Por: Luis Eduardo Celis El próximo gobierno debe volver a la senda diplomática en su relacionamiento con Venezuela y salir de la fracasada política de hostilidad abierta con el gobierno de Nicolás Maduro. El balance de estos cuatro años del gobierno del presidente Iván Duque en su relación con el gobierno venezolano es de amplios déficits, para usar una categoría suave y no hablar de abierto desastre. Hoy la frontera es controlada por ilegales, llámese ELN u otros ilegales, ellos cobran los impuestos por el cruce de toda mercancía, persona, insumos, que siguen circulando la vida no se detiene. Para no partir de las tragedias que se viven en la frontera, hablemos del mal negocio que ha significado perder a Venezuela como nuestro segundo socio comercial. Para el año 2005, teníamos unos ingresos de cinco mil millones de dólares en comercio, siendo ampliamente favorable para Colombia dicha relación. Vendíamos a Venezuela alimentos, productos manufacturados, tecnología para varios sectores, calzado, textiles y confecciones, todo eso se ha perdido. En 2020 la cifra de exportaciones hacia Venezuela fue de exiguos cien millones de dólares y en el 2021 llegó a doscientos millones de dólares, una debacle que han resentido mucho a medianos y grandes empresarios colombianos. Bien sabemos que la migración venezolana ha tenido a Colombia como su principal destino, aquí llegaron en los últimos siete años un millón doscientos mil ciudadanos y ciudadanas venezolanas y una cifra similar de colombianos retornados, quienes hoy se rebuscan la vida junto a la población colombiana que, igualmente, no tiene acceso a derechos básicos: salud, educación y posibilidades de empleo o emprendimiento, con ausencia de garantías de un estado a espaldas de los derechos y la ciudadanía. El gobierno que se posesione el 7 de agosto debe volver a la senda diplomática, restableciendo de manera plena el funcionamiento de la delegación colombiana en Caracas y la red de consulados. De manera concertada con el gobierno venezolano, se espera dejar atrás la política de hostilidad y trabajar por desarrollar de manera constructiva unas políticas para los múltiples frentes de acción que requieren dos países que comparten historia, vecindad y retos compartidos. Para volver a la relación económica hay que abrir los canales de comunicación entre empresarios de los dos países y las cámaras de comercio, involucrando a los actores económicos de la frontera, quienes tienen las posibilidades más inmediatas de hacer crecer sus vínculos, construir concertaciones sobre los intereses mutuos para volver al fluido, diverso y complementario comercio, que nos hace mutuamente socios estratégicos, como ha sido una tradición republicana que se ha visto nefastamente interrumpida por liderazgos políticos de lado y lado que perdieron el rumbo del respeto y la capacidad de tratarse con rigor en medio de las diferencias políticas que permanecen y que no pueden ser óbice para dejar atrás el fracaso que tenemos ante nuestros ojos. Para trabajar por una frontera segura se requiere la apertura para personas y bienes de los pasos fronterizos, hoy parcialmente abiertos para el tránsito de personas; diálogo y planes concertados entre los organismos de seguridad de Colombia y Venezuela; disposición a enfrentar la corrupción que campea aquí y allá; temas difíciles pero necesarios de tratar; y, de ñapa, un involucramiento del gobierno venezolano en el necesario proceso de paz que hay que adelantar con el ELN. Ya la administración Biden abrió canales directos con el gobierno Maduro, ya nadie habla del grupo de Lima y el fracasado cerco diplomático. Ha vuelto la hora de la diplomacia entre gobiernos que pueden pensar y actuar de manera muy diferente, pero que requieren trabajar juntos en muchos campos de una vecindad que está ahí y una historia compartida que debe aprender de este capítulo amargo y doloroso para muchas comunidades y personas que han sufrido en sus vidas esta nefasta política. Gane quien gane la presidencia de Colombia y se posesione el próximo siete de agosto, se debe volver al diálogo político, la diplomacia, la acción concertada y el mutuo respeto. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Segovia Mora Politólogo, abogado y periodista Ya casi se va el presidente Iván Duque en algarabía oficial triunfalista en medios de comunicación amigos, por los “diez grandes logros” a los que no vale la pena referirse por suficientemente publicitados, torcidamente interpretados a favor y que, cuando no pasan de ejecutorias de simple cumplimiento de obligaciones, son motivo de cuestionamientos de diverso tipo. Hay que revisar, entonces, medidas y acciones adelantadas, sin consideración alguna, contra la opinión de expertos críticos, la movilización ciudadana en defensa de sus derechos y los recursos naturales, e, incluso, de la legislación y la jurisprudencia, en un mandato que asumió la cruzada de la “legalidad” y con ese artificio hizo añicos la filosofía de paz de los Acuerdos de La Habana, intentó maniatar la Justicia Especial de Paz y horadó el Estado de Derecho. Una suerte de injerto entre Iván el terrible y Luis XIV. ¡Y qué! Investido de facultades extraordinarias, debido a las circunstancias provocadas por la pandemia del Covid19 y para conjurar sus efectos, el gobierno, que ha dado muestras de su incomodidad con la veeduría pública a sus ejecutorias, de manera abusiva amplió en el doble los términos para dar respuestas a solicitudes de información hechas en ejercicio del derecho constitucional de petición. Superada la emergencia y, frente a una ley aprobada en el Congreso para reestablecer los términos legales, Duque la objetó y es el momento en que se gestiona de nuevo el proyecto. De esa manera, el gobierno viola flagrantemente derechos constitucionales como la información y la participación, básicos en una democracia. ¡Y qué! En uno de los países del mundo donde más se asesinan defensores del medio ambiente y, no obstante ser un compromiso gubernamental y una exigencia de amplios sectores -expresada en las protestas de 2019 y 2021-, Duque se dio mañas para aparentar interés de tramitar ante el Congreso, a la vez que embolatar, la ratificación del Acuerdo de Escazú, “que tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.” En realidad el gobierno repudia Escazú a favor de ciertos intereses. ¡Y qué! Habiéndose comprometido Iván Duque, ante jóvenes y ambientalistas, durante la campaña presidencial de 2018, a no realizar “fracking” en la búsqueda de hidrocarburos en zonas donde se pusiera en riesgo el medio ambiente y los recursos hídricos; de manera irregular e inconsulta -luego de autorizar subrepticiamente varias pruebas de ese tipo-, a finales de marzo y ya de salida, a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), decidió dar la "viabilidad ambiental" al Proyecto Piloto Integral de Investigación PPII-YNC Kalé. Este le permite a Ecopetrol realizar pruebas de fracturamiento en un pozo del municipio Puerto Wilches en el departamento de Santander. Para nada se contempló lo considerado en el ignorado Acuerdo de Escazú, la posición de las comunidades afectadas, ni importó la opinión adversa de las fuerzas de oposición con opción de ser gobierno desde el próximo agosto. ¡Y qué! En junio de 2020, mediante decreto en uso de facultades excepcionales por declaratoria de emergencia económica y sanitara ante la pandemia, Duque determinó el traslado del 20 