Por: Laura Cano Periodista Pares El pasado sábado se conoció que en la localidad de Ciudad Bolívar, más específicamente en Arborizadora Alta, había sido cometido un atentado terrorista en inmediaciones del CAI de la zona. Este es un punto de constante tránsito de personas, pues cerca quedan viviendas, establecimientos comerciales, un parque, el Centro Educativo Distrital Gimnasio Sabio Caldas, y paradas del Sistema Integrado de Transporte (SITP). Luego de la detonación se informó que el CAI, en efecto, sufrió daños en su estructura, pero además, que cerca de 60 viviendas también se vieron afectadas. Asimismo, según se informó en medios de comunicación, once personas quedaron heridas, entre las que había un policía, cinco adultos y cinco niños; dos de ellos graves, quienes fallecieron. Se trata de Daniel Duque y Salomé Rangel, de 12 y 5 años, respectivamente. El asesinato de estos dos niños ha generado un claro rechazo, pues esta situación es una radiografía de cómo los niños y niñas se están viendo afectados en los hechos violentos que constantemente suceden en el país, y que de diversas formas ha vulnerado los derechos de las y los menores. Ante lo sucedido, la alcaldesa de Bogotá Claudia López, dijo que :”Honraremos la memoria de Daniel y Salomé trabajando en conjunto con las autoridades nacionales y distritales para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. Permanezcamos unidos y abracemos a estas familias que hoy pasan por esta situación dolorosa”. Tras esto también se dio a conocer que este 29 de marzo se realizará un Consejo de Seguridad en el que se reunirá la mandataria con el presidente Iván Duque. Hay que decir que en la capital también se declararon tres días de luto y duelo distrital. Por otra parte, en las últimas horas se conoció que el Frente 33 de las disidencias de las Farc, que opera en la subregión del Catatumbo, se habían atribuido el hecho. “Un comandante del frente guerrillero, que opera en el Norte de Santander, asegura en un video compartido a medios locales, que el ataque haría parte de una serie de acciones como celebración de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo”, se lee en El Espectador. Vale la pena recordar que el pasado 5 de marzo, frente a la estación de Policía del barrio Sierra Morena, en el sur de Bogotá, se presentó una explosión similar. De hecho, el caso también se presentó luego de que fue dejada un maleta cerca al lugar, que posteriormente estalló, afectando cerca de 44 viviendas y a una persona. ¿Qué hay detrás de este hecho? Hay que iniciar diciendo, según el análisis de Isaac Morales, coordinador de la Línea de Seguridad y Democracia, que este hecho hace más evidente la presencia de guerrillas bajo células urbanas, las cuales permiten que este tipo de acciones se realicen. Adicionalmente, vale la pena señalar que en Ciudad Bolívar, además de haber una posible presencia de las disidencias de las Farc, también habría del ELN y el Clan del Golfo, según investigaciones de la Fundación. Adicionalmente, hay otro tipo de Grupos Armados Organizados (GAO’s) como Los Paisas y Los Costeños, quienes han estado en la zona, por lo menos, desde 2019. Estas estructuras han llegado hasta esta zona del sur de Bogotá, principalmente, para manejar y controlar las rutas del narcotráfico y microtráfico, así como de otras economías ilegales, como la del tráfico de armas. Esto se da por su cercanía tanto con la Comuna 4 de Soacha, Cazucá, donde también se ha profundizado la problemática de presencia y control de grupos al margen de la ley y economías ilegales, como con el Páramo de Sumapaz, donde habría una presencia más fuerte de las disidencias de las Farc. Sin embargo, como apunta Isaac Morales, el hecho reciente en Ciudad Bolívar también podría leerse como un ataque directo contra la Fuerza Pública por algún tipo de incautación o golpe a estas organizaciones. “Este hecho más que estratégico es mediático, pues se pone en la agenda pública, además en medio de una época preelectoral, el hecho de que tienen una capacidad de acción en zonas urbanas como Bogotá”, señala Morales. Con esto, afirma Isaac Morales, que “tanto las autoridades civiles, como de Policía, deberían apuntar al fortalecimiento de las capacidades de prevención, inteligencia y contrainteligencia para mitigar este tipo de hechos”. Asimismo, agrega que “es la población civil la que está viéndose expuesta en este tipo de hechos,y justamente en ese marco, las y los menores, son la población aún con mayores riesgos por este tipo de hechos”.

Por: Laura Cano Periodista Pares Recientemente, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años al excongresista Eduardo Pulgar Daza por sobornar a un juez de la República en Usiacurí, Atlántico. A Pulgar se le encontró responsable de ser autor del delito de tráfico de influencias y cohecho para favorecer a un patrocinador suyo: el excónsul honorario de Polonia en Colombia, Luis Fernando Acosta Osío, en el marco de la disputa familiar por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. “Se demostró de manera fehaciente que el fin perseguido por Pulgar Daza era influenciar y desviar a favor de sus patrocinados la administración de justicia que en ese momento estaba en cabeza de Rodríguez Cáez, cometidos con los que el disciplinado, tal y como se lo expresó el otrora juez de Usiacurí, se beneficiaría a la postre pues esas personas a favor de quienes estaba tratando de corromper al funcionario judicial le aportarían dinero, becas y puestos para su campaña electoral de 2018“, advirtió la Procuraduría. Esta decisión se suma a otras que han ido en vía de buscar que el político pague por su delito. Entre esas, hay que recordar que en junio de 2021 la Corte Suprema de Justicia lo condenó a más de cuatro años de prisión, pena que cumple en La Picota y a la que se le sumó la orden del pago de una multa de 178.74 salarios mínimos legales mensuales. En octubre del mismo año, el Consejo de Estado, a través de la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura número 24 del alto tribunal, decretó la pérdida de investidura de Eduardo Enrique Pulgar Daza. Ahora, con la actual decisión de la Procuraduría, queda ratificado que el implicado no podrá volver a ejercer cargos públicos por el periodo de tiempo de la inhabilidad. Hay que recordar que Pulgar había sido elegido senador para los períodos 2014-2018 y 2018-2022, y fue justamente en el desarrollo de este tiempo, más exactamente en 2017, cuando habría ejercido su influencia como congresista para intentar sobornar a un juez. Las investigaciones en su contra se desprendieron de una demanda interpuesta por el abogado Camilo Araque Blanco, quien aseguró que Pulgar habría cometido esta irregularidad dentro de su periodo como congresista y en el marco del caso que se desarrollaba por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, que estaba siendo disputado por dos vertientes de la familia Acosta. Por un lado, por el empresario Luis Fernando Acosta Osío, su hermano Juan José Acosta Osío (actual rector de la universidad) y Alberto Acosta Pérez (primo de los anteriores, consejero de la entidad); y, por el otro lado, por Ivonne Acosta Acero y su esposo, Carlos Jaller. Este proceso está relacionado con un millonario pleito por la herencia del excongresista Gabriel Acosta Bendek y su esposa Sofía Acero de Acosta. Esa herencia es la Fundación Acosta Bendek (FAB), que no solo daría el control de la Universidad, sino también el Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla. En este caso, se encontró falsedad ideológica en documento privado a través de unas actas que habrían sido alteradas, motivo por el que Juan José Acosta Osío y Alberto Acosta permanecen en casa por cárcel luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme esa decisión el pasado 1 de julio. De hecho, vale la pena mencionar que en lo planteado por Camilo Araque Blanco en su Acción de pérdida de investidura, con fecha de marzo de 2021: “según audios y denuncias públicas realizadas por Daniel Coronell en su espacio de información masiva, denominado Los Danieles, el señor Pulgar Daza, en el año 2017, en su lugar de residencia, ubicado en Barranquilla, se habría