.000 pesos menos de lo que debería costar –cerca del 40%–. Lo que provoca que evite que el costo del transporte incida negativamente en el precio de los bienes que consumimos en el país, controlando un poco el nivel de inflación que está cercano a 9% y el nivel de pobreza. Pero la contrapartida negativa es mucho mayor. Primero, el Gobierno Nacional está redistribuyendo buena parte del Presupuesto General de la Nación y de la Ley de Inversión Social. Está tomando este escaso pero gran recurso y entregándolo a los consumidores de gasolina. Una transferencia monetaria de dineros públicos a privados –con el agravante que el 70% de estos recursos va a los cuatro deciles de mayor ingreso–. Recursos que afectan considerablemente los dividendos de Ecopetrol. Segundo, el Gobierno está creando un hueco fiscal, que, como se advirtió, alcanzará este año los $14 billones. Esto, afectando el principio constitucional de sostenibilidad fiscal en Colombia. Con ello, está borrando los esfuerzos que se hicieron en 2018 y 2019 –en el que se tenía el mejor resultado en déficit fiscal en el período reciente, con un superávit fiscal y una estabilización de la deuda–, a tener un hueco fiscal que se elevó 15% en la deuda pública, y que será muy difícil corregir para el próximo gobierno. Tercero, se está desaprovechando las señales del mercado para incentivar las transformaciones energéticas que se requieren en el país y el planeta para reducir la presión sobre el medio ambiente y controlar el calentamiento global. Estamos perdiendo la oportunidad de controlar males como el uso desaforado de vehículos en las ciudades y aportando poco a los objetivos planetarios de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Cuarto, como viene ocurriendo con otros temas, el Poder Judicial, en cabeza del Consejo de Estado, no está cumpliendo su tarea de emitir un fallo definitorio, frente a la demanda de nulidad aceptada que se presentó desde el 11 de junio de 2015 a la Resolución 18-1602 citada. Este organismo mantiene un silencio cómplice con el Poder Ejecutivo por más de siete años, evitando la tarea de incidir en la construcción de criterios técnicos para definir el precio interno de la gasolina, y controlar el perverso y reiterado desahorro con cargo al erario. Finalmente, está primando el criterio político sobre el técnico. El Gobierno Nacional viene aprovechando el desconocimiento de la ciudadanía frente a este tema y la poca publicidad mediática para manejar a su antojo e imponer, mes a mes, el precio de los combustibles. Una decisión donde priman más intereses de beneficio de unos agentes del mercado, como lo son los grandes transportistas. Una actuación que, por supuesto, hay que leer con los ojos del estratega político, que busca en momentos como estos, de elección de nuevos gobiernos, aumentar el apoyo popular; además, no toma medidas, intentando evitar posibles brotes de violencia a causa de los incrementos en los precios de la gasolina, tal como lo demuestra la experiencia internacional. En conclusión, el gobierno actual deja un grave problema al que llegará. El próximo presidente tendrá que tomar medidas sobre el déficit fiscal y afrontar las consecuencias que el gobierno actual no quiso asumir; deberá tomar medidas fuertes pero necesarias para seguir apoyando el consumo de un bien que tiene graves repercusiones en las finanzas públicas, en la redistribución del ingreso, en el medio ambiente y en el manejo del orden público.

Por: Guillermo Linero Montes Tanto en los años de Nelson Mandela en África, como en el presente de nuestro país, a las víctimas del conflicto político -aquellos a quienes les arrebataron las tierras, les secuestraron sus familiares, les asesinaron sus padres y sus hijos, y les violaron sus mujeres-, se le ocurrió, ni a los africanos víctimas del Apartheid, ni tampoco a los colombianos víctimas de la violencia, tomar partido por la venganza. Cosa distinta ocurre con la tradición de los verdaderos enemigos de la paz, los directos causantes de los males en Colombia, porque siempre han justificado sus maldades, enarbolando la venganza como un derecho natural. Mientras que a las víctimas -casi siempre agredidas por razones tan injustificadas como inciertas- no les interesa la venganza, sino el conocimiento de la verdad. Al parecer, la verdad está tan ligada a la esencia de los seres humanos, que vivir sin ella es un insoportable desasosiego. Una suerte de nerviosa inquietud, comparable al misterio de la existencia: “de dónde venimos”, “quiénes somos” y “para dónde vamos”. De tal suerte, ante la angustia de no tener respuestas acerca de las razones por las que fueron desaparecidos sus seres queridos, es natural que en calidad de dolientes expresen su interés por saber qué les ocurrió durante su ausencia. Esa necesidad de conocer los detalles de los hechos –algo que podría verse como la pretensión de agregarle más horror al horror- lo expresan como una necesidad vital por conocer la verdad. Muchas madres que hacen parte de las víctimas del conflicto en Colombia, cuando reciben la noticia de que fueron hallados los restos mortales de sus hijos -de quienes ya intuían su muerte- manifiestan experimentar un alivio espiritual, porque tal hecho fundado en una verdad tangible les da al menos un respiro para sentarse a esperar su propia muerte. Con todo, lo cierto es que, sin resiliencia ni nada parecido, muchas de esas madres, habiendo perdido a sus seres queridos en circunstancias atroces e injustas, ya no quisieran alentar nada que signifique vida. Si bien la resiliencia es un esfuerzo benévolo de las ONGs, lo cierto es que también constituye una estrategia malévola de los gobiernos que atenúan sus barbaridades con remedios placebos. La realidad es que nadie, luego de haber sido maltratado tan hondamente, vuelve a ser el mismo, ni lo mismo. No obstante, toda esa población numerosísima de víctimas, se ha bebido la hiel del odio y no ha pensado, ni piensa nunca, en la venganza, porque de haberlo hecho, el país sería hoy una escombrera gigantesca. De hecho, si como resultado del odio y la venganza ha quedado el país como ha quedado, no vale la pena imaginarse cómo quedaría si las víctimas decidieran actuar con la misma ceguera que los promotores de la guerra, quienes justifican sus impulsos animales porque les mataron al tío o al papá. Esa noble actitud de las víctimas de preferir la verdad antes que la venganza, podría interpretarse como un perdón; sin embargo, basta pensarlo racionalmente para saber que el perdón sólo surge cuando ha desaparecido absolutamente el recuerdo de lo vivido amargamente, cuando sobre ese recuerdo se ha posesionado el olvido y cuando los hechos atroces se han reducido a datos en la memoria histórica. El odio y la venganza como herencias no duran menos de tres generaciones, de no ser así, ya los suramericanos, por ejemplo, habríamos aplastado a España por lo que hicieron los