Por: Línea de Investigación Paz, Posconflicto y Derechos Humanos El 13 de abril en el río Satinga, muy cerca de la vereda Chocho, municipio de Olaya Herrera, Nariño, se presentó un fuerte enfrentamiento entre los grupos armados PostFarc (GAPF) o disidencias de la Segunda Marquetalia y el Frente 30 Franco Benavides del Comando Coordinador de Occidente, CCO, vinculado a grupo de Gentil Duarte. En esta zona cuentan que, como producto de los enfrentamientos, hay muchos heridos de los dos bandos. Hay que mencionar, que Olaya Herrera es uno de los varios territorios en disputa de la costa pacífica nariñense, como lo son también El Charco, Magui Payan y Barbacoas. Según pobladores de la zona, el enfrentamiento más fuerte se presentó en las veredas Merizalde y la Caña del río Satinga, pero las detonaciones y ráfagas se escuchaban hasta las veredas Merizalde Porvenir, Alto Merizalde, Bajo Merizalde, Palma de Coco, Alto San Antonio, entre otras. Los habitantes de estas veredas, que en su mayoría son comunidades negras, en medio del miedo y el terror decidieron desplazarse a la cabecera municipal para cuidar su integridad, esto dio como resultado que 800 familias provenientes de esta zona rural hayan arribado al casco urbano de Olaya Herrera, convirtiendo este hecho en una nueva crisis humanitaria en el Pacifico Nariñense. La Alcaldía de Olaya Herrera se encuentra al límite de su capacidad para atender este nuevo desplazamiento masivo. Un funcionario, que pidió no ser identificado, afirmó que “el municipio de Olaya Herrera se encuentra acorralado por la presencia de grupos PostFarc” y que, según varias informaciones, son los marquetalianos quienes han ido avanzando y acorralando al frente 30 Franco Benavides del CCO. Las confrontaciones entre estos dos grupos armados postFarc (GAPF) o disidencias en el último mes, son una muestra de que en los municipios de la Costa Pacífica Nariñense como el Charco y Barbacoas, se está en un proceso acelerado de reconfiguración armada por el control territorial en la zona, situación que está teniendo un alto costo humanitario ante la mirada pasiva del Estado. Los desplazamientos forzados masivos, como el que ahora se presenta en Olaya Herrera, pone a prueba una vez más el sistema de atención estatal para las víctimas, pues las respuestas siguen siendo lentas y sin enfoque diferencial étnico, lo que deriva en que los municipios deban lidiar con este tipo de crisis humanitarias, cuando son limitados los recursos con los que cuentan. Desde varios movimientos sociales y de víctimas se ha venido exigiendo al Estado y a los gobiernos departamentales y nacionales, asumir con mayor diligencia y pertinencia estas situaciones. Desde Pares se hace un llamado para que los escuchen.

Por: Laura Cano Periodista Pares Los hechos violentos en Argelia, Cauca continúan. Esta vez ocurrieron en el corregimiento del Sinaí, en donde fue instalado un artefacto explosivo que en horas de la tarde detonó en el casco urbano, en cercanías de un hotel, y alrededor de una zona en la que habitan varios excombatientes. Como se ha informado, el hecho causó afectaciones en cerca de díez viviendas, sin embargo, no se reportaron lesiones físicas en la comunidad. Hay que señalar que la acción se dio a través de una motocicleta utilizada para cometer el ataque. Además, según medios de comunicación, se ha descartado la posibilidad de que este hecho se haya cometido en contra de la Fuerza Pública, pues como se ha informado es escasa la presencia de la Policía Nacional en el corregimiento. “Podemos decir que no hay heridos, solo tenemos daños materiales especialmente en vidrios y esperamos poder realizar un consejo de seguridad porque también se han presentado algunos hechos similares en el corregimiento de El Mango en los últimos 15 días”, explicó Adrián Daza, secretario de Gobierno de Argelia, en diálogo con RCN Mundo. Sumado a esto, hay que recordar que a mediados de diciembre de 2021 en medio de fuertes combates entre el Ejército Nacional y la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, se presentó una explosión a raíz de un artefacto explosivo improvisado que fue lanzado a una vivienda en el corregimiento de Puerto RIco, también en Argelia. En este hechos fueron heridos cuatro civiles. Ahora bien, señala una fuente de Pares que , “todo indica que la bomba iba en contra de unos excombatientes en proceso de reincorporación, pero también hay una hipótesis que es una retaliación del Frente Carlos Patiño contra miembros del frente Diomer Cortez de Segunda Marquetalia. Esta situación ha sido contradictoria, pero a su vez se ha dado en un panorama muy complicado”. Adicionalmente, en relación con este hecho hay que traer varias cosas a colación. Una de estas tiene que ver con que en agosto del año pasado a través del medio de comunicación Colombia 2020 se informó que “las autoridades tenían información de que en la región del Sinaí (Argelia, Cauca), hombres del grupo disidente de las Farc Carlos Patiño perpetrarían una masacre contra los firmantes del Acuerdo de Paz. Después de un combate que se extendió por 72 horas entre ese grupo armado y militares de la Tercera División del Ejército el hecho, finalmente, se evitó”. Asimismo, hay que recordar que en octubre de 2020 la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 047-20 en la que advertían el escenario de riesgo en Argelia, Balboa, El Tambo (Cauca) a causa de la presencia de las AGC, del ELN y las facciones disidentes de las ex FARC-EP, autodenominadas Frente Carlos Patiño (con el apoyo de las columnas móviles Jaime Martínez y Dagoberto Ramos desde el norte del Cauca) y de la llamada Nueva Marquetalia. En el documento se puntualiza que una de las poblaciones sobre las que se requería mayor atención eran las personas en proceso de reincorporación, tanto a quienes habitan, transitan y/o trabajan en estos municipios en los que se centra la alerta, por su cercanía al Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) “Aldemar Galán” ubicado en la vereda La Barca, corregimiento de El Estrecho municipio de Patía. Como a quienes habitan en la Nueva Área de Reincorporación (NAR) ubicada en Argelia y en El Tambo, en donde también se presenta riesgo para los excombatientes. “De manera constante se ha reportado la presencia de grupos armados ilegales en cercanía a la zona y la realización de amenazas en su contra. En el territorio se encuentran localizadas aproximadamente 38 familias de exmiembros