Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad El 25 marzo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) expidió la Resolución 00648, que otorgó una licencia ambiental para un proyecto piloto de investigación “en yacimientos no convencionales con fracturamiento hidráulico y perforación horizontal”. En otras palabras, le dio luz verde a un piloto de fracking en Puerto Wilches, Santander. Con esta licencia, se explorará esta técnica de extracción de hidrocarburos, por medio de la perforación de capas de roca que se encuentran a gran profundidad y donde se encuentra atrapado gas o petróleo. En primer lugar, se hace una perforación vertical hasta alcanzar la roca de esquisto. Posterior a ello, en segundo lugar, se realiza una perforación horizontal y se inyectan, a altas presiones, mezcla de agua, arena y sustancias químicas. Si bien no es una técnica nueva, ya que se puede rastrar su utilización a la década de los 50 en el Reino Unido, a raíz de la experiencia en Estados Unidos se ha vuelto controversial a causa de sus impactos medio ambientales. Además, el anuncio del proyecto piloto se ha visto rodeado de presiones, inconformidades y una ausencia en la respuesta por parte de las autoridades a las demandas de los habitantes de Puerto Wilches. Este ambiente rodea la espera de la autorización del segundo proyecto piloto de fracking llamado Platero, que fue radicado el pasado 15 de febrero ante la ANLA. Los daños medio ambientales La extracción de hidrocarburos por medio del fracking tiene una serie de implicaciones demostradas, que han sido ilustradas con la experiencia que ha tenido Estados Unidos. De acuerdo con el director de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de la Salle, Duván Javier Mesa, esta técnica implica “riesgos de explosión, contaminación de acuíferos, generación de sequías en fuentes de agua, rupturas de las capas de suelo subterráneas, dificultades en las áreas de ganadería, agricultura y turismo, además, de la afectación directa de la calidad de vida de los habitantes de las zonas donde se practique”. Los impactos más grandes de esta técnica de extracción recaen sobre acuíferos y el ciclo del agua. Durante el proceso de fractura hidráulica, se filtran químicos e hidrocarburos como el benceno y ciertas cantidades de gas metano, que terminan contaminando aguas subterráneas que llegan a ser utilizadas por comunidades locales para su consumo. Sumado a ello, grandes porcentajes de los líquidos utilizados para la fracturación, no se pueden recuperar del suelo y, a causa de los químicos que contiene, no llegan a ser biodegradable. Además, en el proceso se utilizan grandes cantidades de agua de la que cerca de un 90% no regresa a la superficie, retirándola de su ciclo natural, conduciendo a posibles sequías o escasez de agua. Por otro lado, el líquido residual se tiende a colocar en una fosa a cielo abierto para que se evapore, lo cual lleva, siguiendo a Carlos Delgado, director de laboratorio en el ICA, a liberar “peligrosos compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera, contaminando el aire, generando lluvia ácida y aumentando los índices de ozono a nivel del suelo”. En especial, porque en el proceso se libera gas metano, un gas de efecto invernadero, que atrapa bastante calor. Esto, sin contar el hecho de que esta técnica de extracción puede influir en la actividad sísmica. Su práctica puede inducir a un riesgo de diferentes dimensiones en las comunidades aledañas a donde se realizará el proyecto piloto, sin indagar en su impacto sobre la flora y fauna de la región. Si bien es un proyecto piloto, la Alianza Colombia Libre de Fracking ya señala que lo que se encuentra en juego “son nuestros bienes comunes, el agua, la vida, la biodiversidad y la salud de los habitantes de esa región”. Para Óscar Sampayo, integrante de la Corporación Regional Yariguíes, Grupo de Estudios Extractivos, Ambientales y Sociales del Magdalena Medio, el proyecto Kalé captaría del río Magdalena o del río Sogamoso más de 40 millones de litros de agua que serían mezclados con los químicos y la arena que se necesita para la técnica de extracción. Con ello, la contaminación de las ciénagas sería inminente ya que Kalé está a menos de siete kilómetros de la ciénaga de Paredes, mientras que Platero es cercano a la ciénaga Montecristo. Ambas ciénagas se encuentran cercanas al río Magdalena. Un proyecto a punta de presiones y amenazas a la comunidad Ya en el 2019 el Consejo de Estado le había dado luz verde al proyecto piloto Kalé, pero los habitantes de Puerto Wilches se enteraron de la licencia expedida por la ANLA el pasado 27 de marzo. De momento, el proyecto busca identificar el nivel de riegos para desarrollar esta técnica en el país. Respecto a su aprobación, la Alianza Colombia Libre de Fracking indicó que ante un proceso de licenciamiento ambiental sin antecedentes, se desarrolló en 5 meses y “con numerosas voces de rechazo, serios cuestionamientos al trámite y el aumento de los hechos de violencia en el Magdalena Medio, incluyendo amenazas de muerte que implicaron el exilio de una activista de la región”. En efecto, las amenazas han sido una constate que ha rodeado al proyecto. Las organizaciones Alianza Colombia Libre de Fracking, Aguawil y No al Fracking en Puerto de Wilches desde el año pasado exigieron protección a quienes venía promoviendo una agenda en contra del proyecto, a causa de diversas amenazas recibidas. Pese a ello, diferentes líderes en contra del fracking en Puerto Wilches han denunciado que las amenazas continuaron. Un reflejo de esto es el caso de Yuvelis Natalia Morales, activista de Aguawil, quien tuvo que salir de Colombia el pasado 22 de febrero por amenazas de muerte en su contra por su activismo en contra del proyecto. Sin embargo, este no es un caso aislado. Varios jóvenes del Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio (AguaWil) también denunciaron amenazas en su contra, mientras que otros líderes comunitarios y ambientales señalaron vivir con constantes amenazas sin respuesta por parte de las autoridades permanentes. Eso no deja de ser una cuestión menor, ya que Colombia, de acuerdo con Global Witness, es el país con más asesinatos cometidos en contra de personas defensoras del medio ambiente. Incluso, este panorama llegó hasta el concejal del partido de la U Johan Ruiz, dueño del predio donde se realizará el proyecto Kalé, que ha sostenido estar en contra del proyecto y no recibir ningún tipo de contraprestación por parte de Ecopetrol, lo que le ha llevado a recibir amenazas. Este escenario ha sido consecuencia de la oposición que ha tenido la comunidad de Puerto Wilches frente al proyecto. Sumado a esto, los 13 concejales del municipio se oponen a la realización del piloto y han denunciado que este no ha contado con la socialización pertinente. Entre una tutela y cuestionamientos a la supervisión del proyecto Ante la preocupación de la comunidad y el entorno que ha rodeado a Kalé, Ecopetrol S.A., el Ministerio del Interior y la ANLA fueron entutelados por haber pasado por encima el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades étnicas de Puerto Wilches. Ante el juzgado 21 administrativo oral de Bogotá, la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches (Afrowilches) sostuvo que ninguna de las tres entidades mencionadas cumplió con el requisito de consulta previa con las comunidades para otorgar la licencia ambiental, lo cual llevaría a su suspensión. Cabe mencionar que Afrowilches se encuentra en el Registro Público Único Nacional de Organizaciones de Base de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y, desde el 2018, está en un proceso de titulación colectiva de tierras en zonas cercanas a los dos pilotos de fracking Kalé y Platero mientras espera ser inscrita como Consejo Comunitario Afro. Esta tutela se suma a otra ya presentada por la Mesa Ambiental de Puerto Wilches y la Alianza Colombia Libre de Fracking ante el Consejo de Estado “por la presunta violación a los derechos fundamentales a la participación ambiental, acceso a la información, debido proceso y vida e integridad de la comunidad de la zona”. Además, al proceso lo acompañan los lineamientos establecidos en el Decreto 328 de 2020 que, entre otras, determinó la creación de un Centro de Transparencia que actuaría como el medio de comunicación con la ciudadanía y donde estará centralizada toda la información sobre los pilotos. Sin embargo, este se encuentra en manos de Ecopetrol, luego de que esta firmara un convenio con el Ministerio de Minas y Energía “para la planeación, construcción, liberación, estabilización y apropiación de una solución Digital para el Centro de Transparencia del ministerio, con el fin de centralizar y divulgar a los grupos de interés la información de los Proyectos Piloto de Investigación Integral”. Dicho convenio fue suscrito por $15,060,943,321 pese a que Ecopetrol es la encargada de desarrollar los dos pilotos de fracking. Eso lleva a cuestionarse la transparencia y confiabilidad de la información que llegue a ser publicada. Expertos como Guillermo Rudas o David Uribe sostienen que los pilotos son para generar datos imparciales, independientes y científicos y que la entidad encargada de difundir la información podría generar un sesgo o un manejo tendencioso de esta. Así pues, a la espera de las respuestas a las tutelas, el proyecto piloto Kalé ya tiene luz verde. Pese a la oposición de la comunidad y un ambiente hostil y peligroso, este ha seguido adelante ante las posibles implicaciones medio ambientales que puede generar.