conquistadores a nuestros antepasados. El odio y la venganza, siendo emociones humanísimas, las padecen todas las personas; pero no todas son capaces de controlarlas, pues estas suelen activarse con inmediatez de resorte. El perdón en cambio se forja lentamente y suele concretarse cuando ya se ha agotado el dolor y se ha desdibujado lo que atizaba al odio y la venganza. De hecho, la gran confusión que tiene el país ante la hipótesis de que pueda perdonarse a los corruptos, así como se ha perdonado a muchos criminales, se debe a que estos en la viva realidad de sus acciones, aunque presos, están disfrutando el botín de sus pilatunas, y si algo demuestran es su distanciamiento de la verdad y del arrepentimiento. Pienso ahora en la iglesia y en sus peticiones de perdón; porque siempre las han manifestado muchos años después de cometidos sus actos de barbarie, y pese a ello piden a las sociedades que perdonen a sus victimarios en tiempo presente, es decir, justo cuando son imperdonables. No en vano, los más duros críticos de la iglesia, le cuestionan su promoción del perdón, diciendo que lo hace más que para cristianizar -aliviando el dolor de las víctimas- para proteger a los victimarios que suelen ser sus benefactores y aliados. Sea como fuere, el perdón no ha tenido que legislarse porque no implica obligación y es un derecho intrínseco a cada quien, como desafortunadamente también lo es el odio. Pero contra lo que sí es posible hacer algo es contra la venganza. No en vano el sistema normativo del Derecho existe para que esta no exista. Al principio de las sociedades la venganza estaba naturalmente legitimada; no tenía límites, ni dejaba espacio para la mínima defensa. Con el establecimiento del Derecho como mecanismo de protección del bien jurídico general, empezaron a corregirse muchas conductas de excesos unipersonales. El ejemplo más ilustrativo y originario de esa transformación es sin duda la ley del Talión que castigaba al agresor con daños idénticos a los que hubiera ocasionado: “ojo por ojo, diente por diente”. Una ley malsana, sepultada por una benévola que las remplazaría: me refiero a la ley poetelia papiria del año 326 a.C. que prohibió el nexum, que era una forma de contrato en la cual el incumplimiento por las deudas podría afectar tanto a la personas como a su patrimonio. Del mismo modo, el encarcelamiento a quienes han atentado contra el llamado bien jurídico, es una proyección de seguridad de ida y vuelta: se encierra a quien delinquió para que no vuelva hacerlo y allí debe tenérsele hasta que no se haya rehabilitado; pero, en efecto lógico, el encarcelamiento también sirve para proteger al causante de la ira de quienes fueron o se sienten afectados por sus acciones, de que estos, por ello mismo, puedan tomar venganza con sus propios medios y criterios. De modo que lo primero parecido al perdón fueron esas dos realidades, la de no agredir personalmente al culpable y la de rehabilitarlo para que no incurra en el mismo error. Ahora bien, pensar en beneficios que descuenten la penas y los castigos a desobedientes de la ley, va en contra del fin teleológico y preventivo del Derecho (dar la lección) y va en contra de la naturaleza del mismo perdón, que no puede reducirse a una forma jurídica politizada. Esto último lo explicó muy bien el filósofo Derrida –sin duda el pensador más autorizado en el debate sobre este tema- cuando al referirse a los acuerdos de paz entre Japón y Corea del Sur, advirtió que: “que cada vez que el perdón está al servicio de una finalidad, aunque esta sea noble y espiritual (liberación o redención, reconciliación, salvación), cada vez que tiende a restablecer una normalidad (social, nacional, política, sicológica) mediante un trabajo de duelo, mediante alguna terapia o ecología de la memoria, entonces el “perdón” no es puro, ni lo es su concepto. El perdón no es, no debería ser, ni normal, ni normativo, ni normalizante”. Lo anterior, desde luego, visto en el contexto de las sociedades y de sus sistemas de Derecho, porque por fuera de estos las víctimas, muy a menudo, deciden unipersonalmente perdonar; aunque no para bonificar al victimario, sino para aliviarse a sí mismas, pues el odio es una constante auto-inquisitiva.

Por: Camilo Díaz Suárez, investigador nacional Línea de Democracia y Gobernabilidad La Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento al Organismo Electoral de la Cámara de Representantes, citó a un debate de control político el pasado jueves al registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, y al presidente reglamentario del Consejo Nacional Electoral, César Augusto Abreo Méndez, con el fin de conocer los hechos y acontecimientos de los Comicios Electorales en la jornada del pasado 13 de marzo, en el que se realizaron las elecciones para el Congreso de la República y la consulta presidencial. Ya el pasado 05 de abril había sido citado a un debate de control político en plenaria del Senado, con la finalidad de conocer las actividades y controles realizadas con respecto al proceso electoral, que pusieron en entredicho la actuación de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la empresa INDRA, proveedora del software de las elecciones del 13 de marzo. Sin embargo, Alexander Vega no asistió a dicho debate, aludiendo a estar atendiendo compromisos relacionados con el proceso electoral, como el escrutinio y la organización de las elecciones presidenciales. Por ello, envió a tres delegados que sostuvieron que hubo errores en la transcripción de datos, afectando el preconteo, y aludieron que se tomarían acciones como solicitar a la Fiscalía y a la Procuraduría determinar la posible responsabilidad penal o disciplinaria en la que habrían incurrido los jurados de votación de 5.109 mesas de votación. En el reciente debate citado, Alexander Vega asistió, exponiendo un informe técnico realizado por la Registraduría que sostiene que las inconsistencias de la jornada electoral del 13 de marzo fueron por los jurados de votación. Dicho informe sostuvo que se presentaron 22.255 inconsistencias en 5109 mesas de votación, aludiendo a que los jurados no siguieron las instrucciones de la Registraduría y exculpando a la entidad. A su vez, el registrador expuso la estrategia del fortalecimiento del proceso electoral, entre lo que se encuentra hacer un doble reporte durante el preconteo; excluyó a los jurados de las 5109 mesas que tuvieron inconsistencias, a la vez que incluyó otros criterios de selección de jurados; un rediseño del formulario E-14, incluyendo la foto de los candidatos a presidencia y otros cambios de diseño; y campañas de auditoría al software electoral, que podrán tener presencia de delgados de todos los partidos políticos. Pese a esto, las múltiples inconsistencias siguen siendo un antecedente frente al cual la Registraduría no ha asumido mayor responsabilidad. Todo, en cabeza de un cuestionado registrador. Los