por ciento de las pensiones de retiro programado con salario mínimo, unas 20.000 personas, de los fondos privados a Colpensiones, cambio que incluía el valor del saldo de la cuenta de ahorro individual y los rendimientos del afiliado, más el bono pensional, “para proteger los portafolios de estos fondos afectados con la crisis por el coronavirus”. Por supuesto, con el respaldo de las AFP. La Corte Constitucional echó para atrás la medida. Luego, intentó trasladar una “tajada mayor” para “caja menor”, en la fracasada y explosiva reforma tributaria Carrasquilla. Ahí, los fondos reaccionaron en contra, como era obvio -es la plata de hacer plata barato- y los abogados advirtieron, el gobierno declinó sin sonrojarse del intento de raponazo. ¡Y qué! Para nada sorprende que, frente a la propuesta de Gustavo Petro de garantizar el derecho de los colombianos a una pensión mínima -creando un pilar básico de recaudo público y limitando la disponibilidad de dinero barato para inversiones de las administradoras de fondos pensionales en proyectos de grandes utilidades retribuidas a “huevo” a los ahorradores, que también asumen el riesgo de posibles pérdidas-, Duque saliera a hablar de “robo”, mientras celebraba en el Palacio de Nariño el anuncio de las AFP de invertir dineros de los ahorradores en obras y papeles como “su aporte” al desarrollo del país. La derecha feliz financiando con la plata de los pobres la ganancia de los ricos mientras acusa de “expropiadores” a quienes buscan algo de justicia distributiva. ¡Y qué! Ya cuando todo es posible y nada asombra en tanta pequeñez al servicio de los poderosos, el gobierno Duque, a escasos meses de partir, envía un proyecto de ley al Congreso, disfrazado de protocolo para el empalme de gobierno entrante y saliente, con el que pretende otorgarle al Ministro de Defensa y la cúpula de las Fuerzas Militares, conformada hoy con votos de fidelidad al uribismo, un fuero especial para que se reserve la facultad de entregar al nuevo mandatario información estratégica de seguridad nacional. Algo así como un traspaso de poder restringido. Ni Pinochet -que en Chile hoy es una nausebunda e inmerecida parte de la historia- se atrevió a tanto. ¡Y qué! Otra triquiñuela más, como la que modificó la Ley de Garantías Electorales con un mico en la Reforma Tributaria para liberar convenios administrativos que permitieran “meter mano” en las regiones; la decisión ilegal de la junta de Ecopetrol de doblar el período de sus miembros para intentar sabotear la estrategia de sustitución de hidrocarburos de Petro; el intento de dejar Contralor, organismos de control y cortes amarrados con amigos y las intervenciones presidenciales en el debate electoral contra las propuestas del candidato Petro o las decisiones de las cortes, mientras finge neutralidad y respeto a la división de poderes . ¡Y qué! Duque y sus jefes en el establecimiento pretenden que el nuevo gobierno quede atado al pasado en decisiones importantes para impedir que el cambio circule por cauces legales y legítimos y haya trincheras “adentro y afuera” para controlarlo. Pero la misma institucionalidad que tuerce y amasa a su antojo, podría darle al país, en un reato de decencia, respaldo a causas mayores, visión progresista democrática y escucha al clamor y mandato de la sociedad, la base jurídica y constitucional para que una propuesta alternativa abra una era de cambios. Terrible para Iván. ¡Y qué! *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares Diego Molano vuelve a ser nuestro personaje negativo de la semana. Esta vez, por sus pronunciamientos y acciones sobre el operativo de Puerto Leguízamo, Putumayo, en donde habrían muerto personas de la comunidad, aunque él afirma que se trataba de “narcococaleros” Por su parte, destacamos a Angélica Monsalve, una fiscal que ha hecho honor a su función para pedir imputación de argos a los empresarios Carlos Mario y Javier Ríos Velilla, y a su sobrino Felipe Ríos, exconcejal de Bogotá. Aunque ha recibido amenazas, sigue adelante con el caso.

Por: Camilo Díaz Suárez, investigador nacional Línea de Democracia y Gobernabilidad El pasado 3 de abril, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer la apertura de una investigación disciplinaria en contra Carlos Julio González Villa, gobernador del Huila en el periodo 2016-2019, a Henry Liscano Parra, secretario de Vías e Infraestructura y supervisor para la época de los hechos, y Ronald Alexis González Martínez, interventor del contrato. De acuerdo al ente de control, la investigación es por un presunto manejo irregular de recursos del Sistema General de Regalías, por la inversión y ejecución de estos en el contrato para la “construcción de obras de adecuación hidráulica y recuperación de las orillas de río Frío en el municipio de Campoalegre y Quebrada La Mosca en el municipio de Algeciras”. El cuestionado contrato En el 2018 fue suscrito un contrato entre la Gobernación del Huila y el Consorcio Dragados Huila 2018, para la “construcción de obras de adecuación hidráulica y recuperación de las orillas de río Frío en el municipio de Campoalegre y Quebrada La Mosca en el municipio de Algeciras”. Con el número del proceso SVSAMECOP0016-18, el valor del contrato fue de $10.491.619.961 y con un plazo de ejecución de 10 meses. Fuente: Secop El representante legal del Consorcio Dragados Huila 2018 era Carlos Andrés Ortega y estuvo integrado por: Además, se estableció el inicio de la obra el 18 de septiembre del 2018, implicando que su duración de 10 meses tendría por fecha de terminación en el mes de julio del 2019. Acta de Inicio del Contrato 1104 Fuente: Secop Sin embargo, transcurridos 6 meses del comienzo de las obras estipuladas en el contrato, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) expidió la Resolución No. 607 del 8 de marzo de 2019, en la que informó la suspensión de las actividades de construcción del canal en concretos sobre el cauce del Río Frío. Este hecho, no previsto por la Gobernación ni el Consorcio, llevó a una suspensión por 45 días de las obras. Tras una serie de actuaciones luego de la suspensión, la Contraloría General de la República anunció en el Informe de Actuación Especial de Fiscalización AT No. 245 de 2019 sobre recursos del Sistema General de Regalías en la vigencia 2012-2017 que: “El cumplimiento de los requisitos para obtener el permiso de ocupación del cauce del Río Frío y Quebrada la Mosca han sido intermitentes o discontinuos, por ello se puede inferir que no se tenía previsto el cumplimiento de los mismos, ratificando con ello la falta de planeación que ha generado injustificables atrasos en las obras que tiene en riesgo los recursos allí invertidos, aún más, cuando se deben realizar ajustes a los diseños sujetos a lo dispuesto en la Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas”. Así, para 2019, ante la suspensión, la Contraloría anunciaba el riesgo de pérdida de recursos anticipados girados al Consorcio Dragados Huila 2018 pon un valor de $5.245.809.980. Por ello, para el 15 de noviembre del 2019 se reanudaron las obras mediante el Acta de reinicio 1 de 2019, para ser suspendidas de nuevo en marzo del 2020. Acta de Suspensión 2 Fuente: Secop Hasta el 26 de mayo del 2020 se dio la reanudación de las obras, 11 meses después de la fecha de finalización del contrato establecida en un comienzo. Ante estas irregularidades, por la inversión y ejecución se dio la apertura de la