de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil, quienes se encuentran desarrollando proyectos productivos alrededor de la producción de café, con el apoyo de la alcaldía municipal y organizaciones relacionadas con este tema. Este grupo poblacional se encuentra también expuesto altamente al riesgo, debido a las amenazas y homicidios que se han registrado desde su arribo en el 2018 al territorio”, adicionó el organismo. Vale la pena traer subrayar, que según el Sistema de Información Sipares, entre el 2020 y el presente año, han sido asesinados 21 firmantes de paz en el Cauca. Además, Argelia registra como el municipio con mayor número de casos en el departamento. Fuente: Sipares. Por otro lado, hay que nombrar que en octubre de 2021, en Popayán, Cauca, se presentó un atentado, cuando un sujeto armado no identificado intentó atacar con arma de fuego a Jhon Jairo Moreno o Antonio Pardo, quien se encontraba con su esquema de seguridad en un local comercial. Durante el hecho el atacante no logró accionar el arma de fuego porque se trabó, permitiendo que el esquema de seguridad reaccionara. No obstante, el sujeto huyó del lugar. Cabe destacar que Antonio Pardo lidera en el departamento procesos de reincorporación y construcción de espacios de paz como la Mesa Nacional del Café, el Refugio Humanitario por la Vida y por la Paz, y la coordinación de formas asociativas de reincorporación, además es el encargado del Consejo Regional de Reincorporación para el suroccidente. A todo esto se suma y es transversal un escenario de violencia constante en el Cauca, donde por ejemplo, en las últimas horas además del hecho informado en esta nota, también se presentó en Balboa, el fallecimiento de seis personas en el marco de un enfrentamiento de estructuras ilegales, al parecer entre integrantes de la Segunda Marquetalia y otras disidencias de las Farc que operan en la zona, la Carlos Patiño. Este escenario de violencia provocó, en medio de la zozobra y el miedo, la necesidad de que el Ejército Nacional escoltara a todos los habitantes de esta zona que debían salir de sus casas a hacer actividades cotidianas. Hay que señalar, también en el marco del reciente hecho en el Sinaí, que en Argelia, según el seguimiento de Pares, tiene presencia el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, el frente Diomer Cortez de la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Allí, siguiendo lo reportado por el sistema de información de Pares, se presentaron en el último año, al menos 71 hechos relacionados con combates, ataque a población civil, ataques contra la Fuerza Pública, entre otros. Adicionalmente, en octubre del año pasado, Carlos Camargo, defensor del pueblo, informó que en el municipio, por lo menos, habían sido desplazadas 2.819 familias integradas por 6.501 personas. También comunicó que alrededor de 1.000 habitantes de las veredas El Piche, La Ceiba y Las Vegas, del municipio de Argelia, han sido víctimas de confinamiento armado. Asimismo, agregó que el organismo tenía el registro de 59 homicidios y diez personas víctimas de minas antipersona, en la zona. Lea también: ¿Quién es el nuevo comandante del Comando Coordinador de Occidente? Para ese momento, el defensor hizo un llamado para atender la situación en el corregimiento del Sinaí, donde ayer se presentó el atentado que iría dirigido contra los firmantes de paz. Exactamente el funcionario dijo: “Nuestros equipos en terreno han mantenido un acompañamiento permanente a las comunidades en riesgo e incidencia en diferentes espacios institucionales del orden municipal, departamental y nacional, sin que se logren mitigar los riesgos alertados y, por el contrario, se ha expandido la disputa territorial de tres corregimientos (el Plateado, Santa Clara y Emboscada), a otros cuatro corregimientos más (Puerto Rico, La Belleza, Sinaí y El Mango)”, explicó el Defensor del Pueblo. Volviendo al reciente hecho, informó la fuente de Pares que el corregimiento del Sinaí fue para el frente 60 de las antiguas Farc, un centro de operaciones y control. Y, ahora, muchos excombatientes han vuelto a esta zona, en medio de un contexto violento que ha afectado, por ejemplo, al corregimiento de Santa Clara donde antes estaban instalados. “Desde que el frente Carlos Patiño y el Comando Coordinador de Occidente empezó hace tres años a hacer el ingreso, y desde hace dos años a consolidarse en una avanzada violenta, siempre han estado acosando a las personas en proceso de reincorporación. En principio los estaban invitando a unirse a las disidencias, para ese momento dos personas se adhirieron, pero la gran mayoría no aceptó, y ante esta negativa esta población se ha convertido en foco de hostigamiento, incluso el frente Carlos Patiño les declaró objetivo militar”. Por otro lado, agregó que “con la segunda hipótesis (señalada más arriba) hay que decir que en el último mes han sido dado de baja al menos 12 personas del frente Carlos Patiño, incluso en el reciente hecho en Balboa, donde murieron 6 personas, se han dicho que cuatro son de este grupo. Además, se habría dado de baja a alias El Loco, uno de los comandantes de estas disidencias”. Así las cosas, la fuente indica que: “Cada vez que ocurre algo con este grupo hay represalias. De hecho recientemente ya son tres las bombas que han instalado la Segunda Marquetalia, incluida la más reciente”.

Por: Walter Aldana Político social alternativo "Colocar la cascarita", es una práctica tan común en la sociedad colombiana, y ello expresa el bajo nivel de cultura política de la misma, que tuvimos que castigar esa práctica realizada desde funcionarios o servidores públicos (artículo 31 del código penal), con el fin de enlodar el buen nombre de un o una ciudadana visibilizada ya sea en la política, la economía, lo social, etc. Y es tan profundo en los cimientos de la sociedad, que se administra y juzga por estereotipos: "que no se puede comprar unos zapatos Ferragamo porque es de la izquierda", ¿cómo la fórmula vice-presidencial de una campaña puede ser afro, sin cumplir los "preceptos" de belleza occidental? "No dar papaya", expresión que esconde una carga de complicidad con la mentira y lo ilegal, "el vivo vive del bobo", trastocación de valores, son una serie de expresiones que, de tanto ser pronunciadas, se convirtieron en máximas del comportamiento y actuar de muchas y muchos colombianos. Entonces desde la misma institucionalidad se pensó en el paso siguiente: hacer