votos, la principal inconsistencia Las actividades posteriores a la jornada electoral del preconteo y el escrutinio, mostraron una diferencia de grandes proporciones entre los resultados de uno y otro ejercicio de conteo de votos. Cabe mencionar que el preconteo es una medición informativa que realiza la Registraduría Nacional luego de las elecciones, mientras que el escrutinio es el conteo de los votos a cargo del el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las comisiones escrutadoras, que tiene carácter legal y entrega el resultado oficial. Tras múltiples denuncias de candidatos y partidos políticos, se dio a conocer que existió una diferencia de 1’026.000 votos entre el preconteo y el escrutinio. En esta diferencia la coalición más afectada fue la del Pacto Histórico, con una diferencia de cerca de 500.000 votos. Esa diferencia, que no había sido evidenciada en jornadas anteriores, está relacionada con la selección y capacitación de jurados votación, falsedades en los registros electorales, la omisión de registro de votos en los formularios E-14 y deficiencias en el diseño de los formularios. Las otras irregularidades de la Registraduría La Alianza para la Veeduría Electoral, conformada por Extituto de Política Abierta, el Instituto Anticorrupción y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), señaló que aparte de las diferencias entre preconteo y escrutinio, el proceso electoral tuvo diversas irregularidades: - Varios colombianos en el exterior no pudieron ejercer su derecho al voto, en razón a errores con la plataforma virtual de inscripción habilitada por la Registraduría. - Hubo fallos de la plataforma virtual “InfoVotantes” de la Registraduría, para consultar aspectos de la jornada electoral como zona, puesto y mesa de votación. Además, esos fallos llevaron a demoras en la entrada de testigos electorales a puestos de votación, aumentando los riesgos de la jornada electoral y afectó la transparencia de esta. Para justificar las fallas, Alexander Vega aludió a un ataque cibernético, desmentido por la Fiscalía General de la Nación. Este fallo implica un incumpliendo de los deberes de la Registraduría. - La selección y capacitación de jurados presentó deficiencias e irregularidades, como la omisión de la última parte de los formularios E-14, que se vieron reflejados en los numerosos errores ocurridos durante el preconteo. A esto se suma que la hoja de vida de Alexander Vega no aparece en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), que compila la información de gestión del talento humano al servicio del Estado Colombiano. Llama en especial la atención, toda vez que de acuerdo al Decreto 2842 está obligado a diligenciar la hoja de vida en el SIGEP. Desde la Registraduría se sostuvo que esto se debía a un proceso de migración del SIGEP al SIGEP II, lo que el director del Departamento de Función Pública, Nerio Alvis, desmintió y sostuvo que la responsabilidad de la ausencia de la hoja de vida es de Alexander Vega, lo cual podría suponerle una sanción disciplinaria. ¿Qué se viene? Tras la intervención de Alexander Vega en la Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento al Organismo Electoral de la Cámara de Representantes no se puede esperar una actuación que avance más de la citación. Esto, principalmente porque se ha caracterizado por ser un registrador amigo de políticos y aliados de partidos políticos tradicionales, que conforman la gran mayoría de esta comisión especial. En la citación, básicamente, se escuchó a Alexander Vega. Integrantes Comisión Especial Fuente: Pares De igual forma, ante las múltiples fallas registradas durante las pasadas elecciones legislativas del 13 de marzo, desde diferentes sectores se ha solicitado la suspensión e, incluso, la destitución de Alexander Vega. Sin embargo, frente a esto, la procuradora Margarita Cabello descartó una suspensión. De momento, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en su contra por posibles faltas en la jornada electoral del pasado 13 de marzo y una indagación preliminar a funcionarios de la Registraduría por las presuntas irregularidades que pudieron presentarse en la administración de las plataformas de ‘software’ usadas y en los procesos de inscripción de cédulas. ¿Quién es Alexander Vega? Es un abogado de la Universidad Libre y registrador nacional desde octubre de 2019, cuando fue elegido por los tres presidentes de las altas cortes. Antes de llegar a ese cargo fue personero en el municipio de Chía, Cundinamarca, abogado litigante ante el Consejo de Estado y consejero en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según Alfredo Molano, Vega llegó a la Registraduría después de un intenso lobby con los magistrados que iban a definir la elección, que incluyó “viajes al exterior, serenatas, obsequios, comidas y detalles de cumpleaños”. Además, Molano también señala que dentro de sus amigos se cuentan los condenados Bernardo ‘El Ñoño’ Elías y Eduardo Pulgar, el investigado Musa Besaile, los Char y la excandidata Sandra Villadiego, cuestionada por su esposo que fue condenado por parapolítica, Miguel Ángel Rangel. Vega también cuenta con el apoyo de Lucy Jeanette Bermúdez, saliente presidenta del Consejo de Estado y quien, según Molano, ha sido fundamental en el rápido ascenso que ha tenido Vega en su carrera, pues tiene un poco más de 40 años. Su paso por el CNE se lo debe justamente a su cercanía con algunos políticos del partido de la U, del cual era representante en esa corporación. Pese a llevar poco más de dos años en la Registraduría, su gestión ha estado llena de inconsistentencias. El primero de ellos fue el empeño de Vega para tener un nuevo código electoral, lo que por supuesto implicó una negociación intensa con los congresistas para su aprobación. Aunque el nuevo código electoral aún está en examen constitucional, detrás de este hay un jugoso negocio que Pares denunció en 2020. Vega también ha desatado peleas con el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, por supuestas inconsistencias en el censo electoral y con la oposición al decir que si creían que no había garantías electorales no se presentaran a elecciones. Además, ha sido acusado de ser lobbista de Indra, una de las empresas que está encargada del conteo de votos. El expresidente Pastrana sostuvo en Semana que Vega habría llevado a algunos políticos a España, como el alcalde Jaime Pumarejo, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga y el representante Erasmo Zuleta, para que conocieran el programa de la compañía. Esto, mientras Vega declaró desierta la licitación para la compra de un software propio, beneficiando a los contratistas de siempre. Algo usual con Vega, luego que Camilo Enciso, mostró que la renovación de los contratos de los supernumerarios, según uno de los coordinadores de Talento Humano de la entidad, dependen de “su amistad o la conexión política”.