valido de su condición de senador de la República para reunirse, en compañía del entonces alcalde de Usiacurí, Atlántico -quien además es su amigo personal y subalterno político- Ronald Emil Padilla, con el único propósito de intentar -sin éxito- ofrecerle personalmente la suma de $200 millones a quien en ese momento era juez promiscuo municipal de ese mismo municipio, Andrés Fernando Rodríguez, para que fallara un asunto judicial de conocimiento de su despacho, a favor del señor Juan José Acosta Ossio, con lo que se le permitiera seguir manteniendo el control como rector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, la Fundación Acosta Bendek y el Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla, instituciones que facturaron al año $80 mil millones”. Hay que recordar que en medio de las audiencias que se han adelantado, Pulgar dijo que no tenía plata para contratar un abogado. “Magistrado: yo quiero solicitarle una ampliación del tiempo, no tuve la posibilidad de buscar un abogado para que me representara (…) no tuve la posibilidad económica”, dijo el excongresista cuando se le acabó el tiempo para exponer su defensa. Además, para ese momento, aseguró que: “Soy una persona hipertensa, y manejé toda mi presión desde que me detuvieron, en 180–110. Me enviaron medicamentos para tratar de controlar la presión arterial”. Adicionalmente, durante su defensa, Pulgar dijo que el ofrecimiento de los 200 millones de pesos a un juez de la República en Barranquilla no se hizo en calidad de senador. Puntualmente, aseguró que: “Tampoco se puede inferir la existencia de un influjo psíquico o psicológico sobre el servidor judicial alegando mi condición de congresista, porque el ofrecimiento no estuvo supeditado a mi condición o posible superioridad o poder, por el contrato, el móvil de los hechos fue una contraprestación de carácter económico la cual fue rechazada por el juez”. A pesar de esto hay que poner sobre la mesa que en marzo de 2021, Eduardo Pulgar asistió a una audiencia para aceptar cargos y acogerse a una sentencia anticipada ante el magistrado Marco Antonio Rueda, aceptando los delitos de tráfico de influencias y cohecho. En medio del juicio disciplinario en cabeza de la Procuraduría durante este año se han cancelado dos audiencias por parte de Eduardo Pulgar, y una por solicitud del INPEC. La primera fue 8 de enero de 2021, cuando el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), desde la cárcel, pidió la reprogramación de la diligencia que había ordenado la Procuraduría desde agosto de 2020 por razones logísticas. Luego, el 24 de enero, cuando se esperaba que Pulgar entregará una versión libre y se defendiera como parte del proceso disciplinario, pero el implicado presentó una incapacidad médica. Posteriormente, a principios de febrero, de nuevo el encuentro se vio obstaculizado, pues Pulgar informó que tenía síntomas de Covid-19. Ahora bien, otra arista en esta historia es que en marzo de este año fue denunciado por la senadora Angélica Lozano debido a que el destituido director del Inpec, en agosto de 2021, había autorizado, sin ninguna razón de peso, el traslado de Eduardo Pulgar de la cárcel La Picota al batallón militar de Malambo, Atlántico. Luego de que esto se conociera, la familia de Pulgar presentó una tutela para frenar su traslado hacia La Picota, alegando el derecho fundamental y la unión familiar del sindicado por tener arraigo en el departamento del Atlántico. Sin embargo, el Juzgado Primero Civil de Soledad resolvió que “no se vulnera el derecho fundamental invocado con el traslado del recluso, toda vez que el derecho fundamental principal invocado de la unión familiar se suple con las visitas virtuales, se negará el amparo solicitado”. Así las cosas desde finales de marzo se confirmó que Pulgar deberá seguir pagando su pena en La Picota. No obstante, hay que recordar que el pasado 24 de marzo, Eduardo Pulgar fue trasladado a la Clínica La Misericordia de Barranquilla luego de presentar un fuerte dolor en la parte superior del pecho. Ahora, en medio de esto y sobre la reciente decisión, Camilo Díaz, asistente de investigación de la Línea de Democraci y Gobernabilidad de Pares, asegura que: “Principalmente la inhabilidad y destitución de Eduardo Pulgar hace parte de las medidas tomadas en su contra, tras ya haber sido condenado a prisión por parte de la Corte Suprema. Sobre el caso en el que recae la inhabilidad, el tráfico de influencias es algo éticamente cuestionable, aún más siendo congresista. Que un senador utilice su cargo para favorecer sus intereses, incluso llegando a "alardear" sus contactos en diferentes entidades públicas, son el tipo de acciones que le han quitado credibilidad a la labor de los congresistas. Pulgar hace parte de ese grupo personas que llegan a ostentar un cargo de elección popular y empiezan a abusar de sus funciones y posibilidades. La inhabilidad que pesa sobre Pulgar lleva a cuestionarse también qué tipo de acciones puedan llevar a cabo la recién elegida senadora, Claudia Pérez Giraldo, cuñada y heredera política de Eduardo Pulgar”. Ahora bien, falta ver qué seguirá sucediendo en este caso, si se seguirán poniendo trabas en medio de las condiciones en las que Pulgar debe pagar su condena, y cuáles seguirán siendo las movidas y jugadas para que el excongresista siga influyendo en la política del país.

Por: Walter Aldana Político social alternativo La designación de Francia Márquez como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro exacerbó el racismo que en décadas se ha empotrado en todos los niveles y estratos de la sociedad colombiana. Francia Márquez es perteneciente al Consejo Comunitario afro de La Toma y desde la creación de la represa de la Salvajina en 1986, ha visibilizado su liderazgo, a partir de sus 14 años, enfrentando la minería ilegal. Francia es reconocida por la denominada "Marcha de los Turbantes”, movilización hacía Bogotá, llevada a cabo en el año 2014. Posteriormente, su nombre volvió a sonar en el 2018 como candidata a la Cámara de Representantes. Su nombre regresó al escenario de los medios de comunicación con el otorgamiento a su gestión del premio Goldman, equiparable a un premio Nobel. Y hasta ahí, todo normal. Pero, para la "gente de bien" es osado y atrevido que ella se proyecte como la vicepresidenta en una fórmula con un alto porcentaje de favorabilidad electoral. Es un tema de poder, una cosa es que sea oposición, pero otra muy diferente, vaya a ser la representación del país. Descolonizar el lenguaje es un inicio de cambio, "mayores y mayoras" tratamiento digno a quienes tienen más años y experiencia, hombres y mujeres considerados personas con un alto conocimiento y NO un estorbo, pues su aporte a la producción ya no es físico, si no intelectual. Varias personas, incluso gente de opinión, hicieron gala de racismo vedado y otras, de manera directa, frases descalificadoras hacia Francia por su procedencia. Esto tan solo retrata la falta de cultura política de un sector de la población tan permeado por un lenguaje chabacano y traqueto. Descolonizar es entonces ni más ni menos, reconocer que los "determinados" roles sociales, políticos y económicos, supuestamente establecidos, se pueden transforman y ello encarnado por personas (caso Francia Márquez) invisibilizadas anteriormente: sean Indígenas, afros o del campesinado a quien este sistema no ha querido reconocer su carácter de sujeto político diferencial. El lenguaje explícita el tipo de sociedad que se quiera construir, si es incluyente o por el contrario segrega y violenta la dignidad humana. Decirle negra a Francia es para ella un orgullo, pero denigrar de su condición étnica, su vestido, su lenguaje, es clara muestra de una ignorancia política, cultural y social. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: León Valencia Todos los clanes, grupos y movimientos que apoyaron a Duque en la segunda vuelta presidencial en 2018 ya llegaron a la campaña de Federico Gutiérrez cuando apenas empieza la campaña de primera vuelta. Se juntaron rápidamente las derechas para intentar detener el avance de las izquierdas. El fenómeno llama la atención porque Gutiérrez no es un candidato sobresaliente ni por la novedad de su proyecto político, ni por el carisma, ni por el arrastre en las encuestas de opinión. Iván Duque corrió la primera vuelta representando una coalición compuesta por el Centro Democrático, el Partido Conservador y las iglesias evangélicas. Con esos apoyos ganó en 512 municipios y obtuvo 7.616.857. En segunda vuelta se le sumaron Cambio Radical, el Partido de la U y el Partido Liberal, estas fuerzas la aportaron 350 municipios y cerca de 2.800.000 votos. Le ganó con holgura a Gustavo Petro que obtuvo 4.855.069 en primera vuelta y 8.040.449 en segunda. Duque no tuvo necesidad de hacer negociación alguna con estos partidos y sus clanes políticos. En reuniones cortísimas los jefes de estos partidos le expresaron su apoyo. Tuvo incluso la descortesía de no mencionarlos en el discurso del triunfo. Antes de la pandemia y del estallido social resultó fácil explotar el miedo a la izquierda y a Petro, en particular. Las cosas son ahora muy diferentes. El uribismo -la fuerza que había dominado la política colombiana a lo largo de veinte años- decayó y es ahora el furgón de cola de la derecha. Petro lleva más de un año encabezando las encuestas y se ha convertido en un polo de atracción de sectores que hasta hace poco militaban en partidos tradicionales. La centro-izquierda, en cabeza de Sergio Fajardo, se ha agrupado y con tropiezos y dificultades se apresta a dar una batalla en primera vuelta. La suma de los votos de estas dos fuerzas en las consultas está cerca de la mitad más uno de los votantes de segunda vuelta. El golpe de opinión del Pacto Histórico en la consulta del 13 de marzo al alzarse con seis millones de votos y poner 19 senadores fue el detonante para la unidad anticipada de las derechas. Esta vez alrededor de un candidato sin fuerza propia y sin discurso. Repite una por una las consignas del uribismo sin la novedad y la pasión de Uribe y sin la memoria fácil de Duque. Atajar el ascenso del castro-chavismo, impedir que Colombia se convierta en otra Venezuela, salvar la democracia y las libertades del asedio del autoritarismo, en fin… Faltan algunos ajustes para que Federico Gutiérrez se pueda tomar la foto rodeado de todos los varones electorales de la derecha. Ya Cesar Gaviria declinó la posibilidad de ir hacia el Pacto Histórico porque la mayoría de los congresistas recién elegidos, en votación que no se hizo pública -dicen las malas lenguas-, definió su preferencia por Gutiérrez. Vargas Lleras utilizó el atajo de firmar un acuerdo con Dilian Francisca Toro para actuar de consuno en la política nacional. El candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, se había adelantado a renunciar a la candidatura y declarar su apoyo a Gutiérrez un día después de las elecciones legislativas, ahora ese Partido adelanta el trámite formal de la decisión. Aun así, las dos encuestas que se han realizado después del 13 de marzo le dan a este candidato en el 19% y el 23% de la intención de votos. Agotadas las alianzas sólo le queda sacudir el escenario nacional con alguna novedad en sus propuestas o encontrarse en el camino con hechos que le den credibilidad al miedo que quieren infundir sobre las izquierdas. ¡Ah! Queda un cabo suelto, Rodolfo Hernández, quien dio la sorpresa de crecer a buen ritmo antes de las consultas. De mantener su candidatura hasta la primera vuelta y no pasar a segunda -dado su feroz discurso contra las fuerzas que rodean a Gutiérrez-, lo más probable es que deje en libertad a sus electores.

Por: Luis Eduardo Celis Con la agresión de Rusia a Ucrania se ha vuelto a avivar la pregunta sobre qué tan profunda es la presencia y los vínculos de Rusia con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pues bien, todo indica que son más los mitos que las realidades sobre lo que es esta dinámica entre Moscú y Caracas. En una jugada de presión política, luego de iniciada la agresión contra Ucrania, estuvo de visita en Caracas el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, y luego de esta reunión el presidente Maduro manifestó a la prensa: "Hemos ratificado el camino de una poderosa cooperación militar entre Rusia y Venezuela para la defensa de la paz, de la soberanía, de la integridad territorial", y a continuación: "Vamos a incrementar todos los planes de preparación, entrenamiento y cooperación con una potencia militar del mundo como es Rusia". Las declaraciones del presidente Maduro, recién inició la agresión de Rusia sobre Ucrania, fueron de abierto respaldo a la iniciativa del presidente Putin, las cuales fueron respondidas desde Moscú directamente por el mismo Putin, reafirmando que Venezuela es un “socio estratégico y confiable”, lo cual colocó a Caracas en un abierto respaldo de esta complicada operación militar, que tiene en vilo a toda Europa. Aún no se sabe si esta delicada situación va a encontrar un punto de acuerdo, o si, muy por el contrario, va a seguir escalando y ampliándose con consecuencias nefastas y de mayor impacto para la seguridad y la estabilidad de un orden que ya no existe y está por recomponer. En este delicado ajedrez de geopolítica mundial, la presencia rusa en Venezuela tiene dos caras de la mayor importancia: los temas militares y los asuntos energéticos. Sobre los temas militares, está documentado que luego de la negativa de los Estados Unidos de seguir proveyendo equipamiento militar a Venezuela, decisión tomada en 2007, Caracas optó por hacer compras de estos equipos militares en Moscú, al respecto en declaraciones a la DW, Andrei Serbin Pont, analista y Directos De la Coordinadora Regional de Investigaciones económicas y Sociales -CRIES-, detallo en que han consistido estas adquisiones: "En Venezuela se compró de todo porque, en ese momento, la idea era complementar y también reemplazar sistemas occidentales. Se compraron aviones de combate como los Sukhoi, más de 50 helicópteros de combate y de transporte pesado. Se compraron tanques, vehículos de combate de infantería sobre orugas, vehículos de combate de infantería sobre ruedas, artillería de tubo autopropulsada, artillería de cohetes de diferentes tipos", Además, Moscú y Caracas firmaron un contrato para la construcción de una fábrica de fusiles kaláshnikov en Maracay, que no consigue operar hasta hoy por diversos escándalos de corrupción. "Y se compró un muy completo sistema de defensa antiaéreo que incluía los famosos (misiles) S-300", agrega Serbin Pont. Igualmente, Phil Gunson, analista del International Crisis Group, con asiento en Caracas y en declaraciones igualmente para la DW, dice que según cifras de Crisis Group, el Gobierno venezolano ha comprado armas rusas por un valor de más de 4.000 millones de dólares. Es claro que sobre los temas militares lo sustancial ha sido la compra de armamento que ha colocada muy por encima la capacidad de la aviación militar venezolana, si se la compara con la colombiana, lo cual es un tema que ha preocupado enormemente a los militares colombianos y no deja de ser un tema muy sensible para la seguridad nacional colombiana cuando se atizan de lado y lado las amenazas de confrontación, escenario que por supuesto no se corresponde con una histórica relación de hermandad, pues la realidad es que son dos naciones que han convivido en paz y que deben recuperar el diálogo diplomático, la construcción de políticas compartidas sobre los temas de mutuo interés, y, sobre todo, respeto mutuo y acción de trabajo constructivo. Sobre el segundo tema de la cooperación rusa en temas energéticos, hay que decir que esta existe para recuperar una deteriorada infraestructura petrolera pero no tiene las dimensiones ni económicas, ni de acción viable en una industria que se ha desarrollado en lo fundamental sobre tecnología de los Estados Unidos, así el esfuerzo del gobierno venezolano de la última década se enfocó en diversificar la procedencia de tecnología para su infraestructura petrolera, de la cual depende el 80% de sus ingresos. Cuando se hable de la presencia rusa en Venezuela se debe tener presente que son más mitos y fantasmas de juegos políticos, que realidades que puedan hacer de la presencia rusa un tema de desequilibrio de los asuntos regionales, por ahora.