trampa, recibir un mandato e incumplirlo ( proceso de paz, hacerlo trizas, frente a propuestas de cambio de modelo, la mentira y el miedo, etc) y echan mano del entrampamiento. Judas vende a Jesús por 30 monedas y el dinero es del erario manejado por los Romanos; a Santrich con dólares de la DEA, algo así como aprovechar la debilidad, la necesidad, incluso la ambición del otro, para con la complicidad de los grandes medios de comunicación, y hacer el escándalo: "calumniad, calumniad, que de la calumnia, algo queda" y en esta coyuntura electoral se mide en votos. Una cámara lista a la entrada de la cárcel para filmar la entrada del hermano de Petro, un "pasquín" sin firmas ni logos, hablando de beneficios en lo divino y lo humano, capos desde la cárcel invitando a votar por quién allí los metió, es como dicen ahora los técnicos, la trazabilidad del caso. Vieron entrar a Juan Fernando Petro y no espiaron la huida (por tercera vez) de “Matamba”, jefe paramilitar, en esta oportunidad desde la Picota en Bogotá. No se extrañen que frente a las propuestas de las energías limpias, la vida, la educación para todos con calidad, la tierra, el crédito, la seguridad y soberanía alimentaria, la seguridad de una era de paz, la contraparte responda con más mentiras y como son el partido de gobierno, altos funcionarios como el “letrado fiscal” y se apreste a generar nuevos entrampamientos. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Luis Eduardo Celis Es época de Semana Santa, buen tiempo para agradecer al Padre Darío Echeverri por todo su trabajo y compromiso con una Colombia en paz. El Padre Darío Echeverri, por cerca de dos décadas, ha sido el secretario de la Comisión de Conciliación Nacional, un espacio de la iglesia católica para trabajar por la paz, de manera discreta y perseverante. En cada esfuerzo por buscar caminos de entendimiento con las FARC y el ELN, ha estado el padre Darío Echeverri, siendo puente con la iglesia católica y desplegando un trabajo discreto y efectivo. Cuando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC decidieron invitar a las víctimas a compartir sus vivencias, reflexiones y propuestas, frente a los graves hechos vividos, el padre Darío acompañó a cada una de las cinco delegaciones que compartieron sus tragedias y su clamor por una Colombia en paz, reconociendo los derechos de las víctimas y trabajando por construir paz y no permitir que ese horror se siga repitiendo, tarea que sigue vigente. En cada acción discreta que emprendió el padre Darío ha estado su calidez, sencillez y compromiso, ha sido un constructor de paz que nos ha enseñado con su ejemplo. Ahora el padre Darío seguirá su trabajo desde su parroquia del voto nacional, allí seguirá predicando amor, respeto y reconciliación. Hay una Colombia en paz por construir y allí seguirá estando el trabajo y compromiso de la Iglesia Católica. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Linero Montes A las puertas de un cambio de gobierno, más por una herencia fundada en la puja permanente entre la iglesia y el estado por el poder, puja quedada atrás luego de concordatos y especialmente a partir de la Constitución del 1991, algunos ciudadanos se preocupan por su estabilidad espiritual futura, y no faltan quienes se aprovechan de ello y construyen discursos de miedo o crean intrigas acerca del posible debilitamiento de la iglesia católica romana o de la expulsión de las protestantes cristianas. Hoy, en el tiempo de las libertades individuales, no porque la hayan brindado los sistemas nacionales de derecho, sino porque la gente ya no es vasalla, la verdadera libertad religiosa existe sólo cuando una nación y su pueblo así lo desean. De modo que institucionalizarla por intermedio de las decisiones de estado de nada vale, pues los gobernados la practicarán o no, sin este pre-requisito. En el caso de Europa occidental, por ejemplo, de nada valieron las exigencias de la iglesia romana para que su religión fuera la oficial en todos los estados; ante el surgimiento de las tendencias renovadoras que finalmente fueron alcanzando su dominio bajo el liderazgo de Martín Lutero y de Juan Calvino, y con la consigna que negaba la inexistencia de una sola verdadera fe. En consecuencia, las reformas protestantes lograron, tras muchas guerras, su posicionamiento hasta conseguir la convivencia, en un espíritu de tolerancia admirable como la practicaron católicos, protestantes y judíos, luego de la Revolución francesa, en 1789. Aunque, es dable aclararlo, ya en el 313, el emperador Constantino había concedido la libertad de culto religioso a los cristianos; y Enrique IV la había promulgado en Francia para crear un ambiente de paz entre católicos y protestantes. Así, el derecho a la libertad religiosa y de culto, siempre ha sido tema de las regulaciones y declaraciones que ha convenido el mundo, y no los gobiernos en su autonomía. La libertad religiosa y de culto no es un derecho humano corriente, pues existe al interior de los seres como parte de la naturaleza de su conciencia, y como tal no es susceptible de coacciones. Cuando a un individuo se le obliga a manifestar exteriormente su compromiso a favor o en contra de una determinada práctica religiosa o de culto, siempre quedará en este la libertad de obedecer o desobedecer en su fuero interno. Pese a ello, callar los sentimientos religiosos íntimos, por temor a ser perseguido por el poder de un estado o de una secta religiosa, sí implica la violación de un derecho humano, igualmente sagrado, como lo es la libertad de conciencia. En Colombia, donde la religión católica ha existido desde la Conquista y la Colonia, siempre lo ha hecho en coexistencia con las prácticas espirituales indígenas y de otras religiones. No en vano, cuando al advenimiento de las teorías religiosas protestantes, los españoles licenciaron en Cartagena un establecimiento de inquisición con el fin de preservar la ortodoxia católica-romana, en lo que se denominó la “romanización eclesiástica”. Esta estrategia de sometimiento religioso, con rezagos vigentes en nuestros días, sólo pudo atenuarse con la llegada al poder de los liberales. En el siglo XIX, por ejemplo, Tomás Cipriano de Mosquera tuvo que expropiar buena parte de los bienes eclesiásticos, proteger los cultos, suprimir comunidades religiosas y expulsar a los jesuitas (en 1851 y en 1861). Sólo hasta 1886, se restablecieron y regularizaron dichas relaciones al establecerse una constitución donde