Por: Karen Guerrero María Elena estaba dormida y fueron sus gatas quienes le avisaron que algo andaba mal. Una de ellas se le acostó en el oído y empezó a arañarla. La estaba alertando. Cuando María Elena abrió los ojos vio a un hombre en su habitación. Al parecer su intención no era matarla, pero sí darle la razón fulminante. Le dieron 24 horas para salir de Buenaventura. “Eso fue lo que me hizo venir, ni siquiera fue el atentado que sufrí, porque ya no había garantías de seguridad dentro de mi propia casa, dentro de mi propio cuarto”. María Elena discutió con el intruso mensajero, pero este salió y huyó en una moto que lo estaba esperando. Se llevó una usb, documentos y un dinero de Uramba para la Juventud, un colectivo que ella acompañaba y del cual era tesorera. María Elena gritó en la calle. El domiciliario del restaurante que colinda con su casa fue a perseguirlos, pero a los dos minutos, según recuerda, más de una decena de policías llenaron su casa. A pesar de las medidas de protección por parte de la policía nada valió. Las recomendaciones de las autoridades sobre la denuncia iban en contravía de los hechos tal como ocurrieron. Ese fue el detonante que la obligó al desarraigo de su Buenaventura del alma, y luego al exilio. “Ese mismo día fui a la Fiscalía. Me sentía tan impotente que ni una lágrima me salía de la rabia. Definitivamente debía salvaguardar mi vida”. Las amenazas se habían vuelto tan frecuentes que sus hijos ya tenían tiquetes que los sacarían del horror. Su idea era enviarlos fuera del país para resguardarlos y ella quedarse; pero la visita inesperada la obligó a ampararse también. Empacó y migró a Cali, y en menos de una semana rememoraba los hechos desde Europa. Pero María Elena Cortés había sido persistente, pues su nombre ya había estado en listas y, de paso, en planes. El 4 de enero de 2020 caminaba con una compañera cuando dos hombres en una moto la abordaron. El parrillero se bajó, la llamó por su nombre y la acorraló. Forcejearon, cayeron al piso y le disparó. Pero el arma, a pesar de varios intentos del atacante, nunca detonó. Ese tampoco era su momento. “Pues ahora me quedo, ahora me quedo, hay que insistir en permanecer y hacer del servicio una costumbre. Es porque yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué la gente buena tiene que morir, por qué la gente buena tiene que huir? ¿Si yo hago lo correcto, por qué a mí?, recuerda María Elena, igual de retadora, pero desde la lejanía. Querían matar a una socióloga y lideresa social, aunque ella no se enuncie desde ese lugar; a una docente que les enseñaba a sus estudiantes a prepararse para combatir desde el conocimiento; desde la capacidad que tienen, y las potencialidades que en sus clases les resaltaba. A una mamá cuyos hijos le heredaron la lucha desde las letras y las calles. Querían apagar la voz de la niña que creció y soñó con igualdad de oportunidades para todas las personas, para salir adelante y estar felices, como ella lo dice. María Elena es la menor de 7 hermanos y la única que le siguió la cuerda a un papá ribereño, migrante desde El Charco, Nariño, que llegó a fundar un barrio en la comuna 6 del Distrito de Buenaventura. Desde los 8 años, andando de barrio en barrio, ocupó espacios comunitarios y acompañaba a su papá a las reuniones políticas. Cuando él fue presidente de la Junta de Acción Comunal, su hija, ya con 15 años, era su secretaria. No solo consignaba las discusiones de las reuniones, también le hacía las cartas que se convertían en peticiones que llegaban a la institucionalidad. Vio a su papá liderar el proceso de la construcción de las casas, la solución de los servicios como el agua y la energía, y la acogida y acompañamiento de nuevas familias. Vio un legado que preservó. “Aprendí mucho de él y me gustó, él se sentía muy orgulloso porque fui la única que le puso cuidado a las cosas que a él le gustaban: el servicio, lo colectivo, la gente”. Es hija de la comuna 6, y ha sido testiga de las miradas, palabras y manos que han querido apoderarse de ella. Es una comuna estratégica por su ubicación céntrica; tiene por un lado la avenida Simón Bolívar y por el otro, la vía alterna, y por ser enclave ha sufrido. “Era muy estigmatizada en el sentido de que los que vivían allá no podían acceder a un empleo porque venían de esa comuna que era zona roja. La institucionalidad también nos afectó porque nos despojaban por el tema de la expansión portuaria. Y es que el despojo no es solo decir: “váyase de esta tierra que es mía”, también se despoja con el lenguaje cuando se le dice a las comunidades que no se puede acceder a un empleo por ser de un lugar donde vive gente peligrosa”. También la atraviesa el poliducto Yumbo-Buenaventura, que lleva el combustible a la sociedad portuaria, entonces, como ella lo denuncia, es una comuna muy productiva en términos del gobierno, de la empresa privada, pero a la vez, muy pobre. Su riqueza, aunque no es menos, es su gente. Entonces cuando María Elsa hace cartografía de su territorio no titubea en su versión del por qué de la violencia: los liderazgos sociales se vuelven un obstáculo para el aprovechamiento y uso del suelo, y así afirma: “Esto que está pasando en Buenaventura de las muertes, dicen que Los Chotas, que La Local, pero esto es influenciado desde Bogotá, porque hay un interés en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial y necesitan dejar plasmado el uso del suelo en Buenaventura para hacer megaproyectos en los territorios que la gente siempre ha ocupado. En este recrudecimiemto de la violencia en Buenaventura es mínimo el actuar de las autoridades institucionales, Desde el gobierno nacional las soluciones no se vislumbran. Sin embargo, ¿por qué después de tanta muerte y expresiones de la violencia la gente no se va? porque la gente es semilla, como dicen los indígenas, y si hemos aguantado 500 años desde la invasión española, podemos aguantar, pero no en las mismas condiciones”. María Elena dice aguantar, pero, a la larga, también ha sido construir. Es heredera del proceso organizativo de su papá y otros tantos líderes denominado “Unión de la comuna 6 para su propio desarrollo”, una iniciativa que comenzó en el 2000 y buscaba el fortalecimiento identitario y productivo de las familias que albergaban dicha zona. Se unieron para cimentar su plan de vida y allí aprendió que la seguridad y la soberanía alimentaria son otras formas de resistencia; que la ruralidad, como saber, arraigo y oficio, podría pervivir en la urbanidad; que la siembra y la cría no tendrían porqué morir; y que la memoria es viva y colectiva. Y fue abriendo camino. “Soy docente porque eso me da de comer, pero mi tiempo siempre lo ocupo en obras con las comunidades y la juventud”, dice, y eso sirve de antesala para la lista de sus campos de acción. Fue integrante del Comité del Paro Cívico para el 2017 y parte de las mesas de diálogo para el paro del 2019; se sentó con jóvenes y mujeres, de barrios como La Cima e Isla de la Paz, para impulsar iniciativas de arte; y de la mano de Temístocles Machado, líder social asesinado, trabajó en un sueño el cual un equipo de trabajo, después de su muerte, convirtió en el Grupo de Archivo y Memoria de la comuna 6. Y con la historia de Don Temis, como ella lo llama, conoció de cerca no solo la violencia, sino también el impacto de la voz y el hacer que emergía de su comuna. Mataron a un líder y pausaron a toda una comunidad. “Lo lloramos un año, lo lloramos en conjunto. No teníamos ni idea quién nos iba a sacar del hoyo, porque yo no soy psicóloga de duelos colectivos. No lo hablábamos, pero el silencio hace mucho ruido, el silencio se escucha cuando hay dolor”. Pero fue eso, una pausa. Les sanó el arte, la palabra y la escucha, y en la reconstrucción de las causas y procesos estuvo María Elena. El Grupo de Archivo y Memoria recogió el trabajo de Don Temis y salvaguardó la información y demandas que él había conducido. Se creó una organización que se llama Club Deportivo y Cultural Estrellas del Mañana Temístocles Machado, que alberga a cerca de 150 niñas y niños que hacen del baile, la música y el deporte sus armas de paz. Y, sin darse cuenta, sin querer, su liderazgo empezó a incomodar. María Elena se embarcó en un megaproyecto que iniciaría con unos pilotos de 100 hectáreas de cultivo de Sacha Inchi