Por: Redacción Pares La Alianza para la Veeduría Electoral realizó una rueda de prensa para compartir las acciones tomadas y las respuestas recibidas por parte de la institucionalidad de cara a las irregularidades presentadas en la jornada de elecciones del 13 de marzo. Conoce más.

Por: Walter Aldana Político social alternativo Desde que de la revista Semana se fueron los y las mejores periodistas, llegó a su dirección una polémica mujer que encarna hoy por hoy la línea derechista. De por sí, no es mala por su orientación política, es el método, el estilo, sobre el cual hay una serie de reparos. El esfuerzo por aminorar la presencia de Petro en el ámbito de lo favorable, de lo público, y responsabilizarlo de los males de la capital y del país, es claro el proceder de los grandes medios de comunicación escritos, televisivos y radiales. Por lo anterior, la campaña del Pacto histórico, en su momento, definió la no participación de su candidato presidencial en debates. No era formador de cultura política que las intervenciones de los otros aspirantes a la primera magistratura se centrarán en atacar a dicho candidato y no a presentar propuestas. No les bastó hacer el fraude vía cambio de jurados de mesa de votación o de múltiples errores en la digitación del E 14. Ya no fue el software, pero sí fue una estrategia que de manera vedada daría el resultado de la no contabilización de los votos para el Pacto y la recuperación de más de quinientos mil votos para Senado, así lo evidencian. Y ahí el papel de los medios masivos de comunicación. "Confunde y reinaras" es la máxima, con galimatías, "jugaditas" al estilo del Senador Macías, pretenden generar un ambiente engañoso. Acercar a Federico en las encuestas al puntero de la Colombia humana, hablar de ello como un posible resultado en segunda vuelta e incluso jugar con el subconsciente del y la electora colocando en portadas de revistas (caso Semana), al segundo en el puesto del primero. Pero es entendible, aunque no justifica dicho comportamiento, es sencillo el análisis. Los grandes medios de comunicación pertenecen a grupos económicos que, además, tienen inversiones en otros sectores (infraestructura vial, salud privada, educación no pública y el sector financiero) amen de patrocinar candidatos a corporaciones y el mismo ejecutivo, se sabe entonces su compromiso con un modelo económico que privatizó los servicios públicos, acabó con la agroindustria nacional y quebró al pequeño productor del país. El uso de redes sociales y concretamente del internet hace que cada persona con un celular que tenga cámara y datos se pueda convertir en un comunicador. De hecho, es por este medio que conocimos de la arbitrariedad y el uso desmedido de la fuerza por parte del ESMAD en el reconocido estallido social. ¿Creer lo que digan los grandes medios de comunicación? Se debe es creer en el voz a voz, que dice hoy que Colombia quiere el cambio y que será insuficiente el miedo y la mentira; transmitido a través de Radio, televisión y el "gran" periodismo escrito. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: León Valencia Si no lo sabían, hay expertos en torturar las encuestas para sacarles secretos que no revelan los datos. Ocurre en estos días. La revista Semana contrató con el Centro Nacional de Consultoría un sondeo grande en el que Gustavo Petro obtiene para primera vuelta el 36.5%; Federico Gutiérrez, 24.5%; Rodolfo Hernández, 10%; y Sergio Fajardo, 8.4%. Al preguntar por segunda vuelta Petro registra 43.1% y Gutiérrez 40.1%. Unas conclusiones tranquilas de estos datos serían: en este comienzo de campaña Gustavo Petro le gana tanto en primera como en segunda vuelta a Gutiérrez; en primera vuelta la ventaja de Petro es muy amplia, en segunda vuelta la diferencia se estrecha. En todo caso, los dos contendientes que les siguen suman alrededor de 19 puntos en primera vuelta y el “no sabe no responde” junto al voto en blanco se llevan 15 puntos, lo cual indica que falta mucho para aclarar definitivamente el rumbo final del proceso. Pero en la foto de la portada de Semana aparece Federico Gutiérrez un paso delante de Gustavo Petro y el analista o los analistas de la encuesta empiezan su tarea por la segunda vuelta destacando que allí hay un final reñido y no se sabe lo que pasará, aunque lo más probable es que gane Gutiérrez porque tiene un margen más amplio para crecer que Petro, dicen. Esta última conclusión se saca a pesar de que, en la comparación entre el anterior sondeo y este, Petro crece cuatro puntos y Gutiérrez un poco más de uno. También el diario El Tiempo tiene su sondeo, de la encuestadora Ecoanalítica-Guarumo, que en primera vuelta da unas tendencias parecidas a la del CNC, pero en segunda vuelta aparece ganando Federico Gutiérrez. Estas encuestas se hacen semanas después de las consultas que les dieron un gran impulso a las candidaturas de Petro y Gutierrez y jalonaron alianzas claves para el candidato de las derechas. La gran mayoría de los clanes políticos tradicionales que acompañaron a Iván Duque en segunda vuelta están en este momento con Gutiérrez. La ventaja enorme de la consulta del Pacto Histórico motivó el desplazamiento inmediato de estas fuerzas políticas hacia Gutiérrez. Las inclinaciones de los clanes políticos no son datos ocultos. Los analistas con un pequeño esfuerzo podemos consultar dónde están los varones electorales del Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Liberal y el Centro Democrático. Y con esos datos, no es difícil concluir que la mayoría de los aliados naturales de Gutiérrez ya están en sus toldas y, aún así, la ventaja de Petro es alta. De esta realidad también se puede sacar otra conclusión sin mayor esfuerzo: en esta campaña el voto de opinión va a jugar un papel decisivo tal como ocurrió en las elecciones locales de 2019. Y en ese voto de opinión urbano, tanto Rodolfo Hernández como Sergio Fajardo pueden crecer si perfilan campañas de impacto en ese ansioso mundo de los jóvenes desesperanzados. En la noche del domingo 13 de marzo, cuando se consolidaron los datos de las consultas, Petro y Gutiérrez, animados por sus respectivos triunfos, se pusieron la meta de forzar una definición en primera vuelta. Los sondeos de opinión han mostrado en estas semanas que esa meta es improbable, que la segunda vuelta será el escenario donde se definirá el presidente. Esto, además de ser una realidad, es beneficioso para la democracia. La sociedad colombiana tiene ahora una gran pluralidad política, lejos estamos del bipartidismo que dominó la vida pública a lo largo de casi dos siglos. Es muy bueno que los votantes tengan diversas opciones y que los gobiernos sean el producto de concertaciones entre distintas fuerzas. Al momento, ni el Pacto Histórico, ni Equipo por Colombia, ni el Centro Esperanza o Rodolfo Hernández tienen la fuerza para ganar y gobernar solos. En segunda vuelta, pasen los que pasen, tendrán que hacer acuerdos con los perdedores para dirigir un país que está en una transición política muy interesante después del acuerdo de paz, de los estragos de la pandemia y del grave estallido social.