se erigía a la Iglesia Católica como fundamento de unidad nacional. Tal decisión política permitió que la iglesia retomara la administración del sistema educativo, tras la firma de un concordato con la Santa Sede, que se mantendría hasta su reforma en 1973. Hay que notar que precisamente una década antes, ya en Colombia proliferaban otras iglesias y sectas, con nuevas estrategias de conversión; pero siempre en torno a la imagen de Jesucristo: Bautistas, Testigos de Jehová, Adventistas y otras más, aceptadas dócilmente por la población al considerarlas fundadas en el cristianismo. Con todo, igual se han establecido grupos religiosos diversos como el Hinduismo, el Judaísmo y el Islam. Unos y otros fueron reconocidos y acogidos implícitamente en la constitución de 1991, en el artículo 19 (sobre la libertad de culto) que alude al derecho de toda persona a profesar el culto religioso que desee, -escogiendo el tipo de creencia que le brinde sosiego espiritual- sin ser perseguido o molestado por mantener tales convicciones, así estas no sean las de la religión culturalmente oficial. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Número de masacres, víctimas y departamentos ¿Dónde se registraron las masacres? Para el Boletín # 12 de masacres reportamos algunas particularidades como la concentración de la mayoría de los hechos en zonas urbanas, la afectación a menores de edad, el aumento de masacres según el mismo periodo para el año anterior, y el presunto caso de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército Nacional. Para conocer más, consulta el boletín # 12 de masacres en Colombia.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En cuestión de días, la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', a Estados Unidos será un hecho. Así lo determinó la mañana del 8 de abril el presidente de la República Iván Duque, luego del aval que le dio dos días antes la Corte Suprema de Justicia. Esta noticia, por supuesto, no sorprende a nadie, ni siquiera al mismo Otoniel, quien desde hace años esperaba, sin mucha alegría, pasar una temporada en las celdas del país del norte. Lo que sí ha causado esta orden de extradición es tristeza y desesperanza entre las millones de víctimas del conflicto armado interno, justo 24 horas antes de conmemorarse el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Esta sufrida población, de nuevo, se encuentra ante una inminente situación de pérdida de oportunidades de verdad y de poder escuchar, de boca de uno de los protagonistas del horror, el porqué ocurrió esta crueldad y la petición de perdón por el daño causado. En máximo 10 días las víctimas verán como uno de los mayores artífices del dolor y sufrimiento que sienten se lo llevan del país; con el riesgo, incluso, de no volverlo a ver jamás. Extraditarán al máximo jefe del Clan del Golfo –renombrado por las autoridades como el Clan Úsuga y autodenominado Autodefensa Gaitanistas de Colombia (AGC)–. El Gobierno norteamericano se llevará muy pronto la posibilidad de conocer la verdad de uno de los hombre dirigentes de los grupos armados más letales del país. Una situación que se repite sin cesar desde hace décadas; pues es costumbre que el Estado colombiano permita que otras naciones judicialicen a los mayores criminales del país, y en casi todos los casos, por delitos de menor gravedad que los cometidos aquí. Así pasó con Daniel Rendón, alias 'Don Mario', uno de los más importantes jefes de las bracrim en Colombia; y también con Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias 'Nicolás' –el segundo al mando de la organización criminal de Otoniel– quien fue capturado hace cuatro años y extraditado hace poco. Y pasará nuevamente con el actual capo del Clan del Golfo, quien, a pesar de que tiene 122 órdenes de captura y seis sentencias condenatorias –dos de ella de 40 y 50 años de prisión por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores–, se le extraditará por un par de delitos de narcotráfico según dos cortes de Estados Unidos. Desde el sábado 23 de octubre de 2021 lo espera en el Aeropuerto Catám de Bogotá un avión, el mismo que todos los días espera para transportar las personas que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) pide en extradición. Y se irá con el hombre que ha participado en casi todas las guerras recientes del país; pues son tres décadas y media de historia, donde, desde los 16 años de edad, se ha involucrado con varias organizaciones armadas ilegales más grandes del país: el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y ahora las Autodefensa Gaitanistas de Colombia (AGC). Historial de guerra que nos sería muy útil conocer desde la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Organización última que, a pesar de no admitirlo como compareciente, por el momento, desea enormemente que este contribuya a entregar verdad y justicia a las víctimas del país, debido al conocimiento que tiene de los macrocasos de la región de Urabá (Macrocaso 04) y el de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado –Falsos Positivos– (Macrocaso 03) que esta organización investiga. En síntesis, se irá el asesino de líderes sociales y de centenares de ciudadanos. Se llevarán del país a uno de los mayores responsables de reclutamiento de menores y violación de derechos de niños, niñas y adolescentes. Extraditará el Gobierno al responsable del desplazamiento de miles de familias. Trasladarán a Estado Unidos a un hombre clave sobre el conflicto armado y a una persona que podría aportar mucho a la verdad, la justicia y la reparación en Colombia. Y dejarán, por supuesto, a las víctimas con su tristeza, con su desilusión con el Estado y la justicia colombiana. Y permanecerán en el país los ciudadanos que tienen el deseo de conocer las razones del porqué se cometieron tantos delitos –homicidios, secuestro múltiple, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, porte de armas, terrorismo, tortura y conformación de grupos armados, entre otros–. Situación que ocurre en un momento crucial para el país: uno donde la Comisión de la Verdad y la JEP están intentando reconstruir la historia sobre los cientos de crímenes cometidos por los diversos grupos armados, entorno a la guerra con las Farc-ep. Un momento donde las víctimas claman y merecen justicia, y donde se ansía que pare el terror en todo el país. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Cano Periodista Pares En agosto se cumplen 4 años de gestión de Iván Duque como presidente del país, y aunque antes de quedar elegido su campaña tenía como bandera la seguridad, poco o nada ha quedado de su promesa, pues entrega un país con grupos armados fortalecidos y con mayor presencia en las regiones; los cuales en estos años han desatado un escenario grave de violencia que ha tenido en medio a la población civil. Según el más reciente informe de la línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación este fortalecimiento de los grupos armados se ha dado a través de tres etapas. La primera inició en el año 2017, en la cual hubo un inicio de la confrontación que se caracterizó por la configuración de importantes grupos armados, especialmente en el suroccidente colombiano, que de manera “tímida” ganaban terreno, pero aún no desplegaban con intensidad estrategias violentas quizá, en un primer momento, para identificar las consecuencias de las “nuevas” disposiciones estatales en el marco del posconflicto. Desde el año 2017, se empezaron a vislumbrar algunas de las confrontaciones más significativas entre grupos armados que han configurado, en la actualidad, el panorama de la violencia organizada en el país. La segunda etapa podría denominarse ​​disputa y reconfiguración territorial. Esta tuvo un desarrollo desde el 2018 al 2020, años en los que también hubo una escalada de violencia letal en los municipios mayormente afectados por la guerra. En solo dos años, la tasa de homicidios pasó de 27 a 39,8 mientras que en el nivel nacional el aumento fue de alrededor de 1,5. La brecha entre la tasa de homicidios nacional y la tasa de los municipios del posconflicto se incrementó de manera vertiginosa, principalmente, por el estallido de las disputas que se preparaban desde el año anterior entre: el ELN vs EPL (Norte de Santander); el ELN vs Clan del Golfo (Antioquia, Chocó, Nariño, Cúcuta); el ELN vs Grupos Armados Postfarc o Disidencias (Cauca, Nariño y Arauca); y el Clan del Golfo vs Caparros (Antioquia). La tercera etapa del posconflicto, ¿Una estabilización armada?, podría decirse que inicia en el 2021 y es uno de los cabos sueltos que deja Iván Duque. Al momento se ha mostrado la consolidación de los cuatro principales Grupos Armados Organizados en el país, en orden de alcance y poder: I. Clan del Golfo, II. ELN, III. GAPF Gentil Duarte, IV. Segunda Marquetalia. Durante este período, las acciones contra la institucionalidad se han incrementado de manera significativa, principalmente ejercidas por el ELN y los Grupos Armados Postfarc o disidencias. Una de las evidencias de este aumento es el incremento de personas pertenecientes a la Fuerza Pública heridas o asesinadas en el año 2021. Todo lo anterior ha estado demostrado por una realidad crítica, el aumento de los hechos victimizantes contra la sociedad civil, por ejemplo, el desplazamiento forzado ha sido una de esas tantas vulneraciones, y para este tipo de hechos Buenaventura, Tumaco, Tarazá, Hacarí y Alto Baudó han sido los municipios más afectados entre 2016 y 2021. Mientras que en casos de desaparición forzada Nariño, Antioquia y Cauca son los departamentos con más hechos de este tipo. Adicionalmente, los asesinatos selectivos han sido otras de las problemáticas sin atención, por ejemplo, se han presentado 411 hechos violatorios de derechos humanos cuyas víctimas son personas en proceso de reincorporación o sus familiares. Asimismo, esta realidad se ve a través de las masacres que han sido cometidas en el país, pues estas aumentaron exponencialmente. Entre 2019 y 2020 crecieron en más del 300%, y desde 2020, la tendencia de crecimiento es de 28 hechos por año. El fortalecimiento de los Grupos Armados Organizados Lo anterior ha sido una consecuencia subyacente del fortalecimiento de los grupos armados organizados, tanto en presencia territorial, como en número de adeptos que tienen. Uno de esos grupos que ha crecido y que además vienen de ser de las disidencias de las Farc es el de la línea de “Gentil Duarte”, la que mayor crecimiento ha tenido durante los últimos 6 años registrándose su presencia, a principios de 2022, en 119 municipios de Colombia, 21 municipios más que en 2021. Su despliegue ha estado muy relacionado con la conformación del Comando Coordinador de Occidente (CCO), confederación conformada por GAFT tales como la Columna Móvil Jaime Martínez, el Frente Carlos Patiño, la Columna móvil Dagoberto Ramos, entre otros, que han logrado posicionarse en gran parte del territorio caucano y con un despliegue hacia departamentos colindantes como Valle del Cauca, Nariño y Huila. De hecho, en el Cauca, una de las zonas donde más ha logrado visibilidad, ha tenido la capacidad para replegar a un grupo armado con presencia histórica al sur del departamento, como el ELN. Esto sumado a un intenso accionar bélico que ha mantenido contra la Fuerza Pública, especialmente, en los municipios Buenos Aires y Corinto. Hay que recordar que en febrero de este año está línea Gentil Duarte sufre un fuerte golpe cuando Jhonier, su cabecilla fue dado de baja, lo que inmediatamente condujo al nombramiento de alias “Mayinbu” como el nuevo hombre al mando de dicha estructura. Por otro lado, la Segunda Marquetalia ha establecido una presencia territorial de menor alcance respecto a la línea de Gentil Duarte. Tiene presencia en apenas 61 municipios. De estos, 36 corresponden a zonas que no han sido ocupadas por la facción de Duarte y en los 25 restantes sí comparten el control territorial. Así las cosas, la línea de la Segunda Marquetalia cuenta con una presencia importante en departamentos como Antioquia, a través del Frente 5to, Frente 36 y Frente 18, con el que ha logrado establecer su presencia en el sur de Córdoba, presuntamente, con apoyo militar del Clan del Golfo. Además, en departamentos como Meta, Caquetá, Cauca y Nariño, cuenta con una presencia menos significativa. En este último departamento, particularmente, en la Costa Pacífica Nariñense, desde 2021, han logrado fortalecerse vinculando a GAPF que anteriormente hacían parte de los GAPF dispersos como el Frente Oliver Sinisterra (FOS) y el Bloque Occidental Alfonso Cano. Otro de los grupos armados que han sido más visibles por su accionar violento es el Clan del Golfo, grupo heredero del paramilitarismo que se consolidó como uno de los actores armados con mayor presencia en el territorio colombiano, ubicándose en los primeros meses de 2022 en 241 municipios del país (31 más que los