investigación en contra de Carlos Julio González Villa, quien ha sido concejal de Neiva en dos ocasiones, diputado a la Asamblea Departamental, representante a la Cámara por Huila en 2002, Senador en 2006, gobernador del Huila en el periodo 2016-2019 y buscó llegar al Senado en el presente 2022, avalado por Cambio Radical, sin lograrlo con éxito. Otra investigación al clan González Villa Este clan es relativamente nuevo y se dio con el poderío que adquirió su líder Cielo González Villa. Si bien tuvieron cercanía con el clan Andrade, liderado por el exsenador Hernán Andrade, desde que Cielo González decidió aspirar a la Gobernación del Huila en 2015 empezó a asentar su poder. Con ello, junto con su hermano, Carlos Julio González Villa, son los líderes del partido Cambio Radical en el Huila. Con ello han construido un poder que les ha permitido mantenerse vigentes y el cual es cada vez mayor. Aspiraron en 2019 a la Gobernación del Huila con Carlos Ramiro Cuellar, pero quedaron segundos en la votación. Sin embargo, consiguieron la alcaldía de Neiva, con Gorky Muñoz, la ciudad del departamento que más aporta votación en las elecciones. Cielo González ha tenido más de 30 investigaciones penales, disciplinarias y fiscales, entre las que se encuentra que fue sancionada e inhabilitada por la Procuraduría por la firma de un convenio interadministrativo, por 944 millones de pesos, con la Universidad Surcolombiana para la interventoría de contratos de obra, sin que esta tuviera experiencia. Esto habría sucedido cuando ella era alcaldesa de Neiva. Además, acaba de ser condenada a 48 meses de cárcel por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por firmar irregularmente un contrato por 360 millones de pesos para mejorar el acueducto de Neiva. Cielo González también fue sancionada por utilizar 30.000 millones de pesos del reservorio para Neiva y por obras contratadas y no construidas. Su esposo, Germán Trujillo, fue sentenciado a 3 años de cárcel por incumplimiento de un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en Santander, firmado por más de 30.000 millones con la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana, empresa con lazos con los hermanos González Villa. Trujillo fue imputado por los delitos de falsedad Ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Por: Laura Cano Aunque se veía venir y se insistía en ello desde su captura el pasado 23 de octubre, ahora sí tiene luz verde la solicitud de extradición de Dairo Antonio Úsuga David, más conocido como “Otoniel”, exjefe del Clan del Golfo y uno de los hombres con el prontuario criminal más grande, quien tenía un dosier lleno de desplazamientos forzados, asesinatos, masacres, violencia sexual y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Tenía circular roja de la Interpol, más de un centenar de órdenes de captura en Colombia, y se encontraba en la lista de las personas más buscadas por la DEA. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló sin condicionamientos especiales la extradición a Estados Unidos, país que solicitaba a “Otoniel” por los delitos de tráfico de narcóticos, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Esto se había hecho mediante una acusación el pasado 2 de noviembre de 2021 enviada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, así como una por la Corte para el Distrito Este de Nueva York, expedida el 23 de octubre de 2015 por el delito de participar en una empresa criminal y en delitos de narcóticos. Hay que recordar que la extradición de “Otoniel” ya tenía el visto bueno tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores como del Ministerio de Justicia. Más exactamente, desde la justicia de Estados Unidos la investigación sobre “Otoniel” indica que desde 2002, hasta el año de su captura en Colombia, 2021, el implicado envió cocaína a México y otros países de Centroamericana para llegar al mercado de Estados Unidos; esto, a través de un red criminal que incluía personas de Venezuela, Ecuador, Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y México. Mientras, en Colombia lo acusan de haber participado en asesinatos, agresiones, secuestros y atentados, tanto a mano propia como por medio de contratación a terceros. “Otoniel”, desde su captura, había intentado reversar la decisión de su extradición. A inicios de marzo, su defensa solicitó que se le aplicara la garantía de no extradición que contempló el acuerdo de paz, alegando que fue colaborador de las Farc. Cabe precisar que “Otoniel” pidió igualmente a la JEP la garantía de no extradición y pidió acogerse a la justicia especial como tercero civil. Sin embargo, hay que traer a colación que el pasado 25 de marzo la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP rechazó el sometimiento de Úsuga, pues determinó que las pruebas no fueron suficientes para acreditarlo como tercero colaborador. A pesar de esto, hay que decir que “Otoniel” había asistido al tribunal de la paz a hablar sobre alianzas de grupos paramilitares con terceros, así como del conflicto armado en el Urabá y sobre los falsos positivos en Casanare y los Llanos Orientales, y la relación de esto con comandantes de distintos batallones del Ejército Nacional. Asimismo, Úsuga también asistió a la Comisión de la Verdad en donde habló con varios comisionados sobre su responsabilidad y lo que conocía en ocasión al conflicto armado. Hay que decir que estas acciones de “Otoniel” estuvieron rodeadas de irregularidades. En una de sus últimas acciones en la JEP, el pasado 21 de marzo se conoció que en la audiencia en la que se esperaba que alias “Otoniel” declarara en el marco del macrocaso 04, sobre la situación de violencia en el Urabá, se presentó una interrupción por parte de miembros uniformados de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), de la Policía. Dichos integrantes de la fuerza pública habían solicitado estar presentes y además se negaron a dejar cerrada la puerta del recinto, requisito necesario para proteger la reserva del testimonio que ‘Otoniel’ entregaría. Pero esa no fue la primera vez, el pasado 09 de marzo la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP canceló una audiencia en la que se esperaba que el implicado hablara sobre los falsos positivos en Casanare y los Llanos Orientales y diera información sobre la participación en estos hechos de los entonces comandantes de la Brigada XVI del Ejército en Casanare, los generales Leonardo Barrera y Henry Torres Escalante. Sin embargo, cuatro policías no salieron de la sala, argumentando que por temas de seguridad no lo podían hacer, incluso cuando se les advirtió que su presencia vulneraba la confidencialidad de la diligencia. A mediados de febrero otra audiencia de “Otoniel” fue cancelada, pero en esa ocasión era ante la Comisión de la Verdad, organismo ante el que también está dando sus versiones como actor del conflicto armado. En ese momento, la Policía Nacional fue la que tomó la decisión alegando que había una sospecha de un supuesto intento de fuga. "Fuentes humanas e información de inteligencia recolectada (...) han advertido con solidez acerca de los planes del Clan del Golfo, el grupo que lideraba 'Otoniel', "para propiciar su liberación, por lo que tomó esa decisión”, se aseveraba. Adicionalmente, el 19 de febrero la Comisión de la Verdad denunció que personas sin identificar habían ingresado a la vivienda de Eduardo Andrés Celis Rodríguez, investigador de la