Por: Redacción Pares Con Pares Destaca y Pares Cuestiona queremos poner sobre la mesa a los liderazgos sociales, políticos y económicos que merecen tu atención. Esta semana cuestionamos a José Vicente Carreño, un senador elegido del Centro Democrático que enfrentará indagatoria por presuntos vínculos con grupos paramilitares. Al político de Arauca se le estaría relacionando con un caso de desaparición. Por otro lado, destacamos a Rosa Valencia. Una lideresa de la Costa Pacífica nariñense que teje procesos comunitarios por la defensa de los derechos de las mujeres y el fin de la violencia en el territorio.

Por: Guillermo Linero Montes Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda. A propósito de la escogencia de Francia Márquez como candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico, algunos de sus oponentes, con obvias intenciones de deslucirla y sacarla de casillas –lo que penalmente tipifica un hostigamiento por razones étnicas y políticas- le han criticado el uso continuo y enfático del llamado “lenguaje inclusivo”; como si ello fuera señal de ignorancia. No obstante, a quienes conocemos por nuestro oficio las mecánicas del idioma y de la lengua, y a quienes elogiamos la inteligencia de la laureada ambientalista, tal descarga de señalamientos nos resulta un exabrupto de ingenuos necios o un burdo aprovechamiento de malsanos políticos que -ante la firme opción de que ella forme junto a Gustavo Petro la llave de mando en el próximo periodo presidencial- temen a su inteligencia y por ende la visualizan focalizando a los corruptos -enemigos lógicos del cambio político sano- y promoviendo sus juzgamientos y condenas. No en vano, el debate sobre el uso del “lenguaje inclusivo” tiene de corriente sus animadores en el tinglado político, pues tras dicho lenguaje existe una tensa lucha entre quienes detentan el poder –los dueños del lenguaje académico, los excluyentes- y aquellos a quienes se los imponen –los dueños del lenguaje de la tribu, los excluidos-. Es tan viejo y tan politizado este debate que incluso las Naciones Unidas –dada a advertir tarde todas las injusticias- ha publicado una serie de orientaciones para que sus empleados y funcionarios pongan en práctica unas estrategias conducentes al buen empleo del lenguaje inclusivo en cuanto a género. De hecho, la postura lingüística de Francia Márquez, que ante la burla de ingenuos y malvados, dice que no aspira a ser Vicepresidente de Colombia, porque será Vicepresidenta, coincide con las sugerencias de las Naciones Unidas al recomendar, cuando se trata de dirigirnos o referirnos a las personas en relación a sus cargos, el uso del pronombre personal y los adjetivos propios de cada género: “Cuando se conoce la identidad de género de la persona y esa persona se identifica con el género femenino, conviene emplear la forma femenina del cargo. Ejemplos: jefa, presidenta, jueza, auditora,…”[1]. Y Francia Márquez coincide también con las Naciones Unidas cuando denomina “mayores” y “mayoras” a personas de ambos sexos, sabias y de acumulada experiencia. En efecto, el organismo internacional llama la atención sobre la licitud del “desdoblamiento” con esta llana explicación: “El desdoblamiento consiste en utilizar la versión femenina y masculina de la misma palabra. Como estrategia puede utilizarse cuando se quiere hacer visibles tanto a mujeres como a hombres”[2]. De la misma manera, frente a ciertos pronombres, sugieren las Naciones Unidas, que “ninguno” (por ser menos inclusivo) debe ser remplazado por “nadie” (que es más inclusivo) de ahí la lógica lingüística de Francia Márquez al hablar de “los nadie” y de “las nadie” que a la luz de la interpretación de las Naciones Unidas, paradójicamente, son algo más que “ninguno”. Sea como fuere, el lenguaje está hecho a la medida de los hombres, debido a que históricamente estos han administrado las sociedades. De ahí nacería o se forjaría una de las causas, si no la más importante de que se hable del lenguaje inclusivo respecto al género femenino, porque, precisamente, con la “polis” nacería y comenzaría a desarrollarse la exclusión de las mujeres. Al ser los hombres los administradores de las armas y de los recursos económicos de la sociedad, fueron reglando todo a su imagen y semejanza, hasta masculinizar el lenguaje en todos los contextos, pero, especialmente, en aquellos que implicaran conocimiento, riqueza y poder. En cuanto al lenguaje excluyente, hay que decir que además de atentar contra las mujeres, también ha sido un medio para alentar las desigualdades sociales insertando acepciones lingüísticas que -en procura de legitimarlas- las denotan con frialdad: “la gente de bien” y “la gentuza”. El lenguaje excluyente ha sido útil para darles nombres discriminativos a quienes se les domina y esclaviza: “los indios”, “los negros” y “los empleados”. Igual le han usado para apartar del interés social a cuantos por afinidad se agrupan entorno a creencias, religiones o ideologías distintas a las de quienes detentan el poder: los “ateos”, los “camanduleros”, los “mamertos” y, por supuesto, “los vagos de la social bacanería”. Al lenguaje excluyente le han sacado provecho los malos gobernantes para menoscabar los derechos políticos de sus críticos y de sus rivales (como desde la presidencia lo ha hecho Duque, al calificar de “criminales” a los jóvenes que protestan contra medidas económicas claramente injustas); y lo han usado para desestimar y seguir pisoteando los Derechos Humanos (como lo hiciera el ministro de defensa Diego Molano al calificar de “máquinas de guerra” a niños caídos en combate sin haber siquiera combatido). Por su parte, el “lenguaje inclusivo” hace referencia a la estricta defensa de las mujeres y al reconocimiento lingüístico de su género; pero, ya no sólo pensando en que fue excluido en el pasado patriarcal, sino esta vez, y especialmente, en que debe incluírsele en el presente y hacia el futuro. El “lenguaje inclusivo” constituye una herramienta inigualable en el propósito de promover la igualdad de género, si tenemos en cuenta que el lenguaje y los sistemas lingüísticos son reflejo de los modos y maneras socioculturales. De tal suerte, el “lenguaje inclusivo” busca devastar de la sociedad los estereotipos fieles al dominio de los hombres sobre las mujeres. Estereotipos como discriminar al sexo (las mujeres no deben ser soldados ni jugar al fútbol) discriminar a un género