registrados el año pasado) a través de 4 estructuras, 22 subestructuras y 2 comisiones conformadas por aproximadamente 3260 integrantes (1461 armados y 1799 en el componente criminal focalizado). Este grupo armado ha logrado mantener su presencia nacional a través de su consolidación en territorios donde históricamente ha operado, como la región del Urabá abrazándola por los lados antioqueño y chocoano, así como la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Esto les ha permitido, en el primer caso, posicionarse en municipios del norte de Chocó y moverse hacia la zona central de este departamento en el marco de la disputa que mantienen en la actualidad con el ELN. Este grupo también sufrió un golpe con la captura, y seguramente pronta extradición, de Otoniel. Sin embargo, se ha identificado desde Pares que este hecho no ha afectado de manera estructural a este grupo, ya que no ha sido visible una desestabilización organizacional. Esto lleva a decir que seguramente el Clan del Golfo continuará siendo uno de los grupos armados más fuertes de Colombia, dado que su ruta de navegación criminal está dirigida a hacerse con el control del norte del país (lo cual indica también su inexistente participación en las disputas armadas del sur). Por último, está el ELN, el cual ha logrado hacer presencia para abril de 2022 en 183 municipios, lo que la posiciona como la segunda estructura armada ilegal con mayor presencia en el territorio nacional, luego del Clan del Golfo. Para alcanzar esta presencia, el ELN ha logrado desplegar 8 frentes de guerra (entre ellos el Frente de Guerra Urbano Nacional) de los cuales hacen parte 32 frentes guerrilleros, 20 compañías y 2 comisiones integradas por 2541 hombres en armas y 2253 integrantes de las redes de apoyo al terrorismo. Ha logrado consolidar su presencia en departamentos como Arauca y Norte de Santander, en la frontera colombo venezolana; así como Chocó, donde ha desencadenado una serie de vulneraciones contra la población civil como confinamientos y vinculación de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas y consejos comunitarios. Por su parte, en el Sur de Bolívar, Sur del Cesar y Sur del Cauca y Nariño, el ELN ha mantenido su presencia, pero ha sufrido considerables debilitamientos. Con el último Paro Armado, el ELN mostró una versión aparentemente fortalecida que, posteriormente, fue utilizada para cuestionar incluso el papel humanitario de organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja en el marco de las disputas actuales con el Clan del Golfo. Por otra parte, se puede afirmar que el ELN logró hacerse un espacio en los territorios dejados por las FARC-EP, pero, sobre todo, fortalecerse en la mayoría de zonas donde ya tenía presencia, excepto en aquellos lugares donde ha recibido importantes golpes militares y ha perdido fuerza, tales como sur de Bolívar, sur del Cauca y Nariño. Todo esto, lo que sigue poniendo sobre la mesa es el gran reto que tiene el gobierno que llegará a la Casa de Nariño, pues encontrará un país sumido en una ola de violencia, donde los grupos armados organizados han ganado más de lo que han perdido. Por eso uno de los retos más importantes que tendrá es lograr una implementación integral del Acuerdo de Paz, lo que podría, en compañía de otras acciones, mitigar el escenario violento que actuamente se vive. Lea el informe completo ‘Plomo es lo que hay’ aquí.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. En noviembre de 2015, los periodistas del programa español de debate Salvados hicieron referencia a la “Máquina del Fango” -así llama el escritor italiano Umberto Eco al “uso de información personal para desprestigiar al adversario político a través de los medios de comunicación”- e invitaron a que hablaran sobre ello –bajo la moderación de Jordi Évole- al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero; al ex director del diario El Mundo, Casimiro García-Abadillo; a la periodista de Onda Cero, Julia Otero y; a la subdirectora del diario La Razón, Pilar Gómez[1]. El autor de “El Nombre de la Rosa”, en su teoría denominada La Máquina del Fango, da cuenta de cómo en medio de los debates políticos y en el momento de su mayor furor, los adversarios suelen desbordar la ética y la moral, haciendo públicos hechos de la vida personal de su oponente; algo así como desobedecer el entendimiento popular de que “la ropa sucia se lava en casa”. Lo cierto es que los periodistas de Salvados, a partir de una breve intervención de Eco, realizaron un ejercicio de análisis político básico, visualizando en cada frase del escritor italiano lo que había en ellas de la realidad política española y de la conducta política de sus connacionales. En efecto, el resultado no fue inesperado: en España, igual que en Italia, los políticos usan a su favor y sin escrúpulos la máquina del fango para desprestigiar socialmente a sus adversarios y aniquilarlos políticamente. Hago memoria de aquella entrevista, porque, frente a la desbandada de maledicencias contra Francia Márquez, venidas de figuras del espectáculo “folclórico populachero” –lo cual es trivial- y venidas hasta de uno de los más altos representante del poder como lo es el presidente del Senado -lo cual es grave y preocupante en un país decente-, observé que los periodistas españoles de Salvados y principalmente Eco –al tratar de fango los asuntos personales de los políticos que sus adversarios sacan a la luz pública para suscitar escarnios- no hacían alusión a las llamadas falsas noticias, que en nuestro contexto político son comunes y crueles. Me explico: mientras que en Italia como en Españaesa conducta de tirar fango está espontáneamente restringida al uso indebido de informaciones y de hechos tenidos por ciertos, pero pertenecientes a la esfera de la vida privada de los políticos oponentes; por el contrario, aquí en Colombia, a los políticos les resulta más fácil inventarse el fango, y sacar a la luz pública hechos personales tan escandalosos como inexistentes. Y lo hacen, además, bajo la conciencia maquiavélica de saber esto que advierte Eco: “El solo hecho de decir algo de alguien crea la sospecha” “La máquina del fango –estas son palabras de Umberto Eco- es un modo de deslegitimación del adversario (en efecto, una cosa es Francia en calidad de amante de la paz; y otra cosa lo es en calidad de guerrillera y enemiga de la paz). Toma formas muy curiosas revelando aspectos de su vida privada que, a veces, son