que le generaría empleo a un determinado número de familias. Una planta apta para cualquier clima, sin contraindicaciones, que produce un aceite más poderoso que el de oliva, y que da fruto a partir de los tres meses, según explica. Pero era una inversión que no enriquecería a todos. “Había un equipo muy grande para esto, el proyecto se formuló con dedicación para todas las etapas y en el último eslabón del proyecto, alguien de la institucionalidad dijo: “usted para hacer algo de esa magnitud en Buenaventura tiene que hablar con unas personas influyentes en la política, pero peligrosas, se hace a través del partido político que representa. Entonces necesitamos la hoja de vida de María Elena, de uno de los formuladores del proyecto que lo pueda contar y de una persona que nos explique ya sea financiero o contador de todas las partes del proyecto en términos monetarios”. ¡Obviamente yo no iba hablar con nadie, por Dios! y me río ahora porque yo decía: “a mí me parece absurdo que tengamos que pedirle permiso a alguien para poder hacer algo positivo en Buenaventura”. “No lo vea así doctora”, decía esa persona,“simplemente saber qué van a hacer en el puerto de Buenaventura, porque en Bogotá nos ven como un puerto y en términos sociales productivos tenemos que contar con el gobierno nacional”. En conjunto, el equipo decidió no hablar y continuar. Vinieron amenazas. Estas se recrudecieron para el Paro Nacional del 2021. María Elena hizo parte de las 36 horas de diálogo con la institucionalidad; de los nombres desprestigiados y responsabilizados de la escasez, el hambre y las víctimas que había dejado la protesta; de los panfletos que estigmatizaban al Comité del Paro, pero, con orgullo, dice que hizo parte de las mujeres negociadoras, porque eso también caracteriza al puerto. “Ese es un valor agregado en Buenaventura: las mujeres. Yo las admiro muchísimo porque las mujeres han permeado todos estos espacios todos de resistencia, de hablar con el gobierno nacional, de direccionar, de coordinar el cambio. Considero que indistinto de que la mujer tenga hijos o no tenga hijos, en su decisión hay un ADN de valentía y de amor. Cuando las mujeres logran ese equilibrio no hay miedo. Y no es que seamos Mesías, es que hay un raciocinio diferente en el hacer y en el ser; porque tenemos el equilibrio perfecto para decir ajustemos, corrijamos, orientemos, reeduquemos”. Y es tal el raciocinio, que decidió, por fin, ponderar el cuidado de su vida y los suyos como su bandera principal. “Tanto estar acompañando a víctimas, que cuando tú eres la víctima te das cuenta que sí has ayudado a fortalecer a la gente en medio de la dificultad, pero el dolor no mata”. Entonces, el atentado se convirtió en motor; las amenazas tras el megaproyecto y el paro, en combustible para hacer más y más; hasta que un hombre entró a su cuarto. Y se exilió. — ¿Por qué a mí? —se preguntaba María Elena. — Una mujer como yo estorba, una mujer como yo que además de tener una experiencia comunitaria la complementa con la docencia es una mujer a la que hay que tenerle miedo, porque está en espacios comunitarios, organizativos y académicos. —se responde hoy así misma. María Elena hace parte del programa Defendamos la vida de la Unión Europea, ya estaba allí antes de su exilio. Hoy es una protegida internacional, y no solo para cuidarse de la violencia que la hizo empacar, si no de quienes, quizá, pretenden callar las voces de los líderes que se encuentran en el exilio. No ha dejado de moverse, gestiona, lucha, y se moviliza a la distancia. Está al pendiente de las personas, de los procesos y hasta de las elecciones. “Cada cosa que yo estoy haciendo acá la estoy haciendo por la gente allá”. María Elena suspendió su clase de administración para atender a esta videollamada de entrevista. Su docente se lo permitió. Dice que está estudiando algo nuevo, algo que no es de su campo, pero que, al menos, la mantiene ocupada. Dice que está tranquila, y así se le siente, que ha sido un tiempo para recoger y así se le ve. Dice que su liderazgo es un asunto de pasión y goce y eso confirma su historia y ahora, su rostro. Irradia. Sonríe. Carcajea. Anhela. Se está acostumbrando a los viajes extensos en tren que contrastan con la premura de montarse en un motoratón[1]o en un carpati[2] cuando se movía feliz por Buenaventura. Y mientras se ciñe a la “disciplina europea”, como ella la llama, aprende y agradece. Menciona a las mujeres, a la juventud, tira nombres que solo ella conoce, y que solo ella dimensiona la vitalidad que le regalan. Nombra a sus hijos y reflexiona: “Hay unos ojos que están mirándome con orgullo, pero también con temor, pero ya llega un punto en el que nos podemos quedar sin mamá, y tengo mucho que hacer, pero yo, María Elena, valgo mucho más viva”. Con una mirada tan nostálgica como esperanzadora, antes de colgar, consciente de su realidad, esa que podría ser la de más compatriotas, aclara: “Colombia no se va a desocupar toda y menos el pacífico colombiano, pero a Buenaventura no hay que dejarla sola”. [1] Se le llama a las personas que conducen moto y prestan servicio de transporte público [2] En Buenaventura, así se le conoce a los carros tipo Jeep o camperos que prestan servicios de transporte público

Por: Luis Eduardo Celis Colombia está cambiando, vive un vital proceso de movilización ciudadana y de búsqueda de nuevos derroteros para llevar la vida compartida en este territorio que tenemos como patria y como nación. En esta semana se han cumplido 24 años del asesinato de Eduardo Umaña Mendoza, terrible magnicidio con que las fuerzas de la antidemocracia quisieron castigar una vida de lucha y dignidad, pero su memoria está presente y su ejemplo de entereza y compromiso sigue firme en quienes lo conocimos y en los que sin conocerlo de manera personal, se han apropiado de una vida de servicio, al lado de los excluidos y de quienes han luchado por derechos y respeto, en medio de una sociedad construida sobre privilegios para pocos y uso autoritario del poder. Contra todo ello luchó Eduardo Umaña Mendoza, siguiendo el ejemplo aprendido en casa, al lado de una madre y un padre que forjaron en el un carácter sensible ante la injusticia y el atropello. La vida de Eduardo Umaña Mendoza debe ser reivindicada para las nuevas generaciones y para todo el que quiera abrir los ojos ante tanta barbarie ejercida por décadas en Colombia y que desafortunadamente no es cosa del pasado; persisten los atropellos, los autoritarismos, la dura violencia que aniquila vidas, todo eso debe ser narrado y compartido para saber de manera clara y sin sombras. Tenemos el reto como sociedad de construir un orden de democracia que cubra a todas las comunidades y personas, y que no se siga en esta senda de horrores cotidianos que son ecos lejanos o duras realidades cuando tocan a los conocidos, todas las tristezas de esta violencia persistente debe convocarnos a la acción transformadora. Narrar la vida en todas sus dimensiones, traer a la memoria a quienes se los llevó físicamente la barbarie es un deber ciudadano y un acto de responsabilidad con sus vidas, con un presente de acción y un futuro sin estos dolores cotidianos, en ese ejercicio de responsabilidad y de compromiso con esas vidas malogradas. Por eso es muy buena noticia saber de los múltiples ejercicios de memoria que se hacen todos los días para persistir en traer ejemplo y compromiso de quienes habitan en su ejemplo y en nuestros corazones. Esta semana el proyecto de comunicación La No Ficción, nos trajo la muy buena noticia de que la vida de Eduardo Umaña Mendoza fue narrada en el podcast: Un abogado para todos, un extraordinario trabajo de investigación y de narración, liderado por Tomás Uprimny, quien con juicio y rigor nos trae la vida de este hombre con tantas facetas a conocer y de las cuales aprender. Eduardo Umaña Mendoza, es hombre de acción y compromiso, estuvo al lado de los que luchaban en una Colombia plagada de injusticias y antidemocracia, todas esas luchas son semilla que poco a poco han venido madurando hacia una sociedad mas amante de la vida digna y alejada de las injusticias. Les recomiendo escuchar este buen trabajo, ejemplo de los miles de trabajos que se hacen por tener memoria viva de tantas vidas a conocer y sus pasos y trasegar. ¡Aquí pueden consultar este trabajo!