social (las sociedades están conformadas por ciudadanos y no por la ciudadanía) y hasta discriminar a la propia identidad de género (sólo todos y todas, nunca transgéneros ni todes). Con todo, este debate no es nuevo, y está ligado al auge de los movimientos feministas que en la década de los años 70 levantaron la voz en defensa del género, pues cuando no era descontado (como decirle a quien resolvía un reto con valentía, elogiosamente “varón”) eran usados para agredir al hombre, como decirle “niña” al joven o al niño, que se rehusara a realizar tareas que exigen valentía. Desde luego, el lenguaje inclusivo, en términos de acción política generalizada –ya no solo en manos de las feministas- y en términos de asimilación por parte de quienes detentan el poder, es en verdad muy reciente, como lo explica la investigadora chilena Adriana Bolívar: “Sabemos que el debate acerca del lenguaje inclusivo ha sido objeto de atención desde hace muchos años para destacar el sexismo, el androcentrismo y el dominio de una cultura patriarcal, pero se intensificó en el mundo hispano en julio de 2018, cuando la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, solicitó formalmente en el congreso la adecuación de la Constitución de dicho país a un lenguaje “inclusivo, correcto y verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres”[3]. Esa discusión del lenguaje inclusivo se ha visto inundada de críticas, casi todas equivocadas. La mayoría de las veces porque aceptando el cambio, al poner en práctica el lenguaje inclusivo, las personas desprovistas de sentido común desbordan las fronteras de género, desconociendo que este ha de ser exclusivamente en defensa de las mujeres y no para subvertir el nombre de los animales, de las plantas y de las cosas. Es decir hay que reconocer la existencia de jueces y juezas, de presidentes y presidentas, de mayores y mayoras; pero nunca de tigres y tigras, de cedros y cedras, ni de pañuelos y pañuelas, porque esa confusión, tan elemental en su ocurrencia, raya inevitablemente con lo ridículo y lo burlesco. [1] Naciones Unidas. Lenguaje Inclusivo en Cuanto al Género. En: https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/ [2] Ibídem. [3] Adriana Bolívar. “El lenguaje inclusivo y los desacuerdo con la Academia” En: literaturalinguistica@ucsh.cl *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por Alejandro Restrepo Coordinador Línea de Investigación Paz, Posconflicto y Derechos Humanos La detonación de la bomba en el CAI de Arborizadora Alta alertó al país sobre el alcance de las disidencias de las Farc. A pesar de las advertencias realizadas por la Defensoría del Pueblo desde el año 2019, en donde se mostraba el avance de las líneas de Gentil Duarte y la Segunda Marquetalia en las zonas de presencia de las Farc-EP en Cundinamarca, Meta e incluso en la localidad de Sumapaz, en Bogotá, las autoridades insistieron en la inexistencia de estos grupos. Actualmente, las disidencias o grupos armados postfarc crecen de manera acelerada y cierran sus filas alrededor de sus principales líneas. En este artículo presentamos un avance del informe “Plomo es lo que hay” que saldrá a la luz la próxima semana y aborda el “legado” de Duque en términos de violencia y seguridad. En el informe Grupos Armados Postfarc: una nueva espiral de violencia, Pares describió la forma en la cual las tres líneas de disidencia (Gentil Duarte, Segunda Marquetalia y Dispersos) fortalecían su accionar en distintos territorios del país. Actualmente, los grupos dispersos han desaparecido debido a su integración a alguno de los dos bandos. En el caso del suroccidente, la Segunda Marquetalia, su gran fortín, logró posicionarse como grupo en disputa territorial con el Comando Coordinador de Occidente (Gentil Duarte), generando así un avance significativo para la organización a pesar de los golpes propinados por las confrontaciones con otras estructuras armadas en la frontera de Venezuela con Colombia. Así las cosas, las disidencias tienen presencia o influencia en 163 municipios de Colombia. La línea de Gentil Duarte, el tercer grupo armado más poderoso del país, tiene presencia en 119 municipios; la Segunda Marquetalia, en 61 y ambas estructuras comparten presencia en 25. El tipo de relacionamiento que han tejido estas estructuras obedece especialmente a dinámicas locales de control territorial y de economías ilegales, es decir, de acuerdo a los intereses del contexto se tejen alianzas, disputas o pactos de no agresión usualmente de carácter transitorio. En algunas regiones, las disputas entre líneas disidentes han configurado graves escenarios de riesgo para la población civil por cuenta de confinamientos, desplazamientos masivos, masacres y homicidios, esto principalmente en el departamento de Arauca, en Apure (Venezuela), en Cauca y en Nariño. Tanto la Segunda Marquetalia como Gentil Duarte han concentrado su accionar en tres grandes frentes: I. Economías Ilegales (Participación en gran parte de las cadenas de producción y distribución, y seguridad para terceros; II. Control Territorial que en muchos casos tiene como consecuencias confrontaciones con otras estructuras armadas y en donde también se relación intereses económicos; III. Ataque a la Institucionalidad del Estado, principalmente fuerza pública y autoridades administrativas. Este último frente de acción se relaciona particularmente con el sentido político-ideológico que ha servido de factor cohesionador para el fortalecimiento de estas estructuras sin olvidar el sentido pragmático de la articulación entre criminales con el propósito de acabar con sus contendientes de nivel local: otros grupos armados estatales y no estatales. Como se ha dicho, los grupos armados postfarc se han fortalecido de manera vertiginosa definiendo dos líneas principales Gentil Duarte y Segunda Marquetalia. Las dos líneas tienen dentro de sus repertorios de acción el ataque a la institucionalidad del Estado y un factor político-discursivo que ha servido como factor de cohesión en el nivel organizacional, aclarando que también hay dimensiones pragmáticas de estas articulaciones. Actualmente, su presencia y el fortalecimiento paralelo del ELN, mostrado durante el último paro armado, sitúa a Colombia ante una posible reactivación de guerra entre guerrillas y Estado, un nuevo ciclo de violencia o un nuevo conflicto armado. Es así como Duque deja al país, al borde del abismo.