mínimos, como pequeñas salpicaduras de fango (una cosa es acusar a Petro de calzar Ferragamo y una muy distinta acusar a Francia de alzada en armas). Basta decir que ha hecho una cosa normalísima, pero el simple hecho de decirlo, arroja una sombra de sospecha” (como que Petro no sea afín de los pobres si no lleva alpargatas, lo cual es normalísimo en un debate político; pero decir que tu oponente ha hecho una cosa anormal o, aún peor, una cosa criminal, y no lo denuncias ante las autoridades, entonces no sólo quieres debilitarla en su imagen sino también en su integridad física). Cuando se vive en un Estado de Derecho y en un país de historias violentas como el nuestro, esa sombra de sospecha de la que habla Umberto Eco constituye una denuncia (pues ya un indicio la amerita) y como tal habría que sustentarla; o constituye, lo cual es muy grave, una expresa invitación a que a la persona señalada se le agreda extrajudicialmente. [1] Sobre la Máquina del Fango, de Umberto Eco. En: https://www.lasexta.com/programas/salvados/avances/maquina-fango-segun-umberto-eco-salvados-solo-hecho-decir-algo-alguien-crea-sospecha. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea de investigación de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos La línea de investigación en Paz, Posconflicto y Derechos Humanos presenta el informe “Plomo es lo que hay” como un aporte a lectura de la situación de violencia y seguridad desde la firma del Acuerdo de Paz, especialmente, desde el inicio del período presidencial de Iván Duque Márquez en 2018. El título de esta publicación surge de la frase pronunciada por una persona simpatizante del partido de gobierno en medio de la marcha de rechazo al atentado realizado por el ELN a la Escuela de Cadetes General Santander en enero de 2019: “No se va a negociar, plomo es lo que hay, plomo es lo que viene”. Sus palabras fueron premonitorias; este fue el camino elegido por el gobierno de Iván Duque. Así lo muestra la realidad de los territorios mayormente afectados por la guerra que hoy, otra vez, transitan, en palabras del profesor Gutiérrez Sanín, un nuevo ciclo de violencia. Descárgalo aquí .

Por: Laura Vanesa Prieto Pinto Investigadora Nacional - Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana El miércoles 6 de abril, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, quien fue el máximo cabecilla de la organización denominada ‘Clan del Golfo’. Los delitos que se le sindican son el tráfico de drogas y armas, los cuales son motivo suficiente para ser requerido por una Corte del Distrito Sur de Florida (EE.UU.). ‘Otoniel’ fue capturado el pasado 23 de octubre de 2021 en el Cerro El Yoki, entre las veredas El Totumo y Birri Birri del departamento de Antioquia. Si bien el gobierno de Iván Duque presentó esta captura como un logro de la política de seguridad, las imágenes del operativo (en el que se le ve sonriendo) y su posterior declaración ante la JEP sugieren que en realidad este se entregó. Es necesario resaltar que el ‘Clan del Golfo’ tiene presencia en 213 municipios de 22 departamentos del país, en los que -de acuerdo al seguimiento realizado por Pares- se lucra de las rentas derivadas de los mercados ilegales de drogas, armas y extorsión. Adicionalmente, tiene el control de rutas de narcotráfico en países de Europa y Norteamérica, así como de tráfico de migrantes provenientes de Asia, África y Venezuela que buscan llegar a Estados Unidos; estas rutas se encuentran en Ipiales, Cali, Medellín, Necoclí y Panamá. Esta organización tiene una estructura compleja que se apoya en redes delincuenciales de dos tipos: En primer lugar, las que operan en zonas urbanas y que tienen una presencia traslocal en las conurbaciones de las ciudades principales del país, donde se desarrollan acciones de subcontratación a bandas locales de delincuencia común con el objetivo de garantizar la cooptación de las rentas del microtráfico, el menudeo de armas y la explotación sexual de mujeres, niños y niñas (nacionales y migrantes). Estas dinámicas implican la ejecución de repertorios de violencia como mecanismo de control territorial y la generación de cadenas criminales en las que se transfiere el riesgo a los eslabones más pequeños[1]. En segundo lugar, las que operan en zonas rurales y que se caracterizan por tener capacidad militar, estas son facciones con presencia en varios departamentos que controlan la producción de drogas y el tráfico hacia el exterior. También hacen uso de la violencia como mecanismo de control y se disputan las rentas del narcotráfico, así como el tráfico de armas y de migrantes con otras organizaciones de las mismas características (denominadas Grupos Armados Organizados - GAO por el Ministerio de Defensa y Grupos Armados Ilegales - GAI por la Defensoría del Pueblo). En el marco de dichas dinámicas la estructura se divide en mandos regionales o subregionales. Debido al contexto en el que surgió el ‘Clan del Golfo’ y a que su comandante perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC, este se considera un actor que incide dentro del conflicto armado, aun cuando sus actividades no son beligerantes y se centralizan en economías ilegales. En consecuencia, en el marco del Caso 03 -conocido como el de los falsos positivos- de la Jurisdicción Especial de Paz - JEP, el pasado 23 de marzo se adelantó la diligencia de declaración de alias ‘Otoniel’ ante las magistradas. En dichas declaraciones, señala nexos entre altos mandos del ejército de las fuerzas armadas y el Bloque Centauros de las AUC entre 2005 y 2008; periodo en el que se consolidó el control de dicha organización en el departamento del Casanare y en el que se llevaron a cabo masacres a campesinos y ejecuciones extrajudiciales. Sindica al general en retiro Leonardo Barrero Gordillo de consolidar las alianzas entre el Ejército Nacional y las AUC, mientras era comandante en esa zona. Otro caso que pone en evidencia dichos nexos es el de alias ‘Matamba’ (actualmente prófugo) y este mismo coronel(r) que, según la Fiscalía General de la Nación, favoreció a la organización denominada ‘La Cordillera’ (filial del Clan del Golfo en el sur de Nariño y parte del Cauca) con información de inteligencia militar desde Bogotá. La relación consistía en suministrar datos sobre la presencia del ELN en la región y montar operativos falsos contra ‘Matamba’, con el objetivo de que este último obtuviera el monopolio de la ruta de tráfico en Tumaco. Teniendo