Por: Redacción Pares Esta vez, personajes de la semana está centrado en los liderazgos afrodescendientes. Destacamos a Clemencia Carabalí, lideresa del Norte del Cauca que ha dedicado su fuerza al ejercicio de la defensa de los derechos de las mujeres, las comunidades negras y desde entonces, a la implementación de los acuerdos de paz. Por su parte, cuestionamos, una vez más, a Miguel Polo Polo, quien en el preconteo había resultado electo para la curul afro. Aunque su elección fue momentánea debido al cambio en el escrutinio, él no era una garantía para la representación de las demandas de la comunidad negra.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia Estamos en un momento clave de la política colombiana. Durante el primer semestre de 2022 el conjunto de personas que aspiran llegar a la Presidencia de la República están intentando persuadirnos sobre lo conveniente que sería para el país apoyarlos con nuestro voto y, si queremos, también motivar a otros para que lo hagan en las urnas. Cada candidato o candidata trae en sus manos un conjunto de temas con los que buscan seducirnos y ponernos a hablar con propuestas políticas. La mayoría de ellos nos plantean temas de interés general, como el desarrollo de energías renovables para afrontar el cambio climático, mayores inversiones en educación y cultura o la urgencia de reformas a los sistemas tributarios o de pensiones. En esta exposición de propuestas llama la atención cómo durante los debates y después de ellos han aparecido una serie de asuntos cuyos dolientes han salido de inmediato a reaccionar. En especial, vemos cómo, antes de la consulta partidista del 13 de marzo, se generó una lluvia de críticas, advertencias y contraargumentos a la propuesta que varios de los integrantes del Pacto Histórico han realizado sobre una posible reforma del sistema pensional colombiano. Sorprende cómo este tema pensional ha tenido tanta importancia para los empresarios y los representantes gremiales, como la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) –que aglutina a las únicas cuatro Administradoras de Fondos de Pensión (AFP)– y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). Al punto de ocupar grandes franjas en sus emisiones centrales de noticias –de los que son propietarios– a escuchar prestigiosos economistas que defienden el sistema actual privado de pensiones. Estos grupos de interés han salido a la esfera pública a advertir sobre lo inconveniente que sería para el país tocar los dineros de los fondos privados. En su argumentación muestran con detalle, lo conveniente que fue la reforma que realizó la Ley 100 de 1993, y lo importante que ha resultado contar con grandes capitales para hacer las inversiones privadas que el país ha requerido. Además, al final, le piden a la ciudadanía que les permitan a los fondos privados continuar, pues son jóvenes con solo 30 años, que necesitan avanzar y consolidarse. Pero en su argumentación, olvidan estratégicamente señalar las críticas que se le hacen a los fondos privados, y pasan sin nombrar asuntos que es necesario conocer, como las demandas que hay por inconstitucionalidad ante el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre la manera cómo se gestionan los más de 350 billones de pesos que administran. Las grandes asociaciones de fondos y entidades financieras guardan silencio cómplice sobre la demanda de nulidad, admitida por el Consejo de Estado el 19 de septiembre de 2016, contra el Decreto 1385 de 22 de junio de 2015 y las violaciones a normas superiores que hacen sin pudor los grandes administradores de fondos de pensiones y que ponen en riesgo el patrimonio de cerca de 17 millones de trabajadores en el país. Según esta demanda de nulidad, el Decreto 1385 permite los autopréstamos. Admite que los recursos de los fondos de las AFP autofinancien a las mismas empresas que los administran. Según el artículo 5 permiten que los fondos privados “destinen al menos dos terceras (2/3) partes de los aportes de sus inversionistas a proyectos de infraestructura, bajo el esquema de asociaciones público privadas (APP)”. Lo que significa que la junta directiva de las AFP –como Porvenir– le preste los ahorros de sus cotizantes a empresas de su mismo conglomerado económico –como Corficolombiana cuyo dueño es el Grupo Aval–, con el objetivo de que realicen inversiones de infraestructura –como la Concesión Ruta del Sol–, proyectos que, como sabemos, tienen relaciones con socios corruptos –como Odebrecht–.  Otro ejemplo, podría ser el caso de la AFP Protección, que está habilitada para prestar recursos a Odinsa, que desarrolla la renovación del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Esta situación que ya había sido advertida y regulada desde 1994 por el Decreto Ley 656. Allí se dice que “Las sociedades que administren fondos de pensiones, sus directores, administradores y representantes legales deberán abstenerse en general de realizar cualquier operación que pueda dar lugar a conflictos de interés entre ellas o sus accionistas o vinculados y el fondo que administran”, indicación que fue, por supuesto, violada por el Decreto 1385 de 2015, una norma posterior y de menor poder. Así, queda evidenciado que muchas normas en Colombia están hechas a la medida e intereses de los grupos económicos. Y que las que no lo están son olvidadas, no se aplican o se leen de otra forma. Como, por ejemplo, la composición de las juntas directivas de los fondos en la que deberían estar los afiliados a las AFP, y no extraídos, postulados y nombrados por la propia industria financiera, y que luego son capturados para aprobar las inversiones de los fondos en grandes proyectos. O el olvido en que tienen las AFP a la disposición que ordenó la Ley 100 en el tema de inscripción del fondo pensional en la Bolsa de Valores de Colombia con el objetivo de democratizar la participación o propiedad accionaria en un negocio tan lucrativo. Donde, a la fecha, solo la AFP Protección tiene su acción inscrita. En conclusión, como ciudadanía debemos estar muy atentos al vaivén de la agenda temática que está apareciendo en las propuestas de las y los candidatos a la Presidencia. Sobre todo, a las reacciones de los diversos actores sociales y del mercado, pues allí se puede apreciar los intereses ocultos que se tocan. Uno de ellos, sin duda, la cuestión pensional que resulta fundamental para nosotros, pues con él se aborda un asunto público sobre el derecho de los trabajadores, la protección de los adultos mayores y el buen vivir. Un tema que despierta muchos intereses entre los grupos económicos, donde buscan no ser afectados y de allí que guarden silencio frente a muchos asuntos. Ante eso debemos decir: bienvenido el debate sobre el sistema pensional en el se aborden cuestiones como el esquema de pilares, edad de pensión, combinación o competencia entre sistema de reparto o de ahorro individual; pero, igualmente, los graves problemas en la administración de los fondos privados. De esta forma, los temas de la agenda pública no quedarán sesgados o silenciados por el oligopolio financiero y mediático del sector privado, sino que serán una rica arena política para discutir temas que nos interesan y afectan a todos.