Comisión, robando dos grabadoras y un computador. El hecho sucedió tras una entrevista con alias “Otoniel”. Ahora bien, respecto a la reciente decisión hay que decir que queda en manos del Gobierno colombiano para que firme el documento que autoriza la extradición del máximo jefe del Clan del Golfo. Asimismo, vale la pena señalar que respecto a muchas solicitudes de víctimas del conflicto en Colombia para que “Otoniel” no fuera extraditado, la Corte Suprema puntualizó que “La Sala no desconoce el derecho que tienen las víctimas de los múltiples delitos cometidos por Dairo Antonio Úsuga en el territorio nacional a conocer la verdad, a que se haga justicia y a ser reparados de manera efectiva. Sin embargo, la Corte no puede dejar de considerar la actitud renuente, contumaz y de desprecio absoluto que, en el pasado, ha asumido el requerido frente a las víctimas y el sistema de justicia nacional”. Lea también: Las rutas de ‘Otoniel’ Faltará ver qué pasa una vez ‘Otoniel’ sea extraditado, si en efecto el compromiso de verdad con las víctimas permanecerá, y si se dan las garantías por parte de las instituciones de que Otonie pueda aportar de lo que sabe sobre el conflicto en el esclarecimiento del mismo. Esto, partiendo de la oposición que parecieran estar haciendo algunos sectores para que se conozcan la participación de terceros en los hechos violentos que han marcado el país, oposición que ha quedado demostrada en los altercados que han sufrido los anteriores intentos de declaración de úsuga tanto en la JEP como en la Comisión de la Verdad. Se esperaría que esta extradición no sea una barrera para la verdad.

Por: José Aristizábal Colombia vive por estos días dos fenómenos extraordinarios. El uno, la irrupción de Francia Márquez y el triunfo seguro de la fórmula Petro-Francia en la primera vuelta. El otro, la expectativa por saber si las mafias del paramilitarismo, tan firmemente posicionadas entre las élites económicas y políticas que manejan el país van a aceptar ese triunfo, si van a entregar su poder ejecutivo y una buena parte de su legislativo (con todo lo que esto implica en millones de dólares y su total impunidad) o qué van a hacer. La candidatura Petro-Francia es un caso extraordinario de esos en que el todo es muchisísimo más grande que la suma de las partes. La irrupción de Francia va a profundizar la votación a su favor hacia abajo, hacia los nadies, los excluidos, los empobrecidos y la gente sana y decente que está mamada del desbocamiento de la violencia y la corrupción. Porque ella incorpora las insubordinaciones de las mujeres, de los jóvenes, los indios, los negros, y quienes luchan por frenar el extractivismo y el calentamiento del planeta. Esas insubordinaciones necesitan saltar de la resistencia a la distribución de siquiera una parte del poder para parar la matazón del liderazgo social, hacer la paz y seguir trabajando por sus autonomías. Y la unión de esa fórmula, catapulta esas insubordinaciones. Ganarán suficientemente el 29 mayo. Ante esta realidad ¿qué está preparando el régimen de esas mafias paramilitares? ¿Qué van a hacer? Que se roben las elecciones no será nada nuevo; ese es su vicio. Lo grave son dos cosas: ¿A qué precio? Y ¿qué pasará entre ese robo y su necesidad de ganar a como dé lugar en la segunda vuelta? A las élites económicas y políticas que aún no están tan comprometidas con esas mafias les cabe pensar si serán cómplices de fenómenos similares a los del 9 de abril de 1948, los cuales serían la condena a un Estado fallido por otras dos generaciones más. No es una simple especulación: ya comenzaron las amenazas. Y a las grandes mayorías del país nos corresponde prepararnos para las dos acciones extraordinarias que reclaman esos dos fenómenos extraordinarios: la primera es un triunfo más que suficiente, tan abrumador, contundente e imparable, que les sea imposible desconocerlo; la segunda, una desbordante movilización pacífica nacional e internacional y una desobediencia activa, nunca antes vistas, para defender en plazas, calles y barrios la democracia de abajo y el inicio del cambio. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Cano El pasado 13 de marzo, como había sido advertido, brillaron las irregularidades en medio de la jornada de elección. Estas llevaron, incluso, a solicitar un reconteo de votos. En este el Pacto Histórico consiguió 20 curules en el Senado, diferente al registro inicial. Además, también se denunciaron relacionadas con fallas en la página de la Registraduría, la falta de preparación de jurados y la no entrega adecuada de los tarjetones. Así las cosas, el pasado 17 de marzo el Congreso decidió citar a un debate de control político al registrador nacional, Alexander Vega, “He tenido la información de votos que no aparecen registrados y es gente que votó por nosotros, que reportó esa votación, alteraciones en los formularios E-14, inconsistencias en el preconteo, aquí hay un sin número de irregularidades que se suman a las 29.000 mesas denunciadas por el Pacto Histórico y por Fuerza Ciudadana y el común denominador es que eso nos está ocurriendo a las fuerzas progresistas”, dijo Antonio Sanguino a los medios de comunicación. Así, en cabeza de una solicitud del partido Conservador se había citado para este 05 de abril el debate de control político en el Senado para conocer qué tipo de actividades y controles realizaron las entidades comprometidas con el proceso electoral. Lo anterior, a propósito de diversos hechos conocidos por la opinión pública y denunciados a través de medios de comunicación que pusieron en entredicho la actuación de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la empresa INDRA, proveedora del software de las elecciones del 13 de marzo. Son cerca de 25 los interrogantes que responderá el Registrador Nacional del Estado Civil, junto con otros funcionarios públicos. No obstante, Alexander Vega no llegó a este debate, argumentando que estaba atendiendo múltiples compromisos relacionados con el proceso electoral, como el escrutinio y la organización de las elecciones presidenciales. Ante esto envió a tres delegados entre ellos a Nicolás Farfán, quien informó que se cometieron errores en la transcripción de datos, lo cual perjudicó el preconteo, y que una de las acciones de la Registraduría ante esto ha sido pedir a la Fiscalía y a la Procuraduría determinar la posible responsabilidad penal o disciplinaria en la que habrían incurrido los jurados de votación de 5.109 mesas de votación. Además, por su parte, los congresistas fueron enfáticos en expresar su rechazo tanto a la inasistencia de Vega, como a lo ocurrido el 13 de marzo. El senador Efraín Cepeda del Partido Conservador aseveró que “Si para la elección presidencial, en primera o segunda vuelta, se presenta un hecho similar al acontecido en el Congreso podría desembocar en un estallido social sin precedentes en la historia reciente de Colombia”. Asimismo, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, solicitó "a las autoridades de Colombia y al Gobierno Nacional que tomen las medidas necesarias para separar a Alexander Vega del cargo del Registrador Nacional del Estado Civil y nombrar un registrador ad hoc que nos garantice unas elecciones transparentes para la Presidencia de la República”, indicó. Este lunes la Alianza de Veeduría Electoral, de la cual hace parte la Fundación Paz y Reconciliación, presentó las principales irregularidades del