en cuenta este escenario, ¿qué significa la extradición de ‘Otoniel’ a Estados Unidos? Por un lado, la pérdida de una fuente de información valiosa que permita esclarecer los casos de violaciones de derechos humanos ante la JEP, y las responsabilidades de miembros de las fuerzas armadas frente a estos crímenes. Además, de los nexos entre comandantes del Ejército y organizaciones dedicadas al narcotráfico que se beneficiaron de dichas rentas ilegales a través de la corrupción. Por otro lado, el reordenamiento de la estructura interna del ‘Clan del Golfo’ que, ante esta contracción criminal, puede derivar disputas y hechos violentos por la competencia de las rentas ilícitas. Si bien se sabe que esta organización cuenta con mandos medios, es probable que la extradición de ‘Otoniel’ provoque una competencia entre los miembros de la organización o atomización de la misma en varias organizaciones más pequeñas. A pesar de que las redes criminales están parcialmente consolidadas, la competencia por los mercados ilegales puede generar disputas nuevas. Vale la pena preguntarse si con esta extradición se está garantizando un proceso judicial efectivo que permita que ‘Otoniel’ pague una condena por los delitos que ha cometido, o si simplemente es una medida de disuasión ante la verdad del conflicto armado y la corrupción de las instituciones del Estado por medio de las rentas ilícitas. Esto, recordando el caso de Salvatore Mancuso, quien fue extraditado a los Estados Unidos, y quien tiene pendiente un proceso judicial en Colombia por más de 1.720 crímenes cometidos entre 1994 y 2004, periodo en el que fue comandante del Bloque Córdoba de las AUC. [1] La transferencia del riesgo hace referencia a las acciones de disuasión de la investigación criminal de las autoridades (Fiscalía y Policía), de manera que, cuando se desarrollen operativos de captura y desmantelamiento, se afecten a las estructuras más pequeñas y no a las redes delincuenciales y sus principales proveedores.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina Utilizando un video inédito, reconstruimos el asesinato de Lucas Villa en un modelo con tecnología 3D. Nuestro análisis muestra que se trató de un crimen premeditado, que hubo cómplices y que Lucas era el objetivo. La policía no actuó a tiempo.[1] Informe conjuntos sobre el homicidio de Lucas Villa El viernes 1 de abril en la Universidad Tecnológica de Pereira, La Comisión de la Verdad, Baudó agencia Pública[2], Bellingcat,[3] Forensic Architecture[4] y 070, presentaron el informe conjunto producto de su investigación sobre el homicidio de Lucas Villa, activista del estallido social, ocurrido el pasado 5 de mayo de 2021 en el viaducto que comunica a Dosquebradas con la capital del departamento de Risaralda, Pereira. En dicho informe la conclusión del equipo realizador del informe, a través de una simulación en 3D del momento exacto en que son abaleados Lucas Villa y otro activista del paro, se concluye, palabras más, palabras menos, que el asesinato de Lucas Villa fue un acto planeado, no corresponde a un caso aislado, ni está relacionado con algún asunto personal de deudas o cualquier otra índole. El objetivo era Lucas Villa. Los tiros de bala que recibió apuntaban a terminar con su vida fulminantemente en ese lugar. Murió 5 días después de que se le diagnosticara muerte cerebral, teniendo a su familia, a la ciudad y a los activistas del estallido en vilo por su supervivencia durante casi cuatro angustiantes días. El informe en video 3D que los lectores pueden ver en cualquiera de los enlaces al final, estuvo complementado por un conversatorio en el que los invitados fueron: la abogada, Adriana González, defensora de derechos humanos y quien durante el paro habilitó una línea de denuncias sobre abusos de la fuerza pública; Sidssy Vázquez Uribe, hermana de Lucas Villa y Yolanda Henao, madre del también asesinado un día después de Lucas Villa, el guarda de seguridad, Héctor Fabio Morales. El conversatorio, guiado por el comisionado Óscar Fernando Martínez, versó sobre varios temas. En primera instancia la abogada Adriana González realizó un diagnóstico sobre lo que fue el estallido social, sus razones y consecuencias, y el modo como se afectaron los derechos humanos en la ciudad, que conllevó con el fatal desenlace de la pérdida de vidas como las de de Lucas, Héctor Fabio y otros líderes que fueron asesinados durante el desarrollo de las marchas. Sidssy Vázquez, habló sobre la situación de su familia respecto a la muerte de Lucas, su lucha personal, su activismo y sus percepciones sobre el asesinato de su hermano. Posteriormente la señora Yolanda Henao, madre del joven Héctor Fabio Morales, asesinado al frente del Museo de Arte de Pereira, también durante el estallido social, habló sobre quién era su hijo, y su dolor de madre, pero también mostró en sus palabras la resiliencia adquirida desde el momento que se entera de la muerte de su hijo. El informe, aunque no puede dar razón de quiénes son específicamente los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos, sumados a los de Brahian Gabriel Rojas en la Virginia, Risaralda y el señor de 86 años Evelio de Jesús López, a quien una bomba lacrimógena cae en su casa y la inhalación de este gas le cuesta la vida; si logra sostener la hipótesis de que el caso de Lucas Villa, en el que hace hincapié, fue un acto debidamente planeado, con cómplices que ayudaron a la vulnerabilidad del espacio donde se encontraba Lucas, y una desidia total del estado en la atención prioritaria en el hospital. El evento cerró con un bello acto simbólico en las escalas de la facultad de artes, donde artistas visuales pintaban un mural en homenaje a Lucas y Héctor, se prendieron velas recordando a los jóvenes asesinados, hubo música, alabaos y poesía, y la gente se reunió de manera solemne a evocar en los corazones el legado de alegría y lucha de Lucas, Héctor, Brahian y Don Evelio. Esperamos que las autoridades judiciales prontamente y de manera justa, sin distinciones de ningún tipo, logren clarificar quién, o quiénes dieron la orden y perpetraron de forma material estos asesinatos. [1] https://cerosetenta.uniandes.edu.co/la-pieza-que-faltaba-en-el-crimen-de-lucas-villa/ [2] https://baudoap.com/elasesinatodelucasvilla/ [3] https://www.bellingcat.com/news/2021/12/06/unravelling-the-killing-of-colombian-protester-lucas-villa/ [4] https://forensic-architecture.org/investigation/the-murder-of-lucas-villa