Luis Eduardo Celis En estos días el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, presentó su informe sobre la situación humanitaria en medio de las violencias organizadas que persisten en cerca de doscientos municipios en ocho departamentos del país de manera primordial. El maestro Francisco Gutiérrez Sanín, escribió hace un par de años, un ensayo al que tituló: “Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia”. Yo creo que ese nuevo ciclo inició con la salida de las FARC de la confrontación armada en 2016 y hoy, seis años después, estamos inmersos en esas nuevas dinámicas de violencias organizadas de las que nos habla el informe del CICR. Es una nueva violencia que tiene mucho de las anteriores: control del territorio, graves afectaciones humanitarias, interés de controlar rentas ilegales y de imponerse como un estado paralelo sobre las comunidades, pero también tiene rasgos nuevos: los combatientes jóvenes tienen mayor protagonismo y mando, las identidades de los grupos son menos caracterizadas y el interés por lo económico es más fuerte frente a la casi inexistencia de discursos políticos. Todo lo anterior trae graves consecuencias sobre las comunidades que sufren la persistencia de esta acción armada, empezando por que en muchas ocasiones no saben a quién dirigirse para tramitar reclamos o tratar de aminorar las consecuencias de la acción de los grupos. Una persistencia de la acción armada organizada trae como correlato las afectaciones humanitarias: confinamientos, desplazamiento forzado, homicidios, violencia sexual, afectaciones por artefactos explosivos, restricción a la misión médica, al derecho a la educación, para mencionar algunas de las que están reseñadas en el informe del CICR. El sufrimiento de comunidades y personas documentado con el rigor es lo que caracteriza a esta institución humanitaria que tanto ha hecho en este conflicto armado. Con este informe del CICR, se constata que aún hay tarea por hacer para lograr una Colombia que supere las violencias organizadas, siendo mucho lo que hemos logrado en treinta y dos años de acción sostenida por integrar a esta precaria democracia a quienes han defendido sus intereses con las armas en la mano, o quienes han promovido sus propósitos con las mismas. El CICR nos habla de los seis conflictos con violencia organizada que se desarrollan de manera principal en Arauca, Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Guaviare, Nariño y Putumayo de manera principal y hace un llamado para que el próximo gobierno atienda estas situaciones que vulneran múltiples derechos. Termina el gobierno del presidente Iván Duque, y las cifras mostradas por el informe del CICR da cuenta de que todos los indicadores de vulneración a derechos humanitarios han aumentado en el último año y son los mayores del último quinquenio: confinamientos, desplazamiento, homicidios, violencia sexual, afectaciones por artefactos explosivos, para mencionar los más visibles, porque hay muchos estragos de la violencia que quedan en las mentes de las personas que la sufren y trastocan toda su existencia. Ahora que estamos en pleno debate presidencial, recordarles a quienes compiten por conducir los destinos de Colombia y sus cincuenta millones de habitantes, que hay tarea para lograr una Colombia en paz, donde unos prometieron hacer trizas la paz con las FARC y han logrado mucho en ese propósito. Ahora, otros ofertan hacer trizas la guerra y la violencia. Todo indica que el debate en curso está entre estas dos posturas. Para quienes deseen consultar el informe del CICR con sus diagnósticos y recomendaciones lo pueden consultar en este link. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Ricardo García Duarte Las elecciones parlamentarias, que en Colombia acaban de pasar, han dejado el trazo de un mapa político nuevo, gracias al ostensible crecimiento de la izquierda; fenómeno este que tuvo lugar particularmente en el Senado. El salto ha sido tanto más vistoso cuanto que nunca antes una lista con una composición ideológica de esa índole, habitualmente marginal, había conquistado las 16 curules, ahora en manos del Pacto Histórico; por cierto, apenas una banca más de las que le habíamos pronosticado en la víspera o en la previa, como lo dicen los locutores de fútbol argentinos. El suceso resulta de veras espectacular. La mini-bancada de 2018 orientada por Gustavo Petro disponía solo de tres senadores. El avance ha tenido los ribetes de una hazaña olímpica: poco menos de 500% en el aumento sobre el capital que poseía. Se trata de un crecimiento que pone al petrismo a la cabeza de los grupos parlamentarios que hacen parte del Senado. Y, sin embargo, constituye tan solo una mayoría relativa; a mucha distancia, la verdad sea dicha, de la mayoría simple, la del 51 %, esa barra definitiva que marca las proporciones claves en el mundo de las decisiones. Claramente la izquierda consiguió un resonante triunfo, pero está lejos de quebrar el porcentaje mayoritario del que gozan las bancadas de la derecha; las que, de todos modos – así algunas vean disminuir sus efectivos –, se instalan muchos metros adelante; una ventaja lo suficientemente importante, como para alcanzar la mayoría simple; eso sí, de un modo apretado. Si sumamos las curules del Partido Conservador, del Centro Democrático, de Cambio Radical, de la U y de los grupos religiosos, tenemos 55 senadores, sobre 107; esto es, el tope de una mayoría simple, capaz de controlar el Senado. Al contrario, si agrupamos las del Pacto Histórico, las del Verde Centro Esperanza, y además a los Comunes, logramos el resultado de 35 senadores, base de un posible bloque de Centro-izquierda, al que podríamos añadir dos unidades más, provenientes de los indígenas, para un total de 37; ciertamente, lejos de los 53 necesarios para configurar la mayoría simple parlamentaria. Ahora bien, el liberalismo, un actor que dado el caso pudiera jugar el papel de un partido- bisagra, ganó 15 curules. Si se uniera a los partidos, digamos, pertenecientes al establishment, el bloque de centro-derecha alcanzaría los 70 senadores. Pero si se aliara con los de centro-izquierda, ayudaría a formar un conjunto de apenas 50 senadores, totalidad insuficiente; o máximo de 52; no equiparable con los 55 del centro-derecha. Un escenario probable en la carrera final hacia la presidencia es el de una competencia entre Gustavo Petro y Fico Gutiérrez; pues no podemos descartar la posibilidad de que el exalcalde de Medellín reciba el apoyo efectivo de los electores uribistas. Entonces, si Petro llegara a la Presidencia, tendría en frente una oposición de un poder holgado en el Congreso, mucho mayor si consideramos Senado y Cámara, pues en ésta es mucho más grande la cantidad de curules que los partidos de derecha controlan. En tales condiciones, la gobernabilidad no sería nada fácil, dado el tamaño de la oposición, aunque el gobierno disfrute de ventajas especiales, en vista de que estamos en un régimen presidencialista, en el que el jefe de Estado dispone de facultades para los procesos de decisión en muchos campos; al contrario de lo que sucede con el parlamentarismo, régimen en el que el jefe de gobierno depende estrechamente de las mayorías en el Parlamento. Claro: aun siendo presidencialista, el gobierno debe articular su trabajo con el Congreso para hacer aprobar las leyes y los actos legislativos requeridos para el adelantamiento de su agenda. En tal eventualidad, Petro escogería entre varios escenarios: Uno. Conseguiría construir una coalición mayoritaria con la participación de los liberales, la U y Cambio Radical, hipótesis esta en la que quizá más confía; pero eso sí, estaría forzado a gobernar con dichos partidos, una necesidad a la que tendrían que acostumbrarse sus seguidores, en especial los situados más a la izquierda. Dos. Gobernaría solo con el apoyo de los Verde-Esperanza (no necesariamente con el concurso de todos sus miembros) y con los liberales; pero carecería de unas mayorías claras en el Congreso, por lo que su acción gubernamental arrastraría con una inestabilidad llena de incertidumbres. Tres. Encararía desde la Presidencia una oposición mayoritaria, mientras el Partido Liberal se declararía independiente; caso en el cual desarrollaría una táctica y desplegaría un discurso, encaminados a posicionar la idea de una Constituyente, para encontrar los vientos propicios, en función de reformas claves en las instituciones, aparte de una renovación del personal político y de la representación, no atada en adelante a los vicios más aberrantes de la política. Naturalmente, en esta última hipótesis, estaría obligado a domesticar los demonios de una intensa polarización, una exigencia de alcance histórico, que es curiosamente el aliento del que quiere acompañar su destino como gobernante. El paisaje de la representación política ahora mismo exhibe una presencia creciente de la izquierda y de los votantes nuevos de opinión. Sin embargo, la invasiva inercia de los partidos tradicionales y de las empresas electorales, o aparatos clientelistas, conserva sus amplios márgenes de dominio en la escena parlamentaria. Una izquierda, minoritaria pero en ascenso; y una derecha dominante pero fraccionada, obligada a organizarse en coaliciones: he ahí la realidad con la que deberá entenderse el