Registrador, entre las que están la extralimitación de sus funciones al solicitar un reconteo general que no tiene cabida en la normatividad actual y la omisión en sus funciones en el proceso de planeación a nivel contractual. De hecho, León Valencia, director de la Fundación, aseguró que toda esta situación alrededor de Vega “es tan dramática que habría la posibilidad de que las cortes estudiaran la posibilidad de un registrador ad hoc, al menos para la primera y segunda vuelta de los comicios presidenciales. (...) Sería un mensaje muy fuerte, para no dejarlo en la voluntad del registrador, porque mucha gente le ha pedido la renuncia, pero en Colombia nadie renuncia en los escándalos más grandes”, agregó. Así las cosas, Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad, analizó ante la inasistencia de Alexander Vega y expresó que “el mensaje que da es que él no le responde a nadie. Él no tiene ningún contrapeso ni control. Lo cual es sumamente grave, porque va a quedar todo impune. Finalmente, es bastante grave también que para pasearse durante 2020 y casi vivir en el Congreso para que la aprobaran el nuevo Código Electoral y un incremento abultado del presupuesto y de facultades extraordinarias, sí tuviera toda la voluntad política, pero para responder por todos los errores se esconda. Es un registrador que no da la cara ni asume sus responsabilidades y nadie le pone freno”.

Por: Damian Rodríguez Vera La semana pasada, más específicamente del 21 a 26 de Marzo, un grupo de organizaciones de DDHH realizamos a modo de Caravana un viaje hasta el departamento de Arauca con la intención de visibilizar la aguda crisis humanitaria que se está viviendo en el territorio. Y aunque fueron distintos los municipios por los cuales la Caravana realizó sus paradas, las denuncias y exigencias hechas por organizaciones sociales, víctimas y habitantes del pueblo araucano coincidieron en más de una ocasión. Acá hay una disidencia disfrazada de insurgencia En Saravena, el día 19 de Enero un carro bomba explota en cercanías del edificio Héctor Alirio Martínez, lugar en el que coinciden distintas organizaciones sociales y de derechos humanos. El atentado fue reconocido por parte de la disidencia del frente 28 de las FARC en un comunicado tres días después. En el documento reza no solo la responsabilidad, sino en una serie de señalamientos que con nombre propio esta disidencia establece como objetivo militar a varias personas y organizaciones que hacen su labor en el departamento. El día que arribamos a Fortul, uno de los líderes del municipio exponía que el papel de las disidencias de las FARC- en especial atención aquellas que eran lideradas por el difunto disidente Jorge Eliecer Jiménez, alias Arturo- la disidencia frente 10 Martín Villa, como también la disidencia frente 28 José María Córdoba usan el rótulo de insurgencia a pesar de que su finalidad es la de minar con el trabajo social y político de las organizaciones en la región. La muestra más palmaria de lo manifestado hace un momento es el atentado en el edificio Héctor Alirio Martínez. Era de sorprender que en cada uno de los municipios donde paraba la Caravana, había un líder comunal o de alguna organización que se reconocía como víctima dado que sufrió los estragos del 19 de Enero. Otro de las experiencias manifestadas por parte de los habitantes del departamento es el de desmitificar el imaginario de que, en Arauca lo único que existe es un enfrentamiento entre dos actores armados como es el ELN y la disidencia de las FARC pues, el ejército es un actor más del conflicto armado en la medida que la población vive en un constante riesgo ante posibles enfrentamientos entre el Ejército y los grupos armados al punto de peligrar la vida de niños y niñas. Por ejemplo, en el municipio de Fortul han presentado denuncias sobre la existencia de garitas en cercanías de instituciones educativas. Además, distintas víctimas han señalado que la estrategia de militarizar el departamento no ha surtido efecto y que, la seguridad sigue siendo un problema. Vale mencionar también que, las organizaciones sociales no son las únicas que viven con el azote de los actores armados. Los excombatientes y firmantes del acuerdo ubicados en la ETCR de la vereda Filipinas han denunciado que llevan cerca de un año confinados por las constantes amenazas. Además, con más de nueve excombatientes asesinados y más de cincuenta desplazados en el departamento, se peligra un nuevo ciclo de violencia que tendrá como efecto el genocidio de una agrupación política que decidió decirle adiós a las armas. ¿Arauca es conflicto armado? Una de las narrativas más difundidas es que, el problema que tiene el departamento reside exclusivamente en el conflicto armado. No obstante, muchas de las denuncias han develado una presencia diferenciada en el Estado en Arauca, es decir, para unas cosas el Estado existe y para otras no. Existe Estado para custodiar con más de tres batallones energéticos los oleoductos en el territorio, pero no existe Estado que garantice agua potable en la zona rural del departamento. Un ejemplo emblemático de esta presencia diferenciada del Estado han sido las denuncias por los maestros en el municipio de Arauquita. A fines de Julio del 2021 en el que el sector educativo retornó a la presencialidad, manifestaron que los estudiantes no pueden regresar a clases debido que, no existe transporte que pueda garantizar que puedan llegar a las escuelas. Además, manifiestan que existe una deserción cerca del 35%. Deserción que, en palabras de algunos maestros es profundizada por los actores armados donde se han presentado casos de reclutamiento forzado. Y como colofón, aquellos maestros y maestras que se han convertido en un eje importante en la articulación de la vida social en los municipios, manifiestan que tienen alrededor de 20 docentes quiénes han sido amenazados por los grupos armados. En suma, Arauca se han amalgamado distintos problemas que van desde el conflicto armado, hasta una precaria presencia institucional del Estado en diversas dimensiones de la vida social en el departamento. El estigma de creer que lo único que necesita Arauca es mayor presencia militar, tiene como consecuencia otra serie de problemas estructurales que urgen ser resueltos en cada municipio. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos El mes de marzo cierra con siete masacres, concentradas en seis departamentos del país, que segaron la vida de 24 personas. Para este boletín reportamos algunas particularidades como la concentración de la mayoría de los hechos en zonas urbanas, la afectación a menores de edad, el aumento de masacres según el mismo periodo para el año anterior, y el presunto caso de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército Nacional. En el siguiente mapa puedes encontrar todas las masacres registradas en marzo. Para conocer todos los detalles de hechos, conflictos, víctimas y presuntos responsables de los casos registrados, consulta el boletín completo.