Por: Laura Cano Periodista Pares Luego de un proceso de casi un año, este jueves, 31 de marzo, Andrés Escobar fue imputado, en calidad de autor por la Fiscalía, por los delitos de amenazas agravadas, lanzamiento de objetos peligrosos y usurpación de funciones públicas. Aunque por parte del ente de control la decisión fue tomada, el juez de garantías no pudo dar su veredicto, pues el abogado de Escobar renunció durante la diligencia, por lo que quedó faltando dicho paso para que se avale la imputación. Así, la audiencia fue suspendida y quedó para el 16 de mayo. Hay que recordar que esta no es la primera vez que Andrés Escobar y sus abogados dilatan el proceso. En febrero, la audiencia de imputación de cargos fue aplazada por solicitud de la defensa. Esto se dio luego de que en enero también se aplazara este proceso con la Fiscalía. “El juez de control de garantías suspendió la diligencia ante la manifestación del señor Andrés Escobar de tener dificultades con su abogado de confianza. En ese sentido, el trámite de imputación no culminó ni ha recibido aval. La diligencia continuará el próximo 16 de mayo”, explicó el ente investigador. Según dio a conocer la Fiscalía, este proceso también implica a 17 personas más. De estas, cinco son civiles y 12 policías, quienes también tuvieron responsabilidad en los ataques que se dieron en contra de las y los manifestantes de Cali en el marco del Paro Nacional del año pasado. El caso en el que está involucrado Escobar El 28 de mayo de 2021 se volvió a retomar la protesta social, luego de las nuevas jornadas del Paro Nacional convocadas desde el 28 de abril. Para ese momento, mayo, en varias zonas de Colombia las movilizaciones se vivían con tensa calma, pues en varias ocasiones estas terminaban en ataques de la Fuerza Pública contra civiles. Pero, en ciudades como Cali, también fueron otros ciudadanos los que agudizaron la situación violenta, pues varios de ellos salieron con armas, bajo el argumento de la defensa de los bienes materiales y el “orden”. En la capital vallecaucana, ese 28 de mayo, se alertó que civiles estaban atacando a manifestantes en distintas zonas de la ciudad. Una de esas fue Ciudad Jardín, en donde se presentaron reportes de disparos en contra de las y los manifestantes. Dicha situación se pudo evidenciar a través de transmisiones en vivo que realizaron habitantes de la zona, manifestantes y personas de prensa. Poco después se conoció que una de las personas de civil que estaba intimidando y amenazando a quienes protestaban en dicha zona del sur de Cali era Andrés Escobar, quien, al igual que las personas que estaban allí con armas de fuego, estaba actuando al, parecer, en complicidad y con el aval de la Policía. De hecho, para ese momento, desde la misma institución se había informado que al menos 10 uniformados entrarían a investigación, al ser acusados de permitir a civiles disparar contra manifestantes en dicha ciudad. Lo que vino después de las grabaciones en vivo y a las fotografías que permitieron identificar a Andrés Escobar, fue una serie de intentos para limpiar su imagen frente a los graves hechos. Días después, el implicado grabó un video en el que se presentó y manifestó que era un empresario de la industria de la publicidad y que “no tenía intención de causarle daño a una persona, tampoco se presentó ningún herido ni mucho menos un homicidio. Los disparos (al aire) fueron para disuadir a los vándalos, ya que estaban avanzando para quemar el CAI; lo hubieran logrado si nosotros no hubiésemos estado ahí”. Además, agregó que era “una persona de bien, trabajadora, sin antecedentes judiciales, pago impuestos (…) Comprometido con mi ciudad, me duele Cali”. Incluso, en dicho video señaló que el arma con el que había salido era una pistola traumática, y mostró el registro de la DIAN de dicho elemento y su factura. No obstante, en junio, la Fiscalía abrió indagación por los hechos ocurridos. A pesar de que el proceso no parecía dar muchos pasos, medios como Cuestión Pública y 404 productora lograron poner sobre la mesa que el arma que Escobar mostraba en el video como la supuesta pistola con la que salió a amenazar a los manifestantes era diferente a la que verdaderamente tenía ese día. Cuestión Pública, además, habló con Sebastián Caballero, abogado de las personas afectadas en los hechos. El profesional también le dijo al medio que: “Mientras en las imágenes obtenidas por Cuestión Pública se ve una pistola de color oscuro con proveedor ampliado [30 proyectiles], la mostrada por Escobar en el video del 31 de mayo es de color gris, con un proveedor sencillo [15 municiones]. Consideramos que la primera es de fuego, mientras que la segunda es traumática. La Fiscalía debe revisar esta nueva prueba”. Tras todo esto, en diciembre de 2021, se conoció que Escobar sería imputado por la Fiscalía, proceso en el que ayer hubo un paso importante, al imputar delitos puntuales a Escobar, pero en el que de nuevo brillaron las dilaciones por parte de él y su defensa, por lo que se espera que el próximo 16 de mayo quede en firme la imputación, la condena, el tiempo de la misma y el tipo de reclusión.