Por: Redacción Pares Esta semana en Pares destaca y Pares cuestiona. Resaltamos el trabajo que Dora Manzano ha hecho por su comunidad en Tibú, Norte de Santander, quien demuestra que la posibilidad de la reconstrucción del tejido social y la reconciliación sigue en pie gracias a quienes desde los territorios le apuestas a nuevos discursos y a la defensa de la vida, incluso cuando de por medio el escenario es hostil. Por su parte, le ponemos la lupa a Enrique Zapateiro, el comandante del Ejército Nacional que además de ser noticia por sus comentarios y acusaciones contra Gustavo Petro, también ha sido estado en el debate público en las últimas semanas por legitimar el hecho ocurrido en en Puerto Leguízamo, Putumayo, en donde 11 personas perdieron la vida en hechos cuestionables, y que una vez más ponen en sobre la mesa el accionar de los uniformados en contra de las comunidades.

Por: Observatorio para la Defensa de la Vida ( ODEVIDA ) Este Boletín Informativo tiene como objetivo visibilizar los hechos y patrones de violencia que han afectado a personas campesinas que defienden el derecho a la tierra entre los años 2015 y 2020 con base en el ejercicio de investigación del Observatorio para la Defensa de la Vida-ODEVIDA, en los Informes Anuales publicados por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y por el trabajo desarrollado por la organización Surgentes, Colectivo de DD.HH., especialmente en su informe “Giro a la derecha y represión a la izquierda Violaciones a los derechos humanos en el campo popular venezolano (2015-2020)”. Te invitamos a consultar el boletín completo .

Por: Miguel Ángel Rubio Línea de jóvenes en riesgo y participación juvenil Mucho se habla en este país de que los jóvenes no participan en política, que no salen a votar, que se quejan y se quejan, y que, al momento de ir a las urnas se quedan en casa haciendo otras cosas. Esto es un poco cierto y un poco no. Es cierto que los jóvenes históricamente en el país no participan en procesos electorales, que parecen apáticos cuando de política se trata, que evitan esas discusiones largas y eternas de los tradicionales directorios políticos, que le sacan el cuerpo a las disquisiciones eternas de los partidos de izquierda, que no los pone nadie de acuerdo, entre otros. Y no es cierto del todo que no participen, los jóvenes se vuelcan a participar en campañas donde los discursos sean disruptores de lo tradicional, donde haya un mensaje fresco, una imagen que los conecte y unas formas que los seduzcan. Esto además de las propuestas, las que esperan sean lo suficientemente atractivas para ellos. Ahora bien, un argumento que podrían esgrimir los detractores del voto joven en Colombia, es que en las elecciones del pasado 5 de diciembre para elegir los Consejos de Juventudes la participación por no decir que fue mala, fue muy poca. Las razones: poca pedagogía de parte de la Registraduría para animar al voto, cooptación de partidos tradicionales de líderes juveniles que llegaron a esos escaños con discursos distintos a las problemáticas sociales de los jóvenes expresadas en el estallido social y un adormilamiento de la izquierda y los movimientos alternativos en recoger buenas listas, hacer buenas propuestas y trabajar fuertemente en lograr mayor representación, y aunque los consejos de juventudes son órganos consultivos e incidentes, lograr un escaño en esta instancia es un inicio en la vida política muy importante. Dejemos entonces de lado el diagnóstico y miremos en nombres y representación, cuáles son algunos de los hombres y mujeres más jóvenes que hoy están en el Senado y Cámara, lo que representan y qué propuestas tienen para su propio segmento poblacional. De influenciador a senador Comencemos con el fenómeno del Influenciador en redes J Pe Hernández, senador de 30 años elegido al Senado bajo el aval del partido Alianza Verde. Su votación impresiona por ser la primera vez que se lanza a la política y venir de un segmento que los medios de comunicación subestiman, pero que hoy muestran su poder y su capacidad de incidencia en la opinión. Con 189.281 votos, este músico y creador de contenido en redes, logró la tercera votación al Congreso por debajo de Miguel Uribe y María Fernanda Cabal. Su caballito de batalla ha sido irse de frente contra la corrupción de la clase política tradicional. Sus vídeos de YouTube con trasfondo de un informativo de televisión y un tono agresivo, bastante histriónico y con un tonito de prédica religiosa de secta, le ha granjeado el favorecimiento de 1,17 millones de suscriptores, y la ya anteriormente mencionada votación. Sus propuestas de campaña no son fáciles de encontrar, revisando el portal de la Alianza Verde se menciona la placa dorada por número de suscriptores en sus redes sociales, y es poca la información que hay sobre sus postulados al Senado, sin embargo, es posible prever, según sus temas en redes que será un senador cuyo trabajo será ejercer control político y una política anticorrupción que es la bandera de su bancada. El mismo se autoproclama el senador del pueblo y en entrevistas dice que defenderá los postulados del estallido social. Los vagos a trabajar Catherine Juvinao, representante elegida a la Cámara de Representantes por el partido Alianza Verde es otra joven promesa de la política que logró llegar al Congreso con 45000 votos, los cuales la llevaron a ganar una curul por Bogotá. La activista, famosa