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia En la actualidad, buena parte de las economías del mundo, entre ellas Colombia, están en riesgo de sufrir de estanflación, así lo indicó Carmen Reinhart, vicepresidenta y economista jefe del Banco Mundial. Esta es una enfermedad muy peligrosa y contagiosa, identificada en la década de 1960 por Ian McLeod –el ministro de finanzas del gobierno británico–, en la que confluyen tanto los signos de una caída o parálisis del crecimiento económico –estancamiento– como un incremento sostenido de los precios –inflación–. El estancamiento –que es el primero de los dos componentes– ha sido uno de los problemas que más ha preocupado en la historia a los agentes de la economía. Pues, la parálisis del crecimiento del producto interno bruto (PIB) –que es el principal indicador de la riqueza nacional– conlleva un deterioro en los niveles de inversión productiva, en las tasas de ocupación o desempleo y en el nivel de vida de la sociedad. La inflación, que es la segunda enfermedad, se presenta cuando los precios de los bienes y servicios comienzan a crecer desaforadamente, afectando el poder adquisitivo de los consumidores, en especial, de la población pobre –que son la mayoría en el sistema capitalista–. Esta población ve cómo sus ingresos les representa cada vez menos dinero para conseguir todo lo útil para la vida. Como se dijo, esta agresiva enfermedad comenzó a manifestarse hace 60 años y mostró su poder destructor en el decenio de 1970, con la llamada crisis del petróleo. Al igual que está pasando hoy, en aquella época se desató una serie de fenómenos: comenzó con un incremento extraordinario en el precio de este insumo para la industria y las familias; le siguió un aumento en los costos de producción y los precios de los bienes y servicios finales; y culminó con una reducción en el consumo de los hogares que hizo que las economías cayeran. El fenómeno de estanflación trajo grandes efectos para la sociedad, entre ellos, la crisis del modelo de desarrollo intervencionista y la búsqueda de uno nuevo. A partir de la crisis, entre las recomendaciones que se hicieron a los hacedores de política estuvo una reducción en la asistencia social y, con ello, en el gasto e inversión del Estado. Estas recomendaciones fueron aplicadas sin crítica en las décadas siguientes y con ello se dio origen al surgimiento del modelo neoliberal. Lo problemático es que, en el momento actual, la economía mundial de nuevo se enfrenta al riesgo inminente de la estanflación. En los tres últimos años han confluido una serie de fenómenos sociales, políticos y económicos que han conspirado para que esta grave enfermedad se manifieste nuevamente y amenace con extenderse a nuestro país. Los detonantes han sido la situación de pobreza que causó la Covid y que a pesar del aumento en el gasto público hoy se mantiene; la invasión de Rusia a Ucrania que está teniendo graves repercusiones en todo el globo, entre ellas, el elevado costos de vida; y finalmente, la volatilidad y el incremento en el precio de los commodities que han llevado a un fenómeno inflacionario no visto en décadas  – a febrero de 2022 ha subido a 8% anual en Estados Unidos y 7,5% en Europa–. Una enfermedad letal, la más letal de todas, que inicia en un país o un sector de la economía, y luego se extiende al conjunto de ella, contagiando a todos los países con los que está interconectado; amenazando, incluso, con llegar a muchos rincones del planeta, debido, precisamente, al vínculo que existe entre todas las naciones. Un ejemplo es Colombia, esta nación hoy comienza a sentir los efectos de la interconexión con el mercado mundial. En el último semestre observa cómo el nivel de precios se eleva a casi dos dígitos, un fenómeno ya extraño para el país, pero que debido al incremento de los precios en el petróleo y otros insumos industriales comienza a preocupar a las autoridades monetarias. La forma tradicional como se ha buscado soluciones al problema dual de la estanflación ha sido tratarlos por separado. Unas veces mediante una variación en el gasto público aplicando políticas fiscales –expansivas o contractivas–. Y otras veces, mediante aumentos en las tasas de interés propias de la política monetaria. Pero estos tratamientos convencionales generalmente no funcionan. Estamos ante el peor de los males, pues lo que se hace con una medida de política para controlar una enfermedad hace que la otra se profundice más. Así, por ejemplo, la Junta Directiva del Banco de la República –que representan los médicos especialistas en el cuidado de la inflación– determinó hace poco que para controlar el incremento de los precios que se vive en el país, la medida indicada era una elevación de 100 puntos básicos en las tasas de referencia –pasó de 4 a 5 por ciento para el crédito de última instancia que otorga a los bancos comerciales–. Este es un tratamiento tradicional, bastante usado y muy efectivo para controlar el cremento en los precios. Remedio que esta dirigido a subir el costo del dinero y enfriar la economía; y que tiene como efecto positivo un control de la inflación y con ello los daños colaterales en la desigualdad y la pobreza. Pero, al mismo tiempo, el incremento en la tasa de interés puede tener efectos dañinos sobre el nivel empleo, los empresarios pueden considerar que esta medida vuelve muy costoso el invertir, lo cual generaría una caída en la producción. En conclusión, estamos ante un grave problema que tendremos que enfrentar próximamente en el país. Una enfermedad que deberemos afrontar con firmeza y en la que se requiere de un gran esfuerzo de imaginación de expertos y hacedores de política para tener una visión de conjunto. Una situación donde se enfrentarán múltiples miradas para controlar la inflación y el estancamiento. Un debate donde primarán, como siempre, intereses muy diversos, y que mostrarán las bondades y problemas de una u otra medida. Es en este escenario donde debemos hacer el llamado a colocar al frente del Gobierno, a personas expertas y responsables que conozcan tanto de políticas monetarias como fiscales, y que atiendan esta compleja enfermedad que afecta, a su vez, a varios sistemas del cuerpo social. Estamos ante un fenómeno que requiere de la coordinación de acciones y que exigen ser abordado de forma integral. Se necesitan médicos sociales expertos en economía que dialoguen y que eviten que este doble cáncer se extienda e invada todo el sistema económico. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Ernesto Medrano, asistente de investigación. Línea Democracia y Gobernabilidad En Arauca la clase política ha convivido con la presencia de diferentes estructuras armadas que tienen incidencia en el departamento fronterizo. La relación entre las autoridades locales y grupos armados ilegales como la guerrilla del ELN y grupos de autodefensas (AUC) ha sido una constante. Con el llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia -CSJ- al congresista José Vicente Carreño, se reabre un triste capítulo de la violencia en Colombia: el de la desaparición forzada. De acuerdo con la CSJ, Carreño habría participado en un caso de desaparición forzada en el departamento mientras se desempeñaba como policía. En la investigación se vincula al congresista por la desaparición forzada de Alejandro Santiesteban en 2003. Carreño se desempeñó como policía comunitario y, al parecer, habría sido escolta del ex gobernador de José Vicente Lozano, quien dirigió el departamento entre 1995 y 1997. Lozano fue condenado a nueve años de prisión por entregar contratos a la guerrilla del ELN mientras se desempañaba como gobernador. Los contratos que entregó Lozano tenían como finalidad la ejecución de obras públicas en el departamento, que se llevarían a cabo en los municipios de Cravo Norte y Fortúl. Según fuentes territoriales de Pares, gracias al