próximo gobierno, sin importar su signo doctrinario, para asumir los desafíos que imponen el desarrollo económico, la equidad y el cambio climático. *Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido su autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Guillermo Segovia Politólogo, abogado y periodista Uno de los aspectos novedosos de la campaña presidencial en curso es la relevancia adquirida por representantes de la población afrodescendiente, al punto que cinco de las candidaturas en liza han designado como fórmula vicepresidencial a personas pertenecientes a la comunidad negra. Las más destacadas: Francia Márquez Mina con Gustavo Petro por el Pacto Histórico y Luis Gilberto Murillo con Sergio Fajardo por la Alianza Verde Centro Esperanza. Es el reflejo en la política de una realidad dramática, una presencia social y décadas de luchas inocultables. Al tiempo que los y las afrocolombianos se acercan a la quinta parte del censo nacional, la población del litoral pacífico afronta los mayores índices de pobreza, violencia -el desplazamiento actual en el Chocó por el recrudecimiento de conflictos generados por actores de todos los pelambres- y acechanzas de todo tipo sobre sus territorios, afectados por la deforestación, la minería ilegal, la gran explotación minera y megaproyectos que atentan contra la biodiversidad, una de sus mayores riquezas. De la lucha por la subsistencia y contra factores que alteran la vida en comunidad surgió en Suárez, departamento del Cauca, el liderazgo de Francia Márquez, quien inició su actividad pública enfrentando la represa de La Salvajina, la minería ilegal y la violación de derechos humanos, mientras pasaba de madre adolescente y empleada del servicio doméstico a estudiante de derecho y adalid de la comunidad afrocolombiana, como habitante de una región que para la economía global de hoy debería ser prioritaria pero limita con la miseria. Gracias a la magia ancestral y la juntanza de afectos ha logrado sortear amenazas y atentados inminentes contra su vida. Junto con sus comadres de lucha -tras simbólica marcha hacia Bogotá y ocupación del Ministerio del Interior en 2014- logró que la denuncia sobre los efectos ambientales y humanos de una exploración minera adjudicada contra el querer de sus vecinos fuera atendida por la Corte Constitucional, la reversión de licencias de explotación y el reconocimiento de las comunidades de su vecindario. Es integrante de la Comisión Nacional de Paz, coadyuvó al capítulo étnico de los Acuerdos de La Habana y fue animadora de los paros nacionales de 2019 y 2021 en Cauca y el Valle del Cauca Su conciencia ambientalista y humanista, constancia y brega le fueron reconocidos al otorgarle el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, categoría «Defensora del Año» (2015), el Premio Medioambiental Goldman (2018), conocido como el Nobel Alternativo, el Premio Joan Alsina de Derechos Humanos 2019, Casa América Catalunya y la BBC la incluyó entre las 100 líderes afro del mundo. Con su liderazgo se creó el movimiento “Soy porque somos” y en abril de 2021 la organización política feminista “Estamos listas” la lanzó como candidata a la Presidencia de la República. El partido Polo Democrático Alternativo, miembro del Pacto Histórico, le dio el aval para que se presentara en la consulta presidencial de la coalición. Los debates en medios le permitieron al país conocer a esta mujer negra de fuerte presencia y con un contundente mensaje que, con palabras labradas en los procesos reivindicativos de las comunidades, describe realidades y proyecta la esperanza de un futuro que compense la deuda histórica de la nación con uno de sus componentes étnicos fundamentales. Los resultados en las elecciones fueron sorprendentes no solo para su coalición, que se colocó como primera fuerza política nacional y en el Senado y la Cámara de Representantes, sino que, aparte de la prevista victoria de Gustavo Petro como candidato del Pacto Histórico, Francia, con 780 mil votos, fue la tercera votación de todas las consultas. Cifra que le daba un espaldarazo innegable para ser fórmula vicepresidencial, hecho que ella, sin embargo, con consideración y humildad política, dejó a un lado en procura de no afectar acuerdos que ampliaran las posibilidades electorales. El posible respaldo de la institucionalidad del Partido Liberal al Pacto Histórico -que ya cuenta con un buen número de miembros de ese partido en sus filas- fue aplazado por el director de la colectividad, César Gaviria, para después de las elecciones parlamentarias y de consultas, con el evidente propósito de dejarse guiar por los números. Superado el chasco generado por el catastrófico manejo del escrutinio por la Registraduría -que para el Pacto dejó la satisfacción de recuperar tres curules en el Senado (de 16 a 19)- el jefe liberal determinó seguir midiendo en ronda de conversaciones con los candidatos Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, apuesta del uribismo y de la derecha coaligada. El martes 22 de marzo, ante la indefinición de Gaviria y, como lo habían anunciado, en reunión de las organizaciones integrantes del Pacto Histórico: Colombia Humana - representada por Gustavo Petro- , Maís, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y ADA, se ratificó la escogencia de Francia Márquez Mina como candidata a la Vicepresidencia de la República, hecho sin precedentes en la historia de Colombia y de inmediato impacto nacional e internacional. Para ese momento, Sergio Fajardo, por la Alianza Verde Centro Esperanza, ya había dado a conocer que su fórmula vicepresidencial será el exministro de Santos, experto en temas ambientales y también afrodescendiente, Luis Gilberto Murillo. En la rueda de prensa de presentación de la candidata a la Vicepresidencia del Pacto Histórico, requerida sobre su posición frente al apoyo del liberalismo, Francia Márquez le dio la bienvenida y, para no dejar duda, a sabiendas de la intención de la pregunta -frente a un Petro expectante, pues en cada paso de la campaña hoy se está jugando la posibilidad de ganar-, ella fue leal con lo que había afirmado con anterioridad, César Gaviria como persona introdujo el neoliberalismo y no representa el cambio. En medio de los vítores, una parte de los asistentes quedó pensativa sobre la conveniencia de la afirmación en un momento de acercamientos y definiciones trascendentales. Otros, políticos curtidos, acostumbrados a fingir sorpresa para negociar con ventaja, cuestionaron. Gaviria, viejo zorro de la política -quien a nombre propio ha reconocido varias veces que la apertura neoliberal fue negativa en distintos aspectos y que el Estado tiene un papel fundamental para superar nuestros atrasos- como dicen algunas señoronas, “se delicó”. Halló en las palabras de Francia el comodín que buscaba. Se declaró ofendido, de manera que pone como condición a su respaldo que le pidan perdón o en ese hecho soportará la disculpa para irse al otro toldo. Manes de la política. En la primera rueda de prensa de las bancadas de Senado y Cámara del Pacto Histórico, Roy Barreras, quien llevó en sus hombros la campaña al Congreso y es el buen componedor con el liberalismo, sin eludir expresiones de afecto, reconocimiento y admiración por Francia, reivindicó el papel trasformador del “partido rojo” y el hito histórico de haber abolido la esclavitud ratificó su solicitud de respecto a Gaviria a quien reivindicó mentor de la Constitución de 1991 y de la Ley 70 de 1993 de comunidades negras, y pidió retornar al diálogo. Por el contrario, sin referirse al jefe liberal ni cuestionar acercamientos amplios, Francia Márquez dejó en claro que la suya es la perspectiva de "los nadie”, de los empobrecidos, de los discriminados, de los racializados, de las mujeres. En una visión emancipadora subrayó que a los negros nadie les dio la libertad que fue y seguirá siendo fruto de sus luchas. Contradicciones frente a la historia que de seguro seguirán dándose en las miradas frente al tipo y la amplitud de los cambios que de llegar al gobierno promoverá el Pacto Histórico. La reacción clasista y supremacista de algunos sectores sociales y sus representaciones políticas frente a la insurgencia del poder de las negritudes es repugnante y sigue el hilo de la tradición. Juan José Nieto, el único presidente negro fue blanqueado en los retratos, aún no hace parte del mosaico presidencial; en Cartagena, celadores negros impiden la entrada de negros a los clubes; un hombre negro, que antes se había reivindicado indígena, intenta una curul afro en contra de lo que la ley determina como derechos de esas poblaciones, y una señora con pretensiones arias se lamenta de las mujeres negras en política porque “se acaban las sirvientas”. Ante tanta barbaridad, hay que celebrar la visibilización con impacto político de los liderazgos afrodescendientes después de tantos años de lucha y sufrimiento. Que esa presencia altiva, empática, sabia y serena traiga sus adalides del pasado para que la historia sea de todos. “La nieta de Benkos Bioho” -el rebelde cimarón- llama Francia a la electa representante Cha Dorina Henández, del Palenque de San Basilio, primer pueblo libre de América. La realidad política muchas veces impone transacciones, pero como dijo el negro Joe Arroyo, “Oye esa negra se me respeta”.