por el proyecto de denuncia sobre los privilegios de los congresistas, Trabajen Vagos, frase pronunciada en una protesta por la parlamentaria María Fernanda Cabal contra los manifestantes y que Juvinao la resignificó en una crítica por oposición, llega al capitolio como fórmula del recién elegido senador Ariel Ávila. Sus propuestas apuntan a confrontar temas como: el ausentismo parlamentario que no es castigado, y que permite que los congresistas aún sin asistir a las sesiones cobren sus honorarios. Esta es su principal propuesta. De una silla en las aulas a una silla en el Congreso Con 25 años Jennifer Pedraza logra una curul en la Cámara de Representantes, avalada por el partido Dignidad liderado por Jorge Enrique Robledo. Esta economista de la Universidad Nacional recoge el sector de los estudiantes universitarios durante el estallido social, fuertemente afectado por la acción del Estado durante las marchas del 2021, y que le costó a las juventudes varias víctimas mortales y otras con lesiones personales de por vida. Jennifer defenderá en el Congreso temas como las renegociaciones de los TLC, las reformas que apunten a mejores condiciones en la contratación laboral en Colombia. También habla en sus propuestas de reformar el ICETEX, y de robustecer el presupuesto de las universidades públicas, así como fortalecer la democracia en las universidades privadas. También tiene postulados por la defensa del derecho a la educación de las mujeres, la equidad de género, el abuso en el horario laboral de muchas mujeres trabajadoras, la violencia de género y la salud mental y reproductiva. Jennifer Pedraza es la voz de los estudiantes en el Congreso. Mafe pero no cabal Aguerrida en la denuncia, la internacionalista y becaria María Fernanda Carrascal con 31 años llega a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. Abanderada de causas en contra de la corrupción, famosa por el #renunciefiscal y ser una de las punta de lanza en la denuncia contra la corrupción de Odebrecht. Carrascal será, de seguro, una de las voces más beligerantes y críticas de la próxima legislatura. En su mayoría, estos jóvenes recogen los postulados y reivindicaciones del estallido social, la agenda social, y de reformas que ellos y sus colectividades consideran que necesita el país. Veremos entonces a partir del 20 de julio, y por el próximo cuatrienio, si logran representar de verdad los sectores alternativos.

Por: León Valencia Se puede hablar de la propuesta de “perdón spocial” de Gustavo Petro de manera oportuna, justa, racional y tranquila o de manera desvergonzada y oportunista. En la primera manera se puede decir que sería una propuesta generosa para un momento en el cual la sociedad adolorida y enojada por el abuso de criminales y corruptos de cuello blanco se ha levantado para condenarlos y sancionarlos moral y políticamente. Es un perdón después de una dura sanción pblica, con el propósito expreso de sanar heridas y propiciar procesos de reconciliación. El triste caso de Colombia es que la sanción social ha sido muy escasa, por no decir nula. Pongamos el ejemplo palmario de la parapolitica. Sesenta y un parlamentarios fueron condenados por este delito y sesenta y siete más han sido investigados, así mismo más de mil políticos locales estuvieron involucrados en esta grave trama. Pero la inmensa mayoría de estos dirigentes políticos siguieron en la vida pública haciéndose elegir una y otra vez en cuerpo propio o en cuerpo ajeno a través de sus familiares o lugartenientes. Los mismo ha ocurrido con los protagonistas de los escándalos de corrupción. Les cuento una anécdota. En 2008, después de varios años de haber presentado la investigación académica sobre la parapolitica que dio origen a las investigaciones judiciales, y cuando se iniciaron las capturas y procesos por este delito, fui a Londres a presentar el caso ante diesciseis parlamentarios del Reino Unido. Me preguntaron, al final, si los congresistas involucrados eran de la cuerda del presidente de la República y les contesté que el 95% estaban en la coalición de Gobierno. Sorprendidos me dijeron que lo lógico, en cualquier lugar del mundo, es que un gobierno con semejante escándalo se cayera y en cambio ellos sabían de la enorme popularidad de Álvaro Uribe Vélez. Les contesté precisamente que en Colombia había una gran impunidad social y política. De ahí que la propuesta de perdón social siendo como es generosa y altruista es inoportuna para el momento que vive Colombia. Es necesario avanzar hacia la verdad, al reconocimiento de responsabilidades, a la indignación y en ese camino encontrar el perdón. La segunda manera tiene dos caras. Se puede enarbolar esta consigna de manera oportunista con el ánimo de conseguir apoyos electorales entre los implicados en la corrupción y la violencia, cosa que le endilgan a Gustavo Petro, improbable dada la historia política de los procesados. O la puede rechazar indignado con el propósito de impactar la campaña del rival, cosa que ha hecho Federico Gutiérrez. El caso de Gutiérrez es de una desverguenza enorme, porque la verdad es que el llamado “perdón social” de aplicarse terminaría beneficiando a las huestes de este candidato, que tiene el apoyo de 45 de los 54 clanes políticos del país, donde están la inmensa mayoría de los cuestionados por corrupción o parapolitica o sus familiares y lugartenientes, muchos de ellos recién elegidos como parlamentarios.