acompañamiento de Lozano, Carreño llegó a los barrios y se dio a conocer entre los ciudadanos. Para 2013, Carreño se presentó a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical, pero declinó de su candidatura antes de la inscripción, por no encontrar garantías en la conformación de la lista. En 2015 el paramilitar Julio César Contreras, alias ‘Chapulín’, sostuvo ante Justicia y Paz que Carreño y alias ‘Cero tres’ habrían coordinado el ingreso de paramilitares al municipio de Tame en Arauca. A pesar de que el congresista ha negado el presunto vínculo, la articulación entre ex miembros de la fuerza pública y grupos armados ilegales ha sido recurrente en el departamento. Desde el 2019, la fiscalía solicitó la investigación de Carreño por presuntos vínculos con el Bloque paramilitar Vencedores de Arauca. De acuerdo con la fiscal de justicia transicional, Carreño habría permitido el ingreso de grupos paramilitares al municipio de Tame, con el objetivo facilitar que estas estructuras realizaran asesinatos y secuestros. La violencia como instrumento de competencia política Con la llegada de Álvaro Uribe en 2002 a la presidencia, el escenario político cambió tanto a nivel nacional como local, pues se produjo una ruptura del bipartidismo Liberal – Conservador en el país. Sin embargo, esta nueva composición del escenario político produjo la aparición de nuevas corrientes políticas en Arauca que compitieron con el Partido Liberal que se había impuesto en el territorio por décadas. Así mismo, con el cambio político llegó el cambio en el control territorial, a través de la consolidación de un nuevo actor armado en Arauca: las AUC. De acuerdo con la Unidad de Víctimas, entre el 2001 y el 2003 se reportaron 31.082 víctimas en el departamento, lo que evidencia la magnitud de la lucha por el control territorial. Fuente: Unidad de Víctimas A pesar de los vínculos históricos entre el ELN y las fuerzas políticas en el departamento, desde el 2001 se configuró una transformación en las dinámicas territoriales. Por un lado, la configuración de poder y alianzas entre los gobernadores del Partido Liberal y el ELN sufrió una ruptura por el asesinato de Alfredo Colmenares y Octavio Sarmiento, quienes supuestamente habrían sido cercanos al ELN. Por otra parte, las autodefensas lograron establecer relaciones con Julio Enrique Acosta, gobernador del 2004 al 2007, condenado por vínculos con las AUC. Las dinámicas de violencia en el departamento han sido una constante, pues entre el 2000 y el 2005 se presentaron 56.687 víctimas, de acuerdo con la Unidad de Víctimas. Fuente: Unidad de Víctimas Arauca: Diecisiete gobernadores en 30 años Entre 1992 y 2022 Arauca ha tenido 17 gobernadores, de los cuales 10 habrían sido separados sus cargos por irregularidades que van desde asuntos disciplinarios, pasando por actos de corrupción, hasta vínculos con grupos armados ilegales. Fuente: adaptado de Razón Pública, 2017 José Vicente Carreño: de policía al Congreso José Vicente Carreño fue policía comunitario en Arauca y posteriormente se habría convertido en guardaespaldas del ex gobernador José Vicente Lozano. Mientras acompañaba a Lozano, Carreño pudo moverse al interior de los círculos políticos del departamento, lo que le llevó a convertirse en político. Su primera incursión en política fue en 2014 como candidato a la Cámara de Representantes avalado por Cambio Radical. Sin embargo, retiró su candidatura por la ausencia de garantías en la confección de la lista. Después de retirar su candidatura en 2014, Carreño se lanzó a la Asamblea de Arauca en la lista cerrada presentada por el partido Centro Democrático, pero la lista no alcanzó los votos suficientes y se quemó. En 2018, Carreño volvió a intentar aspirar a la Cámara, avalado por el Centro Democrático, y obtuvo la segunda votación del partido en el departamento con 5.427 votos, y tras la destitución de Luis Emilio Tovar por doble militancia, alcanzó la curul como Representante a la Cámara. Esto le permitió fortalecer sus vínculos con los miembros de la fuerza pública retirados, a través de Asociación Colombiana de Oficiales FF.MM, Acore. De acuerdo con fuentes en el territorio, la agenda política de Carreño estuvo más alineada con los intereses de Acore, que con las necesidades del departamento. Por su parte, su hermano, Campo Elías Carreño Castro alias ‘El Genio’, ex integrante del Bloque Vencedores de Arauca, se desmovilizó en diciembre del 2005, junto con otros 547 integrantes del bloque de las AUC. En 2015, Campo Elías fue condenado a 8 años de cárcel por diversos delitos como homicidio en persona protegida, acceso carnal violento, actos de terrorismo y desaparición forzada. El mismo delito por el cual fue vinculado a la investigación José Vicente Carreño. Sin embargo, José Vicente ha sostenido que “no existen los delitos de sangre y que él no puede responder por las acciones de un familiar”. Adicionalmente, tanto José Vicente como Campo Elías prestaron sus servicios como policías en el departamento. La disputa por el poder electoral Tras el proceso de escrutinio y las irregularidades encontradas en el marco de las elecciones del 13 de marzo, el Centro Democrático fue uno de los partidos que perdió una curul, luego de que la coalición del Pacto Histórico denunciara la ausencia de votos en más de 29.000 mesas. El Centro Democrático bajó de 14 a 13 curules en el Senado, lo que afectó directamente a María Angélica Guerra, sobrina de la actual senadora María del Rosario Guerra de la Espriella, porque perdió su curul. Si bien José Vicente Carreño aun conserva la curul en el Senado, por tratarse de un proceso que contempla la comisión de un delito de lesa humanidad, su credencial como senador estaría en riesgo, en caso de ser condenado. Y la siguiente en la lista sería María Angélica Guerra. Para los conocedores de los asuntos electorales, la reactivación de un proceso que se encontraba engavetado, como el de Carreño, genera suspicacias. Principalmente, porque Carreño era uno de los candidatos al Senado más débiles de la lista de elegidos del partido. Para concluir, es claro que la disputa por el control político y territorial en Arauca ha estado marcada por las alianzas entre los actores armados y las autoridades locales, a tal punto que en los últimos 30 años el departamento ha tenido 17 gobernadores. Si bien hasta el 2001 el poder político lo concentraba el Partido Liberal y el control territorial estaba en manos del ELN, a finales del 2001 aparecieron otros actores que pusieron en jaque a las estructuras tradicionales. Con las incursiones de las AUC en el departamento se forjaron alianzas que se consolidaron en el 2004 con la llegada de Cambio Radical y el Partido de la U al poder local. Mientras se configuraba la transformación política y territorial en Arauca, entre el 2001 y el 2003 el actual congresista José Vicente Carreño, quien se desempeñaba como policía, habría permitido las incursiones de los grupos paramilitares y presuntamente habría participado en un caso de desaparición forzada en el departamento, como lo señala la Corte Suprema de Justicia. Siete años después del testimonio de alias ‘Chapulín’, la justicia llama a indagatoria al actual representante a la Cámara y próximo senador de la República por haber participado en la comisión de un delito de lesa humanidad. De esta manera, el Centro Democrático logra sumar un nuevo cuestionado en su bancada congresional.