Por: Laura Cano Periodista Pares Hace poco más de un año se conoció por medio de la Jurisdicción Especial para la Paz que por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008. El 66% del total de víctimas se concentraron en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados pro la institución durante dicho periodo, una de esas zonas fue Antioquia, en donde se registró el 25% de este tipo de casos. De hecho, el año de mayor victimización del departamento fue 2004. Ahora bien, el alto tribunal, en el marco de la investigación que adelanta respecto a los casos de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, tomó la decisión de citar a rendir versión voluntaria al coronel (r) Diego Hernán Padilla Ospina, quien hizo parte del Batallón Pedro Nel Ospina, el cual ha sido denunciado y relacionado con la práctica de este delito. “Los hechos por los cuales la Sala de Reconocimiento convoca al señor Diego Hernán Padilla Ospina están relacionados con su presunta participación en muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, informó la JEP. Padilla Ospina llegó a la JEP luego de que fuera relacionado como responsable de ejecuciones extrajudiciales por parte del coronel José Zanguña Duarte, Jairo Bocanegra de la Torre y Segundo Raúl Huertas. Así como por parte de William Darley García, procesado por los homicidios de cuatro personas que fueron engañadas con falsas ofertas para laborar en asuntos agrícolas y asesinadas en zonas rurales de los municipios de Caldas y Segovia en Antioquia. Hay que recordar que en 2009 un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH profirió medida de aseguramiento intramural en contra del mayor del Ejército, Diego Hernán Padilla Ospina, por su presunta responsabilidad en el homicidio Diego Silver García Suaza, quien fue reportado como abatido en combate. Padilla Ospina fue capturado por el CTI en ese mismo año. Para el año 2015 se determinó su responsabilidad en 15 casos de ejecuciones extrajudiciales, y además su caso quedó en manos de la justicia ordinaria, la cual también lo encontró responsable de los delitos de secuestro simple, falsedad en documento público y fraude procesal. Por otra parte, también vale la pena recordar que en 2006, en uno de los “concursos” más crueles, se conoció que el Batallón Pedro Nel Ospina, del cual hacía parte Padilla Ospina, fue la unidad militar con más números de bajas. Para esa ocasión el Batallón registró 86 bajas. De hecho, la JEP identificó que entre el 2000 y el 2013 en esta unidad militar hubo 185 casos de ejecuciones extrajudiciales. La diligencia de Padilla se realizará el próximo 20 de abril desde las 8:30 de la mañana, y de manera virtual. Por otra parte, la JEP, a través de la Sala de Definición, comunicó que se había aceptado el sometimiento del mayor general en retiro Hernando Pérez Molina, investigado por presuntas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas mientras se desempeñaba como comandante de la Tercera Brigada y de la Tercera División del Ejército Nacional. Pérez Molina también viene de enfrentar un proceso con la Fiscalía, pues en 2016 se declaró que el militar estuvo relacionado con hechos de falsos positivos ocurridos en 2005. "Las víctimas fueron reportadas como personas sin identificar en los informes de patrullaje por parte del Ejército Nacional y fueron llevadas a sectores rurales distantes de sus lugares de residencia, probablemente, con la finalidad de evitar que fueran reconocidas, lo que permitía dar apariencia de legalidad a los presuntos resultados operacionales", especificó la JEP. Adicionalmente, él también ha sido implicado por parte de otros exmilitares que han dado sus versiones respecto a estos hechos. Uno de ellos fue José Alejandro Forero Besil, excomandante del Batallón 23 en Cartago, quien fue condenado en la justicia ordinaria por la ejecución extrajudicial de dos jóvenes de 15 y 24 años de edad. Según Forero, Pérez Molina “acordó (junto con Luis Alfonso Zapata Uribe comandante de Fuerzas Especiales) asumir las muertes producidas por unidades de las Fuerzas Especiales que no estaban bajo su mando, para evitar que se advirtiera que esas Fuerzas estaban en la zona”. Asimismo, Robinson González del Río, condenado por los denominados falsos positivos, testigo en la JEP por estos mismos crímenes y relacionado actualmente con una red de narcotráfico en el que, aparentemente, sería parte de una estructura narcotraficante en Nariño, señaló a Pérez Molina por conocer de varias ejecuciones extrajudiciales perpetradas, de promoverlas, e incluso de “legalizar” las bajas de integrantes de ‘Bacrim’ como de las Farc. “No deben haber capturas, lo que deben de haber son bajas mano, después de sea bandido, todo lo que sea bandido se muere. Entonces cuando él me expresa eso (González acusando al general) de que todo lo que sea bandido se muere y la verdad como esa era la doctrina que se vivía en ese tiempo en el ejército”, citó la W. Hay que señalar que Pérez Molina indicó en su solicitud que se somete como inocente. No obstante, comunicó la JEP que “la propuesta de aporte a la verdad presentada por el señor Hernando Pérez Molina no es admisible en esta Jurisdicción, por cuanto que independientemente de que alegue su inocencia, debe referirse a los hechos por los cuales se le investiga y su intervención en ellos de manera detallada”. Así, le ordenó que en un término de 10 días debe entregar su plan de aporte a la verdad, en el que deberá referirse a hechos concretos desglosados por la misma jurisdicción. Ahora bien, este se convierte en otro paso importante de la JEP, sobre todo en este caso en el que históricamente se ha pedido justicia. Por una parte, por su relación con la Fuerza Pública y, por otro lado, por las trabas que se ha tenido en la justicia ordinaria y militar para determinar responsabilidades y, por ende, no permitiendo procesos de verdad y reparación para las familias de estos jóvenes que aún siguen en una lucha constante para que este caso avance.