Por: Redacción Pares Alarma por proyecto de construcción de muelle para yates, lanchas y botes turísticos en Playa Dormida, Santa Marta, por parte de la empresa CHIEF LIMITADA representada por la señora María Fernanda Zúñiga Chaux, ex Presidenta de Fiduagraria y sobrina de Julio César Zúñiga Caballero y de Juan José Chaux Mosquera. Todo este negocio de los Zúñiga Chaux huele mal: 1. Huele mal que los dueños y gestores sean miembros de una familia con feos antecedentes como profesionales del desplazamiento forzado de población. 2. La señora María Fernanda Zúñiga Chaux y sus tíos son palmicultores. Han sido investigados por concierto para delinquir y desplazamiento forzado de poblaciones en Chocó con el propósito de cultivar palma. No debe extrañar que ahora la señora Zúñiga Chaux quien estando muy joven fuera presidenta de Fiduagraria, esté metida en un nuevo negocio que implica expulsar población en nombre del desarrollo y el progreso. Ya no en el Chocó sino en Santa Marta. 3. La pequeña bahía sobre la cual la señora Zúñiga Chaux y sus parientes están solicitando una concesión de playa para construir un muelle para yates, lanchas y embarcaciones turísticas es un lugar habitado por pescadores artesanales convertidos en parte –por cuenta de su extrema pobreza- en arrendadores de carpas y vendedores de pescado crudo y frito. Casi todos ellos son raizales y mestizos que habitan en el barrio las Tunas y Cristo Rey, Macondo, Bello Horizonte y otros, que quedarían en el aire, sin como ganarse su sustento y el de sus familias. 4. Pero la pequeña bahía es además y por sobre todo el único y gran sitio de recreo y esparcimiento de los barrios anteriores. Alrededor de 3000 personas –entre negros y mestizos - la utilizan en los días festivos y feriados para reunirse con familiares y vecinos a recrear sus lazos de familia, de amistad y de vecindad. A todos ellos el proyecto les caería como una bomba que de forma brutal dejaría sin su lugar habitual de congregación comunitaria a los habitantes de unos barrios que no cuentan con parques, ni canchas deportivas, ni con casas comunales para recrear su vida social. 5. En vez de integrar la población de negros y mestizos para hacer de las playas del sector un espacio multiétnico, biodiverso y colorido, los Zúñiga la expulsan, para blanquearlas y para volverlas social y étnicamente homogéneas. Eso es racismo. Y es contrario a la Constitución. 6. Por fortuna ya las juntas de acción comunal de los barrios, al igual que la asociación Raíces, Afro-colombianos del Magdalena, la asociación de pescadores del sector, y pescadores individuales, a nombre propio presentaron su oposición al atropello. 7. Huele mal que una familia con mentalidad de encomendero colonial, educada en el racismo y el disfrute de privilegios de casta blanca quiera montar su negocio privado y exclusivo en una playa que es un bien público, pasando por encima de poblaciones muy vulnerables de negros y mestizos que a sus ojos no son nadie. 8. Hay que recordarles a esa familia y a las autoridades nacionales, ministeriales y portuarias, que con mirada burocrática, telescópica y remota le han dado su visto bueno al proyecto de muelle con el argumento de que no había poblaciones relevantes afectadas entre los vendedores de cocadas y de artesanías, pescadores y vecinos de barrios populares que tienen en la playa amenazada su único lugar de recreo, que los por ellas invisibilizados son alrededor de 3.000 nadies. 9. Huele mal constatar que, de acuerdo con información del diario El Tiempo de 14 de septiembre de 2008, la familia Zúñiga estuvo vinculada en procesos de lavado de activos y de extinción de dominio por la participación del padre y del tío de María Fernanda, Antonio y Julio César Zúñiga Caballero respectivamente, en la sociedad CHIEF LIMITADA, y que esa sociedad es la misma que ahora solicita la concesión de muelle. 10. Huele mal que a pesar de contar con un representante en la junta del Consejo del condominio Playa Dormida, los Zúñiga hayan ocultado su conflicto de intereses y más bien tratado de manipular dicho Consejo para bloquear la oposición al proyecto. En su oposición la Junta de Playa Dormida dejó claro que los dueños y gestores del proyecto están incurriendo en abuso de su posición dominante en el mundo de los negocios de Santa Marta. 11. El estilo arrogante de casta privilegiada de los Zúñiga, se proyecta ahora como abuso de posición empresarial dominante en el entorno de playas que van desde el Aeropuerto hasta Punta Gloria, donde, como conquistadores españoles del siglo XVI, quieren privatizar el uso de bienes públicos para imponer –bajo condiciones muy distintas y que auguran malos resultados- un modelo de desarrollo turístico fundado en imaginarios funestos para el medio ambiente en tiempos de crisis, como el de Miami y el sur de la Florida, con su miríada de muelles particulares. 12. Huele mal que los habitantes de Villas Canarias, un condominio de 25 casas que desde hace alrededor de 40 añosutiliza la playa y la bahía como lugar de esparcimiento y cuida el entorno natural, se encuentren de repente frente al peligro inminente de que el bello paisaje que han tenido en frente durante décadas, se convierta ahora en un pozo séptico de aguas aceitosas, con un lecho marino destruido; en un embarcadero que puede terminar plagado de visitantes-predadores; en un basurero; o en una frontera agresiva controlada por guardias privados y de policías que en nombre de la seguridad de los visitantes y de la persecución del micro-tráfico van a restringir la libre circulación de vecinos y de paseantes, pero sobre todo la de los habitantes negros y mestizos de los barrios aledaños que siempre van a ser vistos como los principales sospechosos de todos los negocios ilegales y de la delincuencia que allí florezcan. 13. Lo mismo habrá de sucederle a los dueños de pequeños hoteles y hospedajes vecinos del sector. Sus negocios, edificados sobre el derecho al libre acceso a la pequeña bahía y a su playa, se van a ir a pique. 14. A menos que su oposición sea debidamente atendida por las autoridades competentes, el derecho –constitucionalmente amparado- de los habitantes de Villas Canarias y demás vecinos de la bahía -cuyos predios están cerca del lote de los Zúñiga- a gozar de un ambiente sano se verá gravemente vulnerado. 15. Huele mal que el descanso de las monjas de la comunidad de María Auxiliadora, quienes regentan un colegio que ha educado un sinnúmero de docentes en Santa Marta y que también son vecinas de la bahía, tenga que sufrir, como la cotidianeidad de los habitantes de Villas Canarias, la destrucción de su entorno natural. A las ancianas monjas que utilizan su casa como lugar de retiro en la vejez se les van a vulnerar sus derechos de personas mayores. Por fortuna también ellas alcanzaron a presentar su escrito de oposición. 16. Huele muy mal que el edicto que anuncia la desgracia y que establece un término perentorio de 20 días para presentar oposiciones se ponga en lugar público en vísperas de Semana Santa, cuando los afectados están menos preparados para responder en forma adecuada. 17. Huele mal que en sus considerandos, la resolución del Ministerio del Interior que autoriza continuar con el proceso de aprobación de la concesión diga que no había lugar a Consulta Previa porque no había población indígena ni raizal que se viera afectada, ignorando, de buena o de mala fe, que la asociación Raíces: Afro-colombianos del Magdalena, está inscrita en el registro de dicho ministerio. 18. Huele mal que las autoridades bogotanas hayan aprobado un proyecto con especificaciones imprecisas en lo que atañe al tamaño del muelle, como reza el aviso: Aproximadamente. 19. Huele mal que el proceso de aprobación del proyecto se haya adelantado durante 2 años con tanto sigilo. 20. Huele mal que en la DIMAR en Santa Marta le hayan dicho a quienes fueron a presentar sus oposiciones que el proyecto ya no se puede parar, a menos que se presenten en contra argumentos técnicos irrefutables, y que los argumentos de tipo social y cultural ya no tienen lugar. Como si quienes nos oponemos por razones económicas, ecológicas, paisajísticas, sociales y culturales al atropello hubiéramos contado durante el trámite con otra oportunidad.