Por: Miguel Ángel Rubio Ospina Líneas jóvenes en riesgo y participación juvenil El pasado viernes 25 de marzo, se instaló en Pereira el capítulo para Risaralda y Eje cafetero de la Generación V+ Jóvenes por la verdad, grupo de apoyo pedagógico y órgano de difusión del que será el informe final de la Comisión de la Verdad, pactada en los acuerdos de paz de la Habana, en el año 2016. De allí este diálogo con una de sus líderes, Valentina Zapata Restrepo, estudiante de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira. Durante su trayectoria universitaria ha asumido espacios importantes dentro del movimiento estudiantil, como la representación estudiantil ante el consejo académico, vocera local en la UNEES, participante de mesas de negociación a nivel local y nacional. Se ha desempeñado en la ciudad como activista en defensa de la paz, la educación y otras causas. Es parte del equipo coordinador del Festival Departamental de Artistas por la paz y del grupo de estudio 2,96. Además, ha sido voluntaria en la Fundación Artemisas Miguel Ángel Rubio: ¿Qué es la Comisión de la Verdad y cómo se lo explicarías a un ciudadano de a pie? Valentina Zapata: La Comisión de la Verdad es una estrategia producto de la firma del Acuerdo de Paz. Tiene tres objetivos específicos; el primero, ayudar en el tema de la no repetición del conflicto armado y la reparación a las víctimas, pero sobre todo en generar memoria del conflicto en el país. La comisión ha venido generando trabajos en todo el país, a lo largo y ancho del territorio nacional. Yo diría que ha participado en territorios donde el conflicto armado ha estado en auge, haciendo un rol y un trabajo muy valioso en el tema de víctimas, del reconocimiento y del perdón. La Comisión ha ayudado a que las víctimas en sus territorios den el paso hacia el perdón, también a que se diga la verdad. Yo creo que la comisión ha tenido auge en los últimos años, también por algunos escándalos o cuestionamientos que han ocurrido en torno a ella, por ejemplo, uno que ocurrió si no estoy mal, este año o el año pasado, sobre el presupuesto que está asignado para la comisión, que decían, esto es un gran presupuesto para la comisión, cuánto nos está costando la paz. Y ahora con el tema del legado de la comisión, pues ya ya se va acabar. La comisión funciona por territoriales, la territorial del Eje Cafetero, ha hecho un rol y un trabajo también muy valioso, en el tema del reconocimiento de las víctimas y sobre todo, pues en esta región hubo problemas de violencia y que no fueron tan visibles como en otras ciudades. M.R.: Muchos sectores políticos de este país denigran, atacan intentan desconocer el trabajo de esta Comisión. Más en este gobierno, que indiscutiblemente ha tenido como pilar, la premisa del exministro Londoño de “hacer trizas la paz”. ¿Por qué crees tú que se da esa resistencia de esos ciertos sectores políticos y de la sociedad colombiana a saberse la verdad del conflicto armado? V.Z: Yo creo que hay también una resistencia al acuerdo, a lo pactado en la Habana. Yo creo que lo que realmente no se quiere es la sociedad avance, y tampoco se reconozca una forma de lucha que hubo en su momento, también esos actores que hacían parte de ese escenario pues en últimas han reconocido errores, elementos del orden de lo político, o del orden filosófico, o incluso de lo moral que han estado mal. Yo creo que es una discursiva también que han perpetuado por posicionar el miedo. Entonces dicen, no trabajemos con estos sectores porque hablan de paz, y le meten miedo a la gente. Entonces yo creo que cuando la comisión habla de verdad, evidentemente la hablan en el espacio o en el espectro del trabajo de la comisión, pero también creo que es una verdad que puede retroceder a historia del país y a todos los sucesos que han ocurrido, que han desencadenado en los problemas que tenemos en este momento. Yo diría que no se permita avanzar en temas de conflicto es como perpetuar que, en los escenarios de poder, sigan estando las personas que han incluso promovido el conflicto; masacres, que han perpetuado actores armados, y ahí el miedo juega un rol importante y por eso creo que la atacan tanto. M.R.: Valentina, cuéntanos un poco entonces, desde Generación V+ ¿Cuál es el papel que ustedes como jóvenes desempeñan en la Comisión de la verdad? V.Z. : La generación V+ surge como una estrategia de la Comisión de la Verdad, puntualmente de la línea pedagógica. Hay cuatro elementos principales que promueve la Generación V+: Uno, conocer lo que ha venido trabajando la Comisión. Dos, reconocer que en el país han sucedido acontecimientos que han repercutido en ciertas situaciones, pues todavía hay personas que niegan la existencia de este en todas sus formas, o incluso no se discute en las escuelas o en las universidades sobre este tema. Tres, la herencia histórica, es decir ¿qué vamos a tomar los jóvenes, a partir del trabajo de la Comisión, para no repetir esas situaciones de conflicto? Y lo último, es la dignidad de las víctimas, a eso me refiero, al perdón, al tema de verdad y al tema de reparación. El publico objetivo es principalmente la juventud, pero a partir de liderazgos juveniles, que puedan recoger jóvenes que son apáticos a ciertos temas del espectro político, electoral, etc. Queremos que las discusiones sobre el conflicto estén al alcance de todos y todas, y que lo podamos conocer. Hablamos en alguna ocasión de que alguno de nosotros hemos tenido como experiencias cercanas de desplazamiento en nuestras familias. Es como reconocer que esas situaciones pasan y que podamos como asumirlas con un reto principal, y es que no se vuelva a repetir. M.R.: ¿De dónde surge el nombre Generación V+? V.Z.: La generación V+ es la generación de la verdad, somos las y los Jóvenes por la Verdad. Yo diría como algo personal, es reconocer la verdad no solo en lo político, sino en el espectro electoral, en el no ocultamiento de información, para proceder al tema de memoria. Entonces yo creo que la verdad, enmarca muchas cosas, que la juventud debemos asumir para seguir promoviéndola, y ser portavoces de ella, no negarnos ante situaciones que han pasado, sino contar la verdad, reconocerla y trabajar en pro de ella. M.R.: ¿Estos jóvenes que conforman la Generación V+ cómo son elegidos, y cómo establecen interlocución con los comisionados de la verdad? V.Z.: Es un proceso que aún está muy pequeño, en temas de lo estructural, pero ha estado caminando, ha estado avanzando, y lo integran muchas personas. En estos momentos está distribuida en 28 departamentos, algunos fuertes son Antioquia, Bogotá y en estos momentos se está buscando llegar a otros municipios y regiones, como Risaralda, entre otros. De esos 28 departamentos, se trabaja con mas o menos 1900 personas, distribuidas como con características similares a jóvenes con liderazgos, con capacidad de convocatoria, con formación y criterio político, interesados por temas del conflicto, que estén interesados en la Comisión de la Verdad, entre otros. Hay algo particular y es que, más allá de trabajar con jóvenes en el país, también la Generación V+, ha extendido el trabajo a jóvenes en el exilio, en estos momentos hay 37 voluntarios que se encuentran en Argentina, España, Alemania, Estados Unidos y además de eso, la generación V+ tiene una red de aliados, como universidades, colegios e instituciones. Para ser participe de la Generación V+ se debe tener entre 12 y 35 años. Asimismo, quienes integren esta iniciativa pueden participar en cuatro categorías: estudiantes de colegios, universitarios, del SENA y juventud en general; docentes de todos los ámbitos y padres de familia. La Generación V+ funciona como una red de voluntariado, a través de alianzas. En Risaralda hicimos la convocatoria el viernes 25 de marzo. Y frente a la pregunta de cómo es la interlocución con los comisionados, hay que decir que como la Generación V+ hace parte de la línea pedagógica, hay una interlocución directa con la Comisión. El año pasado, el 11 de noviembre, se hizo el encuentro de la generación V+ en Cali y allí hicimos un manifiesto por la verdad. Digamos entonces que la función principal de la generación V+ es llevar el legado de la comisión, es decir, el documento final que se va a entregar en junio, apropiarlo y darlo a conocer.