Por: Laura Cano Periodista Pares Desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, se sigue alertando sobre quiénes pretenden llegar al Congreso con cuestionamientos encima. Esta vez nos concentramos en Nariño y Putumayo, departamentos donde actualmente hay tres candidaturas cuestionadas, todas miras a la Cámara de Representantes. Nariño 1- Felipe Andrés Muñoz Delgado – Cámara de Representantes – Partido Conservador Felipe Andrés Muñoz Delgado cuenta con el aval del Partido Conservador. Muñoz Delgado ya es conocido en el Congreso, pues para el periodo anterior fue elegido con 33.597. Además, es conocido en la institucionalidad del departamento, pues en 2008 fue alcalde de San Pablo, al norte de Nariño, por ese mismo partido. No obstante, su paso por estos cargos ha estado marcado por los cuestionamientos. En 2014, en ocasión del ejercicio de sus funciones como alcalde municipal, la Procuraduría Regional de Nariño emitió una sanción disciplinaria en contra de Muñoz por un término de 4 meses. Así mismo le fue impuesta una sanción económica por valor de COP $10.968.944. Además de esto, cuando fungía como alcalde municipal de San Pablo, le impusieron una sanción económica de $2.947.500 por vulnerar normas ambientales al permitir el funcionamiento del lavadero público de vehículos ubicado en la Quebrada Las Brisas, pese a los requerimientos de la autoridad ambiental CORPONARIÑO. Asimismo, mientras ha sido miembro de la Cámara de Representantes se ha visto envuelto en varios cuestionamientos. Uno de ellos tuvo que ver con una denuncia realizada por Pares en 2019, en la que se exponía que Muñoz estaba entre los congresistas que eran beneficiarios del SISBEN pese a ganar altas sumas de dinero mensualmente. Para ese momento, 2019, se había encontrado que él registraba 56,86 puntos en el Sisbén y tenía acceso a beneficios en 3 entidades del sistema. Además, en su gestión también han resaltado hechos como el alertado por la Silla Vacía, cuando pusieron sobre la mesa que congresistas contrataron y trabajaban con familiares de sus aliados. Para ese momento se puntualizó que: “Entre los seis asesores de Muñoz encontramos un vaso comunicante entre el Congresista y el gobernador de Nariño, Camilo Romero, quien ha sido aliado de la senadora conservadora Miryam Paredes, jefe política de Muñoz. Se trata del técnico en sistemas Juan Camilo Hernández Silva, hermano de Esmeralda Hernández Silva, cuñada del Gobernador quien apoyó en campaña a Muñoz. Entre sus asesores también hay exfuncionarios de la Cámara que trabajaron en UTL de políticos nariñenses que pasaron por el Congreso. Una es la abogada con maestría en derecho, Diana Janeth Pineda Cortés, quien trabajó desde 2013 con el exrepresentante conservador Óscar Fernando Bravo, a quien Muñoz reemplazó tras estas elecciones”. Asimismo, ha estado detrás de cuestionadas acciones de la Cámara de Representantes. Una de estas fue cuando en esta instancia se aprobó un artículo propuesto por las bancadas del Centro Democrático y del Partido Conservador para disminuir a casi la mitad las regalías que pagarían los proyectos de fracking, con el propósito de “brindarle seguridad jurídica” a las petroleras que apliquen esta técnica en Colombia. Justamente en medio de los congresistas que instaron a esto estaba Muñoz, aun cuando en Nariño este ha sido un tema álgido, pues se han presentado varias acciones por parte de las comunidades que piden la regulación y prohibición de esta práctica. Por otra parte, también fue de los que aprobaron en la Cámara un cuestionable artículo que fue alertado por poner en riesgo la libertad de prensa, al establecer que “cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o un exfuncionario público, o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo cumplimiento de los requisito legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece". Se debe mencionar que fue de los congresistas a favor de aumentar el periodo tanto del Congreso, como del presidente Iván Duque. No obstante, Muñoz se bajó de esta idea y posteriormente solicitó que su firma fuera retirada del documento en el que se planteaba este proyecto. Hay que señalar que, inicialmente, a favor de esta acción estaban 20 congresistas, entre los que estaban Muñoz. No obstante, varios se retractaron de esta decisión. En medio de esto, Felipe Andrés Muñoz ha emprendido campaña para repetir en la Cámara de Representantes. 2. Rafael Alberto Escrucería – Cámara de Representantes - Partido Liberal El candidato a la Cámara de Representantes por el partido Liberal es el heredero y último miembro de la casa política Escrucería, un clan recordado en el departamento de Nariño. Es el nieto del difunto narcotraficante Samuel Alberto Escrucería Delgado, condenado en 1988 en Estados Unidos e hijo del primer Senador que fue destituido por el Consejo de Estado y condenado por corrupción en 1992, Samuel Alberto Escrucería. Fue concejal de Bogotá en el 2007 y se lanzó como representante a la Cámara para el periodo 2018-2022. Sin embargo, no logró obtener su curul. Durante su periodo de concejal en Bogotá estuvo implicado en el carrusel de la contratación, por el cual la Fiscalía determinó, en su momento, embargarle a él y a los otros involucrados algunos de sus bienes. A Rafael Escrucería le aplicaron la extinción de dominio a 5 bienes avaluados por 1.000 millones de pesos y adicionalmente fue investigado por el presunto desvío irregular de recursos asociados a conductas en contra de la administración pública. De acuerdo con el portal Las 2 Orillas, Escrucería habría sido acusado 497 veces por compra de votos cuando aspiró al Concejo de Bogotá. Por otro lado, hace cuatro años, en las elecciones de congreso para el periodo 2018-2022, grabaron cómo miembros de su campaña estaban entregando billetes a algunas personas de Tumaco. Putumayo 3. Jorge Coral Rivas – Cámara de Representantes - Partido Conversador Aunque en comparación con otros departamentos el riesgo no parece tan alarmante al haber un solo candidato cuestionado, sí llama la atención que en esta zona del país la candidatura a la que Pares le pone la lupa ha ocupado importantes cargos de elección popular y además su cuestionamiento tiene que ver con una de las bandas criminales de más acción en la zona: ‘La Constru’. Él es candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, pero como se mencionaba, esta no es la primera vez que Coral Rivas aspira a un cargo público, pues fue Consejero Intendencial entre 1988-1990; representante a la Cámara de Representantes entre 1998 y 1990; y tres veces alcalde de Puerto Asís, municipio de Putumayo (1992-1994; 2003-2005; 2012-2015). Ha sido candidato a la gobernación de Putumayo en dos ocasiones, para las elecciones de 2015 y las de 2019. Justamente, durante sus gestiones a Jorge Coral Rivas lo han vinculado con la banda de ‘La Constru’. En 2015, en medio de su campaña a la gobernación, el entonces subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Ariel Ávila, publicó en Semana un artículo junto con un video en el que mostraba una reunión entre Coral y quien en ese momento era el líder de ‘La Constru’, Miguel Bastidas, alias “Gárgola”, en una de las fincas propiedad de Rivas, donde se habla de aportes por 150 millones de pesos a su campaña política. En octubre de 2015 la Fiscalía lo capturó por esos presuntos vínculos con grupos armados ilegales, porque habría financiado con dineros de la administración de Puerto Asís a esa banda delincuencial. Aunque, según La Silla Vacía, en 2017 le revocaron la medida de aseguramiento para su candidatura de 2019 aun cuando los líos con la justicia seguían sin resolverse. En la última verificación que pudo hacer Pares en el sistema de consulta de procesos de la rama judicial no aparece nada relacionado con ese proceso. Nariño y Putumayo también están en riesgo de que sus representantes en el Congreso tengan intereses diferentes a proteger a las comunidades y al territorio. Por eso desde Pares seguimos llamando la atención para que a la Cámara de Representantes y el Senado de la República no lleguen personas que sigan fortaleciendo clanes y continúen perpetuando la corrupción en el país.