Por: Camilo Díaz Suárez, investigador nacional Línea de Democracia y Gobernabilidad El 26 de abril se realizó un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes al que fue citado el ministro de defensa Diego Molano por los hechos ocurridos durante el operativo militar en Puerto Leguízamo, Putumayo, del pasado 28 de marzo. La moción de censura, de acuerdo al numeral 9 del artículo 135 de la Constitución política de Colombia, es un instrumento de control político que posibilita retirar a ministros de sus cargos por no cumplir o desestimar sus funciones. La moción requiere ser citada por, al menos, la décima parte de los miembros que componen la respectiva Cámara. La citación a la moción de censura se dio el pasado 12 abril, citada por 36 representantes a la Cámara por presuntas omisiones a diferentes funciones de Molano como ministro de defensa, en razón del operativo de Puerto Leguízamo, en la que se violaron normas del Derecho Internacional Humanitario. Para la aprobación de la moción de censura se requería el voto afirmativo del 51% de la corporación que la haya citado, en este caso, necesitaba 85 votos a favor de la moción en la Cámara de Representantes. Sin embargo, como se preveía por la composición política de la Cámara, se dieron 28 votos a favor, mientras que 116 representantes a la Cámara votaron en contra. Esto quiere decir que Diego Molano continuará siendo ministro de defensa y que la Cámara de Representantes no lo podrá citar a otra moción de censura por estos hechos. Molano salió impune: tampoco asistió al debate de control político Para el 3 de mayo Molano también había sido citado a un debate de control político por el operativo de Puerto Leguízamo, junto con Lina María Arbeláez, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Dicho debate fue establecido mediante la Proposición 82 por los senadores de la Alianza Verde Angélica Lozano y Antonio Sanguino, para que Molano respondiera ante la plenaria del Senado sobre “las operaciones militares que ha realizado el Ejército Nacional y en los cuales han sido víctimas civiles y menores de edad”. Esto en el marco del mencionado operativo, en el que una de las víctimas fue un menor de 16 años. Por estos hechos, el senador Antonio Sanguino señaló que: “el ministro Molano debe renunciar ante el macabro hecho que intentan justificar. Estamos hablando de la vida de un joven de 16 años, como otros menores que han muerto en operativos militares bajo la política de seguridad democrática del Gobierno Duque. Esto es indignante e insostenible”. De igual forma, la senadora Angélica Lozano sostuvo que las denuncias de la comunidad eran diferentes a la versión entregada por el Gobierno, implicando que hay información que demostraría una posible masacre en Puerto Leguízamo. El debate de control político debió hacerse el mismo día que el de moción de censura, el 26 de abril, pero fue aplazado para el 3 de mayo. Sin embargo, ese día la plenaria del Senado fue cancelada, porque Diego Molano aseguró que se encontraba en la región de la Orinoquía atendiendo asuntos extraordinarios de seguridad nacional, por lo que se aplazó de nuevo la sesión. El cuestionado operativo Como ya registró la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el 28 de marzo tuvo lugar una operación por parte de la división de asalto aéreo del Ejército Nacional en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo. Al momento del operativo se estaba realizando un bazar para financiar proyectos comunitarios. Según el Ejército, con la operación se buscaba capturar a uno de los líderes de la Segunda Marquetalia de las FARC. Sin embargo, el operativo terminó con la muerte de 11 personas que, de acuerdo con la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), no eran guerrilleros. Asimismo, testimonios de sobrevivientes del operativo y miembros de la comunidad han sostenido que las personas asesinadas eran campesinos que no pertenecían a ninguna estructura armada ilegal, contrario a lo que sostuvo Molano en el debate de moción de censura, refiriéndose a ellos como cocaleros. De igual forma, como lo dijo la representante Katherine Miranda, citando al informe de Misión Humanitaria de la Defensoría del Pueblo sobre las veredas Alto y Bajo Remanso, dos muertos no habían sido presentados por el Ejército, por lo que serían 13 los asesinados y no 11. Estas dos personas, como se puede ver en el informe, son Daniel Eduardo Paredes Sanjuan y Lizandro Paredes Sanjuan, quienes, incluso, habían sido miembros del Ejército. Sumado a ello, otras citantes de la moción de censura, como María José Pizarro y Juanita Goebertus, expusieron que en el operativo se habrían vulnerado los Convenios de Ginebra relativos a la protección de las víctimas de los conflictos de carácter no internacional. En especial el principio de distinción, el cual establece que “las partes en un conflicto armado deben distinguir en todo momento entre combatientes y objetivos militares, por un lado, y personas civiles y bienes de carácter civil, por el otro, y atacar sólo a los objetivos legítimos”. Pese a estos argumentos expuestos por los citantes de la moción de censura, esta no pasó y, por ahora, Diego Molano continúa en su cargo como ministro de Defensa.