Por: Luis Eduardo Celis Colombia debe cerrar todas las violencias organizadas que hoy persisten en cerca de doscientos municipios. Allí se vive la barbarie desde hace décadas y el poder tradicional poco y nada ha hecho por construir, junto a la sociedad local, un Estado que funcione, que garantice derechos y promueva la vida, en lugar de aniquilarla. En Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, una bomba colocada frente a un CAI de la policía acabó con la vida de una niña, un niño y dejó más de una docena de personas heridas, cuantiosos daños y una población atemorizada. Se atribuyó la responsabilidad una de las muchas disidencias de las otrora FARC, un acto criminal que no debe quedar en la impunidad y esperemos que se sancione a los verdaderos responsables y no a cualquier parroquiano mal parqueado. En Putumayo, una patrulla militar reportó la muerte de once personas de disidencias de las FARC, el ministro de la defensa dijo que eran "narco-cocaleros" y la comunidad dice que ni lo uno ni lo otro, que son civiles. Entre las personas muertas hay un menor de edad, una autoridad del cabildo indígena y su esposa. Otra masacre de las miles que han ocurrido en Colombia donde las autoridades dicen que son peligrosos criminales y la dura verdad termina por imponerse: civiles indefensos masacrados. Es una historia ya conocida. Entre los hechos de Ciudad Bolívar y los hechos del Putumayo hay un hilo de sangre y dolor que nos recuerda que hay unas violencias organizadas por superar. Sin un estado que funcione de manera democrática y legítima en todo el territorio nacional, no saldremos de estas barbaries a superar. Por supuesto que hay que perseguir a quienes ponen bombas no sólo en Bogotá, muchas pequeñas poblaciones sufren todos los días las bombas del poder autoritario y criminal que regula la vida comunitaria. Son bombas de poder que se ejercen día a día sobre muchos territorios y comunidades. Esas bombas, igualmente, hay que superarlas. Colombia sigue en el desafío de avanzar en democracia, algunos han propuesto hacer trizas la paz y ya vemos los resultados, otros han propuesto hacer triza la guerra y está por verse cómo recorrer ese camino y si la mayoría de la sociedad que decide con su voto, a cuál apuesta le juega o si seguiremos en una Colombia donde hay relativa paz y otra donde hay barbarie. Denunciar todas las barbaries es un imperativo ético y es un imperativo político tomar acción para construir democracia de calidad y estado de derecho en todo el territorio nacional, un desafío enorme en el cual no podemos claudicar *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Segovia Mora Politólogo, abogado y periodista Quién habría podido imaginar que en la jovencita que cautivó a miles de niños, jóvenes y adultos de tiernos amores con el pegajoso corito machista aquel: “quiero ser collar de perlas finas, para estar metido entre tus pechos. Quiero ser tu mero, mero dueño, pa' tener derecho a tus derechos”, anidara una furibunda derechista capaz de espetar los más agresivos insultos sin reparar en algo que sus diatribas violentan derechos fundamentales de los ofendidos (la fórmula presidencial del Pacto Histórico: Gustavo Petro y Francia Márquez), sus seguidores y la decencia. No voy a reproducir sus grotescos trinos, pero voy a cuestionarlos en la medida en que, como en tantos otros temas, políticos y opinadores han animado o reforzado en personas de posiciones de derecha ciertos mitos o decires de baja estofa, con el fin de dañar la imagen pública de personas vinculadas a la oposición, las organizaciones sociales y, para el caso en cuestión, afectar la campaña de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República por la coalición Pacto Histórico. En el caso de Francia Márquez, la comparación hecha por Maureen Belky Medina Caicedo - “Marbelle” en el mundo artístico y nacida en Buenaventura, ciudad de afrodescendientes, para describir el origen étnico de la lideresa negra no es excusable en la ignorancia, puesto que deriva de una actitud discriminatoria consciente, cultivada por entornos familiares y sociales que a su vez reproducen taras culturales de origen histórico. Todavía hay quienes justifican la subordinación o se mofan de la esclavitud colocando al hombre y la mujer negros como sirvientes. Tampoco es excusable, por supuesto, el trino con el que ripostó la cabeza de la bancada electa del Pacto Histórico, que en una supuesta defensa de Francia contra el racismo, reafirmó, mediante imágenes, el comparativo agresivo utilizado por la cantante y, a la vez, le achacó a ésta su conducta como producto de un déficit afectivo. Es decir, a partir de un acto volitivo emocional justificado en el rechazo a la discriminación, la replicó. Ni qué decir de la justificación ante el rechazo a su trino, argumentando un experimento sicológico que los lectores no estaban preparados para comprender. En lo que respecta a Gustavo Petro, “Marbelle” reprodujo un apodo con el que el más rabioso uribismo y la extrema derecha ataca de manera mezquina al candidato, trayendo al presente un supuesto alias de su vida insurgente -inventado a propósito- para refregarle su pasado como una mancha indeleble, como si un propósito de paz, la aceptación de la institucionalidad y el desempeño en ella apegado a las normas, no fueran suficientes razones para contener la innoble bronca de no perdonar a quienes algún día cuestionaron la injusticia y los privilegios, motivos hoy aceptados por casi todos los colombianos como causales de la rutinaria violencia en nuestra vida republicana. Esa actitud vengativa, intolerante e intransigente se contradice, como es corriente, con las posiciones del mismo líder del Centro Democrático cuando fue Representante a la Cámara del Partido Liberal por el samperismo -en una época estuvo en el progresismo- y fue ponente de la ley de amnistía para los exintegrantes del insurgente Movimiento 19 de Abril, que conllevó a ratificar “el perdón y olvido” del Estado de los delitos cometidos por los rebeldes, ante las inconsistencias de los jueces frente a los alcances del acuerdo de paz con esa organización. Esa medida convalidó los plenos derechos políticos, entre otros, al ciudadano Gustavo Petro Urrego. En un debate entre candidatos a la vicepresidencia, al referirse a la ofensa de “Marbelle”, Francia Márquez, de manera lúcida y profunda manifestó: "El racismo no solo hiere, sino también mata. El racismo no solo nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia. A @Marbelle30 le mando un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia". Y reiteró: "Yo a Marbelle le mando un abrazo, de ese abrazo ancestral que me enseñó mi abuela, para que se sane, porque no solamente el racismo nos daña a nosotros, sino que daña a quienes lo expresan porque se cohíben la oportunidad de expresar amor, de expresar alegría y de construir en medio de la diferencia" Como para que no quedaran dudas de su animadversión y odio, “Marbelle”, ante el abrazo extendido por Francia Márquez, expresó "¡Y le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde! USTED NO ME DA CONFIANZA NI ME REPRESENTA EN NINGÚN SENTIDO… A mí no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente" (SIC). De esa manera, contribuye a mantener en el aire el rumor perverso que intenta ligar a la adalid negra con la subversión, de la que igualmente no saca a Petro, y con eso alimentar dudas, pasiones vindicativas y temores, actitud que le aplaude la extrema derecha como su vocera. Afirmaciones alimentadas en las bodegas, los blogs, las plataformas, las columnas en medios y las redes sociales derechistas dedicadas a promover animadversión contra quienes piensan distinto, falsa información, propaganda negra e infundir terror. Muestra de lo anterior, al lado de los mensajes disociadores de la cantante, un columnista de un portal “informativo” derechista y opinador del Noticias RCN TV, se desató en trinos insultantes, denigrantes, prejuiciados contra Petro, Márquez y el Pacto Histórico. La reacción indignada y a la vez airada de Petro, al calificar de neonazi al mencionado provocador y al medio que lo aloja, le costó un llamado de atención de la Fundación para la Libertad de Prensa -Flip. Si bien esa es la misión de la entidad, se echa de menos que también hubiera censurado el uso de los medios como trinchera política. Más aún, como cloaca. Las libertades de prensa, pensamiento, opinión y expresión, mientras no atenten contra la supervivencia de la humanidad, socaven derechos universales y dañen la dignidad, gozan de protección constitucional y convencional. De otra parte, la ética, la decencia, la convivencia y el respeto a la diferencia y la diversidad son actitudes y comportamientos fundamentales en democracia. La comprensión, veneración y práctica de libertades y derechos nos hace más civilizados, su inobservancia y violación nos degradan a la barbarie. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Laura Cano Periodista Pares En la tarde del pasado lunes, 28 de marzo, se informó por parte del ministro de Defensa Diego Molano, el Ejército Nacional y el presidente Iván Duque que en operaciones en Puerto Leguízamo, Putumayo, habían sido dados de baja 11 integrantes de los Comandos de la Frontera de las disidencias de las Farc, y, asimismo, 4 personas más habían sido capturas. Sobre el hecho también se dijo que "una mujer perteneciente a esa estructura delincuencial, y que fue herida en combate, estaba en embarazo y por consiguiente fue trasladada a un centro asistencial". Además, se confirmó que un soldado resultó herido. Adicionalmente, se afirmó que la Fiscalía ya adelanta acciones judiciales en contra de las personas capturadas. Ahora bien, en las últimas horas fue denunciado por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) que en la operación en la que murieron presuntos disidentes de las Farc habría sido realmente un “falso positivo”, pues las personas que habían perdido la vida eran campesinos y una autoridad indígena, quienes hacían parte de una reunión de personas de la zona que se habían encontrado en medio de un bazar que tenía como fin recaudar fondos para mejorar las vías del pueblo. "El Ejército llegó a la vereda donde se encontraban unos habitantes de la zona realizando un bazar en una caseta comunal, adyacente a una cancha de fútbol de uso de los vecinos”, se aseguró en medio de una transmisión en vivo por Facebook en la que participaron familiares de algunas de las víctimas. Adicionalmente, en la denuncia de la OPIAC se informó que entre las víctimas del ataque se encuentran Divier Hernández, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Alto Remanso; su esposa, Ana María Sarria; y la autoridad indígena y Gobernador del Pueblo Kitcwhwa, Pablo Panduro Coquinche. Por su parte, la Red de Derechos Humanos del Campesinado del Putumayo aseveró que otra de las personas asesinadas en este hecho es Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; y Óscar Olivo Yela. Asimismo, informaron que algunas de las personas heridas son Willinton Galíndez, Vanessa Rivadeneira Reyes y Nora Andrade. Por otra parte, desde la OPIAC también se aseguró que Pablo Panduro Coquinche pertenecía al Pueblo Kitcwhwa y, además, realizaba distintas labores en su comunidad. Asimismo, la organización solicitó "al Ejército Nacional que cese de manera inmediata el homicidio a través de la modalidad de FALSOS POSITIVOS, de la población civil del municipio de Leguízamo en el Putumayo, y en especial en contra de la población indígena y sus autoridades. Al Ministerio de Defensa que se retracte de sus declaraciones y aclare que las personas asesinadas por el Ejército Nacional no eran guerrilleros sino población civil". A esto se sumó el llamado a la Fiscalía para que investigue las condiciones en las que se dio este hecho, y a la Procuraduría para que investigue a los miembros de la Fuerza Pública que participaron en la acción militar, así como a quienes la planearon. Ahora bien, vale la pena recordar que esta no es la primera vez que se le implica al Ejército con hechos similares. Uno de esos casos fue el de Dimar Torres, un excombatiente de FARC que se encontraba en proceso de reincorporación, y quien se encontraba radicado junto con su esposa e hijos en Convención, en la subregión del Catatumbo. Torres participaba activamente de la vida comunitaria y de los procesos de reincorporación con las Naciones Unidas. Dimar Torres fue encontrado asesinado el 22 de abril de 2019 en un hecho lleno de inconsistencias. Pues solo fue por la insistencia de la comunidad que se conoció que uniformados le habían quitado la vida al firmante, pues los soldados negaron insistentemente saber de Dimar y de unos disparos que escucharon los campesinos. Según versión de la comunidad, se encontró un hueco en la tierra recién cavado en donde yacían las herramientas de trabajo que Dimar había salido a buscar cuando partió de su casa. Impresionados por este hallazgo, continuaron la búsqueda y cinco minutos después hallaron un cuerpo tendido en el suelo y junto a él una motocicleta. En efecto, se trataba de Dimar, a quien le habían disparado en la cabeza y se encontraba con su torso totalmente desnudo. Hoy, dos años y medio después, el Ejército sigue negando responsabilidad institucional en el asesinato de Dimar Torres. Por otro lado, el 27 de enero de 2020 un juez de control de garantías de Bogotá acogió los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación e impuso medida de aseguramiento intramural contra cuatro militares: el coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita y los soldados Yorman Alexander Buriticá Duarte, Cristian David Casilimas Pulido y William Andrés Alarcón Castrillón. La Fiscalía obtuvo elementos de prueba que permitieron conocer que el oficial quería vengar la muerte de uno de sus hombres en una supuesta acción del ELN de la que había participado Torres y, en ese sentido, habría pedido actuar en su contra. Así está documentado en varios testimonios, en la versión del cabo Daniel Eduardo Gómez, quien reconoció su participación en el crimen; y en algunas interceptaciones telefónicas. En una de las comunicaciones conocidas, el coronel Pérez Amézquita habría señalado: “no hay que capturarlo, hay que matarlo. No aguanta que se vaya a engordar a la cárcel”. Por estos mismos hechos, el cabo Daniel Eduardo Gómez fue condenado a 20 años de cárcel, luego de aceptar que disparó contra Dimar Torres. También hay que traer a colación que en abril de 2021 la Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad por 20 años contra el coronel (r) Jorge Armando Pérez. Como se mencionó, este tipo de hechos no son nuevos en el Ejército, incluso en su nombre e historia cargan las implicaciones de ser los responsables de miles de casos de ejecuciones extrajudiciales contra jóvenes de distintas zonas del país, por lo que estas acciones se hacen cada vez más cuestionables dentro de las dinámicas de esta institución. Ahora, con este caso, se espera que se resuelva con prontitud y se establezca qué fue lo que realmente sucedió, y se identifiquen y judicialicen a los responsables materiales e intelectuales.